CE - 012331000200900075012SENTENCIA20230303191258

CONSEJO DE ESTADO .

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., tres (3) de noviembre de dos mil veintidós (2022)

Referencia: REPARACIÓN DIRECTA Radicación: 18001233100020090007501 (66646)

Demandante: JOSÉ VLADIMIR ÁLVIZ CHILITO Y OTROS

Demandado: NACIÓN — MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJÉRCITO NACIONAL Tema: Privación injusta de la libertad. Ley 522 de 1999. No se e acreditó un daño antijurídico imputable al Estado.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 14 de febrero de 2020, proferida por el Tribunal Administrativo del Caquetá, que negó las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO El 2 de noviembre de 2005, el Comandante del Batallón de Ingenieros 12 “Liborio Mejía” informó al Juzgado 66 de Instrucción Penal Militar de Florencia sobre la pérdida de un fusil, tipo Galil AR - 5.56, con placas 97.195.940. Mediante proveído del 8 de noviembre de 2005, el referido Juzgado ordenó la: apertura de una investigación penal militar por los delitos de hurto agravado y fabricación, posesión y tráfico ilegal de armas de fuego, municiones y explosivos y citó a rendir indagatoriaal soldado José Vladimir Álviz Chilito.

investigación penal militar por los delitos de hurto agravado y fabricación, posesión y tráfico ilegal de armas de fuego, municiones y explosivos y citó a rendir indagatoriaal soldado José Vladimir Álviz Chilito. Seguidamente, mediante providencia del 21 de noviembre de 2005, el Juzgado 66 de Instrucción Penal Militar de Florencia impuso medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en contra del investigado por los delitos referidos, pues su declaración rendida en indagatoria era contradictoria e imprecisa. Ese mismo día agentes del Ejército Nacional capturaron al procesado. Sin embargo, mediante proveido del 27 de abril de 2006, el mismo Juzgado revocó la decisión delRadicado: 18001233100020090007501 (66646) Demandante: José Vladimir Álviz Chilito y otros - 21 de noviembre de 2005. Finalmente, el 31 de enero de 2008, la Fiscalía 14 Delegada ante el Juzgado 12 Penal Militar de Florencia cesó el procedimiento seguido en contra del señor Álviz Chilito por falta de pruebas; decisión que fue confirmada mediante providencia del 5 de junio de 2008 por la Fiscalia 4? Delegada ante el Tribunal Superior Militar de Bogotá. Los demandantes consideran que la privación de la libertad de la que fue objeto José Vladimir Álviz Chilito fue injusta y arbitraria, puesto que la Fiscalía Penal Militar cesó la investigación. seguida en su contra por falta de pruebas.

. MM ANTECEDENTES

1. Demanda - El 10 de noviembre de 20081, José Vladimir Álviz Chilito, en nombre propio y en representación de Vlaydi Lizeth y Juan Sebastián Álviz Ramírez; Misael Álviz

. MM ANTECEDENTES

1. Demanda - El 10 de noviembre de 20081, José Vladimir Álviz Chilito, en nombre propio y en representación de Vlaydi Lizeth y Juan Sebastián Álviz Ramírez; Misael Álviz Corrales, en nombre propio y en representación de Diana Vanessa, Marly Yessica y Edwar Andrés Álviz Chilito; Claudia Ramirez Aldana, Ana Luz Chilito Velásquez, Jimmy, Robinson, Alexander, Yina Paola y Carlos Fernando Álviz Chilito, mediante apoderado judicial y en ejercicio de la acción de reparación directa, presentaron demanda en contra de la Nación — Ministerio de Defensa Nacional - Justicia Penal Militar, por los perjuicios ocasionados por la privación de la libertad de la que fue

objeto José Vladimir Álviz Chilito. Como pretensiones de su demanda, el extremo activo solicita condenar a la entidad demandada a pagar, por perjuicios morales, 100 SMLMV a cada uno de los demandantes; por daño emergente, la suma de $5.000.000 a José Vladimir Álviz Chilito; y por lucro cesante, la suma de $5.000.000 a José Vladimir Álviz Chilito. En apoyo de las pretensiones, la parte demandante afirma que el 2 de noviembre de 2005, el Comandante del Batallón de Ingenieros 12 “Liborio Mejía” informó al Juzgado 66 de instrucción Penal Militar de Florencia sobre la pérdida de un fusil, tipo Galil AR - 5.56, con placas 97.195.940. FL. 6a18,C. 1.Radicado: 18001233100020090007501 (66646)

