CE - 012331000200900097011SENTENCIA20230517122005

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, diecinueve (19) de abril de dos mil veintitrés (2023).

Consejero ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ Radicación: 23001-23-31-000-2009-00097-01 (55.850)

Demandantes: MIGUEL ANTONIO BLANCO SÁNCHEZ Y OTROS

Demandados: FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y OTRO

Medio de control: REPARACIÓN DIRECTA

Asunto: APELACIÓN DE SENTENCIA – ERROR JUDICIAL

EN PROCESO DE EXTINCIÓN DE DOMINIO

Síntesis del caso: la Fiscalía General de la Nación inició un trámite de extinción de dominio sobre varios bienes de propiedad del señor Raúl Blanco Uribe, los demandantes consideran que no había mérito para iniciar dicho trámite y solicitan la indemnización de perjuicios de la parte demandada . La Sala modifica la sentencia de primera instancia que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía General de la Nación (fls. 780 a 782 cdno. apelación) en contra de la sentencia proferida el 26 de febrero de 2015 por el Tribunal Administrativo de Córdoba (fls. 763 a 778 cdno. apelación) que dispuso:

PRIMERO.- DECLÁRESE probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, propuesta por el apoderado del extinto DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD - DASapelación) que dispuso:

PRIMERO.- DECLÁRESE probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, propuesta por el apoderado del extinto DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD - DASrepresentada procesalmente por la Fiscalía General de la Nación; así mismo, DECLÁRESE no probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, propuesta por la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, conforme lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.

SEGUNDO: DECLÁRESE administrativamente responsable a la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN por los perjuicios causados a los

señores MIGUEL ANTONIO BLANCO SÁNCHEZ , VIRGINIA DEL CARMEN BLANCO NISPERUZA, IVÁN LEONIDAS BLANCO MOLINA y CLAUDIA ROSA BLANCO OSPINO, con ocasión del procedimiento de extinción de dominio iniciado en contra de los bienes del señor RAÚL

BLANCO URIBE (qepd).

TERCERO: CONDÉNESE a la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN a reconocer y pagar a los demandantes antes relacionados, por concepto de PERJUICIOS MORALES, los montos que a continuación se señalan:

DEMANDANTE MONTO MIGUEL ANTONIO BLANCO SÁNCHEZ 100 SMLMVExpediente: 23001-23-31-000-2009-00097-01 (55.850) Actores: Miguel Antonio Blanco Sánchez y otros Reparación directa Apelación sentencia

2

VIRGINIA DEL CARMEN BLANCO NISPERUZA 100 SMLMV

IVÁN LEONIDAS BLANCO MOLINA 100 SMLMV

Reparación directa Apelación sentencia

2

VIRGINIA DEL CARMEN BLANCO NISPERUZA 100 SMLMV

IVÁN LEONIDAS BLANCO MOLINA 100 SMLMV

CLAUDIA ROSA BLANCO OSPINO 100 SMLMV

CUARTO.- CONDÉNESE en abstracto a la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN a reconocer y pagar a los señores MIGUEL ANTONIO BLANCO SÁNCHEZ, VIRGINIA DEL CARMEN BLANCO NISPERUZA, IV ÁN LEONIDAS BLANCO MOLINA y CLAUDIA ROSA BLANCO OSPINO, los perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, por concepto de los frutos dejados de percibir en razón de la actividad agropecuaria de los siguientes predios:

DESCRIPCIÓN DEL PREDIO M.I.

