CE - 012331000201000618011SENTENCIA20230224104051

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

- SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., catorce (14) de septiembre de dos mil veintidós (2022) Referencia: REPARACIÓN DIRECTA Radicación: 730012331000201000618 01 (44064)

Demandante: VIRGINIA DE LOS ÁNGELES IBARRA RONDÓN Y OTROS

Demandado: NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA - EJÉRCITO NACIONAL Y OTROS : Tema: Responsabilidad del Estado por muerte de miembro de la fuerza pública en accidente aéreo. El daño antijurídico es imputable a la entidad demandada por riesgo excepcional.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia del 23 de enero de 2012, proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, que accedió a las pretensiones de la demanda!.

I. SINTESIS DEL CASO El 20 de abril de 2010 el coronel Arturo Herrera Castaño falleció en un accidente aéreo que se produjo por la colisión de dos helicópteros que se encontraban decolando desde el aeródromo del Batallón de Infantería No. 17 “General José Domingo Caicedo”, ubicado en el municipio de Chaparral (Tolima). Los demandantes consideran que la Nación - Ministerio de Defensa — Ejército Nacional - Fuerza Aérea Colombiana y la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil son patrimonialmente responsables por la muerte del coronel Arturo Herrera

demandantes consideran que la Nación - Ministerio de Defensa — Ejército Nacional - Fuerza Aérea Colombiana y la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil son patrimonialmente responsables por la muerte del coronel Arturo Herrera Castaño, toda vez que en su criterio hubo negligencia de los pilotos que maniobraban los helicópteros involucrados en el accidente aéreo. 1 El expediente cambió de Ponente, porque la decisión inicialmente presentada para estudio de la Sala de la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado fue derrotada en sesión del 22 de septiembre de 2021 (FI. 281, C. Ppal).Radicado: 730012331000201000618 01 (44064) Demandante: Virginia de los Ángeles Ibarra Rondón y otros ll. ANTECEDENTES

1. Demanda El 12 de octubre de 20107, Virginia de los Ángeles Ibarra Rondón, en nombre propio y en representación de Ana María Herrera Ibarra; y Diana Herrera Ibarra, mediante apoderado judicial y en ejercicio de la acción de reparación directa, presentaron demanda en contra de la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional — Fuerza Aérea Colombiana y la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil

(en adelante Aerocivil), para que fueran declaradas patrimonialmente responsables por la muerte de Arturo Herrera Castaño. Como pretensiones de la demanda el extremo activo solicita condenar a la Nación — Ministerio de Defensa — Ejército Nacional - Fuerza Aérea Colombiana— Aerocivil a pagar, por perjuicios morales, 200 SMLMV a Virginia de los Ángeles Ibarra Rondón, Ana María Herrera Ibarra y Diana Herrera Ibarra; y, por lucro cesante, la

a pagar, por perjuicios morales, 200 SMLMV a Virginia de los Ángeles Ibarra Rondón, Ana María Herrera Ibarra y Diana Herrera Ibarra; y, por lucro cesante, la suma de $599.032.622,17 a Virginia de los Ángeles ibarra Rondón, Ana María Herrera Ibarra y Diana Herrera Ibarra. En apoyo de las pretensiones, la parte demandante afirma que el 20 de abril de 2010, el coronel del Ejército Nacional, Arturo Herrera Castaño, en calidad de' comandante de la brigada móvil 20, se encontraba en las instalaciones del Batallón de Infantería No. 17 “General José Domingo Caicedo”, ubicado en el municipio de Chaparral (Tolima), con el fin de participar en la “ceremonia de activación de la fuerza de tarea del sur del Tolima para dar con el paradero del máximo comandante de la guerrilla de las Farc, alias Alfonso Cano”. Manifiesta que culminada la ceremonia militar, el coronel Arturo Herrera Castaño, en compañía del brigadier general Fernando Joya Duarte y otros militares más, se embarcó en el helicóptero Beil 222 de la sociedad Vertical de Aviación Limitada que estaba al servicio del Ejército Nacional, para dirigirse al área de operaciones. 2F1.21a43,C.1.Radicado: 730012331000201000618 01 (44064) Demandante: Virginia de los Angeles ibarra Rondón y otros Sostiene que durante el desarrollo de las maniobras de decolaje, en la guarnición militar y por “un error humano de coordinación”, se produjo una colisión entre el helicóptero Bell 222 y el helicóptero Hughes 500 FAC 4255 de la Fuerza Aérea

