CE - 012331000200900558011SENTENCIA20231024112454

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejera ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá D.C., diecisiete (17) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Radicación número: 13001-23-31-000-2009-00558-01 (56545)

Actor: ELIZABETH ANAYA ESCAÑO Y OTROS

Demandado: LA NACIÓN – MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL –

DISTRITO DE CARTAGENA – E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE CARTAGENA –

SOLSALUD – INVERSIONES GENERALES Y ESPEC ÍFICAS DEL CARIBE

LTDA.

Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA

Tema: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA POR FALLA DEL SERVICIO MÉDICO – daño por muerte de adulta mayor - COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA – se ciñe a los cargos formulados contra el fal lo del a quo por el apelante único – FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA DE LA APELANTE – Distrito de Cartagena de Indias no está llamada a responder

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por el Distrito de Cartagena de Indias -parte demandadacontra la sentencia del 4 de septiembre de 2015, proferida por el Tribunal Administrativo del Bolívar, mediante la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

Según la parte actora, las entidades demandadas son responsables del fallecimiento de la señora María Ignacia Escaño Jiménez por no haberle prestado

accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

Según la parte actora, las entidades demandadas son responsables del fallecimiento de la señora María Ignacia Escaño Jiménez por no haberle prestado la atención médica que requirió cuando sufrió fractura de cadera izquierda, negligencia que incluyó la nega ción del suministro de los medicamentos que su patología requirió, al punto de haber obligado a su hija a adquirirlos de manera particular. Señaló que tampoco se remitió a un centro médico de nivel superior, a2

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pesar de que se trató de una urgencia y no fue auscultada ni tratada por médicos especialistas, todo lo cual fue determinante en su fallecimiento.

II. ANTECEDENTES

1. Demanda

Mediante escrito presentado el 7 de octubre de 2009 1, la señora Elizabeth Anaya Escaño, por intermedio de apoderado judicial2, presentó demanda en ejercicio de la acción de reparación directa en contra de la Nación – Ministerio de la Protección Social, Distrito de Cartagena de Indias, E.S.E. Hospital Local de Cartagena, Inversiones Generales y Específicas del Caribe – IGEC LTDAy Solsalud EPS para que se les declarara patrimonialmente responsables por los perjuicios que sufrió como consecuencia del fallecimiento de su madre, la señora María Ignacia Escaño

Inversiones Generales y Específicas del Caribe – IGEC LTDAy Solsalud EPS para que se les declarara patrimonialmente responsables por los perjuicios que sufrió como consecuencia del fallecimiento de su madre, la señora María Ignacia Escaño Jiménez. En concreto, la parte demandante solicitó que se le reconocieran los perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente, por la suma de $1’400.000 y, por concepto de perjuicios morales, la suma de $498’000.000.

Los fundamentos fácticos de la demanda son, en síntesis, los siguientes:

La señora María Ignacia Escaño Jiménez acudió el 1° de febrero del 2008 al centro de salud CAP del barrio Los Cerros en la ciudad de Cartagena de Indias, en compañía de su hija, debido a que presentó fractura de cadera izquierda y unas escaras en los glúteos, por lo que el médico de turno de urgencias ordenó su hospitalización. En ese centro médico se omitió, negligentemente, suministrarle los medicamentos y tomarle los exámenes clínicos que requería. A pesar de que se determinó su remisión a otro centro de mayor complejidad, la pacie nte estuvo hospitalizada hasta el 14 de febrero siguiente, lo que conllevó a su grave deterioro de salud.

Dada la omisión de la entidad, la demandante presentó acción de tutela, la cual se decidió a su favor. En cumplimiento de la orden de tutela, la señ ora María Ignacia Escaño Jiménez ingresó a la IPS IGEC Ltda. el mismo 14 de febrero, y también allí se le brindó deficientemente el servicio médico, porque no se realizó oportunamente

Escaño Jiménez ingresó a la IPS IGEC Ltda. el mismo 14 de febrero, y también allí se le brindó deficientemente el servicio médico, porque no se realizó oportunamente la transfusión sanguínea que requirió, ni tampoco se atendió por los méd icos especialistas, todo lo cual incidió en su fallecimiento, que ocurrió el 18 de febrero

1 Fls. 2 - 6 c 1 2 Fl. 1 c 13

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siguiente. Por lo antes expuesto, la demandante presentó queja ante la Dirección Operativa de Vigilancia y Control de Calidad de la Atención en Salud – DADISen la que se concluyó que las entidades prestadoras del servicio de salud incurrieron en graves fallas.