INMUEBLE RURAL DENOMINADO FINCA LA MAR ÍA

CANALETE - CÓRDOBA

140-77266

INMUEBLE RURAL DENOMINADO LA VICTORIA,

UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE QUEBRADA DE

URANGO CANALETE - CÓRDOBA

140-6447

INMUEBLE RURAL DENOMINADO FINCA ANDALUC ÍA,

UBICADA EN EL CORREGIMIENTO DE QUEBRADA DE

URANGO CANALETE - CÓRDOBA

140-62900

INMUEBLES RURALES DENOMINA DOS EL SIGLO,

UBICADOS EN EL CORREGIMIENTO DE SAN ANTERITO

MONTERIA CÓRDOBA

140-77261

INMUEBLE RURAL DENOMINADO LAS FLORES Y EL

SIGLO No. 2, UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE

UBICADOS EN EL CORREGIMIENTO DE SAN ANTERITO

MONTERIA CÓRDOBA

140-77261

INMUEBLE RURAL DENOMINADO LAS FLORES Y EL

SIGLO No. 2, UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE

SAN ANTERITO. MONTERIA -CÓRDOBA

140-40092

INMUEBLE RURAL DENOMINADO KATANGA

MONTERIA - CÓRDOBA

140-70768 140-57740 140-70767 140-50859

INMUEBLE RURAL DENOMINADO FINCA LA

ESPERANZA, UBICADO EN LA VEREDA NUEVO

PARAISO, MONTERIA – CÓRDOBA

140-77263

INMUEBLE RURAL DENOMINADO FINCA LA

CHANGONA, UBICADO EN EL CORREGIMIENTO LAS

CRUCES MONTERIA CÓRDOBA

140-77264

INMUEBLE RURAL DENOMINADO FINCA VILLA ANA No.

1 UBICADO EN EL CORREGIMIENTO SANTA LUCIA

MONTERÍA CÓRDOBA

140-48623

INMUEBLE RURAL DENOMINADO FINCA VILLA ANA No. 2 MONTERIA – CÓRDOBA

140-39194

INMUEBLE DENOMINADO FINCA SAN JOSÉ, ANTES

TRES ESTRELLAS, MONTERIA - CÓRDOBA

140-77226

INMUEBLE DENOMINADO FINCA LOS ANGELES,

MONTERIA CÓRDOBA

140-77269

Para lo anterior, se tendrán en cuenta los parámetros fijados en la parte motiva de esta providencia.

QUINTO: NIÉGUENSE las demás pretensiones de la demanda, conforme lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.

Para lo anterior, se tendrán en cuenta los parámetros fijados en la parte motiva de esta providencia.

QUINTO: NIÉGUENSE las demás pretensiones de la demanda, conforme lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.

SEXTO: La presente sentencia se le dará cumplimiento en los términos de los artículos 176, 177, 178 y 179 del CCA.

SÉPTIMO: Sin costas en esta instancia.Expediente: 23001-23-31-000-2009-00097-01 (55.850) Actores: Miguel Antonio Blanco Sánchez y otros Reparación directa Apelación sentencia

3

OCTAVO: En caso de no ser apelada la presente decisión, remítase el proceso al H. Consejo de Estado a fin que (sic) se surta el Grado Jurisdiccional de Consulta, conforme lo ordena el artículo 184 del CCA.

NOVENO: Ejecutoriada la presente decisión, ENVIAR el expediente al Juzgado de origen, previas las anotaciones de rigor en el libro radicador y en el módulo Registr o de Actuaciones del software Justicia Siglo XXI que se llevan en esta Corporación Judicial. ” (fls. 776 vlto. a 778 cdno. apelación – negrillas y mayúsculas fijas del original).

I. ANTECEDENTES

1. Demandas acumuladas

1.1 Expediente 23-001-23-31-000-2009-00097

1. Mediante escrito radicado el 22 de mayo de 2009 (fl. 1 cdno. ppal. expediente

2009-00097), los señores Miguel Antonio Blanco Sánchez, Iván Leonidas Blanco

1. Mediante escrito radicado el 22 de mayo de 2009 (fl. 1 cdno. ppal. expediente 2009-00097), los señores Miguel Antonio Blanco Sánchez, Iván Leonidas Blanco Molina y Virginia del Carmen Blanco Nisperuza , por intermedio de apoderado judicial, promovieron demanda de reparación directa consagrada en el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo en contra del Departamento Administrativo de Seguridad - DASy la Fiscalía General de la Nación (fls. 1 a 20 cdno. ppal. expediente 2009-00097) con las siguientes súplicas:

