CE - 012331000200601114011SENTENCIA20230221111345

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata

Bogotá D.C., 22 de septiembre de 2022

Radicación: 41001-23-31-000-200601114-01 (45.469)

Actor: Hermes Garzón Aldana y otros Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación Referencia: Acción de reparación directa

Temas: Reparación directa – Responsabilidad extracontractual del Estado por privación injusta de la libertad (Ley 600 de 2000) – Falla del servicio

Síntesis del caso: Con fundamento en un testimonio que señaló al demandante principal como testaferro y miembro del grupo guerrillero FARC, la fiscalía ordenó su vinculación al proceso penal y le impuso medida de aseguramiento de detención preventiva por los delitos de concierto para delinquir, lavado de activos, testaferrato, enriquecimiento ilícito de particulares , tráfico, fabricación y porte ilegal de armas y rebelión . Posteriormente, se dispuso la preclusión de la investigación a su favor

Conoce la Sala el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía General de la Nación en contra de la Sentencia de 12 de diciembre de 2011 proferida por el Tribunal Administrativo de Huila, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

La Sala es competente para proferir esta providencia por tratarse de un recurso

Tribunal Administrativo de Huila, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

La Sala es competente para proferir esta providencia por tratarse de un recurso de apelación en contra de una Sentencia proferida por un Tribunal Administrativo, con independencia de la cuantía de las pretensiones solicitadas en la demanda, de conformidad con lo previsto por el artículo 73 de la Ley 270 de 19961.

Contenido: 1. Antecedentes; 2. Consideraciones; 3. Decisión

1. ANTECEDENTES

Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante; 1.2. Posición de la parte demandada; 1.3.

Sentencia de primera instancia; 1.4. Recurso de apelación

1.1. Posición de la parte demandante

1 De acuerdo con lo expuesto por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, expediente 11001-03-26000-2008-00009-00 (IJ) de 9 de septiembre de 2008.Radicación: 41001-23-31-000-2006-01114-01 (45.469)

Actor: Hermes Garzón Aldana y otros Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación Referencia: Acción de reparación directa

Decisión: Modifica parcialmente

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1. El 10 de agosto de 2006 , Hermes Garzón Aldana , con su grupo familiar , presentó demanda en ejercicio de la acción de reparación directa, en contra de la Nación – Fiscalía General de la Nación, con el fin de obtener la reparación de los perjuicios ocasionados con la privación de su libertad 2. La medida de aseguramiento de detención preventiva le fue impuesta dentro del proceso

la Nación – Fiscalía General de la Nación, con el fin de obtener la reparación de los perjuicios ocasionados con la privación de su libertad 2. La medida de aseguramiento de detención preventiva le fue impuesta dentro del proceso penal seguido en su contra, por los delitos de concierto para delinquir, lavado de activos, testaferrato, enriquecimiento ilícito de particulares , tráfico, fabricación y porte ilegal de armas y rebelión.

2. En la demanda se formuló la siguiente pretensión declarativa (se trascribe):

“PRIMERA: La Nación Colombiana – Fiscalía General de la Nación es administrativa y patrimonialmente responsable por el daño antijurídico causado a los demandantes con la detención preventiva de que fue objeto el ciudadano Hermes Garzón Aldana por cuenta de la Fiscalía General de la Nación, de acuerdo con los hechos y circunstancias puntualizados en esta demanda”.

3. Como consecuencia de la declaratoria de responsabilidad, solicitaron que se condenara al pago de perjuicios inmateriales y materiales, así:

Perjuicio Demandante Calidad Monto Perjuicios morales subjetivos Hermes Garzón Aldana Víctima directa 100 SMLMV María Ceil Cardozo Castañeda Compañera permanente de la víctima directa 100 SMLMV Brayan Andrey Garzón Cardozo Hijo de la víctima directa 100 SMLMV Mayra Alejandra Garzón Cardozo Hija de la víctima directa 100 SMLMV Eliana Marcela Garzón Cardozo Hija de la víctima directa 100 SMLMV Hermes Andrés Garzón Cardozo Hijo de la víctima directa 100 SMLMV Perjuicios morales objetivados3

