CE - 012331000201000059011SENTENCIA20231210195145

Radicado: 660012331000201000059 01 (48580)

Demandante: Luz Marina Sánchez Flórez y otros

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ

Bogotá D.C., treinta (30) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Acción de reparación directa Radicación: 660012331000201000059 01 (48580) Demandantes: Luz Marina Sánchez Flórez y otros Demandados: Instituto de Seguros Sociales y otros

Tema: Muerte de una paciente por una infección que adquirió después de que se le practicó cirugía de columna. Se revoca la condena porque no se acreditó que el daño hubiese sido consecuencia de la actuación médica ni de una infección adquirida como consecuencia de la falta de higiene en la institución demandada. El dictamen pericial no acredita las afirmaciones de la parte demandante y la prueba de la causalidad no puede sustituirse por la noción de <<pérdida de oportunidad>>. Se confirma la decisión de absolver a la Rama Judicial porque no se probó que su omisión , al no ordenar el traslado de la paciente a otro hospital, hubiese tenido incidencia en el daño.

SENTENCIA

Verificada la inexistencia de irregularidades que invaliden la actuación, la Sala resuelve los recursos de apelación interpuestos por las partes contra la sentencia proferida el 23 de mayo de 2013 por el Tribunal Administrativo de Risaralda que concedió parcialmente las pretensiones de la demanda, así:

resuelve los recursos de apelación interpuestos por las partes contra la sentencia proferida el 23 de mayo de 2013 por el Tribunal Administrativo de Risaralda que concedió parcialmente las pretensiones de la demanda, así:

<<Primero: Declarar no probadas las excepciones de caducidad, inepta demanda, falta de legitimación en la causa, por las circunstancias anotadas en la parte motiva de esta providencia.

Segundo: Declarar administrativamente responsables y solidarios respecto del pago, al Instituto de Seguros Sociales, Caprecom IPS y la Fiduprevisora S.A. (patrimonio autónomo liquidador de la extinta ESE Rita Álvarez del Pino) por la falla en la prestación del servicio médico a la señora Carmen Emilia Flórez de Sánchez, que implicó una pérdida de oportunidad por mora en las atenciones postoperatorias, falleciendo el 27 de marzo de 2008, en la Clínica PIO XII de esa entidad.

Tercero: En consecuencia de lo anterior y a título de reparación, se condena al Instituto de Seguros Sociales, Caprecom IPS y a la Fiduprevisora S.A. a pagar las siguientes sumas de din ero, por concepto de perjuicios morales, páguese a: LUZ MARINA, GLADYS Y CARLOS

ALBERTO SÁNCHEZ FLÓREZ, (hijos) y ROSEMBERG GIL RUBIANO

(hijo de crianza), la suma de veinte (20) salarios mínimos mensuales legales vigentes a la fecha de esta sentencia, para cada uno de ellos.Radicado: 660012331000201000059 01 (48580)

Demandante: Luz Marina Sánchez Flórez y otros

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legales vigentes a la fecha de esta sentencia, para cada uno de ellos.Radicado: 660012331000201000059 01 (48580)

Demandante: Luz Marina Sánchez Flórez y otros

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Y para ANDRÉS FELIPE Y JULIAN DAVID GIL LÓPEZ (nietos de crianza), DIANA MILENA SÁNCHEZ FLÓREZ, LINA SÁNCHEZ PATIÑO Y CAROLINA SÁNCHEZ RAMÍREZ (nietas), la suma de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes para la fecha de esta providencia, para cada uno de ellos.

Cuarto: NEGAR la responsabilidad deprecada en contra de la NaciónConsejo Seccional de la Judicatura, por no probarse los supuestos, como indica en la parte motiva.

Quinto: SE NIEGAN las demás pretensiones de la demanda

(…)>>

La Subsección es competente para decidir este asunto conforme con lo dispuesto en el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo porque se trata de un recurso de apelación interpuesto contra una sentencia proferida por un tribunal ad ministrativo. El Tribunal Administrativo de Risaralda era competente para conocer el proces o en primera instancia en razón de la cuantía estimada en la demanda.