“PRIMERA. Declarar administrativamente responsable al DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD (DAS) Y A LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN por el daño antijur ídico causado a mis poderdantes MIGUEL ANTONIO BLANCO SÁNCHEZ, IV ÁN LEONIDAS BLANCO MOLINA Y VIRGINIA DEL CARMEN BLANCO NISPERUZA y consecuentemente declarar que ese daño antijurídico causó perjuicios materiales, morales y de relación, por defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, falla o falta del servicio o de la administración en razón de haberse adelantado una acción de extinción de dominio, la consiguiente ocupación e incautación de sus bienes sin haberle hecho inventario, las medidas cautelares de embargo practicadas sobre los mismos, ordenadas jurídicamente por la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN y hecha materialmente efectiva el día 25 de julio de 2007 (sic) por la fuerza pública, bienes de propiedad de mis mandantes, teniendo como fundamento para afectar dichos bienes,

GENERAL DE LA NACIÓN y hecha materialmente efectiva el día 25 de julio de 2007 (sic) por la fuerza pública, bienes de propiedad de mis mandantes, teniendo como fundamento para afectar dichos bienes, decisión de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN por intermedio del Fiscal delegado en la que sostuvo que el padre de mis poderdantes RAÚL BLANCO URIBE (Q.E.P.D.), fue miembro activo del EJÉRCITO POPULAR DE LIBERACIÓN -EPLorganización subversiva al margen de la ley, y que por esta situación concreta, incrementó su patrimonio de manera no justificada, plasmada en las actuaciones de los entes demandados.Expediente: 23001-23-31-000-2009-00097-01 (55.850) Actores: Miguel Antonio Blanco Sánchez y otros Reparación directa Apelación sentencia

4

SEGUNDA: Que por haberse demostrado en el mismo proceso de extinción del derecho de dominio, que el padre de mis poderdantes RAÚL BLANCO URIBE y sus hijos, los aquí demandantes MIGUEL BLANCO SÁNCHEZ, IVÁN LEONIDAS BLANCO MOLINA Y VIRGINIA BLANCO NISPERUZA nada tienen que ver con grupos al margen de la Ley y menos ser miembros o militantes activo del EJÉRCITO POPU LAR DE

LIBERACIÓN -EPLla Nación colombiana DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD DAS – Y LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN deben ser CONDENADAS y como reparación POR EL DAÑO ANTIJURÍDICO causado está obligada a pagar a los actores, o a quien represente legalmente sus derechos, los perjuicios de orden

DE LA NACIÓN deben ser CONDENADAS y como reparación POR EL DAÑO ANTIJURÍDICO causado está obligada a pagar a los actores, o a quien represente legalmente sus derechos, los perjuicios de orden material y moral, subjetivos y objetivos, actuales y futuros, los cuales se estiman como mínimo en la suma DIEZ MIL MILLONES DE PESOS $10.000.000.000, sin que ello implique limitación a la condena que se produzca en este proceso.

TERCERO: La suma de dinero que aquí se tasa como perjuicios causados será actualizada de conformidad con lo previsto en el artículo 178 del CCA, aplicando en la liquidación la variación promedio mensual del índice de precios al consumidor, desde la fecha de ocurrenci a de los hechos hasta la de ejecutoria del correspondiente fallo definitivo.

CUARTA: La parte demandada dará cumplimiento a la sentencia, en los términos de los artículos 176 y 177 del CCA. ” (fl. 2 a 3 cdno. ppal. - negrillas y mayúsculas sostenidas del original).

1. La referida demanda dio origen al expediente con radicación número 23-001-2331-000-2009-00097 (fl. 306 cdno. ppal. expediente 2009-00097).

