CE - 012331000200202998011SENTENCIA20231109205316

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D.C., nueve (9) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Radicación: 05001 23 31 000 2002 02998 01 (0509-2012)

Demandante: Víctor Cenón Ospino Polo

Demandado: Nación (Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional)

Temas: Pensión de invalidez

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA __________________________________________________________________

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la apoderada del demandante, contra la sentencia proferida el 30 de septiembre de 20 11 por el Tribunal Administrativo de Antioquia (Sala de Descongestión, Subsección Laboral), mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda 1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio de l medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrado en el artículo 138 del Código Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el señor Víctor Cenón Ospino Polo , por conducto de apoderada, formuló demanda en orden a que se declare la nulidad del Acta de

consagrado en el artículo 138 del Código Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el señor Víctor Cenón Ospino Polo , por conducto de apoderada, formuló demanda en orden a que se declare la nulidad del Acta de Tribunal Medico Laboral de Revisión Militar y de Policía 1756-1785-1947 del 7 de diciembre de 2001, mediante la cual se determinó una disminución de la capacidad laboral del 20.81% , en cuanto no tuvo en cuenta la totalidad de enfermedades mentales que se le diagnosticaron.

Como consecuencia de la anterior declaración y a título de restablecimiento del derecho, solicitó (i) reconocer una pensión por sanidad equivalente al 100% de las partidas computables del grado de patrullero, de conformidad con los Decretos 17962

Radicado: 05001 23 31 000 2002 02998 01 (0509-2012) Demandante: Víctor Cenón Ospino Polo de 2000 y 094 de 1989; (ii) conceder las primas a que tenía derecho en el grado mencionado y el subsidio familiar dejados de reconocer desde el momento del retiro hasta la fecha en que se produzca la sentencia, así como las indemnizaciones generadas por la disminución de su capacida d laboral, los intereses moratorios y las mesadas pensionales adeudadas con los aumentos mensuales, anuales y la antigüedad; también las primas que en adelante se causen, el subsidio familiar y los ascensos a que tenga derecho, l os intereses moratorios y los valores que por concepto de servicios médicos dejó de recibir desde la fecha de notificación del retiro del servicio hasta la efectividad de la sentencia, aplicando la corrección

ascensos a que tenga derecho, l os intereses moratorios y los valores que por concepto de servicios médicos dejó de recibir desde la fecha de notificación del retiro del servicio hasta la efectividad de la sentencia, aplicando la corrección monetaria; (iii) disponer el pago de los perjuicios morales, en la suma de 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes para la fecha de verificación de su pago; (iv) ordenar una indemnización equivalente a 36 meses de salario conforme a la tabla de evaluación de la disminución de la capacidad lab oral; (v) en el evento de no proferir condena con base en las sumas señaladas, hacerlo de la manera descrita en el artículo 307 del C ódigo de Procedimiento Civil ; (vi) declarar que no hubo solución de continuidad en la prestación del servicio, para que logre tener secuencia en el disfrute de los derechos y garantías que como enfermo psiquiátrico al servicio de la entidad le corresponderían; (vii) actualizar las condenas de conformidad con el artículo 178 del C ódigo Contencioso Administrativo y el cumplimiento de la sentencia en los términos de los artículos 176 y 177 ibidem; y (viii) imponer el pago de costas, agencias en derecho y gastos procesales a cargo de la entidad demandada.

1.1.2. Hechos

Los hechos que fundamentaron las pretensiones son, en síntesis, los siguientes:

(i) El señor Víctor Cenón Ospino Polo n ació el 1 .º de noviembre de 1972 y actualmente es paciente psiquiátrico sin posibilidad de empleo y sin afiliación al sistema de salud.

(ii) Ingresó como alumno al curso de nivel ejecutivo de la Policía Nacional y salió

actualmente es paciente psiquiátrico sin posibilidad de empleo y sin afiliación al sistema de salud.