militar y por “un error humano de coordinación”, se produjo una colisión entre el helicóptero Bell 222 y el helicóptero Hughes 500 FAC 4255 de la Fuerza Aérea Colombiana, lo cual desencadenó una explosión de enormes proporciones que causó la muerte del coronel Arturo Herrera Castaño, entre otros. Considera que la Nación - Ministerio de Defensa — Ejército Nacional - Fuerza Aérea Colombiana y la Aerocivil son patrimonialmente responsables por la muerte del coronel Arturo Herrera Castaño, toda vez que en su criterio hubo negligencia de los pilotos que maniobraran los helicópteros involucrados en el accidente aéreo.

Textualmente señaló: “[A Jrturo Herrera Castaño, pierde la vida como consecuencia directa de un grave error humano, cometido por los pilotos, comandantes de los helicópteros siniestrados, “quienes omitieron O aplicaron indebidamente procedimientos operacionales, claramente establecidos en los manuales de aviación para aterrizar, despegar y en general realizar maniobras en aeródromos no controlados, el Coronel Herrera no pierde la vida, bajo un riesgo ordinario de la aviación, como pudo ser situaciones climatéricas adversas. Se estipula aquí claramente el daño antijurídico, aquel que el Estado no tenía derecho a causar, y que la viuda e hijas del coronel Herrera no están obligadas a soportar”.

2. Contestación El 8 de noviembre de 2010? el Tribunal Administrativo del Tolima admitió la demanda y ordenó su notificación a las demandadas y al Ministerio Público. 2.1. La Nación - Ministerio de Defensa — Ejército Nacional — Fuerza Aérea

El 8 de noviembre de 2010? el Tribunal Administrativo del Tolima admitió la demanda y ordenó su notificación a las demandadas y al Ministerio Público. 2.1. La Nación - Ministerio de Defensa — Ejército Nacional — Fuerza Aérea Colombiana? se opuso a las pretensiones de la demanda argumentando que la muerte del coronel Arturo Herrera Castaño ocurrió por razones del servicio, por lo que “el comité de conciliación del Ministerio de Defensa se encuentra estudiando el asunto a fin de proponer, si es el del caso, una fórmula conciliatoria”. 3FL 45,0. 1, 4 FL 98 a100, C.1.Radicado: 730012331000201000618 01 (44064) Demandante: Virginia de los Angeles Ibarra Rondón y otros 2.2. La Aerocivil? se opuso a todas las pretensiones de la demanda y alegó en su defensa que no presta servicios de control de tránsito aéreo en el helipuerto del Batallón de Infantería No. 17 por ser del resorte exclusivo de la fuerza pública. Al respecto anotó que las operaciones que se realizan en dichas áreas no son de su competencia "sino hasta cuando abandonan las mismas e ingresan en-espacios aéreos sobre los cuales la entidad si brinda los servicios de información y alerta o control, según corresponda”. Finalmente, propuso las excepciones de ausencia de falla o falta del servicio, hecho de un tercero, falta de legitimación en la causa por pasiva y la genérica.

3. Alegatos de conclusión en primera instancia El 24 de octubre de 2011f se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.

pasiva y la genérica.

3. Alegatos de conclusión en primera instancia El 24 de octubre de 2011f se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente. 3.1. La parte accionante” y la Aerocivilé reiteraron los argumentos expuestos en la demanda y en su contestación, respectivamente. a 3.2. La Nación — Ministerio de Defensa — Ejército Nacional :- Fuerza Aérea Colombiana? sostuvo que se configuró la causal eximente de responsabilidad del hecho de un tercero, pues el piloto del helicóptero Bell 222, no "cumplía las condiciones para pilotear este tipo de estructuras ni observó las normas de aeronavegabilidad”. | 3.3. El Ministerio Público guardó silencio.