1.2 Expediente 23-001-23-31-000-2009-00143

1. El 31 de julio de 2009 (fl. 1 cdno. ppal. expediente 2009-00143), en ejercicio también de la acción de reparación directa y con base en los mismos hechos, la actora Claudia Rosa Blanco Ospino por intermedio de apoderado demandó a las

también de la acción de reparación directa y con base en los mismos hechos, la actora Claudia Rosa Blanco Ospino por intermedio de apoderado demandó a las mismas entidades (fls. 1 a 13 cdno. ppal. expediente 2009-00143) con las siguientes pretensiones:

“PRIMERA. Declarar administrativamente responsable al DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD (DAS) Y A LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN por el daño antijuridico causado a mi poderdante CLAUDIA ROSA BLANCO OSPINO consecuentemente (sic) declarar que ese daño antijurídico causó perjuicios materiales, morales y de relación, por defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, falla o falta del servicio o de la administración en razón de haberse adelantado una acción de extinción de dominio, la consiguiente ocupación e incautación de sus bienes sin haberle hecho inventario, las medidas cautelares de embargo practicadas sobre los mismos, ordenadas jurídicamente por la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN yExpediente: 23001-23-31-000-2009-00097-01 (55.850) Actores: Miguel Antonio Blanco Sánchez y otros Reparación directa Apelación sentencia

5 hecha materialmente efectiva el día 25 de julio de 2007 (sic) por la fuerza pública, bienes de propiedad de mi mandante, teniendo como fundamento para afectar dichos bienes, decisión de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN por intermedio del Fiscal delegado en la qu e sostuvo que el padre de mi poderdante RAÚL BLANCO URIBE (Q.E.P.D.), fue miembro

para afectar dichos bienes, decisión de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN por intermedio del Fiscal delegado en la qu e sostuvo que el padre de mi poderdante RAÚL BLANCO URIBE (Q.E.P.D.), fue miembro activo del EJÉRCITO POPULAR DE LIBERACIÓN -EPLorganización subversiva al margen de la ley, y que por esta situación concreta, incrementó su patrimonio de manera no justific ada, plasmada en las actuaciones de los entes demandados.

SEGUNDA: Que por haberse demostrado en el mismo proceso que se adelantó para extinguirle el dominio, que el padre de mi poderdante RAÚL BLANCO URIBE y su hija CLAUDIA ROSA BLANCO OSPINO nada tiene

(sic) que ver con grupos al margen de la Ley y menos ser miembro o militante activo del EJÉRCITO POPULAR DE LIBERACIÓN -EPLla Nación colombiana DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD DAS – Y LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN deben ser CONDENADAS y como reparación POR EL DAÑO ANTIJURÍDICO causado está obligada a pagar a los actores, o a quien represente legalmente sus derechos, los perjuicios de orden material y moral, subjetivos y objetivos, actuales y futuros, los cuales se estiman como mínimo en la su ma CUATRO MIL MILLONES DE PESOS $4.000.000.000, sin que ello implique limitación a la condena que se produzca en este proceso.

TERCERO: La suma de dinero que aquí se tasa como perjuicios causados será actualizada de conformidad con lo previsto en el artículo 178 del CCA, aplicando en la liquidación la variación promedio mensual

produzca en este proceso.

TERCERO: La suma de dinero que aquí se tasa como perjuicios causados será actualizada de conformidad con lo previsto en el artículo 178 del CCA, aplicando en la liquidación la variación promedio mensual del índice de precios al consumidor, desde la fecha de ocurrenci a de los hechos hasta la de ejecutoria del correspondiente fallo definitivo.

CUARTA: La parte demandada dará cumplimiento a la sentencia, en los términos de los artículos 176 y 177 del CCA. ” (fl. 1 a 2 cdno. ppal. - negrillas y mayúsculas sostenidas del original).

