CE - 012331000201000639011SENTENCIASENTENCIA20230306161325

Expediente: 76001-23-31-000-2010-00639-01 (51658)

Demandantes: Martín Alberto Riascos García y otros

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Magistrado Ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS

Bogotá D.C., veintiuno (21) de noviembre de dos mil veintidós (2022)

Radicado número: Demandantes:

Demandada: Referencia: 76001-23-31-000-2010-00639-01 (51658) Martín Alberto Riascos García y otros Nación — Fiscalía General de la Nación — Rama Judicial Acción de reparación directa Tema: Responsabilidad del Estado por daños causados en la administración de Justicia.

Subtema 1: Privación injusta de la libertad. Ley 906 de 2004. Subtema 2: Antijuricidad del daño no acreditada. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en contra de la sentencia dictada el 30 de agosto de 2013 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que negó las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO Martín Alberto Riascos García fue capturado el 22 de junio de 2007, en virtud de la orden expedida el 20 de mayo de 2007 por el Juzgado 13 Penal Municipal de Cali en el trámite de la investigación penal iniciada por la denuncia anónima que daba cuenta de que servidores del Departamento Administrativo de Seguridad (D.A.S.) pedían dinero a los usuarios interesados en programar una cita para la expedición

en el trámite de la investigación penal iniciada por la denuncia anónima que daba cuenta de que servidores del Departamento Administrativo de Seguridad (D.A.S.) pedían dinero a los usuarios interesados en programar una cita para la expedición del certificado judicial y realizaban actuaciones irregulares con ese propósito. El Juez Segundo Penal municipal de Cali con funciones de control de garantías, en audiencia realizada el 23 de junio de 2007, declaró la legalidad de la captura del señor Riascos García y le impuso medida aseguramiento consistente en detención domiciliaria, por probablemente haber cometido, en su condición de detective 20807 en la seccional del Valle del Cauca del D.A.S., los delitos de concierto para delinquir, concusión, falsedad ideológica en documento público, prevaricato por acción, revelación de secreto, abuso de función pública, prevaricato por omisión, cohecho por dar u ofrecer, falsedad personal y falsedad material en documento , público. El Juzgado Trece Penal del Circuito de Cali, el 2 de septiembre de 2009, por solicitud de la Fiscalía, decretó la preclusión de la investigación penal adelantada en contra del señor Riascos García por no existir medios de prueba suficientes para expedir acusación.

II. ANTECEDENTES 2.1. La demanda Martín Alberto Riascos Ga -cía, en su nombre y en representación de su hijo Martín Sebastián Riascos Ceballos, Alberto Riascos Rojas y Fabiola Amparo García Obando, quienes dicen ser padres del afectado directo con la privación, Blanca Nubia Guarnizo Rojas, quien afirma actuar como compañera permanente del señor

Sebastián Riascos Ceballos, Alberto Riascos Rojas y Fabiola Amparo García Obando, quienes dicen ser padres del afectado directo con la privación, Blanca Nubia Guarnizo Rojas, quien afirma actuar como compañera permanente del señor Riascos García y en representación de Nicholle Vanessa Riascos Guarnizo y deExpediente: 76001-23-31-000-2010-00639-01 (51658) Demandantes: Martín Alberto Riascos García y otros Ana Sofia Riascos Guarnizo, hijas, y Sandra Rocío López García, Oscar Ricardo Flórez García, Edwin Javier Riascos Mancera y l'ama Alberto Riascos Mancera, quienes aducen ser hermanos de la víctima directa, presentaron demanda' en ejercicio de la acción de reparación directa, el 26 de mayo de 2010, en contra de la Nación — Fiscalía General de la Nación — Rama Judicial — Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, para que se les declare administrativamente responsables por el daño derivado de la privación de la libertad sufrida por Martín Alberto Riascos García. Los hechos en los que la parte actora fundamentó sub pretensiones, en síntesis, son los siguientes: Martín Alberto Riascos García fue capturado el 22 de junio de 2007 por el grupo anticorrupción del D.A.S., organismo en el que trabajaba desde 1997. Al día siguiente, un juez de control de garantías legalizó la captura e impuso medida de aseguramiento en contra del señor Riascos García por los delitos de concierto para delinquir, falsedad ideológica y material en documento público, revelación de secreto, abuso de función pública, prevaricato por omisión y por acción, cohecho

