CE - 012331000200500058011SENTENCIA20231107175413

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, seis (6) de octubre de dos mil veintitrés (2023).

Consejero ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ Radicación: 81001-23-31-000-2005-00058-01 (57.389)

Demandantes: AURA TERESA PORTILLA Y OTROS

Demandados: NACIÓN - RAMA JUDICIAL Y OTROS

Acción: REPARACIÓN DIRECTA

Asunto: APELACIÓN DE SENTENCIA - ERROR JUDICIAL

Síntesis del caso: ochenta y dos (82) docentes iniciaron igual número de procesos de nulidad y restablecimiento del derecho en contra del municipio de Arauca (Arauca) con el objeto de que se declarara la nulidad de los actos administrativos expedidos por la entidad y mediante las cuales se negó el pago de prestaciones sociales en favor de aquellos; las acciones fueron conocidas por el Tribunal Administrativo de Arauca quien, en veintiocho (28) sentencias dictadas el 23 de enero de 2014, negó las pretensiones de las demandas, en cincuenta y un (51) providencias declaró la caducidad de la acción, en dos (2) sentencias declaró la prescripción de los derechos y en una providencia negó las pretensiones porque no se acreditó la calidad de docente. La parte demandante considera que en todas las mencionadas sentencias se incurrió en un error jurisdiccional y, por tanto, que se le causó un daño antijurídico que deb e ser reparado. La Sala confirma la decisi ón de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda.

mencionadas sentencias se incurrió en un error jurisdiccional y, por tanto, que se le causó un daño antijurídico que deb e ser reparado. La Sala confirma la decisi ón de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda.

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte actora (fls. 807 a 830 cdno. apelación) en contra de la sentencia proferida el 10 de marzo de 2016 por el Tribunal Administrativo de Arauca (fls. 764 a 784 cdno. apelación) que dispuso:

“PRIMERO. NEGAR las pretensiones de la demanda.

SEGUNDO. DECLARAR que no hay condena en costas.

TERCERO. ORDENAR que por Secretaría, se proceda a la liquidación de los gastos judiciales, y si es el caso, devolver a la parte demandante el saldo que se establezca.

CUARTO. ORDENAR que en firme la presente decisión, se archive el expediente, previas las anotaciones de rigor (…).” (fl. 784 vuelto cdno. apelación - negrillas y mayúsculas fijas del texto original).Expediente 81001-23-31-000-2005-0058-01 (57.389) Actor: Aura Teresa Portilla y otros Reparación directa Apelación sentencia

2

I. ANTECEDENTES

1. La demanda

Mediante escrito radicado el 10 de marzo de 2005 (fl. 119 cdno. 1), la señora Aura Teresa Portilla García junto con otras ochenta y un (81) personas1, por intermedio de apoderado judicial promovi eron demanda de reparación directa consagrada en

Teresa Portilla García junto con otras ochenta y un (81) personas1, por intermedio de apoderado judicial promovi eron demanda de reparación directa consagrada en el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo en contra de la Nación - Rama Judicial (fls. 79 a 155 cdno. 1) y los señores Wilson Arcila Arango, Luz Mary Cárdenas Velandia y Luis Ramón Giraldo Gutiérrez con las siguientes súplicas:

“1. Solicito se declare que la NACIÓN – RAMA JUDICIAL , es administrativamente responsable de los perjuicios materiales y morales de toda índole, causados a los actores por el error jurisdiccional

1 Los demandantes son 1) Aura Teresa Portilla García, 2) Elda del Carmen Ramírez, 3) Dora Imelda Rodríguez Ávila, 4) Belkis Shirley Salcedo Zúñiga, 5) María Eugenia Santafé Rodríguez, 6) Germán Eduardo Solano Andrade, 7) Jenny Patricia Suárez Reyes, 8) José Francisco Torres, 9) Rebeca Marisol Useche González, 10) Mary Ximena Villegas Vietman, 11) Cleofe Becerra Albarracín, 12) Sonia Janeth Bravo de Camacho, 13) Elizabeth Parra Acevedo, 14) Deinis Payares Morán, 15) Sonia Esperanza Carrillo Bayona, 16) José Tirso Mosquera Mosquera, 17) Jairo Antonio Galindo Borda, 18) María Yaneth Lizcano Bautista, 19) Ligia Yaney Méndez Díaz, 20) Nayibe Núñez Berrio, 21)