1. Esta demanda dio nacimiento al expediente número 23-001-23-31-000-200900143 (fl. 282 cdno. ppal.).

2. Hechos

Como fundamento fáctico de las dos demandas se narró, en síntesis, lo siguiente:

1. El Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), en diferentes informes dirigidos a la Fiscalía General de la Nación señaló que , a partir de los testimonios de varios desmovilizados de la guerrilla del EPL, se podía concluir que en la década de 1990 el señor Raúl Blanco Uribe tuvo un incremento inj ustificado en su patrimonio, lo cual se encontraba relacionado con las actividades que desarrolló para el grupo subversivo.Expediente: 23001-23-31-000-2009-00097-01 (55.850) Actores: Miguel Antonio Blanco Sánchez y otros Reparación directa Apelación sentencia

6

1. El 23 de julio de 2002 , la Fiscalía Diecisiete Especializada de Bogotá

Actores: Miguel Antonio Blanco Sánchez y otros Reparación directa Apelación sentencia

6

1. El 23 de julio de 2002 , la Fiscalía Diecisiete Especializada de Bogotá perteneciente a la Unidad de Extinción de Dominio dispuso l a apertura del trámite de extinción de dominio sobre distintas propiedades registradas a nombre de Raúl Blanco Uribe , con la consecuente orden de incautación y suspensión del poder dispositivo sobre aquellos bienes , la cual fue inscrita ante las correspondientes oficinas de registro de instrumentos públicos.

1. Los bienes objeto de las medidas cautelares fueron materialmente ocupados el 25 de julio de 2002.

1. Luego de afrontar un “extenso y debilitante proceso judicial” (fl. 5 cdno. ppal. expediente 2009 -0097), el Juzgado Quinto Especializado de Descongestión de Bogotá en providencia de 13 de febrero de 2007 declaró la improcedencia de la extinción de derecho de dominio “por cuanto la persona que sindicaban era totalmente diferente al señor Raúl Blanco Uribe” (fl. 5 cdno. ppal. expediente 20090097) pues, sus características morfológicas e identidad cultural no concordaban con la persona que señalaron los reinsertados del EPL . Esta decisión fue confirmada por la Sala Penal de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá en proveído del 25 de mayo de 2007.

1. Se demostró fehacientemente que ni Raúl Blanco Uribe ni sus hijos “fueron activistas, militantes, combatientes o testaferros” (fl. 5 cdno. ppal. expediente 20095) Se demostró fehacientemente que ni Raúl Blanco Uribe ni sus hijos “fueron activistas, militantes, combatientes o testaferros” (fl. 5 cdno. ppal. expediente 20090097) del EPL , aspecto que fue expresado en la providencia que declaró la improcedencia de la acción de extinción de dominio.

1. Los bienes objeto de las medidas cautelares adoptadas en el proceso de extinción de dominio permanecieron por fuera del comercio por un periodo de cuatro (4) años, cinco (5) meses y diez (10) días, además, fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación y el Consejo Nacional de Estupefacientes los administró “en poder de secuestres, depositarios y auxiliares de la j usticia” (fl. 5 cdno. ppal. expediente 2009 -0097) sin que los demandantes dispusieran de estos bienes o los administraran , así como tampoco recibieron ningún ingreso por su usufructo cuando estuvieron a disposición del Estado.Expediente: 23001-23-31-000-2009-00097-01 (55.850) Actores: Miguel Antonio Blanco Sánchez y otros Reparación directa Apelación sentencia

7 7) Las entidades demandadas incurrieron en una “falla del servicio” pues, i) la acción de extinción del derecho de dominio carecía de fundamento debido a que el señor Raúl Blanco Uribe y sus hijos no tenían ninguna relación con la guerrilla del EPL y, ii) en el momento de “la ocupación por parte de la fuerza pública y la Fiscalía General de la Nación no se levantó el acta de inventario de los bienes ocupados omitiendo

Raúl Blanco Uribe y sus hijos no tenían ninguna relación con la guerrilla del EPL y, ii) en el momento de “la ocupación por parte de la fuerza pública y la Fiscalía General de la Nación no se levantó el acta de inventario de los bienes ocupados omitiendo lo dispuesto en el artículo 2 del Decreto 1893 de 1989” (fls. 6 y 9 expedientes 200900143 y 2009-00097 respectivamente).

