CE - 012331000200302601021SENTENCIA20230526091041

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejera ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá, D.C., ocho (8) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

Radicación número: 05001-23-31-000-2003-0261-02 (68288)

Actor: LIGIA URQUIJO DE ESCOBAR Y OTROS

Demandado: FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN - NACIÓNMINISTERIO DE

DEFENSA-POLICÍA NACIONAL, SAE

Referencia: MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA

Temas: INCAUTACIÓN DE BIENES – Por parte de la Policía Nacional por orden judicial / FALLA EN EL SERVICIO POR OMISIÓN - La DNE quien tenía a su disposición los bienes incautados no ejerció las obligaciones legales que le correspondían y no ejecutó la orden de entrega de los bienes incautados

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía General de la Nación y la Sociedad de Activos Especiales -SAE S.A.S.- en contra de la sentencia del 15 de diciembre de 20211, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

SÍNTESIS DEL CASO

Se solicitó la indemnización de perjuicios causados como consecuencia de la no devolución de los bienes muebles que fueron incautados en la diligencia llevada a cabo el 8 de octubre de 1990, en la calle 14 n.° 30 -117, del municipio de Medellín,

devolución de los bienes muebles que fueron incautados en la diligencia llevada a cabo el 8 de octubre de 1990, en la calle 14 n.° 30 -117, del municipio de Medellín, lo que, a juicio de la parte demandante, constituyó una falla en el servicio de la SAE S.A.S., por omisión en el cumplimiento de la orden judicial de entrega de los bienes.

1 Es necesario explicar que e l 26 de abril de 2011, el Tribunal Administrativo de Antioquia negó las pretensiones de la demanda; sin embargo, dicha providencia carecía de sustentación (fls. 315 -324 c. 7). A pesar de lo anterior, la parte demandante interpuso recurso de apelación (fls. 329-332 c. 7), que fue concedido el 24 de mayo de 2011 (fl. 333 c. 7). Esta corporación le imprimió el trámite de segunda instancia, sin percatarse de la falta de sustentación de la sentencia y el 5 de junio de 2019 declaró la nulidad de la sentencia enunciada, así como de las actuaciones que se derivaron de esta y ordenó la devolución del expediente al tribunal de origen para que volviera a proferir la providencia que pusiera fin a la primera instancia. En cumplimiento de dicha orden el a quo profirió el fallo del 15 de diciembre de 2021 (fls. 565-570 c. 7).2

Radicación número: 05001-23-31-000-2003-02601-02 (68288) Actor: Ligia Urquijo de Escobar y otros Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional, Fiscalía General de la Nación y DNE

Referencia: Acción de Reparación Directa

ANTECEDENTES

1. La demanda

Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional, Fiscalía General de la Nación y DNE

Referencia: Acción de Reparación Directa

ANTECEDENTES

1. La demanda

Mediante escrito presentado el 18 de julio de 2003 (fls. 1-17 c. 1), los señores Ligia Urquijo de Escobar, Nicolás Alberto de San Cayetano Urquijo Gaviria y Nicolás Escobar Urquijo, por conducto de apoderado judicial (fl. 18 -20 c. 1), presentaron demanda de reparación directa en contra de la Fiscalía General de la Nac ión, la Nación-Ministerio de Defensa -Policía Nacional y la Dirección Nacional de Estupefacientes, con el fin de que se les declarara patrimonialmente responsables por los perjuicios que les fueron causados con ocasión de la incautación de varios bienes muebles que se encontraban en el inmueble ubicado en la calle 14 n.° 30117 del municipio de Medellín.

Como consecuencia de la anterior declaración, se solicitó en la demanda que se reconociera como perjuicio moral para la señora Ligia Urquijo de Escobar, la suma equivalente a 40 SMLMV ; para el señor Nicolás Alberto de San Cayetano Urquijo Gaviria, 20 SMLMV, y para Nicolás Escobar Urquijo, la suma equivalente a 10 SMLMV. Por perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente a favor de la señora Ligia Urquijo de Escobar, la suma de $304483.818 2 y como lucro cesante “las sumas de dinero que cubran la pérdida de los rendimientos financieros del valor de los bienes ” desde octubre de 1990 y hasta cuando se profiera sentencia que

“las sumas de dinero que cubran la pérdida de los rendimientos financieros del valor de los bienes ” desde octubre de 1990 y hasta cuando se profiera sentencia que ponga fin al proceso.