Demandante: José Vladimir Álviz Chilito y otros

tipo Galil AR - 5.56, con placas 97.195.940. FL. 6a18,C. 1.Radicado: 18001233100020090007501 (66646) Demandante: José Vladimir Álviz Chilito y otros Indica que mediante proveído del 8 de noviembre de 2005, el referido Juzgado ordenó la apertura de una investigación penal militar por los delitos de hurto agravado y fabricación, posesión y tráfico ilegal de armas de fuego, municiones y explosivos y citó a rendir indagatoria al soldado José Vladimir Álviz Chilito. Sostiene que mediante providencia del 21 de noviembre de 2005, el Juzgado 66 de Instrucción Penal Militar de Florencia impuso medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en contra del investigado por los delitos referidos, pues su declaración rendida en indagatoria era contradictoria e imprecisa. Señala que ese mismo día agentes del Ejército Nacional capturaron al procesado. Aduce que mediante proveído del 27 de abril de 2006, el mismo Juzgado revocó la decisión del 21 de noviembre de 2005, por la cual se impuso "medida de aseguramiento al sindicado, pues otro sujeto había sido capturado en flagrancia portando dicho fusil. Concluye que el 31 de enero de 2008, la Fiscalía 14 Delegada ante el Juzgado 12 Penal Militar de Florencia cesó el procedimiento seguido en contra del señor Álviz Chilito por falta de pruebas, decisión que fue confirmada mediante providencia del 5 de junio de 2008 por la Fiscalía 4? Delegada ante el Tribunal Superior Militar de Bogotéá. Los demandantes consideran que la privación de la libertad de la que fue objeto

5 de junio de 2008 por la Fiscalía 4? Delegada ante el Tribunal Superior Militar de Bogotéá. Los demandantes consideran que la privación de la libertad de la que fue objeto José Vladimir Álviz Chilito fue injusta y arbitraria, puesto que la Fiscalía Penal Militar cesó la investigación seguida en su contra por falta de pruebas. Textualmente señalan en la demanda: “[...] la captura del demandante se produjo como consecuencia del informe que fuera realizado sin mediar prueba alguna, sin ir al sitio de los hechos y por pura y simple sospecha ordenan vincularlo mediante indagatoria [...]”Radicado: 18001 233100020090007501 (66646)

Demandante: José Vladimir Alviz Chilito y otros

2. Contestación El 25 de abril de 2011? el Tribunal Administrativo del Caquetá admitió la demanda y ordenó su notificación a la entidad demandada y al Ministerio Público. 2.1. La NaciónMinisterio de Defensa Nacional-Ejército Nacional?- argumentó que el hecho lesivo alegado por los demandantes no le era imputable, toda vez que no - fue quien profirió la orden de captura, ni impuso la medida de aseguramiento en contra del señor Álviz Chilito. Como excepción formuló la que denominó “falta de legitimación en la causa por pasiva.”

3. Alegatos de conclusión en primera instancia El 25 de agosto de 2017, se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente. 3.1. La demandante? reiteró los argumentos expuestos en el escrito de la demanda. 3.2. La Nación - Ministerio de Defensa Nacional — Dirección de Justicia Penal Militar”

alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente. 3.1. La demandante? reiteró los argumentos expuestos en el escrito de la demanda. 3.2. La Nación - Ministerio de Defensa Nacional — Dirección de Justicia Penal Militar” manifestó que no ocasionó un daño antijurídico a los accionantes, porque impuso medida de aseguramiento en contra del procesado en cumplimiento de las prerrogativas constitucionales y legales que le habían sido conferidas. 3.3. El Ministerio Público guardó silencio?. 2 F1, 247, C.1. 3Fl 113a121,C. 1. 4 Mediante auto del 25 de abril de 2011, el Tribunal Administrativo del Caquetá ordenó notificar de la demanda a la Nación - Ministerio de Defensa Nacional, no obstante, la demanda fue contestada por el Ejército Nacional. 5 FI 148, C. 1. $ Fl. 167 a 173,C. 1. 7 FI, 149 a 152,C. 1. 8 Fl. 174,C. 1.Radicado: 18001233100020090007501 (66646)