2. El trámite de primera instancia

El Tribunal Administrativo de Bolívar, mediante proveído del 19 de diciembre de 2010, admitió la demanda y ordenó su notificación a las entidades demandadas3.

El Hospital Local de Cartagena de Indias E.S.E.4 se opuso a las pretensiones de la demanda. Señaló que le había prestado a la paciente sus servicios de primer nivel, por lo que el tratamiento que esta requirió no era de su competencia, motivo por el cual se esperó a que la EPS SOLSALUD hiciera efectiva su remisión al nivel superior para su correcta atención. Indicó que el informe que rindió la Dirección Operativa de Vigilancia y Control de la Calidad de la Alcaldía Mayor de Cartagenacual se esperó a que la EPS SOLSALUD hiciera efectiva su remisión al nivel superior para su correcta atención. Indicó que el informe que rindió la Dirección Operativa de Vigilancia y Control de la Calidad de la Alcaldía Mayor de CartagenaDADISestaba viciado de nulidad porque no la convocaron y, por tanto, no tuvo oportunidad de ejercer su defensa.

El Distrito de Cartagena de Indias manifestó que no tuvo participación alguna en la atención médica brindada a la señora María Ignacia Escaño Jiménez, porque el centro médico al que ella asistió -Centro de Atención Permanente Los Cerrospertenece a la red hospitalaria de la E.S.E Hospital de Cartagena de Indias, que sí incurrió en irregularidades, tal como se confirmó por la Dirección Operativa de Vigilancia y Control de la Calidad de la Alcaldía Mayor de Cartagena y, en consecuencia, no debió ser vinculado a la presente acción5.

La Nación – Ministerio de la Protección Social contestó extemporáneamente la demanda6. La EPS SOLSALUD guardó silencio7.

3 Fls. 68-69 c 1. En el trámite de segunda instancia se adelantaron las actuaciones necesarias para poder sanear la posible nulidad del proceso, toda vez que por un error del a quo no se realizó la respectiva notificación personal de la entidad demanda IPS Inversiones Generales y Específicas del Caribe “IGEC LTDA . En consecuencia, se requirió a la actora para que allegara el certificado de existencia y representación de la Cámara de Comercio de la IPS actualizado y, a partir de lo consignado en el documento, se estableció que dicha entidad se liquidó el 31 de diciembre del año

existencia y representación de la Cámara de Comercio de la IPS actualizado y, a partir de lo consignado en el documento, se estableció que dicha entidad se liquidó el 31 de diciembre del año 2014, lo que sin dudas conllevó a que dejara de ser sujeto de derechos y obligaciones, por lo cual no es posible vincularla al proceso. 4 Fls 77 – 84 c 1 5 Fl. 89 – 92 c 1 6 Fls 117 – 126 c 1 7 Fls 115 - 116 c 14

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En proveído del 31 de mayo de 2011 8, el Tribunal de primera instancia abrió el proceso a pruebas y, mediante auto del 26 de junio de 2015 9, corrió traslado a las partes para presentar alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera su concepto.

La parte actora indicó que con el material probatorio se acreditó la deficiente atención médica que se le brindó a la señora María Ignacia Escaño Jiménez lo cual produjo el fallecimiento de la paciente. Resaltó que tanto en los hallazgos que realizó la Dirección Operativa de Vigilancia y Control de la Calidad de la Alcaldía Mayor de Cartagena, como en el dictamen pericial rendido en el proceso se había concluido que la paciente no fue remitida oportunamente a un centro de mayor complejidad, ni tampoco tuvo acceso a los medicamentos que su grave estado de

Mayor de Cartagena, como en el dictamen pericial rendido en el proceso se había concluido que la paciente no fue remitida oportunamente a un centro de mayor complejidad, ni tampoco tuvo acceso a los medicamentos que su grave estado de salud requerían ni a los componentes sanguíneos que con urgencia debían ser suministrados, como tampoco fue valorada por los especialistas de ortopedia o medicina interna, todo lo cual acreditó una falla en la prestación del servicio de parte de las demandadas10.

El Distrito de Cartagena de Indias manifestó que las imputaciones se concentraron únicamente en la deficiente atención médica que las entidades EPS SOLSALUD, la IPS IGEC LTDA y el Hospital de Cartage na de Indias E.S.E. le brindaron a la señora María Ignacia Escaño Anaya lo que acreditó la configuración de la excepción de su falta de legitimación, planteada desde el inicio del proceso11.