1. Tanto el señor Raúl Blanco Uribe (fallecido) como sus hijos vieron vulnerado su derecho al buen nombre porque, sin razón alguna , fueron señalados como partícipes de las actividades desarrolladas por el EPL; además, el trámite de extinción de dominio les ionó su patrimonio económico porque i) los demandantes se vieron obligados a contratar servicios profesionales de abogados para su defensa en el referido proceso; ii) debieron destinar recursos propios para sufragar los costos de desplazamiento, alojamiento y alimentación en la ciudad de Bogotá y, iii) afrontaron pérdidas por razón a) del saqueo de ganado vacuno de las fincas que fueron incautadas y embargadas, en concreto se perdieron 1.280 reses de las fincas de propiedad de los demandantes Migu el Antonio Blanco Sánchez, Iván Leonidas Blanco Molina y Virginia del Carmen Blanco Nisperuza (expediente 2009-00097) y 1.200 cabezas de ganado de las fincas de propiedad de la señora Claudia Rosa Blanco (expediente 2009 -00143), b) del deterioro que sufrie ron los bienes inmuebles, c) dejaron de percibir los frutos civiles y naturales de estas propiedades y, d) se vieron obligados a no realizar ninguna transacción sobre los aludidos bienes

inmuebles, c) dejaron de percibir los frutos civiles y naturales de estas propiedades y, d) se vieron obligados a no realizar ninguna transacción sobre los aludidos bienes pese a que antes del proceso de extinción ofrecieron varios en venta.

3. Contestación de las entidades demandadas

1. En escritos presentados el 11 de agosto de 2009 (fls. 326 a 332 expediente 200900097) y el 16 de diciembre de 2009 (fls. 296 a 302 expediente 2009 -00143), el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) se opuso a las pretensiones de las demandas con fundamento en las siguientes razones:

a) Se limitó a presentar el informe número 016 de 29 de febrero de 2000, en el cual “se señaló la presunta procedencia ilícita de los bienes de propiedad del señorExpediente: 23001-23-31-000-2009-00097-01 (55.850) Actores: Miguel Antonio Blanco Sánchez y otros Reparación directa Apelación sentencia

8 RAÚL BLANCO URIBE” (fl. 298 cdno. ppal. expediente 2009 -00143 y fl. 328 cdno. ppal. expediente 2009-00097).

b) El citado documento carece de valor probatorio, por ello la Fiscalía General de la Nación dispuso la práctica de pruebas que “analizadas en conjunto le brindaron la certeza con respecto al presunto enriquecimiento ilícito en que pudo haber incurrido el ciudadano Blanco Uribe” (fl. 29 9 cdno. ppal. expediente 2009 -00143 y fl. 32 9 cdno. ppal. expediente 2009 -00097), lo cual dio paso al trámite de extinción de

el ciudadano Blanco Uribe” (fl. 29 9 cdno. ppal. expediente 2009 -00143 y fl. 32 9 cdno. ppal. expediente 2009 -00097), lo cual dio paso al trámite de extinción de dominio y a la adopción de la “medida precautelativa de incautación” de los bienes de propiedad de los demandantes, en consecuencia, de existir responsabilidad esta recaería en la fiscalía y no en el DAS de quien se debe predicar la “falta de legitimación en la causa por pasiva”.

1. La Fiscalía General de la Nación contestó las demandas en escritos del 12 de enero de 2010 y 21 de agosto de 2009 (fls. 308 a 315 cdno. ppal. expediente 200900143 y fls. 342 a 350 cdno. ppal. expediente 2009 -00097), en los cuales expuso

los siguientes argumentos de defensa:

a) En cumplimiento de la Ley 793 de 2002 y con ocasión de la información suministrada por el DAS y las declaraciones de los reinsertados del EPL que señalaban al señor Raúl Blanco Uribe como un testaferro de dicha guerrilla, estaba obligada a iniciar la acción de extinción de dominio y adoptar las medidas cautelares pertinentes sobre los bienes objeto de extinción, los cuales debían dejarse en administración de la Dirección Nacional de Estupefacientes.