Demandante: José Vladimir Álviz Chilito y otros

4. Sentencia de primera instancia Mediante sentencia del 14 de febrero de 2020?, el Tribunal Administrativo del Caquetá negó las pretensiones de la demanda, al constatar que no se configuró el daño antijurídico, pues la prueba indiciaria permitía establecer, preliminarmente, - que el señor Álviz Chilito había participado en los hechos investigados, porque en su declaración rendida ante el Juzgado 66 de Instrucción Penal Militar de Florencia se contradijo y la misma no guardaba relación con lo dicho por otros investigados.

que el señor Álviz Chilito había participado en los hechos investigados, porque en su declaración rendida ante el Juzgado 66 de Instrucción Penal Militar de Florencia se contradijo y la misma no guardaba relación con lo dicho por otros investigados.

Al efecto sostuvo que: “[...] En la providencia por medio de la cual el Juzgado 66 de Instrucción Penal Militar dictó en su contra medida de aseguramiento de detención preventiva por los delitos de hurto agravado y fabricación, posesión y tráfico de armas, municiones y explosivos, se puso de presente que el sindicado incurrió en contradicciones tanto en sus versiones como con lo dicho por los otros sindicados, quienes se culparon mutuamente del extravío del fusil [...]”. 5, Recurso de apelación El 1" de julio de 2020%, el extremo activo interpuso recurso de apelación, el cual fue concedido el 23 de noviembre de 20201 y admitido el 9 de abril de 202112, 5.1. La parte demandante?? argumentó que los medios de convicción decretados y practicados en el proceso permitían acreditar la causación de un daño antijurídico, pues el Juzgado 66 de Instrucción Penal Militar de Florencia impuso medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en contra de José Vladimir Álviz Chilito, con fundamento en una declaración rendida por el demandante ante agentes del Ejército Nacional con anterioridad a la apertura del proceso penal militar, la cual fue obtenida con el uso de la fuerza. 2 FI, 459 a471,C.P. 10 Fl 194, C.P. 1 FL, 200, C.P. 12 F| 206, C.P.

fue obtenida con el uso de la fuerza. 2 FI, 459 a471,C.P. 10 Fl 194, C.P. 1 FL, 200, C.P. 12 F| 206, C.P. 13 Fl, 475 a 494, C.P.Radicado: 18001233100020090007501 (66646) Demandante: José Vladimir Álviz Chilito y otros Al efecto sostuvo: “f[...] Los señores José Vladimir Álviz Chilito [...] fueron obligados mediante las vías de hecho a rendir declaraciones auto incriminatorias [...] de lo cual claramente se puede concluir, que las contradicciones en que pudieron incurrir en las declaraciones, y que según la Justicia Penal Militar conllevaron' a su privación de la libertad, fueron motivadas por los actos de tortura a que fueron sometidos por sus superiores, quienes en aras de encontrar un culpable, obligaron al señor Álviz Chilito y dos soldados más, a rendir declaraciones inculpatorias [...]”.

6. Alegatos de conclusión en segunda instancia El 24 de mayo de 2021-se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente. 6.1. La parte demandante reiteró lo expuesto en el recurso de apelación. 6.2. El Ministerio Público?$ indicó que la Nación — Ministerio de Defensa Naciona! - Dirección de Justicia Penal Militar impuso la medida de aseguramiento en contra del procesado en cumplimiento de los requisitos sustanciales y formales previstos en la legislación penal militar. 6.3. La Nación — Ministerio de Defensa Nacional!” guardó silencio.

Ill. CONSIDERACIONES

1. Competencia l | o, El Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto

en la legislación penal militar. 6.3. La Nación — Ministerio de Defensa Nacional!” guardó silencio.

