CE - 012331000200501428021SENTENCIA20230418233654

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata

Bogotá D.C., 13 de febrero de 2023

Radicación: 70001-23-31-000-2005-01428-02 (49.713)

Actor: Silvia Elena Jiménez y otros Demandado: Nación – Rama Judicial Referencia: Acción de reparación directa (Decreto 1 de 1984)

Temas: Reparación directa – Responsabilidad extracontractual del Estado por p rivación injusta de la libertad – Decreto 2737 de 1989 - Falla del servicio

Síntesis del caso: a la demandante principal le fue impuesta una medida de reubicación institucional cerrada con ocasión del proceso adelantado en su contra por su presunta participación en la comisión del delito de homicidio. Dicha actuación finalizó con Sentencia absolutoria a su favor

Conoce la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en contra de la Sentencia proferida el 11 de octubre de 2013 por el Tribunal Administrativo de Sucre, S ala 1 de decisión escritural , mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

La Sala es competente para proferir esta providencia por tratarse de un recurso de apelación en contra de una sentencia emitida por un Tribunal Administrativo, con independencia de la cuantía de las pretensiones solicitadas en la demanda, de conformidad con lo previsto por el artículo 73

recurso de apelación en contra de una sentencia emitida por un Tribunal Administrativo, con independencia de la cuantía de las pretensiones solicitadas en la demanda, de conformidad con lo previsto por el artículo 73 de la Ley 270 de 19961.

Contenido: 1. Antecedentes; 2. Consideraciones; 3. Decisión

1. ANTECEDENTES

Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante; 1.2. Posición de la parte demandada; 1.3. Sentencia de primera instancia; 1.4. Recurso de apelación ; 1.5. Trámite relevante en segunda instancia 1.1. Posición de la parte demandante

1. El 13 de junio de 20052, Silvia Elena Jiménez Mejía, con su grupo familiar, presentó demanda, en ejercicio de la acción de reparación directa, en contra de la Nación – Rama Judicial , para obtener la reparación de los

1 De acuerdo con lo expuesto por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Auto de Unificación de 9 de septiembre de 2008, radicación No. 11001-03-26-000-2008-00009-00. 2 La demanda fue presentada antes los juzgados administrativos, donde se admitió. No obstante, el tribunal declaró la nulidad desde el auto de 7 de noviembre de 2007 que ordenó remitir el expediente a la mencionada Corporación a través de decisión de 15 de diciembre de 2008 y avocó conocimiento mediante Auto de 12 de mayo de 2009.Radicación: 70001-23-31-000-2005-01428-02 (49.713)

Actor: Silvia Elena Jiménez y otros Demandado: Nación – Rama Judicial Referencia: Acción de reparación directa

mayo de 2009.Radicación: 70001-23-31-000-2005-01428-02 (49.713)

Actor: Silvia Elena Jiménez y otros Demandado: Nación – Rama Judicial Referencia: Acción de reparación directa Decisión: Revoca sentencia apelada _____________________________________________________________________________________________________________

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perjuicios sufridos con ocasión de la privación de su libertad, ocurrida dentro del proceso penal adelantado en su contra por la supuesta participación en la comisión del delito de homicidio3.

2. En la demanda se formuló la siguiente pretensión declarativa (se

trascribe):

“PRIMERO: Declarar que la DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA RAMA JUDICIALNACIÓN, es responsable administrativamente de la totalidad de los años de los daños y perjuicios ocasionados a la joven Silvia Elena Jiménez Mejía, por la privación injusta de la libertad de que fue objeto”.

