CE - 012331000201000242011SENTENCIA20231018100943

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., once (11) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: REPARACIÓN DIRECTA Radicación: 19001233100020100024201 (56260)

Demandante: MÓNICA RAMÍREZ IZQUIERDO Y OTROS

Demandado: NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA - EJÉRCITO NACIONAL

Tema: Responsabilidad del Estado por desaparición forzada. Daños causados con armas de dotación oficial . Ejecución extrajudicial en operativo militar – falso positivo.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por los demandantes contra la sentencia proferida el 1º de octubre de 2015 por el Tribunal Administrativo del Cauca, que negó las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

El 24 de agosto de 2008, aproximadamente a las 21:30 horas, John Jairo Rosero y Luis Alfredo Ramírez Estupiñán, residentes del municipio de Yumbo (Valle), resultaron muertos en el municipio de El Tambo (Cauca), en ejecución de la Misión Táctica No. 096 “Arco” desplegada por la Compañía C del Batallón de Alta Montaña No. 4, de la 29ª Brigada Benjamín Herrera Cortés, de la Tercera División del Ejército Nacional, que reportó a las víctimas como NN.1 y NN.2. y como miembros de la

No. 4, de la 29ª Brigada Benjamín Herrera Cortés, de la Tercera División del Ejército Nacional, que reportó a las víctimas como NN.1 y NN.2. y como miembros de la Compañía Camilo Cienfuegos de las ONT`ELN . Los muertos, según indicaron los operativos de la fuerza pública, vestían prendas de uso privativo de las fuerzas militares, portaban armas de corto alcance que dispararon contra la tropa, granadas de mano, municiones y 10.38 metros de cordón explosivo, todos en condiciones de funcionamiento e igualmente llevaban consigo distintivos y propaganda alusiva al grupo armado al margen de la ley ELN. Los demandantes afirman que John Jairo Rosero y Luis Alfredo Ramírez Estupiñán fallecieron a causa del actuar irregular de las unidades castrenses, que en un “falso positivo” trasladaron a las víctimas hasta el departamento del Cauca, donde “Posterior a su ejecución proceden los militares miembros de esa compañía o unidad […] a disfrazarlos o vestirlos como guerrilleros, no se sab e donde (sic) o en que (sic) lugar les quitaron sus ropas, con prendasRadicación: 19001233100020100024201 (56260)

Demandante: Mónica Ramírez Izquierdo y otros

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militares nuevas que no eran de su talla, les ponen botas mediacaña - totalmente nuevas -y sendos revólveres en sus manos.”

II. ANTECEDENTES

Expediente 1900123000320100024200

1. Demanda

El 1º de junio de 2010 1, Esperanza Izquierdo Carmona, Ingri Ximena Ramírez

II. ANTECEDENTES

Expediente 1900123000320100024200

1. Demanda

El 1º de junio de 2010 1, Esperanza Izquierdo Carmona, Ingri Ximena Ramírez Izquierdo y Marlon Alfredo Ramírez Izquierdo, Mónica Ramírez Izquierdo, Yerli Yasmín Ramírez Izquierdo, mediante apoderado judicial y en ejercicio de la acción de reparación directa, presentaron demanda en contra de la Nación – Ministerio de Defensa - Ejército Nacional para que se le declarara patrimonialmente responsable de la desaparición forzada y la muerte de Luis Alfredo Ramírez Estupiñán, ocurridas el 24 de agosto de 2008.

Como pretensiones de su demanda el extremo activo solicita condenar a la entidad demandada a pagar, por perjuicios morales, 600 SMLMV para Esperanza Izquierdo Carmona y 400 para cada uno de los demás demandantes; y por lucro cesante para Esperanza Izquierdo Carmona, Ingri Ximena Ramírez Izquierdo y Marlon Alfredo Ramírez Izquierdo la suma que corresponda según lo probado y las fórmulas aceptadas por la jurisprudencia, tasado inicialmente en $70.174.611.04.

