CE - 012331000200101533021SENTENCIA20231120090548

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., diecisiete (17) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

CONSEJERO PONENTE: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho

Radicación: No. 54001233100020010153302

Demandante: Víctor Jorge Sánchez Albarracín

Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN Tema: REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL / Aprehensión y decomiso de mercancía / obligación aduanera / Decreto 2685 de 1999 / aplicación de la causal de aprehensión y decomiso establecida en el numeral 1.6 / mercancía s amparadas en una declaración de importación.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demanda, Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN, en contra de la sentencia del 23 de enero de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, por medio de la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

I.1. La demanda1

1. El señor Víctor Jorge Sánchez Albarracín , en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho prevista en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, presentó demanda en contra de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales ─ DIAN ─ Dirección Seccional de Aduanas de Cúcuta, con el

restablecimiento del derecho prevista en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, presentó demanda en contra de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales ─ DIAN ─ Dirección Seccional de Aduanas de Cúcuta, con el fin de que se realizaran las siguientes declaraciones2:

“[…] PRIMERA. Se declare la nulidad de los Actos Administrativos, Resolución No. 1120 de fecha junio 01 de 2001, emanada de la División Jurídica de la DIAN, Administración Local de Aduanas Cúcuta; Resolución No. 0639 de 3 de abril de 2001, emanada de la División de Liquidación de la DIAN, Administración Local de Aduanas Cúcuta; […]”.

SEGUNDA. En consecuencia, de la nulidad del Acto Administrativo complejo demandado y a título de restablecimiento del derecho, se ordene a La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – Administración Local de Aduanas de

1 Folios 4 a 10 y 181 a 195 C 1. 2 Folios 4 y 5 C 1.2

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Demandante: Víctor Jorge Sánchez Albarracín

Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN

Cúcuta, revocar los Actos Administrativos ya citados y en su defecto proferir el que corresponda a derecho.

2. TERCERA: En razón de los dos numerales anteriores de este acápite, se ordene a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales Administración Local de Aduanas Cúcuta, está obligada a pagar a mi patrocinado la suma de

DOSCIENTOS VEINTIÚN MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL

a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales Administración Local de Aduanas Cúcuta, está obligada a pagar a mi patrocinado la suma de DOSCIENTOS VEINTIÚN MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS MCTE (221.156.440), más los intereses de Ley como valor de la mercancía decomisada […]”.

I.1.1. Los hechos relevantes de la demanda3

3. Como fundamentos fácticos de las pretensiones se indicaron, en síntesis, los

siguientes:

4. El apoderado de la parte demandante aseveró que, a través del auto comisorio 0296 de 23 de septiembre de 2000, funcionarios de la División de Fiscalización de la Administración Local de Aduanas de Cúcuta procedieron a la aprehensión de la mercancía que se relaciona a continuación: “[…] 24 unidades d e pantalones de dama: 50% naylon, 50% poliéster, varios colores y tallas; 190 unidades de blusas estampadas de dama, varios colores y tallas; 11 unidades de vestidos Coton Express, varios colores y tallas; 60 unidades de pantalones de dama, made in Korea, varios colores y tallas; 23 unidades de vestidos de princesa Nazira, made in India, varios colores y tallas; 12 unidades de blusas esqueleto con estampados de dama, varios colores y tallas; 24 unidades de conjuntos blusa – falda de dama, varios colores y tallas; 24 unidades de blusas estampadas de dama, varios colores y tallas; 12 unidades de vestidos con tiros de dama, varios colores y tallas; 108

varios colores y tallas; 24 unidades de blusas estampadas de dama, varios colores y tallas; 12 unidades de vestidos con tiros de dama, varios colores y tallas; 108 unidades de blusas Mi Way estampadas de damas, varios colores y tallas; 36 unidades de blusas estampadas, 100% poliéster, varios colores y tallas; 60 unidades de faldas estampadas ordinarias sin marca de dama, varios colores y tallas; y 93 unidades de blusas estampadas sin marca de dama, 60 % algodón, 40% poliéster, varios colores y tallas […]”.