3. La indemnización solicitada se resume en los siguientes valores:

Perjuicio Demandante Calidad Monto Perjuicios morales Silvia Elena Jiménez Mejía Víctima directa 100 SMLMV María de la Concepción Mejía Teherán Madre 100 SMLMV Juan Francisco Jiménez Padre 100 SMLMV Olga Lucía Jiménez Mejía Hermana 100 SMLMV Nelly Cecilia Jiménez Mejía Hermana 100 SMLMV Belky Lucía Jiménez Mejía Hermana 100 SMLMV Juan Francisco Jiménez Mejía Hermano 100 SMLMV Perjuicios a la vida en relación Silvia Elena Jiménez Mejía Víctima directa 100 SMLMV María de la Concepción Mejía Teherán Madre 100 SMLMV

Juan Francisco Jiménez Mejía Hermano 100 SMLMV Perjuicios a la vida en relación Silvia Elena Jiménez Mejía Víctima directa 100 SMLMV María de la Concepción Mejía Teherán Madre 100 SMLMV Juan Francisco Jiménez Padre 100 SMLMV Olga Lucía Jiménez Mejía Hermana 100 SMLMV Nelly Cecilia Jiménez Mejía Hermana 100 SMLMV Belky Lucía Jiménez Mejía Hermana 100 SMLMV Juan Francisco Jiménez Mejía Hermano 100 SMLMV

4. Como hechos que fundamentan las pretensiones expuso, en síntesis:

5. 1) El 30 de julio de 2002, Silvia Elena Jiménez, quien para ese momento tenía 16 años de edad, fue capturada por integrantes de la Policía Nacional en cumplimiento de la orden proferida en su contra por la supuesta participación en la comisión del delito de homicidio. Lo anterior, con fundamento en el re lato de dos testigos de los hechos , quienes la identificaron como pasajera de la motocicleta desde la cual se habría realizado los disparos que le causaron la muerte a Francisco Manuel Sarmiento, luego de que este se resistiera al hurto de sus pertenencia s.

Además, un testigo afirm ó que en medio de la persecución vieron a la menor guardar el arma.

6. 2) El 31 de julio 2002, u na vez se adivirt ió que Silvia Elena Jiménez era menor de edad, la Fiscalía 6° delegada antes los jueces penales del circuito de Sincelejo (Sucre) rompió la unidad procesal y la dejó “a disposición del juzgado de familia en turno”.

menor de edad, la Fiscalía 6° delegada antes los jueces penales del circuito de Sincelejo (Sucre) rompió la unidad procesal y la dejó “a disposición del juzgado de familia en turno”.

3 Folios 1 al 10 del cuaderno No. 1 del tribunal.Radicación: 70001-23-31-000-2005-01428-02 (49.713)

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7. 3) El 8 de agosto de 2002, el Juzgado 1° Promiscuo de Familia de Sincelejo resolvió la situación la situación jurídica de Silvia Elena Jiménez. En la deci sión fue declarada “ probalmente responsable ” del delito de homicidio, en grado de coa utora y se ordenó la reclusión de la menor en un centro de observación.

8. 4) Posteriormente, el 13 de junio de 2003, el Juzgado 1° Promiscuo de Familia de Sincelejo profirió sentencia absolutoria a favor de la ahora demandante, como consecuencia de la ausencia de material probatorio que permitiera inferir la participación de la menor en la conducta punible.

1.2. Posición de la parte demandada

9. El 18 de septiembre de 2007 , la Rama judicial presentó escrito de contestación a la demanda, en el que se opuso a las pretensiones allí formuladas4. En ese sentido, sostuvo que las afirmaciones de la menor carecían de respaldo probatorio. De tal manera que, como existían indicios

contestación a la demanda, en el que se opuso a las pretensiones allí formuladas4. En ese sentido, sostuvo que las afirmaciones de la menor carecían de respaldo probatorio. De tal manera que, como existían indicios serios contra la investigada se trataba de una carga que estaba en la obligación de soportar . Finalmente, propuso la excepción “innominada o genérica”.

1.3. Sentencia de primera instancia

10. El 11 de octubre de 2013, el Tribunal Administrativo de Sucre, Sala 1 de decisión escritural, profirió Sentencia de primera instancia , en la que negó las pretensiones de la demanda5. Como fundamento de la decisión señaló que, a pesar de que se encontraba acreditado el daño consistente en la privación de la libertad de la menor en centro de reclusión, este no le era atribuible a la entidad demandada, debido a que no fue aportada la decisión que resolvió la situación jurídica de la ahora demandante. Además, la certificación del Inpec dio cuenta que la menor no estaba “a órdenes del juzgado”, sino de la “fiscalía”, y de la decisión absolutoria no se desprendía que para ese momento la menor se encontraba recluida.

