CE - 012331000200900254011SENTENCIA20230606090415

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Consejera ponente: MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

Bogotá D.C., veintitrés (23) de mayo de dos mil veintitrés (2023) Radicación número: 05001-23-31-000-2009-00254-01 (52119)

Actor: DAIRO ALEXANDER HERNÁNDEZ HOLGUÍN Y OTROS

Demandado: NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y OTRO

Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA

Temas: DAÑOS CAUSADOS POR LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD - no se configuró – la medida restrictiva de la libertad estuvo ajustada a derecho / REVOCATORIA DE MEDIDA DE ASEGURAMIENTOPor sí misma no implica la existencia de una falla del servicio.

La Sala procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía General de la Nación y por la parte demandante contra la sentencia del 15 de julio de 201 3, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante la cual accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

Se demanda por la supuesta privación injusta de la libertad a la que fue sometido el señor Dairo Alexander Hernández Holguín, en el marco de la investigación penal adelantada en su contra por el delito de acceso carnal violento.

II. A N T E C E D E N T E S

1. La demanda

el señor Dairo Alexander Hernández Holguín, en el marco de la investigación penal adelantada en su contra por el delito de acceso carnal violento.

II. A N T E C E D E N T E S

1. La demanda

El 13 de diciembre de 2006, el señor Dairo Alexander Hernández Holguín y otros, por conducto de apoderado judicial, interpusieron demanda en ejercicio de la acción de reparación directa en contra de la Nación - Fiscalía General de la Nación y de la Policía Nacional, con el fin de que se le s declarara patrimonialmente responsables por los perjuicios ocasionados con la privación injusta de la libertad de la cual habría sido víctima el mencionado señor1.

En síntesis, los hechos narrados fueron los siguientes:

1 Folios 5 a 18 del cuaderno 1.Radicación: 05001-23-31-000-2009-00254-01 (52.119) Actor: Dairo Alexander Hernández Holguín y otros Demandado: Nación – Fiscalía General de la N ación y otro Referencia: Acción de reparación directa 2 El 29 de marzo de 200 3, el señor Dairo Alexander Hernández Holguín fue capturado en flagrancia por supuestamente haber cometido el delito de acceso carnal violento contra una menor a la cual transportaba en su vehículo de servicio público y debido a las sindicaciones presentadas por ella en ese momento.

El señor Hernández Holguín fue escuchado en diligencia de indagatoria, en la que dijo haberse enterado de que en el vehículo en el cual supuestamente cometió el delito en contra de la menor había un arma con la cual amenazó a los policías que lo capturaron.

dijo haberse enterado de que en el vehículo en el cual supuestamente cometió el delito en contra de la menor había un arma con la cual amenazó a los policías que lo capturaron.

La Fiscalía 56 Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Bello le impuso medida de aseguramiento consistente en detención preventiva , sin beneficio de excarcelación. El 19 de mayo de 2003 , la Fiscalía 4 Delegada ante el Tribunal Superior de Antioquia revocó la medida de aseguramiento y ordenó la libertad provisional del imputado. El 29 de diciembre de 2004 se decretó la preclusión de la investigación en su favor.

A juicio de la parte acto ra, la detención del señor Hernández Holguín fue injusta, porque los policías que lo capturaron trataron de extorsionarlo, pero, como no tenía el dinero, obligaron a la joven que estaba transportando a que lo denunciara por la supuesta comisión del delito en mención, lo cual, en su criterio, demuestra una arbitrariedad por parte de la Policía Nacional ; en relación con la Fiscalía General de la Nación, en la demanda se indicó que n o contaba con las pruebas suficientes para imponerle medida de aseguramiento , pues solo se basó en informes rendidos por los agentes de la policía , los cuales contenían contradicciones, situación que advirtió tal entidad en sede de segunda instancia.

2. Contestación de la demanda

2.1. La Fiscalía General de la Nación solicitó que se negaran las pretensiones de la demanda, porque la investigación penal y la medida impuesta al demandante se ajustaron a la ley; además, sostuvo que fueron l os agente s de la Policía

2.1. La Fiscalía General de la Nación solicitó que se negaran las pretensiones de la demanda, porque la investigación penal y la medida impuesta al demandante se ajustaron a la ley; además, sostuvo que fueron l os agente s de la Policía Nacional los que elaboraron un informe contradictorio que sirvió de base para la imposición de la medida de aseguramiento2.