Norma Celina Bermejo Rivas, 22) Luz Magaly Cotamo Salaz ar, 23) Dixe Magale Maldonado, 24) Gloria María Ozuna García, 25) Luis Mauricio Celis Duarte, 26) Jesús Antonio Maturana Arias, 27) Wílliam Ele ázar Daza Mendoza, 28) Rosa Emilia Chaverra Rodríguez, 29) Édy Marlene Amado Sequeda, 30) Jorge Alfonso Camargo, 31) Luz Elena Aldana Zapata, 32) Mary Isabel Benítez, 33) Martha Fabiola Bermejo Rivas, 34) Manuel Antonio Cáceres Medina, 35) Myriam Durán Pinto, 36) María Josefa Flórez Cañas, 37) Rosalba Flórez Cañas, 38) Carlina Hernández Fernández, 39) Carlos Humberto Jiménez, 40) Jesús María Linares Alvarado, 41) Marisol del Carmen Lozada Arias, 42) Aminta María Ojeda Quintero, 43) María Liduvina Páez Roa, 44) Aidris Patiño Valencia, 45) Alirio Porras Higuera, 46) Yhamir Cecilia Reales Sales, 47) Libia Segura Sarmiento, 48) Carlos Luis Suárez Pedraza, 49) Luz Torres Rivas, 50) José Camilo Trujillo, 51) Delcy Urieta Rueda, 52) Marcia Yaqueline Uscátegui Altuna, 53) Carmenza Leonilde Ussa Guache, 54) Alicia Edic Valder rama Arana, 55) Orlando Velazco Parada, 56) Dorain Enrique Villegas Rincón, 57) Aldo Enrique Acuña

Moron, 58) Jorge Gonzalo Aldana Zapata, 59) Eber Atilúa Cepeda, 60) Nidia Stella Carrillo Bayona, 61) Dalia Alcira Cedeño García, 62) Martha Belén Contreras Parra, 63) Pedro Antonio Correa Martínez, 64) Lidia Esperanza Cruz Domínguez, 65) Martín Emilio Flórez Ríos, 66) Maribeth Garcías Macías, 67) Wilson Eligio Guillén Martínez, 68) María Mercedes Marín Granados, 69) Hernando Moreno García, 70) Rosa Matilde Or tiz, 71) María Emilce Páez Ortega, 72) Luz Amparo Perea Quinto, 73) Frecia Amalia Ramírez Castaño, 74) Silvana Riveros Delgado, 75) Marco Antonio Villamizar Flórez, 76) Aidé Rusel Cetina Carreño, 77) Renán López Moreno y 78) Mariela Esther Angarita Villamizar, cuyos poderes obran en los folios 1 a 78 del cuaderno principal.

Se pone de presente que en la demanda se anunció también como actores a los señores Viviana Esther Gil Montes, María Gutiérrez, José Asdrúbal Pérez Herrera, Jairo Antonio Melo y, Leydi Smith Peraza quienes en la demanda no allegaron el respectivo pode r; el tribunal de primera instancia en la sentencia del 10 de marzo de 2016 tuvo por saneada la carencia de poder y tuvo como integrante de la parte activa a los señores Viviana Esther Gil Montes, María Gutiérrez A, José A Pérez H, Jairo Antonio Melo e indicó que la señora Leidy Smith Peraza no era demandante “por cuanto no se incluyó en las pretensiones y en ningún documento o expediente aparece su nombre” (fl. 16 vuelto. cdno.

