CE - 012331000200600045021SENTENCIA20231121153736

Radicado: 19001-23-31-000-2006-00045-02 (53034) acumulado con el proceso 19001-23-00-004-2006-00060-00

Demandantes: Guillermo Joaquí Baos y otros

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ

Bogotá D.C., diecinueve (19) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Reparación directa Radicación: 19001-23-31-000-2006-00045-02 (53034) acumulado con el proceso 19001-23-00-004-2006-00060-00

Demandantes: Guillermo Joaquí Baos y otros

Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional

Tema: Responsabilidad del Estado por ejecución extrajudicial. Se confirma la sentencia de primera instancia que accedió a las pretensiones de las demandas acumuladas porque la sentencia penal condenatoria contra el comandante a cargo de la tropa allegada constituye cosa juzgada en relación con la responsabilidad patrimonial del Estado; y dicha responsabilidad estaba acreditada con las pruebas analizadas en el fallo de primera instancia.

SENTENCIA

Verificada la inexistencia de irregularidades que invaliden la actuación, la Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por el Ejército Nacional contra la sentencia del 15 de mayo de 2014 proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca, que resolvió lo siguiente:

<<(…) PRIMERO: DECLARAR administrativa y patrimonialmente responsable a

sentencia del 15 de mayo de 2014 proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca, que resolvió lo siguiente:

<<(…) PRIMERO: DECLARAR administrativa y patrimonialmente responsable a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, por los perjuicios causados a los deman dantes como consecuencia de la muerte de los señores GABRIEL JOAQUÍ SUÁREZ y JOSÉ ANÍBAL CALDERÓN ROMERO, en hechos ocurridos el día 29 de diciembre de 2004 en la vereda Santa María, municipio de Santa Rosa, Cauca.

SEGUNDO: CONDENAR como consecuencia de la anterior declaración, a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional a pagar las siguientes sumas

por concepto de:

Perjuicios morales:

▪ Por la muerte de GABRIEL JOAQUÍ SUÁREZ

DEMANDANTE PARENTESCO INDEMNIZACIÓN

Guillermo Joaquí Baos Padre 200 SMLMV Rosalba Suárez Rivera Madre 200 SMLMV Marinela Calderón Compañera permanente 200 SMLMVRadicado: 19001-23-31-000-2006-00045-02 (53034) acumulado con el proceso 19001-23-00-004-2006-00060-00

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Yolanda Joaquí Baos (sic) Hermana 100 SMLMV Albeiro Joaquí Baos (sic) Hermano 100 SMLMV Óscar Joaquí Baos (sic) Hermano 100 SMLMV Yamila Andrea Joaquí Baos (sic) Hermana 100 SMLMV Yesica Yisela Joaquí Baos (sic)

Óscar Joaquí Baos (sic) Hermano 100 SMLMV Yamila Andrea Joaquí Baos (sic) Hermana 100 SMLMV Yesica Yisela Joaquí Baos (sic) Hermana 100 SMLMV Juan Camilo Joaquí Baos (sic) Hermano 100 SMLMV

▪ Por la muerte de JOSÉ ANÍBAL CALDERÓN ROMERO

DEMANDANTE PARENTESCO INDEMNIZACIÓN

Mercedes Calderón Romero Hermana 200 SMLMV

▪ Por alteración grave a las condiciones de existencia

A GABRIELA ALEXANDRA CALDERÓN, la suma equivalente a 200 SMLMV.

▪ Por perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante consolidado y futuro:

A GABRIELA ALEXANDRA CALDERÓN la suma de sesenta y siete millones ochocientos doce mil cuatrocientos cinco pesos con noventa y dos cent avos ($67.812.405,92).

▪ Por perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante consolidado:

A MARINELA CALDERÓN la suma de cuarenta y tres millones y ciento veitiocho mil trescientos noventa y seis pesos con setenta y cinco centavos ($43.128.396,75).

TERCERO: Condenar in genere por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante futuro a favor d e MARINELA CALDERÓN, debiendo adelantarse el respectivo trámite incidental para el reconocimiento, conforme a lo expuesto.

CUARTO: ORDENAR a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de ejecutoría de este fallo, a:

expuesto.