5. Señaló que la Div isión de Fiscalización Aduanera de Cúcuta formalizó la aprehensión de la mercancía en comento mediante acta 0904 de 2 de octubre de 2000, procediendo a su depósito en las bodegas de Almaviva S.A., con D.I.M.

31072-02432.

6. Expuso que, dentro del procedimiento de reconocimiento y avalúo de la mercancía aprehendida, los funcionarios de la entidad reportaron como valor de la misma la suma de doscientos veintiún millones quinientos sesenta mil cuatrocientos cuarenta pesos mcte ($221.560.440).

7. Recordó que median te el requerimiento especial aduanero 0662 de 14 de diciembre de 2000, la División de Fiscalización de la entidad propuso a la División

3 Folios 5 a 7 C 1.3

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Demandante: Víctor Jorge Sánchez Albarracín

Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN

3 Folios 5 a 7 C 1.3

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de Liquidación el decomiso de la mercancía aprehendida con acta 0904 de 2 de octubre de 2000.

8. Afirmó que con posterioridad la División de Liquidación de la Administración Local de Aduanas de Cúcuta expidió la Resolución 0639 de 3 de abril de 2001, por medio de la cual decomisó a favor de la Nación la referida mercancía.

9. Finalmente, precisó que frente a la anterior decisión el actor interpuso recurso de reconsideración, el cual fue desatado negativamente mediante el acto administrativo contenido en la Resolución 1120 de 1º de junio de 2001.

I.1.2. Fundamentos de derecho y el concepto de violación4

I.1.2.1. Fundamentos de derecho

10. La parte demandante propuso el cargo de nulidad relacionado con el desconocimiento de las normas en que debían fundarse los actos acusados, para lo cual señaló como quebra ntadas las siguientes disposiciones: el artículo 1º del Decreto 2274 de 1989, el artículo 72 del Decreto 1909 de 1992 y los artículos 232, 469, 502 y 504 del Decreto 2685 de 1999.

I.1.2.2. El concepto de violación

11. El apoderado judicial del demandante argumentó que con la expedición de los actos administrativos acusados se desconoció que la obligación de legalización de la mercancía aprehendida le correspondía al importador , actuación que realizó las

11. El apoderado judicial del demandante argumentó que con la expedición de los actos administrativos acusados se desconoció que la obligación de legalización de la mercancía aprehendida le correspondía al importador , actuación que realizó las

sociedades Modamex Ltda., Dupont de Colombia y Seyer Ltda.

12. Aseguró que “[…] la mercancía aprehendida dentro del operativo de inteligencia realizado por la DIAN, sí se encontraba amparada por las declaraciones de importación las cuales dentro del desarrollo y agotamiento de la vía gubernativa fueron aportadas […]”.

13. Señaló que le causó “[…] sorpresa como la División de Fiscalización Aduanera de Cúcuta una vez realizado el operativo que concluyó con la aprehensión de la mercancía “no escudriña ni va al fondo con el fin de establecer si los documentos aportados o sea las declaraciones de importación, las cuales reposan dentro del expediente, amparaban estas mercancías, y se limita simple y llanamente a manifestar que es prueba contundente el informe rendido por los funcionarios, sin tener en cuenta que existe prueba documental […]”.

4 Folios 7, 185 a 190 C 1.4

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Demandante: Víctor Jorge Sánchez Albarracín

Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

II.1. Intervención de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN – Administración Local de Aduanas de Cúcuta5

14. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN contestó la demanda

II.1. Intervención de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN – Administración Local de Aduanas de Cúcuta5

14. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN contestó la demanda de manera oportuna, escrito en el cual se opuso a las pretensiones , para lo cual, luego del recuento de las normas aplicables, desarrolló los argumentos de defensa respecto del cargo de violación formulado.