4. Sentencia de primera instancia Mediante sentencia del 23 de enero de 20121% el Tribunal Administrativo de! Tolima declaró la falta de legitimación en la causa por pasiva de la Aerocivil al constatar 5 FL 83 a 91, C.1. 8 FI. 113,C.1. 7 FI. 114 a 120,C. 1. 8 Fl. 121 a 126 y 151 a156,C.1. 9 FL 139a1509,C. 1. 19 Fl. 160 a 184, C. Ppal.Radicado: 730012331000201000618 01 (44064) Demandante: Virginia de los Ángeles Ibarra Rondón y otros que no prestaba servicios de control aéreo dentro de las instalaciones del Batallón de Infantería No. 17. Asimismo, accedió a las demás súplicas de la demanda, al constatar que la muerte del coronel Arturo Herrera Castaño acaeció por la ejecución

de Infantería No. 17. Asimismo, accedió a las demás súplicas de la demanda, al constatar que la muerte del coronel Arturo Herrera Castaño acaeció por la ejecución de una actividad peligrosa, razón por la que en aplicación del régimen objetivo de responsabilidad dicho daño 'antijurídico era imputable a la Nación — Ministerio de Defensa - Ejército Nacional — Fuerza Aérea Colombiana. Al respecto, indicó que: “[...] Estamos frente a una responsabilidad de tipo objetiva derivada de la ejecución de una actividad riesgosa, en la que debe probarse por parte del accionante un daño y un nexo causal, elementos que en el caso sub examine se encuentran plenamente acreditados. (...) En el caso particular, el daño se concretó en la muerte del coronel del Ejército Arturo Herrera Castaño, hecho que violó el derecho a la vida jurídicamente tutelado, conllevando explícitamente las características señaladas en párrafo anterior. Frente al nexo causal (...) también se acreditó de forma efectiva dentro del presente expediente, al quedar definido en forma clara y explícita la ejecución del servicio tenido como actividad peligrosa y el fatal resultado. (...) Así las cosas, considera esta Corporación que demostrados los elementos daño y nexo causal, necesarios para que se imparta condena patrimonial en contra del Estado por los hechos ocurridos el 20 de abril de 2010, y sin que se hubiese alegado ni probado la existencia de causal eximente de responsabilidad que libere a la entidad demandada de condena en su contra [...]”. En la parte resolutiva el a quo condenó a la Nación — Ministerio de Defensa — Ejército

hubiese alegado ni probado la existencia de causal eximente de responsabilidad que libere a la entidad demandada de condena en su contra [...]”. En la parte resolutiva el a quo condenó a la Nación — Ministerio de Defensa — Ejército Nacional — Fuerza Aérea Colombiana a pagar, por concepto de perjuicios morales, 100 SMLMV a Virginia de los Ángeles Ibarra Rondón, Ana María Herrera Ibarra y Diana Herrera Ibarra; y por lucro cesante, las sumas de $538.853.212 a Virginia de los Ángeles Ibarra Rondón, $88.296.917 a Diana Herrera Ibarra y $114.780.071 a' Ana María Herrera Ibarra.

5. Recurso de apelación El 14 de febrero de 2012!, la Nación — Ministerio de Defensa — Ejército Nacional — 11 Fl. 187 a 204, C. Ppal.Radicado: 730012331000201000618 01 (44064) Demandante: Virginia de los Ángeles Ibarra Rondón y otros Fuerza Aérea Colombiana interpuso recurso de apelación, el cual fue concedido el 8 de mayo de 2012? y admitido el 14 de junio de 20121?, 5.1. La Nación — Ministerio de Defensa — Ejército Nacional — Fuerza Aérea Colombiana!, señaló que no se trabó la litis de forma adecuada porque no se vinculó a la sociedad Vertical de Aviación Limitada. Asimismo, indicó que el Tribunal Administrativo del Tolima no era competente en razón de la cuantía para proferir el fallo e insistió en la solicitud de acumulación del proceso con otros que por los mismos hechos se encontraban en trámite en el Tribunal Administrativo del Tolima.

