CE - 012331000200400829011SENTENCIA20230113100129

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., veinticinco (25) de mayo de dos mil veintidós (2022)

Referencia: Radicación:

Demandante: Demandado:

Tema: REPARACIÓN DIRECTA 05001233100020040082901 (46630)

ALBA LUZ QUINCENO SÁNCHEZ Y OTROS.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Colisión de automóvil con roca de gran dimensión. Omisión en señalización de vía del orden nacional. SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia del 3 de octubre de 2012, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, que accedió a las pretensiones de la demanda1 . l. SÍNTESIS DEL CASO El 6 de febrero de 2003 falleció Luis Fernando González Mesa, luego de que el vehículo en el que se desplazaba colisionara con unaroca que ocupaba el 70% de la vía que de Mutatá conduce a Dabeiba, Antioquia. Los demandantes consideran_ que el Instituto Nacional de Vías (en adelante ·INVIAS) es patrimonialmente responsable por la muerte de Luis Fernando González Mesa, por no haber removido la roca que obstaculizaba la vía referida.

11. ANTECEDENTES

1. Demanda El 3 de febrero de 20042, Alba Luz Quinceno Sánchez, en nombre propio y en

representación de Diego Fernando González Quinceno; Marta Rosa Mesa de

11. ANTECEDENTES

1. Demanda El 3 de febrero de 20042, Alba Luz Quinceno Sánchez, en nombre propio y en representación de Diego Fernando González Quinceno; Marta Rosa Mesa de 1 El expediente cambió de Ponente, porque la decisión inicialmente presentada para estudio de la Sala de la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado fue derrotada en sesión del 22 de septiembre de 2021 (FI. 186, C 2.). 2 FI. 5 a 13, C. 1.2

Radicación: 05001233100020040082901 (46630) Demandante: Alba Luz Quinceno Sánchez y otros González, Luis Alfonso González Ramírez y Cirleida del Socorro y Luz Amparo González Mesa, mediante apoderado judicial y en ejercicio de la acción de reparación directa, presentaron demanda en contra del INVIAS, para que este fuera declarado patrimonialmente responsable por la muerte de Luis Fernando González

Mesa. Como pretensiones de su demanda, el extremo activo solicita condenar a la entidad demanda a pagar, por perjuicios morales, 1000 SMLMV a Alba Luz Quinceno Sánchez, Diego Fernando González Quinceno, Marta Rosa Mesa de González y Luis Alfonso González Ramírez y 500 SMLMV a los demás demandantes; y por lucro cesante, la suma de $360.000.000 a Alba Luz Quinceno Sánchez y Diego Fernando González Quinceno. En apoyo de las pretensiones, la parte demandante afirma que el 6 de febrero de 2003 falleció Luis Fernando González Mesa, luego de colisionar con una roca de grandes dimensiones, cuando se desplazaba en un vehículo por la vía que de Mutatá conduce a Dabeiba, Antioquia.

2003 falleció Luis Fernando González Mesa, luego de colisionar con una roca de grandes dimensiones, cuando se desplazaba en un vehículo por la vía que de Mutatá conduce a Dabeiba, Antioquia. Los demandantes consideran que el INVIAS es patrimonialmente responsable por la muerte de Luis Fernando González Mesa, por no haber removido la roca que obstaculizaba la vía referida. Textualmente señalan en la demanda: "la causa de la muerte se debió a la omisión del INVIAS [. . .] al no retirar la roca que desde hace varios años estaba en el lugar, no obstante se trata de un paraje cubierto de neblina gran parte del día (sic), el INVIAS creó y mantuvo el riesgo al no retirar el obstácfilo, desatendiendo así sus múltiples obligaciones de mantenimiento de ta vía a su cargo [ ... ]".

2. Contestación El 24 de febrero de 20043 el Tribunal Administrativo de Antioquia admitió la demanda y ordenó su notificación a la demandada y al Ministerio Público. 3 FI. 50 y 51, C. 1.

