CE - 012331000201001100021SENTENCIA20231031094855

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

Bogotá, D.C., doce (1 2) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho.

Radicación: 76001 -23 -31 -000 -2010 -01100 -02 (4138 -2022 ).

Demandante: Empresas Municipales de Cali - EMCALI

Demandado: Anaes O rdoñez Yusti

Temas: Pensión convencional de los trabajadores de las empresas municipales de Cali – EMCALI .

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA - DECRETO 01 DE 1984

I. ASUNTO

1. La Sala de Subsección procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en contra de la sentencia del 9 de diciembre de 2021 , proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca 1, que negó las súplicas de la demanda y se abstuvo de imponer condena en costas a EMCALI EICE E.S.P.

II. ANTECEDENTES

2.1. Pretensiones de la demanda. 2

2. Las Empresas Municipales de Cali -en adelante EMCALI -, a

II. ANTECEDENTES

2.1. Pretensiones de la demanda. 2

2. Las Empresas Municipales de Cali -en adelante EMCALI -, a través de apoderada y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho en la modalidad de lesividad, demandaron la nulidad de la Resolución 3107 del 3 de septiembre del 1996 , por medio de la cual se reconoció y ordenó el pago de una pensión convencional a favor de la señora Anaes Ordoñez

Yusti.

1 Con ponencia de la magistrada Ana Margoth Chamorro Benavides. 2 Expediente digitalizado sistema SAMAI.Nulidad y r establecimiento del der echo Radicado : 76001233100020100110002 (4138 -2022) .

Dem andante: EMCALI .

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3. A título de restablecimiento solicitaron que se reconozca la pensión de jubilación conforme a las Leyes 33 y 62 de 1985, en aplicación al régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, y se condene al reintegro de las sumas de dinero canceladas a partir del momento en que se profirió el acto administrativo, hasta la fecha de la ejecutoria de la sentencia que ponga fin al proceso, con sus respectivos intereses moratorios y ajustes, conforme con lo señal ado en el artículo 178 del C.C.A .

4. Igualmente, solicitó la suspensión provisional del acto

ponga fin al proceso, con sus respectivos intereses moratorios y ajustes, conforme con lo señal ado en el artículo 178 del C.C.A .

4. Igualmente, solicitó la suspensión provisional del acto demandado, que fue denegada por auto de 19 de agosto de 2010 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca 3, decisión que fue confirmada por el Consejo de Estado mediante providencia del 9 de junio del 2011 4.

2.2. Hechos que fundamentan la demanda.

5. La señora Anaes Ordoñez Yusti trabajó para EMCALI EICE ESP desde el 16 de junio de 1976 hasta el 20 de junio de 1996 .

6. El último cargo que desempeñ ó fue el de oficial de archivo categoría 065, código del cargo 192.007 code 11500311 , Sección

Contabilidad Comercial, Departamento de Contabilidad.

7. EMCALI suscribió con los sindicatos de trabajadores de la entidad una Convención Colectiva de Trabajo el 23 de diciembre de 1995 que beneficiaba exclusivamente a los trabajadores oficiales.

8. A través de la Resolución 2357 del 12 de junio de 1996 se le aceptó la renuncia al cargo que desempeñaba, a partir del 20 de junio de 1996 .

9. Mediante la Resolución 3107 del 3 de septiembre de 1996, se reconoció una pensión de jubilación extralegal a favor de señora Anaes Ordoñez Yusti con fundamento en la Resolución 104 de 1983 en un porcentaje del 90% de lo devengado por todo concepto en el último año de servicio. Adicional, en su artículo segundo se

Anaes Ordoñez Yusti con fundamento en la Resolución 104 de 1983 en un porcentaje del 90% de lo devengado por todo concepto en el último año de servicio. Adicional, en su artículo segundo se estableció que cuando el ISS asumiera el riesgo de vejez, EMCALI únicamente pagar ía el mayor valor generada entre la pensión legal y la extralegal

3 Folios 81 – 85 Expediente digitalizado sistema SAMAI. 4 ffs. 107 -111 Ibidem.Nulidad y r establecimiento del der echo Radicado : 76001233100020100110002 (4138 -2022) .

Dem andante: EMCALI .

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2.3. Fundamentos de derecho y concepto de la vulneración.

10. Como concepto de violación, argumentó que se desconocieron:

• Constitución Política: el preámbulo y los artículos 1.°, 2.°, 4.°, 48, 53, 83 y 150 - Código Contencioso Administrativo: artículo 2.°. - Ley 33 de 1985: artículos 1.° y 3.°. - Ley 62 de 1985: artículo 1.°.

