CE - 012300000200101676011AUTOQUEDECIDE20230411101603

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D. C., treinta y uno (31) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 73001-23-00-000-2001-01676-01

ACCIÓN POPULAR – AUTO

Actores: FÉLIX MARTÍNEZ Y JOAQUÍN AUGUSTO TORRES

NIEVES

TESIS: SE MODIFICA EL MONTO DE LA SANCIÓN IMPUESTA, SE

ACREDITÓ EL INCUMPLIMIENTO PARCIAL DE LAS ÓRDENES

DICTADAS.

AUTO QUE RESUELVE CONSULTA

La Sala decide el grado jurisdiccional de c onsulta frente al proveído de 24 de noviembre de 202 2, proferido por el Tribunal Administrativo del Tolima1, que sancionó por desacato con multa equivalente a diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes al señor Andrés Fabián Hurtado Barrera, en su calidad de Alcalde del Municipio de Ibagué , por el incumplimiento de las órdenes dictadas en la sentencia de 2 de mayo de 2005, adicionada mediante providencia de 4 de febrero de 2010.

1 En adelante el Tribunal.2

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I. ANTECEDENTES

I.1.- La acción

Los ciudadanos FÉLIX MARTÍNEZ y JOAQUÍN AUGUSTO TORRES NIEVES instauraron demanda en ejercicio de la acción popular contra

el MUNICIPIO DE IBAGUÉ, el INSTITUTO IBAGUEREÑO DE

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. -IBAL S.A. E.S.P.-, el INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE IBAGUÉ –INFIBAGUÉ y la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL TOLIMA –CORTOLIMA, tendiente a la protección de los derechos colectivos a la seguridad y salubridad públicas, al goce de un ambiente sano, al acceso a los servicios públicos y a su prestación eficiente y oportuna.

La parte actora estimó vulnerados los referidos derechos, por cuanto la quebrada “Hato de la Virgen ” estaba siendo afectada por el vertimiento de aguas residuales , lugar en la que habitaban varias familias en condiciones de alto riesgo.

I.2.- Sentencias objeto de cumplimiento3

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El Tribunal en providencia de 2 de mayo de 20 05 amparó los derechos colectivos invocados y ordenó:

“[…] 1. Concédase el amparo a los derechos colectivos a la seguridad y salubridad pública.

2. Ordenase al municipio de Ibagué que en el plazo no superior a seis meses que se cuenta a partir de la ejecutoria de esta sentencia, incluya en los planes y programas relativos a la preservación del medio ambiente y recuperación y saneamiento del recurso hídrico, la recuperación y mantenimiento efectivo de la quebrada de La Virgen , específicamente, el manejo integral de aguas residuales y las acciones pertinentes para la descontaminación de la misma.

3. Ordenase al municipio de Ibagué incluir en los planes de desarrollo municipal y de reordenamiento territorial la reubicación de los habitantes de las riveras de la citada quebrada, para lo cual deberá atenderse los planes de reubicación y valorarse las prioridades existentes en esta materia. Así mismo , realizar las acciones necesarias para prevenir y erradicar los asentamientos humanos en los márgenes de ríos y quebradas del municipio.

4.- Ordenar que el Alcalde como primera autoridad de Policía del Municipio de manera inmediata coordine con el Comandante de Policía la vigilancia del sector de la quebrada La Virgen y los operativos tendientes a recuperar la seguridad del mismo.

4.- Ordenar que el Alcalde como primera autoridad de Policía del Municipio de manera inmediata coordine con el Comandante de Policía la vigilancia del sector de la quebrada La Virgen y los operativos tendientes a recuperar la seguridad del mismo.

5. Ordénese al Alcalde rendir al Tribunal informes quincenales sobre las gestiones realizadas para dar cumplimiento a este fallo advirtiéndosele que el Tribunal mantiene la competencia permanente para verificar su cumplimiento y tomar las medidas necesarias para su debida y oportuna ejecución […]”.