Antonio Melo e indicó que la señora Leidy Smith Peraza no era demandante “por cuanto no se incluyó en las pretensiones y en ningún documento o expediente aparece su nombre” (fl. 16 vuelto. cdno. ppal.), sobre el particular, la Sala confirmara la decisión del tribunal de primera instancia por no ser objeto de impugnación.Expediente 81001-23-31-000-2005-0058-01 (57.389) Actor: Aura Teresa Portilla y otros Reparación directa Apelación sentencia

3 configurado en el trámite de sus procesos ordinarios tramitados en el

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ARAUCA, así:

1.1 Respecto de los 29 (sic) docentes: AURA TERESA PORTILLA

GARCÍA, ELDA DEL CARMEN RAMÍREZ, DORA IMELDA RODRÍGUEZ

ÁVILA, BELKIS SHIRLEY SALCEDO ZÚÑIGA, MARÍA EUGENIA

SANTAFÉ RODRÍGUEZ, GERMÁN EDUARDO SOLANO ANDRADE,

JENNY PATRICIA SUÁREZ REYES, JOSÉ FRANCISCO TORRES,

REBECA MARISOL USECHE GONZÁLEZ, MARY XIMENA VILLEGAS

VIETMAN, CLEOFE BECERRA ALBARRACÍN, SONIA JANETH BRAVO

DE CAMACHO, VIVIANA ESTHER GIL MONTES, ELIZABETH PARRA

ACEVEDO, DE NNIS (sic) PAYARES MOR ÁN, SONIA E SPERANZA

CARRILLO BAYONA, JOSÉ TIRSO MOSQUERA, JAIRO ANTONIO

GALINDO BORDA, MARÍA GUTIÉRREZ A, MARÍA YANETH LIZCANO

CARRILLO BAYONA, JOSÉ TIRSO MOSQUERA, JAIRO ANTONIO

GALINDO BORDA, MARÍA GUTIÉRREZ A, MARÍA YANETH LIZCANO

BAUTISTA, LIGIA YANEY MÉNDEZ DÍAZ, NAYIBE NÚÑEZ, NORMA

CELINA BERMEJO RIVAS, LUZ MAGALY COTAMO SALAZAR,

MALDONADO, GLORIA M (sic) OZUNA GARCÍA, LUIS MAURICIO CELIS DUARTE Y JESÚS ANTONIO MATURANA ARIAS , cuyos procesos fueron decididos mediante fallos constitutivos de defectos sustantivos, negándoles las pretensiones de sus demandas, tratándose de procesos idénticos en causa, objeto, pruebas y demandado, violaron el imperio de la ley y la cosa juzgada constitucional brotada de las sentencias C -554 de 1994 y 154 de 1997, no teniendo en cuenta la reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado sobre la materia, ni la especial observancia que los docentes no celebraron contratos de prestación de servicios regidos por el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, sino que fueron vinculados mediante la modalidad de soluciones efectivas, figura laboral contractual legislada especialmente para los docentes consagrada en el parágrafo 1° del artículo 6° de la Ley 60 de 1993, declarado inexequible.

1.2 Respecto de los siguientes 51 (sic) docentes: WÍLLIAM ELEAZA (sic)

DAZA MENDOZA, ROSA E CHAVERRA RODRÍGUEZ, ED ITH (sic)

MARLENY (sic) AMADO SEQUEDA, JORGE A CAMARGO, LUZ E

DAZA MENDOZA, ROSA E CHAVERRA RODRÍGUEZ, ED ITH (sic)

MARLENY (sic) AMADO SEQUEDA, JORGE A CAMARGO, LUZ E

ALDANA ZAPATA, MARY I BENÍTEZ M, MARTHA FABIOLA BERMEJO

RIVAS, MANUEL ANTONIO CÁCERES MEDINA, MYRIAM DURÁN

PINTO, MARÍA JOSEFA FLÓREZ CAÑAS, ROSALBA FLÓREZ CAÑAS,

CARLINA HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, CARLOS HUMBERTO JIMÉNEZ

CEDEÑO, JESÚS MARÍA LINARES ALVARADO, MARISOL DEL CARMEN LOZADA ARIAS, AMINTA MARÍA OJEDA QUINTERO, MARÍA L PÁEZ R, AIDRIS PATIÑO V, ALIRIO PORRAS H, 46) YHAMIR

CECILIA REALES SALES, LIBIA SEGURA SARMIENTO, CARLOS LUIS

SUÁREZ PEDRAZA, LUZ TORRES RIVAS, JOSÉ CAMILO TRUJILLO,

DELCY URIETA R, MARCIA YA QUELINE USCÁTEGUI ALTU NA,

CARMENZA LE ONILDA (sic) USSA (sic) GUACHE, ALICIA EDIC

VALDERRAMA ARANA, ORLANDO VELAZCO PARADA, DORIAN (sic)