11. Finalmente, afirmó que si bien en la demanda se había solicitado como prueba trasladada el proceso penal, el tribunal negó su decreto sin que la parte demandante hubiera expuesto reparo alguno.

4 Folios 42 al 44 del cuaderno No. 1 del tribunal. 5 Folios 150 al 156 del cuaderno del Consejo de Estado. En parte resolut iva de la decisión, se dispuso: “PRIMERO:

4 Folios 42 al 44 del cuaderno No. 1 del tribunal. 5 Folios 150 al 156 del cuaderno del Consejo de Estado. En parte resolut iva de la decisión, se dispuso: “PRIMERO: NIÉGUENSE las pretensiones de la demanda, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia”.Radicación: 70001-23-31-000-2005-01428-02 (49.713)

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1.4. Recurso de apelación

12. El 6 de noviembre de 2013, la parte demandante interpuso recurso de apelación, en el que solicitó que se revocara la sentencia de primera instancia y, en su lugar, se accediera a las pretensiones formuladas6. En su escrito indicó que, la competencia para privar de la libertad a una menor de edad le correspondía al juez de familia, por lo que, de ninguna manera el daño podría atribuírsele a la fiscalía 7. Frente a la certifi cación expedida por Inpec, resaltó que allí se podía advertir que Silvia Elena Jiménez estuvo recluida durante 45 días en la cárcel “ La Vega” a pesar de ser menor de edad.

13. Finalmente, expuso que el tribunal hizo caso omiso a la solicitud de pruebas presentadas con la demanda y re iterada en los alegatos de conclusión, razón por la que solicitó que se practicaran en segunda instancia.

1.5. Trámite relevante en segunda instancia

pruebas presentadas con la demanda y re iterada en los alegatos de conclusión, razón por la que solicitó que se practicaran en segunda instancia.

1.5. Trámite relevante en segunda instancia

14. Mediante Auto de 2 de julio de 2014, el magistrado sustanciador decretó las pruebas solicitadas en recurso de apelación, esto es, la totalidad del proceso penal y las certificaciones del tiempo que estuvo privada de la libertad la ahora demandante en los centros “Renacer” y “Luisamigó”8.

15. El 6 de agosto de 2014, el Centro Educativo Amigoniano informó que Silvia Elena Jiménez Mejía estuvo en la institución desde el 16 de septiembre hasta el 27 de diciembre de 2002 9. Mientras que la Fundación Renacer indicó que la ahora demandante no hizo parte de ningún programa 10.

Finalmente, el Juzgado 1° Promiscu o de Familia de Sincelej o remitió copias del proceso penal11. De lo anterior se corrió traslado a las partes12.

16. En la etapa de alegatos de conclusión , la parte demandante indicó que se encontraba acreditado el daño de acuerdo con las certificaciones expedidas por el Inpec y el Centro Educativo Amigoniano. Además, también se enco ntraba demostrado que el proceso finalizó como consecuencia de la falta de certeza de la partición de la menor en la conducta punible13.

6 Folios 171 al 172 del cuaderno del Consejo de Estado. 7 Además, citó varias pruebas del expediente de las que se desprendía que la menor estuvo a cargo del Juzgado 1º Promiscuo de Familia de Sincelejo.

6 Folios 171 al 172 del cuaderno del Consejo de Estado. 7 Además, citó varias pruebas del expediente de las que se desprendía que la menor estuvo a cargo del Juzgado 1º Promiscuo de Familia de Sincelejo. 8 Folio 310 del cuaderno del Consejo de Estado. 9 Folio 176 del cuaderno del Consejo de Estado. 10 Folio 197 del cuaderno del Consejo de Estado. 11 Folio 236 del Cuaderno del Consejo de Estado. 12 Folio 237 del Cuaderno del Consejo de Estado. 13 Folios 245 al 247 del Cuaderno del Consejo de Estado.Radicación: 70001-23-31-000-2005-01428-02 (49.713)

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2. CONSIDERACIONES Contenido: 2.1. Síntesis de la controversia y decisiones que se adoptarán; 2.2. Identificación del daño; 2.3. Análisis de la legalidad de la privación de la libertad; 2.4. Entidad a la que se le atribuye el daño; 2.5. Liquidación de perjuicios; 2.6 Costas