En apoyo de las pretensiones, la parte demandante afirma que en el mes de agosto de 2008, cuando trabajaban en el centro comercial Plaza de Yumbo, donde realizaban labores de construcción, Luis Alfredo Ramírez Estupiñán y John Jairo Rosero fueron contactados por un desconocido que les ofreció trabajo con “excelentes condiciones laborales ”, bajo la advertencia de “guardar total secreto ”

realizaban labores de construcción, Luis Alfredo Ramírez Estupiñán y John Jairo Rosero fueron contactados por un desconocido que les ofreció trabajo con “excelentes condiciones laborales ”, bajo la advertencia de “guardar total secreto ” sobre todo con sus familiares y amigos. Así, el descono cido los citó para el 24 de agosto de 2008 a las 3:00 p.m.

Aduce que el 24 de agosto de 2008, Luis Alfredo Ramírez Estupiñán y John Jairo Rosero fueron conducidos por el desconocido al departamento del Cauca, donde fueron víctimas de desaparición forzosa y homicidio.

1 Fl. 66 a 91, C. 1. Exp. 20100024200Radicación: 19001233100020100024201 (56260)

Demandante: Mónica Ramírez Izquierdo y otros

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Sostiene que el 24 de agosto de 2008, a las 7:00 p.m., Luis Alfredo Ramírez Estupiñán y John Jairo Rosero tuvieron la última comunicación con sus familias.

Indica que, en fecha sin especificar y como producto de las labores de búsqueda, los familiares de las víctimas fueron informados por la Policía del Cauca de la muerte de dos hermanos, reportados por el Ejército Nacional como guerrilleros abatidos en combate.

Expone que, en fecha indeterminada, Luis Alfredo Ramírez Estupiñán y John Jairo Rosero fueron sepultados como N.N.`s

Informa que el 10 de septiembre del 2008, los cuerpos sin vida de Luis Alfredo Ramírez Estupiñán y John Jairo Rosero fueron entregados a sus familiares.

Rosero fueron sepultados como N.N.`s

Informa que el 10 de septiembre del 2008, los cuerpos sin vida de Luis Alfredo Ramírez Estupiñán y John Jairo Rosero fueron entregados a sus familiares.

Los demandantes consideran que los miembros de la Vigésima Novena Brigada del Ejército Nacional con sede en Popayán, “son autores intelectuales y materiales de la desaparición y posterior homicidio de Luis Alfredo Ramírez Estupiñán y John Jairo Rosero, quienes “nunca fueron sediciosos, menos guerrilleros, no fu eron activistas de grupo subversivos, […] civiles que nunca participaron en hostilidades […] Posterior a su ejecución proceden los militares miembros de esa compañía o unidad […] a disfrazarlos o vestirlos como guerrilleros, no se sabe donde (sic) o en que (sic) lugar les quitaron sus ropas, con prendas militares nuevas que no eran de su talla, les ponen botas mediacañatotalmente nuevas -y sendos revólveres en sus manos, […] el perverso personaje [que los contacto era] criminal a sueldo […] sin duda quien hace tal trabajo […] al servicio del Ejercito Nacional y a órdenes de la Vigésima Novena Brigada”.

2. Contestación

El 13 de enero de 2011 2, el Tribunal Administrativo del Cauca admitió la demanda y ordenó su notificación a la demandada y al Ministerio Público.

2.1. El Ministerio de Defensa – Ejército Nacional3 señaló que la demanda carece de fundamento legal y probatorio que permita establecer su responsabilidad, advirtiendo que el daño es imputable a la culpa exclusiva de la víctima.

2.2. El Ministerio Público guardó silencio.

fundamento legal y probatorio que permita establecer su responsabilidad, advirtiendo que el daño es imputable a la culpa exclusiva de la víctima.

2.2. El Ministerio Público guardó silencio.

2 Fl. 78, C. 1. Exp. 20100024200 3 Fl. 85 a 91, C.1. Exp. 20100024200Radicación: 19001233100020100024201 (56260)

Demandante: Mónica Ramírez Izquierdo y otros

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3. Alegatos de conclusión en primera instancia

El 6 de noviembre de 2013 4 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.

