CE - 012331000200100230011SENTENCIA20231124183208

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata

Bogotá D.C., 19 de octubre de 2023

Radicación número: 540012331000200100230 01(55690) Acumulado con 540012331000200101258 01

Actor: Aneth Vega Rizo y otros

Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional y Ejército Nacional Referencia: Reparación directa (Decreto 1 de 1984)

Temas: muerte de civil durante masacre llevada a cabo por terceros – responsabilidad del Estado por participación activa de miembros de la fuerza pública en los hechos .

Síntesis del caso: la víctima fue asesinada durante una toma por parte de paramilitares en el corregimiento de La Gabarra. Se estableció que, para la ejecución de la masacre, las personas al margen de la ley contaron con la colaboración de miembros de la fuerza pública.

Decide la Sa la los recursos de apelación interpuesto s por las partes , en contra de la Sentencia proferida el 14 de noviembre de 2014 por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander , mediante el cual accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

La Sala es competente para proferir esta providencia según el artículo 129 del CCA, porque resuelve un recurso de apelación interpuesto contra una sentencia proferida por un tribunal administrativo. El tribunal era competente

parcialmente a las pretensiones de la demanda.

La Sala es competente para proferir esta providencia según el artículo 129 del CCA, porque resuelve un recurso de apelación interpuesto contra una sentencia proferida por un tribunal administrativo. El tribunal era competente para conocer el proceso en primera in stancia por su cuantía, según el numeral 6 del artículo 132 del mismo Código.

Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.

1. ANTECEDENTES

Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante y trámite relevante en primera instancia 1.2. Posición de la parte demandada 1.3. Sentencia de primera instancia 1.4. Recurso de apelación.Radicación número: 540012331000200100230 01(55690) Acumulado con 540012331000200101258 00

Actor: Aneth Vega Rizo y otros Demandado: Nación – Min Defensa – Ejército Nacional y otro Referencia: Acción de reparación directa

Decisión: Modifica Sentencia – Accede

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1.1. Posición de la parte demandante y trámite relevante en primera instancia

1. El 23 de febrero de 2001, Aneth Vega Rizo y otros1 demandaron a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional y Ejército Nacional2, con el fin de que se hiciera la siguiente declaración (se trascribe):

“1. Declárese responsable a la Nación, Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional y Policía Nacional, de la totalidad de perjuicios morales, de vida en relación y materiales (patrimoniales), que han venido padeciendo mis representados en este

“1. Declárese responsable a la Nación, Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional y Policía Nacional, de la totalidad de perjuicios morales, de vida en relación y materiales (patrimoniales), que han venido padeciendo mis representados en este proceso, como consecuencia del homicidio de que fue víctima JOSE JOAQUIN LOSADA ESPINOSA, compañero permanente, padre, hijo, hermano y allegado de mis poderdantes; deceso violento ocurrido el 21 de agosto de 1999 en el corregimiento de La Gabarra, municipio de Tibú , departamento de Norte de Santander; conducta antijurídica de la que es respo nsable un grupo armado que actuó con el apoyo y complicidad de miembros del Ejército Nacional y la Policía Nacional o, que mínimamente, fue favorecido por las omisiones en el cum plimiento de los deberes constitucionales y legales en las que incurrieron tanto efectivos del Ejército como de la Policía Nacional".

2. Como consecuencia de lo anterior, pidi eron que se reconocieran y

repararan los siguientes perjuicios:

Perjuicio Demandante Parentesco Monto Lucro cesante Aneth Vega Rizo Compañera permanente $288.000.000 José Joaquín Losada Vega Hijo $138.000.000 Daño emergente Esteban Losada Bautista Padre $3.000.000 Todos los demandantes $500.000 a cada uno Perjuicios Morales Aneth Vega Rizo Compañera permanente 10000 smlmv José Joaquín Losada Vega Hijo 10000 smlmv Marina Espinosa Rivera Madre 10000 smlmv Esteban Losada Bautista Padre 10000 smlmv