2.1 Síntesis de la controversia y decisiones que se adoptarán

17. En primera instancia, el tribunal negó las pretensiones de la demanda porque no se probó que el daño fuera atribuible a la Rama Judicial , pues no se aportó el proceso penal . La parte demandante sostiene que se encuentra acreditado el daño y el nexo de causalidad con la actuación de la entidad demandada.

porque no se probó que el daño fuera atribuible a la Rama Judicial , pues no se aportó el proceso penal . La parte demandante sostiene que se encuentra acreditado el daño y el nexo de causalidad con la actuación de la entidad demandada.

18. Así las cosas, se encuentra probado en el expediente que, Silvia Elena Jiménez fue capturada el 30 de julio de 2002 y fue puesta a disposición de los jueces de menores el 31 del mismo mes y año 14; de tal manera que, estuvo privada de la libertad, en centro de reclusión entre el 1 de agosto y 16 de septiembre de 2002 15; posteriormente, permaneció recluida en el Centro Educativo Amigoniano de Bogotá desde el 16 de septiembre hasta el 27 de diciembre de 200216.

19. A pesar de que se ordenó el traslado de la menor a la Fundación Renacer en Cartagena17, se encuentra probado que el 28 de diciembre de 2002 el defensor de familia encargado hizo entrega de la custodia de la menor a su padre, Juan Francisco Jiménez 18 . Posteriormente, el 10 de febrero de 2003, el defensor de familia informó al juzgado que Silvia Jiménez se encontraba con su núcleo familiar, debido a que en la Fundación Renacer no contaban cupos disponibles19. En consecuencia, el 21 de febrero de 2003, el Juzgado ordenó su remisión de manera urgente a la

Fundación Renacer20.

14 Folio 67 del Cuaderno No. 2 de Pruebas 15 De acuerdo con la certificación expedida por el Inpec, la menor estuvo recluida en la cárcel La Vega (folio 87 del cuaderno No. 1 del tribunal).

14 Folio 67 del Cuaderno No. 2 de Pruebas 15 De acuerdo con la certificación expedida por el Inpec, la menor estuvo recluida en la cárcel La Vega (folio 87 del cuaderno No. 1 del tribunal). 16 Según consta en la certificación del Centro Edu cativo Amigoniano (folio 176 del cuaderno del Consejo de Estado). 17 De acuerdo con la decisión de 11 de diciembre de 2002, en la que el Juzgado 1° Promiscuo de Familia ordenó que la menor fuera trasladada a la Fundación Renacer de Cartagena, con el fin de que estuviera cerca de su núcleo familiar (folio 130 del Cuaderno No. 2 de Pruebas); el acta de entrega que re alizó el Centro Educativo Amigoniano al defensor de familia Jairo Terán Molina para que trasladara a la menor a la ciudad de Cartagena el 27 de noviembre de 2002 (folio 136 del cuaderno No. 2 de Pruebas). 18 Según consta en el acta de entrega del menor de 28 de diciembre de 2002 (folio 139 del cuaderno No. 2 de pruebas). 19 Folio 148 del Cuaderno No. 2 de Pruebas. 20La Secretaría del Juzgado comunicó la orden al director del ICBF de Sucre el 3 de marzo de 20003 (Folios 151 y 154 del Cuaderno No. 2 de Pruebas). El 31 de marzo de 2003, el defensor informó que había sido posible trasladar al menor por falta de recursos económicos (folio 164 del Cuaderno No. 2 de Pruebas).Radicación: 70001-23-31-000-2005-01428-02 (49.713)

Actor: Silvia Elena Jiménez y otros Demandado: Nación – Rama Judicial Referencia: Acción de reparación directa

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20. El 11 de abril de 2003, el defensor de familia dejó a la menor a disposición de Fundación Renacer. No obstante, el 16 de mayo de 2003 volvió a entregar la custodia a su padre, debido a que la Fundación trataba a menor es víctimas de delitos sexuales, por lo que , no cumplía con los lineamientos de la medida de ubicación instituc ional21. El juzgado ordenó nuevamente su traslado a un centro de observación, sin embargo, no obra ninguna prueba en el expediente que indique que tal orden se cumplió.