Ill. CONSIDERACIONES

1. Competencia l | o, El Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del 14 de febrero de 2020, proferida por el Tribunal Administrativo del Caquetá, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley 270 de 1996. y

14F[ 208, C.P. 15 Índice 10. 16 Índice 13. 17 Índice 14.Radicado: 18001233100020090007501 (66646)

Demandante: José Vladimir Alviz Chilito y otros

2. Acción procedente La acción de reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo, según lo dispone el artículo 86? del Código Contencioso Administrativo.

En este caso la acción procedente es la de reparación directa, porque se reclama la reparación de un daño proveniente de un hecho imputable a la administración de justicia.

3. Vigencia de la acción Con el propósito de otorgar seguridad jurídica, de evitar la parálisis del tráfico jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando a la protección del interés general!?, estableció unos plazos para poder ejercer oportunamente cada uno de los medios de control judicial. Estos plazos resultan ser razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden

protección del interés general!?, estableció unos plazos para poder ejercer oportunamente cada uno de los medios de control judicial. Estos plazos resultan ser razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la solicitud judicial, implica la extinción del derecho de accionar, así como la consolidación de las situaciones que se encontraban pendientes de solución. 18 Artículo 86. Acción de reparación directa. La persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño cuando la causa sea un hecho, una omisión, una opéración administrativa o la ocupación temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquiera otra causa. Las entidades públicas deberán promover la misma acción cuando resulten condenadas o hubieren conciliado por una actuación administrativa originada en culpa grave o dolo de un servidor o ex servidor público que no estuvo vinculado al proceso respectivo, o cuando resulten perjudicadas por la actuación de un particular o de otra entidad pública.” 1 Corte Constitucional. Sentencia C-394 de 2002: “La caducidad es una institución jurídico procesal a través de la cual, el legislador, en uso de su potestad de configuración normativa, limita en el tiempo el derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdicción con el fin de obtener pronta y cumplida justicia. Su fundamento se halla en la necesidad por parte del conglomerado social de obtener seguridad jurídica, para evitar la paralización del tráfico jurídico. En esta medida, la caducidad no concede derechos subjetivos, sino que por el contrario apunta a la protección de un interés general.

seguridad jurídica, para evitar la paralización del tráfico jurídico. En esta medida, la caducidad no concede derechos subjetivos, sino que por el contrario apunta a la protección de un interés general. Como claramente se explicó en la sentencia C-832 de 2001 a que se ha hecho reiterada referencia, esta es una figura de orden público lo que explica su carácter irrenunciable, y la posibilidad de ser declarada de oficio por parte del juez, cuando se verifique su ocurrencia.Radicado: 18001233 100020090007501 (66646) Demandante: José Vladimir Álviz Chilito y otros El establecimiento de dichas oportunidades legales pretende, además, la racionalización de la utilización del aparato judicial, lograr mayor eficiencia procesal, controlar la libertad del ejercicio del derecho de acción?, ofrecer estabilidad del derecho de manera que las situaciones controversiales que requieran solución por los órganos judiciales adquieran firmeza, estabilidad y con ello seguridad, solidificando y concretando el concepto de derechos adquiridos. Este fenómeno procesal, de carácter bifronte, en tanto se entiende como límite y garantía a la vez, se constituye en un valioso instrumento que busca la salvaguarda y estabilidad de las relaciones jurídicas, en la medida en que su ocurrencia impide que estas puedan ser discutidas indefinidamente. La caducidad, en la primera de sus manifestaciones, es un mecanismo de certidumbre y seguridad jurídica, pues con su advenimiento de pleno derecho y mediante su reconocimiento judicial obligatorio cuando el operador la halle configurada, se consolidan los derechos de los actores jurídicos que discuten alguna situación; sin embargo, en el anverso, la caducidad se entiende también como una