CUARTO: ORDENAR a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de ejecutoría de este fallo, a:

▪ Publicar en medio radial que tenga cobertura en los Departamentos de Cauca, Huila y Putumayo, y en un periódico de amplia circulación nacional, una nota en la que conste claramente que los señores GABRIEL JOAQUÍ SUÁREZ y JOSÉ ANÍBAL CALDERÓN ROMERO no pertenecían a ningún grupo delincuencial de atracadores, y que sus muertes producidas en total estado de indefensión el 29 de diciembre de 2004 en la vereda Santa María, municipio de Santa Rosa, Cauca, no se produjeron en desarrollo de un enfrentamiento armado con tropas del Ejército Nacional sino que fueron perpetradas de forma unilateral por integrantes del Batallón de Infantería No. 25 <<ROBERTO DOMINGO RICO DÍAZ, con sede en Villagarzón – Putumayo Batallón General Roberto Domingo Rico Díaz>>. ▪ Redactar un oficio dirigido a todos y cada uno de los demandantes dentro del proceso, el cual deberá contener una disculpa y reconocimiento y aceptación de la actuación irregular y al margen de la ley de los efectivos del Ejército Nacional queRadicado: 19001-23-31-000-2006-00045-02 (53034) acumulado con el proceso 19001-23-00-004-2006-00060-00

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participaron en los hechos ocurridos el 29 de diciembre de 2004 en la vereda Santa María, municipio de Santa Rosa, Cauca, donde resultaron muertos los señores

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participaron en los hechos ocurridos el 29 de diciembre de 2004 en la vereda Santa María, municipio de Santa Rosa, Cauca, donde resultaron muertos los señores GABRIEL JOAQUÍ SUÁREZ y JOSÉ ANÍBAL CALDERÓN ROMERO. El oficio, además deberá incorporar la firma del señor Ministro de Defensa Nacional, del Comandante del Ejército Nacional y deberá publicarse en un lugar visible del Ministerio de Defensa, del Comando del Ejército Nacional y del Batallón de Infantería No. 25 ROBERTO DOMINGO RICO DÍAZ, con sede en Vil lagarzón – Putumayo. Su entrega a los demandantes deberá hacerse por conducto de su apoderado o a través de correo certificado.

CUARTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

QUINTO: Para el cumplimiento de este fallo se dará aplicación a lo dispuesto en los artículos 176 y 177 del CCA (…)>>

La Sala es competente para proferir esta providencia porque resuelve un recurso de apelación interpuesto contra una sentencia proferida por un tr ibunal administrativo. El Tribunal Administrativo del Cauca conoció el proceso en primera instancia en razón a la cuantía estimada en la demanda1.

El recurso de apelación fue admitido mediante providencia del 5 de febrero de

20152. En el auto del 26 de febrero de 2015 3 se corrió traslado para alegar de conclusión. La parte actora y el Ejército Nacional guardaron silencio. El Ministerio Público solicitó confirmar la decisión de primera instancia porque está probado que no existió enfrentamiento entre las víctimas y los miembros del Ejército

conclusión. La parte actora y el Ejército Nacional guardaron silencio. El Ministerio Público solicitó confirmar la decisión de primera instancia porque está probado que no existió enfrentamiento entre las víctimas y los miembros del Ejército Nacional, sino que aquellas fueron sacadas de su vivienda y luego ejecutadas en estado de indefensión. Agregó que la escena de los hechos fue alterada para hacerlas pasar por <<guerrilleros y atracadores>>.

I. ANTECEDENTES

A. Posición de la parte demandante

1.- Las demandas acumuladas que dieron origen al proceso fueron presentadas el 27 de octubre de 2006 por los familiares de las víctimas directas, Gabriel Joaquí Suárez y José Aníbal Calderón Romero . Se dirigió contra la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional para obtener la reparación de los perjuicios causados por su ejecución extrajudicial. 2.- Los dos grupos familiares 4 pretendieron que se les reconociera lo siguiente: (i) por concepto de perjuicios morales, mil salarios mínimos legales mensuales

1 Según el numeral 6 del artículo 132 del C.C.A., los tribunales administrativos conocían en primera instancia las demandas de reparación directa cuya pretensión mayor excedía 500 SMLMV, que al momento de presentar la demanda ascendía a $204.000.000. En este caso la cuantía estimada superó dicho monto. 2 F. 275, c. ppl. 3 F. 277, c. ppl. 4 El grupo familiar de Gabriel Joaquí Suárez está integrado por Marinela Calderón en calidad de compañera permanente, Gabriela Alexandra Calderón en calidad de hija p óstuma de la víctima, Guillermo