11. Como concepto de violación señaló que la señora Ordoñez Yusti no tenía derecho a percibir una pensión convencional por parte de Las Empresas Municipales de Cali, debido a la calidad de emplead a públic a que ostentaba. En ese sentido, expuso que se realizó el

no tenía derecho a percibir una pensión convencional por parte de Las Empresas Municipales de Cali, debido a la calidad de emplead a públic a que ostentaba. En ese sentido, expuso que se realizó el reconocimiento, contrariando el ordenamiento legal, comoquiera que dicha convención sólo beneficiaba a los trabajadores oficiales.

2.4. Contestación de la demanda.

12. La señora Anaes Ordoñez Yusti , a través de apoderado se opuso a las pretensiones de la demanda.

13. Al efecto indicó que la pensión le fue reconocida con fundamento en la convención colectiva de trabajo 1995 -1996 y la Resolución 104 de 1983 debe ser considerada como un derecho adquirido conforme con el artículo 146 de la Ley 100 de 1993 .

2.5. Sentencia de primera instancia 5

14. En sentencia del 9 de diciembre de 2021 , el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca negó las pretensiones de la demanda y se abstuvo de condenar en costas a la parte demandante.

15. Para adoptar esta decisión aclaró en primer lugar que como la acción perseguía la nulidad del acto administrativo que reconoció una prestación periódica, por tanto, el derecho de acción no estaba sometido a caducidad.

5 Archivo 7 digitalizado sistema SAMAI.Nulidad y r establecimiento del der echo Radicado : 76001233100020100110002 (4138 -2022) .

Dem andante: EMCALI .

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Dem andante: EMCALI .

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16. Posteriormente se refirió al marco normativo y con ello a la naturaleza de los empleos de Emcali E.I.C.E., a los Acuerdos 050 de 1961 y 014 de 1996 y el artículo 5.° del Decreto 3135 de 1968, de los cuales extrajo que por regla general las personas que prestan sus servicios en las empresas industriales y comerciales del Estad o son trabajadores oficiales, excepto quienes ejecutan las actividades de dirección o confianza que son empleados públicos, de acuerdo con los estatutos internos respectivos.

17. A renglón seguido se refirió al alcance del derecho a la negociación colectiva de los empleados públicos, y resaltó que estos sólo se podían ver beneficiados de normas extralegales en los casos en los que hubieran consolidado su derecho con anterioridad al 30 de junio de 1997, como se es tableció en la sentencia C -410 de 1997, relativa a la constitucionalidad del artículo 146 de la Ley 100 de 1993. Por tanto, si consolidaron su situación jurídica pensional con anterioridad al 30 de junio de 1997 por los efectos de los fallos de constitucio nalidad ex -nunc , tienen derecho a que su pensión se pague o continúe pagando según la norma extralegal que sirvió de fundamento para adquirir el derecho.

Esto, además, con sustento en los Convenios Internacionales de la

derecho a que su pensión se pague o continúe pagando según la norma extralegal que sirvió de fundamento para adquirir el derecho. Esto, además, con sustento en los Convenios Internacionales de la OIT 151 6, y 154 7, adoptados por la legislación nacional.

18 .Luego , analizó el tema de la Resolución 104 de 1983 y efectos de la sentencia de nulidad de 2 de octubre de 199 6 y , entró a examinar el caso concreto , donde e stableció que la señora Anaes Ordoñez Yusti nació el 21 de marzo de 1942 y cumplió 50 años de edad el 21 de marzo de 1992 y l aboró en EMCALI EICE ESP desde 16 de junio de 1976 hasta el 20 de junio de 1996, como oficial de archivo categoría 065, código del cargo 192.007, code 11500311, Sección contabilidad comercial, Departamento del Contabilidad.

19. Por ello, m ediante Resolución 3107 del 3 de septiembre de 1996, se le reconoció pensión de jubilación extralegal con fundamento en la Resolución 104 de 1983, en un porcentaje del 90% de lo devengado por todo concepto en el último año de servicio , en atención a que contaba con más de 20 años de servicio y más de 50 años de edad. Adicional, en su artículo segundo se estableció que cuando el ISS asuma el riesgo de vejez, Emcali únicamente pagar á el mayor valor generad o entre la pensión legal y la extralegal.

6 «[S]obre la protección del derecho de sindicación y los procedimientos para determinar las condiciones de empleo en la administración pública».

únicamente pagar á el mayor valor generad o entre la pensión legal y la extralegal.