2.2. La Policía Nacional propuso la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, dado que los hechos demandados se originaron en una actuación de la Fiscalía General de la Nación , porque l os agentes de la entidad se limitaron a

2 Fls. 68 a 74 del cuaderno 1.Radicación: 05001-23-31-000-2009-00254-01 (52.119) Actor: Dairo Alexander Hernández Holguín y otros Demandado: Nación – Fiscalía General de la N ación y otro Referencia: Acción de reparación directa 3 dejar a disposición de la autoridad competente a una persona que fue sorprendida en flagrancia3.

3. La sentencia de primera instancia

El a quo, mediante sentencia del 15 de julio de 2013, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

Declaró responsable a la Fiscalía General de la Nación, bajo el título subjetivo de la falla del servicio, dado que la entidad carecía de pruebas para la imposición de la medida de aseguramiento, situación que quedó en eviden cia con la revocatoria de esa decisión y con la resolución de preclusión que se dictó en favor del aquí actor.

Absolvió de responsabilidad a la Policía Nacional, porque sus agentes actuaron en cumplimiento de las funciones propias de su cargo, en tanto qu e, después de

esa decisión y con la resolución de preclusión que se dictó en favor del aquí actor.

Absolvió de responsabilidad a la Policía Nacional, porque sus agentes actuaron en cumplimiento de las funciones propias de su cargo, en tanto qu e, después de capturar al ahora demandante, se puso a disposición de la Fiscalía, entidad que fue la que con su actuación lo privó injustamente de su libertad.

El fundamento de la decisión del Tribunal será plasmado en la parte considerativa de la presente providencia4.

4. El recurso de apelación

4.1. La parte demandante 5 alegó que la Policía Nacional debió ser declarada responsable, porque sus agentes “arbitrariamente [lo] colocaron a disposición de la Fiscalía”, lo cual, a su juicio, quedó demostrado en el proceso, concretamente con el informe que los agentes rindieron, en el cual se plasmó que al actor se le encontró un “arma bélica”, pero en el proceso penal se acreditó que era de juguete; además, señaló que debió aplicarse el régimen objetivo de responsabilidad.

Adicionalmente, cuestionó el monto reconocido por cada uno de los perjuicios y solicitó su incremento.

4.2. La Fiscalía General de la Nación 6 solicitó la revocatoria de la sentencia, porque la medida de aseguramiento consistente en detenci ón preventiva estuvo fundamentada en serios elementos probatorios y que, si bien aquella fue revocada en segunda instancia, de esa situación no podía predicarse la responsabilidad de

3 Fls. 57 a 59 del cuaderno 1. 4 Fls. 241 a 283 del cuaderno del Consejo de Estado. 5 Fls. 285 a 304 del cuaderno del Consejo de Estado.

3 Fls. 57 a 59 del cuaderno 1. 4 Fls. 241 a 283 del cuaderno del Consejo de Estado. 5 Fls. 285 a 304 del cuaderno del Consejo de Estado. 6 Folios 307 a 324 del cuaderno del Consejo de Estado.Radicación: 05001-23-31-000-2009-00254-01 (52.119) Actor: Dairo Alexander Hernández Holguín y otros Demandado: Nación – Fiscalía General de la N ación y otro Referencia: Acción de reparación directa 4 tal entidad, dado que la revocatoria obedeció al “ manto de duda ” sobre la participación del aquí demandante en el delito investigado.

Los argumentos específicos de las impugnacion es serán abordados en las consideraciones de esta providencia.

5. El Ministerio Público guardó silencio en el trámite de la segunda instancia.

III. C O N S I D E R A C I O N E S

Como no se advierte la configuración de causal de nulidad alguna que invalide lo actuado, la Sala7 procede a resolver los recursos de apelación interpuestos por las partes contra la sentencia de primera instancia.

Adicionalmente, se evidencia el cumplimiento de los presupuestos procesales: competencia, oportunidad de la acción y legitimación en la causa.