Las otras entidades demandadas y el Ministerio Público guardaron silencio.

3. La sentencia de primera instancia

Mediante providencia del 4 de septiembre de 2015, el Tribunal Administrativo de Bolívar accedió parcialmente a las súplicas de la demanda 12. Declaró la falta de legitimación de la Nación - Ministerio de Prot ección Social. Consideró que con el dictamen pericial y la investigación adelantada por la Dirección Operativa de Vigilancia y Control de la Calidad de la Alcaldía Mayor de Cartagena había quedado demostrado que la complicación del estado de salud de la se ñora María Ignacia Escaño Jiménez que conllevó a su fallecimiento fue causado por la negligencia y

8 Fl 151 – 154 c 1 9 Fls 455 - c 2

demostrado que la complicación del estado de salud de la se ñora María Ignacia Escaño Jiménez que conllevó a su fallecimiento fue causado por la negligencia y

8 Fl 151 – 154 c 1 9 Fls 455 - c 2 10 Fls 460 – 461 c 2 11 Fls 456 - 459 c 2 12 Fls 464 – 491 c ppal5

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desatención con la que se trató en el Centro de Atención Permanente CAP de los Cerros, de propiedad de la E.S.E. Hospital Local de Cartagena de Indias, la Clínica IGEC y el Centro Regulador de Urgencias, Emergencias y Desastres, de ahora en adelante CRUE, a cargo del Distrito de Cartagena de Indias.

Respecto de la E.S.E. Hospital Local de Cartagena de Indias, manifestó que incurrió en una omisión porque no remitió a la paciente oportunamente a la entidad de nivel superior para atender sus patologías, ni tampoco le suministró los antibióticos requeridos, ni fue valorada por los especialistas. Frente a la imputación que se hizo en contra del Distrito de Cartage na de Indias, concluyó que, como directo responsable del CRUE, no efectuó las diligencias de traslado que la señora María Ignacia Escaño Jiménez requería de manera urgente. Igualmente, consideró que la IPS IGEC Ltda. sometió el caso a la atención de médico s generales cuando

responsable del CRUE, no efectuó las diligencias de traslado que la señora María Ignacia Escaño Jiménez requería de manera urgente. Igualmente, consideró que la IPS IGEC Ltda. sometió el caso a la atención de médico s generales cuando realmente necesitó valoración por especialistas en medicina interna y ortopedia, adicional a que no se le realizó la transfusión de los componentes sanguíneos que evitaran el deceso de la víctima. Finalmente, absolvió de toda responsabil idad a la EPS SOLSALUD porque no quedó demostrado que el CAP de Los Cerros le hubiera solicitado a dicha entidad el suministro de los medicamentos que requirió la paciente ni tampoco que “dicha entidad se haya negado a garantizar la prestación de los servicios contenidos en el POS”.

En consecuencia, declaró solidariamente responsable al Distrito de Cartagena de Indias, la E.S.E. Hospital Local de Cartagena de Indias y la IPS Inversiones Generales y Específicas del Caribe “IGEC Ltda” y las condenó al pago de la suma de un millón setecientos noventa y siete mil trescientos cincuenta y cuatro pesos con ochenta y ocho centavos ($1’797.354,88), por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente, y al monto equivalente en pesos a cien salarios mínimos mensuales legales vigentes por concepto de perjuicios morales, a favor de la demandante.

4. Recurso de apelación.

El Distrito de Cartagena de Indias13 manifestó su inconformidad con la sentencia de primera instancia, con fundamento en que el daño fue causado por la deficiente e inadecuada atención que tanto la E.S.E. Hospital Local de Cartagena de Indias y la

El Distrito de Cartagena de Indias13 manifestó su inconformidad con la sentencia de primera instancia, con fundamento en que el daño fue causado por la deficiente e inadecuada atención que tanto la E.S.E. Hospital Local de Cartagena de Indias y la

13 Fls 493 – 498 c ppal.6

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IPS IGEC Ltda. le brindaron a la señora Marí a Ignacia Escaño Jiménez. Efectivamente, según el dictamen pericial, a la demandante no se le suministraron los medicamentos que requirió para evitar que el proceso infeccioso que cursó avanzara; no recibió la valoración de los especialistas; pero su falle cimiento no obedeció a las diligencias de traslado por parte del CRUE el cual atendió correctamente la urgencia presentada por la paciente. Al respecto, citó las normas del Decreto 4747 de 2007 y el Decreto 1220 de 2010, por medio de los cuales se regula la organización y operación de los referidos centros.