Las pretensiones anteriores se fundamentaron en los siguientes hechos:

A las 6 de la tarde del 8 de octubre de 1990, la Policía Nacional realizó, por orden del Juzgado 91 de Instrucción Penal Militar-Medellín, un allanamiento al inmueble ubicado en la calle 14 n.° 30-117 de Medellín, diligencia en la que se decomisaron: una camioneta Toyota de placas LAA -056, un campero Mitsubishi de placas HB3609, un automóvil mercedes Benz de placa LI-2339, una moto Honda de placa LNC31, una moto Yamaha de placa AAB -99, un televisor sony de 14 pulgadas, un televisor Sony Trinitron de 24 pulgadas, una rockola, un life cycles para adelgazar, una impresora Epson, una grabadora Sony digital, una grabadora Fischer, un betamax video casettes Recorder, un equipo de sonido marc a Sony, una cámara filmadora sin accesorios, una cámara fotográfica Minolta, una máquina de escribir

2 La petición se realizó en los siguientes términos: “ El Daño emergente causado a mi mandante señora Ligia Urquijo de Escobar es determinado por el valor económico que tenían los bienes a la fecha de la incautación para un total de…” (fl. 15 c. 1).3

Radicación número: 05001-23-31-000-2003-02601-02 (68288) Actor: Ligia Urquijo de Escobar y otros Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional, Fiscalía General de la Nación y DNE

Radicación número: 05001-23-31-000-2003-02601-02 (68288) Actor: Ligia Urquijo de Escobar y otros Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional, Fiscalía General de la Nación y DNE

Referencia: Acción de Reparación Directa

Brother, dos sillas de cuero rojas Matteo Grassi, dos cajas de Diskettes con 20 unidades cada una, una caja de discos Dysan con 9 unidades, 15 fotos famili ares, 8 cuadros, un teléfono Unisonic y un accesorio para computador IBM.

El 9 de octubre de 1990, los muebles enunciados fueron dejados en calidad de depósito en el sub almacén del CEA, en la escuela Carlos Holguín de la Policía Nacional, y los vehículos y las motocicletas fueron dejados a disposición de la DIJIN para su investigación.

Como consecuencia de dicha diligencia, fue iniciado un proceso de enriquecimiento ilícito en contra de la señora Ligia Urquijo de Escobar.

El 19 de julio de 2001 y el 14 de marzo de 2002, la Fiscalía Delegada ante los jueces penales del circuito especializados de Medellin y la Dirección Nacional de Estupefacientes, respectivamente, ordenaron la entrega de los bienes incautados a sus propietarios, por haberse producido la prescripción de la acción penal.

Los demandantes radicaron varias peticiones ante la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional, la Armada Nacional y la DIJIN, con el fin de obtener la devolución de los bienes incautados, sin obtener respuesta.

El 26 de febrero de 2003 fue radicado ante la Dirección Nacional de Estupefacientes

la Policía Nacional, la Armada Nacional y la DIJIN, con el fin de obtener la devolución de los bienes incautados, sin obtener respuesta.

El 26 de febrero de 2003 fue radicado ante la Dirección Nacional de Estupefacientes un requerimiento en los mismos términos. En respuesta, se expidió el oficio 952478 en el que se les informó que “se expidió el respectivo acto administrativo que ordena la entrega de los vehículos y los bienes incautados, y que se requeriría a las entidades encargadas de realizar la entrega a efectos de que remitieran la respectiva acta”; sin embargo, nunca se recibi eron las respectivas actas ni se hizo la entrega de los mismos. El 19 de marzo siguiente se adicionó la respuesta en el sentido de informar que “no se encontraron documentos que aporten otros datos al respecto”.

