CE - 012331000201000210011SENTENCIASENTENCIA20230622135912

________________________________________ 41001-23-31-000-2010-00210-01 (60825) Lidman Fernando Perdomo Claros y Otros

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Magistrado Ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS

Bogotá D.C., veintiuno (21) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Radicado número: 41001-23-31-000-2010-00210-01 (60825)

Demandantes: Lidman Fernando Perdomo Claros y Otros Demandado: Nación-Ministerio de Defensa Nacional -Ejército NacionalReferencia: Acción de reparación directa

Tema: Responsabilidad del Estado por violación de derechos humanos y DIH - ejecución extrajudicial Subtema 1: Presupuestos para excepcionar el monto unificado de perjuicios morales Subtema 2: Criterios para el reconocimiento de lucro cesante en favor de los padres Subtema 3: Daño a bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Atendiendo el carácter prelativo que se le confirió al asunto 1 y, aceptado el impedimento formulado por el consejero Nicolás Yepes Corrales , la Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por las partes en contra de la sentencia dictada el 5 de septiembre de 2017 por el Tribunal Administrativo del Huila, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

Juan Perdomo Claros era un joven de 24 años, habitante de calle, que llevaba cerca

parcialmente a las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

Juan Perdomo Claros era un joven de 24 años, habitante de calle, que llevaba cerca de diez años luchando con un problema de drogadicción y asistiendo de forma intermitente a centros de rehabilitación sin lograr sobreponerse . Era usual verlo en un paradero de colectivos en Neiva, donde anunciaba las rutas a cambio de monedas que le d aban los conductores. Pese a su situación, nunca dejó de frecuentar a sus padres y la última vez que lo hizo fue el 11 de febrero de 2008. Ante la extrañeza que causó en su familia que no regresara a la casa, empezaron a buscarlo por los sitios donde solía permanecer, sin lograr encontrarlo, por lo que el 20 de febrero siguiente acudieron ante las autoridades a reportarlo como desaparecido y el 4 de marzo de ese año a formular la correspondiente denuncia. El 1 de agosto de la misma anualidad, la Coordinara de Búsqueda de Desaparecidos de la Fiscalía les comunicó que existía un reporte del C.T.I. , sobre dos cadáveres de sexo masculino encontrados en la vereda Las Palmas del municipio de Suaza (Huila), reportados como muertos en combate el 15 de febrero de 2008 con el Ejército Nacional y que uno de ellos era su hijo Juan Perdomo Claros.

El colectivo familiar de Juan Perdomo Claros se presenta a nte este contencioso para reclamar por los daños y perjuicios ocasionados por la muerte de su hijo y hermano.

1 Por auto del 30 de junio de 2020, la Subsección, previa solicitud de la parte actora, decidió

para reclamar por los daños y perjuicios ocasionados por la muerte de su hijo y hermano.

1 Por auto del 30 de junio de 2020, la Subsección, previa solicitud de la parte actora, decidió concederle prelación al trámite de este proceso. Cfr. Folios 458-463, c. ppal. De segunda instancia.________________________________________ 41001-23-31-000-2010-00210-01 (60825) Lidman Fernando Perdomo Claros y Otros

2

II. ANTECEDENTES

2.1. La demanda

María Yised Claros Puentes y Juan Perdomo Reyes, en su condición de padres de la víctima y, T ulia Alejandra, Gisella, Leidy y Lidman Fernando Perdomo Claros, en su calidad de hermanos de la víctima, en ejercicio de la acción de Reparación Directa , concurrieron a la Jurisdicción Contencioso Administrativa y presentaron demanda2, con la pretensión de que se dicte sentencia en la que declare responsable a la Nación -Ministerio de Defensa-Ejército Nacional, por los perjuicios morales y materiales causados a consecuencia de la desaparición Forzada y muerte violenta de su hijo y hermano Juan Perdomo Claros.