3 F. 277, c. ppl. 4 El grupo familiar de Gabriel Joaquí Suárez está integrado por Marinela Calderón en calidad de compañera permanente, Gabriela Alexandra Calderón en calidad de hija p óstuma de la víctima, Guillermo Joaquí Baos y Rosalba Suárez Riveras en calidad de padres, Yolanda Joaquí Suárez, Yesica Yisela Joaquí Suárez, Óscar Joaquí Suárez, Yamila Andrea Joaquí Suárez, Juan Camilo Joaquí Suárez y Albeiro JoaquíRadicado: 19001-23-31-000-2006-00045-02 (53034) acumulado con el proceso 19001-23-00-004-2006-00060-00

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vigentes (1000 SMLMV ) a cada uno de los demandantes en el primer nivel y quinientos (500 SMLMV) a cada uno de los demandantes en el segundo nivel; (ii) por daño a la vida de relación, cien millones de pesos ($100.000.000) a favor de Marinela Calderón (compañera permanente de Gabriel Joaquí Suárez); (iii) daño emergente a favor de Guillermo Joaquí Baos (padre de Gabriel Joaquí Suárez) y Mercedes Calderón Romero (hermana de José Aníbal Calderón Romero); y (iv) lucro cesante a favor de la compañera permanente de Gabriel Joaquí Suárez y la hermana de José Aníbal Calderón Romero.

3.- En las dos demandas, l as pretensiones se basaron en las siguientes afirmaciones:

3.1.- El 29 de diciembre de 2004 los señores Gabriel Joaquí Suárez y José Aníbal Calderón Romero se trasladaron a la vereda Santo Domingo del municipio de

afirmaciones:

3.1.- El 29 de diciembre de 2004 los señores Gabriel Joaquí Suárez y José Aníbal Calderón Romero se trasladaron a la vereda Santo Domingo del municipio de Santa Rosa, Cauca, a visitar a Guillermo Joaquí Baos, padre del primero de ellos.

3.2.- Ese mismo día , a eso de las 8:30 de la noche , llegaron a la vivienda del señor Guillermo Joaquí Bao s ocho personas , algunos vestidos con prendas militares y otr os de civil, quienes se identificaron como miembros del Ejército y con los que las víctimas se fueron en una camioneta. El padre de la víctima Joaquí Suárez afirmó que lo ocurrido no les generó desconfianza porque los militares tenían la costumbre de hacer patrullaje s por la zona e incluso se quedaban a dormir en su vivienda.

3.3.- El 30 de diciembre de 2004 , en horas de la mañana, les informaron a los padres de Gabriel Joaquí Suárez que su hijo y su compañero de trabajo, Calderón Romero, fueron hallados sin vida en la zona rural del municipio de Santa Rosa, Cauca.

3.4.- Por solicitud de los militares, los cadáveres fueron recogidos y llevados al Instituto de Medicina Legal de Mocoa por el propietario de la funeraria La Paz de dicho municipio. Luego de practicada la necropsia, fueron trasladados a Pitalito, Huila, donde fueron sepultados.

3.5.- Los militares exhibieron a las víctimas como delincuentes dados de baja en un combate, cuando lo cierto es que laboraban en el campo en la zona del sur del Huila.

B. Posición de la parte demandada

3.5.- Los militares exhibieron a las víctimas como delincuentes dados de baja en un combate, cuando lo cierto es que laboraban en el campo en la zona del sur del Huila.

B. Posición de la parte demandada

Suárez en calidad de herm anos de la víctima. El grupo familiar de José Aníbal Calderón Romero está integrado por Mercedes Calderón Romero, quien compareció en calidad de hermana de la víctima. En la demanda se piden perjuicios a favor de Óscar Mauricio Calderón Durán, en calidad de hijo de la víctima; sin embargo, no otorgó poder para actuar en su representación , y la demanda fue admitida sólo a favor de la demandante Mercedes Calderón Romero.Radicado: 19001-23-31-000-2006-00045-02 (53034) acumulado con el proceso 19001-23-00-004-2006-00060-00

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4.- El Ejército Nacional se opuso a las pretensiones de la demanda porque no estaba demostrado que la muerte de las víctimas directas hubiera sucedido en las circunstancias que narran los demandantes. En el escrito de alegatos de conclusión precisó que lo ocurrido el 29 de diciembre de 2004 en la vereda El Fogón de la Montaña, municipio de Santa Rosa, Cauca, vía Mocoa a Pitalito , correspondió a un enfrentamiento entre las tropas y cuatro delincuentes que estaban hurtando a los vehículos, en el que se dio de baja a dos de ellos, y a quienes se les incautó material de guerra.