aseguramiento en contra del señor Riascos García por los delitos de concierto para delinquir, falsedad ideológica y material en documento público, revelación de secreto, abuso de función pública, prevaricato por omisión y por acción, cohecho por dar u ofrecer y falsedad personal, conductas por las que también fueron aprehendidos 16 funcionarios del DAS. El señor Riascos García estuvo privado de la libertad bajo detención domiciliaria hasta el 14 de diciembre de 2007. El 2 de septiembre de 2009, el juez de control de garantías precluyó la investigación penal que cursaba en contra del procesado, por ausencia de prueba para proferir acusación. 2.2. El trámite procesal relevante de primera instancia Admitida la demanda 2 , notificado el auto admisorios, y corridos los traslados de ley, el apoderado de la Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, presentó escrito de contestación de la demanda, en el que se opuso a las pretensiones y propuso la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva 4 , habida cuenta de que, en á parecer, el verdadero responsable del daño objeto de la pretensión de reparación fue la Fiscalía General de la Nación. Afirmó, además, que la decisión de precluir la instrucción penal adelantada en contra del señor Riascos García estuvo ajustada a la ley y a la Constitución. El Tribunal, por medio de auto dictado el 17 de marzo de 2011, ordenó la apertura del periodo probatorio en el que dispuso tener como prueba los documentos allegados con la demanda y expedir oficio al Juzgado Trece Penal del Circuito de Cali, para que remitiera copia auténtica del expediente del proceso penal

del periodo probatorio en el que dispuso tener como prueba los documentos allegados con la demanda y expedir oficio al Juzgado Trece Penal del Circuito de Cali, para que remitiera copia auténtica del expediente del proceso penal adelantado en contra del señor Riascos García identificado bajo el número 20070286 5 . En auto posterior corrió traslado para que las partes presentaran alegatos de conclusións, como en efecto ocurrió, 7 y el Ministerio Público emitiera concepto, el cual presentó en el sentido de solicitar la aplicación del régimen objetivo de responsabilidad y, en consecuencia, acceder a las pretensiones de la demandas. I Demanda. Folios 222 a 248.Cuaderno 1. 2 Auto admisorio de la demanda. Folios 251 y 252. Cuaderno 1. 3 Diligencias de notificación. Folios 252, 255 y 256. Cuaderno 1. 4 Contestación a la demanda de la Nación — Rama Judicial. Folios 257 a 265. Cuaderno 1. Folios 273 a 274 del cuaderno 1. 6 Auto que corrió traslado para alegar de conclusión en primera instancia. Folio 307. Cuaderno 1. 7 Alegatos de conclusión de la Nación — Fiscalía General de la Nación. Folios 310 a 318. Alegatos de conclusión de la parte demandante. Folios 324 a 340. Alegatos de conclusión de la Nación — Rama Judicial. Folios 410 a 412. Todos en el cuaderno 1. 8 Concepto del Ministerio Público. Folios 410 a 424. Cuaderno 1. 2Expediente: 76001-23-31-000-2010-00639-01 (5165E)

Demandantes: Martín Alberto Riascos García y otros

8 Concepto del Ministerio Público. Folios 410 a 424. Cuaderno 1. 2Expediente: 76001-23-31-000-2010-00639-01 (5165E) Demandantes: Martín Alberto Riascos García y otros 2.3. La sentencia apelada El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por medio de sentencia dictada el 30 de agosto de 2013 9 , negó las pretensiones de la demanda, bajo la consideración de que la parte actora no satisfizo la carga probatoria de que trata el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, en el sentido de acreditar el daño antijurídico, a partir de un régimen de responsabilidad de falla en el servicio. Por el contrario, encontró probado que la privación de la libertad padecida por Martín Alberto Riascos García cumplió los requisitos legales y constitucionales, porque el juez de control de garantías y la autoridad judicial en segunda instancia expusieron las razones por las cuales era procedente imponer la medida de aseguramiento en contra del sindicado y en atención a los criterios objetivos y subjetivos exigidos en la ley para decretar la detención domiciliaria. 2.4. El recurso de apelación La parte demandante interpuso recurso de apelaciónl° en contra de la decisión de primera instancia, con la pretensión de que se revoque y, en su lugar, se acceda a las súplicas de la demanda con el argumento de que en este caso procede la aplicación de un régimen objetivo de responsabilidad. Precisó, además, que la controversia también se podría resolver conforme al título de imputación de falla en el servicio, en atención a que la Fiscalía sindicó al señor Riascos García de haber cometido unos delitos sin contar con los elementos