El 19 de mayo de 2003, la Armada Nacional dispuso la entrega del vehículo Mitsubishi de placa HB-3609, “entrega que se quedó en el papel, toda vez que por carecer de placas que permitan su movilización y por falta de recursos económicos para desplazarse hasta la ciudad de Bogotá donde se encuentra el bien mueble en mención, no se ha podido materializar la entrega”.4

Radicación número: 05001-23-31-000-2003-02601-02 (68288) Actor: Ligia Urquijo de Escobar y otros Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional, Fiscalía General de la Nación y DNE

Referencia: Acción de Reparación Directa

Ninguno de los demás bienes incautados ha sido devuelto.

2. El trámite en primera instancia

Fiscalía General de la Nación y DNE

Referencia: Acción de Reparación Directa

Ninguno de los demás bienes incautados ha sido devuelto.

2. El trámite en primera instancia

El Tribunal Administrativo de Antioquia admitió la demanda el 25 de julio de 2003 y ordenó la notificación de la misma a los demandados3 (fls. 103-104 c. 1).

La Fiscalía General de la Nación se opuso a las pretensiones de la demanda, para lo cual adujo que carecía de legitimación en la causa por pasiva, dado que una vez fueron incautados los bienes muebles, en cumplimento de las disposiciones legales, fueron entregados a la DNE para su custodia, conservación y administración, razón por la cual dicha entidad era la encargada de devolverlos, una vez fue ordenada su entrega (fls. 109-113 c. 1).

La Policía Nacional, igualmente, se opuso a las pretensiones de la demanda . Presentó como excepciones la que denominó cumplimiento del deber legal, en tanto que el allanamiento y la incautación de los bienes los realizó en cumplimiento de una orden expedida por el juez 91 de Instrucción Penal Militar, y la de falta de legitimación en la causa por pasiva (fls. 127-129 c. 1).

La Dirección Nacional de Estupefacientes (de ahora en adelante DNE) adujo que solo recibió algunos de los bienes incautados; que los demás fueron dejados en depósito en la Escuela Carlos Holguín de la Policía Nacional, tal como lo demuestra el acta de inventario del 9 de octubre de 1990, razón por la cual le “ corresponderá

depósito en la Escuela Carlos Holguín de la Policía Nacional, tal como lo demuestra el acta de inventario del 9 de octubre de 1990, razón por la cual le “ corresponderá al actor probar cuál de las entidades demand adas recibió físicamente los bienes echados de menos”.

Añadió que, tal como correspondía legalmente, ordenó la entrega de los bienes que fueron dejados bajo su tutela; sin embargo, no le era posible entregar aquellos que estaban a cargo de otras entidades , por lo que su responsabilidad frente a estos últimos se circunscribió a “librar las respectivas comunicaciones y a enviar copia de la resolución de cumplimiento a los entes que tienen alguna injerencia en el trámite de devolución”. Presentó como excepciones las de acción indebida y la de caducidad (fls. 136-145 c. 1).

3 La decisión fue legalmente notificada: i) el 8 de agosto d e 2003 al Ministerio Público, ii) el 29 de agosto de 2003 a la Nación -Ministerio de Defensa -Policía Nacional, a la Fiscalía y a la DNE (fls. 104vto., 105-18 c. 1).5

Radicación número: 05001-23-31-000-2003-02601-02 (68288) Actor: Ligia Urquijo de Escobar y otros Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional, Fiscalía General de la Nación y DNE

Referencia: Acción de Reparación Directa

El 13 de mayo de 2004 se abrió el proceso a pruebas (fls. 202 -203 c. 1). El 17 de agosto de 2006 se corrió traslado para alegar (fl. 246 c. 1). Las demandadas

El 13 de mayo de 2004 se abrió el proceso a pruebas (fls. 202 -203 c. 1). El 17 de agosto de 2006 se corrió traslado para alegar (fl. 246 c. 1). Las demandadas alegaron de conclusión, la parte demandante y el Ministerio Público guardaron silencio (fls. 247-264 c. 1).

3. Sentencia de primera instancia

El 15 de octubre de 2021 el Tribunal Administrativo de Antioquia profirió sentencia condenatoria en los siguientes términos:

PRIMERO: Declarar no probadas las excepciones de acción indebida y caducidad de la acción, propuestas por la Dirección Nacional de

Estupefacientes hoy Sociedad de Activos Especiales SAS SAE.