(ii) Ingresó como alumno al curso de nivel ejecutivo de la Policía Nacional y salió graduado como patrullero . El 23 de junio de 1999, d urante su permanencia en la institución recibió lesiones con arma de fu ego, cuya evaluación determinó que3

Radicado: 05001 23 31 000 2002 02998 01 (0509-2012) Demandante: Víctor Cenón Ospino Polo ocurrieron «en servicio y por causa y razón del mismo », según el informativo por lesiones.

(iii) Durante su recuperación física se inició un proceso de deterioro mental, lo que dio lugar a la valoración por parte de medicina laboral, que llevó a mantenerlo en observación durante un año y posteriormente evaluarlo con un índice de disminución de capacidad laboral que no es consecuente con la enfermedad que sufre.

(iv) El padecimiento psíquico y mental que le fue diagnosticado consiste en una afección degenerativa que le impide laborar normalmente y acceder a un mínimo vital para su subsistencia; sin embargo, el Tribunal Médico Laboral lo calificó equivocadamente sin tener en cuenta los pronósticos de los médicos especialistas.

(v) Su enfermedad mental le ha llevado a someterse a tratamientos permanentes durante varios años, sin lograr mejoría y, por el contrario, se ha agravado su situación al verse rechazado por la Institución Policial y por la falta de la prestación de los servicios de seguridad social que requiere un paciente en su condición.

(vi) El trastorno mental que sufre se debió interpretar como un «estado paranoide»

situación al verse rechazado por la Institución Policial y por la falta de la prestación de los servicios de seguridad social que requiere un paciente en su condición.

(vi) El trastorno mental que sufre se debió interpretar como un «estado paranoide» conforme al numeral 3-005 del artículo 79 del Decreto 094 de 1989 lo que equivale a un 100% de la disminución de la capacidad laboral, y que daría lugar al reconocimiento y disfrute de una pensión por invalidez y a la indemnización respectiva.

(vii) No puede desarrollar un trabajo o una labor remunerativa que le permita obtener los ingresos necesarios para vivir dignamente, lo que le ocasiona perjuicios económicos, morales y fisiológicos.

(viii) Con la decisión acusada se vulneran normas constitucionales y legales pues no se tuvieron en cuenta los estados paranoicos que , analizados a la luz de lo dispuesto en el numeral 3-005 del artículo 79 del Decreto 0094 de 1989, daban lugar a dictaminar una disminución de la capacidad laboral entre el 85 % y el 100 % y no un 20.81 %, como lo decidió el Tribunal Médico de Revisión Militar y de Policía.4

Radicado: 05001 23 31 000 2002 02998 01 (0509-2012)

Demandante: Víctor Cenón Ospino Polo

(ix) Si la merma en su capacidad laboral está en el promedio del porcentaje antes citado, debe aplicarse el artículo 38 del Decreto 1796 que concede una pensión de invalidez a quienes han sufrido un detrimento de su capacidad psicofísica superior al 75%; por lo tanto, en su caso, le corresponde una pensión equivalente al 95%.

invalidez a quienes han sufrido un detrimento de su capacidad psicofísica superior al 75%; por lo tanto, en su caso, le corresponde una pensión equivalente al 95%.

(x) El Tribunal Médico no tuvo en cuenta los conceptos y diagnósticos de las especialistas que conocieron suficientemente su enfermedad mental, ni los pronósticos y recomendaciones consignadas en su historia clínica; además, no se aplicaron correctamente las normas y reglamentos internos de la Policía Nacional, en especial los que contienen los índices de lesión para dictaminar la pérdida de su capacidad laboral, lo que configura una falsa motivación y una desviación de poder.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

Como tales se señalaron los artículos 2, 6, 11, 13, 15, 16, 21, 23, 25, 26, 29, 40, 47, 49, 51, 52, 67, 83, 90, 121, 218 y 220 de la Constitución Política; 1613, 1614, 1615 y 1617 del Código Civil; 94 y siguientes del Código Penal; 36, 86, 136 y 177 del Código Contencioso Administrativo; 55, 58 y 60 del Decreto 1791 de 2000; 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 19, 21, 24, 28 -1, 30, 37, 38, 44, 79 numeral 3 -005 literal c, índice 21 punto, del Decreto 1796 de 2000 concordado con el Decreto 094 de 1989.