además, que la controversia también se podría resolver conforme al título de imputación de falla en el servicio, en atención a que la Fiscalía sindicó al señor Riascos García de haber cometido unos delitos sin contar con los elementos probatorios que desvirtuaran su presunción de inocencia. Además, solicitó tener en cuenta tres fallos proferidos por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca (25 de febrero de 2014, expediente 76001-23-31-000-2010-01562-00; 29 de abril de 2013, expediente 76001-23-31-000-2011-01229-00; y 15 de febrero de 2013, expediente 76001-23-31-000-2011-00059-00), por medio de los cuales accedió a las pretensiones solicitadas en casos que guardan identidad fáctica y jurídica con el que ahora se analiza. Por último, precisó que los perjuicios inmateriales, consistentes en la afectación de la calidad de vida y dignidad humana suyos y de su familia, se encuentran acreditados con la prueba testimonial practicada en este contencioso. 2.5. El trámite procesal relevante de segunda instancia Esta Corporación, por medio de auto del 6 de agosto de 2014 11 admitió el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante. En providencia posterior 12 , corrió traslado a las partes para que presentaran alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto de fondo. La parte demandante", en sus alegaciones conclusivas, reiteró los argumentos expuestos en el recurso de apelación y en la demanda. A su turno, la Nación, Fiscalía General de la Nación, aseveró que los actores no demostraron el carácter injusto de la detención

alegaciones conclusivas, reiteró los argumentos expuestos en el recurso de apelación y en la demanda. A su turno, la Nación, Fiscalía General de la Nación, aseveró que los actores no demostraron el carácter injusto de la detención domiciliaria, que sus actuaciones estuvieron ajustadas a derecho y que no fue ese organismo el que impuso la medida de aseguramiento 14 . La Nación, Rama Judicial, y el Ministerio Público guardaron silencio. 9 Sentencia de primera instancia. Folios 426 a 442. Cuaderno principal. 1 ° Recurso de apelación. Folios 461 a 479. Cuaderno principal. 11 Au to admisorio del recurso de apelación. Folio 551. Cuaderno principal. 12 Auto que corrió traslado para alegar de conclusión. Folio 557. Cuaderno principal. 13 Alegatos de conclusión de la parte demandante. Folios 555 a 566. Cuaderno principal. 14 Alegatos de conclusión de la Nación — Fiscalía General de la Nación. Folios 567 a 586. Cuaderno principal. 3Expediente: 76001-23-31-000-2010-00639-01 (51658) Demandantes: Martín Alberto !l'ascos García y otros El magistrado sustanciador, por medio de auto fechada el 14 de enero de 2022", dispuso no acumular al presente expediente los procesos identificados con los números internos 51981, 51627, 51487 y 52268 al caso objeto de estudio y, (ii) dejó sin efectos la providencia de 19 de abril de 2021' 6 , que había ordenado la acumulación de los procesos radicados bajo los números internos 52652 y 52895, para que continuaran el trámite por separado.

dejó sin efectos la providencia de 19 de abril de 2021' 6 , que había ordenado la acumulación de los procesos radicados bajo los números internos 52652 y 52895, para que continuaran el trámite por separado.