5. Trámite en segunda instancia

Fracasada la audiencia de conciliación que trata el artículo 70 de la ley 1395 14, el proceso se remitió a esta Corporación en segunda instancia, y mediante providencia del 17 de marzo de 201615, se admitió el recurso de apelación interpuesto . El 5 de mayo de 201616, se corrió traslado a las partes para que alegaran de conclusión y al Ministerio Público para que presentara concepto, si lo consideraba pertinente. Las

mayo de 201616, se corrió traslado a las partes para que alegaran de conclusión y al Ministerio Público para que presentara concepto, si lo consideraba pertinente. Las partes y el Ministerio Público guardaron silencio.

III. CONSIDERACIONES

1. Competencia

El artículo 624 del CGP –que modificó el artículo 40 de la Ley 153 de 1887 – establece que los recursos interpuestos se regirán por la ley vigente al momento de su presentación y la competencia se definirá de acuerdo con las reglas vigentes al momento de formulación de la demanda. La Sala es competente, dado que el proceso tiene vocación de doble instancia ante esta Corporación, en los términos del artículo 20 del C.P.C., toda vez que para la fecha de presentación de la demanda –7 de octubre de 2009 – la cuantía se establecía por el valor de la pretensión mayor.

Para que un proceso de reparación directa iniciado en el año 2009 tuviera apelación ante el Consejo de Estado, la cuan tía debía ser equivalente o superior a

14 La audiencia se celebró el 26 de enero de 2016. 15 Fl 510 ppal. 16 Fl 471 c ppal.7

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$248’450.00017 y dado que, en el caso concreto, la pretensión mayor es de $498’000.000, la Sala tiene competencia funcional para conocer del mismo.

En re iteradas oportunidades, esta Subsección ha considerado que el marco

$248’450.00017 y dado que, en el caso concreto, la pretensión mayor es de $498’000.000, la Sala tiene competencia funcional para conocer del mismo.

En re iteradas oportunidades, esta Subsección ha considerado que el marco fundamental para la competencia del juez de segunda instancia lo constituyen los cargos planteados contra la decisión recurrida, razón por la cual no basta con la simple interposición del recurso por la parte interesada, así como tampoco es suficiente la manifestación general de no estar conforme con la decisión impugnada, toda vez que quien tenga interés en que el asunto sea analizado de fondo en segunda instancia debe señalar cuáles fueron los yerros o desaciertos en los que incurrió el juez de primera instancia al resolver la litis planteada:

Conviene iniciar recordando que, a través del recurso de apelación se ejerce el derecho de impugnación contra una determinada decisión judicial –en este caso la que contiene una sentencia –, por lo cual corresponde al recurrente confrontar los argumentos que el juez de primera instancia consideró para tomar su decisión, con las propias consideraciones del recurrente, para efectos de solicitarle al juez de superior jerarquía funcional que decida sobre los puntos o asuntos que se cuestionan ante la segunda instancia. (…) [R]esulta claro que la carga de sustentación que corresponde cumplir a la parte recurrente no se satisface con la simple manifestació n de disenso frente a la providencia recurrida, tampoco con la solicitud de que se revoque para que, en su lugar, se acceda a los intereses de la parte inconforme o con la mera reiteración de las razones expuestas en el curso de la primera instancia, bien sea en la demanda o en la contestación. No, lo que la ley

para que, en su lugar, se acceda a los intereses de la parte inconforme o con la mera reiteración de las razones expuestas en el curso de la primera instancia, bien sea en la demanda o en la contestación. No, lo que la ley impone es que se ataquen los fundamentos de hecho y/o de derecho que sirvieron de sustento a la providencia en aquello que se considere desfavorable, no solo porque la decisión sea contraria a los i ntereses de quien la impugna, sino porque exista en realidad, a su juicio, una razón por la que piense que lo fallado en primera instancia no corresponde, en derecho, a la decisión acertada, lo cual, por tanto, delimita el marco al que debe sujetarse el juez al revisar la sentencia recurrida.