Morales Aneth Vega Rizo Compañera permanente 10000 smlmv José Joaquín Losada Vega Hijo 10000 smlmv Marina Espinosa Rivera Madre 10000 smlmv Esteban Losada Bautista Padre 10000 smlmv Ildeneber Losada Espinosa Hermano 5000 smlmv Luz Mari Losada espinosa Hermana 5000 smlmv Herminso Pacheco Tercero interesado – convivía con la familia 5000 smlmv Alteración en las condiciones de existencia Aneth Vega Rizo Compañera permanente $300.000.000 José Joaquín Losada Vega Hijo $300.000.000 Marina Espinosa Rivera Madre $300.000.000 Esteban Losada Bautista Padre $300.000.000

3. El 2 1 de agosto de 2001, el abogado Tito Augusto Gaitán Crespo, presentó demanda como agente oficioso de los menores Andrea del Pilar Losada Vidal y Carlos Andrés Losada Vidal 3 en contra de la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional y Ejército Nacional 4, con el fin de que se hiciera la siguiente declaración (se trascribe):

“1. Declárese responsable a la Nación, Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional y Policía Nacional, de la totalidad de perjuicios morales, de vida en relación y materiales (patrimoniales), que han venido padeciendo mis representados en este proceso, como consecuencia del homicidio de que fue víctima JOSE JOAQUIN LOSADA ESPINOSA, padre de mis representados; deceso violento ocurrido el 21 de

1 Aneth Vega Rizo, quien actuó en nombre propio y en representación de su menor hijo José Joaquín Losada Vega;

LOSADA ESPINOSA, padre de mis representados; deceso violento ocurrido el 21 de

1 Aneth Vega Rizo, quien actuó en nombre propio y en representación de su menor hijo José Joaquín Losada Vega; Esteban Losada Bautista, Marina Espinosa Rivera, Ildeneber Losada Espinosa, Luz Mari Losada Espinosa y Hermiso Pacheco. 2 Folios 7 a 26 del cuaderno 3. 3 Una vez iniciado el proceso, la señora Esther Ubaldina Palma Maldonado, en calidad de abuela y guardadora de Andrea del Pilar y Carlos Andrés Losada, nombrada por el Juzgado Primero de Familia de Santa Marta, confirió poder a ese abogado par a que representara a los menores (Folios 44 a 53 del cuaderno 1). El 6 de febrero de 2008, el Tribunal Administrativo de Norte de Santander reconoció al abogado Tito Augusto Gaitán Crespo como apoderado judicial de los mencionados menores (Folio 54 del cuaderno 1). 4 Folios 3 a 18 del cuaderno 1.Radicación número: 540012331000200100230 01(55690) Acumulado con 540012331000200101258 00

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agosto de 1999 en el corregimiento de La Gabarra, municipio de Tibú, departamento de Norte de Santander; conducta antijurídica de la que es responsable un grupo armado que actúo con el apoyo y complicidad de miembros del Ejército Nacional y

agosto de 1999 en el corregimiento de La Gabarra, municipio de Tibú, departamento de Norte de Santander; conducta antijurídica de la que es responsable un grupo armado que actúo con el apoyo y complicidad de miembros del Ejército Nacional y la Policía Nacional o, que mínimamente, fue favorecido por las omisiones en el cumplimiento de los deberes constitucionales y le gales en los que incurrieron tanto efectivos del Ejército como de la Policía Nacional".

4. Como consecuencia de lo anterior, pidieron que se reconocieran y

pagaran los siguientes perjuicios:

Perjuicio Demandante Parentesco Monto Lucro cesante Andrea del Pilar Losada Vidal Hija $58.500.000 Carlos Andrés Losada Vidal Hijo $68.700.000 Daño emergente Andrea del Pilar Losada Vidal Hija $500.000 Carlos Andrés Losada Vidal Hijo $500.000 Perjuicios Morales Andrea del Pilar Losada Vidal Hija 10000 smlmv Carlos Andrés Losada Vidal Hijo 10000 smlmv Alteración en las condiciones de existencia Andrea del Pilar Losada Vidal Hija $300.000.000 Carlos Andrés Losada Vidal Hijo $300.000.000

5. Mediante Auto de 9 de junio de 2011 5, el Tribunal Administrativo de Norte de Santander decretó la acumulación del expediente con radicado 540012331000200101258006 al 540012331000200100230007.

