CE - 012331000200520247011SENTENCIA20230223164927

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCION C

CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., catorce (14) de septiembre de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE REPETICIÓN Radicación: 500012331000200520147 01 (62552)

Demandeénte: MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

Demandado: ROSALBA VALERO SÁNCHEZ !

Tema: Acción de repetición. Régimen previsto en los artículos 90 de la Constitución Política de 1991 y 77 y 78 del Código Contencioso Administrativo. Se acreditó el dolo y/o la culpa grave del agente.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA La Sala decide el grado jurisdiccional de consulta de la sentencia del 19 de julio de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo del Meta, que accedió a las pretensiones de la demanda. E AN -L SINTESIS DEL CASO Mediante sentencia del 4 de octubre de 2001, la Sección Segunda del Consejo de Estado declaró la nulidad del Acuerdo 104 de 1995, expedido por el Concejo de Villavicencio, y condenó a ese mismo municipio a reintegrar a Lilia Stella Sánchez Rodríguez a un cargo igual o equivalente al que ocupaba al momento de su desvinculación, así como pagarle los emolumentos que había dejado de percibir. Como el municipio de Villavicencio fue condenado en el proceso referido y afirma que pagó una indemnización por tal concepto, presentó demanda en ejercicio de la acción de repetición en contra de Rosalba Valero Sánchez, señalando que debía

Como el municipio de Villavicencio fue condenado en el proceso referido y afirma que pagó una indemnización por tal concepto, presentó demanda en ejercicio de la acción de repetición en contra de Rosalba Valero Sánchez, señalando que debía reembolsarle dicho dinero, pues había sido la servidora pública que desvincuió a la señora Sánchez Rodríguez y porque con su actuar doloso y/o gravemente culposo había incidido en la producción del daño antijuridico por el cual fue condenada la entidad.Radicado: 500012331000200520147 01 (625523

Demandante: Municipio de Villavicencio ll. ANTECEDENTES

1. Demanda El 4 de mayo de 20061, el municipio de Villavicencio, mediante apoderado judicial y en ejercicio de la acción de repetición, presentó demanda en contra de Rosalba Valero Sánchez para que se le declarara patrimonialmente responsablé'dél pago de $288.905.788 a Lilia Stella Sánchez Rodríguez, realizado en cumplimiento de la condena que le impuso el Consejo de Estado mediante sentencia del 4 de octubre de 2001.

Como pretensiones de su demanda, el extremo activo solicita condenar a Rosalba Valero Sánchez a pagarle la suma de $288.905.788, correspondiente a lo que pagó a Lilia Stella Sánchez Rodríguez. En apoyo de las pretensiones, la parte demandante afirma que Lilia Stella Sánchez Rodríguez se posesionó el 4 de enero de 1995 en el cargo de jefe de la división financiera y administrativa de la Personería de Villavicencio. ñ Refiere que el 16 de octubre de 1995 el Instituto de Seguros Sociales expidió “certificado de incapacidad o licencia de maternidad” a Lilia Stella Sánchez

financiera y administrativa de la Personería de Villavicencio. ñ Refiere que el 16 de octubre de 1995 el Instituto de Seguros Sociales expidió “certificado de incapacidad o licencia de maternidad” a Lilia Stella Sánchez Rodríguez por el término de 84 días, es decir, con vigencia hasta el 8 de enero de

1996. ' + Indica que mediante Acuerdo No. 104 de 1995 el Concejo municipal de Villavicencio - suprimió el cargo de jefe de la división financiera y administrativa de la Personería que desempeñaba la señora Sánchez Rodríguez, situación que le fue comunicada a la afectada el 3 de enero de 1996 “por un funcionario de la personería”.