·• J3

Radicación: 05001233100020040082901 (46630) Demandante: Alba Luz Quinceno Sánchez y otros 2.1. El INVIAS4 señaló que la muerte de Luis Fernando González Mesa se produjo por su propia culpa, puesto que colisionó con una piedra que se encontraba en el carril contrario al que debía transitar.

3. Alegatos de conclusión en primera instancia El 30 de septiembre de 20095 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.

carril contrario al que debía transitar.

3. Alegatos de conclusión en primera instancia El 30 de septiembre de 20095 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente. 3.1. El INVIAS6 reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda. 3.2. Los demandantes y el Ministerio Público guardaron silencio.

4. Sentencia de primera instancia Mediante sentencia del 3 de octubre de 20127 el Tribunal Administrativo de Antioquia accedió a las pretensiones de la demanda, al constatar que Luis Fernando González Mesa falleció porque colisionó con una roca que el INVIAS no removió de la vía que de Mutatá conduce a Dabeiba, Antioquia, y porque tampoco señalizó dicho paraje.

Al efecto, manifestó lo siguiente: "{. . .] De las pruebas citadas anteriormente, para la Sala es claro que en el asunto sub lite deberá acceder a las pretensiones, ello por cuanto se allegó prueba donde se desprende la falla de la administración representada en el hecho que para la fecha 6 de febrero de 2003 en la vía Mutatá­ Dabeiba existía una roca que taponaba el 70% de la vía misma, que no se retiró sino después de más de 3 años de permanecer obstaculizando peligrosamente la carretera y porque además de ello no existían señales de tránsito que efectivamente advirtieran sobre su presencia, lo que facilitó sin dudas que se presentara el suceso fatídico por el que hoy se reclama, cual es la muerte de Luis Femando González Mesa [. .. ]". En la parte resolutiva el Tribunal Administrativo de Antioquia condenó al INVIAS a

sobre su presencia, lo que facilitó sin dudas que se presentara el suceso fatídico por el que hoy se reclama, cual es la muerte de Luis Femando González Mesa [. .. ]". En la parte resolutiva el Tribunal Administrativo de Antioquia condenó al INVIAS a 4 FI. 56 a 59, C. 1. 5 FI. 117, C. 1. 6 FI. 119 y 120, C. 1. 7 FI. 137 a 152, C. 2.4

Radicación: 05001233100020040082901 (46630) Demandante: Alba Luz Quinceno Sánchez y otros pagar, por perjuicios morales, 100 SMLMV a Alba Luz Quinceno Sánchez y Diego Fernando González Quinceno, 70 SMLMV a Marta Rosa Mesa de González y Luis Alfonso González Ramírez y 50 SMLMV a Cirleida del Socorro y Luz Amparo González Mesa; y por lucro cesante, las sumas de $138.981.570 a Alba Luz Quinceno

Sánchez y $52.243.210 a Diego Fernando González Quinceno.

5. Recurso de Apelación El 16 de noviembre de 20128 el INVIAS interpuso recurso de apelación, el cual fue concedido el 6 de marzo de 20139 y admitido el 18 de abril de 201310. 6.1. El INVIAS11 señaló que la muerte de Luis Fernando González Mesa se produjo por su propia culpa, puesto que colisionó con una piedra que se encontraba en el carril contrario al que debía transitar. Además, sostuvo que en el plenario no se acreditó el nexo causal entre el daño y la falla del servicio alegada en el libelo introductorio.

6. Alegatos de conclusión en segunda instan"cia

carril contrario al que debía transitar. Además, sostuvo que en el plenario no se acreditó el nexo causal entre el daño y la falla del servicio alegada en el libelo introductorio.

6. Alegatos de conclusión en segunda instan"cia El 15 de mayo de 201312 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente. 6.1. El INVIAS13 reiteró los argumentos expuestos en el recurso de apelación. 6,2. La parte demandante y el Ministerio Público guardaron silencio.