15. En primer lugar, manifestó que no son aplicables los artículos 1º del Decreto 2274 de 1979 y 72 del Decreto 1909 de 1992, toda vez que los mismos fueron expresamente derogados por el artículo 571 del Decreto 2685 de 1999, que entró en vigencia el 1º de julio de 2000.

16. Adujo que es “[…] errada la aprecia ción del apoderado al afirmar que la Administración violó estas nomas, pues las mismas no estaban vigentes al momento de la ocurrencia de los hechos que fue en septiembre de 2000 […]”.

17. Recordó que para el caso en estudio es aplicable el Decreto 2685 de 1999, el cual establece que serán responsables de las obligaciones aduaneras el importador, el propietario, el poseedor o tenedor de la mercancía, y que así mismo serán responsables de las obligaciones que se deriven por su intervención el transportador, el depositario, intermediario y el declarante.

18. En segundo lugar, expuso que la parte actora realizó una errada interpretación de la aplicación del artículo 232 del Decreto 2685 de 1999, por cuanto, en su entender, no se acreditó la legal introducción o permanencia de la mercancía en el

18. En segundo lugar, expuso que la parte actora realizó una errada interpretación de la aplicación del artículo 232 del Decreto 2685 de 1999, por cuanto, en su entender, no se acreditó la legal introducción o permanencia de la mercancía en el país, dado que al hacer “[…] una simple confrontación de las mercancías que amparan estas declaraciones con respecto a las mercancías aprehendidas por esta Administración de Aduanas con acta de aprehensión 0904 y el documento de ingreso de mercancías 31072-02432, se puede determinar que no coinciden en su totalidad […]”.

19. Consideró que de conformidad con el artículo 502 ibidem, la mercancía no se encontraba amparada por ninguno de los documentos que señala el inciso 4º del artículo 469 del estatuto en mención , esto es, al no contar con declaración de importación.

20. Aunado a lo anterior, señaló que dentro de la actuación administrativa quedaron en evidencia “[…] las contradicciones expresadas por el señor Víctor Jorge Sánchez

Albarracín […]”.

5 Folios 192 a 199 y 229 a 236 C 1.5

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Demandante: Víctor Jorge Sánchez Albarracín

Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN

21. Al respecto, mencionó que el actor al momento de la aprehensión de la mercancía manifestó que era el dueño y que, posteriormente, “[…] allegaría los documentos que se echaban de menos […]”.

22. Agregó que , a través de oficio de 24 de octubre de 2000, se afirmó que la

mercancía manifestó que era el dueño y que, posteriormente, “[…] allegaría los documentos que se echaban de menos […]”.

22. Agregó que , a través de oficio de 24 de octubre de 2000, se afirmó que la mercancía no era de su propiedad y que la misma se encontraba en su residencia en razón a que “[…] los señores Arwin Duarte y Hugo Escobar, recibieron la misma de las empresas Modamex Ltda., Dupont de Colombia y Seyer Ltda. […]”.

23. En conclusión, resaltó que “[…] los actos administrativos en el caso sub judice no entran en contradicción con los principios constitucionales, […] y que sí existió una correcta aplicación de las normas aduaneras pertinentes y porque además cada procedimiento que se adelantó por las divisiones competentes para esa época, se le dio al interesado la prerrogativa legal de impugnar cada acto administrativo […]”.

24. Finalmente, propuso las siguientes excepciones:

-Falta de agotamiento de la vía gubernativa: en tanto los argumentos propuestos por el demandante no se expusieron durante la actuación administrativa.

-Falta de concepto de violación: el demandante se limitó a señalar que la obligación de presentar la declaración de importación no recaía en el señor Víctor Jorge Sánchez , lo cual impide ejercer el derecho de defensa con las garantías que establece el ordenamiento jurídico.