2.2. El trámite procesal relevante de primera instancia

Admitida la demanda3, notificado el auto admisorio4, y corrido el traslado de ley, la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional presentó escrito de contestación5, para opugnar a las pretensiones, al considerar que la parte actora no presentó pruebas de las circunstancias en que ocurrieron los hechos, mientras

Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional presentó escrito de contestación5, para opugnar a las pretensiones, al considerar que la parte actora no presentó pruebas de las circunstancias en que ocurrieron los hechos, mientras que el Ejército sí allegó acervo que daba cuenta de la muerte en combate de Juan Perdomo Claros . Como excepciones propuso: i) “Ausencia de Prueba de l os Presupuestos de Hecho”, bajo la consideración de que no había respaldo suasorio en torno de las circunstancias de modo en que se consumó la muerte de la víctima, ni de que los miembros del Ejército Nacional que hubieren participado en el desarrollo del mismo, ni de su condu cta ilegítima o rayana en la extralimitación de funciones; ii) “Ausencia de Responsabilidad ”, comoquiera que no asoma ba probanza de los elementos que la configuran -Falla del Servicio, Daño Antijurídico y Nexo Causal -, y mucho menos soporte de la imputación al Estado; iii) “Culpa Exclusiva de la Víctima”, en cuanto frente a la versión del grupo familiar demandante, los registros de resultados operacionales del Batallón de Infantería N° 27 Magdalena, como las versiones militares, indican que el occiso en asocio de otro sujeto, atacaron con armas y munición de guerra al personal del Batallón referido, y que su deceso se produjo a consecuencia de ese enfrentamiento; iv) “Uso legítimo de las Armas de Fuego, Legítima Defensa, Cumplimiento de un Deber Legal”, para repeler el ataque de los combatientes, sin que hubiera exceso o desproporcionalidad en la reacción oficial, pues se ob ró conforme al artículo 3° del

de las Armas de Fuego, Legítima Defensa, Cumplimiento de un Deber Legal”, para repeler el ataque de los combatientes, sin que hubiera exceso o desproporcionalidad en la reacción oficial, pues se ob ró conforme al artículo 3° del Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley, dado por la Asamblea General de Naciones Unidas; y v) “Inexistencia de Prueba de los Perjuicios”, como que no asoma al plenario prueba siquiera sumaria de los mismos, lo cual equivale a señalar que no existe un daño cierto y real, cuya probanza recae en cabeza de quien reclama.

El 23 de septiembre de 2.010 se abrió el proceso a pruebas6. y, vencido éste se dio traslado por 10 días a las partes para alegar de conclusión7 y al Ministerio Público para que rind iera concepto. De esta prerrogativa hizo uso la demandada8 para reiterar las razones ya expuestas y para invocar como configurada la excepción

2 Escrito de demanda visible a folios 1-37 del C. Principal. Presentada 11 de mayo de 2010 según sello de recibido de la Dirección Ejecutiva Seccional, Administración Judicial de Neiva 3 Auto admisorio del 24 de mayo de 2010. Folios 76-78 del C. Principal 4 Diligencia de notificación del 5 de agosto de 2010 5 Contestación a la demanda del 30 de agosto de 2010. Folios 86-99 del C. Principal 6 Decreto de Pruebas Folios 107-109 del C. Principal 7 Traslado para Alegar de Conclusión Folio 210 C. Principal 2 8 Alegaciones de Conclusión Parte demandada Folios 211-219 del C. Principal 2________________________________________

6 Decreto de Pruebas Folios 107-109 del C. Principal 7 Traslado para Alegar de Conclusión Folio 210 C. Principal 2 8 Alegaciones de Conclusión Parte demandada Folios 211-219 del C. Principal 2________________________________________ 41001-23-31-000-2010-00210-01 (60825) Lidman Fernando Perdomo Claros y Otros

3 “culpa exclusiva de la víctima”, pues el daño padecido se derivó de la condición de rebeldes, por lo que no es antijurídico, ni resulta imputable al Estado. A idéntica conclusión se ha de llegar, habida cuenta que la falla del servicio no fue acreditada, como no lo están tampoco los perjuicios por los que se reclama. La parte actora9 memoró las pruebas y citó jurisprudencia de esta Corporación, para recabar sobre la declaratoria y codenas pedidas en la demanda.