21. Finalmente, a través de Sentencia de 13 de junio de 2003 el Juzgado declaró que no ex istían pruebas que permitieran infe rir de manera razonable que la menor era responsable del delito de homicidio y terminó el proceso a su favor22.

22. Esta Subsección estudiará el fondo del asunto porque están reunidos los presupuestos procesales para fallar, entre ellos, la presentación de la demanda dentro del término legal. En efecto, la decisión que absolvió a Silvia Jiménez fue proferida el 13 de junio de 200323, y fue notificada el 20 de junio del mismo año. Además, el juzgado certificó que la decisión se encontraba ejecutoriada24. Por tanto, como la demanda se presentó el 13 de junio de 200525, se concluye que se presentó dentro del término de 2 años previsto por el artículo 136, numeral 8, del C.C.A.

encontraba ejecutoriada24. Por tanto, como la demanda se presentó el 13 de junio de 200525, se concluye que se presentó dentro del término de 2 años previsto por el artículo 136, numeral 8, del C.C.A.

23. Así las cosas, se revocará la Sentencia de primera instancia y, en su lugar, se declarará la responsabilidad de la Rama Judicial porque impuso la medida de ubicación institucional sin el cumplimiento de los requisitos exigidos por la ley. En consecuencia, se condenará a dicha entidad al pago de los perjuicios, de conformidad con los criterios desarrollados por esta Sala de Subsección en casos similares, y se ordenará restablecer el buen nombre de la víctima directa.

24. Con este fin, la Sala abordará los siguientes asuntos: primero, identificará que, en este caso, se acreditó un daño derivado de la afectación del derecho a la libertad. Luego, analizará la legali dad de la detención y profundizará en las razones por las cuales no se cumplió con los requisitos de ley. Ante la ausencia de la culpa de la víctima, como causal eximente de responsabilidad posible en estos casos, atribuirá el daño a la Rama Judicial , liqu idará la indemnización de los perjuicios y, finalmente, declarará improcedente la condena en costas.

21 Folios 171 al 178 del Cuaderno No. 2 de Pruebas 22Folios 186 al 188 del Cuaderno No. 2 de Pruebas. 23 Folio 408 del cuaderno No. 2 del tribunal. 24 Reverso del folio 37 del cuaderno No. del tribunal.

22Folios 186 al 188 del Cuaderno No. 2 de Pruebas. 23 Folio 408 del cuaderno No. 2 del tribunal. 24 Reverso del folio 37 del cuaderno No. del tribunal. 25 Folio 10 del cuaderno No. 1 del tribunal.Radicación: 70001-23-31-000-2005-01428-02 (49.713)

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2.2. Identificación del daño

25. El hecho generador del daño deriva de la privación de la libertad de Silvia Elena Jiménez , que se extendió desde 30 de julio hasta el 16 de septiembre de 2002 en centro carcelario; posteriormente, fue trasladada al Centro Educativo Amigoniano de Bogotá donde permaneció hasta el 27 de diciembre de 200226. Finalmente, desde el 11 de abril al 16 de mayo de 2003 cumplió la medida en la Fundación Renacer en Cartagena . Es decir, que permaneció privada de la libertad durante 6 meses y 4 días interrumpidos.

2.3. Análisis de legalidad de la privación de la libertad

26. En este caso, por la fecha de los hechos investigados, el proceso fue adelantado bajo las previsiones del Decreto 2737 de 1989 o Código del Menor, que regulaba el procedimiento aplicable a personas mayores de 12 años y menores de 18 años , implicados como autores o partícipes de una infracción penal , de tal manera que, los competentes para conocer de aquellos asuntos eran los jueces de menores o los promiscuos de familiaaños y menores de 18 años , implicados como autores o partícipes de una infracción penal , de tal manera que, los competentes para conocer de aquellos asuntos eran los jueces de menores o los promiscuos de familiaartículo 167-.