Manifiesta que el 11 de enero de 1996, Lilia Stella Sánchez Rodríguez solicitó a la entonces personera municipal, Rosalba Valero Sánchez, no retirarla del cargo de 1FI.4a10,C. 1.Radicado: 500012331000200520147 01 (62552) Demandante: Municipio de Villavicencio jefe de la división financiera y administrativa porque se encontraba en licencia de maternidad. No obstante, dicha solicitud fue rechazada por la personera en atención a que el cargo fue suprimido mediante acuerdo expedido por el Concejo de Villavicencio. Indica que el 6 de mayo de 1996, Lilia Stella Sánchez Rodríguez presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en la que solicitó la nulidad del Acuerdo No. 104 de 1995 expedido por el Concejo de Villavicencio y el reintegro al cargo que ocupaba para el momento de su desvinculación o a uno superior, así como el pago de los salarios y prestaciones dejados de percibir.

No. 104 de 1995 expedido por el Concejo de Villavicencio y el reintegro al cargo que ocupaba para el momento de su desvinculación o a uno superior, así como el pago de los salarios y prestaciones dejados de percibir. Sostiene que mediante providencia del 4 de abril de 2000, el Tribunal Administrativo del Meta negó las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho. Indica que Lilia Stella Sánchez Rodríguez interpuso recurso de apelación en contra del mencionado proveído. Sostiene que mediante sentencia del 4 de octubre de 2001, la Sección Segunda del Consejo de Estado revocó la sentencia recurrida y, en su lugar, declaró la nulidad del Acuerdo 104 de 1995 y ordenó al municipio de Villavicencio reintegrar a Lilia Stella Sánchez Rodríguez a un cargo igual o superior al que ocupaba al momento de su desvinculación, así como pagarle los salarios y prestaciones dejados de percibir desde su retiro hasta la fecha de su reintegro. Atendiendo a que el municipio de Villavicencio fue condenado en el proceso referido y esta entidad afirma que pagó una indemnización por tal condena, presentó demanda en ejercicio de la acción de repetición en contra de Rosalba Valero Sánchez, señalando que debía reembolsarle dicho dinero, pues había sido la servidora pública que en calidad de personera municipal dio cumplimiento al acuerdo anulado y porque con su actuar doloso y/o gravemente culposo había incidido en la producción del daño antijurídico por el cual fue condenado.Radicado: 500012331000200520147 01 (62552)

Demandante: Municipio de Villavicencio

2. Contestaciones

incidido en la producción del daño antijurídico por el cual fue condenado.Radicado: 500012331000200520147 01 (62552)

Demandante: Municipio de Villavicencio

2. Contestaciones El 10 de junio de 20057, el Tribunal Administrativo del Meta admitió la demanda y ordenó su notificación a la demandada y al Ministerio Público. 2.1. La sucesión ilíquida de Rosalba Valero Sánchez?, actuando mediante curador ad litem, se opuso a las pretensiones de la demanda, afirmando que no se acreditó la conducta dolosa y/o gravemente culposa de la señora Valero Sánchez, toda vez que la entonces personera municipal se limitó a dar cumplimiento al Acuerdo No. 104 que suprimió el cargo que ocupaba la señora Lilia Stella Sánchez Rodriguez en la Personería de Villavicencio. Además, propuso la excepción de caducidad de la acción.

3. Alegatos de conclusión en primera instancia El 25 de abril de 2018, se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente. 3.1. El municipio de Villavicencio? reiteró los argumentos expuestos en el libelo p introductorio, 3.2. La sucesión de Rosalba Valero Sánchez y el Ministerio Publico guardaron silencio.

4. Sentencia de primera instancia Mediante sentencia del 19 de julio de 20178 el Tribunal Administrativo del Meta accedió a las pretensiones de la demanda, al constatar que Rosalba Valero 2 FL 36 a37,C.1. 3 FI.187 a 191, C. 1. Rosalba Valero Sánchez falleció el 15 de junio de 2011 (FI. 159, C. 1), y mediante