ENRIQUE VILLEGAS RINCÓN, ALDO ENRIQUE ACUÑA MOR ÓN,

JORGE GONZALO ALDANA ZAPATA, EBER ATILÚA CEPEDA, NIDIA

STELLA CARRILLO BAYONA, DALIA ALCIRA CEDEÑO GARCÍA,

MARTHA BELÉN CONTREAS (sic) PARRA, PEDRO ANTONIO

STELLA CARRILLO BAYONA, DALIA ALCIRA CEDEÑO GARCÍA,

MARTHA BELÉN CONTREAS (sic) PARRA, PEDRO ANTONIO

CORREA M, 64) LIDIA ESPERANZA CRUZ DOMÍNGUEZ, MARTÍN

EMILIO FLÓREZ RÍOS, MARIBETH GARCÍAS MACÍAS, WILSON

ELIGIO GUILLÉN MARTÍNEZ, MARÍA MERCEDES MARÍN GRANADOS,

JAIRO A. MEJÍA (sic), HERNANDO MORENO GARCÍA, ROSA MATILDE

ORTIZ, MARÍA EMILCE PÁEZ ORTEGA, LUZ AMPARO PEREA QUINTO, FRECIA AMALIA RAMÍREZ CASTAÑO, SILVANA RIVEROS DELGADO, MARCO A. VILLAMIZAR FLÓREZ, cuyos procesos fueron decididos mediante fallos inhibitorios constitutivos de defectos sustantivos, tratándose de procesos idénticos en causa, objeto, pruebas y demandado, violaron el imperio de la ley y la cosa juzgada constitucional brotada de las sentencias C -554 de 1994 y 154 de 1997, no teniendo en cuenta la reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado sobre la materia, ni la especial observancia que los docentes no celebraron contratos de prestación de servicios regidos por el artículo 32 de la Ley 80 de 1993,Expediente 81001-23-31-000-2005-0058-01 (57.389) Actor: Aura Teresa Portilla y otros Reparación directa Apelación sentencia

4 sino que fueron vinculados mediante la modalidad de soluciones efectivas, figura laboral contractual legislada especialmente para los

Actor: Aura Teresa Portilla y otros Reparación directa Apelación sentencia

4 sino que fueron vinculados mediante la modalidad de soluciones efectivas, figura laboral contractual legislada especialmente para los docentes consagrada en el parágrafo 1° del artículo 6° de la Ley 60 de 1993, declarado inexequible.

1.3 Respecto de los docentes AIDE RUSEL CETINA CARREÑO Y REINÁN LÓPEZ MORENO, cuyos procesos se decidieron con fallos denegatorios de las pretensiones, constitutivos de defectos sustantivos por declarar una prescripción inexistente.

1.4 Respecto de MARIELA ANGARITA VILLAMIZAR , cuyo proceso se decidió con fallo denegatorio de las pretensiones constitutivo de defecto fáctico, por error en el análisis jurídico probatorio.

2. Que en consecuencia, se condene a la NACIÓN – RAMA JUDICIAL, a reconocer y pagar a los actores mencionados, o a quien represente legalmente sus derechos, y a título de reparación directa la indemnización correspondiente por los daños y perjuicios materiales y morales, de toda índole causados, según lo cual resulte probado2.

3. Que la condena respectiva sea actualizada en la forma prevista por el artículo 178 del CCA y sea reajustada en su valor, tomando como base la variación del índice de precios al consumidor.

4. Que se condene en costas.

5. Que se de cumplimiento a la sentencia en los términos de los artículos 176 y 177 del CCA.” (fls. 92 a 94 cdno. 1 - mayúsculas fijas y negrillas del texto original).

5. Que se de cumplimiento a la sentencia en los términos de los artículos 176 y 177 del CCA.” (fls. 92 a 94 cdno. 1 - mayúsculas fijas y negrillas del texto original).

2. Hechos

Como fundamento fáctico de las pretensiones, los demandantes expusieron en el escrito contentivo de la demanda, en síntesis, lo siguiente:

1. El municipio de Arauca (Arauca) vinculó a ciento veintiséis (126) personas, entre ellos los aquí demandantes, por contratos de prestación de servicios que culminaron en el año de 1996.

