CE - 012331000200700398011AUTOQUEIMPRUE20231122081821

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B

Bogotá, D. C., veinte (20) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

Radicado : 08001-23-31-000-2007-00398-01

Número Interno : 1949-2014 (expediente híbrido) Demandante : Martha Villalba Hodwalker Demandado : Atlántico - Asamblea departamental Acción : Nulidad y restablecimiento del derecho – Decreto 01 de 1984

Tema : Reliquidación de cesantías parciales y consecuente sanción moratoria Actuación : Decide sobre acuerdo conciliatorio en sede judicial

El Despacho procede estudiar el acuerdo conciliatorio judicial al que llegaron las partes en el proceso de la referencia, en diligencia celebrada el 15 de febrero de 2017, para establecer si procede o no su aprobación.

I. ANTECEDENTES

1.1 La acción1.

La accionante, a través de apoderado, incoó acción de nulidad y restablecimiento del derecho con el fin de obtener la anulación de la Resolución 131 de 12 de julio de 2005, mediante la cual la Asamblea del Atlántico reconoció las cesantías a sus diputados correspondientes a 2004.

A título de restablecimiento del derecho, deprecó la reliquidación de dicha prestación con inclusión de «todos los elementos o factores salariales del auxilio de cesantía de 2004, de la demandante y el pago de los intereses legales del 12% sobre el saldo insoluto d e sus cesantías» y la sanción moratoria equivalente a un

cesantía de 2004, de la demandante y el pago de los intereses legales del 12% sobre el saldo insoluto d e sus cesantías» y la sanción moratoria equivalente a un día de salario por cada uno de retardo a partir del 15 de febrero de 2005 y hasta la consignación completa del auxilio de cesantías; por último, se condene en costas procesales.

Los hechos en que se fundan las pretensiones son los siguientes:

1 Folios 1 a 9 y escrito de subsanación en folios 50 y 51.2

Número interno: 1949-2014

Demandante: Martha Villalba Hodwalker

Demandados: Atlántico - Asamblea departamental

La demandante fue elegida diputada del Departamento del Atlántico, para el período constitucional 2004 a 2007, cuya elección fue declarada mediante acuerdo 8 de 30 de diciembre de 2003 del Consejo Nacional Electoral, dignidad que ejerce desde el «1° de enero » de 2004. Durante esta vigencia devengó como remuneración mensual $9.308.000, por ser el departamento de categoría primera, de conformidad con los artículos 1° y 28 de la Ley 617 de 2000, y los factores de p rima de servicio «$2.327.000» y prima de navidad «$9.308.000».

El 8 de marzo de 2005 la mesa directiva de la Asamblea del Atlántico ordenó la consignación parcial del auxilio de cesantías de la demandante correspondiente a 2004, en cuantía de $5.429.309 al Fondo de Cesantías Colfondos.

Mediante Resolución 131 de 12 de julio de 2005, la mesa directiva de la Asamblea

2004, en cuantía de $5.429.309 al Fondo de Cesantías Colfondos.

Mediante Resolución 131 de 12 de julio de 2005, la mesa directiva de la Asamblea del Atlántico liquidó totalmente el auxilio de cesa ntías del 2004 en $10.083.668, y ordenó la consignación del saldo restante al respectivo fondo de cesantías, pero al calcularlas únicamente incluyó la asignación básica ($9.308.000 y la doceava parte de la prima de navidad ($775.668), mas no las doceavas partes de los demás factores de prima de servicios ($387.833,33), prima de vacaciones ($387.833,33) y bonificaciones ($271.483,33), por lo que la cuantía correcta de la liquidación del aludido auxilio es de $11.130.816. Acto administrativo del cual no fue notificada en debida forma, por lo que quedó notificada por conducta concluyente.

Las doceavas partes del valor de cada uno de los factores dejados de incluir en la liquidación de las cesantías de 2004, suman $1.047.149,99, cantidad sobre la cual se deben calcular los intereses, que corresponden a $125.657, para un total adeudado de $1.172.806.

1.2 Trámite procesal

La demanda fue presentada bajo la figura de acumulación subjetiva de pretensiones ante el Tribunal Administrativo del Atlántico, que el 11 de diciembre de 2006 2 la inadmitió para que fuera impetrada de forma individual 3, por lo que la demandante

2 Decisión confirmada con auto de 20 de marzo de 2007 (ff. 14 a 16), que a su vez fue aclarado el 24 de mayo de 2007 (ff. 17 a 19).