27. El Juez, antes de abrir la investigación , podía ordenar la práctica de diligencias previas “ con el fin de determinar si realmente se [había] cometido la infracción a la Ley penal y si [había] serios indicios para atribuir al menor la autoría o participación en ella” ; y si de aquella indagación preliminar encontraba que no había mérito para iniciar la investigación debía abstenerse de iniciar el proceso, a través de auto -artículo 179-.

28. Una vez el menor fuera presentado ante el juez, este debía ser escuchado en presencia del defensor de familia y su apoderado, con el fin de “ establecer en forma sumaria las causas de su conducta y las circunstancias personales del menor” -artículo 185-.

29. Dentro de los 5 días siguientes a la recepción de la exposición del menor, el juez “con base en los elementos de juicio acerca de la situación familiar y la personalidad del menor, [resolvía] de plano su situación y

[adoptaría] en f orma provisional las medidas a que se refiere el artículo 204 y, si fuere el caso, [ordenaría] el envío del menor a un centro de observación que [ofreciera] las debidas seguridades” -artículo 187-.

26 Según consta en la certificación del Centro Edu cativo Amigoniano (folio 176 del cuaderno del Consejo de Estado).Radicación: 70001-23-31-000-2005-01428-02 (49.713)

Actor: Silvia Elena Jiménez y otros

26 Según consta en la certificación del Centro Edu cativo Amigoniano (folio 176 del cuaderno del Consejo de Estado).Radicación: 70001-23-31-000-2005-01428-02 (49.713)

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30. La medida de ubicación institucional debía ser decretada por el juez cuando no fuera recomendable aplicar otra medida27 en consideración a “las características de la personalidad del menor y su medio familiar, la naturaleza de la infracción y las circunstancias en que se cometió. Esta medida se [cumpliría] en institución pública o privada, con régimen abierto, semicerrado o cerrado, según el c aso”, sin embargo, era obligatorio el régimen cerrado cuando se tratara de “una infracción a la Ley penal, cometida mediante grave amenaza o violencia a las personas” -artículos 208 y 209-.

31. Así las cosas, se advierte que, en el caso concreto la víctima directa fue investigada por su supuesta participación en la comisión del delito de homicidio del señor Francisco Manuel Sarmiento , ocurrido el 16 de febrero de 2002. La menor procesada fue sindicada por los testigos Esteban de Jesús Pineda y Deisson Antonio Salgado, de manera que el Juzgado 1º Promiscuo de Familia de Sincelejo, a través de decisión de 8 de agosto de 2002, le impuso medida de ubicación institucional con régimen cerrado debido “ a la modalidad grave en que ocurrieron los hechos”.

de Familia de Sincelejo, a través de decisión de 8 de agosto de 2002, le impuso medida de ubicación institucional con régimen cerrado debido “ a la modalidad grave en que ocurrieron los hechos”.

32. El Juzgado consideró que las características físicas descritas por los testigos coincidieron con l os rasgos de la menor y, además, fueron consistentes al afirmar que la sindicada fue observada en el lugar hechos.

Adicionalmente, sostuvo que “se encontró en su poder el arma con la cual se cometió el homicidio ”, y que, para el momento en que ocurrieron los hechos, Silvia Elena Jiménez Mejía sostenía una relación sentimental con otro de los sujetos involucrados en el homicidio28.

33. Para la Sala, si bien la medida de ubicación institucional era obligatoria en aquellos casos en que la infracción penal fuera cometida “ mediante grave amenaza o violencia a las personas ” y a criterio del juzgado era necesaria su imposición debido a las circunstancias socioeconómicas y el entorno de la menor29; en el caso concreto, el juez no contaba con indicios

27 Como lo serían, de acuerdo con el artículo 204 de la misma norma: 1) la amonestación al menor y a las personas de quienes dependa, 2) la imposición de reglas de conducta, 3) la libertad asistida, o 4) cualquier otra medida que contribuya a la rehabilitación del menor. 28 En la decisión se expuso que: “los testigos ESTEBAN DE JESUS PINEDA, celador que se encontraba cercano al lugar donde ocurrieron los hechos, y DEISON ANOTNIO SALGADO OSORIO, son coincidentes al afirmar que ciertamente