Eliana Marcela Garzón Cardozo Hija de la víctima directa 100 SMLMV Hermes Andrés Garzón Cardozo Hijo de la víctima directa 100 SMLMV Perjuicios morales objetivados3 Hermes Garzón Aldana Víctima directa 500 SMLMV Lucro cesante Hermes Garzón Aldana Víctima directa $30.000.000 o lo que resulte probado en el proceso4 Daño emergente Hermes Garzón Aldana Víctima directa Lo que resulte probado en el proceso5

2 Folios 12 al 26 del Cuaderno No. 1 del Tribunal. La Sala advierte que, la demanda fue inadmitida mediante Auto de 16 de febrero de 2007, con el fin de que el demandante aclarara contra qué entidades estaba dirigida su demanda y en la subsanación indicó que la única entidad demandada era la Fiscalía Gener al de la Nación (folios 128 al 142 del cuaderno del Tribunal No.1.) 3 “Por la grave afectación de su buen nombre personal y comercial a partir de la divulgación de su captura por medios nacionales de radio, prensa y televisión”. 4 Por concepto de lucro cesante solicitó: “ la suma de $30.000.000 de pesos mensuales por el tiempo que estuvo injustamente privado de la libertad, o la que se probare en el plenario, por concepto de salarios dejados de devengar; por otra parte, el monto en que se estimaren las pérdidas en sus negocios, por no haber estado el actor al frente de sus empresas comerciales y familiares; también, las utilidades dejadas de percibir, o las sumas que el actor debió

por otra parte, el monto en que se estimaren las pérdidas en sus negocios, por no haber estado el actor al frente de sus empresas comerciales y familiares; también, las utilidades dejadas de percibir, o las sumas que el actor debió desembolsar para compensar la incautación de sus veh ículos automotores, de acuerdo con lo que se probare en el plenario; el monto a que ascendieren los títulos valores que quedaron afectados por el fenómeno extintivo de la prescripción en razón de haber sido decomisados por la Fiscalía en la diligencia de a llanamiento, y, en fin, los restantes valores que se probaren durante el proceso por concepto de lucro cesante”. Folios 6 y 7 del cuaderno del Tribunal No.1. 5 “Por concepto de honorarios para atender su defensa en el proceso penal”.Radicación: 41001-23-31-000-2006-01114-01 (45.469)

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4. Adicionalmente, se solicitó que, se actualizara la condena de acuerdo con el IPC y que, al momento de proferirse sentencia, se diera cumplimiento a lo previsto por los artículos 176 y 177 del C.C.A.

5. Como hechos que fundamentaron las pretensiones, la parte demandante

expuso, en síntesis:

6. 1) El 17 de octubre de 2003, la Fiscalía 4 ante los Juzgados penales de circuito especializados de Neiva allanó la residencia de Hermes Garzón en la que se incautaron varios títulos valores y 3 vehículos de su propiedad. Esta diligencia

circuito especializados de Neiva allanó la residencia de Hermes Garzón en la que se incautaron varios títulos valores y 3 vehículos de su propiedad. Esta diligencia se llevó a cabo por la presunta comisión de los delitos de concierto para delinquir, rebelión, enriquecimiento ilícito de particulares, lavado de activos y testaf errato, cargos que se le imputaron a partir de los testimonios de 2 ciudadanos.

7. 2) El 20 de octubre siguiente, Hermes Garzón rindió indagatoria ante la fiscalía, diligencia en la que detalló el origen de sus bienes, de sus actividades comerciales, así como de sus condiciones familiares y empresariales. También puso de presente que en el pasado fue víctima de secuestro por parte de la guerrilla, por lo que se vio obligado a dejar su lugar de habitación en San Vicente del Caguán.

8. 3) El 24 de octubre de 2003, la Fiscalía 4 delegada ante los jueces penales del circuito especializado de Neiva dictó medida de aseguramiento de detención preventiva en su contra , decisión que fue confirmada por la Fiscalía delegada ante el Tribunal Superior de Neiva, pero excluyó el delito de testaferrato.

9. 4) El 11 de junio de 2004 , la fiscalía precluyó la investigación a favor de Hermes Garzón y ordenó su libertad inmediata.