2 Decisión confirmada con auto de 20 de marzo de 2007 (ff. 14 a 16), que a su vez fue aclarado el 24 de mayo de 2007 (ff. 17 a 19). 3 Folios 10 a 13.3

Número interno: 1949-2014

Demandante: Martha Villalba Hodwalker

Demandados: Atlántico - Asamblea departamental

presentó el respectivo escrito el 5 de mayo de 2007 4, admitido el 24 de junio de 20115.

1.2.1 Sentencia de primera instancia.

Agotado el trámite de primera instancia , el Tribunal Administrativo del Atlántico, mediante sentencia de 18 de octubre de 20136, decidió (i) declarar no probadas las excepciones de caducidad, prescripción y falta de legitimación propuestas por el Departamento del Atlántico; (ii) decretar la nulidad del acto acusado, (iii) a título de restablecimiento del derecho, ordenar reliquidar las cesantías reconocidas a la demandante en la Resolución acusada, teniendo en cuenta los factores de sueldo, gastos de representación y 1/12 parte de la prima de navidad y de la prima de servicios, recibidos durante e l 2004; y (iv) inhibirse respecto de la pretensión de reconocer la sanción moratoria contenida en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990.

En relación con la caducidad, sostuvo que, ante el requerimiento previo del Tribunal, el secretario general de la Asamb lea del Atlántico señaló que en sus archivos no aparecía constancia de la notificación de la Resolución acusada 131 de 12 de julio de 2005, por lo que es dable contabilizar el término de caducidad desde que se

aparecía constancia de la notificación de la Resolución acusada 131 de 12 de julio de 2005, por lo que es dable contabilizar el término de caducidad desde que se entiende notificado por conducta concluyente, esto es, cuando le hizo presentación personal al poder para demandar en nulidad y restablecimiento del derecho (17 de noviembre de 2005). Por tanto, al vencerse el plazo de los 4 meses el 18 de marzo de 2006 y dado que la demanda primigenia se presentó el 21 de noviembre de 2005, no operó el aludido fenómeno.

En lo referente a la falta de legitimación alegada, advierte que aunque las asambleas ejercen actividades propias de las entidades públicas, carecen de personería jurídica, lo que les impide comparecer a juicio, por lo que es correcta la apreciación de la demandante al dirigir sus pretensiones contra la entidad territorial.

En lo atañedero a la prescripción, refiere que este medio exceptivo está ligado al fondo del asunto, por lo que no es procedente su estudio en forma previa.

4 Folios 1 a 9. 5 Folios 60 y 61. 6 Folios 160 a 169.4

Número interno: 1949-2014

Demandante: Martha Villalba Hodwalker

Demandados: Atlántico - Asamblea departamental

Consideró que la demandante, en calidad de diputada, percibió durante el 2004, «además del sueldo, los conceptos de gastos de representación, prima de servicios, bonificaciones, vacaciones y prima de navidad », que debieron ser incluidos en la liquidación de las cesantías anualizadas; empero, en la Resolución censu rada, al

«además del sueldo, los conceptos de gastos de representación, prima de servicios, bonificaciones, vacaciones y prima de navidad », que debieron ser incluidos en la liquidación de las cesantías anualizadas; empero, en la Resolución censu rada, al calcular ese auxilio, se incluyeron el sueldo, los gastos de representación y la doceava parte de la prima de navidad, «omitiendo la prima d e servicios», lo que desconoce lo previsto en las Leyes 6ª de 1945, 65 de 1946 y 5ª de 1969 y el Decreto 1045 de 1978.

Por otra parte, en lo que concierne a la sanción moratoria, afirmó que a la demandante le correspondía probar que la sanción moratoria fue solicitada en sede gubernativa, sin embargo, no aparece copia de la respectiva petición, pues lo que demandó fue la nulidad de la Resolución por la cual se reconoce y ordena el pago del saldo del auxilio de cesantías correspondientes al año 2004 de los diputados de la Asamblea, por consiguiente, el acto enjuiciado no fue producto de una reclamación en vía gubernativa, por lo que no se le dio la oportunidad a l Departamento para que se pronunciara acerca de algún pedimento sobre la sanción moratoria, con el propósito de evitarse un contencioso y haber adoptado una decisión previa frente a lo reclamado. En consecuencia, la Sala se declara inhibida en relación con esa pretensión.