6. Según las demandas, en el año 1999, el jefe paramilitar Carlos Castaño anunció públicamente una arremetida contra la región del Catatumbo. El 29 de mayo de ese año, se presentó un prime r intento de ingreso al

6. Según las demandas, en el año 1999, el jefe paramilitar Carlos Castaño anunció públicamente una arremetida contra la región del Catatumbo. El 29 de mayo de ese año, se presentó un prime r intento de ingreso al corregimiento de La Gabarra [en adelante, La Gabarra o el corregimiento] por parte de los paramilitares. Ante esa situación, una comisión interinstitucional visitó el municipio de Tibú para verificar la situación , conminó a las fuerzas armadas y de policía a adoptar medidas de prevención contra ataques a los corregimiento s amenazados. El Ejército Nacional dispuso la instalación permanente de miembros del Batallón de Contraguerrillas “Héroes de Saraguro” en La Gabarra.

7. A pesar de lo anterior, el 17 de julio de 1999, paramilitares incursionaron en el municipio de Tibú sin ningún tipo de resistencia por parte de los miembros de la Policía, ni del Ejército Nacional, y masacraron a 13 personas.

El 11 de agosto siguiente, la Asociación para la Promoción Social “Minga” solicitó al Ministerio de Defensa y comandantes de fuerzas militares y de policía que protegieran a las personas de las zonas amena zadas, especialmente de La Gabarra. Sin embargo, las acciones armadas de los paramilitares continuaron, sin control por parte de la fuerza pública.

8. El 21 de agosto de 1999, las unidades militares de la base de La Gabarrra hicieron presencia y ejercieron control rutinario en el lugar, pero, a las 8:00 p.m. se retiraron y se concentraron en la base. A las 8:30 p.m., hombres armados y uniformados llegaron a la cabecera de La Gabarra ,

Gabarrra hicieron presencia y ejercieron control rutinario en el lugar, pero, a las 8:00 p.m. se retiraron y se concentraron en la base. A las 8:30 p.m., hombres armados y uniformados llegaron a la cabecera de La Gabarra , recorrieron las calles, establecimientos y casas del corregimiento, intimidaron a la población, robaron pertenencias y asesinaron a más de 20

5 Folios 386 y 387 del cuaderno 2. 6 En el que fungieron como demandantes Andrea del Pilar Losada Vidal y Carlos Andrés Losada Vidal. 7 En el que demandaron Aneth Vega Rizo y otros.Radicación número: 540012331000200100230 01(55690) Acumulado con 540012331000200101258 00

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personas, entre ellas, José Joaquín Losada Espinoza , quien murió producto de varios impactos con munición de arma de fuego, mientras se encontraba en el Hotel del Río.

1.2. Posición de la parte demandada

9. La Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional contestó las demandas8. Se opuso a la prosperidad de las pretensiones porque ningún miembro al servicio de la entidad participó en la comisión de los hechos objeto de la demanda. Señaló que, no se acreditó una falla en el servicio que hubiera sido causante del daño alegado , pues los hechos fueron llevados a cabo por terceros ajenos a las instituciones y expuso la relatividad

objeto de la demanda. Señaló que, no se acreditó una falla en el servicio que hubiera sido causante del daño alegado , pues los hechos fueron llevados a cabo por terceros ajenos a las instituciones y expuso la relatividad de la falla en el servicio . Formuló como excepción la falta de legitimación pasiva en la causa porque los hechos fueron causados por grupos armados al margen de la ley.

10. La Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional contestó la demanda en el expediente 2001-12589. Expuso que no era p osible endilgar responsabilidad a la demandada en el presente evento porque el daño lo ocasionó un tercero, lo cual rompió el vínculo causal. No se puede exigir a la entidad la protección irrestricta de las personas, máxime cuando no se han puesto en conocimiento de las autoridades sus circunstancias de riesgo.

1.3. Sentencia de primera instancia

11. Mediante Sentencia de 14 de noviembre de 2014 10, el Tribunal Administrativo de Norte de Santander accedió parcialmente a las pretensiones de la dema nda. Declaró la responsabilidad del Ejercito Nacional y la Policía Nacional por los perjuicios causados con la muerte violenta de José Joaquín Losada Espinoza , el 21 de agosto de 1999, en el corregimiento de La Gabarra, en Tibú, Norte de Santander.

