CE - 012331000200500974011SENTENCIA20230201130241

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA |

SUBSECCIÓN C

CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., catorce (14) de septiembre de dos mil veintidós (2022)

Referencia: REPARACIÓN DIRECTA Radicación: 47001233100020050097401 (62245)

47001233100020060001400

Demandante: JAVIER ENRIQUE GUTIERREZ PERTUZ Y OTROS Demandado: NACIÓN — FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y OTRO Tema: Privación injusta de la libertad. Ley 600 de 2000. Captura con fines de indagatoria. No se acreditó un daño antijurídico.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la Nación - Fiscalía General de la Nación contra la sentencia del 28 de febrero de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena, que accedió parcialmente a las pretensiones de las demandas.

I. SÍNTESIS DEL CASO El 15 de marzo de 2004, ex integrantes del frente 19 de las FARC declararon ante la Policía Judicial del Magdalena que Javier Enrique Gutiérrez Pertuz y Graciela Herrera González eran colaboradores de dicho grupo subversivo. Por ello, el 16 de abril de 2004, agentes de la SIJIN capturaron con fines de indagatoria a los señores Gutiérrez Pertuz y Herrera González, pues consideraron que eran presuntos autores del delito de rebelión.

Posteriormente, el 28 de abril de 2004, la Fiscalía 26 Seccional Delegada ante el

Pertuz y Herrera González, pues consideraron que eran presuntos autores del delito de rebelión. Posteriormente, el 28 de abril de 2004, la Fiscalía 26 Seccional Delegada ante el Juzgado Único Penal del Circuito de Fundación (Magdalena) resolvió la situación jurídica de los procesados, se abstuvo de imponer medida de aseguramiento en su contra y ordenó su libertad inmediata, al constatar que no existían indicios que dieran cuenta, preliminarmente, de su presunta participación en el delito de rebelión. Finalmente, el 31 de agosto de 2004, el ente instructor precluyó la investigación penal seguida en contra de los imputados por atipicidad subjetiva de la conducta. LosRadicado: 47001233100020050097401 (62245) ¿ Demandante: Javier Enrique Gutiérrez Pertuz y otros demandantes consideran que la detención de Javier Enrique Gutiérrez Pertuz y Graciela Herrera González fue injusta puesto que se precluyó la investigación penal seguida en su contra por atipicidad subjetiva de la conducta. Il, ANTECEDENTES Expediente 47001233100020050097401

1. Demanda El 13 de julio de 2005, Javier Enrique Gutiérrez Pertuz, en nombre propio y en representación de Greissy Alejandra Gutiérrez Ortiz, y Javier Santiago y Jorge Javier Gutiérrez Granados; Moraima Granados Jiménez y Haydeed Pertuz de Gutiérrez, mediante apoderado judicial y en ejercicio de la acción de reparación directa, presentaron demanda en contra de la Nación — Fiscalía General de la Nación y Ministerio de Defensa — Policía Nacional, por los perjuicios ocasionados por la privación de la libertad de la que fue objeto Javier Enrique Gutiérrez Pertuz.

presentaron demanda en contra de la Nación — Fiscalía General de la Nación y Ministerio de Defensa — Policía Nacional, por los perjuicios ocasionados por la privación de la libertad de la que fue objeto Javier Enrique Gutiérrez Pertuz. Como pretensiones de su demanda, el extremo activo solicita condenar a la parte demandada a pagar, por perjuicios morales, 100 SMLMV a cada uno de los accionantes; por “perjuicios psicológicos”, 300 SMLMV a cada uno de los demandantes; por daño emergente, la suma de $10.000.000 a Javier Enrique Gutiérrez Pertuz; y por lucro cesante, la suma de $589.333 a Javier Enrique Gutiérrez Pertuz. En apoyo de las pretensiones, la parte demandante afirma que el 15 de marzo de 2004, ex integrantes del frente 19 de las FARC declararon ante la Policía Judicial del Magdalena que Javier Enrique Gutiérrez Pertuz era colaborador de dicho grupo subversivo. 1Fl. 1a18, C.1.' Radicado: 47001233100020050097401 (62245) Demandante; Javier Enrique Gutiérrez Pertuz y otros Sostiene que por ello, el 16 de abril de 2004, agentes de la SIJIN capturaron con fines de indagatoria a Javier Enrique Gutiérrez Pertuz, pues consideraron que era presunto autor del delito de rebelión. Señala que el 28 de abril de 2004, la Fiscalia 26 Seccional Delegada ante el Juzgado Único Penal del Circuito de Fundación (Magdalena) resolvió la situación jurídica del procesado, se abstuvo de imponer medida de aseguramiento en su contra y ordenó su libertad inmediata, al constatar que no existían indicios que dieran cuenta,