Al desarrollar el concepto de violación, la apoderada del demandante expuso los siguientes argumentos:

índice 21 punto, del Decreto 1796 de 2000 concordado con el Decreto 094 de 1989.

Al desarrollar el concepto de violación, la apoderada del demandante expuso los siguientes argumentos:

(i) El acta que se cuestiona, emitida por el Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía, fue expedida con abuso de poder y falsa motivación; además, contiene una vía de hecho, pues se trata de un paciente psiquiátrico que, para mejorar su calidad de vida, se debe someter constantemente a tratamientos médicos, hospitalarios y farmacológicos.

(ii) La conclusión a la que llegó el aludido tribunal es contradictoria con los diagnósticos y conceptos otorgados por los psiquiatras que observaron durante un largo periodo al demandante, quienes consideraron que padece «trastornos de5

Radicado: 05001 23 31 000 2002 02998 01 (0509-2012) Demandante: Víctor Cenón Ospino Polo estrés Post -traumático, trastorno delirante Paranoide y reacción depresiva prolongada, el pronóstico es reservado, la evolución no ha sido satisfactoria, el paciente ha sufrido deterioro laboral y social»; de ese modo, no se comparte la determinación de a signar 5 puntos, en el índice 3 -040, cuando los estados paranoides comprenden un índice lesional de 21 puntos, según lo establecido en el artículo 79, numeral 3-005 del Decreto 0094 de 1989.

(iii) De manera que como existen pruebas idóneas y conducentes que identifican al actor como enfermo paranoico con reacción depresiva prolongada y trastornos

artículo 79, numeral 3-005 del Decreto 0094 de 1989.

(iii) De manera que como existen pruebas idóneas y conducentes que identifican al actor como enfermo paranoico con reacción depresiva prolongada y trastornos delirantes, ello acredita su disminución laboral aproximadamente entre el 85% y el 100% y no en el 20.81%, como lo pretendió el Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía adscrito al Ministerio de Defensa Nacional.

(iv) El artículo 38 del Decreto 1796 de 2000 establece el derecho a la pensión de invalidez y los porcentajes que corresponden para su reconocimiento según la disminución de la capacidad laboral que se hubiera determinado, siempre que esta hubiere sido igual o superior al 75%. En ese sentido y como la enfermedad mental que sufre el demandante se debe evaluar con base en el «decreto 094 de 1989, en su artículo 79, numeral 3-005, literal c, con índice de 21 punto» y, además, como la propia entidad definió que no es apto para la prestación del servicio, debe concederle, como compensación, una pensión equiv alente al 95% de las partidas legalmente computables.

(v) Según consta en la historia clínica, las médicas psiquiatras tratantes llegaron a la conclusión de que el señor Ospino Polo padecía «una afección mental enmarcada en estados paranoides, unido a los trastornos de estrés Post -traumático y la reacción depresiva prolongada con pronóstico reservado, requiriendo tratamiento indefinido»; sin embargo, el Tribunal de Revisión Militar a ctuó con desviación de

en estados paranoides, unido a los trastornos de estrés Post -traumático y la reacción depresiva prolongada con pronóstico reservado, requiriendo tratamiento indefinido»; sin embargo, el Tribunal de Revisión Militar a ctuó con desviación de poder y falsa motivación a determinar que su afección mental «se enmarca dentro del artículo 79 del decret o 0094 de 1989, numeral 3.040 “Depresión Reactiva” cuando a derecho le corresponde el numeral 3 -005 literal c, índice 21 punto», que se refiere a los estados paranoides. También se incurrió en falsa motivación en el acta emitida por el mencionado tribunal, cuando se modificó la de la Junta Médica sin incluir las conclusiones ya citadas, a las que llegaron las psiquiatras tratantes.6

Radicado: 05001 23 31 000 2002 02998 01 (0509-2012)

Demandante: Víctor Cenón Ospino Polo

(vi) Por otro lado, y como consecuencia de tales afecciones, la indemnización debió corresponder a lo establecido en el título décimo, artículo 87, tabla B «INDEMNIZACIÓN EN MESES DE SUELDO DE 1 A 36 MESES. ya que los estados paranoides como ya se describió con anterioridad, esta (sic) descrito en el numeral 3 -005, literal c, con índice lesional de 21 punto equivalente a 326 sueldos den la tabla “B”».

