CE - 012331000200700051011SENTENCIA20230221161110

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejera ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá, D.C., tres (3) de febrero de dos mil veintitrés (2023)

Radicación número: 50001-23-31-000-2007-00051-01(51221)

Actor: NANCY ROCÍO BOJACÁ GALVIS Y OTRO

Demandado: NACIÓN-FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y OTROS

Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA

Temas: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR ERROR JUDICIAL - Existencia de un daño antijurídico, imputable a la acción u omisión de la autoridad pública.

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia de 18 de marzo de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo del Meta, mediante la cual se negaron las súplicas de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

Se acusó a la Fiscalía General de la Nación de haber ocasionado un daño antijurídico a los demandantes al cerrar, sin justificación, una investigación penal en la que éstos se habían constituido en parte civil. En la sentencia de primera instancia se negaron las pretensiones de la demanda, por considerar que no se acreditó el parentesco de los demandantes con la víctima ni su constitución como parte civil en el proceso penal.

II. ANTECEDENTES

1. La demanda

instancia se negaron las pretensiones de la demanda, por considerar que no se acreditó el parentesco de los demandantes con la víctima ni su constitución como parte civil en el proceso penal.

II. ANTECEDENTES

1. La demanda

El 15 de febrero de 2007 (fls. 2-26 c. n.° 1), los señores Nancy Rocío Bojacá Galvis y Carlos Javier Bojacá Galvis, bajo la representación de este último (fl. 1 c. n.° 1), interpusieron acción de reparación directa en contra de la Nac ión-Ministerio del Interior y de Justicia-Rama Judicial-Fiscalía General de la Nación, con el fin de que se les declarara patrimonialmente responsables de los perjuicios causados a raíz de las decisiones adoptadas por la Fiscalía General de la Nación, medi ante las2

Radicación número: 50001-23-31-000-2007-00051-01(51221) Actor: Nancy Rocío Bojacá Galvis y otro Demandado: NaciónFiscalía General de la Nación y otros

Referencia: Acción de Reparación Directa

cuales ordenó la preclusión de una investigación y, posteriormente, la extinción de la acción penal.

Para el efecto, se elevaron las siguientes pretensiones:

A. Declaraciones

Se declare administrativamente responsable a la Nación -Ministerio del Interior y de Justicia -Fiscalía General de la Nación -Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, de la totalidad de los perjuicios causados a Carlos Javier Bojacá Galvis, Nancy Rocío Bojacá Galvis, por error judicial y falla del servicio que ocasionó un perjuicio muy claro a quienes se habían constituido en

Administración Judicial, de la totalidad de los perjuicios causados a Carlos Javier Bojacá Galvis, Nancy Rocío Bojacá Galvis, por error judicial y falla del servicio que ocasionó un perjuicio muy claro a quienes se habían constituido en parte civil dentro del proceso penal número 17599 de la Fiscalía 18 delegada ante los Juzgado Penales del Circuito de Villavicenc io, toda vez que allí se estaba a la expectativa no solo de unos perjuicios de carácter pecuniario sino aún más importante a develar la verdad sobre las causas que dieron lugar al deceso de mi madre la señora Mariela Galvis Zambrano y buscar el castigo para los galenos que habían actuado de manera ineficiente y claramente culposa.

B. Condenas

Que como consecuencia de haber declarado administrativamente responsable a la Nación -Ministerio del Interior y de Justicia -Fiscalía General de la NaciónDirección Ejecutiva de Administración Judicial, se condene, como reparación del daño ocasionado a pagar a los actores o a quien sus derechos representen, los perjuicios morales y materiales, que solicito de la siguiente manera:

Daño subjetivo o perjuicio moral (…)

Para Carlos Javier Bojacá Galvis, el equivalente a doscientos salarios mínimos legales mensuales vigentes para la fecha de pago habida consideración de la angustia y zozobra padecidas.

Para Nancy Rocío Bojacá Galvis, el equivalente a doscientos salarios mínimos legales mensuales vigentes para la fecha de pago habida consideración de la angustia y zozobra padecidas.