3.1. La parte actora 5 alegó que el hecho dañoso fue cometido por militares del Ejército Nacional con armas del Estado colombiano, sin que se hallara demostrado que las víctimas participaron en el combate reportado en los informes militares. Al respeto advirtió que no se probó que estas hubieren disparado armas de fuego , pues el CTI no elaboró la prueba de subsunción atómica ; que el levantamiento de los cadáveres no fue elaborado por una autoridad judicial ; que al momento de su desaparición las víctimas portaban sus documentos de identificación , pero los militares los reportaron como N.Ns; que las botas halladas en los cuerpos sin vida estaban nuevas y totalmente limpia s, sin nada de bar ro, así como los uniformes camuflados no correspondían a su talla; y que las víctimas nunca habían salido del departamento del Valle del Cauca, de manera que no conocían el municipio del Tambo, ni la vereda Guineal, donde fueron hallados sus cuerpos.

camuflados no correspondían a su talla; y que las víctimas nunca habían salido del departamento del Valle del Cauca, de manera que no conocían el municipio del Tambo, ni la vereda Guineal, donde fueron hallados sus cuerpos.

3.2. El Ministerio de Defensa – Ejército Nacional 6 reiteró lo dicho en instancias anteriores.

3.3. El Ministerio Público guardó silencio.

Expediente 1900123000320100024200

1. Demanda

El 28 de julio de 20107, Edgar Humberto Díaz Rosero, Víctor Javier Rosero, Yenny Patricia Díaz Rosero , Yadira Alexandra Rojas Paladines 8, Ober Ramírez , María Clara Estupiñán Melo , Norberto Ramírez Estupiñán, Patricia Ramírez Estupiñán y Ober Ramírez Estupiñán, mediante apoderado judicial y en ejercicio de la acción de reparación directa, presentaron demanda en contra de la Nación – Ministerio de Defensa - Ejército Nacional para que se le declarara patrimonialmente responsable

4 Fl. 127, C.1. Exp. 20100024200 5 Fl. 136 a 143, C.1. Exp. 20100024200 6 Fl. 131 a 134, C.1. Exp. 20100024200 7 Fl. 82 a 11, C. 1. Exp. 20100038500 8 Menor de edad judicialmente representada por su progenitora Yadira Paladines Paz.Radicación: 19001233100020100024201 (56260)

Demandante: Mónica Ramírez Izquierdo y otros

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de la desaparición forzada y la muerte de John Jairo Rosero y Luis Alfredo Ramírez

Demandante: Mónica Ramírez Izquierdo y otros

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de la desaparición forzada y la muerte de John Jairo Rosero y Luis Alfredo Ramírez Estupiñán, ocurridas el 24 de agosto de 2008.

Como pretensiones de su demanda, el extremo activo solicita condenar a la entidad demandada a pagar, por perjuicios morales, 500 SMLMV para Edgar Humberto Díaz Rosero, Víctor Javier Rosero, Yenny Patricia Díaz Rosero , Ober Ramírez, María Clara Estupiñán Melo , Norberto Ramírez Estupiñán, Patricia Ramírez Estupiñán y Ober Ramírez Estupiñán y 300 SMLMV para Yadira Alexandra Rojas Paladines; por el daño emergente constituido por los gastos de búsqueda, exhumación y traslado del cuerpo de John Jairo Rosero, la suma de $3.000.000 a favor de Edgar Humberto Díaz Rosero; por el daño emergente constituido por los gastos de búsqueda, exhumación y traslado del cuerpo de Luis Alfredo Ramírez Estupiñán, la suma de $3.000.000 a favor de Norberto Ramírez Estupiñán; y por daño a la vida de relación, 500 SMLMV para Edgar Humberto Díaz Ros ero, Víctor Javier Rosero, Yenny Patricia Díaz Rosero, Ober Ramírez, María Clara Estupiñán Melo, Norberto Ramírez Estupiñán, Patricia Ramírez Estupiñán y Ober Ramírez Estupiñán y 300 para Yadira Alexandra Rojas Paladines.

En apoyo de las pretensiones, la parte demandante afirma que, en fecha no especificada y “ante la necesidad de trabajar, pues hacia poco tiempo se les había

Alexandra Rojas Paladines.

En apoyo de las pretensiones, la parte demandante afirma que, en fecha no especificada y “ante la necesidad de trabajar, pues hacia poco tiempo se les había acabado el contrato de trabajo que mantenían con la empresa ECOPETROL”, Luis Alfredo Ramírez Estupi ñán y John Jairo Rosero, “se trasladaron al departamento del Cauca, en donde supuestamente iban a trabajar en una obra de construcción grande”.