Los recursos de apelación fueron admitidos mediante providencia del 1 7 de septiembre de 20131. En el auto del 15 de octubre de 20132 se dio traslado a las partes y al Ministerio Público para que presentaran alegatos de conclusión y concepto, respectivamente. La parte demandante y La Fiduprevisora S.A. presentaron alegatos, los demás guardaron silencio, y el Ministerio Público no

las partes y al Ministerio Público para que presentaran alegatos de conclusión y concepto, respectivamente. La parte demandante y La Fiduprevisora S.A. presentaron alegatos, los demás guardaron silencio, y el Ministerio Público no rindió concepto.

I. ANTECEDENTES

A.- Posición de la parte demandante

1.- El 20 de octubre de 20083, los familiares de la señora Carmen Emilia Flórez de Sánchez (en adelante << la paciente>>) presentaron demanda de reparación directa contra el Instituto de Seguros Sociales (en adelante , ISS), la Caja de Previsión Social de Comunicaciones (en adelante , CAPRECOM EPS), la ESE Rita Arango Álvarez del Pino en Liquidación (en adelante , <<Patrimonio Autónomo ESE Rita Arango>> y la Rama Judicial, para que se hicieran las siguientes declaraciones y condenas:

<<1.- Declárese administrativamente, solidaria y patrimonialmente responsable a la Rama Judicial –Consejo Superior de la Judicatura, al Instituto de Seguros Sociales, a la ESE Rita Arango Álvarez del Pino –en liquidación-, a CAPRECOM EPS, por los daños y perjuicios causados a los

1 Fl. 573 cd 8. 2 Fl. 575 cd 8. 3 Fls. 4-24 cd 1Radicado: 660012331000201000059 01 (48580)

Demandante: Luz Marina Sánchez Flórez y otros

3 actores por la muerte de la señora Carmen Emilia Flórez de Sánchez, dentro del marco de hechos y circunstancias aquí narradas.

2.- Como consecuencia de la anterior declaración se condene a las

3 actores por la muerte de la señora Carmen Emilia Flórez de Sánchez, dentro del marco de hechos y circunstancias aquí narradas.

2.- Como consecuencia de la anterior declaración se condene a las demandadas a pagar a los actores los perjuicios que se detallan a continuación y en la cuantía que se determina.

2.1. PERJUICIOS MORALES. Se solicita para cada uno d e los actores el equivalente a 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes, en atención a la nueva orientación jurisprudencial del H. Consejo de Estado.

2.2. PERJUICIOS A LA VIDA DE RELACIÓN. Se solicita para cada uno de los actores el equivalente a 200 y 300 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

3.- INDEXACIÓN E INTERESES. Se indexe la condena conforme al IPC y se reconozcan los intereses que se causen a partir de la fecha de la ejecutoria de la sentencia, de conformidad con el Artículo 177 del C.C.A.>> (…)>> (Mayúsculas y negrillas del texto original).

2.- Las pretensiones se basaron en las siguientes afirmaciones:

2.1.- Luego de dos años de haberlo solicitado , el 19 de febrero de 2008 los médicos de la Clínica Risaralda 4 operaron a la paciente de su columna vertebral para corregir una escoliosis degenerativa que había sido diagnosticada previamente por la EPS-ISS. El médico Armando Yaruro realizó la cirugía e informó que esta había sido exitosa y sin ninguna complicación.

2.2.- Sin embargo, en la cirugía se produjo un desgarro que ocasionó la salida

diagnosticada previamente por la EPS-ISS. El médico Armando Yaruro realizó la cirugía e informó que esta había sido exitosa y sin ninguna complicación.

2.2.- Sin embargo, en la cirugía se produjo un desgarro que ocasionó la salida de un fluido que circula por el sistema nervioso (fístula de líquido cefalorraquídeo); el médico instaló un catéter para drenar el líquido, pero este se desprendió y no se puso un parche para evitar una infección. El catéter se desprendió <<por el descuido del personal de enfermería y paramédico>>. Y durante el posoperatorio, sin que los médicos se dieran cuenta, esta herida se infectó.

En la demanda se afirmó textualmente sobre este punto:

<<La instalación del catéter permitió que por allí penetrara bacterias que originaron un proceso infeccioso, circunstancia que era previsible por el inminente riesgo de infección que este proceder conllevaba>>.