-Falta de interés legítimo para demandar: el demandante sostuvo que no es el titular de los derechos de la mercancía aprehendida, por lo que mal puede demandar los actos administrativos que definieron la situación jurídica de la mercancía.

III. TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

titular de los derechos de la mercancía aprehendida, por lo que mal puede demandar los actos administrativos que definieron la situación jurídica de la mercancía.

III. TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

25. La demanda fue radicada el 5 de octubre de 2001 6, correspondiéndole su conocimiento al Tribunal Administrativo de Norte de Santander, Corporación que admitió la demanda mediante auto del 2 de julio de 2002 7, tras su notificación la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN presentó escrito de contestación en tiempo8.

26. A través de providencia de fecha 27 de abril de 2005 9 se abrió el proceso a pruebas, las cuales fueron practicadas en debida forma. La parte de mandante y la

6 Folio 3 C 1. 7 Folios 177 y 178 C 1. 8 Folios 192 a 199 y 229 a 236 C 1. 9 Folios 260 y 261 C 1.6

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Demandante: Víctor Jorge Sánchez Albarracín

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demandada presentaron alegatos de conclusión 10. El Ministerio Público rindió concepto11 solicitando se nieguen las pretensiones de la demanda.

27. Mediante sentencia de fecha 25 de agosto de 201112, el Tribunal Administrativo de Norte de Santander declaró “[…] no probada las excepciones de indebido agotamiento de la vía gubernativa y falta de concepto de violación y probada la excepción de falta de legitimación para actuar del demandante […]”, propuestas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – Administración Local de

agotamiento de la vía gubernativa y falta de concepto de violación y probada la excepción de falta de legitimación para actuar del demandante […]”, propuestas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – Administración Local de Aduanas de Cúcuta.

28. Señaló que no está llamada a prosperar la excepción de falta de agotamiento de la vía gubernativa, ya que durante el procedimiento administrativo aduanero el accionante agotó debidamente los recursos de ley y, además, está en su derecho de acudir ante la jurisdicción para dilucidar las diferencias no conciliadas en la vía gubernativa.

29. Respecto de la falta del concepto de violación, consideró que el mismo sí se encontraba debidamente desarrollado, “[…] tal y como se desprende de los folios 185 a 191 del expediente […]”.

30. En relación con la excepción de falta de legitimación para demandar, el a quo aseguró que “[…] además de que el demandante sostuvo durante todo el proceso adelantado por la DIAN, que no era propietario de la mercancía incautada, tampoco dentro del proceso contencioso administrativo acreditó la propiedad de la mercancía

[…]”.

31. El apoderado judicial de la parte demandante apeló la sentencia de instancia 13, para lo cual manifestó que de acuerdo con el principio de buena fe se debe tener al señor Víctor Jorge Sánchez Albarracín como legitimado para actuar como demandante, por cuanto era el tenedor de la mercancía.

32. Mediante sentencia proferida por esta Sección el 21 de septiembre de 201714, se revocó la sentencia de fecha 25 de agosto de 2001 proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander , para que , en su lugar, se pronunci ara de

32. Mediante sentencia proferida por esta Sección el 21 de septiembre de 201714, se revocó la sentencia de fecha 25 de agosto de 2001 proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander , para que , en su lugar, se pronunci ara de fondo respecto de las pretensiones de nulidad de los actos administrativos acusados en el presente proceso.

33. Para lo cual señaló que el demandante fue vinculado a la actuación administrativa iniciada por la Administradora Local de Aduanas de Cúcuta en calidad de tenedor y presunto infractor, razón por la que fue destinatario de los requerimientos especiales

10 Folios 284 a 287 y 310 a 312 C 1. 11 Folios 314 a 318 C 1. 12 Folios 322 a 329 C 1. 13 Folios 332 a 338 C 1. 14 Folios 121 a 127 C 2.7

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Demandante: Víctor Jorge Sánchez Albarracín

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de información y de los actos administrativos a través de los cuales se definió la situación jurídica de la mercancía aprehendida.