Aduce que el 24 de agosto de 2008, Luis Alfredo Ramírez Estupiñán y John Jairo Rosero fueron “asesinados” por la Brigada 29 del Batallón de Alta Montaña No. 4 y reportados en los informes militares como miembros de la compañía Camilo Cien fuegos del ELN, dados de baja en enfrentamiento armado suscitado en la “vía que conduce a la reserva natural del Parque Munchique, vía destapada de la vereda el Guineal del Tambo Cauca".

Indica que, en fecha indeterminada, Edgar Humberto Diaz Rosero , hermano de John Jairo Rosero, “al no tener noticias de su familiar inició la búsqueda, a través de familiares de amigos que vivían en el Cauca, se enteró de que en Timbío Cauca habían enterrado a dos jóvenes como NN., información que lo obligó a viajar a este municipio encontrando en la Fiscalía de la localidad las fotografías de dos personas, mediante las cuales reconoció a su hermano y al amigo”.Radicación: 19001233100020100024201 (56260)

Demandante: Mónica Ramírez Izquierdo y otros

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Sostiene que, en fecha no establecida, por la muerte de John Jairo Rosero y Luis

Demandante: Mónica Ramírez Izquierdo y otros

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Sostiene que, en fecha no establecida, por la muerte de John Jairo Rosero y Luis Alfredo Ramírez Estupiñán, el Juzgado de Instrucción Penal Militar No. 54 inició una investigación penal en contra del capitán (en adelante CT.) Jorge Yesid Gamba Ruiz y de los soldados profesionales (en adelante SLP) Geovanny Aponte Ospina, Santander Molina Noriega, Jair Hernán Ordoñez, Wilson Manrique Suarez y Alejandro Díaz Avilés.

Advierte que, en fecha no especificada, la Fiscalía Especializada 71 de Cali asumió el conocimiento de la investigación penal adelantada por el homicidio de John Jairo Rosero y Luis Alfredo Ramírez Estupiñán.

Los demandantes exponen que “ Luis Alfredo Ramírez Estupiñán y John Jairo Rosero […] eran dos personas de bien, trabajadores, queridos por sus familiares y por sus vecinos, jóvenes […] estas dos personas no eran acostumbradas a vivir en el campo sino que eran citadinos, de buenas costumbres […] nunca habían manejado armas, nunca habían viajado al departamento del Cauca en oportunidad anterior y ambos tenían conocimiento de que su viaje era para trabajar en construcción, trabajo que les habían ofrecido, es decir según ellos iban a lo seguro, supuestamente se trataba de un trabajo en el que recibirían buena paga y por varios meses.[No obstante fallecieron en un] crimen ejecutado por el Ejército Nacional […] [que] hace parte de las innumerables atrocidades cometidas por esta ent idad del Estado […] en respuesta de brindar resultados, resultados de los cuales la sociedad

meses.[No obstante fallecieron en un] crimen ejecutado por el Ejército Nacional […] [que] hace parte de las innumerables atrocidades cometidas por esta ent idad del Estado […] en respuesta de brindar resultados, resultados de los cuales la sociedad colombiana ha tenido que poner los muertos a los cuales se les señala de guerrilleros o delincuentes como es el caso que nos ocupa.”.

2. Contestación

El 13 de s eptiembre de 2010 9, el Tribunal Administrativo del Cauca admitió la demanda y ordenó su notificación a la demandada y al Ministerio Público.

2.1. El Ministerio de Defensa – Ejército Nacional10 señaló que la demanda carece de fundamento legal y probatorio que permita establecer su responsabilidad.

2.2. El Ministerio Público guardó silencio.

9 Fl. 99, C. 1. Exp. 20100038500 10 Fl. 106 a 111, C.1. Exp. 20100038500Radicación: 19001233100020100024201 (56260)

Demandante: Mónica Ramírez Izquierdo y otros

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3. Alegatos de conclusión en primera instancia

El 10 de agosto de 201211 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.

3.1. L a parte actora 12 afirmó que John Jairo Rosero y Luis Alfredo Ramírez Estupiñán fueron muertos a manos del Ejército Nacional “en un falso positivo”.