(vii) El Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía actuó por fuera del procedimiento establecido, incurriendo así en un defecto procedimental, pues era indispensable que se le diera al demandante el tratamiento de disminuido sensorial

(vii) El Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía actuó por fuera del procedimiento establecido, incurriendo así en un defecto procedimental, pues era indispensable que se le diera al demandante el tratamiento de disminuido sensorial y, en conse cuencia, dar viabilidad al reconocimiento de la pensión de invalidez, máxime cuando su deber, como médicos , consistía en velar por la vida y la salud, lo cual se materializaba, en este caso, calificando en debida forma las secuelas permanentes que sur gieron como consecuencia de la enfermedad psiquiátrica padecida, acorde con las conclusiones a las que llegaron sus especialistas.

(viii) El artículo 6 constitucional establece que los servidores públicos son responsables por infringir la Constitución y las leyes, o por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones y, en el caso que se examina , se incurrió en desviación de poder , falta de motivación y abuso de poder, pues no se aplicaron correctamente los procedimientos y las normas; por el contrario, se actuó de manera discrecional al emitir el acta cuya nulidad se pretende, lo que lleva a la decisión injusta e ilegal de no reco nocer el derecho pensional que le corresponde al demandante. Por igual razón vulneró el artículo 29 constitucional, pues los actos censurados implicaron no solo un perjuicio para el actor, sino para su familia , que amerita el restablecimiento del derecho y la indexación de los perjuicios materiales, morales y fisiológicos deprecados. En esa línea también se transgredió el artículo 13 ibidem, al darle un trato diferencial pues no se consideró la declaratoria de no aptitud para el servicio y la condición de paciente psiquiátrico, para concederle la

13 ibidem, al darle un trato diferencial pues no se consideró la declaratoria de no aptitud para el servicio y la condición de paciente psiquiátrico, para concederle la pensión, lo que conlleva un acto discriminatorio frente a otros policiales que, en su misma situación,1 sí han resultado beneficiados con la aludida prestación.

1 Se precisa que pese a que se invocó ese argumento, no se hizo mención específica a algún caso particular susceptible de comparación.7

Radicado: 05001 23 31 000 2002 02998 01 (0509-2012)

Demandante: Víctor Cenón Ospino Polo

(ix) La decisión que se censura no fue el resultado de pruebas válidamente recaudadas ni que soporten la decisión, toda vez que no se tuvieron en cuenta los diagnósticos entregados por los especialistas, lo que atenta contra los postulados de la buena fe, transgrede los derechos fundamentales del demandante, e, incluso, deja una estela de duda respecto de la razón real del despido injusto del que fue objeto; siendo así, las vías de hecho en que incurrió la autoridad demandada dejan desprotegido, en estado de indefensión, sin servicios de salud, sin servicio farmacológico y sin derecho a percibir ni siquiera el mínimo vital que se le garantizaría con la pensión a la que tiene derecho ; todo lo anterior repercute, además, no solo perjuicios de índole laboral y material, sino morales y fisiológicos, por tal razón, el acto enjuiciado debe ser declarado nulo.

1.2. Contestación de la demanda

La Nación (Ministerio de Defensa, Policía Nacional) por intermedio de su apoderada,

por tal razón, el acto enjuiciado debe ser declarado nulo.

1.2. Contestación de la demanda

La Nación (Ministerio de Defensa, Policía Nacional) por intermedio de su apoderada, contestó la demanda y se opuso a sus pretensiones.2 Para tal efecto, se refirió a los siguientes argumentos:

(i) Los hechos aducidos en la demanda deben ser probados en su totalidad, máxime cuando los elementos fácticos aportados son suf icientes para demostrar que l a decisión censurada cumple con los lineamientos legales vigentes y los pronunciamientos que la Policía Nacional ha emitido para tal efecto.