1.2. Posición de la parte demandada

10. El 3 de julio de 2007 , la Fiscalía General de la Nación presentó escrito de contestación a la demanda , mediante el cual se opuso a los hechos, declaraciones y condenas allí solicitadas6. Al respecto, explicó que esta entidad

10. El 3 de julio de 2007 , la Fiscalía General de la Nación presentó escrito de contestación a la demanda , mediante el cual se opuso a los hechos, declaraciones y condenas allí solicitadas6. Al respecto, explicó que esta entidad cumplió las previsiones constitucionales y legales, debido a que al sindicado se le brindaron todas las garantías d el debido proceso y del derecho de defensa ; y, además, la medida de aseguramiento de detención preventiva estaba ajustada al procedimiento penal vigente para la época de ocurrencia de los hechos. Por lo anterior, propuso las excepciones de “ cumplimiento de atribuciones, competencias y misión institucional otorgadas por la constitución y la ley a la Fiscalía General de la Nación ”, “medida de aseguramiento ajustada a la ley” e “inexistencia de daño antijurídico”.

6 Folios 155 al 163 del Cuaderno del Tribunal No.1.Radicación: 41001-23-31-000-2006-01114-01 (45.469)

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1.3. Sentencia de primera instancia

11. El 12 de diciembre de 2011, el Tribunal Administrativo de Huila profirió Sentencia de primera instancia , en la que declaró la responsabilidad de la Fiscalía General de la Nación por la privación injusta de la libertad del demandante principal y la condenó al pago de los respectivos perjuicios morales y materiales7. Como argumentos de fondo, señaló que , el caso de Hermes Garzón Aldana debía analiza rse bajo un régimen de responsabilidad

demandante principal y la condenó al pago de los respectivos perjuicios morales y materiales7. Como argumentos de fondo, señaló que , el caso de Hermes Garzón Aldana debía analiza rse bajo un régimen de responsabilidad objetiva pues en este asunto no se discutió la legalidad de la captura y de la medida de aseguramiento sino el hecho de que la detención del demandante fue una carga que no debía soportar, al afectarse su libertad dentro de un proceso penal en el que finalmente se precluyó la investigación a su favor . Además, este daño le era atribuible a la fiscalía, debido a que fue la autoridad que impuso la medida restrictiva de su libertad y la que precluyó la investigación.

12. Esta decisión tuvo un salvamento parcial de voto que no estaba de acuerdo con la indemnización reconocida por concepto de daño emergente8, pues se basó en “ meros recibos” que no estaban acorde con la normatividad tributaria y, además, el monto era desproporcionado habida cuenta de que el proceso penal no llegó a etapa de juicio . Para el magistrado disidente la indemnización debía ajustarse a las tarifas del Colegio de Abogados del Huila o a los acuerdos del Consejo Superior de la Judicatura.

13. Por último, en oposición a la decisión mayoritaria, se presentó un salvamento de voto en el cual el magistrado disidente indicó que aquellos ciudadanos que son absueltos por aplicación del principio in dubio pro reo , deben soportar la actuación procesal con restricción de la libertad personal, por lo que debió negarse las pretensiones de la demanda9.

ciudadanos que son absueltos por aplicación del principio in dubio pro reo , deben soportar la actuación procesal con restricción de la libertad personal, por lo que debió negarse las pretensiones de la demanda9.

7 Folios 524 a 561 del Cuaderno del Consejo de Estado. En la parte resolutiva se dispuso lo siguiente (se trascribe) : “PRIMERO: Declarar que no prosperan las excepciones de cumplimiento de atribuciones, competencias y misión institucional otorgados por la Constitución y la Ley a la Fiscalía General de la Nación; medida de aseguramiento ajustada a la Ley e Inexistencia de daño antijurídico formula das por la Fiscalía General de la Nación. SEGUNDO: Declarar que la NaciónFiscalía General de la Nación es responsable, del daño antijurídico del cual fue objeto el señor Hermes Garzón Aldana, por privación injusta de la libertad, así como el padecido por su Compañera María Ceil Cardozo Castañeda y sus hijos Brayan Andrey, Mayra Alejandra y Eliana Marcela Garzón Cardozo. TERCERO: Condenase a la Nación - Fiscalía General de la Nación, a pagar a los siguientes demandantes, a título indemnizatorio y resarcitor io, los siguientes valores en pesos colombianos 3.1. Al señor Hermes Garzón Aldana (c.c. Ni 14.256.331 de Planadas-Tolima): Por concepto de daño emergente: El valor de ciento noventa y cuatro millones trecientos sesenta y seis mil doscientos noventa y cuat ro pesos con ochenta centavos ($194.366.194,80). Por concepto de lucro cesante: El valor de cuarenta y cuatro millones cincuenta