1.2.2 Recursos de apelación.

Contra la anterior decisión, la actora y la accionada interpusieron recursos de apelación (parcial)7; la primera por cuanto la Ley 50 de 1990 no establece que el

1.2.2 Recursos de apelación.

Contra la anterior decisión, la actora y la accionada interpusieron recursos de apelación (parcial)7; la primera por cuanto la Ley 50 de 1990 no establece que el trabajador deba hacer solicitud alguna de la sanción moratoria ante la consignación tardía o inexistente de sus cesantías al respectivo fondo, simplemente el empleador que incumpla su obligación, debe pagar un día de s alario por cada uno de retardo, por lo que dicha sanción moratoria se causa de manera automática. Por su parte, la segunda aduce que la liquidación del auxilio de cesantías, que hizo la mesa directiva de la Asamblea del Atlántico, se realizó sobre la base salarial adecuada, al tenerse en cuenta los factores salariales que recibió la accionante, como lo certificó el tesorero pagador de esa corporación pública.

7 Folios 184 a 187 y 188 a 191, respectivamente.5

Número interno: 1949-2014

Demandante: Martha Villalba Hodwalker

Demandados: Atlántico - Asamblea departamental

Los anteriores recursos fueron concedidos el 4 de abril de 2014 8, por lo que el expediente se envió a esta Corporación, que los admitió con auto de 11 de junio de 20149 y corrió traslado para alegar de conclusión el 12 de agosto de 2014 10, oportunidad aprovechada por las partes; la demandante 11 para reiterar los argumentos expuestos en su escrito de alzada y solicitar que se someta el asunto a unificación jurisprudencial en torno a la reliquidación de cesantías y el reconocimiento de la sanción moratoria de los diputados del país; y la accionada 12

a unificación jurisprudencial en torno a la reliquidación de cesantías y el reconocimiento de la sanción moratoria de los diputados del país; y la accionada 12 para insistir en la improceden cia de la reliquidación de las cesantías y pedir se confirme la decisión inhibitoria del a quo frente a la sanción moratoria.

1.3 Conciliación judicial.

Estando el proceso al despacho para proyectar el respectivo fallo, el 9 de noviembre de 2016 13 las partes , de manera conjunta, solicitaron convocar a audiencia de conciliación, por cuanto en sesión de 28 de septiembre del mismo año el comité de conciliación del Departamento del Atlántico, ante la petición de conciliación de la demandante, « quien liquidó sus pretensiones en cuantía de mil siete millones veinticuatro mil setecientos ochenta y ocho pesos ($1.007.024.788.oo), resolvió conciliar las pretensiones del presente proceso. Así 1.- Conciliar en un porcentaje equivalente al 80% la suma de las pretensiones liquidadas anteriormente, es decir, conciliar en cuantía de ochocientos cinco millones seiscientos diecinueve mil ochocientos treinta pesos ($805’619.830.oo), y, 2.- Pagar dicha suma en dos contados, así: Un primer pago, correspondiente al cincuenta por ciento (50%) del valor conciliado, es decir, la suma de cuatrocientos dos millones ochocientos nueve mil novecientos quince ($402.809.915) pesos M/cte., pagaderos dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la ejecutoria del auto que apruebe la conciliación por parte de esa corporación judicial, y el saldo restante, es decir, el otro cincuenta por

(10) días hábiles siguientes a la ejecutoria del auto que apruebe la conciliación por parte de esa corporación judicial, y el saldo restante, es decir, el otro cincuenta por ciento (50%), equivalente a la suma de cuatrocientos dos millones ochocientos nueve mil novecientos quince ($402.809.915) pesos M/cte., pag aderos dentro de los treinta (30) días hábiles siguiente [sic] a la fecha del primer pago realizado. -3.- Con el pago de la suma conciliada, el Departamento del Atlántico queda a Paz y

8 Folio 205. 9 Folio 210. 10 Folio 212. 11 Folios 213 a 220. 12 Folios 221 a 229. 13 Folios 231 a 236.6

Número interno: 1949-2014

Demandante: Martha Villalba Hodwalker

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Salvo por todo concepto con la demandante respecto de las pretensiones d e la demanda de la referencia».