1. El objeto del recurso de apelación y el esquema que se propone para resolver el asunto

De acuerdo con los reparos co ncretos de la apelación, la Sala determinará (i) si la medida de aseguramiento consistente en detención preventiva impuesta por la Fiscalía General de la Nación a l actor estuvo ajustada a derecho y (ii) si, con las

De acuerdo con los reparos co ncretos de la apelación, la Sala determinará (i) si la medida de aseguramiento consistente en detención preventiva impuesta por la Fiscalía General de la Nación a l actor estuvo ajustada a derecho y (ii) si, con las pruebas allegadas al proceso, se encuentran acreditadas las actuaciones arbitrarias de la Policía Nacional.

En caso de confirmarse la responsabilidad declarada en primera instancia, la Sala analizará el recurso de apelación de la parte actora.

2. Caso concreto

2.1. Sobre la medida de aseguramiento impuesta por la Fiscalía General de la Nación

El a quo fundó la declaratoria de responsabilidad en el régimen subjetivo y examinó la legalidad de la medida de aseguramiento, para concluir que carecía de fundamentos probatorios, al punto de que no se estructuraron los dos indicios necesarios para ordenar la detención preventiva.

La Fiscalía en su recurso señaló que aquella se profirió de conform idad con lo dispuesto en la Ley 600 de 2000, pues contaba con serios indicios, entre ellos el

7 Mediante auto del 20 de enero de 2023, la ponente de esta providencia avocó el conocimiento del asunto de la referencia con fines de descongestión, de acuerdo con lo di spuesto por la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado en el Acuerdo No. 303 de 12 de diciembre de 2022.Radicación: 05001-23-31-000-2009-00254-01 (52.119) Actor: Dairo Alexander Hernández Holguín y otros Demandado: Nación – Fiscalía General de la N ación y otro Referencia: Acción de reparación directa 5

Actor: Dairo Alexander Hernández Holguín y otros Demandado: Nación – Fiscalía General de la N ación y otro Referencia: Acción de reparación directa 5 informe presentado por la Policía Nacional y la denuncia de la supuesta víctima, que involucraba al ahora demandante con la posible comisión del delito de acceso carnal violento, por tanto, el hecho de que hubiera sido absuelto por que había “un manto de duda”, no traía como consecuencia la responsabilidad de la entidad.

Con el fin resolver este cargo de la apelación, la Sala se referirá al régimen aplicable a los asuntos en los que se alega una privación injusta de la libertad y luego hará alusión a los hechos probados:

2.1.1. La Corte Constitucional, mediante sentencia C -037 de 1996 8, analizó la constitucionalidad, entre otros, del artículo 68 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia y manifestó que, en los casos de privación injusta de la libertad, no era dable la reparación automática de los perjuicios, sino que el juez debía examinar la actuación que dio lugar a la medida restrictiva para determinar si existían o no méritos para proferir una decisión en ese sentido.

A través de sentencia de unificaci ón del 17 de octubre de 2013 9, la Sección Tercera de esta Corporación, con fundamento en los supuestos consagrados en el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991, acogió un régimen de responsabilidad objetivo en los casos de privación de la libertad cuando el sindicado era absuelto porque (i) no cometió el delito; (ii) el hecho no existió; (iii) la conducta por la cual

objetivo en los casos de privación de la libertad cuando el sindicado era absuelto porque (i) no cometió el delito; (ii) el hecho no existió; (iii) la conducta por la cual fue detenido no es típica, providencia en la que, además, se agregó el supuesto (iv) de aquellos casos en los cuales se concedía la libertad po r aplicación del principio in dubio pro reo , pese a que este último evento no estaba previsto en la norma mencionada.

Posteriormente, la Corte Constitucional dictó la sentencia SU -072 de 2018 10, a través de la cual precisó que ningún cuerpo normativo -a saber, ni el artículo 90 de la Constitución Política, ni el artículo 68 de la Ley 270 de 1996, ni la sentencia C037 de 1996estableció un régimen de responsabilidad específico aplicable en los eventos de privación de l a libertad, por lo que al operador jud icial le corresponde determinar si la privación fue apropiada, razonable y proporcionada.