1. Los docentes consideraron que existió un contrato realidad, el cual debía primar sobre las formas y , por lo tanto, solicitaron al alcalde del municipio de Arauca el

2 En el acápite de la cuantía, los demandante s señalaron que “ tratándose de una acumulación de pretensiones, estimo (sic) razonadamente la cuantía en la cantidad de $75.000.000 provenientes del valor de la pretensión mayor, que corresponde a los perjuicios causados a la actora ROSA EMILIA CHAVERRA RODRÍGUEZ, quien prestó sus servicios por el término de 3 años, 4 meses y 20 dí as, desde el día 24 de enero de 1992, hasta el día 14 de junio de 1995, siendo su última remuneración mensual la suma de $251.972.00 y, en consecuencia, sus derechos laborales indexados y no reconocidos, la falta de ganancia que ello representa y el dolor causado, son los siguientes a la presentación de esta demanda: 1. Por perjuicios morales $20.000.000, 2. Por perjuicios materiales

reconocidos, la falta de ganancia que ello representa y el dolor causado, son los siguientes a la presentación de esta demanda: 1. Por perjuicios morales $20.000.000, 2. Por perjuicios materiales 2.1 daño emergente (derechos laborales) $45.000.000, 2.2 lucro cesante $10.000.000, total perjuicios $75.000.000” (fl. 118 cdno. 1).Expediente 81001-23-31-000-2005-0058-01 (57.389) Actor: Aura Teresa Portilla y otros Reparación directa Apelación sentencia

5 pago de todos sus derechos laborales, petición que fue negada en actos fictos de manera que cada docente demandó por separado en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho.

1. Todas las demandas fueron presentadas en el año 2001 y fueron conocidas en única instancia por el Tribunal Administrativo de Arauca quien, en veintinueve (29) sentencias declaró la caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, contra estas providencias se presentó acción de tutela las cuales fueron resueltas en favor de los aquí actores en fallo del 10 de agosto de 2003 dictado por la Sección Tercera del Consejo de Estado, en el cual “se tuteló el derecho del debido proceso de los veintinueve (29) demandantes, dejando sin efecto igual número de sentencias, ordenando al Tribunal Administrativo de Arauca, que las volviera a proferir” (fl. 87 cdno. 1).

1. El Tribunal Administrativo de Arauca , en cumplimiento del fallo de tutel a, dictó nuevas sentencias en las cuales negó las pretensiones de las demandas por estimar

proferir” (fl. 87 cdno. 1).

1. El Tribunal Administrativo de Arauca , en cumplimiento del fallo de tutel a, dictó nuevas sentencias en las cuales negó las pretensiones de las demandas por estimar que la contratación de los actores estuvo regida por la Ley 80 de 1993 y, por ende, que la acción que debieron ejercer era la de controversias contractuales y no la de nulidad y restablecimiento del derecho ; para los demandante esta decisión judicial “violó la cosa juzgada constitucional brotada de las sentencias de constitucionalidad C-554 de 1994 y C-154 de 1997 más los derechos constitucionales fundamentales de los docentes a la igualdad, debido proceso sustantivo y aplicación del principio mínimo fundamental de derecho del trabajo de primacía de la realidad sobre las formalidades, por creer errada e inexcusablemente que la contratación de los actores con el municipio de Arauca, estuvo regida por la Ley 80 de 1993” (fl. 90 cdno. 1).

1. De otro lado, e n número de ochenta (80) sentencias el tribunal declaró la caducidad de la acción , en veintisiete (27) casos negó las pretensiones de la s demandas por estimar que ocurrió la prescripción de los derechos y, en el caso de la señora Mariela Angarita Villamizar negó las pretensiones por considerar que no acreditó la condición docente.

