CE - 012331000200204829012SENTENCIA20230203134232

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero ponente: GUILLERMO SÁNCHEZ LUQUE

Bogotá D.C., seis (6) de diciembre de dos mil veintidós (2022) Radicación número: 05001-23-31-000-2002-04829-01 (47148)

Actor: WILLIAM ALBERTO MOLINA SÁNCHEZ Y OTROS

Demandado: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO-INPEC

Y OTROS Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA EXCEPCIONES DE FONDO-El superior puede estudiar todas las excepciones, propuestas o no. COPIAS SIMPLES-Valor probatorio. CADUCIDAD EN REPARACIÓN DIRECTA-El término se contabiliza a partir del día siguiente a la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, art. 136 CCA. CADUCIDAD EN REPARACIÓN DIRECTA-Las normas que disponen el término para demandar son de orden público e indisponibles para el juez y las partes. CADUCIDAD EN REPARACIÓN DIRECTA-El término de caducidad para demandar inicia desde que se produjo la conducta dañosa o desde la fecha en que el demandante tuvo conocimiento del daño, aunque los efectos del daño perduren en el tiempo. HACINAMIENTO CARCELARIO­ Caducidad del término para formular la acción. COSTAS EN CCA-lmprocedencia cuando no se actúa con temeridad o mala fe.

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia del 28 de agosto de 2012 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, que accedió parcialmente a las pretensiones.

SÍNTESIS DEL CASO

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia del 28 de agosto de 2012 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, que accedió parcialmente a las pretensiones. SÍNTESIS DEL CASO El 23 de febrero de 2000, el Juzgado Diecisiete Penal del Circuito de Medellín condenó a William Alberto Malina Sánchez a 54 meses de prisión por el delito de hurto calificado y agravado. Estuvo recluido en los calabozos del Gaula en Medellín y en la cárcel del Distrito Judicial de Medellín Bellavista, en el pabellón 2, desde el 17 de septiembre de 1997 hasta el 4 de diciembre de 2000. Alegan una falla del servicio, porque estuvo en condiciones de hacinamiento carcelario, lo que vulneró su derecho a la dignidad humana.

ANTECEDENTES2

Expediente nº. 47.148

Demandante: William Alberto Malina Sánchez y otros Declara caducidad El 4 de diciembre de 2002, William Alberto Malina Sánchez y otros, a través de apoderado judicial, formularon demanda de reparación directa contra el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario-lNPEC y otros. William Alberto Malina Sánchez solicitó 300 SMLMV y para cada uno de sus familiares 150 SMLM V, por perjuicios morales y 150 SMLMV por la afectación económica que sufrió, por perjuicios materiales. En apoyo de las pretensiones, la parte demandante afirmó que el Juzgado Diecisiete Penal del Circuito de Medellín condenó a William Alberto Malina Sánchez a 54 meses de prisión por el delito de hurto calificado y

perjuicios materiales. En apoyo de las pretensiones, la parte demandante afirmó que el Juzgado Diecisiete Penal del Circuito de Medellín condenó a William Alberto Malina Sánchez a 54 meses de prisión por el delito de hurto calificado y agravado. Sostuvo que entre el 17 de septiembre de 1997 y el 4 de diciembre de 2000 sufrió hacinamiento carcelario en el calabozo del Gaula de la Policía Metropolitana de Medellín y en la cárcel del Distrito Judicial de Medellín Bellavista. Afirmó que estuvo recluido en precarias condiciones de alojamiento, salud, alimentación e higiene, situación que vulneró su derecho a la dignidad humana. Agregó que sus familiares hicieron largas filas para las visitas y recibieron malos tratos. Alegaron falla del servicio por las condiciones «infrahumanas» que sufrió en la cárcel y por el abandono estatal. El 30 de enero de 2003, se admitió la demanda y se ordenó su notificación. En el escrito de contestación de la demanda, la Nación-Ministerio del Interior y de Justicia, Rama Judicial alegaron falta de legitimación en la causa por pasiva, porque no son las entidades encargadas de los centros de reclusión ni de la protección de los reclusos. El INPEC, al oponerse a las pretensiones, propuso las excepciones de ausencia del nexo causal, inexistencia de la obligación y culpa exclusiva de la víctima. Señaló que no se acreditó el daño alegado. El 28 de febrero de 2012 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente. La parte demandante