8 Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia C -037 del 5 de febrero de 1996 , M.P: Vladimiro Naranjo Mesa, exp: PE-008. 9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia de unificación del 17 de octubre de 2013. C.P. Mauricio Fajardo Gómez, ex pediente: 23.354. 10 Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia SU -072 del 5 de julio de 2018, M.P: José Fernando

Reyes Cuartas, exps: T-6.304.188 y T-6.390.556.Radicación: 05001-23-31-000-2009-00254-01 (52.119) Actor: Dairo Alexander Hernández Holguín y otros Demandado: Nación – Fiscalía General de la N ación y otro Referencia: Acción de reparación directa 6 A su vez, mediante sentencia del 15 de agosto de 2018 11, la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado unificó su cr iterio frente a este tipo de casos; sin embargo, dicha providencia quedo sin efectos vía tutela 12, por lo que el 6 de agosto de 2020 se profirió el correspondiente fallo de reemplazo 13, este último que, si bien no se adoptó como determinación de unificación, recogió la más reciente jurisprudenci a sobre la materia, particularmente la definida por la Corte Constitucional, en la sentencia C -037 de 1996 14, en la que se sostuvo que en los casos de privación injusta de la libertad debía examinarse la actuación que dio lugar a la medida restrictiva de es te derecho fundamental, pues, en su criterio, no resulta viable la reparación automática de los perjuicios en dichos eventos.

Contextualizado el panorama jurisprudencial, la Subsección considera pertinente aclarar que, en cuanto a los efectos de las sente ncias de unificación en el tiempo, tanto el Consejo de Estado15 como la Corte Constitucional16 han indicado que, por regla general, los cambios jurisprudenciales tienen efectos retrospectivos, por ende, se aplican a todo s los casos pendientes de decisión en vía judicial y administrativa.

Conviene agregar que, en múltiples fallos de tutela 17, se ha señalado que los

ende, se aplican a todo s los casos pendientes de decisión en vía judicial y administrativa.

Conviene agregar que, en múltiples fallos de tutela 17, se ha señalado que los operadores judiciales deben privilegiar la tesis jurisprudencial vigente al momento de resolver el asunto so metido a su consideración, argumento q ue ha servido de sustento para descartar la vulneración de derechos fundamentales en aquellas controversias en las que se alega el desconocimiento del precedente por no tener en cuenta la jurisprudencia imperante al mo mento de la presentación de la demanda o del fallo de primera instancia18.

11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia de unificación del 15 de agosto de 2018, C.P: Carlos Alberto Zambrano Barrera, exp: 46.947. 12 Mediante fallo de tutela dictado el 18 de noviembre de 2019, por la Subsección B de la Sección Tercera de esta Corporación, exp: 2019-00169-01 (AC). 13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Admi nistrativo, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia del 6 de agosto de 2020, C.P: José Roberto Sáchica Méndez, exp: 46.947. 14 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa. 15 Al respecto, se pueden consultar las siguientes providencias dictadas por esta Corporación: i) Subsección A, auto del 30 de julio de 2021, exp: 66.941 y ii) Sección Primera, sentencia de 29 de

abril de 2021, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, exp: 2021-01372-00 (AC), entre otras. 16 Corte Constitucional, Sala Quin ta de Revisión, sentencia T -044 del 14 d e febrero de 2022, M.P: Paola Andrea Meneses Mosquera, exp: T-8.263.898. 17 Ver, entre otros, los siguientes fallos de tutela: (i) sentencia del 1° de octubre de 2021, radicación 11001-03-15-000-2021-05479-00, Sección Tercera del Consejo de Estado, Subsecci ón C; (ii) sentencia del 18 de noviembre de 2021, radicación 11001 -03-15-000-2021-07060-00, Sección Cuarta del Consejo de Estado; (iii) sentencia del 24 de mayo de 2021, radicación 11001-03-15-0002021-02039-00, Sección Segunda del Consejo de Estado, Subsección B. 18 La Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado ha sostenido: “ Así las cosas, de conformidad con lo expuesto, para la Sala la providencia del veinticuatro (24) de octubre de dos mil diecinueve (2 019) no incurrió en un desconocimiento d e la j urisprudencia unificada de estaRadicación: 05001-23-31-000-2009-00254-01 (52.119) Actor: Dairo Alexander Hernández Holguín y otros Demandado: Nación – Fiscalía General de la N ación y otro Referencia: Acción de reparación directa 7 2.1.2. En relación con los hechos probados, s e observa que el 29 de ma rzo de