1. En todas las decisiones judiciales se incurrió en vías de hecho, pues, “provienenExpediente 81001-23-31-000-2005-0058-01 (57.389) Actor: Aura Teresa Portilla y otros Reparación directa Apelación sentencia

6

Actor: Aura Teresa Portilla y otros Reparación directa Apelación sentencia

6 de una actuación subjetiva, caprichosa, arbitraria y flagrantemente violatoria del debido proceso sustancial” (fl. 91 cdno. 1), además, en la sentencia que decidió el caso de la señora Mariela Angarita Villamizar existió un defecto fáctico porque se desconocieron las certificaciones y el proyecto de resolución del municipio de Arauca en el cual se reconoció su calidad de docente. Para los demandantes las decisiones judiciales llevaron a que no obtuvieran el reconocimiento y pago de sus derechos laborales.

3. Contestación de la demanda

1. Por auto del 15 de febrero de 2005, el Tribunal Administrativo de Arauca admitió la demanda y ordenó la notificación personal del representante de la entidad accionada, así como también de los particulares demandados (fls. 266 a 267 cdno.

1).

1. Mediante escrito radicado el 4 de septiembre de 2006 (fls. 294 a 303 cdno. 2), los señores Wilson Arcila Arango y Luis Ramón Giraldo Gutiérrez se opusieron a las pretensiones de la demanda por considerar que , si bien es cierto que fueron ponentes de las sentencias acusadas de error judicial, en realidad no existió un daño antijurídico que deba ser reparado así como tampoco hubo un error judicial ; todas las providencias se dictaron siguiendo la jurisprudencia del Consejo de Estado , quien para ese entonces sostenía la tesis de que los contratos -incluyendo los denominados como soluciones efectivaseran una modalidad especial de contratos

las providencias se dictaron siguiendo la jurisprudencia del Consejo de Estado , quien para ese entonces sostenía la tesis de que los contratos -incluyendo los denominados como soluciones efectivaseran una modalidad especial de contratos de prestación de servicios y, si bien en sentencia de tutela del 10 de julio de 2003 el juez constitucional dispuso que veintinueve (29) fallos se dictaran nuevamente, en ningún momento ordenó decidir favorablemente las pretensiones de las demandas, por el contrario, solo estableció que los procesos debían fallarse de mérito y no con sentencia inhibitoria.

1. Por su parte, la Nación – Rama Judicial por escrito presentado el 15 de noviembre de 2006 (fls. 383 a 395 cdno. 2 ) se opuso a las pretensiones de la demanda por estimar que en ninguna de las providencias dictadas por el Tribunal Administrativo de Arauca existió error judicial, pues, todas se enmarcaron dentro de fundamentos objetivos y razonables y no obedecen a actuaciones subjetivas, caprichosas y/oExpediente 81001-23-31-000-2005-0058-01 (57.389) Actor: Aura Teresa Portilla y otros Reparación directa Apelación sentencia

7 arbitrarias. Propuso como excepciones “ no existe vínculo de causalidad ” y la “inexistencia de causa para demandar” (fl. 393 cdno. 2).

1. El 19 de diciembre de 2006, l a señora Luz Mary Cárdenas Velandia radicó contestación de la demanda en la que se opuso a todas las súplicas por estimar que no existió ningún error judicial , porque todas las providencias en las que participó

1. El 19 de diciembre de 2006, l a señora Luz Mary Cárdenas Velandia radicó contestación de la demanda en la que se opuso a todas las súplicas por estimar que no existió ningún error judicial , porque todas las providencias en las que participó como integrante del Tribunal Administrativo de Arauca se ajustaron al ordenamiento legal que regula la materia (fls. 420 a 429 cdno. 2).

4. Sentencia de primera instancia

El Tribunal Administrativo de Arauca en providencia del 10 de marzo de 2016 negó las pretensiones de la demanda3 (fls. 764 a 784 cdno. apelación), como argumentos de la decisión adujo lo siguiente:

1. Aunque en la demanda se hace una relación de lo sucedido con más de ciento veintiséis (126) docentes, el caso se encuentra limitado a ochenta y dos (82) personas, quienes presentaron igual número de demandas, las cuales comprenden cuatro grupos de actores según la forma en que se dictaron las sentencias acusadas de error judicial.

1. El primer grupo abarca a veintiocho (28) de los ochenta y dos (82) procesos, en este el tribunal declaró la caducidad de la acción para todas las demandas , sin embargo, dichas decisiones fueron cuestionadas a través de una acción de tutela la cual fue conocida por el Consejo de Estado quien, mediante providencia del 10 de julio de 2003, las dejó sin efectos y ordenó que se expidieran de nuevo con fallos sobre el fondo de la controversia.