C. Sentencia recurrida

5.- El 15 de mayo de 2014 el Tribunal Administrativo del Cauca declaró la

quienes se les incautó material de guerra.

C. Sentencia recurrida

5.- El 15 de mayo de 2014 el Tribunal Administrativo del Cauca declaró la responsabilidad de la demandada por las siguientes razones:

5.1.- El relato de los demandantes , en el sentido de que las víctimas directas fueron sacadas de la vivienda por los militares y dadas de baja por estos, concuerda con lo declarado por el uniformado Diego López.

5.2.- Las características de las heridas padecidas por las víctimas directas demuestran que fueron ejecutadas en estado de indefensión y no que murieron en un combate.

5.3.- Las decisiones que se dictaron en el proceso penal acreditan que los militares alteraron la escena de los hechos poniendo en ella armamento de guerra para simular un enfrentamiento con delincuentes y justificar que fueron dados de baja en legítima defensa.

5.4.- En relación con el reconocimiento de perjuicios, el tribunal decidió lo siguiente:

a.- Reconoció perjuicios morales a l os demandantes de cada grupo familiar en los montos transcritos al principio de la providencia . En cuanto a la <<hija póstuma>>, indicó que era procedente reconocer lo solicitado para ella por concepto de alteración grave a las condiciones de existencia.

b.- Reconoció perjuicios por lucro cesante consolidado y futuro a favor de la compañera permanente y de la <<hija póstuma>> de la víctima Joaquí Suárez. La compañera permanente no allegó su registro civil, por lo que se condenó en abstracto el lucro cesante futuro. Y el reconocimiento de la <<hija póstuma>> se fundamentó en el <<interés superior del menor>>, dado que no fue solicitado en

La compañera permanente no allegó su registro civil, por lo que se condenó en abstracto el lucro cesante futuro. Y el reconocimiento de la <<hija póstuma>> se fundamentó en el <<interés superior del menor>>, dado que no fue solicitado en la demanda.

c.- Negó el perjuicio por concepto de lucro cesante a favor de Mercedes Calderón Romero, hermana de la víctima José Aníbal Calderón Romero , porque no se probó la dependencia económica.Radicado: 19001-23-31-000-2006-00045-02 (53034) acumulado con el proceso 19001-23-00-004-2006-00060-00

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d.- Negó el daño emergente y daño a la vida de relación a favor de la compañera permanente de Joaquí Suárez porque no se demostraron.

e.- Ordenó a las demandadas las siguientes medidas no pecuniarias: (i) publicar en periódico de amplia circulación nacional una nota en la que se aceptara que las víctimas fueron ejecutadas extrajudicialmente; (ii) publicar en medio radial con cobertura en los departamentos del Cauca, Huila y Putumayo la responsabilidad de la demandada; y (iii) ofrecer disculpas a los demandantes mediante escrito publicado también en un lugar visible del Ministerio de Defensa, del Comando del Ejército Nacional y del Batallón de Infantería No. 25 <<Roberto Domingo Rico Díaz>> con sede en Villagarzón, Putumayo.

D. Recurso de apelación

6.- El Ejército apela la sentencia de primera instancia y solicita su revocatoria con base en los siguientes argumentos:

Domingo Rico Díaz>> con sede en Villagarzón, Putumayo.

D. Recurso de apelación

6.- El Ejército apela la sentencia de primera instancia y solicita su revocatoria con base en los siguientes argumentos:

6.1.- Con las declaraciones de los militares rendidas en el proceso disciplinario, está probado que ellos estaban cumpliendo su deber de proteger a la ciudadanía de unos delincuentes que los atacaron.

6.2.- El tribunal no debió darle credibilidad a la declaración del uniformado Diego López porque no era un testigo presencial, pues , como bien lo afirmó , estaba prestando guardia en el área y no estaba en el lugar de los hechos. Además, su versión se contradecía con las de los otros uniformados.

6.3.- En cuanto a los perjuicios , indicó que: (i) el dolor y sufrimiento de los demandantes no se puede presumir , sino que se debe acreditar ; y (ii) los perjuicios morales y materiales reconocidos carecen de <<sustento probatorio>>.