111. CONSIDERACIONES

1. Competencia El Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto 8 FI. 154 a 158, C. 2. 9 FI. 160, C. 2. 1° FI. 171, C. 2. 11 FI. 154 a 158, C. 2. 12 FI. 173, C. 2. 13 FI. 174 a 179, e 2. r5

Radicación 05001233100020040082901 (46630) Demandante: Alba Luz Quinceno Sánchez y otros contra la sentencia del 3 de octubre de 2012, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, puesto que la cuantía, dada por la pretensión mayor de la demanda, supera la exigida en el artículo 132 del Código Contencioso Administrativo, de 500 SMLMV, para que un proceso adelantado en ejercicio de la acción de reparación directa tenga vocación de doble instancia ante esta Corporación 14.

2. Acción procedente La acción de reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado

directa tenga vocación de doble instancia ante esta Corporación 14.

2. Acción procedente La acción de reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo, según lo dispone el artículo 8615 del Código Contencioso Administrativo.

En este caso la acción procedente es la de reparación directa, porque se reclama la reparación de un daño por una omisión imputable al INVÍAS.

3. Vigencia de la acción Con el propósito de otorgar seguridad jurídica, de evitar la parálisis del tráfico jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando a la protección del interés general16, estableció unos plazos para poder ejercer oportunamente cada uno de los medios de control judicial. Estos plazos resultan ser 14 La pretensión mayor de la demanda se estima en 1000 SMLMV, lo cual es superior a 500 SMLMV del año en que ésta se presentó (2004). 15 "Artículo 86. Acción de reparación directa. La persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño cuando la causa sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o ocupación temporal o permanente de un inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquiera otra causa. Las entidades públicas deberán promover la misma acción cuando resulten condenadas o hubieren conciliado por una actuación administrativa originada en culpa grave o dolo de un servidor o ex servidor público que no estuvo vinculado al proceso respectivo, o cuando resulten perjudicadas

otra causa. Las entidades públicas deberán promover la misma acción cuando resulten condenadas o hubieren conciliado por una actuación administrativa originada en culpa grave o dolo de un servidor o ex servidor público que no estuvo vinculado al proceso respectivo, o cuando resulten perjudicadas por la actuación particular o de otra entidad pública." 16 Corte Constitucional. Sentencia C-394 de 2002: "La caducidad es una institución jurídico procesal a través de la cual, el legislador, en uso de su potestad de configuración normativa, limita en el tiempo el derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdicción con el fin de obtener pronta y cumplida justicia. Su fundamento se halla en la necesidad por parte del conglomerado social de obtener seguridad jurídica, para evitar la paralización del tráfico jurídico. En esta medida, la caducidad no concede derechos subjetivos, sino que por el contrario apunta a la protección de un interés general. Como claramente se explicó en la sentencia C-832 de 2001 a que se ha hecho reiterada referencia, esta es una figura de orden público lo que explica su carácter irrenunciable, y la posibilidad de ser declarada de oficio por parte del juez, cuando se verifique su ocurrencia.".6

Radicación: 0500 1233100020040082901 (46630) Demandante: Alba Luz Quinceno Sánchez y otros razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden público, por lo qfie su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la solicitud judicial, implica la extinción del derecho de accionar, así como la consolidación de las situaciones que se encontraban pendientes de solución.