mediante su reconocimiento judicial obligatorio cuando el operador la halle configurada, se consolidan los derechos de los actores jurídicos que discuten alguna situación; sin embargo, en el anverso, la caducidad se entiende también como una limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción, resultando como una sanción ¡pso jure?! que opera por la falta de actividad oportuna en la puesta en marcha del aparato judicial para hacer algún reclamo o requerir algún 209 Consejo de Estado. Sentencia del 23 de febrero de 2006. Exp. 6871-05 “...el derecho al acceso a la administración de justicia no es absoluto, pues puede ser condicionado legalmente a que la promoción de fa demanda sea oportuna y las acciones se inicien dentro de los plazos que señala el legislador (...). El término de caducidad, tiene entonces como uno de sus objetivos, racionalizar el ejercicio del derecho de acción, y si bien limita o condiciona el acceso a la justicia, es una restricción necesaria para la estabilidad del derecho, lo que impone al interesado el empleo oportuno de las acciones, so pena de que las situaciones adquieran la firmeza necesaria a la seguridad jurídica, para solidificar el concepto de derechos adquiridos. ”. 21 Consejo de Estado, Sentencia del 30 de enero de 2013: "Para garantizar la seguridad jurídica de _ tos sujetos procesales, el legistador instituyó la figura de la caducidad como una sanción en los eventos en que determinadas acciones judiciales no se ejercen en un término específico. Las partes tienen la carga procesal de impulsar el litigio dentro del plazo fijado por la ley y de no hacerlo en tiempo, perderán la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo su derecho. Es

tienen la carga procesal de impulsar el litigio dentro del plazo fijado por la ley y de no hacerlo en tiempo, perderán la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo su derecho. Es así como el fenómeno procesal de la caducidad opera ipso jure o de pleno derecho, es decir que no admite renuncia, y el juez debe declararla de oficio cuando verifique la conducta inactiva del sujeto procesal llamado a interponer determinada acción judicial”.Radicado: 18001233100020090007501 (66646) Demandante: José Vladimir Alviz Chilito y otros reconocimiento o protección de la justicia??, cuya consecuencia, por demandar más allá del tiempo concedido por la ley procesal, significa la pérdida de la facultad potestativa de accionar. El artículo 136 del Código Contencioso Administrativo señala que la acción de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa.” Asimismo, la Sección Tercera de esta Corporación ha indicado, de manera reiterada, que cuando el daño alegado proviene de la privación injusta de la libertad de una persona, el término de caducidad empieza a contabilizarse a partir del día siguiente de la ejecutoria de la providencia que precluye la investigación, de la sentencia absolutoria o desde el momento en que quede en libertad el procesado, lo último que ocurra, puesto que a partir de ese momento se hace evidente el carácter injusto de la limitación del derecho a la libertad?”.

sentencia absolutoria o desde el momento en que quede en libertad el procesado, lo último que ocurra, puesto que a partir de ese momento se hace evidente el carácter injusto de la limitación del derecho a la libertad?”. En el caso sub examine, se estima que el derecho de accionar se ejerció en tiempo, dentro del término de dos (2) años para el vencimiento de la acción, teniendo en cuenta: i) que el proveído del 5 de junio de 2008, mediante el cual cesó el procedimiento penal militar seguido en contra de José Vladimir Álviz Chilito, quedó ejecutoriado ese mismo día, de conformidad con lo establecido en el artículo 187 de 22 Corte Constitucional. Sentencia C-574 de 1998: ... [sli el actor deja transcurrir los plazos fijados por la ley en forma objetiva, sin presentar la demanda, el mencionado derecho fenece inexorablemente, sín que pueda alegarse excusa alguna para revivirlos. Dichos plazos constituyen entonces, una garantía para la seguridad jurídica y el interés general. Y es que la caducidad representa el limite dentro del cual el ciudadano debe reclamar del Estado determinado derecho, por ende, la actitud negligente de quien estuvo legitimado en la causa no puede ser objeto de protección, pues es un hecho cierto que quien, dentro de las oportunidades procesales fijadas por la ley ejerce sus derechos, no se verá expuesto a perderlos por la ocurrencia del fenómeno indicado”. 23 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 14 de febrero de 2002, Rad.: 13.622;

Sentencia del 19 de julio de 2017, Rad.: 49.898; Sentencia de! 23 de octubre de 2017, Rad.: 48.130; Sentencia del 10 de noviembre de 2017, Rad.: 49.206; Sentencia del 23 de noviembre de 2017,

Rad.: 54.716.10

Radicado: 18001233100020090007501 (66646) Demandante: José Vladimir Álviz Chilito y otras la Ley 600 de 2000, por remisión del artículo 18 de la Ley 522 de 19993 y; li).que la demanda se presentó el 10 de noviembre de 2008%.