La S ección Primera mediante sentencia de 4 de febrero de 201 0 adicionó la mencionada providencia, en el siguiente sentido:

“[…] 2.- ADICIÓNASE dicho fallo así:4

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2.1.- Las obligaciones impuestas al Municipio de Ibagué en los numerales 2, 3 y 4 de la sentencia impugnada, serán desglosadas y precisadas así:

a.- ORDÉNASE al Alcalde del citado municipio que, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación del presente fallo adopte las medidas que aseguren que a más tardar dentro de los quince (15) días hábiles siguientes:

• Las Secretarías de Educación y de Salud efectúen con las Juntas

cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación del presente fallo adopte las medidas que aseguren que a más tardar dentro de los quince (15) días hábiles siguientes:

• Las Secretarías de Educación y de Salud efectúen con las Juntas de Acción Comunal de los barrios aledaños a la quebrada Hato de la Virgen una campaña que instruya a los habitantes de viviendas ubicadas en el sector sobre normas de higiene que deben observar en el tratamiento de desechos y basuras, para evitar enfermedades y riesgos a la salud y para contrarrestar focos infecciosos, que deberá implementarse hasta cuando sean reubicados los asentamientos ilegales que ocupan el área de ronda de dicha quebrada y se recupere la zona.

• La Secretaría de Infraestructura conjuntamente con IBAL E.S.P.

OFICIAL implemente un programa de limpieza y mantenimiento progresivo y permanente de la quebrada Hato de la Virgen.

• La Secretaría de Salud efectúe la fumigación y control de plagas en el sector de la quebrada Hato de la Virgen e implemente un programa de control periódico con su respectivo cronograma, para contrarrestar focos infecciosos el cual deberá implementarse hasta cuando sus habitantes sean reubicados.

2.2.- ORDÉNASE a los habit antes de la zona de influencia de la quebrada Hato de la Virgen observar pautas adecuadas para el tratamiento de las basuras y escombros para evitar la contaminación de las aguas de la quebrada y la proliferación de plagas de insectos y de epidemias y abstenerse de arrojar basuras y escombros.

tratamiento de las basuras y escombros para evitar la contaminación de las aguas de la quebrada y la proliferación de plagas de insectos y de epidemias y abstenerse de arrojar basuras y escombros.

2.3.- ORDÉNASE al municipio de Ibagué que conjuntamente con CORTOLIMA, dentro de los quince días siguientes a la notificación del presente fallo y a más tardar en el mes siguiente adelanten las acciones que en el ámbito de su competencia funcional a cada uno correspondan para asegurar la recuperación ambiental de la quebrada Hato de la Virgen y de la zona de protección de su cuenca hidrográfica y su preservación una vez sea recuperada.

2.4.- ORDÉNASE al Alcalde del municipio de Ibagué que dentro de los quince días hábiles siguientes a la notificación del presente fallo, adelante las gestiones administrativas, técnicas y presupuestales necesarias para que antes de que concluya el5

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período de la actual Administración proceda a la reubicación de las viviendas ubicadas en la zona de protección de la cuenca hidrográfica de la quebrada, dando prioridad a las que presentan riesgo inminente de deslizamiento; recuperar el terreno ocupado mediante la demolición de las construcciones; y disponer las medidas policivas para evitar la contaminación causada por el

hidrográfica de la quebrada, dando prioridad a las que presentan riesgo inminente de deslizamiento; recuperar el terreno ocupado mediante la demolición de las construcciones; y disponer las medidas policivas para evitar la contaminación causada por el vertimiento de aguas residuales del sector, para asegurar la conservación y mantenimiento de la ronda de la quebrada y para evitar que sea invadida nuevamen te con la construcción de viviendas. Los miembros cabeza de familia de los núcleos familiares a reubicarse, deberán concurrir con el municipio y contribuir en las obras de construcción requeridas para adelantar su reubicación […]”.

II.- EL INCIDENTE DE DESACATO

-. El Tribunal, mediante auto de 1 9 de agosto de 2022, dispuso la apertura del incidente de desacató contra al señor Andrés Fabián Hurtado Barrera, en su calidad de Alcalde del Municipio de Ibagué2.

-. El señor Andrés Fabián Hurtado Barrera , a través de apoderado, mediante oficio de 26 de agosto de 2022, visible en el índice 2 del expediente digital, manifestó que si bien antes de su posesión como alcalde, esto es el 1o. de enero de 2020, no se había dado cumplimento a las órdenes impartidas en las providencias de 2 de mayo de 2005 y 4 de febrero de 2010, lo cierto es que desde dicho momento impartió instrucciones encaminadas a tal fin.