b) No existió una falla en el servicio pues, el inicio del trámite de extinción de dominio se adecuó a la ley y en ningún momento los testigos se retractaron, cosa diferente es que cuando avanzó el proceso la prueba recopilada demostró que “se trataba de

b) No existió una falla en el servicio pues, el inicio del trámite de extinción de dominio se adecuó a la ley y en ningún momento los testigos se retractaron, cosa diferente es que cuando avanzó el proceso la prueba recopilada demostró que “se trataba de otra persona la señalada por los reinsertados, diferente del señor Blanco Uribe ” (fl. 312 expediente 2009 -00143 y fl. 346 expediente 2009 -00097), de allí a que se declarara la improcedencia de la acción de extinción de dominio.

c) Deben prosperar las excep ciones de i) “falta de legitimación en la causa por pasiva”, porque en caso de existir una falla esta no es imputable a la FiscalíaExpediente: 23001-23-31-000-2009-00097-01 (55.850) Actores: Miguel Antonio Blanco Sánchez y otros Reparación directa Apelación sentencia

9 General de la Nación ; ii) “hecho de un tercero” pues, la verdadera causa determinante del daño sufrido por los demandantes fue la versión ofrecida por los reinsertados del EPL en sus declaraciones y, iii) “culpa de la víctima” , debido a la ausencia de soportes contables del señor Raúl Blanco Uribe para demostrar que el incremento en su patrimonio era justificado.

4. Trámite relevante en primera instancia

1. La Fiscalía General de la Nación , en ambos procesos , solicitó la citación de la Dirección Nacional de Estupefacientes como “litisconsorte necesario, llamado en garantía y denunciado en el pleito ” (fl. 349 cdno. ppal. expediente 209 -0097 y fl.

Dirección Nacional de Estupefacientes como “litisconsorte necesario, llamado en garantía y denunciado en el pleito ” (fl. 349 cdno. ppal. expediente 209 -0097 y fl. 2009-00143 cdno. ppal. expediente 2009 -00097), petición que fue negada por el tribunal de primera instancia en autos de 24 de septiembre de 2009 (fls. 356 a 361 cdno. ppal. expediente 2009 -00097) y 13 de mayo de 2010 (fls. 336 a 341 expediente 2009-00143).

1. El tribunal de primera instancia mediante auto del 11 de marzo de 2010 decretó la acumulación de l proceso con radicación 23 -001-23-31-000-2009-00143 al proceso con radicación número 23-001-23-31-000-2009-00097 (fls. 529 a 530 cdno. ppal. 2 expediente 2009-0097).

5. Sentencia de primera instancia

El Tribunal Administrativo de Córdoba, en providencia de l 26 de febrero de 2015 declaró probada la excepción de “falta de legitimación en la causa por pasiva del Departamento Administrativo de Seguridad DAS ” y, declaró patrimonialmente responsable a la Fiscalía General de la Nación por los perjuicios causados a los demandantes “con ocasión de l procedimiento de extinción de dominio iniciado en contra de los bienes del señor Raúl Blanco Uribe” (fls. 763 a 778 cdno. apelación), en consecuencia, condenó a la entidad a pagar a los aquí actores por concepto de perjuicios morales las sumas de dinero indicadas al inicio de esta providencia, al

en consecuencia, condenó a la entidad a pagar a los aquí actores por concepto de perjuicios morales las sumas de dinero indicadas al inicio de esta providencia, al tiempo que condenó en abstracto por el perjuicio material por concepto de lucroExpediente: 23001-23-31-000-2009-00097-01 (55.850) Actores: Miguel Antonio Blanco Sánchez y otros Reparación directa Apelación sentencia

10 cesante1.

Como argumentos de su decisión, el a quo expuso lo siguiente:

1. La Unidad Nacional para la Extinción del Derecho de Dominio y contra el Lavado de Activos de la Fiscalía General de la Nación inició en contra del señor Raúl Blanco Uribe un trámite de extinción del derecho de dominio con fundamento en un informe contable presentado por el DAS y las declaraciones de varios exmilitantes del grupo subversivo EPL que lo identificaban como testaferro de la guerrilla , como consecuencia de dicha decisión se dispuso la suspensión del poder dispositivo sobre los bienes inmuebles de propiedad de aquel.