2.3. La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo del Huila, Sala Tercera de Decisión, dictó sentencia el 5 de septiembre de 2017 10, en la que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, tras considerar que, el caso comporta una violación grave a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario, constitutiva de grave f alla del servicio imputable al Ejército Nacional, deducida por vía indirecta -indiciaria-, conforme a lineamientos jurisprudenciales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como del Consejo de Estado y, dadas las palmarias inconsistencias de los testimonios de los militares que participaron en los hechos, frente a l resto del acervo del cual se podía inferir que Juan Perdomo Claros no era un insurgente, ni

Humanos, como del Consejo de Estado y, dadas las palmarias inconsistencias de los testimonios de los militares que participaron en los hechos, frente a l resto del acervo del cual se podía inferir que Juan Perdomo Claros no era un insurgente, ni hacía parte de grupos al margen de la Ley, aunque tenía problemas de drogadicción que le había n alterado sus facultades síquicas y que luchaba a diario por recuperarse y salir de ese estado.

En consecuencia, condenó a la entidad demandada a p agar los siguientes perjuicios: a) perjuicios morales en favor de María Yised Claros Puentes y Juan Perdomo Reyes, padres de la víctima, el equivalente a 120 S.M.L.M.V. a cada uno; en favor de Tulia Alejandra, Gisella, Leidy, y Lidman Fernando Perdomo Claros, hermanos de la víctima, el equivalente a 60 S.M.L.M.V. para cada uno. b) medidas de restauración i) En favor de los demandantes la atención síquica o sicológica que requieran, a través del sistema de seguridad social y por el tiempo necesario, bajo la coordinación de la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional que, caso de necesidad prestará la atención especializada que se le solicite dentro de los 3 meses subsiguientes a la ejecutoria de esta providencia . ii) Remitir copia de la sentencia al Centro de Memoria Histórica una vez cobre firmeza, en acatamiento de lo dispuesto por la Ley 1424 de 2. 010. iii) Publicar en su integridad la presente sentencia una vez quede ejecutoriada, en un medio de comunicación nacional y regional del Huila, como en la página web de la respectiva entidad y previa autorización de los demandantes. iv) Ordenar al Estado por conducto del Ministerio

sentencia una vez quede ejecutoriada, en un medio de comunicación nacional y regional del Huila, como en la página web de la respectiva entidad y previa autorización de los demandantes. iv) Ordenar al Estado por conducto del Ministerio de Defensa -Ejército Nacional, previo consentimiento de los demandantes, la realización de un acto público de disculpas, dentro del mes siguiente a la firmeza de esta providencia, en la Plaza de Banderas de la Gobernación del Huila, a cargo del Comandante del Batallón de Infantería N° 27 Magdalena, como del Comandante de la Novena Brigada, con presencia de los demandantes y de la comunidad en general, que será difundido por las páginas web de la entidades d emandadas. Además de condena en costas en favor de la parte actora y en contra de la demandada.

2.4. El recurso de apelación

Inconformes con la decisión adoptada en primera instancia, la parte actora, como la Nación -Ministerio de Defensa -Ejército Nacional, de manera oportuna interpusieron recurso de apelación en contra del fallo de primera instancia.

9 Alegaciones Conclusivas Parte Demandante Folios 235-249 del C. principal 2 10 Sentencia de Primera Instancia Folios 344-366 vto. del C. Principal 3________________________________________ 41001-23-31-000-2010-00210-01 (60825) Lidman Fernando Perdomo Claros y Otros

4 La parte demandada, en su escrito de apelación11, protestó que el a quo hubiese determinado su responsabilidad, pues, en su sentir : (i) de la prueba arrimada al plenario, conforme a la versión militar, se desprende que la muerte de Juan

4 La parte demandada, en su escrito de apelación11, protestó que el a quo hubiese determinado su responsabilidad, pues, en su sentir : (i) de la prueba arrimada al plenario, conforme a la versión militar, se desprende que la muerte de Juan Perdomo Claros se produjo en el contexto de un combate con miembros del Batallón de Infantería N° 27 Magdalena, después que el ciudadano Antonio Hernández Lo sada, el día 13 de febrero de 2008 puso en conocimiento de los militares, que era objeto de extorsión por parte de desconocidos que se movían el sector, noticia que provocó desplazamiento al lugar de los hechos y, estando allí, en la madrugada del 15 de fe brero, sujetos que transitaban por el sitio, al advertir la presencia de la tropa abrieron fuego contra ésta, presentándose el enfrentamiento que dejó como saldo dos individuos abatidos que portaban material de guerra, circunstancias acreditadas dentro del proceso por pruebas trasladadas al mismo desde la Fiscalía 48 de la Unidad de Nacional de DHDIH -sumarias 2010 00210-, como por la investigaciones disciplinarias N° IUC -D2009-88192 y 12, adelantadas por la Procuraduría Delegada para la Defensa de los DDH H y el Comando del Batallón Magdalena, respectivamente; que alrededor del hecho no confluyó ningún comportamiento irregular por parte de los miembros del Ejército Nacional, y que demostrado quedó que los occisos si dispararon injustamente contra aquellos y que su reacción tuvo por fin exclusivamente, repeler el ataque inicial; circunstancias que configuran la causal de exoneración de responsabilidad