Por lo tanto, en los términos del recurso de apelación, el aspecto que será materia de análisis y determinación se circunscribe a verificar si el Distrito de Cartagena de Indias está o no legitimado materialmente par a responder patrimonialmente por el daño alegado, por no haberse dispuesto el traslado oportuno de la paciente a un centro de mayor complejidad

Se aclara que en relación con lo decidido en primera instancia frente a la otra entidad condenada -Hospital Loc al de Cartagena E.S.E. -, la Sala, en principio, no tiene

17Decreto 597 de 1988 aplicables del 1° de enero de 1990 al 27 de abril de 20058

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competencia para pronunciarse porque la declaración de responsabilidad en su

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competencia para pronunciarse porque la declaración de responsabilidad en su contra no fue objeto de apelación18.

2. Ejercicio oportuno de la acción

Previo a decidir sobre la legitimación del Distrito de Cartagena de Indias, procede la Sala a verificar si la demanda se presentó en término.

La caducidad es la sanción que consagra la ley por el ejercicio tardío del derecho de acción, esto es, la desate nción de los plazos y términos definidos en el ordenamiento jurídico para la presentación oportuna de la correspondiente demanda. Además, se trata de un presupuesto procesal que puede ser declarado de oficio. Para casos como el analizado, la norma de caduc idad aplicable es la contenida en el numeral 8 del artículo 136 del C.C.A., modificado por el artículo 44 de la Ley 446 de 1998, según la cual la acción de reparación directa “caducará al vencimiento del plazo de (2) años, contados a partir del día siguien te del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajos públicos o por cualquier otra causa”.

La acción de reparación directa fue presentada de forma oportuna, puesto que, conforme al certificado de defunción No 1964867 de la señora María Ignacia Escaño Jiménez, se acreditó que falleció el 18 de febrero de 2008 y, como la demanda se presentó el 7 de octubre de 2009, resulta evidente que se hizo oportunamente, esto

Jiménez, se acreditó que falleció el 18 de febrero de 2008 y, como la demanda se presentó el 7 de octubre de 2009, resulta evidente que se hizo oportunamente, esto es, sin que operara el fenómeno jurídico procesal de caducidad de la acción.

3. La legitimación en la causa

La legitimación en la causa tiene dos dimensiones, la de hecho y la material. La primera surge de la formulación de los hechos y de las pretensiones de la demanda, por manera que quien presenta el escrito inicial se encuentra legitimado por activa, mientras que el sujeto a quien se le imputa el daño ostenta legitimación en la causa por pasiva. A su vez, la legitimación material es condición necesaria para, según

18 Se recuerda que si bien es cierto que el a quo decidió condenar también a la IPS IGEC Ltda., según se evidenció en el trámite del proceso, la entidad no fue vinculada y, al intentar subs anar dicha irregularidad, se evidenció que no era posible vincularla al proceso, razón por la cual, en la parte resolutiva de esta providencia, se revocará la condena impuesta en primera instancia en contra de la IPS.9

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corresponda, obtener decisión favorable a las pretensiones y/o a las excepciones, punto que se define al momento de estudiar el fondo del asunto, con fundamento en el material probatorio debidamente incorporado a la actuación.

corresponda, obtener decisión favorable a las pretensiones y/o a las excepciones, punto que se define al momento de estudiar el fondo del asunto, con fundamento en el material probatorio debidamente incorporado a la actuación.

Así, tratándose del extremo pasivo, la legitimación en la causa de hecho se configura a partir de la imputación que la demandante hace al extremo demandado, y la material , únicamente puede verificarse como consecuencia del estudio probatorio, dirigido a establecer si se configuró o no la responsabilidad que se le atribuye19.

Descendiendo al caso concreto, la Sala advierte que la señora Elizabeth Anaya Escaño, probó con el certificado de nacimiento20, que su madre era la señora María Ignacia Escaño Jiménez, lo cual permite acreditar su legitimación en la causa y su interés en comparecer al presente proceso.

En cuanto a la legitimación en la causa por pasiva, se advierte que, según la demandante, el Distrito de Cartagena de Indias incurrió en fallas que impidieron el traslado oportuno de la paciente a un centro de mayor complejidad, lo cual incidió en su muerte y, por ello, estaba llamada a responder. Así las cosas, la Sala advierte que frente a esta accionada, la parte actora efectuó una imputación fáctica y jurídica concretas y, por tanto, le asiste legitimación en la causa por pasiva de hecho ; sin embargo, en relación con la legitimación material, la Sala encuentra lo siguiente:

Según se indicó, en la providencia de primera instancia, el tribunal a quo determinó que la excepción de falta de legitimación propuesta por el Distrito de Cartagena de Indias no estaba llamada a prosperar, porque dicha entidad estaba a cargo del

Según se indicó, en la providencia de primera instancia, el tribunal a quo determinó que la excepción de falta de legitimación propuesta por el Distrito de Cartagena de Indias no estaba llamada a prosperar, porque dicha entidad estaba a cargo del CRUE, en virtud de lo dispuesto en la ley 100 de 1993 y 715 de 2001, normas que, en su criterio, obligaban a los entes territoriales a garantizar la prestación de los servicio de salud en forma integral a la población vulnerable, con la conformación de la red prestadora de servicios de salud y vigilar la actividad de referencia y contrarreferencia.