12. Consideró que el Ejército Nacional debía responder por el daño , porque sus agentes fallaron al deber que tenía de proteger a las personas y, por el contrario, permiti eron deliberadamente que grupos al margen de la ley masacraran a la población indefensa de La Gabarra. Por su parte, la Policía Nacional omitió su deber de protección porque no envió miembros

por el contrario, permiti eron deliberadamente que grupos al margen de la ley masacraran a la población indefensa de La Gabarra. Por su parte, la Policía Nacional omitió su deber de protección porque no envió miembros de la institución al corregimiento, con el fin de que combatiera la situación de emergencia previsible y anunciada que vivieron los pobladores. De estas actuaciones extrajo la connivencia de las autoridades con grupos paramilitares en los hechos en que murió José Joaquín Lozada Espinosa.

13. Condenó al pago de 300 smlmv para los hijos (3) y padres de la víctima y 150 para sus hermanos por concepto de perjuicios morales. Por lucro cesante consolidado ordenó el pago de $51.087.009 para cada uno de los hijos y, liquidó el lucro cesante futuro sobre el salario mínimo hasta que cada

8 Folios 55 a 60 del C.1. y 48 a 54 del C.3. 9 Folios 68 a 72 del C.1. 10 Folios 470 a 492 del cuaderno principal.Radicación número: 540012331000200100230 01(55690) Acumulado con 540012331000200101258 00

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uno de los hijos cumpliera 25 años ($13.100.475 a José Joaquín Losada Vega, $3.345.034 para Andrea del Pilar Lozada Vidal y $7.791.845 para Carlos Andrés Lozada Vidal). Ordenó, como medidas de reparación no pecuniaria

$3.345.034 para Andrea del Pilar Lozada Vidal y $7.791.845 para Carlos Andrés Lozada Vidal). Ordenó, como medidas de reparación no pecuniaria por la violación a los derechos huma nos de que fue víctima José Joaquín Lozada Espinosa, una declaración oficial en que se informara que la muerte del señor Losada Espinosa ocurrió como consecuencia de omisiones de la fuerza pública; que se divulgara este fallo en los batallones y brigadas d el Ejército Nacional, así como en su página web; y que, en ceremonia se presentaran excusas a los familiares de la víctima.

1.4. Recursos de apelación y trámite relevante en segunda instancia

14. La parte demandante , en su recurso de apelación, expuso su inconformidad con la denegación de algunas pretensiones11. Adujo que no se debió excluir como perjudicada a Aneth Vega Rizo quien acreditó que era la compañera permanente de la víctima directa al momento de su deceso. Adujo que existía un indicio porque el hijo en común de la demandante y la víctima, al momento del deceso tenía menos de 3 años.

Aneth Vega, en la declaración juramentada ante la Fiscalía expuso que convivía con José Joaquín Losada desde hacía más de 5 años, también, la Agencia para la Acción Social certificó que era la compañera permanente de la víctima, por lo que la declaró beneficiaria de una reparación administrativa.

15. La prueba más importante del vínculo eran los testimonios de José Eduardo Rodríguez Vera y Marco Fidel Cuéllar Reyes, los cuales fueron solicitados, pero, por causas atribuibles a la demora en las actuaciones

administrativa.

15. La prueba más importante del vínculo eran los testimonios de José Eduardo Rodríguez Vera y Marco Fidel Cuéllar Reyes, los cuales fueron solicitados, pero, por causas atribuibles a la demora en las actuaciones judiciales, al momento de la práctica de la prueba “ habían sido afectados por la crisis humanitaria que conmovió a Cúcuta: uno fue victimizado de manera gravísima, y el otro forzado a migrar, lo que impidió que atendieran el llamado de la judicatura”.

16. También expuso su inconformidad con la negación del daño a la salud causado a los hijos de la víctima, porque si bien no se solicitaron esos perjuicios en la demanda, se pidió el daño a la vida de relación y, lo pedido por esa tipología se adecúa al daño a la salud y, a los entonces menores, se les causó un grave daño en su desarrollo psicológico y emocional, mismo que se ha incrementado con el paso del tiempo.