2 Dicha providencia le fue notificada al señor Andrés Fabián Hurtado Barrera , en su calidad de Alcalde del Municipio de Ibagué, mediante mensaje de datos enviado a su correo personal institucional: alcalde@ibague.gov.co6

2 Dicha providencia le fue notificada al señor Andrés Fabián Hurtado Barrera , en su calidad de Alcalde del Municipio de Ibagué, mediante mensaje de datos enviado a su correo personal institucional: alcalde@ibague.gov.co6

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Señaló que aun cuando la administración actual lleva 30 meses de gestión, debe tenerse en cuenta que la pandemia ocasionada por el coronavirus Covid-19 generó factores de fuerza mayor que afectaron su gestión, pues la mayoría del tiempo y en forma prioritaria tuvo que dirigir su mandato hacía el sector salud y económico para disminuir las consecuencias de la pandemia, las cuales impactaron los derechos a la salud, la economía, la circulación y al trabajo de todos los ciudadanos, incluidas las familias más pobres de la ciudad.

Argumentó que está adelantando todas las gestiones administrativas, presupuestales, contractuales, policivas, de salud y educativas con el propósito de dar cumplimiento a las órdenes impartidas en el presente proceso.

Indicó que si bien es cierto que no cumplió con los términos señalados por el Tribunal y el Consejo de Estado para atender las órdenes impartidas en las sentencias de instancia, también lo es que las dos administraciones anteriores tampoco lo hicieron y pese a ello no se les inició incidente de desacato alguno.

señalados por el Tribunal y el Consejo de Estado para atender las órdenes impartidas en las sentencias de instancia, también lo es que las dos administraciones anteriores tampoco lo hicieron y pese a ello no se les inició incidente de desacato alguno.

Afirmó que bajo su administración, respecto de la reubicación de los ocupantes de la quebrada “ Hato de la Virgen ”, se elaboraron los7

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estudios de urbanismo y topográficos del predio “ El Reposo ” destinado para tal fin , se solicitaron las licencias urbanísticas, se consiguieron recursos por la suma de “[…] más de 3.500.000 millones de pesos para las obras de urbanismos […]”, se iniciaron los procesos pre contractuales y contractuales y los administrativos policivos para recuperar el bien inmueble que en la actualidad se encuentra invadido.

Manifestó que, adicionalmente, obtuvo la adjudicación del inmueble denominado “Las Jirafas” con el fin de reubicar a aquellos habitantes a los que no se les asigne un lote en el predio “El Reposo”, predio este que también se encuentra invadido.

Señaló que la Secretaría de Gobierno Municipal informó detalladamente el estado de los procesos policivos que se adelantan para la recuperación de los predios “Las Jirafas” y “El Reposo”, con miras a continuar con el proceso de reubicación.

Señaló que la Secretaría de Gobierno Municipal informó detalladamente el estado de los procesos policivos que se adelantan para la recuperación de los predios “Las Jirafas” y “El Reposo”, con miras a continuar con el proceso de reubicación.

Afirmó que los procedimientos policivos adelantados en el predio “Las Jirafas” deben respetar los derechos al debido proceso y de defensa de los ocupantes de dicho predio.8

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III. FUNDAMENTOS DE LA PROVIDENCIA CONSULTADA

El Tribunal, en providencia de 24 de noviembre de 20223, declaró en desacato al señor Andrés Fabián Hurtado Barrera , en su calidad de Alcalde del Municipio de Ibagué, por no cumplir lo ordenado en la sentencia de 2 de mayo de 2005, adicionada mediante providencia de 4 de febrero de 2010 y, en consecuencia, lo sancionó con multa equivalente a diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Indicó que el incidentado no demostró haber cumplido con la s órdenes consistentes en: i) adelantar las gestiones administrativas, técnicas y presupuestales necesarias para reubica r las viviendas ubicadas en la zona de protección de la cuenca hidrográfica de la quebrada, priorizando aquellas que presentan riesgo inminente de

técnicas y presupuestales necesarias para reubica r las viviendas ubicadas en la zona de protección de la cuenca hidrográfica de la quebrada, priorizando aquellas que presentan riesgo inminente de deslizamiento; ii) recuperar el terreno ocupado mediante la demolición de las construcciones; y iii) disponer las medidas policivas para evitar tanto la contaminación causada por el vertimiento de aguas residuales del sector como para asegurar la conservación y mantenimiento de la ronda de la quebrada e impedir que sea invadida nuevamente con la construcción de viviendas.