febrero de 2012 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente. La parte demandante guardó silencio. La Nación-Rama Judicial y el INPEC reiteraron lo expuesto. El Ministerio Público solicitó acoger las pretensiones, al considerar que la falla del servicio es atribuible al INPEC y Rama Judicial por no reubicar al interno en condiciones dignas. El 28 de agosto de 2012, el Tribunal Administrativo de Antioquia en sentencia accedió parcialmente a las pretensiones. Consideró que se acreditó la vulneración3 Expediente nº. 47.148

Demandante: William Alberto Molina Sánchez y otros Declara caducidad al derecho a la dignidad humana de William Alberto Malina Sánchez durante la reclusión, por el hacinamiento que sufrió en la cárcel del Distrito Judicial de Medellín Bellavista. La Nación-Rama Judicial y el INPEC interpusieron recurso de apelación, que fueron concedidos el 1 O de abril de 2013 y admitidos el 26 de junio siguiente. La Nación-Rama Judicial reiteró la falta de legitimación en la causa por pasiva. El INPEC esgrimió que la sentencia de la Corte Constitucional no acredita una afectación al derecho a la dignidad humana. También adujo no fue probado el daño. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado interpuso recurso de apelación. Esgrimió que no puede exigirse al Estado el cumplimiento de mandatos imposibles. Sostuvo que debe tenerse en cuenta las causas de la sobrepoblación carcelaria en Colombia, por lo que el daño no es atribuible a las entidades demandadas. El 11 de diciembre de 2013, se corrió traslado para

mandatos imposibles. Sostuvo que debe tenerse en cuenta las causas de la sobrepoblación carcelaria en Colombia, por lo que el daño no es atribuible a las entidades demandadas. El 11 de diciembre de 2013, se corrió traslado para presentar alegatos de conclusión en segunda instancia. La parte demandante guardó silencio. La Nación-Rama Judicial y el INPEC reiteraron lo expuesto. La Nación-Ministerio del Interior y de Justicia y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado reiteraron que el demandante no acreditó un daño personal y concreto. El Ministerio Público guardó silencio. En Sala del 22 de agosto de 2022, el proyecto de fallo fue derrotado y en auto del 6 de septiembre del mismo año, se ordenó remitir el expediente al Consejero siguiente en turno.

CONSIDERACIONES

l. Presupuestos procesales Jurisdicción y competencia

1. La jurisdicción administrativa, como guardián del orden jurídico, conoce de las controversias cuando se demande la ocurrencia de un daño cuya causa sea una acción u omisión de una entidad estatal según el artículo 82 CCA, modificado por el artículo 1 ° de la Ley 1107 de 2006. El Consejo de Estado es competente para estudiar este asunto, de conformidad con el artículo 129 CCA, modificado por la Ley 446 de 1998. Así mismo, esta Corporación es competente en razón a la4

Expediente nº. 47.148

Demandante: William Alberto Malina Sánchez y otros Declara caducidad cuantía pues, de conformidad con el artículo 20.2 CPC, el valor de la pretensión mayor supera los 500 SMLMV exigidos por el artículo 132.6 CCA, esto es,

Demandante: William Alberto Malina Sánchez y otros Declara caducidad cuantía pues, de conformidad con el artículo 20.2 CPC, el valor de la pretensión mayor supera los 500 SMLMV exigidos por el artículo 132.6 CCA, esto es,

$154.000.0001. Acción procedente

2. La acción de reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado proviene de un hecho, omisión, operación administrativa, la ocupación temporal o permanente de un inmueble o cualquier otra actuación estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo2, en este caso por una omisión que se imputa a varias entidades públicas (art. 90 CN, art. 86 CCA y arts. 2341 y ss. CC).