Demandado: Nación – Fiscalía General de la N ación y otro Referencia: Acción de reparación directa 7 2.1.2. En relación con los hechos probados, s e observa que el 29 de ma rzo de 2003 el subintendente Julio Sossa Patiño, comandante de patrulla de la Policía Nacional de la estación de Bello, dejó a disposición de la Fisca lía General de la Nación al señor Dairo Alexander Hernández Holguín, un vehículo y un “arma bélica”, pues supuestamente había sido capturado ese mismo día en la autopista cuando, haciendo uso de su arma, “abusaba sexualmente de la menor XXX” en un vehículo de servicio público.

En el informe de policía también se afirmó que, una vez los agentes fueron alertados por una llamada que la ciudadanía hiciera al 123, llegaron al lugar y encontraron un vehículo del cual salió u na joven desnuda, quien, una vez advirtió la presencia de los agentes, se refugió en la camioneta de los uniformados ; indicaron que fueron amenazados por el señor Hernández Holguín con un arma desde el lugar del conductor , motivo por el cual los policí as accionaron sus armas y el actor empren dió la huida en el vehículo ; sin embargo, fue capturado un kilómetro más adelante y después procedieron a revisar el automóvil , en el que encontraron el “arma bélica”19.

Ese mismo día el señor suscribió el acta de derechos del capturado, en la que se determinó que fue detenido en flagrancia, se indicó que el capturado deseaba que se le informara del hecho a su esposa y sin más anotaciones que su firma20.

determinó que fue detenido en flagrancia, se indicó que el capturado deseaba que se le informara del hecho a su esposa y sin más anotaciones que su firma20.

En el expediente obra copia de la denuncia 21 presentada por la joven XXX a las 4:30 a.m. del 29 de marz o de 2003 ante la Inspección de Permanencia Municipal de Policía de Bello, en la que se da cuenta que, en compañía de otras dos mujeres, la menor se subió a un taxi conducido por el señor Hernández Holguín, que luego de dejar a las dos acompañantes el conductor le dijo a la joven que se había “chuzado” y que se pasara para la silla de adelante ; después de llevarla por calles desconocidas se estacionó en un lugar oscuro, la obligó a quitarse la ropa y

Corporación. Por el contrario, el Tribunal aplicó la regla de unificación vigente y aplicable al momento de resolver el asunto sometido a su consideración, analizando la antijuri dicidad del daño para encontrar acredita da la responsabilidad estatal por privación injusta de la libertad. Adicionalmente, debe indicarse que no resultan de recibo los argumentos de la parte actora dirigidos a afirmar que debió aplicarse la tesis prevista en la sentencia de diecisiete (17) de o ctubre de dos mil trece (2013), radicado 23.354, por ser esa la vigente al momento de presentar la demanda, pues, como lo ha indicado el Consejo de Estado, por regla general y salvo que de manera expresa se disponga lo contrario, los operadores judiciales deben privilegiar la tesis jurisprudencial vigente al momento de resolver el asunto sometido a su consideración, a efectos de

manera expresa se disponga lo contrario, los operadores judiciales deben privilegiar la tesis jurisprudencial vigente al momento de resolver el asunto sometido a su consideración, a efectos de salvaguardar valores superiores como la igualdad, la seguridad jurídica y la aplicación un iforme e inmediata del derecho” (sentencia del 25 de agosto de 2022, expediente No. 66.535, M.P. Nicolás Yepes Corrales). 19 Folio 5 del cuaderno 2. 20 Folio 7 del cuaderno2. 21 Folio 8 del cuaderno 2.Radicación: 05001-23-31-000-2009-00254-01 (52.119) Actor: Dairo Alexander Hernández Holguín y otros Demandado: Nación – Fiscalía General de la N ación y otro Referencia: Acción de reparación directa 8 la amenazó con u n arma. En la denuncia, además, se afirmó que la joven intentó detener al hoy demandante, pero este la golpeó y que, una vez se percató de la presencia de un vehículo, ella empezó a gritar, se bajó del taxi y salió corriendo hacia los agentes de policía que, al acercarse al automotor, fueron atac ados con “disparos” por parte del señor Hernández Holguín.