E. Actuación relevante en primera instancia

7.- En la audiencia de conciliación judicial del 12 de agosto de 2014 5, la parte demandante aportó la sentencia penal de segunda instancia dictada el 31 de julio de 2014 por la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán, en la que se condenó al teniente a cargo de la tropa, Luis Ramón Osorio Roa, como autor del delito de homicidio agravado de José Aníbal Calderón Romero y Gabriel Joaquí Suárez. El magistrado dio traslado de dicha decisión judicial a la parte demandada para su conocimiento y estudio , con el fin de que

Osorio Roa, como autor del delito de homicidio agravado de José Aníbal Calderón Romero y Gabriel Joaquí Suárez. El magistrado dio traslado de dicha decisión judicial a la parte demandada para su conocimiento y estudio , con el fin de que reconsiderara su posició n de no conciliar. Dicha diligencia fue aplazada y se declaró fallida el 21 de octubre de 2014.

5 Prevista en el artículo 70 de la Ley 1395 de 2010.Radicado: 19001-23-31-000-2006-00045-02 (53034) acumulado con el proceso 19001-23-00-004-2006-00060-00

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II.- CONSIDERACIONES

F. Asuntos procesales

8.- La Sala se pronunciará de fondo porque la acción de reparación directa se presentó dentro del término de dos años previsto en el artículo 136 del CCA. En efecto: la muerte de las víctimas directas ocurrió el 29 de diciembre de 2004 y la demanda fue presentada, oportunamente, el 27 de octubre de 2006.

9.- La Sala valorará la sentencia penal de segunda instancia dictada el 31 de julio de 2014 por la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán porque fue debidamente aportada al expediente , y se garantizó el derecho al debido proceso al dar se traslado de este documento a la parte demandada, la cual no lo tachó de fals o, no lo desconoció, ni se opuso a su incorporación al proceso.

G. Decisión

10.- La Sala confirmará la decisión de condenar al Ejército Nacional en la medida

demandada, la cual no lo tachó de fals o, no lo desconoció, ni se opuso a su incorporación al proceso.

G. Decisión

10.- La Sala confirmará la decisión de condenar al Ejército Nacional en la medida que existe una sentencia penal condenatoria proferida en el proceso adelantado contra el teniente Luis Ramón Osorio, quien ordenó y tenía a cargo la tropa que ejecutó extrajudicialmente a las víctimas, la cual hizo tránsito a cosa juzgada.

11.- Adicionalmente, la Sala advierte que , como lo señaló el tribunal , con los medios de prueba obrantes en el proceso está demostrado que la muerte de las víctimas directas no ocurrió en una confrontación armada entre delincuentes y efectivos del Ejército , como lo afirmó la demandada, sino que se trató de un homicidio cometido contra ellas cuando se encontraban en estado de indefensión.

12.- En cuanto a los perjuicios, la Sala:

12.1.- Modificará la cuantía reconocida de 200 SMLMV y 100 SMLMV por concepto de perjuicios morales porque estos montos han sido reconocidos por la jurisprudencia6 en los casos en que se ha demostrado que la víctima fue objeto de tortura y otro tipo de actos crueles, lo cual no ocurrió en el presente caso. Sin embargo, se advierte que las circunstancias en las que fueron asesinadas las víctimas y expuestas como delincuentes ante la sociedad evidencian la gravedad del sufrimiento padecido por los demandantes , lo qu e da lugar a un reconocimiento superior a los topes establecidos por la jurisprudencia.

víctimas y expuestas como delincuentes ante la sociedad evidencian la gravedad del sufrimiento padecido por los demandantes , lo qu e da lugar a un reconocimiento superior a los topes establecidos por la jurisprudencia.

12.2.- Le reconocerá a la <<hija póstuma>> de Gabriel Joaquí Suárez perjuicios morales como lo solicitó en la demanda , pero no por alteración grave a las

6 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 29 de octubre de 2015, exp. 34.507. C.P. Ramiro Pazos Guerrero.Radicado: 19001-23-31-000-2006-00045-02 (53034) acumulado con el proceso 19001-23-00-004-2006-00060-00

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condiciones de existencia. Esto debido a que la jurisprudencia ha establecido que a los <<hijos póstumos> se les reconocen perjuicios morales debido a que se les priva del afecto y la compañía de su progenitor a lo largo de su vida.