procesado, se abstuvo de imponer medida de aseguramiento en su contra y ordenó su libertad inmediata, al constatar que no existían indicios que dieran cuenta, preliminarmente, de su presunta participación en el delito de rebelión. Manifiesta que el 31 de agosto de 2004, el ente instructor precluyó la investigación penal seguida en su contra por atipicidad subjetiva de la conducta. - Los demandantes consideran que la detención de Javier Enrique Gutiérrez Pertuz fue injusta puesto que se precluyó la investigación penal seguida en su contra por atipicidad subjetiva de la conducta. Textualmente señalan en la demanda: “[..] se declare administrativamente y extracontractualmente responsable a la Nación - Ministerio de Defensa — Policía Nacional y a la Fiscalía General de la Nación de los perjuicios causados a cada uno de los demandantes por los hechos y acciones realizadas el día 16 de abril de 2004, donde fue detenido por miembros de la SIJIN en el municipio de Aracataca [...], detenido por un lapso de trece días, [..] no obstante habérsele precluido la investigación [...]”.

2. Contestaciones El 30 de abril de 2009, el Tribunal Administrativo del Magdalena admitió la demanda y ordenó su notificación a las entidades demandadas y ai Ministerio Público. 2.1. La Fiscalía General de la Nación? se opuso a las pretensiones de la demanda, argumentando que sus actuaciones se adelantaron en cumplimiento de sus funciones 2 Fl, 241 a 243, C. 1. 3 FL 249 a 253, C. 1.Radicado: 47001233100020050097401 (62245)

Demandante: Javier Enrigue Gutiérrez Pertuz y otros

2 Fl, 241 a 243, C. 1. 3 FL 249 a 253, C. 1.Radicado: 47001233100020050097401 (62245) Demandante: Javier Enrigue Gutiérrez Pertuz y otros constitucionales y legales. Asimismo, indicó que el hecho lesivo no le era atribuible por cuanto se abstuvo de imponer medida de aseguramiento en contra del procesado. 2.2. El Ministerio de Defensa — Policía Nacional manifestó que no ocasionó un daño antijuriídico a los demandantes, pues materializó la captura del procesado en cumplimiento de una orden de captura emitida por la Fiscalia 26 Seccional de Fundación (Magdalena). Expediente 47001233100020060001400

1. Demanda El 11 de julio de 2006%, Graciela Herrera González, en nombre propio y en representación de Maribel, Ramiro y Leidy Diana Moya Herrera, mediante apoderado judicial y en ejercicio de la acción de reparación directa, presentaron demanda en contra de la Nación — Ministerio de Defensa — Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, por los perjuicios ocasionados por la privación de la libertad de la que fue objeto Graciela Herrera González.

Como pretensiones de su demanda, el extremo activo solicita condenar a la parte demandada a pagar, por perjuicios morales, 100 SMLMV a cada uno de los accionantes; por “perjuicios psicológicos”. 300 SMLMV a cada uno de los demandantes; por daño emergente, la suma de $63.000.000 a Graciela Herrera González; y por lucro cesante, la suma de $3.000.000 a Graciela Herrera González.

demandantes; por daño emergente, la suma de $63.000.000 a Graciela Herrera González; y por lucro cesante, la suma de $3.000.000 a Graciela Herrera González. En apoyo de las pretensiones, la parte demandante afirma que el 15 de marzo de 2004, ex integrantes del frente 19 de las FARC declararon ante la Policía Judicial del Magdalena que Graciela Herrera González era colaboradora de dicho grupo subversivo.

4FL 267 a275,C€. 1.