Demanda en tiempo

3. La Sala se ve obligada a plantear el problema jurídico en el estudio de este presupuesto procesal por las razones que se pasarán a explicar.

11. Problema jurídico Corresponde a la Sala determinar si el medio de control de reparación directa se intentó dentro del plazo preclusivo previsto en la ley.

111. Análisis de la Sala

4. Las copias simples serán valoradas, porque la Sección Tercera de esta Corporación, en fallo de unificación, consideró que tenían mérito probatorio3. 1 Suma que se obtiene de multiplicar el salario mínimo de 2002, $309.000, por 500. 2 Excepcionalmente la jurisprudencia ha aceptado la procedencia de dicha acción por daños causados por actos administrativos. Cfr, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 17 de junio de 1993, Rad. 7 .303

2 Excepcionalmente la jurisprudencia ha aceptado la procedencia de dicha acción por daños causados por actos administrativos. Cfr, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 17 de junio de 1993, Rad. 7 .303 [fundamentos jurídicos 10 y 11] y sentencia del 8 de marzo de 2007, Rad. 16.421 [fundamento jurídico 3], en Antología Jurisprudencias y Conceptos, Consejo de Estado 1817-2017, Sección Tercera Tomo B, Bogotá, Imprenta Nacional, 2018, pp. 744, 746 y 747, disponible en https://bit.ly /3gjjduK. 3 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 28 de agosto de 2013, Rad. 25.022 [fundamento jurídico 1]. El Magistrado Ponente no comparte este criterio jurisprudencia!, sin embargo, lo respeta y acoge. Los argumentos de la inconformidad están en la aclaración de voto a la sentencia del 22 de octubre de 2015, Rad. 26.984. Estas providencias se pueden consultar en Antología Jurisprudencias y Conceptos, Consejo de Estado 1817-2017 Sección Tercera Tomo B, Bogotá, Imprenta Nacional, 2018, pp. 363, 364 y 365, respectivamente, disponible en https://biUy/3gjjduK.5 Expedientenº. 47.148

Demandante: William Alberto Malina Sánchez y otros Declara caducidad

5. El artículo 164 CCA prevé que la sentencia debe decidir sobre las excepciones propuestas en el proceso y las que el juez encuentre probadas, por ejemplo, la caducidad del término para formular la demanda4.

6. El fenómeno de caducidad para demandar se configura cuando vence el

propuestas en el proceso y las que el juez encuentre probadas, por ejemplo, la caducidad del término para formular la demanda4.

6. El fenómeno de caducidad para demandar se configura cuando vence el término previsto en la ley para acudir ante los jueces para demandar. Término que está concebido para definir un plazo objetivo e invariable para que quien pretenda ser titular de un derecho opte por accionar ante las autoridades competentes. La caducidad tiene lugar cuando expira ese término perentorio fijado por la ley. El término para formular pretensiones, en procesos de reparación directa, según el artículo 136.8 CCA es de dos años, que se cuentan a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquier otra causa.

El término de caducidad establecido en el artículo 136 CCA es una norma de orden público -y por consiguiente de obligatorio cumplimiento (art. 6 CPC hoy retomado por el art. 13 CGP)- de la que no pueden disponer los jueces ni las partes, porque constituye una garantía para la seguridad jurídica y el interés general. Así lo resaltó la Corte Constitucional, al declarar la exequibilidad de ese precepto, pues la caducidad representa el límite dentro del cual el ciudadano debe reclamar del Estado determinado derecho. Por ende, según la Corte, la actitud negligente de quien estuvo legitimado en la causa no puede ser objeto de protección, pues es un hecho cierto que quien, dentro de las oportunidades procesales fijadas en la ley ejerce sus derechos, no se verá expuesto a perderlos por la ocurrencia del