III. CONSIDERACIONES.

La Sala procede a resolver el asunto habida consideración de la competencia que le asiste para ello, dado que la Ley 270 de 1996, al prever la responsabilidad del Estado en los eventos de error jurisdiccional, defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y privación injusta de la libertad, estableció que estos asuntos serían competencia de los Tribunales Administrativos en primera instancia y del Consejo de Estado en segunda instancia, sin consideración a la cuantía 17 . A su vez, el ejercicio oportuno de la acción se encuentra acreditado", porque: i) la medida de aseguramiento de detención domiciliaria impuesta a Martín Alberto Riascos García culminó con la decisión de preclusiCin dictada por el Juzgado Trece Penal del Circuito de Cali, en audiencia celebrada el 2 de septiembre de 2009, ii) la parte demandante solicitó audiencia de conciliación prejudicial el 16 de diciembre de 2009", que resultó fallida por falta de ánimo conciliatorio, tal como consta en la certificación del procurador fechada el 14 de abril de 2010 y, iii) la demanda fue presentada el 26 de mayo de 2010 2 °. En relación con la legitimación para la causa por activa, está acreditado en el expediente que Martín Alberto Riascos García fue la persona que debió soportar la medida de detención preventiva que derivó el daño que pretende le sea reparado, por lo que se encuentra legitimado. En cuanto a los demandantes Martín

expediente que Martín Alberto Riascos García fue la persona que debió soportar la medida de detención preventiva que derivó el daño que pretende le sea reparado, por lo que se encuentra legitimado. En cuanto a los demandantes Martín Sebastián Riascos Ceballos, Alberto Riascos Rojas, Fabiola Amparo García Obando, Nicholle Vanessa Riascos Guarnizo, Ana Sofía Riascos Guarnizo, Edwin Javier Riascos Mancera, Yannit Alberto Riascos Mancera, Sandra Rocío López García y Oscar Ricardo Flórez García, las relaciones de parentesco como padres, hijos y hermanos del afectado con la privación están debidamente acreditadas con 16 índice 47. Certificado del sistema de gestión judicial de esta Corporáción "SAMAI: E4FF2211D6165D6A D94794E235560E01 44C2C85A69ECC2FD 6006EF68F1021384C. 16 índice 33. Certificado del sistema de gestión judicial de esta Corporación "SAMAI: B386F8C51ABC6010 717E8C623A9C6C74 16F13056089D6349A 5B4D9A8B4545B3A9. 17 El artículo 73 de la Ley 270 de 1996, vigente para la fecha de presentación de la demanda, fue derogado de manera expresa por el artículo 309 del CPACA, este último declarado exequible por la Corte Constitucional en sentencia C818 de 1° de noviembre de 2011. A partir de la vigencia del CPACA, la competencia en los asuntos referidos en la Ley 270 de 1996, se rige conforme a lo previsto en,e1 numeral 6 del artículo 152 de ese código.

asuntos referidos en la Ley 270 de 1996, se rige conforme a lo previsto en,e1 numeral 6 del artículo 152 de ese código. 18 Conforme a la jurisprudencia de esta Corporación en los eventos en los que se pretende la indemnización de los perjuicios derivados de la privación injusta de la libertad, el términd de caducidad de dos años previsto en el artículo 136-8 del Código Contencioso Administrativo inicia a partir del día siguiente a la fecha de ejecutoria de la decisión penal absolutoria, de la que cesó el procedimiento o de la que declaró la preclusión de la investigación penal, pues solo a partir de ese momento el sindicado puede inferir la existencia de un daño antijurídico. (Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias de unificación del 15 de agosto de 2018 y 18 de julio de 2019, expedientes 46947 y 44572, respectivamente. En iguál sentido, Sección Tercera, auto del 19 de julio de 2010, expediente 37410). 19 En la constancia de la audiencia de conciliación prejudicial aparece qué la solicitud fue presentada el 16 de diciembre de 2010, sin embrago, por el contenido del acta se entiende que se trata del año 2009, dado que la audiencia de conciliación inició el 10 de marzo de 2010 y concluyo el 14 de.abril de 2010. Folio 219. Cuaderno 1. 20 Demanda. Folio 218. Cuaderno 1. 4Expediente: 76001-23-31-000-2010-00639-01 (51658) Demandantes: Martín Alberto Riascos García y otros los respectivos registros civiles de nacimiento 21 . En lo que tiene que ver con la legitimación en la causa de Blanca Nubia Guarnizo Rojas, constituye un hecho