Con base en lo anterior y en el informe de captura en flagrancia diligenciado por el subintendente de la Policía, la Fiscalía 56 Delegada de Bello, el 31 d e marzo de 200322, ordenó escuchar en indagatoria al señor Hernández Holguín, por la posible comisión del delito de acceso carnal violento, la cual se llevó a cabo el día siguiente23. Ese día también se escuch ó la ampliación de la denuncia presentada

200322, ordenó escuchar en indagatoria al señor Hernández Holguín, por la posible comisión del delito de acceso carnal violento, la cual se llevó a cabo el día siguiente23. Ese día también se escuch ó la ampliación de la denuncia presentada por la menor24 y se recibió la declaración de los patrulleros de la Policía Nacional, Jorge Mario Castaño25 y Alexander Parada26.

El 8 de abril de 200 427, la Fiscalía 56 Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Bello le impuso medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en estableci miento carcelario , con fundamento en los artículos 354 a 357 de la Ley 600 de 2000, por el posible delito de acceso carnal violento.

El 9 de abril de 2003 se escuchó la declaración del subintendente Julio Sossa Patiño y del patrullero Carlos Fernando Zaba la Figueroa28 en relación con los hechos acaecidos; el 21 de abril de 2003, la Fiscalía Seccional de Bello recibió el informe del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses , en el que únicamente se concluyó que la menor XXX tenía lesiones por contusión que trajeron como consecuencia una incapacidad de 15 días, sin secuelas , por equimosis leves en ambas mejillas y que no se encontraron signos ni síntomas clínicos de alteración en la salud mental atribuibles a los hechos denunciados29.

Contra l a imposición de la medida de aseguramiento, el aquí actor interpuso recurso de reposición y, en subsidio, el de apelación. El 22 de abril de 2003 30, la Fiscalía 56 Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Bello no repuso su

recurso de reposición y, en subsidio, el de apelación. El 22 de abril de 2003 30, la Fiscalía 56 Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Bello no repuso su decisión, por cuanto, si bien el arma que le fue hallada era de juguete, en su huida pudo deshacerse del arma de verdad; además, porque consideró que la historia

22 Folio 9 del cuaderno 2. 23 Folios 17 a 26 del cuaderno 2. 24 Folios 28 a 40 del cuaderno 2. 25 Folios 38 a 40 del cuaderno 2. 26 Folios 44 a 47 del cuaderno 2. 27 Folios 54 a 58 del cuaderno 2. 28 Folios 61 a 65 y 66 a 68 del cuaderno 2. 29 Folio 83 del cuaderno 2. 30 Folios 86 a 90 del cuaderno 2.Radicación: 05001-23-31-000-2009-00254-01 (52.119) Actor: Dairo Alexander Hernández Holguín y otros Demandado: Nación – Fiscalía General de la N ación y otro Referencia: Acción de reparación directa 9 narrada por los policías era verídica y guardaba coherencia, en su gran mayorí a, con lo dicho por la joven en su denuncia.

El 19 de mayo de 200331, la Fiscalía Cuarta Delegada ante el Tribunal Superior de Antioquia, en virtud de la apelación, revocó la medida de aseguramiento a favor del señor Hernández Holguín y ordenó su liberta d inmediata, dado que existían muchos interrogantes no absueltos que traían como consecuencia “ un manto de duda”.

del señor Hernández Holguín y ordenó su liberta d inmediata, dado que existían muchos interrogantes no absueltos que traían como consecuencia “ un manto de duda”.

Finalmente, el 29 de diciembre de 200432, la Fiscalía 56 Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Bello precluyó la investigación a fa vor del señor Dairo Alexander Hernández Holguín, por considerar que no se reunían los requisitos del artículo 397 de la Ley 600 de 2000 para dictar resolución de acusación , como consecuencia de las dudas que existían en relación con su responsabilidad.