Daño objetivo o perjuicios materiales (…)

El daño emergente está representado fundamentalmente por los costos en el

legales mensuales vigentes para la fecha de pago habida consideración de la angustia y zozobra padecidas.

Daño objetivo o perjuicios materiales (…)

El daño emergente está representado fundamentalmente por los costos en el pago de honorarios al profesional del derecho que asumió la defensa penal en cuantía de $20’000.000, indexados al momento del pago.

El daño objetivo en la modalidad de lucro cesante está dado por lo pretendido por la parte civil dentro del proceso penal y relacionado con los int ereses dejados de percibir por las sumas en que se incurrió en el pago de honorarios.

Lo calculo en la suma superior a los $400’000.000 que deberán ser pagados en la modalidad de daño emergente y lucro cesante a Carlos Javier Bojacá Galvis, Nancy Rocío Bojacá Galvis o a quien sus derechos representen.

Pago de intereses La Nación, Ministerio del Interior y Justicia -Fiscalía General de la NaciónDirección Ejecutiva de Administración Judicial o entidad obligada al pago, cancelará intereses por la totalidad del capital o suma ordenada como pago de los perjuicios ocasionados, según conciliación o sentencia a cada uno de los actores o a quien represente sus derechos al momento de la providencia, por los primeros seis meses intereses comerciales, a partir de la e jecutoria de la providencia y pasado ese tiempo intereses moratorios.3

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Referencia: Acción de Reparación Directa

Como fundamentos fácticos se narró, en síntesis, lo siguiente:

Actor: Nancy Rocío Bojacá Galvis y otro Demandado: NaciónFiscalía General de la Nación y otros

Referencia: Acción de Reparación Directa

Como fundamentos fácticos se narró, en síntesis, lo siguiente:

El 21 de enero de 2000, la señora Mariela Galvis sufrió tres ataques de asfixia y dolor en el brazo izquierdo, por lo que acudió al “servicio de urgencias” 1, a las 11 pm, donde fue atendida por el médico Laureano Mesa. Luego de la valoración, el galeno le dio salida, a las 11:45 pm, “pese a las súplicas para que fuera hospitalizada, por parte del suscrito, y de Leonardo Fabi o Mora Morales, Iván Gutiérrez, Harold Rodríguez y César Olarte, quienes éramos sus acompañantes”.

El siguiente día, a las 12:30 a.m. la señora Mariela Galvis sufrió un nuevo “ataque” y mientras era trasladada al servicio de urgencias, a bordo de un taxi, presentó un paro respiratorio, “teniendo que prestarle los primeros auxilios, dada la gravedad de la situación, el suscrito desvió el recorrido para un centro de salud más cercano, donde no tenían los elementos necesarios para este tipo de emergencias, llevándola en una ambulancia para la clínica Martha, donde falleció la señora Mariela Galvis Zambrano, por causa de un shock cardiogénico debido a coronopatía”.

El señor Carlos Javier Bojacá Galvis presentó denuncia por la negligencia de los médicos que brindaron atención a la señora Mariela Galvis.

La Fiscalía 18 delegada ante los jueces penales de la unidad segunda de vida e

coronopatía”.

El señor Carlos Javier Bojacá Galvis presentó denuncia por la negligencia de los médicos que brindaron atención a la señora Mariela Galvis.

La Fiscalía 18 delegada ante los jueces penales de la unidad segunda de vida e integridad personal dio apertura de las diligencias, el 27 de enero de 2000.

En el proceso penal obraba concepto de medicina legal en el que se concluyó una relación de causalidad entre la atención médica prestada a la occisa y su deceso, por las omisiones en las que se incurrió para diagnosticarla debidamente. También se recaudaron pruebas testimoniales de las personas que presenciaron los hechos, y que indicaron la falta de atención oportuna por parte del centro de salud al que acudió la señora Mariela Galvis.

La Fiscalía 18 delegada profirió apertura de investigación, el 9 de marzo de 2001; sin embargo, la Fiscalía 21 delegada a nte los jueces penales del circuito de Villavicencio, en Resolución de 31 de mayo de 2004, declaró cerrada la investigación.