SEGUNDO: Se declara solidaria y administrativamente r esponsables a la Sociedad de Activos Especiales SAS SAE como sucesora procesal de la Dirección Nacional de Estupefacientes y a la Fiscalía General de la Nación, por los daños y perjuicios causados a la señora Ligia Urquijo de Escobar, como consecuencia de un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, tras omitir la entrega real y material de los bienes muebles y enseres de su propiedad o posesión y que se encuentran descritos en el acápite denominado “de la liquidación de los perjuicios mat eriales”, y que fueran incautados y/o

decomisados en allanamiento el día 8 de octubre de 1990, en la dirección calle 14 n.° 30-117 Medellín.

TERCERO: Condénase en abstracto a la Sociedad de Activos Especiales SAS SAE como sucesora procesal de la Dirección Nacional de Estupefacientes y a

14 n.° 30-117 Medellín.

TERCERO: Condénase en abstracto a la Sociedad de Activos Especiales SAS SAE como sucesora procesal de la Dirección Nacional de Estupefacientes y a la Fiscalía General de la Nación, a los perjuicios (sic) materiales en su modalidad de daño emergente, causados a la señora Ligia Urquijo de Escobar, por la no entrega real y material de los bienes muebles y enseres de su propiedad o posesión y que se encuentran descritos en el acápite denominado de la liquidación de los perjuicios materiales”, y que fueran incautados y/o

decomisados en allanamiento el día 8 de octubre de 1990, en la dirección calle 14 n.° 30-117 Medellín.

La señora Ligia Urquijo de Escobar, podrá promover el correspondiente incidente para cuantificar los daños, de conformidad con los parámetros expuesto en la parte motiva de la providencia.

CUARTO: Negar las demás pretensiones de la demanda.

Como sustento de la anterior decisión, explicó que los bienes que fueron incautados en la diligencia llevada a cabo el 8 de octubre de 1990 fueron dejados a disposición de la DNE, que a través de las Resoluciones 0012 de 1991, 0354 de 1991, 0877 de 1991 y 1684 de 1994, los destinó provisionalmente a algunas entidades.

Que pese a que, mediante Resolución 441 de 2002, ordenó la entrega material de los vehículos, esta no se hizo efectiva materialmente, aunque la parte demandante sí realizó varias solicitudes tendientes a su devolución.6

Radicación número: 05001-23-31-000-2003-02601-02 (68288)

los vehículos, esta no se hizo efectiva materialmente, aunque la parte demandante sí realizó varias solicitudes tendientes a su devolución.6

Radicación número: 05001-23-31-000-2003-02601-02 (68288) Actor: Ligia Urquijo de Escobar y otros Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional, Fiscalía General de la Nación y DNE

Referencia: Acción de Reparación Directa

Lo anterior para concluir que se enc ontraba configurado el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, en tanto que está demostrado que los bienes incautados en el allanamiento realizado el 8 de octubre de 1990 no fueron devueltos

Declaró la responsabilidad solidaria de la Fiscalí a General de la Nación por ser quien adelantó “la investigación y ordenó dar cumplimiento a la orden de entrega definitiva de los bienes incautados y/o decomisados ” y a la DNE, porque tenía los bienes a su disposición.

Indicó que los señores Nicolás Alberto de San Cayetano Urquijo Gaviria y Nicolás Escobar Urquijo carecían de legitimación en la causa por activa, por no haber demostrado la calidad de propietarios o poseedores de alguno de los elementos que fueron incautados y no devueltos y profirió condena en abstracto (fls. 576-597 c. 10).

4. Recursos de apelación

La Fiscalía General de la Nación y la SAE S.A.S. interpusieron sendos recursos de apelación (fls. 625-631, 633-634 c. 10), con el fin de que fuera revocada la sentencia de primera instancia y, en su lugar, se negaran las pretensiones de la demanda.

apelación (fls. 625-631, 633-634 c. 10), con el fin de que fuera revocada la sentencia de primera instancia y, en su lugar, se negaran las pretensiones de la demanda.

4.1. La Fiscalía General de la Nación a legó que la orden de allanamiento e incautación de los bienes fue dada por el Juzgado 91 de Instrucción Penal Militar, y que los elementos quedaron a disposic ión de la DNE, que mediante varias resoluciones los destinó provisionalmente a algunas entidades públicas y privadas.