El establecimiento de dichas oportunidades legales pretende, además, la

judicial, implica la extinción del derecho de accionar, así como la consolidación de las situaciones que se encontraban pendientes de solución. El establecimiento de dichas oportunidades legales pretende, además, la racionalización de la utilización del aparato judicial, lograr mayor eficiencia procesal, controlar la libertad del ejercicio del derecho de acción17, ofrecer estabilidad del derecho de manera que las situaciones controversiales que requieran solución por los órganos judiciales adquieran firmeza, estabilidad y con ello seguridad, solidificando y concretando el concepto de derechos adquiridos. Este fenómeno procesal, de carácter bifronte, en tanto se entiende como límite y garantía a la vez, se constituye en un valioso instrumento que busca la salvaguarda y estabilidad de las relaciones jurídicas, en la medida en que su ocurrencia impide que estas puedan ser discutidas indefinidamente. La caducidad, en la primera de sus manifestaciones, es un mecanismo de certidumbre y seguridad jurídica, pues con su advenimiento de pleno derecho y mediante su reconocimiento judicial obligatorio cuando el operador la halle configurada, se consolidan los derechos de los actores jurídicos que discuten alguna situación; sin embargo, en el anverso, la caducidad se entiende también como una limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción, resultando como una sanción ipso iure18 que opera por la falta de actividad oportuna en la 17 Consejo de Estado. Sentencia del 23 de febrero de 2006. Exp. 6871-05 " ... el derecho al acceso a la administración de justicia no es absoluto, pues puede ser condicionado legalmente a que la promoción de la demanda sea oportuna y las acciones se inicien dentro de los plazos que señala el

la administración de justicia no es absoluto, pues puede ser condicionado legalmente a que la promoción de la demanda sea oportuna y las acciones se inicien dentro de los plazos que señala el legislador (. . .). El término de caducidad, tiene entonces como uno de sus objetivos, racionalizar el ejercicio del derecho de acción, y si bien limita o condiciona el acceso a la justicia, es una restricción necesaria para la estabilidad del derecho, lo que impone al interesado el empleo oportuno de las acciones, so pena de que las situaciones adquieran la firmeza necesaria a la seguridad jurídica, para solidificar el concepto de derechos adquiridos.". 18 Consejo de Estado, Sentencia del 30 de enero de 2013: "Para garantizar la seguridad jurídica de los sujetos procesales, el legislador instituyó la figura de la caducidad como una sanción en los eventos en que determinadas acciones judiciales no se ejercen en un término específico. Las partes tienen la carga procesal de impulsar el litigio dentro del plazo fijado por la ley y de no hacerlo en tiempo, perderán la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo su derecho. Es así como el fenómeno procesal de la caducidad opera ipso iure o de pleno derecho, es decir que no¡; 7 Radicación 0500 12331000 200400 82901 ( 46 630) Demandante: Alba Luz Quinceno Sánchez y otros puesta en marcha del aparato judicial para hacer algún reclamo o requerir algún reconocimiento o protección de la justicia 19, cuya consecuencia, por demandar más allá del tiempo concedido por la ley procesal, significa la pérdida de la facultad potestativa de accionar. El artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, señala que la acción de

allá del tiempo concedido por la ley procesal, significa la pérdida de la facultad potestativa de accionar. El artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, señala que la acción de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa. En el sub examine, se estima que el derecho de accionar se ejerció en tiempo, teniendo en cuenta: i) que Luis Fernando González Mesa falleció el 6 de febrero de 2003 (hecho probado 7.1.2.); y ii) que la demanda se presentó el 3 de febrero de 200420, es decir, antes del vencimiento de los dos (2) años establecidos en la ley procesal vigente para presentarla de forma oportuna.

4. Legitimación en la causa

4.1. Alba Luz Quinceno Sánchez (cónyuge), Diego Fernando González Quinceno (hijo), Marta Rosa Mesa de González (madre), Luis Alfonso González Ramírez (padre), Cirleida del Socorro González Mesa (hermana) y Luz Amparo González Mesa (hermana) están legitimados en la causa por activa, pues se acreditó que conformaban el núcleo familiar de Luis Fernando González Mesa (víctima), según da cuenta copia simple21 de sus registros civiles de nacimiento22. admite renuncia, y el juez debe declarar/a de oficio cuando verifique la conducta inactiva del sujeto procesal llamado a interponer determinada acción judicial".