3FL3a20,C.2.Radicado: 47001233100020050097401 (62245) Sostiene que por ello, el 16 de abril de 2004, agentes de la SIJIN capturaron con fines de indagatoría a Graciela Herrera González por ser presunta autora del delito de rebelión. Señala que el 28 de abril de 2004, la Fiscalía 26 Seccional Delegada ante el Juzgado Único Penal del Circuito de Fundación (Magdalena) resolvió la situación jurídica de la procesada, se abstuvo de imponer medida de aseguramiento en su contra y ordenó su libertad inmediata, al constatar que no existían indicios que dieran cuenta, preliminarmente, de su presunta participación en el delito de rebelión. Manifiesta que el 31 de agosto de 2004, el ente instructor precluyó la investigación | penal seguida en su contra por atipicidad subjetiva de la conducta. Los demandantes consideran que la detención de Graciela Herrera González fue injusta puesto que se precluyó la investigación penal seguida en su contra por atipicidad subjetiva de la conducta. Textualmente señalan en la demanda: “[...] se declare administrativamente y

Los demandantes consideran que la detención de Graciela Herrera González fue injusta puesto que se precluyó la investigación penal seguida en su contra por atipicidad subjetiva de la conducta. Textualmente señalan en la demanda: “[...] se declare administrativamente y extracontractualmente responsable a la Nación - Ministerio de Defensa — Policía Nacional y a la Fiscalía General de la Nación de los perjuicios causados a cada uno de los demandantes por los hechos y acciones realizadas el día 16 de abril de 2004, donde fue detenido por miembros de la SIJIN en el municipio de Aracataca [...] detenida por un lapso de trece días, [..] no obstante habérsele precluido la investigación [...]”.

2. Contestaciones El 23 de enero de 20068, el Tribunal Administrativo del Magdalena admitió la demanda y ordenó su notificación a las entidades demandadas y al Ministerio Público. 2.1. La Fiscalía General de la Nación” se opuso a las pretensiones de la demanda alegando que sus actuaciones se adelantaron de conformidad con lo dispuesto en el

SF 69,C.2

7FL.722a79,C.2

Demandante: Javier Enrique Gutiérrez Pertuz y otros.Radicado: 47001233100020050097401 (62245) Demandante: Javier Enrique Gutiérrez Pertuz y otros artículo 250 de la Constitución Nacional y en atención a los indicios y pruebas que obraban en contra del procesado. 2.2. El Ministerio de Defensa — Policía Nacional sostuvo que no ocasionó un daño antijuridico a los demandantes, pues capturó a la procesada en virtud de la orden de captura emitida por la Fiscalía 26 Seccional de Fundación (Magdalena). Por ello,

antijuridico a los demandantes, pues capturó a la procesada en virtud de la orden de captura emitida por la Fiscalía 26 Seccional de Fundación (Magdalena). Por ello, formuló como excepción la de “falta de legitimación por pasiva”.

3. Acumulación de procesos Mediante auto del 13 de agosto de 2010, el Tribunal Administrativo del Magdalena acumuló los procesos de reparación directa identificados con los números de radicados 47001233100020060001400 y 47001233100020050097401.

4. Alegatos de conclusión en primera instancia El 4 de mayo de 201510 se corrió traslado a las partes y al Ministerio.Público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente. 4.1. La parte demandante!!, la Fiscalía General de la Nación!? y el Ministerio de Defensa — Policía Nacional”? reiteraron los argumentos expuestos en la demanda y en la contestación de ésta, respectivamente. 4.2. El Ministerio Público guardó silencio.

5. Sentencia de primera instancia _ Mediante sentencia del 28 de febrero de 2018, el Tribunal Administrativo del Magdalena accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, al constatar.que 8 Fl 105a 11,C.2. 2 Fl, 397, 0.2. 10 Fl. 398, C. 1. 11 FL 441 a 446, C. 1. 12 Fl 399 a414,C. 1. 13 Fh 431 a 434, C, 1. 14 Fl. 478 a512,C. 1.Radicado: 47001233100020050097401 (62245) Demandante; Javier Enrique Gutiérrez Pertuz y otros la privación de la libertad de Javier Enrique Gutiérrez Pertuz y Graciela Herrera

14 Fl. 478 a512,C. 1.Radicado: 47001233100020050097401 (62245) Demandante; Javier Enrique Gutiérrez Pertuz y otros la privación de la libertad de Javier Enrique Gutiérrez Pertuz y Graciela Herrera González fue injusta, toda vez que se precluyó la investigación penal por atipicidad subjetiva de la conducta, lo cual, en su concepto, constituía uno de los supuestos para declarar objetivamente la responsabilidad patrimonial del Estado. Por otra parte, consideró que el daño antijurídico no era imputable al Ministerio de Defensa — Policía Nacional, pues su actuación no fue determinante en la producción del hecho lesivo.