En atención a la precitada solicitud, mediante proveído de 1° de febrero de 2017 14, el despacho fijó fecha para la celebración de la audiencia de conciliación (15 de febrero de 2017) ; en dicha diligencia se requirió a la par te demandada para que aportara los documentos que soporten la liquidación del valor por el cual el comité de conciliación ofrece conciliar, pero en el momento el apoderado afirmó no tenerlo consigo; no obstante, el apoderado de la actora aceptó la fórmula conciliatoria, sin perjuicio de que se allegue la documentación requerida, por lo que el despacho pidió del apoderado de la entidad accionada que, dentro del término de 10 días, aportara

perjuicio de que se allegue la documentación requerida, por lo que el despacho pidió del apoderado de la entidad accionada que, dentro del término de 10 días, aportara (i) el acta 19 de 28 de septiembre de 2016, (ii) la liquidación de la sanción moratoria y (iii) el certificado laboral en donde consten los factores de sueldo, gastos de representación y la doceava parte de la s primas de navidad y de servicios devengados durante el año 2004; plazo que se prorrogó por uno igual por medio de proveído de 6 de marzo de 201715.

Aportados los referidos documentos, a través de auto de 5 de mayo de 2022 16, el despacho ordenó solicitar del contador de la Sección Cuarta de esta Corporación establecer «[…] si la suma equivalente a $805.619.830, propuesta en [la aludida diligencia], atañe únicamente al 80% de la reliquidación del auxilio de las cesantías del año 2004, para lo cual se deberá tener en cuenta la orden impartida en la sentencia de 18 de octubre de 2013, proferida por el Tribunal Admin istrativo del Atlántico; y si en dicho valor se encuentra incluido el monto correspondiente a la sanción moratoria por el pago tardí o de esa prestación»; informe rendido el 21 de junio de 202217, en el que el contador advierte que «PROBABLEMENTE dentro de los $ 805.619.830 estaría incluida la sanción moratoria por la consignación tardía de las cesantías por el año 2004 y tal vez la reliquidación de la cesantía por ese año. No obstante, como se ha reiterado a lo largo de este informe, no hay certeza

de las cesantías por el año 2004 y tal vez la reliquidación de la cesantía por ese año. No obstante, como se ha reiterado a lo largo de este informe, no hay certeza de ello, debido a no estar disponibles en los documentos que me fueron enviados, los datos y fechas indispensables para determinar con una razonable exactitud lo que se solicita».

14 Folio 238 15 Folio 318. 16 Folio 325. 17 Folios 335 a 337.7

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Demandante: Martha Villalba Hodwalker

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II. CONSIDERACIONES

2.1 Competencia

Este Despacho es competente para aprobar o improbar el presente acuerdo de conciliación judicial, de conformidad con el artículo 146A del Código Contencioso Administrativo (CCA), según el cual «Las decisiones interlocutorias del proceso, en única, primera o segunda instancia, proferidas por los tribunales administrativos y el Consejo de Estado, serán adoptadas por el magistrado ponente. Sin embargo, las decisiones a que se refieren los numerales 1, 2, 3 del artículo 181 serán de Sala excepto en los procesos de única instancia », dentro de los cuales no se halla « El que apruebe o impruebe conciliaciones prejudiciales o judiciales », contenido en el numeral 5 ibidem.

2.2 Problema jurídico.

Se contrae a determinar si el acuerdo conciliatorio al que llegaron las partes en audiencia celebrada dentro del presente proceso el 15 de febrero de 2017 , en relación con la totalidad de las pretensiones de la demanda, se halla conforme a los

Se contrae a determinar si el acuerdo conciliatorio al que llegaron las partes en audiencia celebrada dentro del presente proceso el 15 de febrero de 2017 , en relación con la totalidad de las pretensiones de la demanda, se halla conforme a los parámetros legales para ser aprobada en esta sede judicial.