34. Consideró que al demandante se le exigió el cumplimiento de la obligación aduanera relativa a la acreditación que la m ercancía aprehendida se encontraba amparada en una declaración de importación y, en razón a ello, se encuentra habilitado por la ley para acudir a la jurisdicción contencioso administrativa al creerse lesionado en un derecho.

IV. LA SENTENCIA OBJETO DEL RECURSO DE APELACIÓN

habilitado por la ley para acudir a la jurisdicción contencioso administrativa al creerse lesionado en un derecho.

IV. LA SENTENCIA OBJETO DEL RECURSO DE APELACIÓN

35. El Tribunal Administrativo de Norte de Santander, a través de la sentencia de 23 de enero de 201815, en obedecimiento a lo dispuesto por esta Sección el 21 de septiembre de 2017 , profirió providencia pronunciándose sobre el fon do de la controversia.

36. Al respecto, el a quo accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda para lo cual consideró , luego del recuento normativo y de la revisión de las declaraciones de importación, que l as mercancías aprehendidas son de origen extranjero, hecho que fue aceptado por la autoridad aduanera al momento de realizar la aprehensión.

37. Indicó que d entro del proceso administrativo la parte demandante allegó la prueba idónea consistente en las declaraciones de importación, pruebas que le permitían a la DIAN establecer si la mercancía había ingresado al país de manera legal.

38. Manifestó que la mercancía amparada aprehendida y posteriormente decomisada por la DIAN debe ser devuelta como quiera que se encuentra amparada con los siguientes manifiestos de importación: Comercializadora SEYER LTDA. con Nit: 830.037.930-6 “[…] Declaración de importación No. 051103055851-9 de fecha 14 de abril del 2000 […]”, IMPORTADORA MODAMEX LTDA con Nit: 830.066.4941, “[…] Declaración de importación No. 13331010517087 de fecha 7 de abril del 2000 […]”, “[…] Declaración de importación No. 13331010517071 de fecha 7 de

1, “[…] Declaración de importación No. 13331010517087 de fecha 7 de abril del 2000 […]”, “[…] Declaración de importación No. 13331010517071 de fecha 7 de abril del 2000 […]” y, finalmente la empresa DUPONT DE COLOMBIA S.A. con Nit: 860.020.382-9, “[…] Declaración de importación No. 02041040598777 de fecha 28 de abril de 1999 […]”.

39. Afirmó que, revisadas las declaraciones de importación, se encontró que, si bien es cierto que algunos artículos o referencias coinciden, también lo es que “[…] otros no corresponden ni a la marca, ni descripción, por lo cual no es claro que se trat e de la misma mercancía […]”.

15 Folios 134 a 152 C 2.8

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Demandante: Víctor Jorge Sánchez Albarracín

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40. En efecto, advirtió que según los cuadros anexos algunos artículos o referencias coinciden, esto es, se trata de la misma mercancía, ya que corresponde a la misma marca y descripción. Sin embargo, comentó que se decomisaron otros artículos que no se encuentran soportados en ninguna de las cuatro declaraciones de importación en controversia, por lo cual no ha sido desvirtuada la presunción de legalidad de la orden de decomiso sobre estos ítems: 6, 8, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23,

en controversia, por lo cual no ha sido desvirtuada la presunción de legalidad de la orden de decomiso sobre estos ítems: 6, 8, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 38, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 53, 55, 56, 57, 62 у 63.

41. Por lo anterior, consideró que debía declarase la nulidad parcial de los actos administrativos demandados, esto es, las Resoluciones 0639 del 3 de abril de 2001 y 1120 del 01 de junio de 2001, expedidas por la DIAN.