1. A partir de la ampliación de las declaraciones de los exguerrilleros se advirtió “que existió un error en la persona, dado que, quien fue señalado como presunto testaferro del EPL no coincidía con el señor Raúl Blanco Uribe” (fl. 770 vlto. cdno. apelación), por lo cual se declaró la nulidad de todo lo actuado y se dio inicio a un nuevo trámite de extinción de dominio, “esta vez con sustento en el informe contable, cuyas conclusiones informaban que había un incremento injustificado y

apelación), por lo cual se declaró la nulidad de todo lo actuado y se dio inicio a un nuevo trámite de extinción de dominio, “esta vez con sustento en el informe contable, cuyas conclusiones informaban que había un incremento injustificado y considerable de la fortuna del mentado señor Raúl Blanco Uribe” (fl. 770 vlto. cdno. apelación).

1. El ente instructor no demostró que los bienes adquiridos por el señor Raúl Blanco Uribe y que luego fueron heredados por los aquí demandantes fueron adquiridos a través de medios ilícitos, por esta razón e l Juzgado Quinto Especializado de Descongestión de Bogotá declaró la improcedencia de la acción y ordenó la entrega de los bienes ocupados a sus propietarios.

1. A la Fiscalía General de la Nación le asiste responsabilidad patrimonial “en la medida en que fue quien resolvió dar inicio al trámite de extinción de dominio contra el señor Raúl Blanco Uribe ” (fl. 770 vlto. cdno . apelación) el cual fue declarado improcedente, aspecto que difiere del DAS, de quien declaró la falta de legitimación en la causa por pasiva pues, no intervino en la orden de inicio del aludido trámite.

1 La indemnización por concepto de daño emergente fue negada debido a que no se demostró la existencia del perjuicio.Expediente: 23001-23-31-000-2009-00097-01 (55.850) Actores: Miguel Antonio Blanco Sánchez y otros Reparación directa Apelación sentencia

11 5) “El hecho de verse involucrados en un procedimiento de extinción de dominio, no

Actores: Miguel Antonio Blanco Sánchez y otros Reparación directa Apelación sentencia

11 5) “El hecho de verse involucrados en un procedimiento de extinción de dominio, no solo con el estigma social que se genera al surgir duda respecto de la procedencia de los bienes, aún cuand o estos fueron recibidos por herencia, sino además, el hecho de soportar la medidas cautelares sobre los mismos” (fls. 771 vlto. cdno. apelación) causó en los demandantes un perjuicio moral que debe ser resarcido.

1. La indemnización por concepto de lucro ce sante procede solo respecto de aquellos bienes que en el momento de su incautación tenían aptitud productiva con cultivos de pasto para ganadería, cultivos varios y frutales pues, con ocasión de la incautación los aquí demandantes no pudieron explotarlos; sin embargo, por no existir una prueba idónea que permitiera cuantificar el valor del perjuicio condenó en abstracto.

6. Recurso de apelación

El 19 de marzo de 2015 , la Fiscalía General de la Nación interpuso recurso de apelación (fls. 780 a 782 cdno. apelación) y solicitó la revocatoria de la sentencia de primera instancia por estimar que i) no existió una falla en el servicio , porque la actuación de la fiscalía instructora en el trámite del proceso de extinción de dominio se ajustó a las normas proced imentales de la época y, ii) tampoco se configuró un error judicial, ya que no existió una actuación o decisión abiertamente contraria a derecho por parte de los fiscales que conocieron del proceso.

7. Actuación surtida en segunda instancia

error judicial, ya que no existió una actuación o decisión abiertamente contraria a derecho por parte de los fiscales que conocieron del proceso.

7. Actuación surtida en segunda instancia

Por auto del 11 de marzo de 2016 se admitió el recurso de apelación (fl. 802 cdno. apelación) y el 3 de junio de 2016 (fl. 804 cdno. apelación) se corrió traslado a las partes para que presentaran los alegatos de conclusión por el término común de diez (10) días y, por el mismo lapso , al Mi