28 En la decisión se expuso que: “los testigos ESTEBAN DE JESUS PINEDA, celador que se encontraba cercano al lugar donde ocurrieron los hechos, y DEISON ANOTNIO SALGADO OSORIO, son coincidentes al afirmar que ciertamente la menor SILVIA ELENA MEJÍA era la persona que acompañaba como parrillera a la víctima instant es antes de ser atacada esta última, que momentos después de escuchar la detonación del arma y observar el cuerpo de la víctima tendido en el piso, percibieron cuando la joven, cuya descripción coincide en alto grado con las características morfológicas de la menor investigada, huía en compañía de los otros dos sindicados, quienes tomaron un rumbo diferente luego de entregarle a la menor el arma utilizada para cometer el homicidio. Estos son hechos indicadores posteriores a la consumación de la infracción c onstituidos de indicios graves, pues la menor fue vista en el lugar de la escena del crimen momentos inmediatamente subsiguientes a su suceso, se encontró en su poder el arma con la cual se cometió el homicidio y también fue vista con antelación al mismo c omo pasajera de la motocicleta conducida por la víctima. La relación afectiva de la menor SILVIA con “El Omar” confesada por ella misma es otra circunstancia que evidencia el grado de acercamiento existente entre los coautores del insuceso […]”. Folio 84 y 85 del cuaderno No. 2 de pruebas. 29 Sobre este punto señaló que: “ Para cumplir con el seguimiento ordenado se tendrá en cuenta la situación socioeconómica de la menor, la cual es una joven de estrato bajo, que por las circunstancias socio familiares en

29 Sobre este punto señaló que: “ Para cumplir con el seguimiento ordenado se tendrá en cuenta la situación socioeconómica de la menor, la cual es una joven de estrato bajo, que por las circunstancias socio familiares en la que ha desarrollado su personalidad, su bajo grado de escolaridad y habitual consumo de drogas causante deRadicación: 70001-23-31-000-2005-01428-02 (49.713)

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serios que permitieran inferir la participación de la menor en la comisión de la conducta punible.

34. Lo anterior, debido a que uno de los testigos ni siquiera referenció la presencia de Silvia Jiménez en el lugar de los hechos . E l otro declarante, además de no haber presenciado los hechos, en ningún momento mencionó el nombre de la aquí demandante. De otro lado, el arma no fue encontrada y tampoco se pudo constatar que la menor se encontraba en Colombia para la fecha de los hechos.

35. Al respecto, la Sala advierte que el testigo Esteban de Jesús Pineda se limitó a relatar los hechos que presenció, e indicó que 2 hombres dispararon a Francisco Manuel Sarmiento, pero en su relato no señaló la participación de una mujer en ellos. Por su parte, el testigo Deisson Antonio Salgado expuso que no prese nció los hechos , pero q ue se había enterado que los responsables del homicidio eran Omar Escobar Romero y Heiner Enrique Osorio, y al ser indagado sobre su conocimiento de la persona que mantenía una relación sentimental con Omar Escobar Romero , respondió que su

que no prese nció los hechos , pero q ue se había enterado que los responsables del homicidio eran Omar Escobar Romero y Heiner Enrique Osorio, y al ser indagado sobre su conocimiento de la persona que mantenía una relación sentimental con Omar Escobar Romero , respondió que su nombre era “Milena”30.

36. En efecto, e n la Sentencia absolutoria el juzgado señaló que existía duda sobre la responsabilidad penal de la menor, pues las pruebas recaudadas eran contradictorias. Adicionalmente, aclaró que el arma con la que se habría cometido el homicidio “nunca fue incautada”31.

37. De tal manera que, se encuentra demostrado que al momento de imponer la medida de ubicación institucional el jue z realizó afirmaciones que carecían de respaldo probatorio. Adicionalmente, cuando la menor expuso su versión de los hechos indicó que para la fecha de la comisión del delito se encontraba en Venezuela , situación que no fue indagada por la autoridades con el fin de establecer su veracidad.

38. Por estas razones, la Sala concluye que se incurrió en una falla del servicio, al decretarse la medida de ubicación institucional sin el cumplimiento de los requisitos exigidos por la ley procesal vigente para la

dependencia psíquica determinan en gran pa