12.3.- Respecto al lucro cesante: (i) se confirmará la decisión de reconocerlo a favor de la compañera permanente de Gabriel Joaquí Suárez, porque la dependencia económica está acreditada; la liquidación se hará teniendo en cuenta el registro civil de la demandante aportado en segunda instancia y decretado mediante auto del 16 de abril de 20157 y con base en el salario mínimo legal mensual vigente porque no se probaron los ingresos que esta víctima directa percibía por la actividad que ejercía ; (ii) se revocará la decisión de reconocer este perjuicio a la <<hija póstuma>>, porque no fue solicitado en la

legal mensual vigente porque no se probaron los ingresos que esta víctima directa percibía por la actividad que ejercía ; (ii) se revocará la decisión de reconocer este perjuicio a la <<hija póstuma>>, porque no fue solicitado en la demanda; y (iii) se confirmará la decisión de negar este perjuicio a la hermana de la víctima José Aníbal Calderón Romero porque no fue apelada por la parte demandante, quien tenía interés para recurrir.

12.4.- Confirmará la decisión de ordenar las medidas no pecuniarias porque resultan adecuadas dadas las circunstancias en que fueron asesinadas las víctimas y expuestas como delincuentes ante la sociedad.

12.5.- Confirmará la decisión de negar los perjuicios por concepto de daño emergente y daño a la vida de relación a favor de la compañera permanente de Gabriel Joaquí Suárez porque estas decisiones no fueron apeladas por la parte demandante.

H. La sentencia penal de condena por la muerte de las víctimas hizo tránsito a cosa juzgada

13.- La sentencia penal que confirmó la condena contra el teniente Osorio Roa, quien ordenó la ejecución extrajudicial de Gabriel Joaquí Suárez y José Aníbal Calderón Romero , hizo tránsito a cosa juzgada; por esta razón , no resulta pertinente discutir la autoría del daño ni la responsabilidad del condenado . El daño es imputable al Estado en los términos del a rtículo 90 de la Constitución Política, porque el miembro del Ejército Nacional condenado por estos hechos tenía la condición de agente del Estado y durante los hechos obraba en el ámbito de sus funciones.

Política, porque el miembro del Ejército Nacional condenado por estos hechos tenía la condición de agente del Estado y durante los hechos obraba en el ámbito de sus funciones.

14.- El artículo 59 de la Ley 600 de 200 0, vigente para la época de los hechos investigados (29 de diciembre de 2004), dispone que cuando se condene al procesado y no se hubiere constituido parte civil, la responsabilidad no podrá ser discutida en el proceso de reparación. Textualmente , la norma s eñala lo siguiente:

7 F. 295, c. ppl.Radicado: 19001-23-31-000-2006-00045-02 (53034) acumulado con el proceso 19001-23-00-004-2006-00060-00

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<< Artículo 59 . Efectos de la declaratoria de responsabilidad. Cuando no se hubiere constituido parte civil y se condene al procesado, la responsabilidad no podrá ser discutida en el proceso civil, debiendo limitarse éste a la clase y monto de los perjuicios>>.

15.- Es decir, que lo s efectos de la cosa juzgada de la sentencia penal condenatoria obedecen a la lógica conforme con la cual el juez de la responsabilidad penal y el de la responsabilidad patrimonial no pueden pronunciarse de manera divergente sobre un presupuesto común a las dos, como es el de la relación de causalidad.

15.1.- Al respecto, la doctrina señala:

<<A diferencia de la cosa juzgada en lo civil, que no posee sino una autoridad relativa, que requiere, además de la identidad de las partes y de la identidad del

15.1.- Al respecto, la doctrina señala:

<<A diferencia de la cosa juzgada en lo civil, que no posee sino una autoridad relativa, que requiere, además de la identidad de las partes y de la identidad del objeto, la identidad de la causa, la cosa juzgada en lo criminal posee una autoridad absoluta sobre lo civil; ya no es necesaria ninguna de las tres identidades de causa, objeto y partes. El juez de la acción de responsabilidad civil no puede contradecir jamás lo juzgado definitivamente por la jurisdicción represiva como constitutivo de la base necesaria de la resolución penal>>8. 15.2.- Así mismo, la jurisprudencia de esta Sección ha indicado que:

<<La sentencia penal condenatoria tiene valor de cosa juzgada, en el proceso administrativo, en relación con la ocurrencia del hecho y la responsabilidad del agente estatal. Así las cosas, si tal responsabilidad ha sido declarada en un proceso penal, mediante provid encia debidamente ejecutoriada, ella no puede ponerse en duda>>9.