2 FL 36 a37,C.1. 3 FI.187 a 191, C. 1. Rosalba Valero Sánchez falleció el 15 de junio de 2011 (FI. 159, C. 1), y mediante proveido del 1” de marzo de 2017 el Tribunal Administrativo del Meta ordenó. emplazar a los herederos indeterminados de la señora Valero Sánchez, entre ellos, al señor Waldino Valero Solano, padre de la fallecida (Fl. 165, C.1).: 4 FI. 205,€. 1. $ Fl. 206, €. 1. 6 Fl, 207 a 224, C. Ppal.Radicado: 500012331000200520147 01 (62552) Demandante: Municipio de Villavicencio Sánchez actuó con culpa grave al desvincular a Lilia Stella Sánchez Rodríguez mientras que esta gozaba de licencia de maternidad. Al efecto, sostuvo: "En esas condiciones, considera la Sala que existe culpa grave en la conducta de la demandada, pues con su actuar negligente, ejecutó la restructuración de la entidad de la cual era la máxima autoridad a sabiendas que en su planta de personal tenía una persona que gozaba de especial protección debido a su estado de embarazo y que para el momento de la supresión del cargo que aquella desempeñaba, se encontraba disfrutando de su licencia de maternidad, sin prever la reubicación de esta funcionaria dentro de la nueva planta. Además, aun cuando la misma empleada informando su especial condición solicitó su reubicación, la personera no accedió a la petición, lo que demuestra su actuar necio y caprichoso. Por todo lo anterior, esta Corporación accederá a las pretensiones de la demanda, declarando patrimonialmente responsable a la señora Rosalba Valero

reubicación, la personera no accedió a la petición, lo que demuestra su actuar necio y caprichoso. Por todo lo anterior, esta Corporación accederá a las pretensiones de la demanda, declarando patrimonialmente responsable a la señora Rosalba Valero Sánchez, pues se considera que por la conducta gravemente culposa en que incurrió, el municipio de Villavicencio resultó condenado dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por la señora Lilia Stella Sánchez Rodríguez.” En la parte resolutiva el a quo condenó a la sucesión ¡líquida de Rosalba Valero Sánchez a pagar a la entidad demandante la suma de $514.009.919,1.

5. Grado jurisdiccional de consulta En vista de que la sentencia de primera instancia no fue apelada por ninguna de las partes y que el Tribunal Administrativo del Meta profirió condena en contra de quien estuvo representado por curador ad fitem, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 1847 del Código Contencioso Administrativo, el Tribunal ordenó remitir tas diligencias al Consejo de Estado para surtir el grado jurisdiccional de consulta. 7 "Artículo 184: Las sentencias que impongan condena en concreto, dictadas en primera instancia a cargo de cualquier entidad pública que exceda de trescientos (300) salarios mínimos mensuales legales o que hayan sido proferidas en contra de quienes hubieren estado representados por curador ad litem, deberán consultarse con el superior cuando no fueren apeladas. Las sentencias queRadicado: 500012331000200520147 01 (62552)

Demandante: Municipio de Villavicencio

6. Alegatos de conclusión en segunda instancia El 14 de mayo de 2019 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para

Demandante: Municipio de Villavicencio

6. Alegatos de conclusión en segunda instancia El 14 de mayo de 2019 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente. 6.1. El Ministerio Público? rindió concepto en el que solicitó confirmar la decisión de primera instancia, toda vez que se pudo constatar que Rosalba Valero Sánchez actuó con culpa grave al desvincular de la Personería de Villavicencio a Lilia Stella Sánchez Rodríguez cuando gozaba de licencia de maternidad. 6.2. El municipio de Villavicencio y la sucesión de Rosalba Valero Sánchez guardaron silencio.

Il. CONSIDERACIONES

4. Jurisdicción y competencia La jurisdicción de lo contencioso administrativo, como guardián del orden jurídico, conoce de las demandas que promuevan las entidades públicas cuando resulten condenadas al pago de perjuicios causados como consecuencia de una actuación dolosa o gravemente culposa de servidores, ex servidores públicos o particulares que desempeñen funciones públicas, con el fin de obtener el reembolso o reintegro de los dineros pagados. Este tipo de debates se encuentran adscritos a esta jurisdicción, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 129 del CCA, impongan condena en abstracto sólo serán consultables junto con el auto que las liquide, en los eventos del inciso anterior (...)” 8 Fl, 229, C. Ppal. 9 Fl-231 a 239, C. Ppal. a 19 “El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos

9 Fl-231 a 239, C. Ppal. a 19 “El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se conceda el extraordinario de revisión. El grado jurisdiccional de consulta se surtirá en los eventos de que trata el artículo 184 de este código.”Radicado: 500012331000200520147 01 (62552) Demandante: Municipio de Villavicencio modificado por el artículo 37 de la Ley 446 de 1998 y el artículo 7 de la Ley 678 de 20011. En este orden de ideas, el Consejo de Estado es competente para conocer del grado jurisdiccional de consulta respecto de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Meta el 19 de julio de 2017, de conformidad con lo establecido en el artículo 184 del Código Contencioso Administrativo!? modificado por el artículo 57 de la Ley 446 de 1998.

2. Acción procedente De conformidad con la definición del artículo 2% de la Ley 678 de 2001 , en concordancia con lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución Política , la acción de repetición es una acción de carácter patrimonial que se ejerce contra el servidor, ex servidor público o particular investido de una función pública que haya dado lugar, en forma dolosa o gravemente culposa, a un reconocimiento indemnizatorio por parte del Estado, proveniente de una condena, conciliación u otra forma de terminación de un conflicto, En este caso la acción procedente es la de repetición, porque se solicita declarar a

por parte del Estado, proveniente de una condena, conciliación u otra forma de terminación de un conflicto, En este caso la acción procedente es la de repetición, porque se solicita declarar a Rosalba Valero Sánchez patrimonialmente responsable del pago de $288.905.788, realizado en cumplimiento de la condena que impuso el Consejo de Estado mediante sentencia del 4 de octubre de 2001. 31 “Artículo 7. Jurisdicción y competencia. La jurisdicción de lo contencioso administrativo conocerá de la acción de repetición. Será competente el juez o tribunal ante el que se tramite o se haya tramitado el proceso de responsabilidad patrimonial contra el Estado de acuerdo con las reglas de competencia señaladas en el Código Contencioso Administrativo. Cuando la reparación patrimonial a cargo del Estado se haya originado en una conciliación o cualquier otra forma permitida por la ley para solucionar un conflicto con el Estado, será competente el juez o tribunal que haya aprobado el acuerdo o que ejerza jurisdicción territorial en el lugar en que se haya resuelto el conflicto (...). 12 “Artículo 184. Las sentencias que impongan condena en concreto, dictadas en primera instancia a cargo de cualquier entidad pública que exceda de trescientos (300) salarios minimos mensuales legales o que hayan sido proferidas en contra de quienes hubieren estado representados por curador ad litem, deberán consultarse con el superior cuando no fueren apelada (...)”. La Sala es competente para resolver el asunto sub judice, teniendo en cuenta que la decisión no fue apelada por ninguna de las partes y la condena se profirió contra quien estuvo representado por curador ad fitem.Radicado: 500012331000200520147 01 (62552)

Demandante: Municipio de Villavicencio

apelada por ninguna de las partes y la condena se profirió contra quien estuvo representado por curador ad fitem.Radicado: 500012331000200520147 01 (62552)

Demandante: Municipio de Villavicencio

3. Vigencia de la acción Con el propósito de otorgar seguridad jurídica, de evitar la parálisis del tráfico jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando a la protección del interés general!?, estableció unos plazos para poder ejercer oportunamente cada uno de los medios de control judicial. Estos plazos resultan ser razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la solicitud judicial, implica la extinción del derecho de accionar, así como la consolidación de las situaciones que se encontraban pendientes de solución.