2.3 Conciliación judicial en materia contencioso administrativa.

En lo que concierne a la conciliación judicial, el Despacho se remite a la Ley 640 de 2001, vigente a la fecha en la que se celebró la audiencia que dio lugar al acuerdo conciliatorio que es objeto de examen en este proveído 18, que en su artículo 3 realizó la distinción entre la conciliación extrajudicial y judicial; esta última entendida como la que «se realiza dentro de un proceso judicial» ante el juez de la causa.

Así mismo, el artículo 70 de la Ley 446 de 1998, que modificó el artículo 59 de la Ley 23 de 1991, estableció los asuntos que podrían ser materia de conciliación judicial o extrajudicial así:

Asuntos susceptibles de conciliación. El artículo 59 de la Ley 23 de 1991,

18 Recuérdese que la Ley 640 de 2001 fue derogada por la Ley 2220 de 2022, que entró en vigor 6 meses después de su promulgación, la cual tuvo lugar el 30 de junio de 2022; no obstante, en aplicación del artículo 40 de la L ey 153 de 1887 (modificado por el artículo 624 del Código General del Proceso), « las diligencias iniciadas» se regirán por las leyes vigentes cuando «se iniciaron».8

Número interno: 1949-2014

Demandante: Martha Villalba Hodwalker

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iniciadas» se regirán por las leyes vigentes cuando «se iniciaron».8

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quedará así:

"Artículo 59. Podrán conciliar, total o parcialmente, en las etapas prejudicial o judicial, las personas jurídicas de derecho público, a través de sus representantes legales o por conducto de apoderado, sobre conflictos de carácter particular y contenido económico de que conozca o pueda conocer la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo a través de las acciones previstas en los artículos 85, 86 y 87 del Código Contencioso Administrativo.

Parágrafo 1o. En los procesos ejecutivos de que trata el artículo 75 de la Ley 80 de 1993, la conciliación procederá siempre que en ellos se hayan propuesto excepciones de mérito.

Parágrafo 2o. No puede haber conciliación en los asuntos que versen sobre conflictos de carácter tributario."

Por su parte, el artículo 73 de la misma Ley 446 prevé que « La autoridad judicial improbará el acuerdo conciliatorio cuando no se hayan presentado las pruebas necesarias para ello, sea violatorio de la ley o resulte lesivo para el patrimonio público».

Así las cosas, la conciliación como mecanismo alternativo de solución de conflictos permite que las partes dentro del proceso contencioso-administrativo puedan llegar a fórmulas de arreglo totales o parciales respecto d e las pretensiones de una demanda de contenido particular y económico interpuesta en ejercicio de las acciones o medios de control de nulidad y restablecimiento del derecho, reparación

a fórmulas de arreglo totales o parciales respecto d e las pretensiones de una demanda de contenido particular y económico interpuesta en ejercicio de las acciones o medios de control de nulidad y restablecimiento del derecho, reparación directa y controversias contractuales; no obstante, el correspondiente acuerdo conciliatorio quedará sujeto a la aprobación del juez, en la medida en que (i) las partes estén debidamente representadas y sus apoderados o representantes tengan la facultad de disponer de los derechos susceptibles de conciliación; (ii) los hechos que le sirven de fundamento se hallen debidamente acreditados en el expediente, (iii) no sea contrario a los preceptos legales y (iv) no sea lesivo para el erario.

En lo referente a la labor aprobatoria del juez contencioso en materia de conciliaciones, la sala plena de la sección tercera del Consejo de Estado , en providencia de 24 de noviembre de 2014, expediente 07001 -23-31-000-200800090-01 (37747), con ponencia del doctor Enrique Gil Botero, afirmó:

[…] la Sala reitera, en esta ocasión, la importancia de que el juez del acuerdo conciliatorio en materia contencioso administrativa, es decir, el encargado de homologar la conciliación –prejudicial o judicial– ejerza un control estricto sobre aquél que no sólo se refleje en la verificación de una serie de requisitos legales9

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Demandante: Martha Villalba Hodwalker

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y administrativos, sino que, de otra parte, como juez de constitucionalidad y convencionalidad determine si el acuerdo es lesivo no sólo para el Estado sino, en general, para cualquiera de las partes.

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y administrativos, sino que, de otra parte, como juez de constitucionalidad y convencionalidad determine si el acuerdo es lesivo no sólo para el Estado sino, en general, para cualquiera de las partes.