“Mediante memorial presentado ante el fiscal veintiuno delegado ante los juzgados penales del circuito de Villavicencio de fecha 8 de agosto de 2004, el apoderado de

1 No se especificó el centro de salud al cual acudió la víctima, en esa ocasión.4

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Referencia: Acción de Reparación Directa

la parte civil presentó las alegaciones previas a la calificación del mérito sumarial”.

Actor: Nancy Rocío Bojacá Galvis y otro Demandado: NaciónFiscalía General de la Nación y otros

Referencia: Acción de Reparación Directa

la parte civil presentó las alegaciones previas a la calificación del mérito sumarial”.

En Resolución de 26 de noviembre de 2004, la Fiscalía 21 delegada ante los jueces penales del circuito de Villavicencio declaró extinguida la acción penal. El apoderado de la parte civil recurrió mediante apelación lo resuelto; no obstante, la Fiscalía Primera de la Unidad de Fiscalías delegada ante el Tribunal Superior de Villavicencio, confirmó la decisión, en Resolución de 16 de febrero de 2005.

En el acápite de fundamento jurídico de las pretensiones y normas violadas, se indicó que no se respetaron los términos procesales establecidos en la Ley 600 de 2000 ni los de la Ley 906 de 2004, en cuanto a las etapas de investigación preliminar e investigación, tampoco se aplicaron las normas rectoras o principios que gobiernan dichas etapas procesales, en especial, el artículo 531 de la Ley 906 de 2004, el cual se aplicó e interpretó de forma errónea, pues aunque contempló un proceso de descongestión y depuración con la reducción del término de prescripción, esa figura sólo se podía emplear “siempre y cuando no se haya emitido resolución de cierre de investigación” , decisión que por la redacción de la norma no debía estar ejecutoriada.

Se dio, además, una interpretación sesgada de las normas procesales de transición y un desconocimiento de la jurisprudencia sen tada por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en materia de notificaciones. Tampoco se podía

Se dio, además, una interpretación sesgada de las normas procesales de transición y un desconocimiento de la jurisprudencia sen tada por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en materia de notificaciones. Tampoco se podía declarar la extinción de la acción por prescripción, porque desde el inicio de la investigación hasta su cierre no habían transcurrido aún 54 meses, que correspondía a la cuarta parte de la pena por el delito de homicidio culposo (6 años).

La resolución que dispuso el cierre de la investigación fue emitida el 31 de mayo de 2004, y la notificación al Ministerio Público se realizó el 8 de junio de 2004, por lo que la notificación por estado debió ocurrir el 9 de junio siguiente, cuando no había entrado en vigencia la Ley 906 de 2004, no en noviembre del mismo año. La Fiscalía debió corregir la irregularidad presentada, “que a no dudarlo afectaba los derechos de un sujeto procesal como es la parte civil”. El representante de la parte civil presentó alegatos de conclusión el 6 de agosto de 2004, lo que daba a entender que, en su criterio, el cierre de la investigación estaba ejecutoriado y lo procedente era calificar el mérito del sumario.

En el dictamen de Medicina Legal, practicado al cuerpo de la señora Mariela Galvis, se concluyó que “la atención medica de urgencias el día de la muerte no fue adecuada y guarda relación de causalidad con la muerte de la paciente puesto que se omitió la interpretación integral de toda la historia clínica de la paciente5

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Actor: Nancy Rocío Bojacá Galvis y otro

se omitió la interpretación integral de toda la historia clínica de la paciente5

Radicación número: 50001-23-31-000-2007-00051-01(51221) Actor: Nancy Rocío Bojacá Galvis y otro Demandado: NaciónFiscalía General de la Nación y otros

Referencia: Acción de Reparación Directa

incluyendo el antecedente de enfermedad coronaria y no se consideró la práctica de exámenes paraclínicos para aclarar el diagnóstico etiológico de l a dificultad respiratoria”. La prueba referida hacía que las probabilidades de obtener sentencia condenatoria y el pago de perjuicios en el proceso penal fueran altas.