(ii) En el caso bajo análisis se cumplieron las exigencias formales que la ley establece para la expedición de los actos mediante los cuales se califica la capacidad psicofísica de un miembro de la institución. En efecto, se emitió el acta correspondiente, se efectuó la evaluación por parte de un grupo interdisciplinario, capacitado e idóneo y se notificaron las decisiones al afectado, de modo que no se advierte vicio alguno que afecte la legalidad del acto demandado, como son la desviación de poder, la falta de motivació n, la expedición irregular, la violación de

2 Folios 73 a 76.8

Radicado: 05001 23 31 000 2002 02998 01 (0509-2012) Demandante: Víctor Cenón Ospino Polo los derechos al debido proceso y la defensa que aduce el demandante; por lo tanto, se debe mantener su presunción de legalidad.

1.3. La sentencia apelada

Demandante: Víctor Cenón Ospino Polo los derechos al debido proceso y la defensa que aduce el demandante; por lo tanto, se debe mantener su presunción de legalidad.

1.3. La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo de Antioquia (Sala de Descongestión, Subsección Laboral) mediante sentencia de l 30 de septiembre de 201 13 denegó las pretensiones de la demanda ; para tal efecto, tuvo en cuenta las siguientes

consideraciones:

(i) En el expediente no existen argumentos sólidos que permitan concluir que no se tuvieron en cuenta los conceptos y dictámenes de las especialistas tratantes de la enfermedad que padece el actor, máxime cuando durante el proceso no se solicitó como prueba u n dictamen pericial que permitiera desvirtuar la calificación de la capacidad laboral que realizó el Tribunal Médico.

(ii) A pesar de que la s pruebas obrantes en el expediente que dan cuenta de las lesiones psíquicas sufridas por el actor le dejaron graves secuelas y que estas no tuvieron una buena evolución, ello no permite concluir claramente el grado de afectación o el porcentaje de valoración de la lesión que pretende el señor Ospino Polo.

(iii) En el proceso no existe evidencia de la falsa motivación con que se afirmó que actuaron los médicos de la Junta al realizar la valoración del actor, pues la falta de una prueba pericial idónea impide establecer la veracidad de dicha aseveración.

(iv) Al tenor de lo dispuesto en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil la carga de la prueba correspond e a quien pretend a establecer la veracidad de su dicho, pero que en el caso analizado el material probatorio aportado no lleva al juez

(iv) Al tenor de lo dispuesto en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil la carga de la prueba correspond e a quien pretend a establecer la veracidad de su dicho, pero que en el caso analizado el material probatorio aportado no lleva al juez al convencimiento de los hechos en que se fundan las pretensiones de la demanda.

3 Folios 106 a 114.9

Radicado: 05001 23 31 000 2002 02998 01 (0509-2012) Demandante: Víctor Cenón Ospino Polo 1.4. El recurso de apelación

El señor Víctor Cenón Ospino Polo, actuando por conducto de apoderada, interpuso recurso de apelación, que sustentó así:

(i) La entidad no alleg ó prueba de la le galidad del acto administrativo; por el contrario, sí resultó demostrada la falsa motivación, la desviación de poder y el flagrante abuso del derecho en que se incurrió para proferir el mismo.

(ii) Si bien no se solicitó una prueba pericial para constatar la veracidad de los hechos que fundamentan las pretensiones, no puede hablarse de tarifa legal en materia probatoria y , en todo caso, con la evidencia documental aportada se vislumbran claramente las lesiones y secuelas que presenta el actor y se le asigna taxativamente un índice lesional y un porcentaje de disminución de capacidad laboral, «sin que ello requiera la valoración de un perito». (Resalta la Sala)

(iii) La ilegalidad del acto administrativo está soportada en que los organismos de sanidad no tuvieron en cuenta los soportes médicos de los médicos tratantes, que

(iii) La ilegalidad del acto administrativo está soportada en que los organismos de sanidad no tuvieron en cuenta los soportes médicos de los médicos tratantes, que daba lugar a enmarcar su enfermedad mental en los estados paranoides de que trata el artículo 79, numeral 3 -005, literal c, 21 puntos , del Decreto 0094 de 1989, que confieren el grado máximo de disminución de capacidad laboral.