Administrativo del Tolima no era competente en razón de la cuantía para proferir el fallo e insistió en la solicitud de acumulación del proceso con otros que por los mismos hechos se encontraban en trámite en el Tribunal Administrativo del Tolima. Resaltó que el a quo no realizó una adecuada valoración probatoria, pues los medios de convicción daban cuenta que la muerte del coronel Arturo Herrera Castaño ocurrió en actos del servicio y por razón del riesgo inherente al mismo. Finalmente, indicó que estaba acreditado el hecho de un tercero como causal eximente de responsabilidad, toda vez que la sociedad Vertical de Aviación Limitada fue la que creó el riesgo, pues una persona vinculada a esta sociedad tenía a su cargo..el pilotaje del helicóptero Bell 222, que había abordado el coronel Herrera Castaño.

6. Alegatos de conclusión en segunda instancia El 5 de julio de 20121 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente. 6.1. La parte demandante? reiteró los argumentos de la demanda. 6.2. El Ministerio Público?” solicitó confirmar la sentencia de primera instancia, al - constatar que no existía nulidad por factor cuantía y que la falta de integración de la sociedad Vertical de Aviación Limitada no viciaba el proceso. Sostuvo, además, que el Ministerio de Defensa fue quien contrató a la sociedad Vertical de Aviación Limitada para prestar el servicio de transporte aéreo y, por ende, era quien

12 Fl, 217, C. Ppal. 13 FL 225, C. Ppal. 14 FL 187 a 204, C. Ppal. 5 FL 227, C. Ppal. 1 Fl, 246 a 253, C. Ppal.

12 Fl, 217, C. Ppal. 13 FL 225, C. Ppal. 14 FL 187 a 204, C. Ppal. 5 FL 227, C. Ppal. 1 Fl, 246 a 253, C. Ppal. 17 Fl, 229 a 244 C. Ppal.Radicado: 730012331000201000618 01 (44064) Demandante: Virginia de los Ángeles Ibarra Rondón y otros ostentaba la guarda jurídica de la actividad peligrosa, por lo que el asunto debía dirimirse bajo el régimen objetivo de responsabilidad. 6.3. La Nación — Ministerio de Defensa - Ejército Nacional — Fuerza Aérea : Colombiana y la Aerocivil guardaron silencio.

III. CONSIDERACIONES

1. Competencia Como la competencia por el factor cuantía es motivo de inconformidad en el recurso de apelación, de entrada, la Sala resolverá lo que en derecho corresponde en lo referente a este presupuesto procesal.

Asi las cosas, se tiene que el 12 de julio de 2010 entró en vigencia la Ley 1395 de 201018, cuyo artículo 3? ordenó modificar el artículo 20 del C.P.C. que dispuso que la cuantía de los procesos sería determinada por “el valor de la suma de todas las pretensiones acumuladas al momento de la presentación de la demanda”. A su turno, el artículo 129 del C.C.A. prevé que “el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación o se conceda en un efecto

sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se conceda el extraordinario de revisión”. Asimismo, el numeral 6 del artículo 132 ibídem sostiene que los tribunales administrativos conocerán en primera instancia de la acción de reparación directa “cuando la cuantía exceda de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales”. Entonces, de acuerdo al marco normativo expuesto, y como la demanda se presentó el 12 de octubre de 2010, esta Sala es competente para conocer del recurso de 18 “Por la cual se adoptan medidas en materia de descongestión judicial”.Radicado: 730012331000201000618 01 (44064) Demandante: Virginia de los Ángeles Ibarra Rondón y otros apelación interpuesto contra la sentencia del 23 de enero de 2012, proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, puesto que la cuantía? supera la exigida de 500 SMLMV, para que un proceso adelantado en ejercicio de la acción de reparación directa tenga vocación de doble instancia ante esta Corporación, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 3” de la Ley 1395 de 2010, 129 y 132 numeral 6 del C.C.A.