emergente: El valor de ciento noventa y cuatro millones trecientos sesenta y seis mil doscientos noventa y cuat ro pesos con ochenta centavos ($194.366.194,80). Por concepto de lucro cesante: El valor de cuarenta y cuatro millones cincuenta y cinco mil setecientos sesenta y cinco pesos con cuarenta centavos ($44.055.765.40) Por concepto de perjuicios morales: El valor equivalente a veinte (20) SMLMV a la fecha de ejecutoria del presente fallo. Por concepto de daño al buen nombre: El valor equivalente a setenta (70) SMLMV a la fecha de ejecutoria del presente fallo. 3.2. Para María Ceil Cardozo Castañeda (c.c.N° 38.20 0.988 de Planadas-Tolima), Mayra Alejandra (c.c. N° 1.032.378.375 de Bogotá), Bryan Andrey (c.c. N° 80.204.383 de Bogotá) y Eliana Marcela Garzón Cardozo (c.c. N° 1.018.430.861 de Bogotá): Por concepto de perjuicios morales: El valor equivalente a diez (10) SMLMV a la fecha de ejecutoria del presente fallo, para cada uno de ellos. CUARTO: Denieganse las demás pretensiones de la demanda. (…)”. 8 Por concepto de daño emergente se reconoció la suma de $194.366.194,80 que correspondía a los honorarios del abogado defensor en el desarrollo del proceso penal. 9 Se advierte que la Sala que decidió la primera instancia estaba compuesta por 3 magistrados y 1 conjuez. El magistrado que salvó parcialmente el voto, si bien estaba de acuerdo en declarar la responsabilidad de la Fiscalía General de la

9 Se advierte que la Sala que decidió la primera instancia estaba compuesta por 3 magistrados y 1 conjuez. El magistrado que salvó parcialmente el voto, si bien estaba de acuerdo en declarar la responsabilidad de la Fiscalía General de la Nación, no compartía el reconocimiento de perjuicios por concepto de daño emergente.Radicación: 41001-23-31-000-2006-01114-01 (45.469)

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1.4. Recurso de apelación

14. El 9 de febrero de 2012, la Fiscalía General de la Nación interpuso y sustentó el recurso de apelación en contra de la Sentencia de primera instancia10. En su escrito indicó que , en este caso, el daño alegado no tenía la condición de antijurídico pues la preclusión de la investigación se debió a la obtención de pruebas contradictorias que daban cuenta tanto de la inocencia como de la re sponsabilidad del demandante . Esta situación llevó al ente acusador a la aplicación del principio in dubio pro reo pues no se logró desvirtuar la presunción de inocencia del procesado. En consecuencia, Hermes Garzón estaba en la obligación de soportar la a ctuación procesal que restringió su libertad.

15. Asimismo, manifestó que estaba de acuerdo con el salvamento parcial de voto relacionado con el reconocimiento desproporcionado que se hizo del daño emergente y que, en todo caso, el abogado deb ía demostrar que había efectuado el pago de impuestos correspondiente.

2. CONSIDERACIONES

voto relacionado con el reconocimiento desproporcionado que se hizo del daño emergente y que, en todo caso, el abogado deb ía demostrar que había efectuado el pago de impuestos correspondiente.