El establecimiento de dichas oportunidades legales pretende, además, la racionalización de la utilización del aparato judicial, lograr mayor eficiencia procesal, controlar la libertad del ejercicio del derecho de acción!, ofrecer estabilidad del derecho de manera que las situaciones controversiales que requieran solución por los órganos judiciales adquieran firmeza, estabilidad y con ello seguridad, solidificando y concretando el concepto de derechos adquiridos. Este fenómeno procesal, de carácter bifronte, en tanto se entiende como limite y garantía a la vez, se constituye en un valioso instrumento que busca la salvaguarda y estabilidad de las relaciones jurídicas, en la medida en que su ocurrencia impide que estas puedan ser discutidas indefinidamente. 18 Corte Constitucional. Sentencia C-394 de 2002: “La caducidad es una institución jurídico procesal

y estabilidad de las relaciones jurídicas, en la medida en que su ocurrencia impide que estas puedan ser discutidas indefinidamente. 18 Corte Constitucional. Sentencia C-394 de 2002: “La caducidad es una institución jurídico procesal a través de la cual, el legislador, en uso de su potestad de configuración normativa, limita en el tiempo el derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdicción con el fin de obtener pronta y cumplida justicia. Su fundamento se halla en la necesidad por parte del conglomerado social de obtener seguridad jurídica, para evitar la paralización del tráfico jurídico, En esta medida, la caducidad no concede derechos subjetivos, sino que por el contrario apunta a la protección de un interés general. Como claramente se explicó en la sentencia C-832 de 2001 a que se ha hecho reiterada referencia, esta es una figura de orden público lo que explica su carácter irrenunciable, y la posibilidad de ser declarada de oficio por parte del juez, cuando se verifique su ocurrencia.” 14 Consejo de Estado. Sentencia del 23 de febrero de 2006. Rad.: 6871-05 ...el derecho al acceso a la administración de justicia no es absoluto, pues puede ser condicionado legalmente a que la promoción de la demanda sea oportuna y las acciones se inicien dentro de los plazos que señala el legislador (...). El término de caducidad, tiene entonces como uno de-sus objetivos, racionalizar el ejercicio del derecho de acción, y si bien limita o condiciona el acceso a la justicia, es una restricción necesaria para la estabilidad del derecho, lo que impone al interesado el empleo oportuno de las acciones, so pena de que las situaciones adquieran la firmeza necesaria a la seguridad jurídica, para

necesaria para la estabilidad del derecho, lo que impone al interesado el empleo oportuno de las acciones, so pena de que las situaciones adquieran la firmeza necesaria a la seguridad jurídica, para solidificar el concepto de derechos adquiridosRadicado: 500012331000200520147 01 (62552) Demandante: Municipio de Villavicencio La caducidad, en la primera de sus manifestaciones, es un mecanismo de certidumbre y seguridad jurídica, pues con su advenimiento de pleno derecho y mediante su reconocimiento judicial obligatorio cuando el operador la halle configurada, se consolidan los derechos de los actores jurídicos que discuten alguna situación; sin embargo, en el anverso, la caducidad se entiende también como una limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción, resultando como una sanción ¡pso ¡ure!? que opera por la falta de actividad oportuna en la puesta en marcha del aparato judicial para hacer algún reclamo o requerir algún reconocimiento o protección de la justicia?$, cuya consecuencia, por demandar más allá del tiempo concedido por la ley procesal, significa la pérdida de la facultad potestativa de accionar. El artículo 11 de la Ley 678 de 2001 señala que la acción de repetición caducará dos años contados a partir del día siguiente al de la fecha del pago total de la condena o conciliación efectuado por la entidad o a más tardar desde el vencimiento del plazo de 18 meses de que trata el inciso 4 del artículo 177 del Código Contencioso Administrativo?”. 15 Consejo de Estado, Sentencia del 30 de enero de 2013: “Para garantizar la seguridad jurídica de los sujetos procesales, el legislador instituyó la figura de la caducidad como una sanción en fos