2. Acción procedente La acción de reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo, según lo dispone el artículo 86% del Código Contencioso Administrativo.

proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo, según lo dispone el artículo 86% del Código Contencioso Administrativo. En este caso la acción procedente es la de reparación directa, porque se reclama la reparación de un daño por hechos imputables al Ministerio de Defensa — Ejército Nacional — Fuerza Área Colombiana y la Aerocivil.

3. Vigencia de la acción Con el propósito de otorgar. seguridad jurídica, de evitar la parálisis del tráfico jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando a la protección del interés general?!, estableció unos plazos para poder ejercer 19 La sumatoria de todas las pretensiones excede de los 500 SMLMV que se exige para que un proceso tenga vocación de doble instancia, según lo previsto en el artículo 211 de la Ley 1395 de 2010, vigente para la época en que se presentó la demanda, pues la estimación razonada de la cuantía es de $908.032.622, . 20 "Artículo 86. Acción de reparación directa. La persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño cuando la causa sea un hecho, una omisión, una operación-administrativa O ocupación temporal o permanente de un inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquiera otra causa. Las entidades públicas deberán promover la misma acción cuando resulten condenadas o hubieren conciliado por una actuación administrativa originada en culpa grave o dolo de un servidor o ex servidor público que no estuvo vinculado al proceso respectivo, o cuando resulten perjudicadas por fa actuación particular o de otra entidad pública.”

o hubieren conciliado por una actuación administrativa originada en culpa grave o dolo de un servidor o ex servidor público que no estuvo vinculado al proceso respectivo, o cuando resulten perjudicadas por fa actuación particular o de otra entidad pública.” 21 Corte Constitucional. Sentencia C-394 de 2002: “La caducidad es una institución jurídico procesal a través de la cual, el legislador, en uso de su potestad de configuración normativa, limita en el tiempo el derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdicción con el fin de obtener pronta y cumplida justicia. Su fundamento se halla en la necesidad por parte del conglomerado social de obtener seguridad jurídica, para evitar la paralización del tráfico jurídico. En esta medida, la caducidad no concede derechos subjetivos, sino que por el contrario apunta a la protección de un interés general.Radicado: 730012331000201000618 01 (44064) Demandante: Virginia de los Ángeles Ibarra Rondón y otros oportunamente cada uno de los medios de control judicial. Estos plazos resultan ser razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la solicitud judicial, implica la extinción del derecho de accionar, así como la consolidación de las situaciones que se encontraban pendientes de solución. El establecimiento de dichas oportunidades legales pretende, además, la racionalización de la utilización del aparato judicial, lograr mayor eficiencia procesal, controlar la libertad del ejercicio del derecho de acción”, ofrecer estabilidad del derecho de manera que las situaciones controversiales que requieran solución por los Órganos judiciales adquieran firmeza, estabilidad y con ello seguridad,

controlar la libertad del ejercicio del derecho de acción”, ofrecer estabilidad del derecho de manera que las situaciones controversiales que requieran solución por los Órganos judiciales adquieran firmeza, estabilidad y con ello seguridad, solidificando y concretando el concepto de derechos adquiridos. Este fenómeno procesal, de carácter bifronte, en tanto se entiende como límite y garantía a la vez, se constituye en un valioso instrumento que busca la salvaguarda y estabilidad de las relaciones jurídicas, en la medida en que su ocurrencia impide que estas puedan ser discutidas indefinidamente. La caducidad, en la primera de sus manifestaciones, es un mecanismo de certidumbre y seguridad jurídica, pues con su advenimiento de pleno derecho y mediante su reconocimiento judicial obligatorio cuando el operador la halle configurada, se consolidan los derechos de los actores jurídicos que discuten alguna situación; sin embargo, en el anverso, la caducidad se entiende también como una limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción, resultando como una sanción ¡pso jure” que opera por la falta de actividad oportuna en la Como claramente se explicó en la sentencia C-832 de 2001 a que se ha hecho reiterada referencia, esta es una figura de orden público lo que explica su carácter irrenunciable, y la posibilidad de ser declarada de oficio por parte del juez, cuando se verifique su ocurrencia.” 22 Consejo de Estado. Sentencia del 23 de febrero de 2006. Exp. 6871-05 ”...el derecho al acceso a la administración de justicia no es absoluto, pues puede ser condicionado legalmente a que la promoción de la demanda sea oportuna y las acciones se iniciendentro de los plazos que señala el