(iv) El a quo no hizo una valoración de las pruebas documentales aportadas al proceso, ni los elementos fácticos y jurídicos que motivaron las pretensiones, en las que no se pretendía «determinar el grado de disminución de capacidad psicofísica del actor, sino que se declare que la entidad accionada desconoció los valores de médicos especialistas aportadas donde claramente se relaciona la enfermedad padecida por el ex policía» y, en ese sentido, se busca «modificar la calificación de las enfermedades y afec ciones realizada por los organismos de sanidad que no están acordes con la realidad médica». De manera que , al modificar las conclusiones de los organismos de sanidad y clasificar su padecimiento con base en los soportes de los médicos tratantes, ello conlleva asignar un índice lesional diferente.10

Radicado: 05001 23 31 000 2002 02998 01 (0509-2012)

Demandante: Víctor Cenón Ospino Polo

(v) La médica psiquia tra estableció en forma precisa cuál es la enfermedad que padece el actor, dicha prueba no fue objetada por la entidad demandada y con ella se desvirtúa la legalidad del Acta del Tribunal , pues constituye «una prueba documental y pericial por una expertos (sic) en la materia, la cual determinan (sic)

padece el actor, dicha prueba no fue objetada por la entidad demandada y con ella se desvirtúa la legalidad del Acta del Tribunal , pues constituye «una prueba documental y pericial por una expertos (sic) en la materia, la cual determinan (sic) de manera clara, sencilla y comprensible el estado de salud mental del accionante»; sin embargo, no fue considerada en el acto acusado y con ello se configuran los cargos formulados en su contra.

(vi) Con la decisión de no calificar adecuadamente la lesión que padece y de desvincularlo del servicio, se le puso en un estado de indefensión y desigualdad pues las calificaciones de su estado de salud le impiden acceder a una pensión de invalidez y la gravedad de su estado le imposibilitan acceder al mercado laboral.

1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia

La entidad demandada descorrió el término para alegar y solicitó confirmar la decisión de primera instancia. 4 La parte demandante guardó silencio durante esta etapa procesal.5

1.6. El Ministerio Público

El agente del Ministerio no rindió concepto.6

La Sala decide, previas las siguientes

2. Consideraciones

2.1. El problema jurídico

Se circunscribe a establecer (i) si hubo o no una adecuada valoración probatoria por parte del tribunal de primera instancia para denegar las pretensiones de la demanda; (ii) si se demostró la falsa motivación del acto acusado, según el planteamiento y argumentos invocados en el recurso de apelación; (iii) si el Tribunal

4 Folios 140 a 143. 5 Según informe secretarial que obra en el folio 144.

planteamiento y argumentos invocados en el recurso de apelación; (iii) si el Tribunal

4 Folios 140 a 143. 5 Según informe secretarial que obra en el folio 144. 6 Folio 144.11

Radicado: 05001 23 31 000 2002 02998 01 (0509-2012) Demandante: Víctor Cenón Ospino Polo Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía incurrió en una omisión de la valoración probatoria comprendida por los diagnósticos emitidos por las médicas tratantes del demandante que dé lugar a declarar la nulidad del acta censurada; y

(iv) En el evento de que haya lugar a declarar la nulidad del acto cuestionado, definir si esa decisión conlleva el reconocimiento pensional, prestacional e indemnizatorio que se depreca.

2.2. Marco normativo

El artículo 48 de la Constitución Política garantiza la protección del derecho a la seguridad social entendido como «un servicio público de carácter obligatorio que se [presta] bajo la dirección, coordinación y control del Estado» y que debe estar sujeto a los principios de eficiencia, universalid ad y solidaridad. En torno a los requisitos para acceder a la pensión de invalidez, señala que estos serán establecidos en las leyes del Sistema General de Pensiones.