2.3.- El médico tratante debió salir de la ciudad y fue reemplazado por el doctor Carlos A. Zuluaga, quien ordenó una nueva cirugía para poner de nuevo el catéter. No obstante lo anterior, y debido al estado avanzado de la infección , el anestesiólogo señaló que era imposible hacerlo. Por lo tanto, los médicos

4 Entidad contratada por el ISS para prestar servicios de salud.Radicado: 660012331000201000059 01 (48580)

Demandante: Luz Marina Sánchez Flórez y otros

4 procedieron a tratar a la víctima con antibióticos desde el 25 de febrero de 2008.

Demandante: Luz Marina Sánchez Flórez y otros

4 procedieron a tratar a la víctima con antibióticos desde el 25 de febrero de 2008.

2.4.- Como la medicina suministrada no surtió efecto, el 3 de marzo de 2008 se cambió la medicación por solicitud de la familia.

2.5.- La noche siguiente, la hija de la paciente notó que esta presentaba gran distensión abdominal y que se quejaba porque no había hecho deposición en quince días. Pidió la debida atención, y a las 10:30 de la noche la acompañante tuvo que conseguir y llevar medicamentos, que sólo le fueron suministrados a la paciente las 6:45 de la mañana del día siguiente.

2.6.- El 5 de marzo de 2008 a la una de la tarde, luego de quince días de evolución de la infección debido al precario tratamiento y el descuido de la clínica, la víctima fue traslad ada a cuidados intensivos pues la infección no mejoraba; ese traslado se había dispuesto con anterioridad, pero no había sido posible por ausencia de camas disponibles.

2.7.- Inconformes con la atención médica dada a la paciente en la Clínica Pío XII, a la que fue traslada después de la cirugía para controlar el posoperatorio, y debido al deterioro de su estado de salud, los familiares interpusieron una acción de tutela para que fuera traslada a un mejor hospital. El 7 de marzo de 2008 el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Pereira no dispuso el traslado, pero le ordenó a la Clínica Pio XII prestar un mejor servicio.

2.8.- La paciente permaneció en dicha institución, pero el proceso infeccioso

2008 el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Pereira no dispuso el traslado, pero le ordenó a la Clínica Pio XII prestar un mejor servicio.

2.8.- La paciente permaneció en dicha institución, pero el proceso infeccioso no se pudo controlar y murió el 27 de marzo de 2008 por esta causa.

3.- En la demanda , la imputación de responsabilidad por la muerte de la paciente se fundamentó en la atención tardía y negligente de la paciente . Se indicó que el desgarro de su columna que terminó infectándose se produjo por un error del cirujano: <<ante el inminente riesgo de infección, la paciente debió ser tratada tempranamente en la UCI con antibióticos adecuados , pero la paciente se manejó como si se tratara de una simple gripa en una habitación>>.

3.1.- En relación con la <<infección nosocomial>> se dijo en la demanda:

<<En cuanto a la entidad promotora de salud INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES como aseguradora del riesgo de salud , es responsable por el ineficiente tratamiento ofrecido a la paciente, por la pérdida de la oportunidad para salvar su vida . Circunstancia que llevó a [que] la entonces enferma Carmen Elisa Florez de Sánchez, fuera atendida en la clínica PIO XII en forma deficiente y negligente permitiendo que una patología menor se transformara en una grave enfermedad por el contagio de la infección en el medio hospitalario (infección nosocomial)>> .Radicado: 660012331000201000059 01 (48580)

Demandante: Luz Marina Sánchez Flórez y otros

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3.2.- En los alegatos de conclusión , el apoderado de la parte demandante

Demandante: Luz Marina Sánchez Flórez y otros

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3.2.- En los alegatos de conclusión , el apoderado de la parte demandante agregó:

<<Que la infección que atacó a la paciente recibe el nombre de nosocomial producida al interior del centro hospitalario, al realizarle la operación programada para el día 19 de febrero de 2008, se le ocasiona un desgarro de la duramadre, al que se le da el nombre de fístula y es por allí que se introduce la infección se reproduce hasta el punto que produce una falla multisistém ica que origina la muerte de la paciente.

<<Que eran lamentable las condiciones de higiene que constituían un caldo de cultivo óptimo para que se presentaran virus o bacterias como las que originaron el proceso infeccioso que afectó a la fallecida ante l as heridas quirúrgicas que presentaba>>.