Demandantes: Martín Alberto Riascos García y otros los respectivos registros civiles de nacimiento 21 . En lo que tiene que ver con la legitimación en la causa de Blanca Nubia Guarnizo Rojas, constituye un hecho indicador de la existencia de la relación marital que tiene hijos en común con Martín Alberto Riascos. Además, los testimonios de Ana Rita Martínez, suegra del hermano de Martín Riascos, de Octavio de Jesús Arias Arango y de Liz Ileana Rojas, quienes aseveraron ser vecinos, y de Luz Esperanza Vargas Muñoz, compañera de trabajo del señor Riascos García, corroboran la existencia de la relación marital, pues coinciden al afirmar que Mario Alberto Riascos tenía una relación afectiva estable con Blanca Guarnizo y procrearon dos hijas 22 . Así, la señora Guarnizo Rojas está legitimada en la causa por activa.

La Nación, Fiscalía General de la Nación, representada por el Fiscal General o su delegado, en cuanto fue el órgano que solicitó la medida privativa de la libertad, y la Rama Judicial, representada por el Director Ejecutivo de Administración Judicial, al ser el organismo que decretó la detención por medio del juez de control de garantías, tienen legitimación en la causa por pasiva. 3.1. Problemas jurídicos En atención a los argumentos de inconformidad expuestos en el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, constitutivos del marco de juzgamiento de la segunda instancia, la Sala resolverá los siguientes problemas jurídicos: ¿La medida de aseguramiento de detención domiciliaria impuesta a Martín Alberto Riascos García por el Juez Segundo Penal Municipal de Cali con funciones de control de garantías, en la audiencia concentrada celebrada el 23 de junio de

jurídicos: ¿La medida de aseguramiento de detención domiciliaria impuesta a Martín Alberto Riascos García por el Juez Segundo Penal Municipal de Cali con funciones de control de garantías, en la audiencia concentrada celebrada el 23 de junio de 2007, en el trámite de la investigación penal iniciada por la comisión de delitos contra la administración pública imputados en su condición de detective 208-07 del DAS, seccional Valle del Cauca, constituye un daño antijurídico por contrariar los principios de legalidad, proporcionalidad, razonabilidad y necesidad? En el evento de que la respuesta al anterior problema jurídico sea afirmativa, la Subsección establecerá: ¿El daño antijurídico derivado de la imposición de la medida de detención domiciliaria en contra Martín Alberto Riascos García resulta imputable a la Nación, Rama Judicial? O la atribución ha de hacerse por causa de la acción u omisión de la Nación, Fiscalía General de la Nación, o por la acción u omisión atribuible a los dos organismos. Finalmente, en caso de que se configuren los dos presupuestos necesarios para que surja la responsabilidad estatal, se estudiará la prueba atinente a los perjuicios, de conformidad con la jurisprudencia de esta Corporación. 21 copia del registro civil de nacimiento de Martin Alberto Riascos García, con indicativo serial 3331160 y con fecha de inscripción 21 de abril de 1978 ante la Notaria Segunda de ipiales. Folio 9. Copia del registro civil de nacimiento de Martin Sebastián Riascos Ceballos, con indicativo serial 21379393 y fecha de inscripción el 26 de diciembre de 1996 ante la Notaría Primera de 'piales. Folio 12. Copia del registro civil de nacimiento de

nacimiento de Martin Sebastián Riascos Ceballos, con indicativo serial 21379393 y fecha de inscripción el 26 de diciembre de 1996 ante la Notaría Primera de 'piales. Folio 12. Copia del registro civil de nacimiento de Nichole Vanessa Riascos García, con indicativo serial 30582276 y fecha de inscripción el 5 de diciembre de

2001. Folio 13. Copia del registro civil de nacimiento de Ana Sofía Riascos Guarnizo, con indicativo serial 33815220 y fecha de inscripción el 20 de noviembre de 2003. Folio 14. Copia del registro civil de nacimiento de Oscar Ricardo Flórez García, con anotación del 30 de mayo de 1972. Folio 15. Copia del registro civil de nacimiento de Sandra Rocío López García, con indicativo serial 14997847 y fecha de inscripción el 17 de julio de 1990 ante la Notaría Segunda de 'piales. Folio 16. Copia del registro civil de nacimiento de Yamit Alberto Riascos Mancera, con indicativo serial 14589123 y fecha de inscripción el 16 de noviembre de 1996 ante la Notaría Primera de Santa Marta. Folio 17. Copia del registro civil de nacimiento de Edwin Javier Riascos Mancera, con indicativo serial 7747267 y fecha de inscripción el 3 de agosto de 1983 ante la Notaría Primera de Santa Marta (Magdalena). Folio 18. Todos en el Cuaderno 1. 22 Testimonios recibidos en el proceso contencioso. Cuaderno 2.