42. A título de restablecimiento del derecho, señaló que “[…] de acuerdo con lo ordenado por el Consejo de Estado respecto de la propiedad de la mercancía en el presente proceso, el cual recae en cabeza del señor Sánchez Albarracín, y quien soportó la legalidad de algunas mercancías con las Declaraciones de Importaci ón allegadas al proceso las cuales corresponde a la Comercializadora SEVER con "declaración de importación No. 051103055851 -gm IMPORTADORA MODAME "Declaración de importación No. 13331010517087" "Declaración de importación No. 13331010517071", y finalmente la empresa DUPONT DE COLOMBIA S.A. "Declaración de importación No 02041040598777", por tanto le asiste al prenombrado el restablecimiento de los daños ocasionados con la decisión de la administración aduanera del decomiso de la mercancía […]”.

"Declaración de importación No 02041040598777", por tanto le asiste al prenombrado el restablecimiento de los daños ocasionados con la decisión de la administración aduanera del decomiso de la mercancía […]”.

43. Con fundamento en ello ordenó a la entidad demandada “[…] pagar el valor de la mercancía correspondiente a ciento tres millones ciento diez mil cuatrocientos cuarenta pesos ($103.110.440.), valor que se relaciona de las Actas de Aprehensión y Acta de Avalu ó realizado por los funcionarios de la División de Fiscalización Aduanera de Cúcuta […]”.

V. RECURSO DE APELACIÓN

44. El 22 de marzo de 201816, el apoderado de la autoridad administrativa presentó recurso de apelación con el fin de obtener la revocatoria de la sentencia de 23 de enero de 2018, frente a lo cual, reiteró los argumentos señalados en el escrito de contestación de la demanda e hizo las siguientes precisiones:

45. Manifestó, luego del recuento de la actuación administrativa, que se demostró la existencia de la contradicción de los argumentos expuestos por el demandante, pues no logró demostrar la legalidad de la mercancía aprehendida.

16 Folios 177 a 204 C 2.9

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Demandante: Víctor Jorge Sánchez Albarracín

Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN

46. Señaló que las pruebas que se aportan al proceso se puede constatar la no certeza que dicha mercancía fue lega lmente ingresada al territorio aduanero nacional, esto es, al haber ingresado por un lugar no autorizado.

46. Señaló que las pruebas que se aportan al proceso se puede constatar la no certeza que dicha mercancía fue lega lmente ingresada al territorio aduanero nacional, esto es, al haber ingresado por un lugar no autorizado.

47. Precisó que una vez confrontadas las pruebas que obran dentro del expediente, junto con las disposiciones que regulan la materia, se puede concluir q ue toda mercancía de origen extranjero que sea introducida al territorio nacional deberá ser presentada y declarada ante las autoridades aduaneras, en las condiciones establecidas por las normas aduaneras, so pena de ser aprehendida y decomisada.

48. Afirmó que en el caso objeto de análisis se incurrió en la causal de aprehensión establecida en el numeral 1.6 del artículo 502 del decreto 2685 de 1999 modificado por el artículo 48 del Decreto 1232 de 2001, al no declarar la mercancía ante autoridad aduanera.

49. Aseveró que en ningún momento las decisiones que tomó la administración a través de los diferentes actos administrativos vulneraron los derechos legales y constitucionales del demandante, por cuanto todas ellas fueron comunicadas y notificadas oportunamente , y sus argumentaciones en las diferentes etapas del proceso fueron atendidas en su integridad.

50. Anotó que en tampoco se vulnera derecho legal ni constitucional y que como quedó demostrado no existe daño material al accionante, lo que existe es la aplicación de las normas aduaneras sobre unas mercancías ingresadas al territorio nacional, sin ser declaradas o estar amparadas en declaración de importación alguna.

51. Resaltó que la falta de declaración de importación implica una clase de

aplicación de las normas aduaneras sobre unas mercancías ingresadas al territorio nacional, sin ser declaradas o estar amparadas en declaración de importación alguna.