Agregó que su actuación se surtió conforme con la Constitución y a las disposiciones sustanciales y procedimentales vigentes para la épo ca, que no fue quien entregó en custodia los bienes incautados, por lo que considera que no se le puede asignar responsabilidad.

Manifestó que l os demandantes en unciaron situaciones constitutivas de daño, sin acreditar el “hecho negativo que pregona por parte de la FGN”, por lo que considera que no le es atribuible responsabilidad alguna (fls. 625-628 c. 10).

4.2. La SAE S.A.S., solicita revocar o modificar el fallo, para lo cual pide que se analice “la eventual responsabilidad que a su vez le podría llegar a asistir a las7

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Referencia: Acción de Reparación Directa

entidades a las cuales la DNE le hizo la entrega de los bienes incautados y que

Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional, Fiscalía General de la Nación y DNE

Referencia: Acción de Reparación Directa

entidades a las cuales la DNE le hizo la entrega de los bienes incautados y que fueron las que por su abstención directa e injustificada impidieron la devolución de los mismos a los interesados”, situación que no fue estudiada en la sentencia impugnada (fls. 533-634 c. 10).

Mediante providencia del 16 de febrero de 2022, el Tribunal Administrativo de Antioquia concedió los recursos interpuestos (fl. 660 c. 10).

5. Trámite de segunda instancia

Los recursos interpuestos fueron admitidos mediante providencia del 24 de octubre de 2022 (Samai, índice 11). El 17 de noviembre siguiente se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para que alegaran de conclusión y emitiera con cepto de fondo, si lo consideraba pertinente, respectivamente (Samai, índice 19).

La parte demandante insistió en que con las pruebas recaudadas se encuentra debidamente probada la falla del servicio en que incurrieron las entidades demandadas (Samai, índice 24). La Fiscalía General de la Nación reiteró lo manifestado en el recurso de apelación (Samai, índice 25).

Las demás demandadas y el Ministerio Público guardaron silencio.

CONSIDERACIONES

1. Competencia de la Sala

La Sala es competente para conocer del presente asunto en segunda instancia, en razón del recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía General de la Nación y la SAE S.A.S. demandadas en el proceso contra la sentencia proferida por el Tribunal

La Sala es competente para conocer del presente asunto en segunda instancia, en razón del recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía General de la Nación y la SAE S.A.S. demandadas en el proceso contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia el 15 de diciembre de 2021, habida cuenta de que, de conformidad con el artículo 73 de la Ley 270 de 1996 y lo considerado por la Sala Plena del Consejo de Estado en auto de 9 de septiembre de 2008, la competencia para conocer de las acciones de reparación directa que se instauren por error jurisdiccional, privación injusta de la libertad o defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, se encuentra radicada en los Tribunales Administrativos8

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Referencia: Acción de Reparación Directa

en primera instancia y en el Consejo de Estado en segunda instancia, sin consideración a la cuantía del proceso4.

2. Legitimación en la causa

2.1. Acudieron como demandantes al proceso los señores Ligia Urquijo de Escobar, Nicolás Alberto de Cayetano Urquijo Gaviria y Nicolás Escobar Urquijo, quienes alegan haber sido afectados con las actuaciones y omisiones atribuidas a las entidades públicas demandadas.

Tal como se dejó plasmado, la sentencia de primera instancia declaró la falta de legitimación de los señores Nicolás Alberto de Cayetano Urquijo Gaviria y Nico lás

entidades públicas demandadas.

Tal como se dejó plasmado, la sentencia de primera instancia declaró la falta de legitimación de los señores Nicolás Alberto de Cayetano Urquijo Gaviria y Nico lás Escobar Urquijo, tema que no fue motivo de apelación, razón por la cual no se volverá sobre el mismo.

Se encuentra probado que el vehículo incautado HB -36095 es de propiedad de la señora Ligia Urquijo de Escobar y que es poseedora de los demás bienes incautados6, razón por la cual se encuentra legitimada en la causa por activa.