2. CONSIDERACIONES

Contenido: 2.1. Síntesis de la controversia y decisiones que se adoptarán; 2.2. Identificación del daño; 2.3. Razones por las que fue ilegal la privación de la libertad; 2.4. Entidad a la que se le atribuye el daño; 2.5. Liquidación de perjuicios; 2.6. Costas

2.1. Síntesis de la controversia y decisiones que se adoptarán

16. La parte demandante solicitó la indemnización de los perjuicios derivados de la privación injusta de la libertad de Hermes Garzón Aldana, con ocasión de la medida de aseguramiento de detención preventiva impuesta en su contra por los delitos de concierto par a delinquir, lavado de activos, testaferrato, enriquecimiento ilícito de particulares , tráfico, fabricación y porte ilegal de armas y rebelión. En esta instancia, la Fiscalía General de la Nación argument a que no era posible que se declarara su responsabilidad patrimonial en este caso, comoquiera que el daño alegado no tenía la calidad de antijurídico.

17. Dentro del expediente se encuentra probado que, Hermes Garzón Aldana fue capturado el 17 de octubre de 2003 y el 15 de junio de 2004 se materializó su libertad, en razón de la preclusión de la investigación a su favor . Así se constata con el acta de derechos del capturado 11, la Resolución de 24 de

su libertad, en razón de la preclusión de la investigación a su favor . Así se constata con el acta de derechos del capturado 11, la Resolución de 24 de octubre de 200312 y la boleta de libertad No.022741 de 15 de junio de 200413.

10 Folios 294 al 299 del Cuaderno del Consejo de Estado. 11 Folio 193 del Cuaderno de pruebas No.1. 12 Resolución que resolvió la situación jurídica, folios 872 al 890 del Cuaderno de pruebas No.5. 13 Folio 2470 del Cuaderno de pruebas No.13.Radicación: 41001-23-31-000-2006-01114-01 (45.469)

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18. Por otra parte , se constató que, mediante Resolución de 11 de junio de 2004, la Fiscalía 2 especializada de la Unidad Nacional para la extinción del derecho de dominio y contra el lavado de activos precluyó la investigación a favor de Hermes Garzón Aldana, al concluir que, las pruebas que comprometían su responsabilidad eran contradictorias14.

19. En esta providencia, la Sala decidirá el fondo del asunto, dado que están reunidos los presupuestos procesales para fallar, entre ellos, la presentación de la demanda dentro del término legal. En relación con el daño derivado de la privación injusta de la libertad , la Sala advierte que, la resolución que precluyó la investigación a favor de Hermes Garzón fue apelada por la defensa de otro

la demanda dentro del término legal. En relación con el daño derivado de la privación injusta de la libertad , la Sala advierte que, la resolución que precluyó la investigación a favor de Hermes Garzón fue apelada por la defensa de otro de los procesados y dicho recurso se resolvió por medio d e la Resolución de 10 de agosto de 200415. Por tanto, habida cuenta de que la demanda se presentó el 10 de agosto de 2006 , se concluye que la acción de reparación directa se ejerció dentro de la oportunidad prevista por el artículo 136, numeral 8, del C.C.A.

20. De acuerdo con lo anterior, la Sala anuncia que confirmará la declaratoria de responsabilidad de la Fiscalía General de la Nación por la privación injusta de la libertad de Hermes Garzón Aldana , toda vez que, la medida de aseguramiento de detención preventiva se impuso sin que estuviere respaldada en los 2 indicios graves de responsabilidad exigidos por la ley procesal penal y sin que se argumentara su necesidad de manera suficiente .

Además, modificará los perjuicios morales y materiales reconocidos en primera instancia y ordenará restablecer el buen nombre del demandante principal con una medida no pecuniaria , de acuerdo con los criterios desarrollados por esta Sala de Subsección en casos similares.