Al efecto sostuvo que: “Para la Sala no es necesario hacer análisis extensos ni opúsculos para concluir que cualquier ser humano, por el solo hecho de ser, se sienta afligido y consternado por la privación de su líbertad, ya que esta es connatural al hombre y cuando se ve restringida, además de daños económicos se termina generando perjuicios morales que posiblemente sean irreparables en contraposición a los primeros [...] Cuando una persona es privada de la libertad por virtud de una decisión judicial carente de sustento probatorio y posteriormente es dejada en libertad en razón de que existen los presupuestos legales para ello y a su vez el demandante prueba la existencia de un daño causado por esa privación injusta de la libertad, ese daño es antijurídico y, por tanto, indemnizable por el Estado, como es el caso en estudio. Es indudable que la pérdida de la libertad de Javier Gutiérrez Pertuz y Graciela Herrera González por 13 días, presentada de la manera expuesta, demuestra un daño

estudio. Es indudable que la pérdida de la libertad de Javier Gutiérrez Pertuz y Graciela Herrera González por 13 días, presentada de la manera expuesta, demuestra un daño cierto, determinado y susceptible de ser cuantificado, de ahí que se pueda afirmar con propiedad la antijuridicidad del mismo y por ende, la existencia del primer elemento de la responsabilidad, esto es, la existencia del daño antijurídico [...] Lo anterior, conlleva inexorablemente a determinar los perjuicios ocasionados a la parte actora por la privación injusta de la libertad a la que fueron sometidos Javier Gutiérrez Pertuz y Graciela Herrera González, a los cuales serán condenadas la Nación - Fiscalía General de la Nación y exonerada la Policía Nacional por no ser determinante del daño generado [...]”. En la parte resolutiva el a quo condenó exclusivamente a la Fiscalía General de la Nación a pagar, por perjuicios morales, 7.5 SMLMV a Javier Enrique Gutiérrez Pertuz y Graciela Herrera González, y 7 SMLMV a Greissy Alejandra Gutiérrez Ortiz, Javier Santiago Gutiérrez Granados, Jorge Javier Gutiérrez Granados, Moraima Granados Jiménez, Maribel Moya Herrera, Ramiro Moya Herrera y Leidy Diana Moya Herrera; por daño emergente, la suma de 5 SMLMV a Javier Enrique Gutiérrez Pertuz y GracielaRadicado: 47001233100020050097401 (62245) Demandante: Javier Enrique Gutiérrez Pertuz y otros Herrera González; por lucro cesante, la suma de $980.382,26 a Javier Enrique Gutiérrez Pertuz y la suma que fuera determinada dentro de trámite incidental a Graciela Herrera González; y como medida de reparación no pecuniaria, ordenó a la

Herrera González; por lucro cesante, la suma de $980.382,26 a Javier Enrique Gutiérrez Pertuz y la suma que fuera determinada dentro de trámite incidental a Graciela Herrera González; y como medida de reparación no pecuniaria, ordenó a la Fiscalía General de la Nación realizar una publicación en la página web de la entidad, ofreciendo disculpas públicas a los demandantes.

6. Recurso de apelación El 27 de junio de 2018%5, la Fiscalia General de la Nación interpuso recurso de apelación, el cual fue concedido el 9 de agosto de 2018£ y admitido el 11 de diciembre de 20187”. 6.1. La Fiscalía General de ta Nación$ manifestó que sus actuaciones se surtieron en cumplimiento de sus funciones constitucionales y legales, y en atención a los indicios y elementos probatorios que obraban en contra de los procesados, sin que se hubiera acreditado la configuración de un daño antijurídico susceptible de ser indemnizado.

