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Radicado: 11001-03-28-000-2022-00292-00

Demandante: JHON JAIRO BARBERI FORERO Demandado: ALVEIRO MALAVER ECHEVERRÍA Secretario de la Comisión de Ética y Estatuto del Congresista del Senado de la República

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá D.C., veintidós (22) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: NULIDAD ELECTORAL Radicación: 11001-03-28-000-2022-00292-00

Demandante: JHON JAIRO BARBERI FORERO

Demandado: ALVEIRO MALAVER ECHEVERRÍA COMO SECRETARIO

DE LA COMISIÓN DE ÉTICA Y ESTATUTO DEL

CONGRESISTA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA PARA EL

PERÍODO CONSTITUCIONAL 2022–2026

Tema: Procedencia de sentencia anticipada

AUTO

Vencido el término de traslado de la demanda y no habiendo excepciones previas ni mixtas propuestas , el Despacho procede a establecer si, en el presente caso, resulta procedente dar aplicación a la figura de la sentencia anticipada, contemplada en el artículo 182A del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, introducido al estatuto

presente caso, resulta procedente dar aplicación a la figura de la sentencia anticipada, contemplada en el artículo 182A del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, introducido al estatuto procesal por el artículo 42 de la Ley 2080 de 2021, teniendo en cuenta, para el efecto, los siguientes:

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

El señor Jhon Jairo Barberi Forero, actuando en nombre propio, presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad electoral, contra el Acta 001 del 27 de julio de 2022 de la Comisión de Ética y Estatuto del Congresista del S enado de la República, por medio del cual se designó al señor Alveiro Malaver Echeverría como secretario de dicha comisión, para el período constitucional 2022–2026. Puntualmente solicitó:Radicado: 11001-03-28-000-2022-00292-00

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“PRIMERA: Que se declare nulo el acto por medio del cual la Comi sión Legal de Ética y Estatuto del Congresista dl Senado de la República declaró la elección del señor ALVEIRO MALAVER ECHEVERRIA como Secretario de la Comisión de Ética y Estatuto del Congresista del Senado de la República para el período

Ética y Estatuto del Congresista dl Senado de la República declaró la elección del señor ALVEIRO MALAVER ECHEVERRIA como Secretario de la Comisión de Ética y Estatuto del Congresista del Senado de la República para el período Constitucional 2022’2026 que se llevó a cabo el veintisiete (27) de Julio de Dos mil Veintidós (2022), acto contenido en el Acta No. 01 de 2022 de ésta Comisión.

SEGUNDA: Que como consecuencia de la anterior declaración de nulidad y ante la evidente vacancia absoluta de l cargo de Secretario General de la Comisión Legal de Ética y Estatuto del Congresista del Senado de la República, SE LE ORDENE a esta Comisión, de conformidad con el art.49 de la ley 5ª. De 1992, realizar nueva elección para elegir Secretario General de l a Comisión de Ética y Estatuto del Congresista, con la lista de personas debidamente inscritos y acreditados por la Comisión Legal de Acreditación del Senado de la República, para el periodo 2022 -2026, con aplicabilidad de las disposiciones previstas en la ley 1904 de 2018 artículo 12 parágrafo transitorio.”

Preció que el acto es nulo pues con su expedición se desconoció los artículos 6, 13 y 29 de la Constitución Política, los artículos 3, 49, Parágrafo art. 54, 60, 136 y 138 de la Ley 5ª. De 1992 y el p arágrafo transitorio artículo 12 de la Ley 1904 de 2018, en razón, a que se presentaron múltiples irregularidades en el trámite de elección.

Al respecto indicó que se desconoció el parágrafo del artículo 54 de la Ley 5ª de

1904 de 2018, en razón, a que se presentaron múltiples irregularidades en el trámite de elección.

Al respecto indicó que se desconoció el parágrafo del artículo 54 de la Ley 5ª de 1992 por el cambio de una de las senadoras designadas para integrar la Comisión de Étic a y Estatuto del Congresista, la señora Imelda Daza Cotes reemplazó a la señora Sandra Ramírez, las dos senadoras del partido Comunes, pues dicha normativa solo autoriza los cambios de los integrantes de las comisiones por una sola vez y con autorización de la respectiva Corporación.