21. Con ese fin, la Sala abordará los asuntos en el siguiente orden: primero, identificará que se acreditó un daño derivado de la afectación del derecho a la libertad. Luego, profundizará en las razones anunciadas por las cuales no se cumplieron con los requisitos de ley para imponer la aludida medida caut elar personal. Ante la ausencia de la culpa de la víctima, como causal eximente de

la libertad. Luego, profundizará en las razones anunciadas por las cuales no se cumplieron con los requisitos de ley para imponer la aludida medida caut elar personal. Ante la ausencia de la culpa de la víctima, como causal eximente de responsabilidad posible en estos casos, atribuirá el daño a la Fiscalía General de

14 Folios 2405 al 2468 del Cuaderno de pruebas No.13. 15 Folio 2565 del Cuaderno de pruebas No.13. Se tendrá esta fecha como aquella en que quedó ejecutoriada la resolución de preclusión, según lo dispuesto en el artículo 187 de la Ley 600 de 2000 que prevé lo siguiente: “ (…) La que decide los recursos de apelación o de queja contra las providencias in terlocutorias, la consulta, la casación, salvo cuando se sustituya la sentencia materia de la misma y la acción de revisión quedan ejecutoriadas el día en que sean suscritas por el funcionario correspondiente (…)”. Lo anterior, en concordancia con la sente ncia de la Corte Constitucional C -641 de 2002, que declaró la exequibilidad condicionada de dicha disposición, según la cual “ es pertinente concluir que la norma es constitucional en el sentido de que efectivamente dichas sentencias y providencias interlocutorias quedan ejecutoriadas el día en que son suscritas por el funcionario correspondiente. Sin embargo, como la notificación de las mismas es indispensable y solamente a partir de dicho conocimiento, es posible imponer voluntaria o coactivamente el cumplimiento de las ordenes proferidas en la decisión judicial, la Corte considera que la ejecutoria de dichas sentencias y providencias no produce efectos jurídicos mientras no se surta su notificación” (subrayas fuera del

o coactivamente el cumplimiento de las ordenes proferidas en la decisión judicial, la Corte considera que la ejecutoria de dichas sentencias y providencias no produce efectos jurídicos mientras no se surta su notificación” (subrayas fuera del texto). Por tanto, habida cuenta de q ue una decisión judicial resuelve de manera definitiva el asunto sometido a su conocimiento cuando queda en firme (con independencia de sus efectos jurídicos, por ejemplo, para efectos de la prescripción de la acción penal), se entiende que, en este caso, la resolución de preclusión cobró ejecutoria en la fecha en que la fiscalía delegada ante el tribunal confirmó esa decisión.Radicación: 41001-23-31-000-2006-01114-01 (45.469)

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la Nación. Finalmente, liquidará la indemnización de los perjuicios y declarará improcedente la condena en costas.

2.2. Identificación del daño

22. Como se explicó anteriormente, en este caso, el hecho generador del daño deriva de la privación de la libertad de Hermes Garzón Aldana, desde el 17 de octubre de 2003 hasta el 15 de junio de 2004, es decir, por el lapso de 7 meses y 30 días.

2.3. Razones por las que fue ilegal la privación de la libertad

23. Por la fecha de los hechos denunciados, la investigación penal fue adelantada bajo las previsiones de la Ley 600 de 2000. De acuerdo con el artículo 354 de dicha normativa, la situación jurídica se define solo en aquellos

23. Por la fecha de los hechos denunciados, la investigación penal fue adelantada bajo las previsiones de la Ley 600 de 2000. De acuerdo con el artículo 354 de dicha normativa, la situación jurídica se define solo en aquellos casos en que es procedente la detención preven tiva. Asimismo, de conformidad con los artículos 355 al 357 ibidem, la detención preventiva se impondrá: cuando se trate de un delito que tenga prevista pena de prisión cuyo mínimo sea o exceda de 4 años; si el delito imputado aparece dentro del listado indicado por el artículo 357, numeral 2, de la Ley 600 de 2000 o cuando estuviere vigente sentencia condenatoria ejecutoriada por delito doloso o preterintencional que tenga pena de prisión.

24. Además, si aparecen, por lo menos, dos indicios graves de responsa bilidad, de acuerdo con las pruebas recopiladas legalmente en el proceso y si resulta necesaria para el cumplimiento de alguno de sus fines, es decir, “para garantizar la comparecencia del sindicado al proceso, la ejecución de la pena privativa de la libertad o impedir su fuga o la continuación de su actividad delictual o las labores que emprenda para ocultar, destruir o deformar elementos probatorios importantes para la instrucción, o entorpecer la actividad probatoria”16.