4. Legitimación en la causa 4.1. José Vladimir Álviz Chilito (víctima), Vlaydi Lizeth Álviz Ramírez (hija), Juan Sebastián Álviz Ramírez (hijo), Misael Álviz Corrales (padre), Ana Luz Chilito

Velásquez (madre), Diana Vanessa Álviz Chilito (hermana), Marly Yessica Álviz Chilito (hermana), Edwar Andrés Álviz Chilito (hermano), Jimmy Álviz Chilito (hermano), Robinson Álviz Chilito (hermano), Alexander Álviz Chilito (hermano), Yina Paola Álviz Chilito (hermana) y Carlos Fernando Álviz Chilito (hermano) están legitimados en la causa por activa, ya que el primero fue el sujeto pasivo del proceso penal que se tramitó con el número de radicado 2007 - 4917”, según da cuenta copia simple? de las providencias proferidas en dicha causa penal, y los demás conforman su núcleo familiar, tal como lo establecen las copias auténticas de sus registros civiles de nacimiento??.

simple? de las providencias proferidas en dicha causa penal, y los demás conforman su núcleo familiar, tal como lo establecen las copias auténticas de sus registros civiles de nacimiento??. 4.2. Claudia Ramírez Aldana no se encuentra legitimada en la causa por activa como compañera permanente de José Vladimir Álviz Chilito, pues los registros civiles de nacimiento de Vlaydi Lizeth Álviz Ramírez y Juan Sebastián Álviz Ramírez, que dan cuenta que los menores son hijos de ambos, son insuficientes para tener por probado que sin estar casados, hacían una comunidad de 24 "Artículo 187. Ejecutoria de las providencias. Las providencias quedan ejecutoriadas tres (3) días después de notificadas si no se han interpuesto los recursos legalmente procedentes. La que decide los recursos de apelación o de queja contra las providencias interlocutorias, la consulta, la casación, salvo cuando se sustituya la sentencia materia de la misma y la acción de revisión quedan ejecutoriadas el día en que sean suscritas por el funcionario correspondiente (...).” 25 Por medio de la cual se expide el Código Penal Militar, vigente para la época de los hechos investigados. “Articulo 18. Integración, En aquellas materias que no se hallen expresamente reguladas en este código, son aplicables las disposiciones de los códigos penal, procesal penal, civil, procesal civil y de otros ordenamientos, siempre que no se opongan a la naturaleza de este código.” 25 FL 18,C. 1. 212.2 yC.3. rn 2 La Sala le otorga valor a las pruebas documentales presentadas en copia simple, en virtud de lo decidido en sentencia de unificación con radicado No. 25022, del 28 de agosto de 2013.

212.2 yC.3. rn 2 La Sala le otorga valor a las pruebas documentales presentadas en copia simple, en virtud de lo decidido en sentencia de unificación con radicado No. 25022, del 28 de agosto de 2013. 29 Fl 19229 y 90, C. 1. 30 Fl. 19 y 20, C. 1.11

Radicado: 18001233100020090007501 (66644) Demandante: José Vladimir Álviz Chilito y otros vida permanente y singular o que tenían una unión marital de hecho vigente”! y tampoco se allegó prueba alguna que permitiera establecer la calidad de tercera perjudicada en el proceso, ni interés en las resultas del mismo. 4.3. La Nación está legitimada en la causa por pasiva y se encuentra debidamente representada por el Ministerio de Defensa Nacional - Justicia Penal Militar3?, de conformidad con los criterios señalados por la jurisprudencia de esta Sección, pues fue la entidad que impuso medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en contra de José Vladimir Álviz Chilito.