3 Dicha providencia le fue notificada al señor Andrés Fabián Hurtado Barrera , en su calidad de Alcalde del Municipio de Ibagué, mediante mensaje de datos enviado a su correo personal institucional y a su correo personal : alcalde@ibague.gov.co y andresfhurtadob2021@gmail.com.9

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Manifestó que de la revisión de la quebrada “Hato de la Virgen ” se advertía la presencia de mayores construcciones, circunstancia de la cual se desprendía que no se realizó siquiera vigilancia o control en el sector respecto de los asentamientos humanos.

Puso de presente que si bien la anterior administración allegó un informe denominado “avances frente a la Acción Popular 2001/1676

cual se desprendía que no se realizó siquiera vigilancia o control en el sector respecto de los asentamientos humanos.

Puso de presente que si bien la anterior administración allegó un informe denominado “avances frente a la Acción Popular 2001/1676 Hato de la Virgen”, el 20 de marzo de 2019, en el que se anexó un cronograma para la entrega del predio “ El Reposo ”, lugar donde serían reubicadas las familias objeto de la acción popular , lo cierto es que desde enero de 2020, fecha en la que el incidentado conoció de la existencia del proceso, no realizó gestión alguna.

Sostuvo que pese a que se citó al incidentado los días 27 de octubre y 4 diciembre de 2020, 22 de enero, 15 de febrero, 15 de marzo, 19 de abril, 21 de mayo y 24 de septiembre de 2021, 21 de enero, 18 y 28 de marzo y 19 de abril de 2022 a audiencias de verificación de cumplimiento con el fin de constatar las gestiones realizadas por la administración, éste se abstuvo de asistir a las mismas; que se limitó a afirmar que “tenían identificado un predio en zona de expansión de Ibagué ubicado en la Carrera 4 Sur con calle 98, de propiedad del Ministerio de Vivienda, de la que no tenían ninguna respuesta por10

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parte del Ministerio, que no hay obras, ni cronogramas, solamente un estimado de construcción que sería de 4.000 millones de pesos”, respecto del cual se adelantaría el proceso de licitación correspondiente en el año 2021.

Expresó que en la quebrada “ Hato de la Virgen ” existen asentamientos humanos en zonas con alto riesgo de deslizamiento sin que la administración hubiese adoptado medida alguna, debido a que no se han presentado eventualidades con ocasión del fenómeno de la ola invernal y solo ha señalado que tiene cuerpo de bomberos y de emergencia para atender tales contingencias.

Expuso que han transcurrido 30 meses desde que el incidentado fue posesionado como alcalde de Ibagué ; sin embargo, los procesos policivos de recuperación de los bienes inmuebles en los que pretende reubicar a los habitantes de la quebrada no presentan avance alguno y, por tanto, se encuentran invadidos actualmente.

Manifestó que si bien la pandemia ocasionada por el Covid-19 afectó el desarrollo de las labores de todas las entidades , incluyendo al Municipio de Ibagué, dicha circunstancia no excusa al incidentado de dar cumplimiento a las órdenes impartidas, pues el incidente de11

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desacato se inició el 19 de agosto de 2022, es decir, más de 1 año y 8 meses después de superado el aislamiento preventivo obligatorio.

En lo que tiene que ver con los procesos policivos, advirtió que aun cuando se señaló que están en trámite 237 el incidentado no precisó si estos versan sobre los asentamientos ubicados en la quebrada de Hato de la Virgen, o en los predios El Reposo y Las Jirafas que fueron dispuestos para la reubicación d e familias, o si los mismos corresponden a la totalidad de infractores o invasores.

Señaló que si bien se informó que hay 382 familias pendientes de reubicación, lo cierto es que no han sido debidamente censadas ni caracterizadas y tampoco obra una relación de los procesos policivos adelantados contra ellas, por lo que no hay certeza ni siquiera de los infractores actuales.

IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA

El incidente de desacato en acciones populares

De conformidad con el artículo 41 de la Ley 472 de 5 de agosto de 19984, hay desacato cuando se incumple una orden proferida en

4 “Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones.”12

19984, hay desacato cuando se incumple una orden proferida en

4 “Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones.”12

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el curso del trámite de la acción popular, habiéndose superado los términos concedidos para su ejecución. La citada norma indica:

“Artículo 41. Desacato.

La persona que incumpliere una orden judicial proferida por la autoridad competente en los procesos que se adelanten por acciones populares, incurrirá en multa hasta de cincuenta (50) salarios mínimos mensuales con destino al Fondo para la Defensa de los D erechos e Intereses Colectivos, conmutables en arresto hasta de seis (6) meses, sin perjuicio de las sanciones penales a que hubiere lugar.

La sanción será impuesta por la misma autoridad que profirió la orden judicial , mediante trámite incidental y será consultada al superior jerárquico, quien decidirá en el término de tres (3) días si debe revocarse o no la sanción. La consulta se hará en el efecto devolutivo” (Resaltado de la Sala).

De la disposición transcrita se colige que la finalidad del desacato no es otra que la de persuadir al responsable de que cumpla con la orden judicial.

en el efecto devolutivo” (Resaltado de la Sala).

De la disposición transcrita se colige que la finalidad del desacato no es otra que la de persuadir al responsable de que cumpla con la orden judicial.

Cabe resaltar que el juez cuenta con otros mecanismos para lograr el acatamiento de sus decisiones, como lo es la facultad que tiene para tomar las medidas necesarias para la verificación del cumplimiento del fallo y la ejecución de la sentencia 5; no obstante,

5 Al respecto señala el artículo 34 de la Ley 472: “…En la sentencia el Juez señalará un plazo prudencial, de acuerdo con el alcance de sus determinaciones, dentro del cual deberá iniciarse el cumplimiento de la providencia y posteriormente culminar su ejecución. En dicho término el Juez conservará la competencia para tomar las medidas necesarias para la ejecución de la sentencia de conformidad con las normas contenidas en e l Código de13

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dichas competencias quedan a salvo respecto de la sanción por desacato, habida cuenta que ésta es una medida de carácter coercitivo para restaurar el orden constitucional quebrantado.

La sanción por desacato

Esta potestad correctiva del Juez de conocimiento para imponer la sanción (multa conmutable en arresto), está limitada por dos

coercitivo para restaurar el orden constitucional quebrantado.

La sanción por desacato

Esta potestad correctiva del Juez de conocimiento para imponer la sanción (multa conmutable en arresto), está limitada por dos requisitos, a saber: i) que se verifique el incumplimiento de la orden judicial, y ii) que se determine la responsabilidad subjet iva del demandado en la renuencia para acatarla.

Así lo ha precisado la Jurisprudencia de la Sala6 al señalar que no es suficiente para sancionar que se haya inobservado el plazo concedido para la atención de la orden impartida, sino que debe probarse la negligencia de la persona encargada de su cumplimiento, lo que garantiza que no se presuma la responsabilidad por el sólo hecho del desacato.

Procedimiento Civil y podrá conformar un comité para la verificación del cumplimiento de la sentencia en el cual participarán además del juez, las partes, la entidad pública encargada de velar por el derecho o interés colectivo, el Ministerio P úblico y una organización no gubernamental con actividades en el objeto del fallo”. 6 Ver entre otras, sentencia de 24 de noviembre de 2005, Expediente 2000 -3508, y sentencia de 10 de mayo de 2004, Expediente 2003-90007, con ponencia del Doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.14

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Naturalmente, si la sanción implica la comprobación de una responsabilidad subjetiva, en el procedim iento para imponerla se destacan primordialmente los elementos propios del régimen sancionatorio, verbigracia, los grados y modalidad de la culpa o negligencia con que haya actuado el funcionario, las posibles circunstancias de justificación, agravación o atenuación de la conducta, y por supuesto, el derecho de defensa y contradicción.