En la mismas línea, alegó un presunto desconocimiento del artículo 60 de la Ley 5ª de 1992, porque a su juicio, el señor Alveiro Malaver Echeverría no se inscribió y, por consiguiente, no fue habilitado por la Comisión de Acreditación para ser elegido en el cargo de secretario de la Comisión de Ética y Estatuto del Senado de la República.

De igual forma, señaló que esta actuación derivó en una presunta vulneración del procedimiento fijado en el artículo 136 de la referida ley, en razón a que la votación no se realizó de manera nominal y pública, sino por voto secreto mediante papeleta.Radicado: 11001-03-28-000-2022-00292-00

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Por último, indicó que no se respetó el término de los 3 días que deben transcurrir para realizar la sesión de elección de los dignatarios de las mesas directivas de las respectivas comisiones, en virtud de lo reglado por el artículo 138 de la Ley 5ª de 1992.

1.2. Trámite

Con auto del 20 de septiembre de 2022, al encontrar cumplidos los requis itos legales, se admitió la demanda y se ordenaron las notificaciones de rigor, las cuales se surtieron en debida forma como se evidencia en las actuaciones 10, 11 y 12 de Samai.

Posteriormente, en providencia del 25 de noviembre de 2022 se negó la nulidad planteada por la parte demandada al no encontrarse irregularidad alguna que se haya producido en el marco del trámite procesal.

1.3. Contestaciones de la demanda

1.3.1. El demandado, por intermedio de su apoderado, solicitó negar las pretensiones al considerar que no se desconoció el parágrafo del artículo 54 de la Ley 5ª de 1992 por el cambio de una de las senadoras designadas para integrar la Comisión de Ética y Estatuto del Congresista , pues no resulta razonable prohibir el cambio de uno de los integrante s de la Comisión, previo a su instalación y elección de la respectiva mesa directiva.

Manifestó que l os partidos políticos tienen la facultad de designar a los

razonable prohibir el cambio de uno de los integrante s de la Comisión, previo a su instalación y elección de la respectiva mesa directiva.

Manifestó que l os partidos políticos tienen la facultad de designar a los senadores que los representarán en cada una de las células congresuales. En este orden de idea s, considera que restringir el cambio sin que aún estuviese debidamente instalada la Comisión, implicaría un desconocimiento del margen decisional de las organizaciones políticas.

Indicó que, si en gracia de discusión, se hubiese configurado un yerro por el cambio que se suscitó en la integrante del partido Comunes ante la Comisión de Ética y Estatuto del Senado de la República, tal actuación no hubiese tenido incidencia alguna en la elección de la mesa directiva de la mentada Comisión. Pues como quedó registrada en el Acta 001 de la Comisión de ética y Estatuto del Senado de la República, la votación tanto por el presidente, vicepresidenta y secretario de la Comisión fue de 9 votos, es decir, que el total de los senadores asistentes eligieron a los integrantes de la mesa mayor.Radicado: 11001-03-28-000-2022-00292-00

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Por lo tanto, en el evento hipotético de que la designación de una de las

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Por lo tanto, en el evento hipotético de que la designación de una de las senadoras de la Comisión se hubiese producido con desconocimiento de la Ley, la falta de uno de los votos no hubiese afectado las mayorías necesarias para que la elección fuese válida.

También resulta oportuno aclarar, que, finalmente, el hecho de que la Comisión fuese integrada por la senadora Imelda Daza Cotes y no la senadora Sandra Ramírez, ambas del partido Comunes, no afecta la postulación de la hoja d e vida del demandado al cargo de secretario de la Comisión , puesto que, como consta en el Acta 001 supra, la hoja de vida de l señor Malaver Echeverria fue postulada por diferentes senadores y senadoras en representación de sus organizaciones políticas, y no solamente por la representante del partido político Comunes.

Por otro lado, señaló que l a elección demandada no desconoció el a rtículo 60 de la Ley 5ª de 1992, pues en este se establece la integración y función principal de la Comisión Legal de Comis ión de Acreditación Documental, sin que se advierta algún hecho que permita inferir que dicha comisión haya dejado de cumplir su función. Afirmó que, el procedimiento se surtió de acuerdo a la convocatoria, dentro del término previsto, y con mucha antelación a la elección de los dignatarios, esta Comisión Legal publicó el listado de aspirantes habilitados, es decir, aquellos que cumplieron con el lleno de requisitos exigidos para ocupar los cargos objeto de convocatoria.

de los dignatarios, esta Comisión Legal publicó el listado de aspirantes habilitados, es decir, aquellos que cumplieron con el lleno de requisitos exigidos para ocupar los cargos objeto de convocatoria.