2. Trámite en primera instancia

2.1. Mediante auto de 22 de febrero de 2007, el Tribunal Administrativo del Meta requirió a la parte actora para que aportara las copias necesarias para los respectivos traslados y estimara la cuantía (fls. 663-664 c. n.º 2).

Cumplido el requerimiento, en auto de 14 de marzo de 2007, modificado mediante proveído de 26 de abril de 2007, se admitió la demanda (fls. 677 -678 y 681-682 c. n.º 2). Las notificaciones se efectuaron en debida forma (fls. 685-687 c. n.° 2).

En providencia de 26 de septiembre de 2007 se ordenó remitir el expediente a los Juzgados Administrativos de Villavicencio, por considerarse que la competencia recaía en ellos, en razón a la cuantía del asunto (fl. 702 c. n.º 2).

El Juzgado Segundo Administrativo de Villavicencio, en auto de 26 de octubre de

recaía en ellos, en razón a la cuantía del asunto (fl. 702 c. n.º 2).

El Juzgado Segundo Administrativo de Villavicencio, en auto de 26 de octubre de 2007 avocó el conocimiento del proceso y, en proveído de 10 de diciembre de 2007 abrió el proceso a pruebas (fls. 714-716 c. n.º 2).

El proceso fue remitido, nuevamente, al Tribunal Administrativo del Meta, en consideración a la postura jurispr udencial sentada por el Consejo de Estado, en sentencia de 9 de septiembre de 2008, sobre la competencia para conocer de los procesos instaurados por error judicial, privación injusta de la libertad y defectuoso funcionamiento de la administración de justicia (fl. 927 c. n.º 2).

El Tribunal Administrativo del Meta, mediante providencia de 10 de diciembre de 2008 declaró la nulidad de lo actuado, a partir del auto de 14 de marzo de 2007, y aclaró que la prueba practicada en el proceso conservaría su validez (fls. 731-736 c. n.º 2).

En auto de 27 de febrero de 2009 se tuvo por contestada la demanda por parte del Ministerio del Interior y de Justicia y la Fiscalía General de la Nación y se abrió el proceso a etapa probatoria (fls. 737-740 c. n.º 2).

2.2. El Ministerio del Interior y de Justicia y la Fiscalía General de la Nación contestaron la demanda, de manera oportuna, en los siguientes términos:6

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Actor: Nancy Rocío Bojacá Galvis y otro

contestaron la demanda, de manera oportuna, en los siguientes términos:6

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Referencia: Acción de Reparación Directa

El Ministerio del Interior y de Justicia propuso la excepción de falta de legitimación en la causa por pasi va, por cuanto esa entidad no intervino en los hechos que se acusaron de haber ocasionado el daño. Aclaró, además, que dicho ministerio no representaba a la Rama Judicial ni a la Fiscalía General de la Nación para el momento en el que sucedieron los hechos (fls. 689-694 c. n.º 2).

La Fiscalía General de la Nación solicitó negar las pretensiones de la demanda, por considerar que la entidad cumplió con las normas legales vigentes, y la parte civil pudo “en su oportunidad procesal evitar que por el transcurso del tiempo se declarara la prescripción extraordinaria y se precluyera la investigación” (fls. 704706 c. n.º 2).

2.3. Mediante providencia de 2 de agosto de 2013 se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión (fl. 782 c. n.º 1).

La parte actora hizo alusión, en detalle, al dictamen de Medicina Legal practicado al cuerpo de la señora Mariela Galvis Zambrano y concluyó que se produjo un homicidio culposo y el proceso penal debió culminar con sentencia condenatoria e indemnización a los accionantes, para lo cual se requería dar aplicación a la

al cuerpo de la señora Mariela Galvis Zambrano y concluyó que se produjo un homicidio culposo y el proceso penal debió culminar con sentencia condenatoria e indemnización a los accionantes, para lo cual se requería dar aplicación a la excepción de inconstitucionalidad establecida en el artículo 4º de la Carta Política y, así, omitir aplicar el artículo 531 de la Ley 906 de 2004. Lo anterior, produjo una pérdida de oportunidad para los demandantes. La muerte de la señora Mariela Galvis generó, además, un daño a la vida de relación (fls. 783-789 c. n.º 2).