de quien estuvo legitimado en la causa no puede ser objeto de protección, pues es un hecho cierto que quien, dentro de las oportunidades procesales fijadas en la ley ejerce sus derechos, no se verá expuesto a perderlos por la ocurrencia del fenómeno indicado, situación que no se extiende a quien no acudió en tiempo a la defensa de sus derechos5. 4 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 17 de junio de 2004, Rad. 14.988 [fundamento jurídico 111], en Antología Jurisprudencias y Conceptos, Consejo de Estado 1817-2017 Sección Tercera Tomo B, Bogotá, Imprenta Nacional, 2018, pp. 282, disponible en https://bit.ly/3gjjduK. 5 Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-574 de 1998 [fundamento jurídico 3.5].6 Expediente nº. 47.148

Demandante: William Alberto Molina Sánchez y otros Declara caducidad Este criterio lo reiteró la Corte en el estudio de constitucionalidad del artículo 44 de la Ley 446 de 1998, que modificó el artículo 136.9 CCA, al destacar que la caducidad no concede derechos subjetivos, sino que apunta a la protección del interés general, de modo que su configuración impide el ejercicio de la acción y no puede iniciarse válidamente el proceso. También señaló que la caducidad, dado su carácter de orden público, es indisponible y puede ser declarada de oficio por el juez, cuando se verifique su ocurrencia6 .

El artículo 136 CCA dispuso que el punto de partida para el cómputo del término de caducidad es el hecho dañoso (acción u omisión causante del daño) y fijó el

juez, cuando se verifique su ocurrencia6 . El artículo 136 CCA dispuso que el punto de partida para el cómputo del término de caducidad es el hecho dañoso (acción u omisión causante del daño) y fijó el plazo para la interposición de la demanda en dos años, sin hacer distinciones sobre el tipo de daño que se cause. Por ello, basta verificar el día en que ocurrió el hecho, omisión u operación administrativa para contabilizar el plazo señalado, a menos que el perjudicado no hubiera podido conocer el daño en esa fecha, pues en este evento, la caducidad se debe contar desde que tuvo conocimiento de este7. Así, aunque los efectos del daño perduren en el tiempo, el conteo del término de caducidad para demandar inicia desde que se produjo la conducta dañosa o desde la fecha en que el demandante tuvo conocimiento del daño8.

7. Según la demanda, las entidades demandas son responsables por los daños causados a William Alberto Molina Sánchez con ocasión del hacinamiento carcelario en el calabozo del Gaula de la Policía Metropolitana de Medellín y en la cárcel del Distrito Judicial de Medellín Bellavista, entre el 17 de septiembre de 1997 y el 4 de diciembre de 2000.

Está acreditado que el 17 de septiembre 1997, William Alberto Molina Sánchez quedó a disposición del Jefe de la Sección de Antisecuestro del Gaula de la

Policía Nacional en Medellín, como presunto autor del delito de secuestro (f. 4850, c. 1 de pruebas). El 18 de septiembre de 1997, la Fiscalía Regional ante el 6 Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-832 de 2001 [fundamento jurídico 4]. 7 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 12 de octubre de 2011, Rad. 20.692 [fundamento jurídico 3.1 ]. 8 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 22 de octubre de 2020, Rad. 61.767 [fundamento jurídico 4], con salvamento de voto.7 Expediente nº. 47.148