De igual forma, la parte demandada ma nifestó que la e lección se ajustó al procedimiento indicado en el artículo 136 de la Ley 5 ª de 1992 , en el que se establece el paso a paso que se debe surtir en el procedimiento de elecciones que se efectúen por el Congreso, siendo los siguientes:

(i) Postulación de los candidatos y designación de comisión escrutadora (ii) Votación secreta mediante papeleta (iii) Llamado a lista para depositar el voto (iv) Conteo de votos por la comisión escrutadora y lectura de resultados (v) Declaración de la elección, posesión y toma de juramento

El demandante consideró vulnerado el citado precepto porque la elección del secretario de la Comisión de Ética se realizó mediante el sistema de votación secreta con papeleta.Radicado: 11001-03-28-000-2022-00292-00

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Sobre este aspecto, resulta imprescindible traer a colación la sentencia C -1017 de 2012 que controló la constitucionalidad del literal a) del artículo 3 de la Ley

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Sobre este aspecto, resulta imprescindible traer a colación la sentencia C -1017 de 2012 que controló la constitucionalidad del literal a) del artículo 3 de la Ley 1431 de 2011 “Por la cual se establecen las excepciones a que se refiere el artículo 133 de la Constitución Política”. La Corte Constit ucional declaró la exequibilidad condicionada “(…) en el entendido que el voto secreto no se aplica en los cargos en que por mandato constitucional y legal, se impone a los partidos y movimientos políticos o grupos significativos de ciudadanos, la obligación de postular candidatos, en cuyo caso la votación debe ser pública y nominal”.

De lo anterior se desprende que para la elección de los cargos de secretario general, subsecretario general y secretarios de comisiones constitucionales y legales si bien los congresistas pueden postular candidatos, no existe un deber legal de efectuar un voto nominal y público.

Finalmente, cuestiona el efecto útil de realizar una votación nominal y pública en el presente caso, pues como se lee en el Acta 001 de la Comisión d e Ética y Estatuto del Congresista del Senado del 27 de julio de 2022, la postulación del señor Alveiro Malaver al cargo de secretario fue la única que realizaron los senadores que la integran y asistieron a la sesión de instalación de esta Comisión. Por l o tanto, el demandado era el único aspirante habilitado que fue postulado al cargo, sin que existiera otro candidato con la condición de “elegible” al momento de llevar a cabo la votación.

En cuanto al cargo de que la citación a la elección no se realizó con la debida

postulado al cargo, sin que existiera otro candidato con la condición de “elegible” al momento de llevar a cabo la votación.

En cuanto al cargo de que la citación a la elección no se realizó con la debida antelación, desconociendo el mandato previsto en el artículo 138 de la Ley 5ª de 1992 , considera la parte demandada que el mismo carece de veracidad pues el procedimiento de elección del señor Alveiro Malaver Echeverría, como secretario de la Comisión de Ética y Estatuto del Senado de la República no fue diferente al que se efectúo para la elección de los demás secretarios de las comisiones constitucionales y legales.

Señaló que e n el mismo escrito de demanda (penúltimo párrafo, página 9), el actor afirma que el 20 de julio de 2022 el presidente, senador Roy Barreras, convocó para el martes 26 de julio la instalación de las comisiones constitucionales y legales. Tal manifestación se puede corroborar en el vídeo de la sesión que fue transmiti do En Vivo y En Directo por el Canal del Congreso . Por lo que el mandato legal (art. 138 Ley 5ª) de citar con una anterioridad mínima de 3 días fue suficientemente cumplido.Radicado: 11001-03-28-000-2022-00292-00

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Sin embargo, en el marco de la Sesión Plenaria realizada el 26 de julio de 2022, el presidente del Senado, Roy Barreras, manifestó que, por razones de tiempo, la instalación y elección de las mesas directivas de las comisiones legales y especiales se realizaría al día siguiente, esto es, el 27 de julio siguiente, facultad prevista en el inciso segundo del artículo 80 del Reglamento del Congreso.