La parte demandada y el Ministerio Público guardaron silencio.

3. Sentencia de primera instancia

El Tribunal Administrativo del Meta profirió sentencia, el 18 de marzo de 2014, en la que resolvió “Negar las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente sentencia”.

Por un lado, se indicó que el Ministerio del Interior y de Jus ticia y la Rama Judicial no estaban legitimadas en la causa por pasiva, por cuanto esas entidades no tuvieron injerencia en las decisiones que se cuestionan, proferidas por la Fiscalía General de la Nación.

Por lo demás, se indicó que los demandantes no acreditaron en el proceso penal ni en este asunto su condición de hijos de la víctima, lo que impedía establecer su interés en la causa penal; adicionalmente, no se demostró que hubieran integrado7

Radicación número: 50001-23-31-000-2007-00051-01(51221) Actor: Nancy Rocío Bojacá Galvis y otro Demandado: NaciónFiscalía General de la Nación y otros

Radicación número: 50001-23-31-000-2007-00051-01(51221) Actor: Nancy Rocío Bojacá Galvis y otro Demandado: NaciónFiscalía General de la Nación y otros

Referencia: Acción de Reparación Directa

la parte civil en el proceso penal, pues aunque las copias a portadas al plenario permitían colegir que se constituyó una parte civil, no se demostró que los demandantes fueran parte de ella, lo cual evidenciaba la negligencia de la parte actora en la aportación del material probatorio necesario para acreditar la titularidad jurídica sobre el bien que aseguran les fue lesionado.

Se consideró, así, que no estaba demostrado el daño alegado en la demanda (fls. 792-797 c. ppal.).

4. El recurso de apelación

4.1. Inconforme con la anterior determinación, la parte actora interpuso, de forma oportuna, recurso de apelación (fls. 799-807 c. ppal.).

Adujo que en la demanda y en el escrito que la subsanó se anunciaron, como prueba, los registros civiles de nacimiento de los accionantes, y ni el despacho ni la parte demandada hizo mención a la carencia de esa prueba documental, tampoco se propuso excepción tendiente a demostrar la inexistencia del vínculo o intereses de los demandantes para demandar y pedir reparación.

Adicionalmente, se aportó constancia expedida por el alcalde de Guamal, Meta, en la que certificó el libro y folios donde se encuentran los registros civiles de nacimiento, “por lo que al ser expedida esta constancia por la primera autoridad municipal, se puede predicar la presunción de buena fe respecto a la condición de

la que certificó el libro y folios donde se encuentran los registros civiles de nacimiento, “por lo que al ser expedida esta constancia por la primera autoridad municipal, se puede predicar la presunción de buena fe respecto a la condición de hijos de la señora Mariela Galvis Zambrano”. Además, de lo anterior, “pública y socialmente”, los señores Carlos Javier Bojacá Galvis y Nancy Rocío Bojacá Galvis son reconocidos como hijos de la señora Mariela Galvis.

Agregó que en delitos como el homicidio culposo le corresponde al Estado adelantar, de manera oficiosa, la investigación hasta hallar al responsable, por lo que al señor Carlos Javier Bojacá Galvis no le “correspondía ese de ber legal de establecer responsabilidades, así como las penas a imponer fijando el monto de los perjuicios que con la comisión de ese delito se hayan podido causar”. En esa medida, no era requisito para el ejercicio de la acción de reparación directa la constitución en parte civil, toda vez que la investigación penal debía continuar, de oficio; lo importante, era que los demandantes hubieran sido afectados, “como en este caso con el error en que incurrió la Fiscalía General de la Nación al declarar la caducidad de la acción, cuando no se daban los requisitos que la norma declarada inexequible por la Honorable Corte Constitucional traía para que se pudiera producir dicha declaratoria de caducidad”.8

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Referencia: Acción de Reparación Directa

En criterio de los apelantes, debe darse primacía al derecho sustancial sobre el

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Referencia: Acción de Reparación Directa

En criterio de los apelantes, debe darse primacía al derecho sustancial sobre el procesal, para lo cual hizo alusión a algunos extractos de providencias proferidas por el Consejo de Estado.