da cuenta copia simple21 de sus registros civiles de nacimiento22. admite renuncia, y el juez debe declarar/a de oficio cuando verifique la conducta inactiva del sujeto procesal llamado a interponer determinada acción judicial". 19 Corte Constitucional. Sentencia C574 de 1998: " ... [s]i el actor deja transcurrir los plazos fijados por la ley en forma objetiva, sin presentar la demanda, el mencionado derecho fenece inexorablemente, sin que pueda alegarse excusa alguna para revivirlos. Dichos plazos constituyen entonces, una garantía para la seguridad jurídica y el interés general. Y es que la caducidad representa el límite dentro del cual el ciudadano debe reclamar del Estado determinado derecho, por ende, la actitud negligente de quien estuvo legitimado en la causa no puede ser objeto de protección, pues es un hecho cierto que quien, dentro de las oportunidades procesales fijadas por la ley ejerce sus derechos, no se verá expuesto a perderlos por la ocurrencia del fenómeno indicado". 'ºFL 13, C. 1. 21 La Sala le otorga valor a las pruebas documentales presentadas en copia simple, en virtud de lo decidido en sentencia de unificación con radicado No. 2502 2, del 28 de agosto de 2013. 22 Fl. 14 a 23, C. 1.8

Radicación: 050012331 00020040082901 (46630) Demandante: Alba Luz Quinceno Sánchez y otros 4.2. El INVIAS está legitimado en la causa por pasiva, pues se alega en la demanda que no removió una roca que obstaculizaba la vía que de Mutatá conduce a Dabeiba, Antioquia, lo cual hizo que el 6 de febrero de 2003 falleciera Luis Fernando

que no removió una roca que obstaculizaba la vía que de Mutatá conduce a Dabeiba, Antioquia, lo cual hizo que el 6 de febrero de 2003 falleciera Luis Fernando González Mesa, luego de que el vehículo en el que se desplazaba colisionara contra ella. En este sentido, está acreditado que el INVIAS es un establecimiento público del orden nacional, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5223 del Decreto 2171 de 199224; y que según el artículo 13 del Decreto 81 de 200025, vigente para la época de los hechos, eran funciones de la Subdirección de Conservación de dicha entidad i) elaborar los estudios referentes a la nomenclatura, clasificación, referenciación y señalización de la infraestructura vial y una vez aprobados, velar por su cumplimiento; y ii) organizar, dirigir, coordinar y controlar los programas que se deban ejecutar en las carreteras a cargo del Instituto en materia de señalización y seguridad. Aunado a lo anterior, se probó que la carretera que de Mutatá conduce a Dabeiba, Antioquia, hace parte de la Red Vial Nacional a cargo del INVIAS, pues está comprendida dentro de la vía que de Turbo conduce a Medellín (hecho probado 7.1.1.).

5. Problemas jurídicos Corresponde a la Sala determinar si el INVIAS incurrió en alguna omisión que propició el accidente de tránsito ocurrido el 6 de febrero de 2003, en el que murió Luis Fernando González Mesa; y si la víctima intervino en la causación del daño.

propició el accidente de tránsito ocurrido el 6 de febrero de 2003, en el que murió Luis Fernando González Mesa; y si la víctima intervino en la causación del daño. 23 "Artlculo 52. Reestructuración del Fondo Vial Nacional como el Instituto Nacional de Vías. Reestructúrase el Fondo Vial Nacional como el Instituto Nacional de Vías, establecimiento público del orden nacional, con personería jurídica, autonomía administrativa, patrimonio propio y adscrito al Ministerio de Transporte". 24 Por el cual se reestructura el Ministerio de Obras Públicas y Transporte como Ministerio de Transporte y se suprimen, fusionan y reestructuran entidades de la rama ejecutiva del orden nacional. 25 Por el cual se modifica la estructura del Instituto Nacional de Vías9

Radicación: 05001233100020040082901 (46630)

Demandante: Alba Luz Quinceno Sánchez y otros

6. Solución de los problemas jurídic os Antes de resolver los problemas jurídicos es menester hacer unas consideraciones generales sobre la responsabilidad del Estado, la responsabilidad que a este le corresponde por omisión en el mantenimiento y señalización de vías públicas y el hecho o culpa exclusiva de la victima. 6.1. Consider aciones generales sobre la responsabilidad del Estado El articulo 90 de la Constitución Política de 199126 consagró dos condiciones para declarar la responsabilidad extracontractual del Estado: i) la existencia de un daño antijurídico y ii) la imputación de éste al Estado.