7. Alegatos de conclusión en segunda instancia El 30 de abril de 20191? se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente. 7.1. La Fiscalía General de la Nación”? reiteró los argumentos expuestos en el recurso de apelación. 7.2.-Los demandantes, el Ministerio de Defensa — Policía Nacional y el Ministerio Público guardaron silencio??. reas o 15 FI. 515 a 529, C. 3. 16 FL 569, C. 3. 17 Fl 573, €. 3. 18 Fl. 515 a 529, C. 3. 18 FI. 576, C. 3. 20 Fl. 577 a 607, C. 3.

16 FL 569, C. 3. 17 Fl 573, €. 3. 18 Fl. 515 a 529, C. 3. 18 FI. 576, C. 3. 20 Fl. 577 a 607, C. 3. 21 FI, 608, C. 3.Radicado: 47001233100020050097401 (62245) Demandante: javier Enrique Gutiérrez Pertuz y otros

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia El Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena el 28 de : febrero de 2018, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley 270 de

1996.

2. Acción procedente La acción de reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo, según lo dispone el artículo 86?? del Código Contencioso Administrativo.

En este caso la acción procedente es la de reparación directa, porque se reclama la reparación de un. daño proveniente de unos hechos imputables a la administración de justicia y a la Nación - Ministerio de Defensa — Policía Nacional.

3. Vigencia de la acción | : Con el propósito de otorgar seguridad jurídica, de evitar la parálisis del tráfico jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando a la protección del interés general??, estableció unos plazos para poder ejercer oportunamente cada 2 Artículo 86. Acción de reparación directa. La persona interesada podrá demandar directamente la

dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando a la protección del interés general??, estableció unos plazos para poder ejercer oportunamente cada 2 Artículo 86. Acción de reparación directa. La persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño cuando la causa sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación iemporal o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquiera otra causa. Las entidades públicas deberán promover la misma acción cuando resulten condenadas o hubieren conciliado por una actuación administrativa originada en culpa grave o dolo de un servidor o ex servidor público que no estuvo vinculado al proceso respectivo, o cuando resulten perjudicadas por la actuación de un particular o de otra entidad pública.” 23 Corte Constitucional. Sentencia C-394 de 2002: “La caducidad es una institución jurídico procesal a través de la cual, el legislador, en uso de su potestad de configuración normativa, limita en el tiempo el derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdicción con el fin de obtener pronta y cumplida justicia. Su fundamento se halla en la necesidad por parte del conglomerado social de obtener seguridad jurídica, para evitar la paralización del tráfico jurídico. En esta medida, la caducidad no concede derechos subjetivos, sino que por el contrario apunta a la protección de un interés general.10

Radicado: 47001233100020050097401 (62245) Demandante: Javier Enrique Gutiérrez Pertuz y otros uno de los medios de control judicial. Estos plazos resultan ser razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la solicitud judicial, implica la

uno de los medios de control judicial. Estos plazos resultan ser razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la solicitud judicial, implica la extinción del derecho de accionar, así como la consolidación de las situaciones que se encontraban pendientes de solución. El establecimiento de dichas oportunidades legales pretende, además, la racionalización de la utilización del aparato judicial, lograr mayor eficiencia procesal, controlar la libertad del ejercicio del derecho de acción, ofrecer estabilidad del derecho de manera que las situaciones controversiales que requieran solución por los órganos judiciales adquieran firmeza, estabilidad y con ello seguridad, solidificando y concretando el concepto de derechos adquiridos. Este fenómeno procesal, de carácter bifronte, en tanto se entiende como límite y garantía a la vez, se constituye en un valioso instrumento que busca la salvaguarda y estabilidad de las relaciones jurídicas, en la medida en que su ocurrencia impide que estas puedan ser discutidas indefinidamente. La caducidad, en la primera de sus manifestaciones, es un mecanismo de certidumbre y seguridad jurídica, pues con su advenimiento de pleno derecho y mediante su reconocimiento judicial obligatorio cuando el operador la halle configurada, se consolidan los derechos de los actores jurídicos que discuten alguna situación; sin embargo, en el anverso, la caducidad se entiende también como una limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción, resultando como una sanción ipso iure? que opera por la falta de actividad oportuna en la puesta en marcha del