Finalmente, se aportaron, como pruebas de segunda instancia, los registros civiles de nacimiento de los demandantes y el registro civil de defunción de la señora Mariela Galvis Zambrano (fls. 799-807).

4.2. En proveído de 24 de abril de 2014, se concedió el recurso de apelación presentado por la parte actora (fl. 813 c. ppal.).

5. El trámite en segunda instancia

5.1. Por auto de 11 de julio de 2014, esta Corporación admitió el recurso de apelación (fls. 817 c. ppal.) y, mediante proveído de 5 de septiembre de 2014 se resolvió no decretar las pruebas aportadas con el recurso de apelación, por no ajustarse la solicitud a ninguno de los presupuestos establecidos en el artículo 214 del CCA (fl. 823 c. ppal.).

La parte actora interpuso recurso de reposición y, en subsidio de apelación, contra la anterior decisión, el cual fue rechazado, por improcedente, mediante providencia de 23 de octubre de 2014; en su lugar, se concedió el recurso de súplica (fls. 827830 y 833-834 c. ppal.).

En auto de 24 de octubre de 2016, se confirmó el proveído de 5 de septiembre de 2014 (fl. 839-841).

830 y 833-834 c. ppal.).

En auto de 24 de octubre de 2016, se confirmó el proveído de 5 de septiembre de 2014 (fl. 839-841).

5.2. En providencia de 2 de febrero de 2017 se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para emitir concepto (fl. 846 c. ppal.).

El Ministerio Público solicitó revocar la sentencia de primera instancia y acceder a las pretensiones de la demanda, por considerar que en el acta de inspección a cadáver, así como en declaraciones obrantes en el proceso penal, se hizo mención a los accionantes como hijos de la señora Mariela Galvis, por lo que estaba claro el parentesco entre ellos y la víctima. Añadió que se probó el er ror cometido por la Fiscalía General de la Nación, por la demora en la investigación y la aplicación de la figura de la prescripción, e indicó que desestimar las pretensiones por no haberse aportado los respectivos registros civiles de nacimiento podía afe ctar el derecho sustancial (fls. 848-853 c. ppal.).9

Radicación número: 50001-23-31-000-2007-00051-01(51221) Actor: Nancy Rocío Bojacá Galvis y otro Demandado: NaciónFiscalía General de la Nación y otros

Referencia: Acción de Reparación Directa

Las partes no intervinieron en esta etapa procesal.

III. CONSIDERACIONES

1. Competencia

La Sala es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia, proferida el 18 de marzo de 2014 por el Tribunal Administrativo del Meta.

III. CONSIDERACIONES

1. Competencia

La Sala es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia, proferida el 18 de marzo de 2014 por el Tribunal Administrativo del Meta.

Ello, en atención a la competencia funcional establecida en el artículo 73 de la Ley 270 de 19962, en consonancia con el auto de 9 de septiembre de 2008, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado3, en el que se aclaró que el conocimiento de las acciones de reparación directa que se instauren por error jurisdiccional, privación injusta de la libertad o defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, corr esponde a los Tribunales Administrativos, en primera instancia, y al Consejo de Estado, en segunda instancia, sin consideración a la cuantía del proceso.

2. Ejercicio oportuno de la acción

Al tenor de lo previsto por el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 44 de la Ley 446 de 1998, la acción de reparación directa deberá instaurarse dentro de los dos años contados a partir del día siguiente al acaecimiento del hecho, omisión, operación administrativa u oc upación permanente o temporal de inmueble por causa de trabajos públicos4.

En el presente asunto, la responsabilidad patrimonial se hizo recaer en el error jurisdiccional en el que incurrió la Fiscalía General de la Nación al ordenar la extinción de la ac ción penal y la prescripción de la investigación en el sumario adelantado por la muerte de la señora Mariela Galvis Zambrano.