4.- La Rama Judicial es responsable porque el juez de tutela incumplió su deber constitucional de proteger la salud y vida de la víctima. Era evidente que la paciente estaba recibiendo una atención deficiente y debió ordenar su traslado a un mejor hospital, lo que la hubiera salvado.

5.- Los demandantes aseguran que la muerte de su familiar les causó graves perjuicios morales y <<a la vida de relación>>.

B.- Posición de la parte demandada

6.- La Fiduprevisora, administradora del Patrimonio Autónomo ESE Rita Arango, señaló que no era responsable de la atención médica que recibió la paciente, pues para la fecha en que ocurrieron los hechos el hospital se encontraba liquidado. El patrimonio autónomo no se constituyó para el pago

Arango, señaló que no era responsable de la atención médica que recibió la paciente, pues para la fecha en que ocurrieron los hechos el hospital se encontraba liquidado. El patrimonio autónomo no se constituyó para el pago de obligaciones contraídas con posterioridad al cierre del hospital.

7.- El Instituto de Seguros Sociales – ISS solicitó que se negaran las pretensiones5, toda vez que no existió negligencia ni imprudencia en los actos y procedimientos médicos practicados a la paciente.

7.1.- Afirmó que la atención médica fue oportuna y adecuada en relación con cuadro clínico presentado por la paciente. Las complicaciones y su muerte se produjeron como consecu encia natural de los riesgos de la cirugía y sus condiciones de salud.

7.2.- Señaló que para la época de los hechos no tenía a cargo la prestación de servicios de salud, pues ese servicio estaba a cargo de la ESE Rita Arango Álvarez del Pino, entidad que fue liquidada a partir del 15 de febrero de 2008.

5 Fls. 223 a 228 cd 1-1Radicado: 660012331000201000059 01 (48580)

Demandante: Luz Marina Sánchez Flórez y otros

6 8.- CAPRECOM EPS propuso la excepción de falta de legitimación por pasiva6, pues la administración científica de la Clínica Pío XII estaba a cargo de la Cooperativa Nacional de Anestesiólogos (en adelante, ANTESCOOP).

Indicó, como el ISS, que la muerte fue causada por factores no imputables a los médicos. Explicó que se trata ba de una paciente << de 84 años, con antecedente previos, sometida a reintervención quirúrgica cinco años después

Indicó, como el ISS, que la muerte fue causada por factores no imputables a los médicos. Explicó que se trata ba de una paciente << de 84 años, con antecedente previos, sometida a reintervención quirúrgica cinco años después por la misma causa>>, motivo por el cual el daño causado era propio del riesgo de la cirugía en una paciente de tan avanzada edad. Agregó que el desgarro durante la cirugía de columna no provino de un error médico, sino de << la reacción fibrosa cicatricial asociada a la manipulación previa de los tejidos>> de la columna. La herida fue corregida, pero esta se infectó por problemas de cicatrización de la paciente. Además, la paciente presentó resistencia a los antibióticos.

C.- Sentencia recurrida

9.- En sentencia del 23 de mayo de 2013 7 el Tribunal Administrativo de Risaralda tomó las siguientes decisiones:

9.1.- Negó las pretensiones de la demanda frente a la Rama Judicial porque el daño no le era imputable , pues no se probó un error en la decisión judicial de tutela que negó el traslado de la paciente.

9.2.- Condenó a las entidades demandadas prestadoras de salud por la muerte de la víctima, porque consideró que, aunque el dictamen pericial indicaba que la atención médica había sido adecuada, existían vacíos en la historia clínica (durante tres días) que permi tían inferir falta de atención; y como no estaba demostrado que esta falta de atención hubiese sido la causa del daño , optó por condenar por la pérdida de la oportunidad de vida causada por dicha demora, por lo cual redujo la indemnización al 20%. En palabras del tribunal,

demostrado que esta falta de atención hubiese sido la causa del daño , optó por condenar por la pérdida de la oportunidad de vida causada por dicha demora, por lo cual redujo la indemnización al 20%. En palabras del tribunal, se probó <<una probabilidad de que la demora fue la causa de la agravación de las condiciones de la salud de doña Carmen, por lo que debe responder (…) por una falla del servicio por pérdida de oportunidad>>.