51. Resaltó que la falta de declaración de importación implica una clase de contrabando técnico, el cual “[…] es un delito que en la actualidad ha generado gran importancia en el ámbito mundial, por la forma de evolución, y porque ya dejó de ser un problema local, y se ha vuelto un delito con nexos que trasciende fronteras, formando cadenas delictivas, buscando el lavado de activos, narcotráfico, evasión de impuestos entre otros […]”.

52. Indicó que en el proceso administrativo aduanero y en el proceso judicial no se aportaron las facturas de compras, ni el pago de impuestos por los supuestos dueños y proveedores de las mercancías.

53. Frente al restablecimiento del derecho, argumentó que el mismo no “[…] puede recaer en el señor Sánchez Albarracín ya que él durante la investigación manifestó que no es el propietario de las mercancías y existen pruebas suficientes que así lo demuestran, por lo tanto la suma reconocida por perjuicios no tiene derecho alguno el señor Víctor Jorge Sánchez Albarracín ya que no demostró cu ál fue el perjuicio que se le causó con el decomiso de la mercancía […]”, además dentro del proceso administrativo aduanero se demostró la propiedad de la mercancía en cabeza de unas empresas.10

Radicación No. 54001233100020010153302

Demandante: Víctor Jorge Sánchez Albarracín

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VI. TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

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Demandante: Víctor Jorge Sánchez Albarracín

Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN

VI. TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

54. El recurso de apelación fue concedido por el magistrado sustanciador de la primera instancia mediante auto de fecha 3 de julio de 201 817, posteriormente, remitido y repartido entre los diferentes Despachos que integran la Sección Primera del Consejo d e Estado18 y, finalmente, admitido a través de auto de fecha 23 de octubre de 201819.

55. En la referida providencia, el Despacho sustanciador corrió traslado a las partes por el término de diez (10) días para que presentara n alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto.

56. La entidad demandada, en esencia, reiteró los argumentos de defensa20, por su parte el demandante y el agente del Ministerio Público guardaron silencio21.

VII. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VII.1. Competencia

57. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo – CCA22, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para decidir el recurso de apelación interpuesto por la DIAN en contra de la sentencia dictada en primera instancia por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander; norma que resulta armónica con el artículo 1° del Acuerdo 55 de l 5 de agosto de 2003 y el Acuerdo 80 de 2019 23, que contienen las reglas de reparto entre las distintas secciones de la Corporación.

Santander; norma que resulta armónica con el artículo 1° del Acuerdo 55 de l 5 de agosto de 2003 y el Acuerdo 80 de 2019 23, que contienen las reglas de reparto entre las distintas secciones de la Corporación.

VII.2. La formulación del problema jurídico

58. En los términos del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, la Sala debe determinar la legalidad de las Resoluciones 1120 de fecha 1º de junio de 2001, emanada de la División Jurídica de la DIAN, Administración Local de Aduanas Cúcuta y 0639 de 3 de abril de 2001, emanada de la D ivisión de Liquidación de la DIAN que confirmó la anterior en todas sus partes, respecto del decomiso de una

17 Folio 211 C 2. 18 Folio 3 C pp. 19 Folio 5 C pp. 20 Folios 7 a 11 C pp. 21 Folio 32 C pp. 22 “(…) El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación o se conceda en un efecto distin to del que corresponda, o no se conceda el extraordinario de revisión (…)”. 23 La Sección Primera del Consejo de Estado tiene a su cargo conocer los procesos de nulidad y nulidad y restablecimiento del derecho de actos administrativos que versen sobre asuntos no asignados expresamente a otras secciones.11

Radicación No. 54001233100020010153302

Demandante: Víctor Jorge Sánchez Albarracín

restablecimiento del derecho de actos administrativos que versen sobre asuntos no asignados expresamente a otras secciones.11

Radicación No. 54001233100020010153302

Demandante: Víctor Jorge Sánchez Albarracín

Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN

mercancía cuya tenencia, al momento de la aprehensión, se encontraba en manos del señor Víctor Jor