En otros términos, el juez no puede limitarse a ser la boca de la ley –en los términos de Montesquieu– sino que es necesario, dentro del Estado Social de Derecho resaltar el papel preponderante que enseña la importancia de que con independencia a la jurisdicción a la que pertenezca, todo juez sea un garante de los derechos constitucionales.

De modo que, bajo esa lógica, no puede desconocerse que el juez de lo contencioso administrativo –unipersonal o colegidado – tiene la importante tarea de promover la conciliación pero, de igual forma, de garantizar que al momento de su aprobación no se advierta la lesión a los intereses de ninguna de las partes, sino que, por el contrario el acuerdo sea producto del ejercicio libre de la autonomía de la voluntad.

En este orden de ideas, la aprobación de la conciliación por parte del juez no puede convertirse en un simple ejercicio de verificación formal de los requisitos legales y administrativos, sino que su desempeñ o judicial trasciende al papel de gar ante de los derechos constitucionales y, en ese sentido, debe determinar si el acuerdo resulta lesivo a los intereses de alguna de las partes.

2.4 Caso concreto.

2.4.1 Hechos que sustentan el acuerdo conciliatorio entre las partes.

Dentro del proceso en el cual se llegó al acuerdo conciliatorio se tienen los siguientes documentos:

1. Certificación del pagador de la Asamblea del Atlántico de 29 de agosto de 2005 ,

Dentro del proceso en el cual se llegó al acuerdo conciliatorio se tienen los siguientes documentos:

1. Certificación del pagador de la Asamblea del Atlántico de 29 de agosto de 2005 , según la cual a los diputados relacionados a continuación se les pagó por concepto de salario y prestaciones sociales durante l os años 2004 y 2005 los siguientes valores (folios 20 y 21):10

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1. Resolución 4 0 de 8 de marzo de 2005 de la presidencia de la Asamblea del Atlántico (folios 94 a 96) , por la que se reconoce y ordena el pago de cesantías causadas a 31 de diciembre de 2004 a los diputados de la Asamblea del Atlántico , que deben ser consignadas a Colfondos, de conformidad con el artículo 13, literales a y b, de la Ley 344 de 1996, que prevé que a 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantías por la anualidad o por la fracción correspondiente, para todos los funcionarios que ingresaron a la Asamblea Departamental del Atlántico a partir del 1° de enero de 2004. A la accionante le correspondió la suma de $5.429.309 que concierne al interregno del 2 de enero al 31 de diciembre de 2004.

1. Resolución 131 de 12 de julio de 2005 (que comporta el acto censurado en la presente acción contenciosa) , por la cual la mesa directiva de la Asamblea del

31 de diciembre de 2004.

1. Resolución 131 de 12 de julio de 2005 (que comporta el acto censurado en la presente acción contenciosa) , por la cual la mesa directiva de la Asamblea del Atlántico reconoce a algunos diputados, incluida la accionante, el pago de un saldo por concepto de auxilio de cesantías correspondiente al año 2004 y ordena su consignación en Colfondos; a ella en un valor de $4.654.359 atinente al liquidado del 2 de enero al 31 de diciembre de 2004 con inclusión del sueldo ($7.160.000), los gastos de representación ($2.148.000) y la doceava de la prima de navidad ($775.668), al considerar que debe pagarse esa prestación en atención a que el artículo 4 de la Ley 5ª de 1969 establece que «el auxilio de cesantía se liquidará de acuerdo con lo dispuesto en dicho artículo 3 en su parágrafo primero» y, este último a su vez, dispone que « Si las corporaciones públicas no se hubiesen reunido por cualquier causa, se aplicará el presente artículo para los efectos de tiempo y asignaciones como si dichas corporaciones hubiesen estado reunidas» (folios 40 a 44). Su cálculo fue así:11

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1. Certificación de 13 de noviembre de 2012 de la secretaría general de la Asamblea del Atlántico (folios 89 y 90), de acuerdo con la cual la demandante, quien fue elegida diputada del Atlántico para el período constitucional del 2 de enero de