2.2. Sobre la legitimación en la causa por pasiva, se advierte que el daño alegado en la demanda se hace derivar de las actuaciones y omisiones atribuidas a la Fiscalía General de la Nación y la SAE S.A.S. En ese sentido, se advierte que, respecto de estas entidades se efectuó una imputación fáctica y jurídica concreta y, por tanto, les asiste legitimación en la causa por pasiva de hecho. La legitimación material se analizará al examinar el fondo del asunto.

4Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, auto de 9 de septiembre de 2008, expediente 11001-03-26000-2008-00009-00, M.P. Mauricio Fajardo Gómez. 5 A fol. 92 c. 1, reposa la licencia de tránsito 104167 que da cuenta que el vehículo de placa HB3609 es de propiedad de la señora Ligia Urquijo de Escobar. 6 Está demostrado con el proceso penal que los bienes muebles fueron retirados de la casa de

3609 es de propiedad de la señora Ligia Urquijo de Escobar. 6 Está demostrado con el proceso penal que los bienes muebles fueron retirados de la casa de habitación de la señora Ligia Urquijo de Escobar el 8 de octubre de 1990 (fls. 7 -8 c. 1). La señora Urquijo desde un primer momento -14 de noviembre de 1990acudió ante al Juez 91 de Instrucción Penal Militar de Medellín a reclamar la devolución de los bienes de su propiedad que habían sido incautados en dicha diligencia del 8 de octubre de 1990 (fl. 11 c. 5). Tanto los testimonios rendidos en el proceso penal, como en el contencioso administrativo fueron contestes en afirmar que la señora Urquijo de Escobar residía en el inmueble allanado y que de dicha propiedad habían retirado varios bienes muebles que eran de su propiedad. En la providencia que declaró la prescripción de la acción penal se ordenó la devolución de los bienes muebles a la señora Ligia Urquijo de Escobar (fl. 266 c. 4).9

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Referencia: Acción de Reparación Directa

En relación con la legitimación en la causa por pasiva de la Policía Nacional, la Sala advierte que fue absuelta en primera instancia y no se presentó impugnación en relación con el tema.

3. Ejercicio oportuno de la acción

Al tenor de lo previsto en el numeral 8 del artículo 136 del Código Contencioso

advierte que fue absuelta en primera instancia y no se presentó impugnación en relación con el tema.

3. Ejercicio oportuno de la acción

Al tenor de lo previsto en el numeral 8 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 44 de la Ley 446 de 1998, la acción de reparación directa debía instaurarse dentro de los dos años contados a partir del día siguiente al acaecimiento del hecho, de la omisión, de la operación administrativa o de la ocupación permanente o temporal de inmueble de propiedad ajena por causa de trabajos públicos o por cualquier otra causa.

Las pretensiones formuladas en ejercicio de la acción de reparación directa están orientadas a obtener la indemnización de los perjuicios sufridos por la demandante como consecuencia de la pérdida de unos bienes muebles que fueron incautados en la diligencia llevada a cabo el 8 de octubre de 1990 en el municipio de Medellín. En relación con el tema, se encuentra probado que, el 19 de julio de 2001, la Fiscalía Delegada ante los Juzgados Penales del Circuito Especializado de Medellín profirió decisión en la que declaró la prescripción de la acción penal y ordenó la entrega definitiva de los bienes incautados en la diligencia del 8 de octubre de 1990 (fs. 2428 c. 1).

La Dirección Nacional de Estupefacientes, en cumplimiento a la orden de entrega antes enunciada, profirió las Resoluciones 288 del 15 de marzo de 2002 y 0441 del 8 de mayo de 2002 (fls. 30-35 c. 1), actos que en la parte resolutiva dispusieron:

Artículo primero: Dar cumplimiento a la decisión judicial proferida por la Unidad

8 de mayo de 2002 (fls. 30-35 c. 1), actos que en la parte resolutiva dispusieron:

Artículo primero: Dar cumplimiento a la decisión judicial proferida por la Unidad de Fiscales Delegados ante los Jueces Penales del Circuito Especializados de Medellín, que en resolución del 19 de julio de 2001, resolvió: “Tercero.- Una vez confirmada esta resolución, deberá darse cumplimiento a la entrega definitiva de los bienes incautados y/o decomisados en razón del allanamiento y registro

llevado a cabo en el inmueble ubicado en la calle 14 n.° 30 -117 de Medellín (Antioquia), para lo cual se deberá oficiar a la Dirección Nacional de Estupefacientes a cuya disposición se encuentran, quien deberá elaborar la respectiva acta y enviarla para que haga parte del presente expediente”, la cual se encuentra debidamente ejecutoriada según se manifestó en oficio n.° 18167, del 27 de diciembre de 20017.

