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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero Ponente: GUILLERMO SÁNCHEZ LUQUE

Bogotá D.C., diecinueve (19) de octubre de dos mil veintidós (2022) Radicación número: 08001-23-31-000-2000-00525-01 (40206)

Demandante: ORLANDO ESCORCIA VALDERMAR Y OTRO

Demandado: NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, POLICÍA

NACIONAL Referencia: REPARACIÓN DIRECTA REPOSICIÓN-Procedencia contra el auto que declara falta de competencia funcional y rechaza los recursos de apelación. NULIDAD POR FALTA DE COMPETENCIA FUNCIONAL-La segunda instancia es nula si el proceso es de única instancia. RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO EN VIGENCIA DE LA LEY 1395 DE 2010EI proceso era de única instancia ante el tribunal y no debía remitirse a los juzgados administrativos si entró para fallo de única instancia antes de la entrada en funcionamiento de los jueces administrativos. LEY PROCESAL-Es de derecho y orden público. SÚPLICA-Improcedencia contra los autos interlocutorios proferidos en Sala.

El 21 de marzo de 2000, Orlando Escorcia Valdemar y Ruth Valdemar interpusieron demanda de reparación directa en contra de la Nación-Ministerio de Defensa, Policía Nacional por los daños causados en un allanamiento a su casa, sin orden judicial. Solicitaron 5000 gramos oro para Orlando Escorcia y 3000 gramos oro para

demanda de reparación directa en contra de la Nación-Ministerio de Defensa, Policía Nacional por los daños causados en un allanamiento a su casa, sin orden judicial. Solicitaron 5000 gramos oro para Orlando Escorcia y 3000 gramos oro para Ruth Valdemar por perjuicios morales. Además, solicitaron $100.000.000 para Orlando Escorcia y $80.000.000 para Ruth Valdemar, por perjuicios materiales. El 8 de mayo de 2006, el proceso ingresó al despacho para fallo, en primera instancia. El 22 de julio de 2010, el Tribunal Administrativo del Atlántico, en la sentencia, accedió parcialmente a las pretensiones. El 20 y 26 de agosto de 201 O, las partes interpusieron recurso de apelación, que fueron concedidos el 13 de octubre siguiente y admitidos el 3 de febrero de 2011. El 21 de febrero de 2011, el Ministerio Público interpuso recurso de reposición contra el auto que admitió los recursos de apelación, porque el proceso era de única instancia. El 1 O de marzo de 2011, el magistrado ponente confirmó el auto admisorio. Consideró que, como los recursos se interpusieron en vigencia de la Ley 1395 de 201 O, la cuantía debía determinarse con la suma de todas las pretensiones de la demanda y no la pretensión mayor. El 30 de marzo de 2011 se corrió traslado para alegar de conclusión. El 1 deExpediente n·. 40.206

Demandante: Orlando Escorcia Valdemar y otro Confirma auto y niega súplica diciembre de 2021, la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado:

(i) declaró la nulidad de todo lo actuado a partir de auto admisorio de los recursos

Confirma auto y niega súplica diciembre de 2021, la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado: (i) declaró la nulidad de todo lo actuado a partir de auto admisorio de los recursos de apelación por falta de competencia funcional; (ii) rechazó los recursos de apelación por improcedentes y (iii) declaró que la sentencia de primera instancia se encontraba en firme. La parte demandante interpuso recurso de reposición y en subsidio de súplica contra ese auto. Sostuvo que el proceso inició y se tramitó como un proceso de doble instancia y los recursos de apelación fueron interpuestos en vigencia de la Ley 1395 de 2010, por ello, el Consejo de Estado es competente para conocer los recursos de apelación interpuestos. Afirmó que la decisión vulneraba el principio de prevalencia del derecho sustancial.

1. La Sala es competente para proferir este auto, de conformidad con el artículo 180

CCA, que prevé que el recurso de reposición procede contra los autos interlocutorios que dicta la Sala, cuando no sean susceptibles de apelación.

2. El artículo 40 de la Ley 153 de 1887, vigente al momento en que se tramitó y decidió el proceso, establecía que las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecían sobre las anteriores, desde el momento en que empezaran a regir, pero que los términos que hubieren empezado a correr y las actuaciones y diligencias que ya estuvieren iniciadas, se regirían por la ley vigente al tiempo de su iniciación. Las normas procesales, no obstante, pueden establecer reglas de transición propias, que determinen el momento a partir del cual entran a regir.

actuaciones y diligencias que ya estuvieren iniciadas, se regirían por la ley vigente al tiempo de su iniciación. Las normas procesales, no obstante, pueden establecer reglas de transición propias, que determinen el momento a partir del cual entran a regir. La Ley 446 de 1998, que creó los juzgados administrativos, previó que estos conocerían en primera instancia los procesos de reparación directa cuya cuantía no excediera los 500 SMLMV (artículo 42.6). Como regla de transición, dispuso que los procesos de única instancia que estuvieran en curso y que hubieran entrado al despacho para sentencia no serían modificados por las nuevas reglas de competencia. Mientras entraban en operación de los juzgados administrativos, la Ley 954 de 2005 fijó reglas especiales de competencia. Según el artículo 1, los tribunales administrativos conocerían en única instancia los procesos de reparación directa ......