la administración de justicia no es absoluto, pues puede ser condicionado legalmente a que la promoción de la demanda sea oportuna y las acciones se iniciendentro de los plazos que señala el legislador (...). El término de caducidad, tiene entonces como uno de sus objetivos, racionalizar el ejercicio del derecho de acción, y si bien limita o condiciona el acceso a la justicia, es una restricción necesaria para la estabilidad del derecho, lo que impone al interesado el empleo oportuno de las acciones, so pena de que las situaciones adquieran la firmeza necesaria a la seguridad jurídica, para solidificar el concepto de derechos adquiridos. 23 Consejo de Estado, Sentencia del 30 de enero de 2013: “Para garantizar la seguridad jurídica de los sujetos procesales, el legislador instituyó la figura de la caducidad como una sanción en los eventos en que determinadas acciones judiciales no se ejercen en un término específico. Las partes10

Radicado: 730012331000201000618 01 (44064) Demandante: Virginia de los Ángeles Ibarra Rondón y otros puesta en marcha de! aparato judicial para hacer algún reclamo o requerir algún reconocimiento o protección de la justicia?, cuya consecuencia, por demandar más allá del tiempo concedido por la ley procesal, significa la pérdida de la facultad potestativa de accionar.

El artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, señala que la acción de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa.

partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa. En el caso sub examine se estima que el derecho de accionar se ejerció en tiempo, dentro del término de dos (2) años para el vencimiento de la acción, teniendo en cuenta: ¡) que la muerte del coronel Arturo Herrera Castaño ocurrió el 20 de abril de 2010, según da cuenta copia del registro civil de defunción; li) que el 7 de julio de 2010 la parte demandante presentó solicitud de conciliación extrajudicial ante el Ministerio Público, la cual se declaró fallida el 24 de septiembre de ese mismo año por falta de ánimo conciliatorio entre las partes; y, iii) que la demanda se presentó el 12 de octubre de 2010.

4. Legitimación en la causa 4.1. Virginia de los Ángeles Ibarra Rondón (cónyuge), Ana María Herrera Ibarra (hija) y Diana Herrera Ibarra (hija) son las personas sobre las que recae el interés jurídico tienen la carga procesal de impulsar el litigio dentro del plazo fijado por la ley y de no hacerlo en tiempo, perderán la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo su derecho. Es así como el fenómeno procesal de la caducidad opera ¡pso jure o de pleno derecho, es decir que no admite renuncia, y el juez debe declararla de oficio cuando verifique la conducta inactiva del sujeto procesal llamado a interponer determinada acción judicial”. 24 Corte Constitucional. Sentencia C-574 de 1998: "... [s]i el actor deja transcurrir los plazos fijados

procesal llamado a interponer determinada acción judicial”. 24 Corte Constitucional. Sentencia C-574 de 1998: "... [s]i el actor deja transcurrir los plazos fijados por la ley en forma objetiva, sin presentar la demanda, el mencionado derecho fenece inexorablemente, sín que pueda alegarse excusa alguna para revivirlos. Dichos plazos constituyen entonces, una garantía para la seguridad jurídica y el interés general. Y es que la caducidad representa el límite dentro del cual el ciudadano debe reclamar del Estado determinado derecho, por ende, la actitud negligente de quien estuvo legitimado en la causa no puede ser objeto de protección, pues es un hecho cierto que quien, dentro de las oportunidades procesales fijadas por la ley ejerce sus derechos, no se verá expuesto a perderlos por la ocurrencia del fenómeno indicado". 25 FL 13,C.1. 28 FL 19220,C. 1.11