19 En este sentido ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 3 de octubre de 2019, exp. No. 51701. M.P. Marta Nubia Velásquez Rico; sentencia de 5 de marzo de 2020, exp. No. 48715. M.P. Marta Nubia Velásquez Rico (E). 20 Fl 7 c 110

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Además, se consideró en la sentencia recurrida que tanto el artículo 18 del Decreto 4747 de 2007, por medio del cual se dispuso lo correspondiente a la organización y operación de los CR UE, como la Resolución 1220 de 2010, que estableció las condiciones y requisitos para la operación y funcionamiento de estos centros, permitían establecer que el Distrito de Cartagena de Indias “ era la entidad responsable de la atención integral de la pobl ación pobre y vulnerable no afiliada

condiciones y requisitos para la operación y funcionamiento de estos centros, permitían establecer que el Distrito de Cartagena de Indias “ era la entidad responsable de la atención integral de la pobl ación pobre y vulnerable no afiliada al sistema de seguridad social y de los afiliados que tengan patología no cubiertas por el POS, razón por la cual debe garantizar los traslados asistenciales básicos y medicalizados y propender por garantizar una atención oportuna y eficiente a la población en situaciones de urgencias”.

Las competencias funcionales de los centro reguladores de urgencias, emergencias y desastres, a partir del marco normativo que los regula, fueron analizados en sentencia de esta Subsección, en la cual quedó claro que las entidades a cargo de los proces os de referencia y contrarreferencia eran las obligadas al pago de los servicios21:

Este decreto 22 define el régimen de referencia y contrarreferencia como el conjunto de normas técnicas y administrativas que permiten prestar adecuadamente al usuario el ser vicio de salud, según el nivel de atención y grado de complejidad de los organismos de salud con la debida oportunidad y eficacia. En el artículo 3 de ese decreto se establece lo siguiente:

“Artículo 3. Definiciones. Para efectos del presente decreto se adoptan las siguientes definiciones:

a. Prestadores de servicios de salud: Se consideran como tales las instituciones prestadoras de servicios de salud y los grupos de práctica profesional que cuentan con infraestructura física para prestar servicios de salud y que se encuentran habilitados. Para efectos del presente decreto, se incluyen los profesionales independientes de salud y los servicios de transporte especial de pacientes que se encuentren habilitados.

b. Entidades responsables del pago de servicios de salud: Se

efectos del presente decreto, se incluyen los profesionales independientes de salud y los servicios de transporte especial de pacientes que se encuentren habilitados.

b. Entidades responsables del pago de servicios de salud: Se consideran como tales las direcciones departamentales, distritales y municipales de salud, las entidades promotoras de salud de los regímenes contributivo y subsidiado , las entidades adaptadas y las administradoras de riesgos profesionales.

c. Red de prestación de servicios: Es el conjunto articulado de prestadores de servicios de salud, ubicados en un espacio geográfico, que trabajan de manera organizada y coordinada en un proceso de integración funcional orientado por los principios de complementariedad, subsidiariedad y los lineamientos del proceso de referencia y contrarreferencia establecidos por la entidad

21 Sentencia del 9 de abril de 2021. Expediente No. 52858 M.P. José Roberto Sáchica Méndez 22 Decreto 4747 de 200711

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responsable del pago, que busca garantizar la calidad de la atención en salud y ofrecer una respuesta adecuada a las necesidades de l a población en condiciones de accesibilidad, continuidad, oportunidad, integralidad y eficiencia en el uso de los recursos.

d. Modelo de atención. Comprende el enfoque aplicado en la organización de la prestación del servicio, la integralidad de las acciones, y la consiguiente orientación de las actividades de salud. De él se deriva la forma como se organizan los establecimientos y

d. Modelo de atención. Comprende el enfoque aplicado en la organización de la prestación del servicio, la integralidad de las acciones, y la consiguiente orientación de las actividades de salud. De él se deriva la forma como se organizan los establecimientos y recursos para la atención de la salud desde la perspectiva del servicio a las personas,