Código Contencioso Administrativo?”. 15 Consejo de Estado, Sentencia del 30 de enero de 2013: “Para garantizar la seguridad jurídica de los sujetos procesales, el legislador instituyó la figura de la caducidad como una sanción en fos eventos en que determinadas acciones judiciales no se ejercen en un término específico. Las partes tienen la carga procesal de impulsar el litigio dentro del plazo fijado por la ley y de no hacerlo en tiempo, perderán la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo su derecho. Es así como el fenómeno procesal de la caducidad opera ipso jure o de pleno derecho, es decir que no admite renuncia, y el juez debe declararla de oficio cuando verifique la conducta inactiva del sujeto procesal llamado a interponer determinada acción judicial”. 18 Corte Constitucional. Sentencia C-574 de 1998: “... [si el actor deja transcurrir los plazos fijados por la ley en forma objetiva, sin presentar la demanda, el mencionado derecho fenece inexorablemente, sin que pueda alegarse excusa alguna para revivirlos. Dichos plazos constituyen entonces, una garantía para la seguridad jurídica y el interés general. Y es que la caducidad representa el limite dentro del cual el ciudadano debe reclamar del Estado determinado derecho, por ende, la actitud negligente de quien estuvo legitimado en la causa no puede ser objeto de protección, pues es un hecho cierto que quien, dentro de las oportunidades procesales fijadas por la ley ejerce sus derechos, no se verá expuesto a perderlos por la ocurrencia del fenómeno indicado”. 17 Mediante sentencia C-832 de 2001 la Corte Constitucional se pronunció frente al contenido

sus derechos, no se verá expuesto a perderlos por la ocurrencia del fenómeno indicado”. 17 Mediante sentencia C-832 de 2001 la Corte Constitucional se pronunció frente al contenido normativo del numeral 9 del artículo 136 del CCA, cuyo texto es idéntico al primer inciso del artículo 11 de la Ley 678 de 2001. En la mencionada providencia, esa Corporación declaró la constitucionalidad condicionada de la norma bajo una interpretación armónica con el inciso 4 del artículo 177 del CCA, el cual establece que el pago de las condenas judiciales proferidas contra las entidades públicas podrá ser ejecutable 18 meses después de ejecutoriada la sentencia. Asi, la Corte indicó que en el evento en que la entidad pública no hubiere realizado el pago dentro de dicho término, la caducidad deberá contarse entonces a partir del vencimiento de los 18 meses siguientes a la ejecutoria de la sentencia condenatoria o del auto aprobatorio de la conciliación. Cabe resaltar que con posterioridad, en Sentencia C-394 de 2002, la Corte Constitucional también estudió la exequibilidad del primer inciso del articulo 11 de la Ley 678 de 2001 y dispuso que su10

Radicado: 500012331000200520147 01 (62552) Demandante: Municipio de Villavicencio En el caso sub examine, se estima que el derecho de accionar se ejerció en tiempo, teniendo en cuenta: ¡) que la sentencia del 4 de octubre de 2001, mediante la cual el Consejo de Estado condenó al municipio de Villavicencio a pagar la suma de $288.905.788, quedó ejecutoriada el 23 de mayo de 2003, según da cuenta copia de la constancia secretarial; ii) que los 18 meses de que trata el artículo 177 del

$288.905.788, quedó ejecutoriada el 23 de mayo de 2003, según da cuenta copia de la constancia secretarial; ii) que los 18 meses de que trata el artículo 177 del CCC, vencieron primero, esto es, el 26 de noviembre de 2004; iii) que el 31 de diciembre de 2004, el municipio de Villavicencio realizó el segundo y último pago de la condena, tal y como consta en el comprobante de egreso No. 12650 expedido por el ente territorial?; y iv) que la demanda se presentó el 4 de mayo de 200520, esto es, dentro de los dos años que otorga el artículo 11 de la Ley 678 de 2001 para presentarla de forma oportuna.

4. Legitimación en la causa 4.1. El municipio de Villavicencio se encuentra legitimado en la causa por activa, pues fue la entidad condenada mediante la sentencia proferida el 4 de octubre de 2001 por el Consejo de Estado?!. 4.2. La sucesión ¡liquida de Rosalba Valero Sánchez está legitimada en la causa por pasiva, pues se acreditó que ésta falleció el 15 de junio de 20112 y en la demanda se alega que la agente con su conducta dolosa y/o gravemente culposa dio lugar a la condena impuesta en contra del municipio de Villavicencio. Por ello, frente a una eventual condena será ésta la que deberá reintegrar el dinero al constitucionalidad estaría sometida a la misma interpretación realizada en la Sentencia C-832 de 2001, de manera que, "el término de caducidad de la acción empieza a correr, a partir de la fecha en que efectivamente se realice el pago, o, a más tardar, desde el vencimiento del plazo de 18