17. La Policía Nacional solicitó la revocatoria del fallo de primera instancia y que se le absolviera de responsabilidad12. Manifestó que no había prueba de su responsabilidad porque la muerte de la víctima se produjo por actos de un grupo al margen de la ley y, por ende, se configuró el hecho exclusivo de un tercero. Que, por los mismos hechos, ya el Tribunal de Norte de Santander había exonerado de responsabilidad a esa entidad.

11 Folios 514 a 524 del cuaderno principal. 12 Folios 495 a 506 del cuaderno principal.Radicación número: 540012331000200100230 01(55690) Acumulado con 540012331000200101258 00

Actor: Aneth Vega Rizo y otros

12 Folios 495 a 506 del cuaderno principal.Radicación número: 540012331000200100230 01(55690) Acumulado con 540012331000200101258 00

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18. De otra parte, sostuvo que las obligaciones de protección de la población eran de medio, el Tribunal debió valorar que la fuerza pública en esa zona se enfrentaba a constantes ataques por grupos al margen de la ley y, a pesar de ello, hacía lo que estaba a su alcance para evitar ese tipo de acciones. En tal sentido, no se demostró responsabilidad de la policía, ni por acción, ni por omisión y, consecuentemente, solicitó que se revocara la decisión y se le exonerara de responsabilidad.

19. El Ejército Nacional solicitó que se revocara la decisión13. Señaló que, contrario a lo concluido por la primera instancia, se logró establecer que se trató del hecho de un tercero que rompió la causalidad y, por ende, no había lugar a imputar responsabilidad al Estado. Adujo que al Ejército no le correspondía brindar protección individualizada a particulares y no ha bía lugar a responsabilidad objetiva.

20. También expuso inconformidad con el monto de los perjuicios morales, ya que excedieron los lineamientos planteados por el Consejo de Estado, así como frente al hecho de que se homologara el perjuicio por alteración a las condiciones de existencia si se trataba de un fallecido.

2. CONSIDERACIONES

ya que excedieron los lineamientos planteados por el Consejo de Estado, así como frente al hecho de que se homologara el perjuicio por alteración a las condiciones de existencia si se trataba de un fallecido.

2. CONSIDERACIONES Contenido: 2.1. Exposición del caso y decisión de la Sala; 2.2. Análisis sustantivo ; 2. 3.

Perjuicios; 2.4. Costas. 2.1 Exposición del caso y decisión de la Sala

21. La Sala encuentra que l as acciones se ejercieron en tiempo 14 y satisfacen los presupuestos procesales para decidir de fondo. La decisión de primera instancia será confirmada, de manera parcial, porque se encuentran demostrados los elementos que configuran la responsabilidad patrimonial del Estado por los hechos en que falleció José Joaquín Lozada Espinosa. Se incluirá en los beneficiarios de la condena a Aneth Vega Rizo porque las pruebas allegadas al expediente permiten establecer su calidad de afectada y, finalmente, se modificará lo referente al reconocimiento de perjuicios.

2.2. Análisis sustantivo

22. De conformidad con la materia de los recursos de apelación, el orden de las consideraciones que motivan esta decisión será el siguiente: Primero, se definirá el daño acreditado, luego se establecerá la causalidad entre ese daño y la falla en el servicio que hace imputable la responsabilidad por estos hechos a las entidades demandadas, derivada de la participación activa en ellos. Finalment e, se revisarán los perjuicios materiales reconocidos en primera instancia por la muerte de José Joaquín Lozada Espinosa.

2.2.1. El daño

13 Folios 525 a 528 del cuaderno principal.

en ellos. Finalment e, se revisarán los perjuicios materiales reconocidos en primera instancia por la muerte de José Joaquín Lozada Espinosa.