5Expediente: 76001-23-31-000-2010-00639-01 (51658) Demandantes: Martín Alberto Riascos García y otros 3.2. Hechos probados relevantes para la resolución de los problemas jurídicos enunciados

5Expediente: 76001-23-31-000-2010-00639-01 (51658) Demandantes: Martín Alberto Riascos García y otros 3.2. Hechos probados relevantes para la resolución de los problemas jurídicos enunciados Al respecto, la Sala precisa que las grabaciones de las audiencias realizadas en el proceso penal adelantado en contra del señor Riascos García y las copias de los documentos simples que respaldan los hechos que se, relacionan a continuación, estuvieron a disposición de las partes en este contendioso y no fueron tachadas de falsedad, motivo por el cual constituyen medios de prueba válidos 23 . 3.2.1. El grupo anticorrupción del DAS, en atención a una denuncia anónima presentada por correo electrónico dirigido a la Vicepresidencia de la República", que informaba sobre irregularidades en el trámite de expedición de certificados judiciales cometidas por servidores públicos de la seccional del Valle del Cauca del D.A.S., elaboró misión de trabajo fechada el 15 de agosto de 2006, para recaudar información sobre los hechos denunciados. En cumplimiento de esa misión, los investigadores asignados identificaron comportamientos irregulares al interior del DAS, seccional Valle del Cauca, relacionados con la asignación de citas para la expedición del certificado judicial, con el sistema de información conocido como "SIPDAS" y con la expedición de certificaciones falsas de antecedentes judiciales. En la misión de trabajo, los investigadores recaudaron las planillas de control de citas para la expedición de certificado judicial solicitadas por la red telefónica (PBX) del D.A.S., suscritas por los servidores que debían diligenciar el documento 25 .

las planillas de control de citas para la expedición de certificado judicial solicitadas por la red telefónica (PBX) del D.A.S., suscritas por los servidores que debían diligenciar el documento 25 . 3.2.2. Los encargados de la misión de trabajo al interior del D.A.S. solicitaron al juez de control de garantías autorización para interceptar las líneas telefónicas habilitadas por la entidad para la asignación de citas de expedición de certificados judiciales, y los abonados celulares de uso personal de los servidores del DAS, seccional Valle del Cauca, que tenían a su cargo él recibo de llamadas y la expedición del certificado 26 . El juez de control de garantías declaró la legalidad de la interceptación de comunicaciones 27 . 3.2.3. El Juzgado Trece Penal Municipal de Cali con funciones de control de garantías, el 20 de mayo de 2007, dictó orden de captura en contra de 17 servidores de la seccional del Valle del Cauca del D.A.S., entre los que se encontraba Martín Alberto Riascos García 28 , decisión que se hizo efectiva por la Policía Judicial el 22 de junio de 2007 29 . 23 El artículo 187 del Código de Procedimiento Civil (CPC), aplicable en este caso, enuncia que las pruebas deberán ser apreciadas en conjunto de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustancial para la existencia o validez de ciertos actos. De las pruebas documentales allegadas como medios de convicción a este proceso, Ips documentos aportados en copia auténtica serán tratados como medios hábiles y su eficacia probatoria será valorada conforme a las reglas de