Revisado el expediente se tiene que, mediante providencia de 26 de noviembre de

extinción de la ac ción penal y la prescripción de la investigación en el sumario adelantado por la muerte de la señora Mariela Galvis Zambrano.

Revisado el expediente se tiene que, mediante providencia de 26 de noviembre de 2004, la Fiscalía 21 delegada ante los jueces pen ales del circuito de Villavicencio

2 Norma aplicable al presente asunto, por cuanto se encontraba vigente al momento en el que se presentó la demanda. 3 Expediente 34985 (IJ). M.P. Mauricio Fajardo Gómez. 4 Normativa aplicable al presente caso, de conformidad con lo señalado en el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011, por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en los siguientes términos: “Los procedimien tos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior”.10

Radicación número: 50001-23-31-000-2007-00051-01(51221) Actor: Nancy Rocío Bojacá Galvis y otro Demandado: NaciónFiscalía General de la Nación y otros

Referencia: Acción de Reparación Directa

declaró extinguida la acción penal por el presunto homicidio culposo de la señora Mariela Galvis Zambrano y ordenó precluir la investigación.

Contra esa decisión se interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto e n resolución de 16 de febrero de 2005, proferida por la Fiscalía Primera delegada ante el Tribunal Superior de Villavicencio, cuya copia fue aportada al proceso, de

resolución de 16 de febrero de 2005, proferida por la Fiscalía Primera delegada ante el Tribunal Superior de Villavicencio, cuya copia fue aportada al proceso, de manera incompleta, por lo que no es posible conocer la parte resolutiva. No obstante, de la lectura de la parte considerativa de la providencia se logra extraer que la providencia de 26 de noviembre de 2004 fue confirmada. Tampoco se conoce la fecha en la cual esa última decisión fue notificada.

De acuerdo con lo anterior, para la contabilizaci ón del término de caducidad, se tendrá en cuenta la fecha de la providencia que resolvió el recurso de apelación. Se tiene, así, que la oportunidad para interponer la demanda transcurrió entre el 17 de febrero de 2005 y el 17 de febrero de 2007. Como la demanda se presentó el 15 de febrero de 2007, se concluye que fue oportuna.

3. Legitimación en la causa

En el presente asunto se pretende la reparación de los perjuicios ocasionados a los demandantes, a partir del supuesto error jurisdiccional y el defect uoso funcionamiento de la administración de justicia en los que incurrió la Fiscalía General de la Nación, al declarar extinguida la acción penal en la investigación que se adelantaba por la muerte de la señora Mariela Galvis, en el sumario 17599, lo cual, según la demanda, cercenó las expectativas de los señores Carlos Javier Bojacá Galvis y Nancy Rocío Bojacá Galvis de lograr el esclarecimiento de la verdad y de recibir el pago de indemnización en la causa civil que se inició dentro del proceso penal. En este asunto se alegó que la occisa era la madre de los

Bojacá Galvis y Nancy Rocío Bojacá Galvis de lograr el esclarecimiento de la verdad y de recibir el pago de indemnización en la causa civil que se inició dentro del proceso penal. En este asunto se alegó que la occisa era la madre de los demandantes, de ahí su interés en las resultas del proceso penal.

De acuerdo con la exposición presentada en el escrito introductorio, se encuentran legitimados para presentar la demanda de reparación directa por las supuestas fallas endilgadas al ente acusador, las personas que se hubieran visto perjudicadas con la deci sión adoptada en el litigio penal, por: i) la denegación de justicia que impidió conocer el o los responsables del punible investigado, y ii) la imposibilidad de quienes se constituyeron en parte civil, de recibir reparación por la comisión del delito denunciado.

Aunque el acceso a la administración de justicia es un derecho constitucional que se garantiza a toda persona (art. 229 CP), el daño en el caso que se analiza sólo11

Radicación número: 50001-23-31-000-2007-00051-01(51221)

Actor: Nancy Rocío Bojacá Galvis y otro Demandad