2.2.1. El daño

13 Folios 525 a 528 del cuaderno principal. 14 Los hechos en que falleció José Joaquín Lozada Espinosa ocurrieron el 21 de agosto de 1999 y las demandas se presentaron el 23 de febrero y el 21 de agosto de 2001.Radicación número: 540012331000200100230 01(55690) Acumulado con 540012331000200101258 00

Actor: Aneth Vega Rizo y otros Demandado: Nación – Min Defensa – Ejército Nacional y otro Referencia: Acción de reparación directa

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23. Está acreditado que José Joaquín Lozada Espinosa falleció el 21 de agosto de 1999 en el corregimiento de La Gabarra, del municipio de Tibú, Norte de Santander. La muerte ocurrió como consecuencia de impactos de munición de arma de fuego15. 2.2.2. La participación de las entidades demandadas en la producción del daño

24. La muerte de José Joaquín Lozada Espinosa se produjo como consecuencia de una incursión de grupos de autodefensas al corregimiento de La Gabarra 16. De acuerdo con las p ruebas allegadas al expediente se estableció que las acciones de ese grupo armado al margen de la ley eran previsibles para las entidades dema ndadas pues, desde tiempo antes, las autodefensas se establecieron en el sector de La Gabarra , ya habían perpetrado acciones violentas contra los pobladores , y desde ese lugar

previsibles para las entidades dema ndadas pues, desde tiempo antes, las autodefensas se establecieron en el sector de La Gabarra , ya habían perpetrado acciones violentas contra los pobladores , y desde ese lugar adelantaban sus operaciones. Se acreditó también que, esa presencia de los miembros del grupo al margen de la ley fue conocida por autoridades como la gobernación de Norte de Santander 17, el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Defensoría del Pueblo de Norte de Santander, el Ministerio del Interior, la Policía y el Ejército Nacional 18, sin que se garantizara presencia institucional permanente en el lugar 19. Además, el 16 de junio de 1999, el comité coordinador de las comunidades desplazadas del Catatumbo remitió un comunicado a la Presidencia de la República, con copia a

15 Así se acreditó con el acta de inspección judicial con levantamiento de cadáver (Folios 125 a 127 CP. 1) junto con el álbum fotográfico 748 en folios 54 y 55 (Folios 179 y 180 CP.1). Además de la copia del registro civil de defunción y el certificado de defunción aportados (Folios 21, 22 y 129 del cuaderno 1). 16 Así lo informó el Ejército Nac ional mediante comunicado de 22 de agosto de 1999, en el que se consignó erróneamente el apellido como Lozano (Folios 283 y 284 del cuaderno 31). Igualmente, en el oficio allegado por el Ejército Nacional el 5 de noviembre de 2008, informó que José Joaquín Lozada Espinosa fue asesinado por un

el Ejército Nacional el 5 de noviembre de 2008, informó que José Joaquín Lozada Espinosa fue asesinado por un grupo de autodefensas el 21 de agosto de 1999 en el casco urbano del corregimiento de La gabarra (Folios 99 y 100 del cuaderno 1). En el mismo sentido se evidencian los informes y denuncia presentados por el comandante del Batallón de Contraguerrillas 46 y el comandante de la Quinta Brigada del Ejército Nacional (Folios 361 a 371 del cuaderno 2 y 50 a 52 del cuaderno 31) y el Informe de la comisión interinstitucional que visitó La Gabarra, de 24 de agosto de 1999 (Folios 64 a 68 del cuaderno 3). 17 De acuerdo con oficios de 26 de agosto y 2 de septiembre de 1999, suscrito por el gobernador encargado de Norte de Santander, “Durante los meses de junio y julio del año en curso, se produjo en los corregimientos de LA GABARRA y de CAMPO DOS una de las masacres que se pueden calificar dentro del Derecho Internacional Humanitario, como delito de "lesa humanidad", lo cual ameritó que el doctor Andrés Pastrana Arango Presidente de la República, se desplazara a la capital de éste Departamento y presidiera el Consejo de Seguridad Nacional, el día 19 de agosto, en el cual se estimó la adopción de medidas de protección ante las constantes arremetidas de los grupos alzados en armas y, para el caso subexamine por parte de las denominadas Autodefensas Unidas de Colombia, como ya se confirmó, y quienes sin el mínimo respeto por la vida humana ajusticiaron a labriegos y