En efecto, el artículo 356 de la Ley 600 d e 2000 -aplicable por la época de los hechosestablecía que la imposición de la medida de aseguramiento era procedente cuando aparecían, por lo menos, dos indicios graves de responsabilidad con base en las pruebas legalmente producidas en el proceso.

Pese a que en la demanda se afirmó que la medida de aseguramiento consistente en detención preventiva únicamente se bas ó en el informe presentado por los policías, se observa que aquella se fund ó también en lo siguiente: i) la denuncia presentada por la joven XXX, quien lo acusó de haberla amenazado y obligado a desnudarse; ii) el informe de l 29 de marzo de 2003 presentado por el subintendente de la Policía Nacional , que señaló al señor Hernández Holguín como la persona que los había amenazado con un arma una vez se acercaron al taxi en el que estaba la joven XXX , quien dijo que la estaba “ violando” y iii) las declaraciones en su contra por parte de los otros patrulleros que atendieron la

como la persona que los había amenazado con un arma una vez se acercaron al taxi en el que estaba la joven XXX , quien dijo que la estaba “ violando” y iii) las declaraciones en su contra por parte de los otros patrulleros que atendieron la llamada al 123 y que asistieron al lugar, quienes indicaron que el señor Hernández Holguín los había amenazado con un arma y que luego había escapado, aunado al hecho que del vehículo salió una joven desnuda pidiendo ayuda.

A ello se suma la primera declaración ante la Fiscalía que hizo la joven XXX, el 1° de abril de 2003, en la que amplió la denuncia y reiteró las serias acusaciones en contra del hoy demandante.

31 Folios 119 a 127 del cuaderno 2. 32 Folios 202 a 206 del cuaderno 2.Radicación: 05001-23-31-000-2009-00254-01 (52.119) Actor: Dairo Alexander Hernández Holguín y otros Demandado: Nación – Fiscalía General de la N ación y otro Referencia: Acción de reparación directa 10 De modo que , junto al informe de policía, la Fiscalía fundó la decisi ón en la denuncia, la declaración de la menor y en la prueba testimonial y estableció que existían al m enos dos indicios graves para decretar la medida de aseguramiento por el posible delito de acceso carnal violento33, el cual tenía una pena mínima de 8 años34.

Así las cosas, aunque el señor Hernández Holguín sufrió un daño, consistente en la privación de su libertad, aquel no puede catalogarse como antijurídico, porque la medida de aseguramiento impuesta en su contra se ajustó a derecho, de manera que se encontraba en la obligación de soportarla.

la privación de su libertad, aquel no puede catalogarse como antijurídico, porque la medida de aseguramiento impuesta en su contra se ajustó a derecho, de manera que se encontraba en la obligación de soportarla.

Se precisa que, cuando la Fiscalía revocó la medida de aseguramiento consistente en detención preventiva , se basó en que había varias inconsistencias en relación con la forma en la que sucedieron los hechos. Al respecto, indicó que el informe de medicina legal daba c uenta de que la menor presentaba leves eq uimosis en sus mejillas; sin embargo, en la denuncia y en la ampliación posterior de la joven solamente se dejó constancia de un morado pequeño en la mejilla derecha . Esta información, a pesar de que no se indicó ex presamente en la decisión, se obtuvo con posterioridad a la imposición de medida35.

Además, en la resolución por medio de la cual se revocó la detención preventiva se indicó que hubo una contradicción entre los agentes que participaron del operativo36, respecto de la desnudez o no de la menor. En efecto, al revisar las declaraciones de los dos policías que rindieron testimonio antes de proferirse la medida de aseguramiento, uno indicó que la menor estaba semidesnuda 37 y el otro señaló que desnuda; sin embargo, después de la imposición de la medida d e aseguramiento, el subintendente y otro patrullero declararon en relación con los hechos acaecidos e informaron que la menor estaba semidesnuda.

33 “Articulo 356. Requisitos . Solamente se tendrá como medida de aseguramiento para los imputables la detención preventiva. Se impondrá cuando aparezcan por lo menos dos indicios graves de responsabilidad c on base en las pruebas legalmente producidas dentro del proceso.

33 “Articulo 356. Requisitos . Solamente se tendrá como medida de aseguramiento para los imputables la detención preventiva. Se impondrá cuando apa