La Ley 100 de 1993 creó el Sistema General de Pensiones y dentro de él estableció los requisitos necesarios para acceder a las prestaciones derivadas de las contingencias de vejez, invalidez y muerte; sin embargo, en su artículo 279 determinó que los miemb ros de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, entre otros, están excluidos de sus previsiones, tal exclusión tiene sustento en las

contingencias de vejez, invalidez y muerte; sin embargo, en su artículo 279 determinó que los miemb ros de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, entre otros, están excluidos de sus previsiones, tal exclusión tiene sustento en las particulares funciones que desarrollan, razón por la cual están sometidos a leyes especiales sobre la materia.

Para el caso de los miembros de la Fuerza Pública, la materia sobre el reconocimiento de la pensión de invalidez fue regulada por el Decreto 1836 de 1979, en el cual se concedía el derecho al personal que tuviera una pérdida de capacidad psicofísica superior al 75% .7 Posteriormente, tanto en el Decreto 094 de 1989 ,8

7 Tal como se estableció en los artículos 60, 61 y 62. 8 Artículo 89. Pensión de invalidez del personal de Ofi ciales, Suboficiales y Agentes. A partir de la vigencia del presente Decreto, cuando el personal de Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y Agentes, adquieran una incapacidad durante el servicio, que implique una pérdida igual o superior al 75 % de su capacidad el sicofísica, tendrá derecho mientras subsista la incapacidad, a una pensión mensual pagadera por el Tesoro Público y liquidada con base en las partidas señaladas en los respectivos estatutos de carrera, así: (…)12

Radicado: 05001 23 31 000 2002 02998 01 (0509-2012) Demandante: Víctor Cenón Ospino Polo como en el Decreto 1796 de 2000 ,9 de igual manera, se fijó el aludido porcentaje con miras al reconocimiento de la prestación por invalidez.

Demandante: Víctor Cenón Ospino Polo como en el Decreto 1796 de 2000 ,9 de igual manera, se fijó el aludido porcentaje con miras al reconocimiento de la prestación por invalidez.

Ahora bien, los organismos que dictaminan el índice de disminución de la capacidad laboral de los miembros de la Fuerza Pública son la Junta Médico-Laboral y el Tribunal Médico -Laboral de Revisión Militar y de Policía . De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 del Decreto 094 de 1989 la convocatoria de la Junta Médico Laboral se produce cuando en la práctica de un examen físico se advierten lesiones o afecciones que ocasionen la disminución de la capacidad labo ral; entre tanto, el Tribunal Médico La boral y de Revisión Militar y de Policía se conforma a solicitud del interesado o de la Dirección de Sanidad ,10 con el objeto de aclarar, ratificar, modificar o revocar las decisiones adoptadas por las Juntas Médico Laborales y conoc e «en última instancia de las reclamaciones» que sur jan contra tales decisiones, al tenor de lo dispuesto en el artículo 25 ibidem,.

La anterior disposición fue derogada por el Decreto 1796 de 2000, que regula lo concerniente a la evaluación de la capacidad psicofísica y la disminución de la capacidad laboral, así como los aspectos sobre incapacidades, indemnizaciones, pensiones por invalidez e informes administrativos por lesiones de los miembros de la Fuerza Pública, en el cual se mantuvieron los organismos médico laborales militares y de policía que estaban consagrados en el Decreto 094 de 1989 y sus funciones y causales de convocatoria están descritas en los artículos 15 y siguientes

la Fuerza Pública, en el cual se mantuvieron los organismos médico laborales militares y de policía que estaban consagrados en el Decreto 094 de 1989 y sus funciones y causales de convocatoria están descritas en los artículos 15 y siguientes del decreto de 2000, que se citan a continuación:

Artículo 15. Junta Médico-Laboral Militar o de P olicía. Sus funciones son en primera instancia:

9 Artículo 38. Liquidación de pensión de invalidez para el personal de oficiales, suboficiales, agentes, y personal del nivel ejecutivo de la policía nacional. Cuando mediante Ju nta Médico -Laboral o Tribunal Médico-Laboral de Revisión Militar y de Policía, haya sido determinada una disminución de la capacidad laboral igual o superior al 75%, ocurrida durante el servicio, el personal a que se refiere el presente artículo, tendrá derecho, mientras subsista la inca pacidad, a una pensión mensual, v