El daño antijurídico es la lesión injustificada a un interés protegido por el ordenamiento. En otras palabras, es toda afectación que no está amparada por la ley o eÍ derecho27 , que contraria el orden legal28 o que está desprovista de una

El daño antijurídico es la lesión injustificada a un interés protegido por el ordenamiento. En otras palabras, es toda afectación que no está amparada por la ley o eÍ derecho27 , que contraria el orden legal28 o que está desprovista de una causa que la justifique29, resultando que se produce sin derecho al contrastar con las normas del ordenamiento y, contra derecho, al lesionar una situación reconocida o protegida30, violando de manera directa el principio alterum non laedere, en tanto resulta contrario al ordenamiento jurídico dañar a otro sin repararlo por el desvalor patrimonial que sufre. La imputación no es otra cosa que la atribución fáctica y jurídica que del daño antijurídico se hace al Estado, de acuerdo con los criterios que se elaboren para ello, como por ejemplo la falla del servicio, el desequilibrio de las cargas públicas, 26 "Artículo 90. El Estado responderá patrimonialmente por /os daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de /as autoridades públicas. En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste". 27 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 2 de marzo de 2000. Rad.: 11945 28 Cfr. De Cupis. Adriano. Teoría General de la Responsabilidad. Traducido por Angel Martinez Sarrión. 2ª ed. Barcelona: Bosch Casa Editorial S.A.1975. Pág.90. 29 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 11 de noviembre de 1999, Rad.: 11499; Sentencia del 27 de enero de 2000, Rad.: 10867.

29 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 11 de noviembre de 1999, Rad.: 11499; Sentencia del 27 de enero de 2000, Rad.: 10867. oo Cosso. Benedetta. Responsabilitá della Pubblica Amministrazione, en obra colectiva Responsabilitá Civile, a cargo de Pasquale Fava. Pág. 2407, Giuffré Editore, 2009, Milán, Italia.10

Radicación: 05001233100020040082901 (46630) Demandante: Alba Luz Quinceno Sánchez y otros la concreción de un riesgo excepcional, o cualquiera otro que permita hacer la atribución en el caso concreto31 .

Es decir, verificada la ocurrencia de un daño antijurídico y su imputación al Estado, surge el deber de indemnizarlo plenamente, con el fin de hacer efectivo el principio neminem laedere. 6.2. Responsabilidad del Estado por omisión en el mantenimiento y señali zación de vías públicas Mediante sentencia de unificación del 19 de abril de 2012, la Sección Tercera del Consejo de Estado determinó que el artículo 90 de la Constitución Política no privilegió ningún régimen de responsabilidad, por lo que es deber del juez establecer cuál es aplicable al caso concreto, de acuerdo con lo que encuentre probado en el proceso32. Sin perjuicio de lo anterior, no se puede desconocer que el régimen de responsabilidad subjetiva o de falla en el servicio es el título de imputación bajo cuya óptica, por excelencia, se deben analizar las controversias suscitadas con_fiI Estado, toda vez que con base en él se analiza _el incumplimiento de las obligaciones a su cargo33.

óptica, por excelencia, se deben analizar las controversias suscitadas con_fiI Estado, toda vez que con base en él se analiza _el incumplimiento de las obligaciones a su cargo33. Ahora bien, la Sección Tercera del Consejo de Estado34 ha sostenido que para efectuar el análisis de responsabilidad del Estado en eventos de accidentes de tránsito por falta de señalización o mantenimiento de la vía, se debe tener en cuenta que aquel está obligado a realizar las labores necesarias para cumplir con el sostenimiento de la red vial. 31 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia de 18 de mayo de 2017, Rad.: 36386 32 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 19 de abril de 2012. Rad.: 21515. 33 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 13 de julio de 1993, Rad.: 8163; Sentencia del 10 de marzo del 2011, Rad: 17. 738; Sentencia del 25 de julio de 2019, Rad.: 50315. 34 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia del 25 de agosto de 2011, Rad.: 17613.11