Finalmente, advierte que el señor Jhon Jairo Barberi Forero si se enteró de que la sesión en que se instaló y eligió la mesa directiva de la Comisión de Ética del Senado, pues, como él mismo lo manifestó en la acción de tutela ( aportada como prueba y en el presente medio de control, en su condición de candidato acreditado pudo estar presente en el recinto, e incluso, dialogar con las senadoras Imelda Daza Cotes y Martha Peralta Epieyú (primer párrafo, página 7 de la demanda). Lo anterior lleva a concluir que la citación a la sesión de elección de dignatarios de la mesa directiva objeto de cuestionamiento sí cumplió su finalidad.

Por otro lado, manifestó que del listado de inscritos y de habili tados se puede concluir, por un lado, que el señor Alveiro Malaver sí se inscribió y cumplió con los requisitos exigidos, por lo que, la Comisión de Acreditación Documental habilitó su participación, de manera general, para la elección en los diferentes

concluir, por un lado, que el señor Alveiro Malaver sí se inscribió y cumplió con los requisitos exigidos, por lo que, la Comisión de Acreditación Documental habilitó su participación, de manera general, para la elección en los diferentes cargos de secretario en las Comisiones Constitucionales y Legales. Y, por el otro, que el procedimiento adelantado para la elección del demandado como secretario de la Comisión de Ética no desconoció las disposiciones legales que le sirven de fundamento, es decir, que su elección se ajustó a derecho.

Respecto al último cargo, precisó que para la elección de secretarios de las comisiones constitucionales y legales no se aplica el procedimiento dispuesto en la Ley 1904 d e 2018, en especial lo dispuesto en el p arágrafo transitorio del artículo 12 , pues implicaría un desconocimiento del principio constitucional de reserva de ley orgánica, al tenor de lo regulado en el artículo 151 de la Constitución Política.

Aclaró que los argumentos de la demanda son excluyen tes. Es decir, que la elección de estos dignatarios se surte según lo dispuesto en los contenidos normativos de carácter orgánico de la Ley 5ª de 1992 (artículos 136, 137 y 138) o, por el contrario, de acuerdo con el procedimiento establecido por normas de rango ordinario, parágrafo transitorio del artículo 12 de la Ley 1904 de 2018, siendo imposible aplicar las dos normativas.Radicado: 11001-03-28-000-2022-00292-00

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De tal modo, que consideró que “ al existir diferencias irreconciliables entre los dos procedimientos (Ley 5ª de 1992 y Ley 1904 d e 2018) se debe reconocer la existencia de una antinomia legislativa. Ahora bien, como la contradicción normativa se produce sobre un contenido que tiene reserva de ley, pues la función de los secretarios de las comisiones del Congreso tiene que ver no sol o con un aspecto administrativo sino con el quehacer misional de este organismo, la antinomia debe resolverse en favor de los contenidos orgánicos”

Por lo que, mientras el Congreso no realice la modificación del procedimiento señalado en la Ley 5ª de 1992 a través de una ley, que igualmente sea orgánica, no podrá aplicarse la analogía prevista en el parágrafo transitorio referido, por ser contrario al principio de reserva legislativa.

1.3.2 La Comisión de Ética y Estatuto del Congresista del Senado de la República, por intermedio de su presidente, solicitó se declare ajustada al procedimiento establecido en la Constitución Política, el Reglamento Interno del Congreso y la convocatoria pública, la elección del señor Alveiro Malaver Echeverría como Secretari o General de dicha Comisión para el periodo constitucional 2022 -2026, reiterando los argumentos expuestos por el

Congreso y la convocatoria pública, la elección del señor Alveiro Malaver Echeverría como Secretari o General de dicha Comisión para el periodo constitucional 2022 -2026, reiterando los argumentos expuestos por el demandado es su escrito de contestación.

1.3.3. El Ministerio Público guardó silencio.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

El magistrado ponente es competente para determinar si se debe acudir o no a la sentencia anticipada contemplada en el artículo 182A del CPACA, adicionado por el artículo 42 de la Ley 2080 de 2021, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 3º del artículo 125 del mismo estatuto procesal.

2. La sentencia anticipada en materia contenciosa administrativa

La figura de la sentencia anticipada se remonta al antiguo Código de Procedimiento Civil –Decreto 1400 de 1970 –, que en su artículo 97 prescribía: “Cuando el juez encuentre probada cualquiera de estas excepciones [previas], lo declarará mediante sentencia anticipada”. De igual forma, el Código General del Proceso –Ley 1564 de 2012– en el artículo 278, mantuvo incólume la posibilidad de emitir un pronunciamiento definitivo, en tratá ndose de laRadicado: 11001-03-28-000-2022-00292-00

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configuración de las denominadas excepciones mixtas, pretermitiendo ciertas etapas del proceso y agregando otros dos supuestos de hecho en los que se puede hacer uso de dicho mecanismo de resolución temprana de la litis1.