9.3.- Por último, el Tribunal también indicó que << no obstante se había obtenido el consentimiento informado por parte de la hija de la señora Carmen Emilia para la intervención, en él solo se previno sobre los riesgos de quedar la paciente en silla de ruedas antes de fallecer>>.

D.- Recursos de apelación

6 Fl. 197 a 201 cd 1-1. 7 Fls. 437 a 493 cd 8.Radicado: 660012331000201000059 01 (48580)

Demandante: Luz Marina Sánchez Flórez y otros

7 10.- La parte demandante solicita que se modifique la decisión de primera instancia y se condene a las demandadas al pago de la indemnización plena, porque en el proceso no se probó una pérdida de oportunidad; se probó que el daño fue causado por los siguientes hechos y omisiones:

10.1.- La paciente fue contaminada con una bacteria en la Clínica Pío XII y la causa de su deceso fue la evolución del proceso infeccioso por falta de atención médica. Esta fue una infección intrahospitalaria por falta de higiene, por lo cual el régimen de responsabilidad aplicable es objetivo.

Al respecto, el apoderado judicial de la parte actora señaló:

atención médica. Esta fue una infección intrahospitalaria por falta de higiene, por lo cual el régimen de responsabilidad aplicable es objetivo.

Al respecto, el apoderado judicial de la parte actora señaló:

<<Del análisis integral del material probatorio se puede determinar que la muerte de la señora Carmen Emilia Flórez de Sánchez se produjo como consecuencia de una falla en la prestación del servicio de salud, en la medida en que la paciente fue contaminada al interior de la clínica Pio XII de propiedad de la ESE Rita Arango del Pino y dicha contaminación fue la que produjo el proceso infeccioso que llevó a su muerte, no estamos entonces en presencia de una oportunidad en el tratamiento de la paciente sino en una falla del servicio que llevó a su muerte, y por lo tanto, la indemnización debe ser reconocida en forma plena de acuerdo con la jurisprudencia vigente de la Sección Tercera del Honorable Consejo de Estado>>.

<<Ha señalado la jurisprudencia de la Sección Tercera del Honorable Consejo de Estado que los asunto por responsabilidad en la prestación del servicio de salud deben resolverse bajo la teoría de la imputación de la falla del servicio, sin embargo la misma colegiatura ha indicado que cuando el daño se origina, entre otras casusas, en una infección nosocomial o intrahospitalaria, se presenta una responsabilidad objetiva>>.

10.2.- En relación con la <<falla del servicio>>, indica que con el dictamen pericial se probó que la atención médica no fue oportuna y eficiente. El cirujano causó el desgarre y esto llevó a que se presentara la fístula. Los médicos dejaron que la herida se infectara y la infección no fue controlada.

pericial se probó que la atención médica no fue oportuna y eficiente. El cirujano causó el desgarre y esto llevó a que se presentara la fístula. Los médicos dejaron que la herida se infectara y la infección no fue controlada.

10.3.- También solicita que se condene a la Rama Judicial porque no protegió los derechos fundamentales de la paciente y permitió que continuara en un centro asistencial que no le garantizó una atención integral y oportuna y que presentaba graves problemas de higiene, punto en el cual señala textualmente:

<<Al preguntársele al testig o Carlos Arturo Merch án Forero sobre las condiciones de higiene en la Clínica Pio XII, manifestó: (…) no recuerdo el apellido del que estaba en la UCI, y sin el ánimo de exagerar esa sala era tenebrosa porque las camillas eran oxidadas, las sábanas desteñidas totalmente, sucias, habían los desechos cuando aplican las inyecciones tirados en unos tarros son la más mínima medida de higiene y no sé si fue esa percepción que me causó la situación de doña Carmen, pero el olor era bastante fuerte, las camillas seguidas, los pacientes habían unos conscientesRadicado: 660012331000201000059 01 (48580)

Demandante: Luz Marina Sánchez Flórez y otros

8 porque ya estaban saliendo o quizás ingresando pero se quejaban mucho no había como un cuidado especial para uno y otro, se escuchaban unos monitores muy básicos pero no se veía un cuidado o una atención especial como la que uno presume debe existir en una unidad de cuidados intensivos>>.

había como un cuidado especial para uno y otro, se escuchaban unos monitores muy básicos pero no se veía un cuidado o una atención especial como la que uno presume debe existir en una unidad de cuidados intensivos>>.