de los grupos alzados en armas y, para el caso subexamine por parte de las denominadas Autodefensas Unidas de Colombia, como ya se confirmó, y quienes sin el mínimo respeto por la vida humana ajusticiaron a labriegos y campesinos de la región, bajo el pretexto de "ser colaboradores de la guerrilla"” (Folios 69, 70, 76 y 77 del cuaderno 3). Esta información se corrobora también en oficio 14869 de 9 de junio de 1999 (Folios 37 y 38 del cuaderno 5). 18 En oficio de 8 de junio de 1999, del comando general de las Fuerzas Militares, se informó a la Viceministra de América y Soberanía Territorial de la situación en el corregimiento de La Gabarra. Allí se indicó que se habían presentado diferentes acciones ilícitas por parte de grupos armados al margen de la ley, entre 24 de marzo y 5 de junio de 1999, entre ellas, “la muerte de 7 personas y la desaparición de otras 30, en el área de Tibú y La Gabarra (N.S.)”, así como el desplazamiento de más de 2000 persona s de ese sector hacia Venezuela, que fueron deportadas por las autoridades de ese país (Folios 27 a 29 del cuaderno 5). A partir del 1° y hasta el 8 de junio de 1999, el alcalde de Tibú decretó toque de queda a partir de las 9 de la noche en la comprensión municipal del pueblo, en atención a la delicada situación de orden público y, dispuso que las autoridades militares y de policía velarían por el cumplimiento de lo dispuesto para garantizar la seguridad de la población (Folios 60 a 66 del cuaderno 40).

autoridades militares y de policía velarían por el cumplimiento de lo dispuesto para garantizar la seguridad de la población (Folios 60 a 66 del cuaderno 40). 19 En los cuadernos 5 y 6 se evidencian oficios con cruce de información entre las mencionadas autoridades, en los cuáles se establece claramente que estaban plenamente enteradas de la situación que padecían los habitantes de La Gabarra. Además, a folios 117 y 118 del cuaderno 10 se evidencia que el vicepresidente de la República de esa época comunicó al Ministerio de Defensa sobre la presencia de autodefensas en la vereda la Vetas y la aparente participación de miembros de la fuerza pública en los hechos pues , a pesar de estar acantonados 300 soldados en el casco urbano de La Gabarra, no se tomaban acciones para enfrentar a dicho grupo, que se encontraba a tan solo 17 kilómetros.Radicación número: 540012331000200100230 01(55690) Acumulado con 540012331000200101258 00

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diferentes autoridades, en el que informó de los ataques y amenazas de que habían sido objeto hasta ese momento. Al respecto señalaron (se trascribe):

“Desde finales del mes de Mayo hemos sido víctimas de las acciones de terror y muerte realizadas por grupos paramilitares, dejando un saldo trágico de asesinatos y desapariciones de la población civil indefensa. Esta grave situación unida a la amenaza de realizar masacres contra varias comunidades de la región, generó un

muerte realizadas por grupos paramilitares, dejando un saldo trágico de asesinatos y desapariciones de la población civil indefensa. Esta grave situación unida a la amenaza de realizar masacres contra varias comunidades de la región, generó un desplazamiento masivo de población hacia otros luga res del departamento y a más de 3.000 personas a tener que buscar refugio y protección en el vecino país de Venezuela, para salvar nuestras vidas.

Desafortunadamente, señor Presidente, tuvimos que pedir amparo a las autoridades venezolanas, porque en ningún momento sentimos la voluntad de acción de la Fuerza Pública de Colombia, para evitar las incursiones de estos grupos y sus ataques contra la población civil desamparada. Por el contrario testigos directos que sufrieron en carne propia estos ataques y vi eron con sus ojos como asesinaban, detenían y desaparecían personas en el retén paramilitar del 29 de mayo, no se explican cómo estos grupos actuaban sin que las autoridades hicieran algo por repeler estas acciones.

Así mismo, las comunidades tampoco nos explicamos cómo los grupos paramilitares se desplazaron en camiones y atravesaron como Pedro por su caso por lugares donde permanentemente se ubican retenes militares y policiales y menos aún, que no se tomaron medidas p reventivas por parte de la Fuerza Pública, cuando el jefe paramilitar Carlos Castaño había anunciado desde tiempo atrás, que se tomaría el Catatumbo a como diera lugar. (…) Sin embargo, nos ha preocupado mucho el tratamiento que ha dado el gobierno colombiano a nuestra situación. El pasado viernes los refugiados que