3.2. El Ministerio de Defensa – Ejército Nacional13 sostuvo que el acervo probatorio arrimado al proceso no permit ía acreditar que John Jairo Rosero y Luis Alfredo

3.2. El Ministerio de Defensa – Ejército Nacional13 sostuvo que el acervo probatorio arrimado al proceso no permit ía acreditar que John Jairo Rosero y Luis Alfredo Ramírez Estupiñán fallecieron como consecuencia de una falla en el servicio de la entidad demandada. Asimismo, adujo que no debía darse valor probatorio a los documentos allegados en copia simple ni a la prueba trasladada del Proceso Penal No. 198076000037200880379, por allegarse en copia simple e incompleta.

3.3. El Ministerio Público guardó silencio.

4. Acumulación de procesos

Mediante auto del 28 de julio de 201414, el Tribunal Administrativo del Cauca ordenó acumular los procesos de reparación directa identificados con los números de radicado 19001230000120100038500 y 19001233175320100024200.

4. Sentencia de primera instancia

Mediante sentencia del 1º de octubre de 201515 el Tribunal Administrativo del Cauca negó las pretensiones de la demanda, al considerar que no estaba probado, ni siquiera indiciariamente, que la muerte de John Jairo Rosero y Luis Alfredo Ramírez Estupiñán fuera imputable a la Nación - Ministerio de Defensa – Ejército Nacional.

Al efecto, sostuvo que: “[…] al valorar en su conjunto las pruebas traídas regular y oportunamente al proceso bajo los principios de la sana crítica y la carga dinámica de la prueba, en su gran mayoría llevan a la Sala a deducir o evidenciar que: i) para la fecha de los hechos el Ejército Nacional hacia presencia en la zona, de acuerdo con funciones constitucionales y legales, i i), que en la zona se venían realizando

de la prueba, en su gran mayoría llevan a la Sala a deducir o evidenciar que: i) para la fecha de los hechos el Ejército Nacional hacia presencia en la zona, de acuerdo con funciones constitucionales y legales, i i), que en la zona se venían realizando

11 Fl. 144, C.1. Exp. 20100038500 12 Fl. 146 a 150, C.1. Exp. 20100038500 13 Fl. 151 a 154, C.1. Exp. 20100038500 14 Fl. 181 a 187, C.1. Exp. 20100038500 15 Fl. 154 a 176, C.Ppal.Radicación: 19001233100020100024201 (56260)

Demandante: Mónica Ramírez Izquierdo y otros

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desde días atrás operaciones de registro, control y aseguramiento del orden público dada la presencia y acciones delictivas constantes de subversivos, iii) que son reiterados y coincidentes los muchos informes oficial es sobre la ocurrencia de un enfrentamiento armado en la zona; iv) que los señores ROSERO Y RAMIREZ resultaron muertos en un operativo de control del orden público que realizaba el Ejército Nacional en zona rural del Municipio de El Tambo Cauca, vía que conduce al Cerro de Munchique; v) que ellos vestían camuflados los cuales al ser examinados contenían muestras de sangre y orificios que coincidían con las heridas que presentaban los cuerpos, de lo que puede inferirse no les fueron colocados en forma posterior sino que los llevaban puestos al momento de los hechos; vi) que portaban armamento, elementos bélicos y propaganda subversiva los que fueron encontrados junto a los cadáveres, e incluso en los bolsillos de sus prendas; vil) que

forma posterior sino que los llevaban puestos al momento de los hechos; vi) que portaban armamento, elementos bélicos y propaganda subversiva los que fueron encontrados junto a los cadáveres, e incluso en los bolsillos de sus prendas; vil) que la prueba de absorción atómica arrojó resultado positivo es decir residuos de pólvora en las manos, circunstancias todas ellas que desvirtúan las afirmaciones de la demanda en el sentido de fueron civiles indefensos los que perdieron la vida en los hechos narrados […] Así las cos as, la Sala después del hacer el análisis serio y contundente de los antecedentes probatorios, concluye no se puede llegar siquiera a inferir a manera de indicio, o deducir con cierto grado de certeza, que la NaciónMinisterio de Defensa -Ejercito Nacional sea responsable de la muerte de los señores JOHN JAIRO ROSERO Y LUIS ALFREDO RAMÍREZ ESTUPINAN en hechos ocurridos el día 24 de Agosto de 2008, en el sector de la finca El Guineal, jurisdicción del Municipio de El Tambo, en tanto que la parte actora, si bien probó el daño, no demostró que los hechos hayan ocurrido como se narra en la demanda, por lo que ante la inexistencia del nexo causal deben negarse las pretensiones.”.