<<Eran pues, lamentables las condiciones de higiene que constituía el caldo de cultivo óptimo para se presentaran virus o bacterias como la que originaron el proceso infeccioso que afectó a la fallecida, ante las heridas quirúrgicas que presentaba.>>

<<Entre tanto, las malísimas condiciones higiénicas de la Clínica Pío XII y la precaria atención que recibía su madre, llevaron a que la señora Luz Marina Sánchez Flórez, presentara acción de tutela para que se le protegiera el derecho fundamental a la salud, acción constituciona l que correspondió por competencia al Juzgado Tercero Penal del Circuito de Pereira, autoridad judicial que a pesar del grave estado de salud de la paciente y de la precaria prestación del servicio de salud en la Clínica Pio XII no adoptó la medida provisional que se le pidiera en el sentido de ordenar el traslado a toro centro de salud y se limitó a solicitar que se le prestara el servicio en buenas condiciones, cuando ello no era posible por la incapacidad de la misma institución>>.

<<Lamentablemente, la voz de auxilio de la hija de la enferma no fue oída por la justicia constitucional, quien dejó que el daño se produjera sin tomar medidas al respecto, pues era evidente que la institución prestadora del servicio de salud no estaba cumpliendo con sus deber y era su obligación ofrecerle una atención integral>>.

11.- La Fiduprevisora, administradora del Patrimonio Autónomo ESE Rita

medidas al respecto, pues era evidente que la institución prestadora del servicio de salud no estaba cumpliendo con sus deber y era su obligación ofrecerle una atención integral>>.

11.- La Fiduprevisora, administradora del Patrimonio Autónomo ESE Rita Arango, insiste en que cuando ocurrieron los hechos, la ESE Rita Arango Álvarez del Pino en Liquidación no desarrollaba actividades propias de su objeto social porque fue suprimida el 15 de febrero de 2008.

11.1.- Afirma que no existe prueba de una pérdida de oportunidad de la víctima. Las pruebas evidencian que la fístula e infecciones son un riesgo inherente al acto quirúrgico, tal como lo manifestó el dictamen pericial.

11.2.- Agrega que la víctima era una paciente mayor de 80 años, que ingresó a los servicios de salud con un cuadro complejo y que fue sometida a u na cirugía de alto riesgo, condición que le fue informada . Por su edad y sus condiciones de salud, era probable que presentara los riesgos posoperatorios que ocasionaron su muerte.

12.- CAPRECOM EPS indica que el daño es atribuible al hecho de un tercero, la Cooperativa Nacional de Anestesiólogos – ANTESCOOP, porque era la encargada de coordinar los servicios médicos que se le prestaron a la paciente.Radicado: 660012331000201000059 01 (48580)

Demandante: Luz Marina Sánchez Flórez y otros

9 En cuanto a la imputación, realiza alegaciones de orden médico y concluye que no existe responsabilidad que pueda ser atribuida por negligencia en la atención médica. Ese desarrollo técnico lo hace sin sustentarlo en la prueba

9 En cuanto a la imputación, realiza alegaciones de orden médico y concluye que no existe responsabilidad que pueda ser atribuida por negligencia en la atención médica. Ese desarrollo técnico lo hace sin sustentarlo en la prueba pericial obrante en el expediente.

II. CONSIDERACIONES

E.- La decisión que se adopta y el plan de exposición

13.- La Sala se pronunciará de fondo porque están reunidos los presupuestos procesales para fallar y, tal como lo señaló el tribunal, la demanda fue presentada dentro de la oportunidad legal para ello. La muerte de la señora Carmen Emilia Flórez de Sánchez ocurrió el 27 de marzo de 2008 y la demanda fue radicada el 20 de octubre de 2008, es decir, dentro del término de dos años establecido en el numeral 8° del artículo 136 del CCA.

14.- La Sala revocará la condena impuesta a las demandadas en su condición de prestadoras de salud , porque los medios de prueba obrantes en el expediente no permiten deducir que la muerte de la paciente hubiese sido consecuencia de las acciones u omisiones de sus agentes en la atención médica, ni de una infección nosocomial.