Demandante: William Alberto Molina Sánchez y otros Declara caducidad Gaula de Medellín solicitó mantener privados de la libertad a William Alberto Molina Sánchez y otros, por estar presuntamente incurso en la comisión de los delitos de concierto para secuestrar, secuestro extorsivo, concierto para delinquir, entre otros (f. 70, c. 1 de pruebas). El 9 de octubre de 1997, la Fiscalía Delegada ante los Juzgados Regionales de Medellín impuso medida de aseguramiento contra William Alberto Molina Sánchez, por los delitos del secuestro extorsivo en concurso con hurto calificado y agravado y de fabricación y tráfico de armas y municiones de uso privativo de las fuerzas armadas (f. 35-71, c. 1 de pruebas). El 19 de mayo de 1998, la Unidad de Fiscalía Delegada Ante los Jueces Regionales profirió resolución de acusación contra William Alberto Molina Sánchez por el

19 de mayo de 1998, la Unidad de Fiscalía Delegada Ante los Jueces Regionales profirió resolución de acusación contra William Alberto Molina Sánchez por el delito de hurto calificado y agravado (f. 216-266, c. 2 de pruebas). El 23 de febrero de 2000, el Juzgado Diecisiete Penal del Circuito Judicial de Medellín condenó a William Alberto Molina Sánchez a 54 meses de prisión por el delito de hurto calificado y agravado (f. 158-175, c.1 ). El 27 de junio siguiente, la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín confirmó la decisión (f. 1375-1388, c. 2 de pruebas). William Alberto Molina Sánchez estuvo recluido en el pabellón número dos de la cárcel del Distrito Judicial de Medellín Bellavista, desde el 27 de septiembre de 1997 hasta el 4 de diciembre de 2000 (f. 89 c. 1 ). El 9 de marzo de 2000, William Alberto Molina Sánchez solicitó a la Defensoría del Pueblo Regional de Antioquia que mediara para que le permitieran terminar la condena en el centro carcelario del Distrito Judicial de Medellín Bellavista, pues sabía que su vida corría peligro en caso de ser trasladado a otro centro carcelario (f. 150, c. 1 ). El 2 de mayo de 2000, la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín ordenó que William Alberto Molina Sánchez permaneciera recluido en la cárcel del Distrito Judicial de Medellín Bellavista, tal y como lo solicitó a través de la Defensora del Pueblo Regional de Antioquia (f. 147 c. 1 ). Como el 9 de marzo de 2000, William Alberto Molina Sánchez solicitó a la entidad

Bellavista, tal y como lo solicitó a través de la Defensora del Pueblo Regional de Antioquia (f. 147 c. 1 ). Como el 9 de marzo de 2000, William Alberto Molina Sánchez solicitó a la entidad demandada terminar su condena en el centro carcelario del Distrito Judicial de Medellín Bellavista, desde esa fecha el demandante tenía conocimiento de las condiciones del centro carcelario. Por ello, el término de dos años para formular la demanda comenzó a correr a partir del 1 O de marzo de 2000 (f. 150, c. 1) y venció el 1 O de marzo de 2002. Como la demanda se presentó el 4 de diciembre de 2002,8 Expediente nº. 47.148

Demandante: William Alberto Malina Sánchez y otros Declara caducidad según da cuenta el sello de radicado (f. 23 c. 1 ), operó el fenómeno preclusivo de la caducidad y, en consecuencia, la Sala revocará la sentencia apelada.

8. De conformidad con el artículo 171 CCA, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, no hay lugar a condenar en costas, porque no se evidencia que la parte haya actuado con temeridad o mala fe.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, FALLA: REVÓCASE la sentencia del 28 de agosto de 2012, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia y, en su lugar, se dispone: PRIMERO: DECLÁRASE probada la excepción de caducidad del término para formular la demanda.

SEGUNDO: Sin condena en costas.

Administrativo de Antioquia y, en su lugar, se dispone: PRIMERO: DECLÁRASE probada la excepción de caducidad del término para formular la demanda.

SEGUNDO: Sin condena en costas.

TERCERO: En firme esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

llL J GUILLERMO SÁNCHE MGL/OAO ""'",-v..:,_fic....-r,..rir "'" .. OR Presidente de la S

JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS Salvo voto