5. Problemas jurídicos Corresponde a la Sala determinar: i) si la medida de aseguramiento cumplió con los presupuestos legales que se exigían para su imposición, o si esta generó un daño antijurídico que el Estado deba resarcir, y li) si el Estado cumplió con los términos procesales para calificar el mérito de la instrucción penal, o si por el contrario, con su incumplimiento, se generó un daño antijurídico que el Estado debe reparar. % Ley 54 de 1990 “Artículo To. A partir de la vigencia de la presente Ley y para todos los efectos

su incumplimiento, se generó un daño antijurídico que el Estado debe reparar. % Ley 54 de 1990 “Artículo To. A partir de la vigencia de la presente Ley y para todos los efectos civiles, se denomina Unión Marital de Hecho, la formada entre un hombre y una mujer, que sin estar casados, hacen una comunidad de vida permanente y singular. Igualmente, y para todos los efectos civiles, se denominan compañero y compañera permanente, al hombre y la mujer que forman parte de la unión marital de hecho”. 32 En el presente caso la Nación está debidamente representada por el Ministerio de DefensaJusticia Penal Militar, toda vez que la Dirección Ejecutiva de la Justicia Penal Militar es una dependencia interna del Ministerio de Defensa Nacional, con autonomía administrativa y financiera (Decreto 1512 de 2000, por el cual se modifica la estructura del Ministerio de Defensa Nacional y se dictan otras disposiciones). Esta Sección ha establecido que “la Rama Ejecutiva - Ministerio de Defensa Nacional es parte del poder público de la misma persona jurídica Nación, es claro que cuando ésta resulta vinculada a un proceso como parte demandada, debe comparecer representada por el funcionario de mayor jerarquía de la Entidad que expidió el acto o produjo el hecho, que en este caso es el Ministro de Defensa, teniendo en cuenta que el hecho causante del daño antijurídico por el cual se reclama fue ocasionado por la jurisdicción especial que constituye la justicia penal militar, la que orgánicamente se ubica dentro de la estructura del Ministerio de Defensa Nacional [...]. [Lja representación de la Nación radica en el Ministro del ramo o en sus delegados, de tal manera que, en asuntos de defensa nacional, aquella radica en el Ministro de la

de Defensa Nacional [...]. [Lja representación de la Nación radica en el Ministro del ramo o en sus delegados, de tal manera que, en asuntos de defensa nacional, aquella radica en el Ministro de la Defensa, [...] pues, al carecer de personería jurídica, el Ejército, la Policía, la Armada, la Fuerza Aérea y, en este caso, la Dirección Ejecutiva de la Justicia Penal Militar, mal puede asumirse que sean instituciones independientes o autónomas respecto de la Nación” (Se resalta). Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 16 de diciembre de 2020, Rad.: 57197. 35 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Auto del 25 de septiembre de 2013, Rad.: 20420.12

Radicado: 18001233100020090007501 (66646) Demandante: josé Vladimir Álviz Chilito y otros

6. Solución de los problemas jurídicos .

Antes de resolver los problemas jurídicos es menester hacer unas consideraciones generales sobre la responsabilidad del Estado, el desarrollo jurisprudencial frente al régimen de responsabilidad por privación injusta de la libertad. 6.1. Consideraciones generales sobre la responsabilidad del Estado El artículo 90 de la Constitución Política de 19913 consagró dos condiciones para declarar la responsabilidad extracontractual del Estado: i) la existencia de un daño antijurídico y 11) la imputación de éste al Estado. El daño antijurídico es la lesión injustificada a un interés protegido por el ordenamiento. En otras palabras, es toda afectación que no está amparada por la ley o el derecho, que contraría el orden legal% o que está desprovista de una

El daño antijurídico es la lesión injustificada a un interés protegido por el ordenamiento. En otras palabras, es toda afectación que no está amparada por la ley o el derecho, que contraría el orden legal% o que está desprovista de una causa que la justifique?”, resultando que se produce, sin derecho, a! contrastar con las normas del ordenamiento y, contra derecho, al lesionar una situación reconocida o protegida, violando de manera