14.1.- Las afirmaciones de la demanda en las que se imputan tardanzas e irregularidades en la atención médica y se critican las condiciones de la Clínica Pío XII, donde se prestó la atención , no están probadas en el expediente : el dictamen pericial, rendido con base en la historia clínica , concluye que la infección que generó la muerte de la señora Carmen Emilia Flórez de Sánchez era un riesgo propio de la intervención y descarta que se tratara de una infección nosocomial.

infección que generó la muerte de la señora Carmen Emilia Flórez de Sánchez era un riesgo propio de la intervención y descarta que se tratara de una infección nosocomial.

14.2.- Ese riesgo fue advertido an tes de la intervención, por lo que no puede hablarse aquí de un daño antijurídico ; y a l no estar acreditado (i) que en la atención médica se incurrió en omisiones , o que fue irregular y (ii) que dicha atención fue la causante del daño, no era procedente imponer una condena por la <<pérdida de oportunidad>> de vida , partiendo de la simple consideración errada según la cual existen vacíos en la historia clínica que muestran que durante tres días la paciente no fue atendida.

15.- De otra parte, la Sala confirmará la decisión de absolver a la Rama Judicial porque no está probado que la omisión de ordenar el traslado de la víctima a otro hospital hubiera causado su muerte. No obra prueba en el expediente que permita inferir que, de haber recibido atención médica en otro hospital , la víctima no habría fallecido . Lo que demuestran los medios probatorios -seRadicado: 660012331000201000059 01 (48580)

Demandante: Luz Marina Sánchez Flórez y otros

10 iteraes que la víctima murió por causas asociadas a sus propias condiciones físicas.

16.- En la primera parte , la Sala expondrá el a nálisis en conjunto de las pruebas para sustentar que las afirmaciones de la demanda , relativas a las omisiones en la atención médica y a la infección nosocomial no solo no están

físicas.

16.- En la primera parte , la Sala expondrá el a nálisis en conjunto de las pruebas para sustentar que las afirmaciones de la demanda , relativas a las omisiones en la atención médica y a la infección nosocomial no solo no están demostradas, sino están descartadas por el dictamen pericial. En la segunda parte, explicará por qué la condena no puede fundarse en la falta del consentimiento informado ni en la pérdida de oportunidad.

I.)- El análisis de los medios de prueba obrantes en el expediente , en relación con la omisión en la atención m édica y la infección <<nosocomial>>

a.- La atención médica en relación con el tratamiento de la infección

17.- Lo que evidencia la prueba pericial y la historia clínica de la paciente, es que su fallecimiento ocurrió por circunstancias que no son imputables a los médicos de la Clínica Pío XII. Estos medios de prueba demuestran: (i) que la paciente tenía 84 años de e dad, era hipertensa y tenía varios problemas de salud; (ii) que la paciente había tenido una cirugía anterior por la misma causa; (iii) que al momento de operar se generaron lesiones por fibrosis previas en la columna que solo podían ser advertidas durante una operación; (iv) que la paciente tenía problemas para cicatrizar por la presencia de líquido; y (v) que la infección se hizo resistente a los antibióticos que hubieran permitido curarla.

18.- Al no estar probado que el daño fue causado por la actuación médica, el Estado no puede ser declarado responsable del mismo: la noción de <<pérdida de oportunidad>> no puede sustituir la prueba de una relación de causalidad

18.- Al no estar probado que el daño fue causado por la actuación médica, el Estado no puede ser declarado responsable del mismo: la noción de <<pérdida de oportunidad>> no puede sustituir la prueba de una relación de causalidad y no es procedente declarar parcialmente responsable al Estado, sin que el dictamen médico señale que la actuación médica fue la causante del daño en determinada proporción. Por último, el daño tampoco puede imputarse bajo la consideración de que fue causado por una infección nosocomial como consecuencia de las malas condiciones de higiene de la Clínica Pío XII, porque tales condiciones no están evidenciadas en el proceso y esta circunstancia también se descarta en el dictamen pericial.

El dictamen pericial y las notas de la historia clínica no evidencian la existencia de omisiones en la atención médica de la paciente ni prueban que su muerte hubiera sido consecuencia de la misma.

19.- El dictamen pericial que fue rendido en el curso del proceso , que se fundamenta en la hi