25. En el caso concreto, la Sala advierte que, la fiscalía no contaba con los 2 indicios graves de responsabilidad en contra del demandante y, además, no sustentó de manera suficiente la necesidad de la imposición de la medida de aseguramiento de detención preventiva, conforme a sus fines constitucionales y legales.

indicios graves de responsabilidad en contra del demandante y, además, no sustentó de manera suficiente la necesidad de la imposición de la medida de aseguramiento de detención preventiva, conforme a sus fines constitucionales y legales.

26. La Fiscalía 4 delegada ante los juzgados penales del circuito especializado de Neiva definió la situación jurídica 17 de Hermes Garzón por los delitos de concierto para delinquir, lavado de activos, testaferrato, enriquecimient o ilícito de particulares, rebelión, tráfico, fabricación y porte ilegal de armas , cuyas

16 Artículo 355 de la Ley 600 de 2000. 17 Resolución de 24 de octubre de 2003 que obra a folios 872 al 890 del cuaderno de pruebas No.5.Radicación: 41001-23-31-000-2006-01114-01 (45.469)

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penas mínimas, superiores a 4 años, por lo que en principio hacían procedente la imposición de medida de aseguramiento de detención preventiva.

27. La investigación inició por el testimonio del ex integrante de las FARC, Julián Vanegas, que señaló a varias personas, entre esas Hermes Garzón , de ser miembros de las FARC y testaferros de ese grupo armado, por lo que usaban sus bienes para colaborar con la organización . En relación con el demandante principal, Julián Vanegas señaló que los vehículos de Hermes Garzón eran utilizados para transportar droga, armamento y municiones y que lo conoció

bienes para colaborar con la organización . En relación con el demandante principal, Julián Vanegas señaló que los vehículos de Hermes Garzón eran utilizados para transportar droga, armamento y municiones y que lo conoció cuando se reunía con los cabecillas de las FARC en San Vicente del Caguán.

28. Para el momento en que se definió la situación jurídica de los entonces procesados, la fiscalía contaba también con el testimonio de los exintegrantes de las FARC Carlos Salazar y Fray Rojas. Este último aseguró haber conocido a Hermes Garzón durante la zona de despeje de San Vicente del Caguán a quien veía continuamente en compañía de alias “Mono Jojoy”.

29. Por lo anterior y luego de recibir algunos informes de policía judicial sobre la identidad y propiedades de Hermes Garzón, la fiscalía ordenó el allanamiento de su residencia y captura, diligencias que se realiz aron el 17 de octubre de

2003. En el allanamiento fueron incautados documentos, títulos valores, dinero en efectivo, vehículos y armas de fuego.

30. En su indagatoria, Hermes Garzón señaló que era inocente, que no podía ser miembro de las FARC pues años atrás fue secuestrado por dicho grupo con el fin de obtener dinero y, luego de su liberación, se vio en la obligación d e cambiar su domicilio a la ciudad de Bogotá, porque fue considerado objetivo militar de las FARC. Manifestó que el testimonio de Julián Vanegas no podía ser tenido en cuenta pues durante la zona de despeje del Caguán, ya se había desplazado a la ciudad de Bogotá por temor a su vida y porque fue Julián

militar de las FARC. Manifestó que el testimonio de Julián Vanegas no podía ser tenido en cuenta pues durante la zona de despeje del Caguán, ya se había desplazado a la ciudad de Bogotá por temor a su vida y porque fue Julián Vanegas el integrante de las FARC que lo secuestró. Aseguró que su patrimonio era producto de sus actividades como comerciante, ganadero y prestamista de dinero a intereses, por lo que, esta última actividad explicaba los títulos valores incautados, así como las armas de fuego que estaban en su residencia en calidad de empeño, con los respectivos salvo conductos de sus propietarios. Finalmente insistió en la legalidad del origen de sus bienes y en la posibilidad de probarlo.

31. Debido a lo anterior, la fiscalía sostuvo que, los testimonios, los informes de policía judicial y los bienes incautados durante el allanamiento, comportaban medios de prueba suficientes para proferir medida de aseguramiento de detención preventiva en contra del demandante. No obstante, la Sala observa que, la fiscalía no precisó