Nacional, y que demostrado quedó que los occisos si dispararon injustamente contra aquellos y que su reacción tuvo por fin exclusivamente, repeler el ataque inicial; circunstancias que configuran la causal de exoneración de responsabilidad “Culpa Exclusiva de la Víctima”; (ii) la declaratoria de responsabilidad está soportada en dudas acerca de l as circunstancias de modo en que acaecieron los hechos y afirmaciones en la lógica del Despacho, que mal pueden tenerse como pruebas contundentes de situaciones fácticas contrarias a las efectivamente demostradas, en cuanto carecen de la entidad suficiente para soportar la declaratoria de responsabilidad que se impugna; (iii) la conclusión del a quo sobre incongruencias dentro del proceso, entre lo afirmado por los militares y algunas de las pruebas recaudadas, no es suficiente para restar credibilidad a las demás probanzas obrantes al expediente en favor de la entidad, que respaldan la versión que los militares dieron sobre la ocurrencia de los hechos; mucho menos puede la sentencia impugnada soportarse en la prueba indiciaria, pues la entidad acreditó debidamente su versión sostenida desde el principio por los militares y no medio irregularidad alguna en el procedimiento, o cuando menos, no fue demostrada por los actores; (iv) la ausencia de la prueba técnica, no puede achacarse a la demandada, en cuanto pende su práctica de otras autoridades y entidades, encargadas de la investigación, concretament e al CTI que compareció al lugar de los hechos, por llamado de los militares y a objeto de realizar la inspección de cadáveres; la Fiscalía General y la Procuraduría en virtud de sus competencias, como de las investigaciones que adelantaron, con ocasión d e la muerte del señor

los hechos, por llamado de los militares y a objeto de realizar la inspección de cadáveres; la Fiscalía General y la Procuraduría en virtud de sus competencias, como de las investigaciones que adelantaron, con ocasión d e la muerte del señor Perdomo Claros, eran las entidades encargadas de ordenar y practicar todas las pruebas tendientes a esclarecer las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que acaecieron los hechos; por manera que la ausencia de dicha prueba no pued e conducir a la inferencia que los hechos ocurrieron de forma contraria a lo afirmado por los militares; (v) conocidas son las diferencias entre civil y combatiente, a propósito del acto hostil, pues como tiene sentado la Comisión de expertos del Comité Internacional de la Cruz Roja, siempre que el civil participe directamente en las hostilidades, será considerado combatiente o beligerante ilegítimo o no privilegiado, y podrá ser enjuiciado en virtud del Derecho interno de l Estado detenedor; por lo demás , (vi) el uso de armas de fuego que hicieron los militares en el momento y lugar de los hechos, constituyó el único medio posible para contrarrestar el accionar delictivo, por lo que no puede calificarse de indiscriminada y excesiva su reacción, sino, por el contrario, coherente y adecuada a la defensa que hizo la fuerza pública, según su misión legal y constitucional; (vii)

11 Recurso de Alzada de la Parte Demanda Folios 369-380 del C. de 2a Instancia________________________________________ 41001-23-31-000-2010-00210-01 (60825) Lidman Fernando Perdomo Claros y Otros

5

41001-23-31-000-2010-00210-01 (60825) Lidman Fernando Perdomo Claros y Otros

5 respecto de la condena en costas, no se evidencia dentro del proceso temeridad o mala fe, que conlleve a la imposición de tal condena; razones demás bastantes para que se revoque la sentencia condenatoria de primera instancia y en consecuencia se nieguen e n su totalidad las pretensiones de la demanda.