embargo, en el anverso, la caducidad se entiende también como una limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción, resultando como una sanción ipso iure? que opera por la falta de actividad oportuna en la puesta en marcha del Como claramente se explicó en la sentencia C-832 de 2001 a que se ha hecho reiterada referencia, esta es una figura de orden público lo que explica su carácter irrenunciable, y la posibilidad de ser declarada de oficio por parte del juez, cuando se verifique su ocurrencia". 24 Consejo de Estado. Sentencia del 23 de febrero de 2006. Exp. 8871-05 “...el derecho al acceso a la administración de justicia no es absoluto, pues puede ser condicionado legalmente a que la promoción de la demanda sea oportuna y las acciones se inicien dentro de los plazos que señala el legistador (....). El término de caducidad, tiene entonces como uno de sus objetivos, racionalizar el ejercicio del derecho de acción, y si bien limita o condiciona el acceso a la justicia, es una restricción necesaria para la estabilidad del derecho, lo que impone al interesado el empleo oportuno de las acciones, so pena de que las situaciones adquieran la firmeza necesaria a la seguridad jurídica, para solidificar el concepto de derechos adquiridos". 2 Consejo de Estado, Sentencia del 30 de enero de 2013: “Para garantizar la seguridad jurídica de los sujetos procesales, el legislador instituyó la figura de la caducidad como una sanción en los eventos en que determinadas acciones judiciales no se ejercen en un término específico. Las partes tienen la carga11

Radicado: 47001233100020050097401 (62245) Demandante: javier Enrique Gutiérrez Pertuz y otros

que determinadas acciones judiciales no se ejercen en un término específico. Las partes tienen la carga11

Radicado: 47001233100020050097401 (62245) Demandante: javier Enrique Gutiérrez Pertuz y otros aparato judicial para hacer algún reclamo o requerir algún reconocimiento o protección de la justicia“, cuya consecuencia, por demandar más allá del tiempo concedido por la ley procesal, significa la pérdida de la facultad potestativa de accionar.

El artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, señala que la acción de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajéna por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa. La Sección Tercera de esta Corporación ha indicado, de manera reiterada, que cuando el daño alegado proviene de la privación injusta de la libertad de una persona, el término de caducidad empieza a contabilizarse a partir del día siguiente de la ejecutoria de la providencia que precluye la investigación, de la sentencia absolutoria o desde el momento en que quede en libertad el procesado, lo último que ocurra, puesto que a partir de ese momento se hace evidente el carácter injusto de la limitación del derecho a la libertad””. En el caso sub examine se estima que el derecho de accionar se ejerció en tiempo, dentro del término de dos (2) años para el vencimiento de la acción, teniendo en cuenta que aunque no hay constancia de la fecha en la que quedó notificado y/o ejecutoriado el proveido del 31 de agosto de 2004% mediante el cual la Fiscalía 26 Seccional

dentro del término de dos (2) años para el vencimiento de la acción, teniendo en cuenta que aunque no hay constancia de la fecha en la que quedó notificado y/o ejecutoriado el proveido del 31 de agosto de 2004% mediante el cual la Fiscalía 26 Seccional procesal de impulsar el litigio dentro del plazo fijado por la ley y de no hacerlo en tiempo, perderán la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo su derecho. Es así como el fenómeno procesal de la caducidad opera ¡pso iure o de pleno derecho, es decir que no admite renuncia, y el juez debe declararla de oficio cuando verifique la conducta inactiva del sujeto procesal llamado a interponer determinada acción judicial”. 28 Corte Constitucional. Sentencia C-574 de 1998: ... [sji el actor deja transcurrir los plazos fijados por la ley en forma objetiva, sin presentar la demanda, el mencionado derecho fenece inexorablemente, sin que pueda alegarse excusa alguna para revivirlos. Dichos plazos constituyen entonces, una garantía para fa seguridad jurídica y el interés general. Y es que la caducidad representa el limite dentro del cual el ciudadano debe reclamar del Estado determinado derecho, por ende, la actitud negligente de quien estuvo legitimado en la causa no puede ser objeto de protección, pues es un hecho cierto que quien, dentro de las oportunidades procesales fijadas por la ley ejerce sus derechos, no se verá expuesto a perderlos por la ocurrencia del fenómeno indicado”. 27 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 14 de febrero de 2002, Rad.: 13.622; Sentencia