En materia contencios a administrativa, con la expedición de la Ley 1437 de 2011 no le fue extraño a esta jurisdicción la tipificación de ciertas circunstancias que precipitaban una resolución de fondo, sin necesidad de agotar todas las etapas procesales. En efecto, el artículo 176 del CPACA consagró que el operador judicial puede dictar “inmediatamente sentencia” cuando la Nación o entidad pública demandada se allanen a la demanda o transijan los derechos en litigio. Del mismo modo, según el artículo 179 de esta codificación, c uando se trata de asuntos de puro derecho, o no es necesario practicar pruebas, se puede omitir la “audiencia de pruebas” y proferir el fallo en la audiencia inicial, previo otorgamiento a las partes para alegar de conclusión.

Sin embargo, fue con el Decreto Legislativo 806 de 2020, expedido en el marco de Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica 2, que formalmente se incorporó la figura de la sentencia anticipada en lo contencioso administrativo, retomándose los dos supuestos que se citaron ante riormente e incorporando a la legislación procesal contenciosa otros que eran propios de la codificación general, así:

incorporó la figura de la sentencia anticipada en lo contencioso administrativo, retomándose los dos supuestos que se citaron ante riormente e incorporando a la legislación procesal contenciosa otros que eran propios de la codificación general, así:

“Artículo 13. Sentencia anticipada en lo contencioso administrativo . El juzgador deberá dictar sentencia anticipada:

1. Antes de la audiencia inicial, cuando se trate de asuntos de puro derecho o no fuere necesario practicar pruebas, caso en el cual correrá traslado para alegar por escrito, en la forma prevista en el inciso final del artículo 181 de la Ley 1437 de 2011 y la sentenc ia se proferirá por escrito (el artículo 182A le agrega dos supuestos más).

2. En cualquier estado del proceso, cuando las partes o sus apoderados de común acuerdo lo soliciten, sea por iniciativa propia o por sugerencia del juez. Si la solicitud se p resenta en el transcurso de una audiencia, se dará traslado para alegar dentro de ella. Si se hace por escrito, las partes podrán allegar con la

1 Código General del Proceso. Art. 278 (…) En cualquier estado del proceso, el juez deberá dictar sentencia anticipada, total o parcial, en los siguientes eventos:

1. Cuando las partes o sus apoderados de común acuerdo lo soliciten, sea por iniciativa propia o por sugerencia del juez.

2. Cuando no hubiere pruebas por practicar.

3. Cuando se encuentre probada la cosa juzgada, la transacción, la caducidad, la prescripción extintiva y la carencia de legitimación en la causa. 2 Declarada mediante Decreto 637 del 6 de mayo de 2020, con el fin de conjurar la calamidad

prescripción extintiva y la carencia de legitimación en la causa. 2 Declarada mediante Decreto 637 del 6 de mayo de 2020, con el fin de conjurar la calamidad pública que afecta al país por causa de la pandemia del virus SARS2-COVID-19.Radicado: 11001-03-28-000-2022-00292-00

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petición sus alegatos de conclusión, de lo cual se dará traslado por diez (10) días comunes al Ministerio Públi co y demás intervinientes. El juzgador rechazará la solicitud cuando advierta fraude o colusión. Si en el proceso intervienen litisconsortes necesarios, la petición, deberá realizarse conjuntamente con estos. Con la aceptación de esta petición por parte de l juez, se entenderán desistidos los recursos que hubieren formulado los peticionarios contra decisiones interlocutorias que estén pendientes de tramitar o resolver.

3. En la segunda etapa del proceso prevista en el artículo 179 de la Ley 1437 de 2011, cuando encuentre probada la cosa juzgada, la transacción, la conciliación, la caducidad, la prescripción extintiva y la falta de legitimación en la causa. La sentencia se dictará oralmente en audiencia o se proferirá por escrito. En este caso no se correrá traslado para alegar.

la caducidad, la prescripción extintiva y la falta de legitimación en la causa. La sentencia se dictará oralmente en audiencia o se proferirá por escrito. En este caso no se correrá traslado para alegar.