Asamblea del Atlántico (folios 89 y 90), de acuerdo con la cual la demandante, quien fue elegida diputada del Atlántico para el período constitucional del 2 de enero de 2004 al 31 de diciembre de 2007, devengó en el 2004: […] Mes Sesiones Concepto Valor Enero Ordinarias Sueldo básico $7.160.000 Enero Ordinarias Gtos, Representación $2.148.000 Febrero Ordinarias Sueldo básico $7.160.000 Febrero Ordinarias Gtos, Representación $2.148.000 Abril Extra 3 días Sueldo básico $716.000 Abril Extras 3 días Gtos, Representación $214.800 Mayo Extras 12 días Sueldo básico $2.864.000 Mayo Extras 12 días Gtos, Representación $859.200 Mayo Extra 15 días Sueldo básico $3.580.000 Mayo Extras 15 días Gtos, Representación $1.074.000 Junio Ordinarias Sueldo básico $7.160.000 Junio Ordinarias Gtos, Representación $2.148.000 Julio Ordinarias Sueldo básico $7.160.000 Julio Ordinarias Gtos, Representación $2.148.000 Julio Primas de servicios ………………………… $3.490.500 Octubre Ordinarias Sueldo básico $7.160.000 Octubre Ordinarias Gtos, Representación $2.148.000 Noviembre Ordinarias Sueldo básico $7.160.000 Noviembre Ordinarias Gtos, Representación $2.148.000 Diciembre Primas de navidad ………………………… $7.112.581 […].

1. Certificación de 13 de noviembre de 2012 de la secretaría general de la Asamblea

Noviembre Ordinarias Gtos, Representación $2.148.000 Diciembre Primas de navidad ………………………… $7.112.581 […].

1. Certificación de 13 de noviembre de 2012 de la secretaría general de la Asamblea del Atlántico, conforme a la cual la actora actuó ininterrumpidamente en las sesiones ordinarias de enero y febrero de 2004, sesiones extraordinarias del mes de abril de 2004, sesiones extraordinari as del mes de mayo de 2004, sesiones ordinarias de junio y julio de 2004, sesiones ordinarias de octubre y noviembre de 2004 (f. 91).

1. Acta de sesión 19 del comité de conciliación del Departamento del Atlántico de 28 de septiembre de 2016 (ff . 250 a 310), en la que se analizó la solicitud de conciliación de la demandante, sustentada en que a la fecha había un criterio uniforme en las subsecciones que integran la sección segunda del Consejo de Estado, en casos similares en los que se accediero n a las pretensiones de12

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Demandante: Martha Villalba Hodwalker

Demandados: Atlántico - Asamblea departamental

reliquidación del auxilio de cesantías y la sanción moratoria y en los que se revocaron sentencias de primera instancia, que no condenaron a dicha sanción por no existir reclamación administrativa (números internos 996-11, 1213-10, 1720-12, 1660-12 y 1666-12); al respecto, ese comité recomendó conciliar porque en algunos procesos de los referenciados se demandó la nulidad de la misma Resolución 131 de 12 de julio de 2005, por lo que « al producirse el fallo de segunda instancia, lo

procesos de los referenciados se demandó la nulidad de la misma Resolución 131 de 12 de julio de 2005, por lo que « al producirse el fallo de segunda instancia, lo más seguro es que sea revocado el de primer grado y se condene al pago de la sanción moratoria, con el agravante que la suma que se ordena cancelar a los entes demandados, sufra un notable incremento derivado de la indexación y de los intereses moratorios»; de igual modo, recomendó que, dado que la estimación de la cuantía deprecada por la demandante arroja una suma a cancelar de $1.007.024.788, «los miembros del Comité de Conciliación en pleno, aprueban la conciliación y proponen la misma, por valor del ochenta por ciento (80%) de la suma antes descrita, que corresponde al valor de OCHOCIENTOS CINCO MILLONES SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS ($805.619.830)» (folios 293 a 300).

1. Liquidación suscrita por el profesional especializado d e la gobernación del Atlántico, con radicado 20170510002403 (folio 313), según la cual la reliquidación de las cesantías de la demandante con su correspondiente indexación a 28 de noviembre de 2012 ascendía a $2.072.191 (con nota de «pagado Noviembre 28 de 2012») y por concepto de sanción moratoria por la consignación tardía de las cesantías del año 2004, calculada desde el 15 de febrero de 2005 hasta el 28 de noviembre de 2012 (fecha definitiva de pago) , es decir, con 2.802 día