La parte demandante en sustentación de su apelación 12, arguyó que la declaratoria de responsabilidad debía confirmarse, pues tal como lo dispuso el a quo, la muerte a Juan Perdomo Claros por parte de miembros del Ejército Nacional produjo una grave violación de derechos humanos , dando por descontada la culpa exclusiva de la v íctima, en cuanto no se probó que Perdomo Claros perteneciera a grupos al margen de la ley, ni que se hubiera obrado en legítima defensa, ni que el uso de la fuerza fuera necesario. En cuanto a la tasación de perjuicios morales, indicó que aquella se produjo con desconocimiento del precedente judicial de unificación del Consejo de Estado del 28 de agosto de 2.014, que dispuso una mayor indemnización, en la medida que concurr ieran circunstancias de mayor intensidad o gravedad, tal como ocurría en el sub lite , al tratarse de un caso de desaparición forzada concomitante con ejecución extrajudicial y, por tanto, debía otorgarse un monto de 300 smlmv para los padres y, 150 smlmv para los hermanos; en respaldo, trajo a comento jurisprudencia de dos casos similares.

otorgarse un monto de 300 smlmv para los padres y, 150 smlmv para los hermanos; en respaldo, trajo a comento jurisprudencia de dos casos similares. Respecto de los perjuicios materiales reprochó que se hubiera acogido un criterio regresivo que no se compadecía con el planteamiento integral de la sentencia en la que se había reconocido de forma insistente la condición especial del joven Perdomo Claros, por lo que no resultaba coherente denegar el perjuicio bajo argumento , según el cual , el occiso era habitante de calle , pues había quedado demostrado que laboraba aunque informalmente como revolador de buses en La esquina del edificio Profesionales en Neiva . En torno de las medidas de reparación integral , reclamó que estas deben ser proporcionales a la gravedad de las vio laciones y del daño sufrido y debían modularse en el sentido de tratar de volver las cosas al statu quo dando a los demandantes la atención conforme a sus necesidades, de manera articulada entre las varias entidades del Estado aptas para la prestación de los servicios debidos; solicitó que no se publiquen los apartes de la sentencia que tocan con los montos reconocidos; que participe en el acto de desagravio o disculpas un funcionario de alto nivel, tal que irradie autoridad y vincule con sus palabras, como el Ministro de Defensa o su Viceministro, sin que quepa la posibilidad de delegar esta función; finalme nte, se valore como prueba en segunda instancia, la sentencia proferida el 2 de febrero de 2016, por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Neiva, en la que se condenó a José Aníbal Trujillo, Julio Cesar Ramos Zapata y otros, por el delito de

de 2016, por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Neiva, en la que se condenó a José Aníbal Trujillo, Julio Cesar Ramos Zapata y otros, por el delito de Homicidio Agravado, dando lugar a la contradicción de la misma y con respeto del Debido Proceso.

2.5. El trámite procesal relevante de segunda instancia

Agotado el intento fallido de conciliación del asunto litigioso, e l Tribunal concedió los recursos de apelación propuestos por las partes13.

Recibido el asunto en e sta Corporación, por auto del 12 de marzo de 2.018 14, se admitieron los recursos de apelación formulados, y, en providencia posterior, corrió traslado a las partes para que alegaran de conclusión y al Ministerio de Público para que emitiera su concepto , y se denegó la solicitud de incorporación

12 Recurso de apelación – parte demandante. Folios 381-396, c. ppal. 2ª. Instancia. 13 Concesión de las Apelaciones Folio 410 y 410 Vto. del C de 2a Instancia 14 Auto del 12 de marzo de 2018 que admitió la apelación Folio 423 Ibídem________________________________________ 41001-23-31-000-2010-00210-01 (60825) Lidman Fernando Perdomo Claros y Otros