documentales allegadas como medios de convicción a este proceso, Ips documentos aportados en copia auténtica serán tratados como medios hábiles y su eficacia probatoria será valorada conforme a las reglas de la sana critica; así mismo, las copias simples traídas al plenario serán tenidas en cuenta, puesto que no han sido objeto de tacha de falsedad por la parte contra la cual se aducen. Respecto a su alcance, los documentos públicos, de conformidad con el articulo 264 del CPC, hacen fe de su otorgamiento, de la fecha y de las declaraciones que en ellos haga el funcionario que lo autoriza; a su vez, los documentos privados tal como lo dispone el articulo 279 del CPC, tienen el mismo valor probatorio que los documentos públicos, ya sea entre quienes los suscribieron y sus causahabientes como respecto de terceros. 24 CD 1. Carpeta "2006-007760-1". Grabación "76001600019920060076000_760014088002_2". Minutos 50:29 a 52:23. Folio 2. Cuaderno 3. 25 Escrito de acusación. Folio 145. Cuaderno 1. 26 Grabación de las audiencias preliminares. CD1. Folio 2. Cuaderno 3. 27 Audiencias reservadas. Folios 92 a 126. Cuaderno 4. 28 Grabación de las audiencias preliminares. CD1. Folio 2. Cuaderno 3. 28 Grabación de las audiencias preliminares. CD1. Folio 2. Cuaderno 3. 6Expediente: 76001-23-31-000-2010-00639-01 (5165E) Demandantes: Martín Alberto Riascos García y otros 3.2.4. El Juzgado Trece Pénal Municipal con funciones de control de garantías, en

6Expediente: 76001-23-31-000-2010-00639-01 (5165E) Demandantes: Martín Alberto Riascos García y otros 3.2.4. El Juzgado Trece Pénal Municipal con funciones de control de garantías, en audiencia reservada del 22 de junio de zopo, declaró la legalidad del procedimiento de registro de la residencia del señor Riascos García, en el que se incautaron dos teléfonos celulares. 3.2.5. El Juzgado Segundo Penal Municipal de Cali con funciones de control de garantías, en audiencia concentrada celebrada el 23 de junio de 2007, declaró la legalidad de la captura del señor Riascos García, por encontrarla ajustada a derecho 31 ; ii) escuchó al Fiscal 100 adscrito a la Unidad de Delitos contra la Administración Pública, comunicar a Martín Alberto Riascos García su vinculación a la investigación penal como coautor de los delitos de concierto para delinquir, concusión, falsedad ideológica en documento público, prevaricato por acción, revelación de secreto, abuso de función pública, prevaricato por omisión, cohecho por dar u ofrecer, falsedad personal y falsedad material en documento público, cometidos en su condición de servidor público del DAS, seccional Valle del Cauca 32 y, iii) a pesar de que la Fiscalía solicitó la imposición de medida privativa de la libertad en un establecimiento earcelario 33-34 , decretó medida de aseguramiento consistente en detención domiciliaria, decisión que fue confirmada por el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Cali con funciones de conocimiento, el 26 de julio de 2007, al resolver el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía 35 .

por el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Cali con funciones de conocimiento, el 26 de julio de 2007, al resolver el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía 35 . 3.2.6. La Fiscalía sustentó la imputación de cargos en la evidencia recaudada en la misión de trabajo, que dio cuenta de irregularidades acaecidas en la seccional del Valle del Cauca del D.A.S. en el área de atención a usuarios, como: (i) inconsistencias en el sistema de información y bases de datos reflejadas en las planillas para la asignación de citas, (ii) omisión en la contestación de las líneas telefónicas habilitadas para solicitud de certificado judicial, (iii) entrega irregular de información de la base de datos de certificados judiciales del D.A.S. y (iv) asignación de citas inobservando el procedimiento a cambio de dinero que concertaban por medio de tramitadores, tal como se infirió de las interceptación. El Fiscal precisó, además, que la interceptación de las líneas telefónicas de los servidores vinculados al proceso mostró una actividad criminal organizada bajo la coautoría impropia, porque cada uno de los involucrados realizaba distintos comportamientos ilícitos, circunstancia que configura la conducta punible de concierto para delinquir. En el caso de Martín Alberto Riascos García, el fi scal afirmó que la interceptación de sus comunicaciones reveló que cometió el delito de concusión, dado que, por solicitud de un tercero que se comunicó con él vía telefónica el 8 de febrero de 2007, verificó la asignación de citas para la expedición de los certificados judiciales de dos personas identificadas con los nombres de Mabel Martínez y de Juan Jacobo Grajales, y las conductas punibles

telefónica el 8 de febrero de 2007, verificó la asignación de citas para la expedición de los certificados judiciales de dos personas identificadas con los nombres de Mabel Martínez y