5. Recurso de apelación

El 15 de octubre de 2015 , las partes actoras de los procesos acumulados interpusieron recurso de apelación, el cual fue concedido el 9 de noviembre de 201516 y admitido el 22 de febrero de 201617.

5.1. L os recurrentes18 indicaron interponer el recurso en lo que les fuera desfavorable y señalaron que la sentencia apelada quebrantó el principio de la

201516 y admitido el 22 de febrero de 201617.

5.1. L os recurrentes18 indicaron interponer el recurso en lo que les fuera desfavorable y señalaron que la sentencia apelada quebrantó el principio de la dignidad humana , no interpretó la demanda de reparación en su totalidad e integridad, y es contradictoria y equívoca frente a la valoración probatoria.

16 Fl. 185, C.Ppal. 17 Fl. 190, C. Ppal. 18 Fl. 179 a 183, C. Ppal.Radicación: 19001233100020100024201 (56260)

Demandante: Mónica Ramírez Izquierdo y otros

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6. Alegatos de conclusión en segunda instancia

El 11 de abril de 201619 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.

6.1. Los demandantes, el Ministerio de Defensa – Ejército Nacional y el Ministerio Público guardaron silencio.

III. CONSIDERACIONES

1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida el 1º de octubre de 2015 por el Tribunal Administrativo del Cauca, puesto que la cuantía, dada por la suma de las pretensiones de la demanda20, supera la exigida de 500 SMLMV para que un proceso adelantado en ejercicio de la acción de reparación directa, tenga vocación de doble instancia ante esta Corporación21, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 129 y 132 , numeral 6 , del Código Contencioso Administrativo.

2. Acción procedente

de reparación directa, tenga vocación de doble instancia ante esta Corporación21, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 129 y 132 , numeral 6 , del Código Contencioso Administrativo.

2. Acción procedente

La acción de reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo, según lo dispone el artículo 8622 del Código Contencioso Administrativo.

En este caso la acción procedente es la de reparación directa, porque se reclama la reparación de un daño por hechos imputables a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional.

19 Fl. 192, C. Ppal. 20 Artículo. 3 de la Ley 1395 de 2010. 21 Las pretensiones de cada una de las demandas son superiores a 500 SMLMV de la fecha de presentación de la demanda. 22 “Artículo 86. Acción de reparación directa. La persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño cuando la causa sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o ocupación temporal o permanente de un inmueble por causa de trab ajos públicos o por cualquiera otra causa. Las entidades públicas deberán promover la misma acción cuando resulten condenadas o hubieren conciliado por una actuación administrativa originada en culpa grave o dolo de un servidor o exservidor público que no estuvo vinculado al proceso respectivo, o cuando resulten perjudicadas por la actuación particular o de otra entidad pública.”Radicación: 19001233100020100024201 (56260)

Demandante: Mónica Ramírez Izquierdo y otros

por la actuación particular o de otra entidad pública.”Radicación: 19001233100020100024201 (56260)

Demandante: Mónica Ramírez Izquierdo y otros

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3. Vigencia de la acción

Si bien en el proceso no se discutió la caducidad de la acción ni ella fue alegada en oportunidad alguna por las parte s, ni la sentencia estimó que tal fenómeno se produjo, resulta necesario verificar si la demanda se presentó en tiempo por cuanto se trata de un presupuesto procesal.

Con el propósito de otorgar seguridad jurídica, de evitar la parálisis del tráfico jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando a la protección del interés general 23, estableció unos plazos para poder ejercer oportunamente cada uno de los medios de control judicial. Estos plazos resultan ser razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la solicitud judicial, implica la extinción del derecho de accionar, así como la consolidación de las situaciones que se encontraban pendientes de solución.

El establecimiento de dichas oportunidades legales pretende, además, la racionalización de la utilización del aparato judicial, lograr mayor eficiencia procesal, controlar la libertad del ejercicio del derecho de acción 24, ofrecer estabilidad del derecho de manera que las situaciones controversiales que requieran solución por los órganos judiciales adquieran firmeza, estabilidad y con el lo seguridad, solidificando y concretando el concepto de derechos adquiridos.