6 de la prueba sobreviniente15. La parte demandante16 presentó alegatos para reiterar lo expuesto e insistir en la valoración de la prueba sobreviniente y, el Ministerio Público , representado por doctor Nicolás Yepes Corrales en su entonces condición de Procurador Primero Delegado ante el Consejo de Estado,

reiterar lo expuesto e insistir en la valoración de la prueba sobreviniente y, el Ministerio Público , representado por doctor Nicolás Yepes Corrales en su entonces condición de Procurador Primero Delegado ante el Consejo de Estado, emitió concepto17, en el que indicó que no era suficiente haber encontrado armas en manos de las víctimas, cuyo uso no fue demostrado, pues el d año deriva de una actividad peligrosa y la demandada ha debido demostrar tanto el uso de las armas por los ofendidos directos, como el ataque que tuvieron que repeler en defensa de sus vidas; por ende, las probanzas allegadas al proceso no demuestran situación que pueda exonerar de responsabi lidad a la entidad demandada. Expuso que el daño causado es de la mayor magnitud, por lo que la indemnización de los perjuicios morales debe mantenerse; en relación con los perjuicios materiales estuvieron estos bien denegados en cuanto la víctima no velaba por el sustento de su familia, y era un habitante de calle a quien sus parientes le prodigaban asistencia a consecuencia de su adicción.

III. CONSIDERACIONES

De acuerdo con el artículo 32 8 del Código General del Proceso (CGP) —aplicable en esta instancia conforme a la jurisprudencia administrativa unificada17— “cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia -como aquí ocurre -, el superior resolverá sin limitaciones. En esa medida, considerando en sistemática los recursos de apelación formulados por las partes, la Sala se ocupará de resolver de manera sucesiva y a condición de que la pregunta que antecede se resuelva de forma afirmativa, los siguientes problemas jurídicos:

¿El daño padecido por la parte demandada a consecuencia del deceso del joven

sucesiva y a condición de que la pregunta que antecede se resuelva de forma afirmativa, los siguientes problemas jurídicos:

¿El daño padecido por la parte demandada a consecuencia del deceso del joven Juan Perdomo Claros, a manos de integrantes del Ejército Nacional, deviene antijurídico, en cuanto menoscabó derechos e intereses que gozan de amparo Constitucional, Convencional y Legal?

¿Está obligada la Nación -Ministerio de Defensa – Ejército Nacional a responder administrativa y patrimonialmente por la muerte de Juan Perdomo Claros?

¿Procede el reajuste de los perjuicios morales en atención a la naturaleza y gravedad del hecho y el daño?

¿Hay lugar al reconocimiento de perjuicios materiales tal como fueron solicitados en la demanda?

¿Es dable modular el reconocimiento efectuado por la primera instancia en torno a las medidas de reparación no pecuniarias?

3.2. Hechos probados relevantes para la resolución del problema jurídico enunciado

Como prueba trasladada, al presente trámite se allegó, copia de algunas en piezas procesales -unas en formato de copia simple y otras autenticadas - de las actuaciones surtidas en los expedientes de los procesos penales y disciplinarios adelantados en contra de los integrantes del Ejército que participaron en los hechos

15 Traslado para Alegaciones Conclusivas y denegación de incorporación de prueba en 2a instancia Folios 425 y 425 Vto. Ibídem 16 Alegaciones Conclusivas Parte Demandante Folios 426-437 Ibídem 17 Concepto del Ministerio Público - Folios 439-454 Ibídem________________________________________ 41001-23-31-000-2010-00210-01 (60825)

16 Alegaciones Conclusivas Parte Demandante Folios 426-437 Ibídem 17 Concepto del Ministerio Público - Folios 439-454 Ibídem________________________________________ 41001-23-31-000-2010-00210-01 (60825) Lidman Fernando Perdomo Claros y Otros

7 del 15 de febrero de 2008 en el contexto de los cuales se produjo la muerte, entre otro, del joven Juan Perdomo Claros, entre los que se encuentran las actuaciones de impulso, pero, además, declaracione s practicadas a instancias de los mismos. La anterior prueba fue debidamente incorporada al proceso y estuvo a disposición de las partes para el ejercicio de contradicción, y, además, de conformidad con el artículo 185 del CPC ─vigente para el momento en que fue decretada y practicada─ cabe valorarla sin formalidad adicional, en la medida en que el proceso del que se trasladan se practicaron a instancias o con audiencia de quienes son parte dentro de este contencioso, a excepción de las versiones libres que allí se contienen, a las cuales no se les otorgará mérito p robatorio por cuanto fueron rendidas sin el apremio del juramento. En cuanto a las copias simples serán valoradas ya que no fueron tachadas de falsedad, motivo por el cual constituyen medios de prueba válidos18. Precisado lo anterior, estos son los hechos probados en el proceso: 3.2.1. HECHOS RELACIONADOS CON LA INVESTIGACIÓN JUSTICIA PENAL MILITAR – Indagación No. 328-177 de 2008