2001, de manera que, "el término de caducidad de la acción empieza a correr, a partir de la fecha en que efectivamente se realice el pago, o, a más tardar, desde el vencimiento del plazo de 18 meses previsto en el artículo 177 inciso 4 del Código Contencioso Administrativo." 18 Fl. 35, C. 1. 18 FL 12,0. 1. 22F.4a10,C.1. 2t Fl, 26 a 24, C. Ppal. 22 FL 159, C. 1.Radicado: 500012331000200520147 01 (625572) Demandante: Municipio de Villavicencio Estado? de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 del Código de Procedimiento Civil?.

5. Problema jurídico Corresponde a la Sala determinar si Rosalba Valero Sánchez actuó con dolo y/o culpa grave al desvincular a Lilia Stella Sánchez Rodríguez del cargo de jefe de la división financiera y administrativa de la Personería de Villavicencio mientras se encontraba disfrutando de licencia de maternidad.

6. Solución al problema jurídico Antes de resolver el problema jurídico es menester hacer unas consideraciones sobre el régimen jurídico aplicable al presente caso.

7. Régimen jurídico aplicable al caso Como una manifestación del principio de la responsabilidad estatal, el inciso - segundo del artículo 90 de la Constitución Política señala que “en el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquel deberá repetir contra éste”.

Posteriormente, el legislador expidió la Ley 678 de 2001, “por medio de la cual se

sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquel deberá repetir contra éste”. Posteriormente, el legislador expidió la Ley 678 de 2001, “por medio de la cual se reglamenta la determinación de responsabilidad patrimonial de los agentes del Estado a través del ejercicio de la acción de repetición o de llamamiento en garantía con fines de repetición”. Esta ley definió la repetición como una acción civil de carácter patrimonial que debe ejercerse en contra del servidor o ex servidor público, 23 En un supuesto análogo, la Sección Tercera de esta Corporación, mediante sentencia del 26 de junio de 2015 (Rad.: 21712), determinó que el demandado era patrimonialmente responsable por su actuación gravemente culposa en la expedición de la Resolución 06593 del 27 de agosto de 1987. No obstante, indicó que como el demandado había fallecido durante el trámite de la acción de repetición, le correspondía a la sucesión procesal de éste pagar la condena impuesta en su contra. 24 “Artículo 60. Sucesión procesal. Fallecido un litigante o declarado ausente o en interdicción, el proceso continuará con el cónyuge, el albacea con tenencia de bienes, los herederos, o el correspondiente curador.”12

Radicado: 500012331000200520147 01 (62552) Demandante: Municipio de Villavicencio así como también respecto de los particulares que ejercen función pública, cuando como consecuencia de su conducta dolosa o gravemente culposa hayan dado lugar al pago de una condena contenida en una sentencia, conciliación u otra forma de terminación de un conflicto.

La mencionada disposición normativa reglamentó aspectos sustanciales de la

como consecuencia de su conducta dolosa o gravemente culposa hayan dado lugar al pago de una condena contenida en una sentencia, conciliación u otra forma de terminación de un conflicto. La mencionada disposición normativa reglamentó aspectos sustanciales de la acción de repetición y del llamamiento en garantía con fines de repetición, fijando aspectos generales como el objeto, la noción, las finalidades y el deber de ejercicio de la acción, al igual que las definiciones de dolo y culpa grave con las que se califica la conducta del agente, al tiempo que consagró unas presunciones legales con incidencia en punto a la carga probatoria dentro del proceso. Además, respecto a los aspectos procesales de la acción, la Ley 678 de 2001 reguló asuntos relativos a la jurisdicción y competencia, legitimación, desistimiento, procedimiento, término de caducidad, oportunidad de la conciliación judicial o extrajudicial, cuantificación de la condena y determinación de su