Radicación: 05001233 1000 200 400 8290 1 (46630 ) Demandante: Alba Luz Quinceno Sánchez y otros En este sentido, se advierte que el artículo 13 del Decreto 81 de 200035 prevé que son funciones del INVIAS, entre otras: i) organizar, dirigir, coordinar y controlar, bajo la orientación de la Secretaría General Técnica, la ejecución de las obras civiles que deban adelantarse para el mantenimiento y conservación de la infraestructura vial a cargo del Instituto; ii) realizar el análisis técnico-económico del estado de la red,

la orientación de la Secretaría General Técnica, la ejecución de las obras civiles que deban adelantarse para el mantenimiento y conservación de la infraestructura vial a cargo del Instituto; ii) realizar el análisis técnico-económico del estado de la red, proponer políticas óptimas de mantenimiento y estudiar y proponer las prioridades y necesidades de inversión en conservación y mantenimiento de la infraestructura vial; iii) determinar las acciones necesarias para obtener y optimizar un sistema de administración de mantenimiento vial y velar por su aplicación; iv) proponer las normas de diseño de las obras destinadas a la conservación de la infraestructura vial a cargo del Instituto; v) elaborar los estudios referentes a la nomenclatura, clasificación, referenciación y señalización de la infraestructura vial y una vez aprobados, velar por su cumplimiento; y vi) organizar, dirigir, coordinar y controlar los programas que se deban ejecutar en las carreteras a cargo del Instituto en materia de señalización y seguridad. Aunado a lo anterior, la jurisprudencia de esta Corporación ha establecido que el INVIAS es patrimonialmente responsable de los daños ocasionados a terceros por el incumplimiento de los deberes referidos, pero también cuando se acredita: i) que a pesar de que la entidad conocía las condiciones naturales del terreno y podía prever el desprendimiento de materiales de las montañas contiguas a la vía, no se adoptaron medidas de prevención, ii) que la entidad no atendió una solicitud de arreglo de un daño en la vía ni instaló señales preventivas o iii) que escombros u obstáculos permanecieron en la carretera durante un lapso de varios meses sin que la administración adoptara medidas para restablecer la circulación normal y segura de la vía36.

obstáculos permanecieron en la carretera durante un lapso de varios meses sin que la administración adoptara medidas para restablecer la circulación normal y segura de la vía36. No obstante lo anterior, es menester poner de presente que para declarar la responsabilidad patrimonial del Estado, la parte demandante siempre deberá probar la falla del servicio, consistente en la omisión en la señalizacióni y mantenimiento de la vía, así como el nexo de causalidad entre ésta y el daño37. 35 Por el cual se modifica la estructura del Instituto Nacional de Vías 36 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 24 de febrero de 2005 , Rad.: 14335 37 Ibídem.12

Radicación: 050012331 00020040082901 (46630) Demandante: Alba Luz Qui nceno Sánchez.y otros 6.3. Hecho o culpa exclusiva de la víctima La Sala ha sostenido que en todos los casos es posible que el Estado se exonere si se ficredita que el daño es imputable al hecho determinante y exclusivo de la propia víctima".

Sobre los eximentes de responsabilidad, tuvo la oportunidad esta Corporación" de referirse, en los siguientes términos: "Las tradicionalmente denominadas causales eximentes de responsabilidad -fuerza mayor o caso fortuito, hecho exclusivo y determinante de un tercero o de la víctima-, constituyen diversos eventos que impiden imputar, desde el punto de vista jurídico, la responsabilidad por los daños cuya causación da lugar a la iniciación del litigio. Para que se estructuren se requiere lo siguiente: "Tres son los elementos cuya concurrencia tradicionalmente se ha señalado como necesaria para que sea procedente admitir su configuración: (i) su irresistibilidad; (ii) su imprevisibilidad y

que se estructuren se requiere lo siguiente: "Tres son los elementos cuya concurrencia tra