Radicado: 730012331000201000618 01 (44064) Demandante: Virginta de los Angeles Ibarra Rondón y otros que se debate en este proceso y están legitimadas en la causa por activa, pues está acreditado que conformaban el núcleo familiar de Arturo Herrera Castaño (víctima), según da cuenta copia de sus registros civiles de matrimonio?” y nacimiento? , respectivamente. | 4.2. La Nación se encuentra legitimada en la causa por pasiva y está debidamente representada por el Ministerio de Defensa — Ejército Nacional — Fuerza Aérea - Colombiana de conformidad con los criterios señalados por la jurisprudencia de esta Sección?, pues la muerte de Arturo Herrera Castaño ocurrió en ejercicio de su actividad como coronel de dicha institución.

• Colombiana de conformidad con los criterios señalados por la jurisprudencia de esta Sección?, pues la muerte de Arturo Herrera Castaño ocurrió en ejercicio de su actividad como coronel de dicha institución. 4.3. La Aerocivil no está legitimada en la causa por pasiva, toda vez que el accidente aéreo ocurrió en un helipuerto de la fuerza pública ubicado en el Batallón de Infantería No.17 “General José Domingo Caicedo”, donde esa entidad no ejercía control ni vigilancia, según lo dispuesto en el Reglamento Aeronáutico Colombiano

(RAC) No. 8, capitulo Il; numeral 8.2.1.2%.

5. Problemas jurídicos Corresponde a la Sala determinar: ¡) si la muerte del coronel Arturo Castaño Herrera acaecida durante el decolaje de dos helicópteros que se encontraban en el Batallón de Infantería No. 17 y que se estrellaron al realizar dicha maniobra fue producto de una falla del servicio imputable a la Nación — Ministerio de Defensa — Ejército Nacional — Fuerza Aérea Colombiana, y ¡i) si de no encontrarse acreditada la falla del servicio, es posible atribuir la muerte del coronel Arturo Herrera Castaño a la entidad demandada bajo un régimen objetivo de responsabilidad. 27 FI 10,C. 1.

Fl 11a 12C.1 22 Al respecto ver auto del 25 de septiembre de 2013, EXxp.: 20420, Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección €. 30 “8.2.1.2. El personal aeronáutico de la fuerza pública, las aeronaves de Estado (militares de aduana o de policía), los sistemas aeroportuarios y de navegación aérea y los servicios, actividades .

30 “8.2.1.2. El personal aeronáutico de la fuerza pública, las aeronaves de Estado (militares de aduana o de policía), los sistemas aeroportuarios y de navegación aérea y los servicios, actividades . e instalaciones aeronáuticas adscritos a la seguridad, a la defensa nacional o al control del orden público, están excluidos del ámbito de aplicación de esta Parte y de la intervención de la autoridad aeronáutica y/o Órgano Investigador, quedando sujeta a su regulación específica, salvo solicitud expresa de participación por parte de los respectivos Comandantes de fuerza o del Gobierno central”.12

Radicado: 730012331000201000618 01 (44064) Demandante Virginia de los Angeles Ibarra Rondón y otros

6. Solución de los problemas jurídicos a Antes de resolver los problemas jurídicos es menester hacer unas consideraciones generales sobre la responsabilidad del Estado y el régimen de responsabilidad aplicable en casos muerte o lesiones de miembros de la fuerza pública. 6.1. Consideraciones generales sobre la responsabilidad del Estado El artículo 90 de la Constitución Política de 1991! consagró dos condiciones para declarar la responsabilidad extracontractual del Estado: ¡) la existencia de un daño antijurídico y li) la imputación de éste al Estado.

El daño antijurídico es la lesión injustificada a un interés protegido por el ordenamiento. En otras palabras, es toda afectación que no está amparada por la ley o el derecho?, que contraría el orden legal o que está desprovista de una causa que la justifique, resultando que se produce sin derecho al contrastar con las normas del ordenamiento y, contra der