4. En caso de allanamiento de conformidad con el artículo 176 de la Ley 1437 de

2011”.

Finalmente, con la expedición de la Ley 2080 de 2021, mediante la cual se reformó el Código de Procedimiento Administrativo y de lo C ontencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), se incorporó la figura de la sentencia anticipada con carácter permanente, en los siguientes términos:

“Artículo 42. Adiciónese a la Ley 1437 de 2011 el artículo 182A, el cual será del siguiente tenor:

Artículo 182A. Sentencia anticipada. Se podrá dictar sentencia anticipada:

1. Antes de la audiencia inicial:

a) Cuando se trate de asuntos de puro derecho;

b) Cuando no haya que practicar pruebas;

c) Cuando solo se solicite tener como pruebas las documentales aportadas con la demanda y la contestación, y sobre ellas no se hubiese formulado tacha o desconocimiento;

d) Cuando las pruebas solicitadas por las partes sean impertinentes, inconducentes o inútiles.

El juez o magistrado ponent e, mediante auto, se pronunciará sobre las pruebas cuando a ello haya lugar, dando aplicación a lo dispuesto en el artículo 173 del Código General del Proceso y fijará el litigio u objeto de controversia.

Cumplido lo anterior, se correrá traslado para a legar en la forma prevista en el

cuando a ello haya lugar, dando aplicación a lo dispuesto en el artículo 173 del Código General del Proceso y fijará el litigio u objeto de controversia.

Cumplido lo anterior, se correrá traslado para a legar en la forma prevista en el inciso final del artículo 181 de este código y la sentencia se expedirá por escrito.

No obstante estar cumplidos los presupuestos para proferir sentencia anticipada con base en este numeral, si el juez o magistrado pone nte considera necesarioRadicado: 11001-03-28-000-2022-00292-00

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realizar la audiencia inicial podrá hacerlo, para lo cual se aplicará lo dispuesto en los artículos 179 y 180 de este código.

2. En cualquier estado del proceso, cuando las partes o sus apoderados de común acuerdo lo soliciten, sea por iniciativa propia o por sugerencia del juez. Si la solicitud se presenta en el transcurso de una audiencia, se dará traslado para alegar dentro de ella. Si se hace por escrito, las partes podrán allegar con la petición sus alegatos de conclusión, de lo cual se dará traslado por diez (10) días comunes al Ministerio Público y demás intervinientes. El juzgador rechazará la solicitud cuando advierta fraude o colusión. Si en el proceso intervienen

comunes al Ministerio Público y demás intervinientes. El juzgador rechazará la solicitud cuando advierta fraude o colusión. Si en el proceso intervienen litisconsortes necesarios, la petición deberá realizarse conjuntamente con estos. Con la aceptación de esta petición por parte del juez, se entenderán desistidos los recursos que hubieren formulado los peticionarios contra decisiones interlocutorias que estén pendientes de tramitar o resolver.

3. En cualquie r estado del proceso, cuando el juzgador encuentre probada la cosa juzgada, la caducidad, la transacción, la conciliación, la falta manifiesta de legitimación en la causa y la prescripción extintiva.

4. En caso de allanamiento o transacción de conformida d con el artículo 176 de este código.

Parágrafo. En la providencia que corra traslado para alegar, se indicará la razón por la cual dictará sentencia anticipada. Si se trata de la causal del numeral 3 de este artículo, precisará sobre cuál o cuáles de las excepciones se pronunciará. Surtido el traslado mencionado se proferirá sentencia oral o escrita, según se considere. No obstante, escuchados los alegatos, se podrá reconsiderar la decisión de proferir sentencia anticipada. En este caso continuará el t rámite del proceso”.

Con estos lineamientos, el operador judicial puede dar aplicación a la figura de la sentencia anticipada, siempre y cuando se configuren las hipótesis descritas en la norma citada y se expliquen las razones de su procedencia. En est e sentido, el legislador dejó claro que, si bien con la adopción de dicho instituto procesal se procura la pronta y efectiva administración de justicia, en todo caso,

en la norma citada y se expliquen las razones de su procedencia. En est e sentido, el legislador dejó claro que, si bien con la adopción de dicho instituto procesal se procura la pronta y efectiva administración de justicia, en todo caso