Todo lo anterior supone que la sanción por desacato a la orden judicial de una acción popular, se enmarca en el régimen sancionatorio personal y no institucional7; de lo que se colige que la multa conmutable en arresto señalada en el artículo 41 de la citada Ley 472, procede respecto de la persona responsable del incumplimiento y no de la autoridad o entidad pública, genéricamente considerada.8

El cumplimiento de la sentencia: finalidad del desacato

La Jurisprudencia, tanto de la Corte Constitucional, como de esta Corporación, ha sido reiterativa en afirmar que la finalidad del

7 Sobre este asunto en particular, consúltese la providencia de 4 de agosto de 2011, Expediente núm. 2003 01043 02, Consejera ponente María Elizabeth García González. 8 En efecto, la norma expresa “La persona que incumpliere una orden judicial… incurrirá en multa… conmutable en arresto. El sujeto pasivo del arresto, sólo puede ser una persona

8 En efecto, la norma expresa “La persona que incumpliere una orden judicial… incurrirá en multa… conmutable en arresto. El sujeto pasivo del arresto, sólo puede ser una persona natural.15

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incidente de desacato no es la imposición de la sanción en sí misma, sino que debe conside rarse como una de las formas de buscar el cumplimiento de la respectiva sentencia.

En la sentencia T-652 de 2010 9, la Corte Constitucional indicó, en relación con la finalidad del desacato, que:

“[…] El objetivo de la sanción de arresto y multa por desacato es el de lograr la eficacia de las órdenes impartidas por el Juez de amparo para la efectiva protección de los derechos… El objeto del incidente de desacato, de acuerdo a la Jurisprudencia de esta Corporación, se centra en conseguir que el obligado obedezca la orden impuesta en la providencia… Por tal motivo, la finalidad del mencionado incidente no es la imposición de una sanción en sí misma sino una de las formas de buscar el cumplimiento de la respectiva sentencia […]” (Resaltado de la Sala).

Por su parte, esta Sala de Decisión, en providencia de 27 de septiembre de 2012 (Expediente 2011-00047-02),10 señaló:

[…]” (Resaltado de la Sala).

Por su parte, esta Sala de Decisión, en providencia de 27 de septiembre de 2012 (Expediente 2011-00047-02),10 señaló:

“[…] Ahora bien, es menester precisar que la finalidad del desacato en las acciones constitucionales no es otra que la de garantizar la efectividad de los derechos objeto de protección, persuadiendo al responsable de que cumpla con la respectiva orden judicial. Es decir, que se trata de una de las herramientas con las que cuenta el Juez para lograr dicho cometido. De ahí que, además de imponer una multa conmutable en arresto, con ocasión de la desatención de la orden de amparo, el fallador tiene la obligaci ón de velar por el cabal cumplimiento del mismo, asegurándose de que cese la vulneración o amenaza de los derechos […]” (Resaltado de la Sala).

9 Reiterada en la sentencia T -606 de 2011. Magistrado ponente Humberto Antonio Sierra Porto. 10 Reiterada en el proveído de 3 de ab ril de 2014, Expediente 2011 00160 01, Consejera ponente María Elizabeth García González.16

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Y en la providencia de 16 de octubre de 2014 (Expediente 201402396-02, Consejero ponente: doctor Marco Antonio Velilla Moreno), la Sala indicó:

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Y en la providencia de 16 de octubre de 2014 (Expediente 201402396-02, Consejero ponente: doctor Marco Antonio Velilla Moreno), la Sala indicó:

“[…] Por lo expuesto, no resulta viable acceder a las pretensiones de la entidad accionada, en el sentido de revocar la decisión en razón al cumplimiento del fallo durante el trámite de la consulta, toda vez que ello, desdibujaría el propósito del incidente de desacato y de la multa, no porque la razón de ser de éste sea la imposición de una sanción, pues la Jurisprudencia con suficiencia ha establecido que el fin último del incidente de desacato no es la sanción sino lograr el cumplimiento del fallo; sino porque, precisamente, al rehusarse la entidad a acatar la orden judicial y persistir en la vulneración de los derechos fundamentales del actor, el Juez Constitucional está en el deber de imponer la sanción para persuadir a la demandada a cumplir, en ejercicio del poder disciplinario del Juez Constitucional [...]” (Resaltado de la Sala).

En resumen, la finalidad de la imposición de la sanción cuando se ha verificado el incumplimiento de la orden judicial, es la de lograr la eficacia de ésta, para la protección cabal de los derechos protegidos.

El grado jurisdiccional de consulta

Al estudiar la constitucionalidad de la norma que establece el incidente de desacato en accione