La demanda fue presentada el 18 de julio de 2003, razón por la cual se debe concluir que se instauró dentro del término previsto por la ley.

7 Ambos actos administrativos contienen el mismo texto en el artículo primer o.10

Radicación número: 05001-23-31-000-2003-02601-02 (68288) Actor: Ligia Urquijo de Escobar y otros Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional, Fiscalía General de la Nación y DNE

Referencia: Acción de Reparación Directa

4. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si la no devolución de los bienes incautados es

Fiscalía General de la Nación y DNE

Referencia: Acción de Reparación Directa

4. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si la no devolución de los bienes incautados es imputable a la Fiscalía General de la Nación y a la SAE S.A.S. o si la responsabilidad debe ser imputada a las entidades a las que esta última entidad le entregó los bienes en custodia.

5. Análisis de la Sala

La Sala considera pertinente dejar claro que la demanda pretende que se resarzan los perjuicios que le fueron ocasionados a la parte actora con la no devolución de los bienes muebles que fueron decomisados en una diligencia realizada el 8 de octubre de 1990.

También resulta relevante destacar que, en la sentencia de primera instancia al estudiar la propiedad o posesión de los bienes incautados y de los cuales solicitan indemnización, se determinó, en relación con los vehículos, que solo se encontraba probada la calidad de propietaria de la señora Ligia Urquijo de Escobar del Mitsubishi de placas HB-3609, así como la posesión de los demás bienes muebles.

Como los recursos de apelación presentados por las entidades demandadas no se refirieron al tema y la parte demandante no mostró su inconformidad en relación con el mismo, la Sala no entrará a estudiar la legitimación en la causa por activa de la señora Ligia Urquijo de Escobar en relación con los demás bienes, que según lo manifestado en la demanda fueron incautados y no devueltos.

5.1. Lo probado

Se encuentra probado que la diligencia de allanamiento realizada el 8 de octubre de

manifestado en la demanda fueron incautados y no devueltos.

5.1. Lo probado

Se encuentra probado que la diligencia de allanamiento realizada el 8 de octubre de 1990 se llevó a cabo en el inmueble ubicado en la calle 14 n.° 30-112 del municipio de Medellín, por la Policía Nacional c on ocasión de una orden impartida por el Juzgado 91 de Instrucción Penal Militar (fl. 151 c.1), que en la misma se incautaron varios elementos que fueron dejados en calidad de depósito en el sub-almacén del cuerpo especial armado, ubicado en la escuela “Carlos Holguín”8 (fls. 21-22 c. 1).

8 Información extractada del acta elaborada en la diligencia.11

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Referencia: Acción de Reparación Directa

Al día siguiente, el 9 de octubre de 1990, el Cuerpo Especial Armado de la Policía Nacional realizó el inventario de los elementos que fueron decomisados en la diligencia antes enunciada e hizo constar que los mismos se dejaban en calidad de depósito en el Sub almacén del CEA en la escuela Carlos Holguín (fl. 23 c. 1).

El 6 de diciembre siguiente, el Juzgado 91 de Instrucción Penal Militar ordenó poner a disposición de la DNE los bienes incautados (fl. 15 c. 5)9, lo cual le fue informado

El 6 de diciembre siguiente, el Juzgado 91 de Instrucción Penal Militar ordenó poner a disposición de la DNE los bienes incautados (fl. 15 c. 5)9, lo cual le fue informado a dicha dirección, el 7 de diciembre siguiente, mediante oficio 2212 J91 IPM (fl. 17 c. 5).

La DNE profirió las siguientes resoluciones, mediante las cuales dispuso la destinación provisional de los bienes, así:

Resolución 0012 de 1991, en la que se dispuso