perderlos por la ocurrencia del fenómeno indicado”. 27 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 14 de febrero de 2002, Rad.: 13.622; Sentencia del 19 de julio de 2017, Rad.: 49,898; Sentencia del 23 de octubre de 2017, Rad.: 48.130; Sentencia del 10 de noviembre de 2017, Rad.: 49.206, Sentencia del 23 de noviembre de 2017, Rad.: 54.716. 28 “Articulo 197. Ejecutoria de las providencias. Las providencias quedan ejecutoriadas tres días después de notificadas sí no se han interpuesto los recursos y no deban ser consultadas. [...J”.12

Radicado: 47001233100020050097401 (62245) Demandante: Javier Enrique Gutiérrez Pertuz y otros Delegada ante el Juzgado Único Penal del Circuito de Fundación precluyó la investigación adelantada en contra de Javier Enrique Gutiérrez Pertuz y Graciela Herrera González, lo cierto es que entre esta fecha y aquellas en las que se presentaron las demandas, esto es, el 13 de julio de 2005? y el 11 de julio de 2006%, no transcurrieron más de dos años.

4. Legitimación en la causa 4.1. Javier Enrique Gutiérrez Pertuz (víctima), Haydeed Pertuz de Gutiérrez (madre), Greissy Alejandra Gutiérrez Ortiz (hija), Javier Santiago Gutiérrez Granados (hijo), Jorge Javier Gutiérrez Granados (hijo), están legitimados en la causa por activa, ya que el primero fue el sujeto pasivo del proceso penal que se tramitó con el número de radicado 1070, según da cuenta copia auténtica de la Resolución del 31 de agosto de

que el primero fue el sujeto pasivo del proceso penal que se tramitó con el número de radicado 1070, según da cuenta copia auténtica de la Resolución del 31 de agosto de 2004 dictada por la Fiscalía 26 Seccional Delegada ante el Juzgado Único Penal del Circuito de Fundación (Magdalena), y los demás hacen parte de su núcleo familiar, según dan cuenta copias auténticas de sus registros civiles de nacimiento?. 4.2. Moraima Granados Jiménez está legitimada en la causa por activa como compañera permanente de Javier Enrique Gutiérrez Pertuz, pues los testimonios de Gustavo Enrique Andrada Bermúdez, Carlos Julio Bolaño Soto, Reinaldo Ángel 22F.1a18,C,1. FL. 3a20,C.2. 54 Fl. 34 a 38, C. 1. 32 Fl, 23, 21, y 22, C. 1. Fl, 25 a 26, C. 4. En la diligencia de recepción de testimonio, Gustavo Enrique Andrade Bermúdez manifestó: “f...] Preguntado. Diga si le consta o no, que el señor Javier Enríque Gutiérrez Pertuz, antes de tenerse que desplazar de la ciudad de Fundación (Magdalena), como resultado de su detención, por considerarlo como miembro de la guerrilla el día 16 de abril de 2004, este guarda especiales y armoniosas relaciones de cariño, afecto y ayuda mutua con su compañera permanente Moraima Granados Jiménez y sus hijos Greicy Alejandra Gutiérrez, Javier Santiago y Jorge David Gutiérrez Granados y sí les consta o no que vivían con ellos bajo el mismo techo [...] Contestado. Sí, me consta

Granados Jiménez y sus hijos Greicy Alejandra Gutiérrez, Javier Santiago y Jorge David Gutiérrez Granados y sí les consta o no que vivían con ellos bajo el mismo techo [...] Contestado. Sí, me consta 3 Fl, 27 a28, C. 4. En la diligencia de recepción de testimonio, Carlos Julio Bolaño Soto manifestó: YT.) Preguntado. Diga sí le consta o no, que el señor Javier Enrique Gutiérrez Pertuz, antes de tenerse que desplazar de la ciudad de Fundación (Magdalena), como resultado de s