Este fenómeno procesal, de carácter bifronte, en tanto se entiende como límite y

los órganos judiciales adquieran firmeza, estabilidad y con el lo seguridad, solidificando y concretando el concepto de derechos adquiridos.

Este fenómeno procesal, de carácter bifronte, en tanto se entiende como límite y garantía a la vez, se constituye en un valioso instrumento que busca la salvaguarda

23 Corte Constitucional. Sentencia C-394 de 2002: “La caducidad es una institución jurídico procesal a través de la cual, el legislador, en uso de su potestad de configuración normativa, limita en el tiempo el derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdicción con el fin de obtener pronta y cumplida justicia. Su fundamento se halla en la necesidad por parte del conglomerado social de obtener seguridad jurídica, para evitar la paralización del tráfico jurídico. En esta medida, la caducidad no concede derechos subjetivos, sino que por el contrario apunta a la protección de un interés general. Como claramente se explicó en la sentencia C-832 de 2001 a que se ha hecho reiterada referencia, esta es una figura de orden público lo que explica su carácter irrenunciable, y la posibilidad de ser declarada de oficio por parte del juez, cuando se verifique su ocurrencia.” 24 Consejo de Estado. Sentencia del 23 de febrero de 2006. Exp. 6871-05 “...el derecho al acceso a la administración de justicia no es absoluto, pues puede ser condicionado legalmente a que la promoción de la demanda sea oportuna y las acciones se inicien dentro de los pla zos que señala el legislador (…). El término de caducidad, tiene entonces como uno de sus objetivos, racionalizar el ejercicio del derecho de acción, y si bien limita o condiciona el acceso a la justicia, es una restricción

legislador (…). El término de caducidad, tiene entonces como uno de sus objetivos, racionalizar el ejercicio del derecho de acción, y si bien limita o condiciona el acceso a la justicia, es una restricción necesaria para la estabilidad de l derecho, lo que impone al interesado el empleo oportuno de las acciones, so pena de que las situaciones adquieran la firmeza necesaria a la seguridad jurídica, para solidificar el concepto de derechos adquiridosRadicación: 19001233100020100024201 (56260)

Demandante: Mónica Ramírez Izquierdo y otros

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y estabilidad de las relaciones jurídicas, en la medida en que su ocurrencia impide que estas puedan ser discutidas indefinidamente.

La caducidad, en la primera de sus manifestaciones, es un mecanismo de certidumbre y seguridad jurídica, pues con su advenimiento d e pleno derecho y mediante su reconocimiento judicial obligatorio cuando el operador la halle configurada, se consolidan los derechos de los actores jurídicos que discuten alguna situación; sin embargo, en el anverso, la caducidad se entiende también como una limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción, resultando como una sanción ipso iure25 que opera por la falta de actividad oportuna en la puesta en marcha del aparato judicial para hacer algún reclamo o requerir algún reconocimiento o protección de la justicia26, cuya consecuencia, por demandar más allá del tiempo concedido por la ley procesal, significa la pérdida de la facultad potestativa de accionar.

El artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, señala que la ac ción de reparación directa caducará al vencimiento del término de dos (2) años, contados a

potestativa de accionar.

El artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, señala que la ac ción de reparación directa caducará al vencimiento del término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa.

Ahora bien, debe advertirse que, por cuanto se pretende la reparación directa derivada del delito de desaparición forzada tiene aplicación lo dispuesto por el numeral 8º del artículo 136 del Decreto No. 1 de 1984, adicionado por el artículo 8º de la Ley 589 de 2000, normas estas que establecen el computo del término de caducidad “a partir de la fecha en que aparezca la víctima o en su defecto desde la ejecutoria del fallo definitivo adoptado en el proceso penal, sin perjuicio de que tal acción pueda intentarse desde el momento en que ocurrieron los hechos que dieron lugar a la desaparición”.

25 Consejo de Estado, Sentencia del 30 de e nero de 2013: “Para garantizar la seguridad jurídica de los sujetos procesales, el legislador instituyó la figura de la caducidad como una sanción en los eventos en que determinadas acciones judiciales no se ejercen en un término específico. Las partes tienen la carga procesal de impulsar el litigio dentro del plazo fijado por la ley y de no hacerlo en tiempo, perderán la posibilidad de accionar