1. El 23 de enero de 2004, el Tribunal Administrativo de Arauca dictó de nuevo las providencias y negó las pretensiones por estimar que los docentes suscribieron

sobre el fondo de la controversia.

1. El 23 de enero de 2004, el Tribunal Administrativo de Arauca dictó de nuevo las providencias y negó las pretensiones por estimar que los docentes suscribieron contratos de prestación de servicios regulados por el Decreto 222 de 1983 y la Ley

3 Providencia en la cual el magistrado Edgar Guillermo Cabrera Ramos salvó voto por estimar que sí existió un contrato realidad y que se debe acceder a las pretensiones de la demanda de reparación directa de la referencia (fls. 706 a 806 cdno. apelación).Expediente 81001-23-31-000-2005-0058-01 (57.389) Actor: Aura Teresa Portilla y otros Reparación directa Apelación sentencia

8 80 de 1993, por lo cual no había lugar a reconocer ni pagar prestaciones sociales.

1. Los demandantes consideraron que existió un error judicial en estas últimas providencias porque i) el tribunal tomó revancha por la sentencia de tutela antes referida y, ii) se desconocieron las providencias C-554 de 1994 y C-154 de 1997 de la Corte Constitucional, además, debía primar la realidad sobre las formas.

1. En esas veintiocho (28) providencias no se configuró el error judicial toda vez que i) no existen diferencias entre la realidad procesal y las decisiones judiciales ; ii) no se dejaron de apreciar las pruebas obrantes en los procesos, tampoco se demostró que se fundaron en hechos falsos; iii) no existe un error normativo o de derecho, en todos los 28 contratos se mencionó de manera expresa la Ley 80 de 1993 y las decisiones judiciales siguieron el precedente de la Sala Plena de la Contencioso

todos los 28 contratos se mencionó de manera expresa la Ley 80 de 1993 y las decisiones judiciales siguieron el precedente de la Sala Plena de la Contencioso Administrativo d el Consejo de Estado y, iv) no existió “ un tinte revanchista o caprichoso expresamente dirigido a perju dicar a los demandantes” (fl. 774 cdno. apelación).

1. El segundo grupo comprende cincuenta y un (51) p rocesos en los cuales se declaró la caducidad de la acción , sin embargo, en estos tampoco existió un error judicial, porque i) doce (12) procesos eran de primera instancia y los demandantes no presentaron recursos de apelación, de m odo que no se configuran los presupuestos procesales del error judicial contemplados en el artículo 67 de la Ley 270 de 1996 y, ii) en los treinta y nueve (39) procesos restantes la decisión de caducidad fue acorde con el o rdenamiento jurídico, pues, a) se tuvo en cuenta la normativa aplicable, esto es, los artículos 40, 51, 60, 135 y 136 del CCA; b) se siguió la jurisprudencia del Consejo de Estado sobre la materia , c) se analizó la modificación introducida por el artículo 44 de la Ley 446 de 1998 y, d) la sentencia de tutela del 10 de julio de 2013 del Consejo de Estado fue dictada para otros veintiocho (28) procesos que no fueron los aquí analizados y, en todo caso, dicha decisión judicial fue comunicada al Tribunal Administrativo de Arauca el 4 de agosto de 2003, esto es, días después de que se profirieron las treinta y nueve (39) providencias cuestionadas.

decisión judicial fue comunicada al Tribunal Administrativo de Arauca el 4 de agosto de 2003, esto es, días después de que se profirieron las treinta y nueve (39) providencias cuestionadas.

1. El tercer grupo se encuentra compuesto por dos expedientes, en estos losExpediente 81001-23-31-000-2005-0058-01 (57.389) Actor: Aura Teresa Portilla y otros Reparación directa Apelación sentencia

9 demandantes afirman que existió un error judicial en las decisiones que negaron las pretensiones de la demanda de los señores Aidé Rusell Cetina Carreño y Renán López Moreno por estimar que operó la prescripción de sus derechos, no obstante, en los dos procesos no se presentó recurso de apelación, de modo que no se configuran los presupuestos procesales del error judicial contemplados en el artículo 67 de la Ley 270 de 19964.