16.- En el presente caso se profirió sentencia penal condenatoria10 confirmada en segunda instancia en contra del teniente a cargo de la tropa de la unidad <<Labrador 2>> por el delito de homicidio agravado.

16.1.- La sentencia proferida el 31 de julio de 2014 por la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán confirmó la sentencia del 30 de enero de 2014 del Juzgado Único Promiscuo del Circuito de Bolívar, Cauca, que condenó al tenient e Luis Ramón Osorio Roa como autor responsable del delito de homicidio agravado de Gabriel Joaquí Suárez y José Aníbal Calderón Romero.

Cauca, que condenó al tenient e Luis Ramón Osorio Roa como autor responsable del delito de homicidio agravado de Gabriel Joaquí Suárez y José Aníbal Calderón Romero.

16.2.- En esta sentencia, el tribunal concluyó que l a muerte de los señores Joaquí Suárez y Calderón Romero fue consecuencia de una ejecución extrajudicial ordenada por el teniente Luis Ramón Osorio Roa y efectuada por los miembros de la tropa de la unidad <<Labrador 2>> cuando las víctimas se encontraban en estado de indefensión.

8 Henri y Léon Mazeaud. Tratado teórico y práctico de la responsabilidad civil delictual y contractual . Ediciones Jurídicas Europa-América, 1961. 9 Consejo de Estado, sentencia del 3 de mayo de 2001, exp. 1238, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez. 10 Fls. 226 a 257, c. ppl.Radicado: 19001-23-31-000-2006-00045-02 (53034) acumulado con el proceso 19001-23-00-004-2006-00060-00

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16.3.- Con las declaraciones de los padres de la víctima Gabriel Joaquí Suárez y del soldado Diego Orlando López , el tribunal encontró probado que los militares arribaron a su vivienda en la vereda Santo Domingo y se llevaron a las víctimas en una camioneta, y que estas aparecieron muertas al día siguiente y fueron presentadas como <<dad[as] de baja>> en combate.

16.4.- Así mismo, evidenció que las declaraciones de los militares en el sentido de que las muertes ocurrieron en combate no coincide n con la necropsia y el

fueron presentadas como <<dad[as] de baja>> en combate.

16.4.- Así mismo, evidenció que las declaraciones de los militares en el sentido de que las muertes ocurrieron en combate no coincide n con la necropsia y el estudio de balística que determinó que, inicialmente, las víctimas recibieron los disparos en posición de pie, y posteriormente tendidas sobre el piso de la vía en trayectoria de atrás hacia adelante y uno de frente, esto es, en evid ente estado de indefensión.

16.5.- Por el contrario, el tribunal le otorgó valor a la declaración del militar Diego Orlando López , quien manifestó que su superior los obligó a mentir ante la justicia penal militar . Indicó que no presenció los hechos porque tuvo que quedarse de guardia mientras la tropa se trasladaba a l lugar donde les informaron que había personas que estaban hurtando; sin embargo, declaró que sus compañeros le contaron que el superior al mando les ordenó sacar a dos sujetos de sus viviendas y trasladarlos a un paraje , donde les dieron de baja. Dijo, además , que los militares alteraron la escena, pues llevaron armamento de guerra y lo dejaron cerca a los cadáveres para simular un enfrentamiento, lo cual sí concuerda con las demás pruebas.

16.6.- Del análisis en conjunto de las pruebas obrantes en el proceso penal, las cuales también fueron aportadas a l proceso de reparación, el tribunal penal concluyó que si bien era cierto que el pelotón se encontraba en dicha zona en desarrollo de la Orden de Operaciones No. 077 <<Héroes de Villalobos>>, lo que se demostró es que el teniente Luis Ramón Osorio Roa ordenó la ejecución

concluyó que si bien era cierto que el pelotón se encontraba en dicha zona en desarrollo de la Orden de Operaciones No. 077 <<Héroes de Villalobos>>, lo que se demostró es que el teniente Luis Ramón Osorio Roa ordenó la ejecución extrajudicial de las víctimas, la cual fue llevada a cabo por sus subalte rnos. E