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3 Expediente nº. 40.206

Demandante: Orlando Escorcia Valdemar y otro Confirma auto y niega súplica cuya cuantía no superara los 500 SMLMV que no hubieran entrado al despacho para fallo para ese momento. De modo que, a partir de la entrada en vigencia de esa norma - esto es el 28 de abril de 2005 - los procesos cuya cuantía no superara 500 SMLMV quedarían como procesos de única instancia, pues no habían entrado en funcionamiento los juzgados administrativos creados mediante la Ley 446 de

1998. El 1 de agosto de 2006, con la entrada en operación de los juzgados administrativos,

500 SMLMV quedarían como procesos de única instancia, pues no habían entrado en funcionamiento los juzgados administrativos creados mediante la Ley 446 de 1998. El 1 de agosto de 2006, con la entrada en operación de los juzgados administrativos, entró a regir en la Ley 446 de 1998 en materia de competencia. No obstante, de conformidad con el artículo 164, los procesos de única instancia que estuvieran en curso en esa fecha y que hubieran entrado al despacho para fallo, no debían ser remitidos a esos juzgados administrativos.

3. Según el recurrente, como el proceso inició y se tramitó como un proceso de doble instancia y los recursos de apelación fueron interpuestos en vigencia de la Ley 1395 de 2010, el Consejo de Estado es competente para estudiar esos recursos.

La demanda se interpuso en vigencia del artículo 132 CCA, modificado por el artículo 2 del Decreto 597 de 1988, que establecía que los tribunales administrativos eran competentes en primera instancia para conocer los procesos de reparación directa, cuya cuantía excediera $3.500.000. Según el artículo 20 CPC, aplicable por remisión expresa del artículo 267 CCA, la cuantía se determinaba por el valor de la pretensión mayor. Como la pretensión mayor era $100.000.000, superaba la cuantía, esto es, $26.390.0001, por ello, era competente el Tribunal Administrativo de Atlántico para decidir, en primera instancia. Con la entrada en vigencia de la Ley 954 de 2005, el proceso quedó de única instancia, pues la pretensión mayor -$100.000.000no superaba los 500 SMLMV de la época en la que se presentó la demanda (art. 20.2 CPC). Como el proceso

instancia, pues la pretensión mayor -$100.000.000no superaba los 500 SMLMV de la época en la que se presentó la demanda (art. 20.2 CPC). Como el proceso ingresó para fallo el 8 de mayo de 2006, esto es, antes del 1 de agosto de ese año cuando entró a regir la Ley 446 de 1998 en materia de competencia tampoco debía 1 Suma que corresponde a la actualización de los $3'500.000 previstos por el numeral 1 O del artículo 131 CCA modificado por el articulo 2 del Decreto 597 de 1988. 'Expedientenº. 40.206

Demandante: Orlando Escorcia Valdemar y otro Confirma auto y niega súplica enviarse a los juzgados administrativos (inciso 3 artículo 164 Ley 446 de 1998). De ahí que el proceso fuera un proceso de única instancia, contra el que no procedía recurso de apelación. La competencia, además, no se alteró porque los recursos se hubieran interpuesto en vigencia del artículo 3 de la Ley 1395 de 201 O, pues el proceso ingresó para fallo antes de que esa norma empezara a regir, por lo que era aplicable lo dispuesto en el artículo 164 de la Ley 446 de 1998.

De manera que, como el proceso era de única instancia ante el Tribunal Administrativo del Atlántico, el Consejo de Estado no era competente para admitir y tramitar los recursos de apelación interpuestos. Por ello, era procedente declarar la nulidad de todo lo actuado a partir de auto admisorio de los recursos de apelación, por falta de competencia funcional (arts. 13, 140.2., 144, 145 y 146 CPC) y que la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico se encontraba en

por falta de competencia funcional (arts. 13, 140.2., 144, 145 y 146 CPC) y que la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico se encontraba en firme, dada la naturaleza de única instancia del proceso.

4. El artículo 6 CPC prescribe que las normas procesales son de derecho público y orden público y, por consiguiente, de obligatorio cumplimiento. Dispone que, en ningún caso, podrán ser derogadas, modificadas o sustituidas por los funcionarios o particulares, salvo autorización expresa de la ley.

El recurrente adujo que la decisión vulnera el principio de prevalencia del derecho sustancial. Según las normas procesales, el proceso era de única instancia, por ello, el Consejo de Estado no es competente para admitir y tramitar los recursos de apelación. Como el juez debe aplicar estas disposiciones de derecho y orden público (art. 230 CN), la Sala conf,irmará el auto recurrido.

5. El artículo 183 CCA establece que el recurso ordinario de súplica procede en todas las instancias contra los autos interlocutorios proferidos por el ponente. Como el auto del 1 de diciembre de 2021 fue proferido por la Sala de la Subsección C del Consejo de Estado, el recurso de súplica es improcedente.

RESUELVE PRIMERO: CONFÍRMASE el auto del 1 de diciembre de 2021.,-.-------•--••-_, • ..,.,..,_,. __ fi ?rt rnmz:Je'iJt,.fi-•-..,.,.,.,._ __ .__,. _ _, ___________ _ Expediente n•. 40.206

Demandante: Orlando Escorcia Valdemar y otro Confirma auto y niega súplica SEGUNDO: NIÉGASE el recurso de súplica por improcedente.

Expediente n•. 40.206

Demandante: Orlando Escorcia Valdemar y otro Confirma auto y niega súplica SEGUNDO: NIÉGASE el recurso de súplica por improcedente.

TERCERO: En firme este auto, devuélvase el expediente al Tribunal.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE FGC/HDN fifi­N

Ft"f"fi GUILLEfi SANCHE UQUE