1. El cuarto grupo lo integra la sentencia que desestimó las pretensiones de la demanda presentadas por la señora Mariela Esther Angarita Villamizar, decisión en la cual no se presentó un error judicial p orque se analizaron las pruebas presentadas y se concluyó, de manera razonable, que no se demostró la vinculación laboral de la demandante con el municipio de Arauca.

5. Recurso de apelación

El 4 de abril de 2016, la parte demandante interpuso recurso de apelación (fls. 807 a 830 cdno. apelación ), las razones de inconformidad con el fallo de primera instancia se resumen así:

1. Los demandantes fueron vinculados por el municipio de Arau ca (Arauca) en la

a 830 cdno. apelación ), las razones de inconformidad con el fallo de primera instancia se resumen así:

1. Los demandantes fueron vinculados por el municipio de Arau ca (Arauca) en la modalidad de solu ciones efectivas, figura jurídica de vinculación laboral ajena al artículo 32 de la Ley 80 de 1993.

1. Terminada la relación laboral, el municipio no pagó los salarios ni las prestaciones sociales correspondientes, cuando debía primar la realidad sobre las formas.

1. En el año de 1996, los demandantes solicitaron al municipio de Arauca el pago de sus derechos laborales y “cansados de esperar durante cuatro años a que se les garantizara el derecho de petición, los demandantes con base en el artículo 40 del CCA en el año 2000, interpusieron recursos de reposición contra los actos presuntos, con fundamento en los silencios administrativos negativos que se

4 En la sentencia se dejó consignado la postura del magistrado ponente quien, consideró que aún si en gracia de discusión se dijera que los procesos eran de única instancia por los cambios de competencia introducidos por la Ley 446 de 1998, lo cierto era que las pretensiones de igual manera debían ser negadas por no existir un error judicial.Expediente 81001-23-31-000-2005-0058-01 (57.389) Actor: Aura Teresa Portilla y otros Reparación directa Apelación sentencia

10 configuraron” (fl. 808 cdno. apelación) , en los cuales el municipio volvió a guardar silencio.

1. Los actores presentaron demandas de nulidad y restablecimiento del derecho las cuales fueron negadas por el Tribunal Administrativo de Arauca en diversas

silencio.

1. Los actores presentaron demandas de nulidad y restablecimiento del derecho las cuales fueron negadas por el Tribunal Administrativo de Arauca en diversas providencias judiciales en las cuales se incurrió en vías de hecho , por lo cual se demandó en reparación directa.

1. Los demandantes se encuentran divididos en realidad en tres grupos: el primer grupo compuesto por cincuenta y un (51) actores cuyos procesos de nulidad y restablecimiento del derecho culminaron con sentencias inhibitorias ; el segundo grupo, integrado por veintinueve (29) demandantes, cuyos procesos culminaron con igual número de sentencias en las cuales se negó las pretensiones de las demandas y, el tercer grupo , conformado por aquellos actores a quienes se les negaron las súplicas por un error en la apreciación probatoria, así como también por una aplicación indebida de la figura de la prescripción.

1. El tribunal de primera instancia del proceso de la referencia negó las pretensiones de la demanda por considerar que varios procesos de nulidad y restablecimiento del derecho eran de doble instancia y no se agotaron los recursos legales para estudiar el error judicial; sin embargo, el a quo olvidó que las decisiones judiciales se dictaron durante un tránsito legislativo en el cual los procesos de doble instancia pasaron a ser de única instancia y, que incluso fueron muchos los casos en donde se declaró improcedente el recurso de apelación porque el proceso quedó convertido en una actuación de única instancia.

1. El Consejo de Estado en sentencia de tutela del 27 de julio de 2007 ordenó que veintinueve (29) decisiones judiciales -en las cuales se declaró la caducidad de la

actuación de única instancia.

1. El Consejo de Estado en sentencia de tutela del 27 de julio de 2007 ordenó que veintinueve (29) decisiones judiciales -en las cuales se declaró la caducidad de la acciónse volvieran a dictar, de manera que el tribunal en los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho deb ió fallar de fondo no solo esas 29 decisione