3.2.1.1. El 15 de febrero de 2008 el Comandante Azteca 2 del Batallón de Infantería

MILITAR – Indagación No. 328-177 de 2008

3.2.1.1. El 15 de febrero de 2008 el Comandante Azteca 2 del Batallón de Infantería No. 27 Magdalena, presentó informe sobre los hechos sucedidos el 15 de febrero de 2008 en la vereda Divino Niño del municipio de Suaza, en desarrollo de la misión táctica No. 0321 – Felino, a la orden de operación Soberanía, a efectos de lo cual informó que el 13 de febrero de 2008 el señor Antonio Hernández Lozada, residente de la vereda Primavera, reportó que a su finca habían llegado unos sujetos a extorsionarlo y que eran los mismos que estaban pidiendo “vacunas” a los pobladores de las veredas Cachimbal, Las Delicias y Divino Niño, ante lo cual, se autorizó y se organizó un grupo de uniformados que se desplazaron al sector, ubicando a diez de ellos en la parte alta de la vereda Divino Niño, a donde llegaron a la madrugada del 14 de febrero y el resto del personal se dirigió a patrullar la vereda La Palma. Estando allí, se acercó el señor Pedro Muñoz, residente del lugar, para manifestarles que en días anteriores habían asesinado a un vecino que se había rehusado a pagar la extorsión y que el jefe de la banda delincuencia tenía una cicatriz en una mejilla. El 15 de febrero de 2008 aproximadamente entre las 4:45 a 5:00 horas, el CS Cárdenas Sánchez Óscar, informó desde la vereda Divino Niño que entró en contacto armado con sujetos desconocidos que transitaban la vía y, al

5:00 horas, el CS Cárdenas Sánchez Óscar, informó desde la vereda Divino Niño que entró en contacto armado con sujetos desconocidos que transitaban la vía y, al sentir la presencia de la tropa abrieron fuego, presentándose un intercambio de disparos en el cual resultaron abatidos dos sujetos que portaban dos armas cortas, un revólver 38 largo y una pistola calibre 7.65. Se reportó al CTI de la Fiscalía, quienes llegaron horas después 19. Si milar reporte se consignó En el “informe de operaciones” de la misma fecha20. 3.2.1.2. Se allegó el documento de la Misión Táctica Felino a la Orden de Operaciones Soberanía, del Batallón de Infantería No. 27 Magdalena, de febrero

18De las pruebas allegadas como medios de convicción a este proceso, los documentos aportados en copia auténtica serán tratados como medios hábiles y su eficacia probatoria será valorada conforme a las reglas de la sana crítica; así mismo, las copias simples traídas al plenario serán tenidas en cuenta, puesto que no han sido objeto de tacha de falsedad por la parte contra la cual se aducen. Respecto a su alcance, los documentos públicos, de conformidad con el artículo 264 del CPC ─norma vigente para el momento en que se recaudó la prueba─, hacen fe de su otorgamiento, de la fecha y de las declaraciones que en ellos haga el funcionario que lo autoriza; a su vez, los documentos privados tal como lo dispone el artículo 279 del CPC, tienen el mismo valor probatorio que los documentos públicos, ya sea entre quienes los suscribieron y sus causahabientes como respecto de terceros. 19 Folios. 3-4, c. de pruebas 5

documentos privados tal como lo dispone el artículo 279 del CPC, tienen el mismo valor probatorio que los documentos públicos, ya sea entre quienes los suscribieron y sus causahabientes como respecto de terceros. 19 Folios. 3-4, c. de pruebas 5 20 Folios 12-15, c de pruebas 5________________________________________ 41001-23-31-000-2010-00210-01 (60825) Lidman Fernando Perdomo Claros y Otros

8 de 2008 que tenía como pr opósito ocupar, registrar y ejercer control militar en disti