6 «[S]obre la protección del derecho de sindicación y los procedimientos para determinar las condiciones de empleo en la administración pública». 7 «[S]obre el fomento de la negociación colectiva».Nulidad y r establecimiento del der echo Radicado : 76001233100020100110002 (4138 -2022) .

Dem andante: EMCALI .

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20. Estimó entonces que a la fecha del reconocimiento pensional había acumulado más de veinte años de servicio y tenía más de 50 años de edad y pese a que acreditó la condición de emplead a públic a dadas sus labores administrativas y a que n o se allegó copia del manual de funciones , de la denominación del cargo se advertía que desempeñaba labores administrativas ajenas a la construcción y el sostenimiento de obra pública. Así mismo ello fue ratificado por EMCALI en su escrito de demanda y por la accionada en su contestación.

21. Sin embargo, el reconocimiento pensional extralegal se convalidó en virtud de lo dispuesto por el legislador en el artículo 146 de la Ley 100 de 1993, dado que adquirió su estatus pensional a partir del 20 de junio de 1996 , es decir, antes de la sentencia de nulidad de la Resolución 104 de 1983 proferida el 2 de octubre de 1996, por lo que tiene un derecho adquirido por ser convalidado por

a partir del 20 de junio de 1996 , es decir, antes de la sentencia de nulidad de la Resolución 104 de 1983 proferida el 2 de octubre de 1996, por lo que tiene un derecho adquirido por ser convalidado por el artículo 146 de la ley 100 de 1993.

22. En conclusión, denegó las pretensiones de la demanda y se abstuvo de imponer condena en costas a cargo de la entidad demandante.

2.6. Recurso de apelación. 8

23. La entidad se opuso a la sentencia del a quo , con base en que se encuentra probado en el proceso judicial la condición de empleada pública y por ello, e l régimen general de pensiones aplicable es el contemplado en la s Ley es 33 y 62 de 1985, que se encontraba n vigente al momento en que la señora Anaes Ordoñez Yusti, adquirió el status pensional .

24. Por ello, reconocer derechos de negociación a quienes no tienen facultad de presentar pliegos de peticiones ni celebrar convenciones colectivas resulta ilegal, para lo cual citó igualmente apartados de la jurisprudencia constitucional y contencioso administrativa so bre reconocimientos pensional es con base en convenciones colectivas, a la luz del artículo 146 de la Ley 100 de 1993 y del artículo 55 constitucional, donde se señala que los empleados públicos están imposibilitados para celebrar convenciones colectivas.

8 Aparte digitalizado Aplicativo SAMAI.Nulidad y r establecimiento del der echo Radicado : 76001233100020100110002 (4138 -2022) .

Dem andante: EMCALI .

convenciones colectivas.

8 Aparte digitalizado Aplicativo SAMAI.Nulidad y r establecimiento del der echo Radicado : 76001233100020100110002 (4138 -2022) .

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25. Finalmente indicó que el soporte jurídico del acto administrativo que reconoció derechos pensionales, como es la Resolución 104 del 4 de octubre de 1983 fue declarada nula mediante la sentencia del 17 de febrero 1997, por la Sección Segunda del Consejo de Estado, hecho que reitera la ilegalidad de la resolución que reconoció la prestación pensional a la señor a Anaes Ordoñez Yusti .

2.7. Trámite correspondiente a la segunda instancia

2.7.1. Tanto EMCALI como la accionada guardaron silencio 9.

2.7.2. El procurador Tercero Delegado ante el Consejo de Estado 10 presentó concepto en el cual solicitó confirma r la sentencia de prim era instancia, con fundamento en que no existe duda en que la pensionada, ostentó la condición de e mpleada pública, sin embargo, se deben respetar los derechos adquiridos cuando adquirió el estatus de pensionada, en virtud de la interpretación del artículo 146 de la Ley 100 de 1993 y las normas y principios del derecho laboral.

II. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia.

adquirió el estatus de pensionada, en virtud de la interpretación del artículo 146 de la Ley 100 de 1993 y las normas y principios del derecho laboral.

II. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia.

26. De conformidad con el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo 11, el Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto.

27 . De igual manera, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 328 del Código General del Proceso 12, la competencia del juez de segunda instancia está circunscrita a los argumentos expuestos por el apelante; en el caso de la referencia, se observa que únicamente la parte demandante presentó recurso de alzada, razón por la cual la competencia se encuentr a limitada a los argumentos expuestos

9 Índice 1 6 aplicativo SAMAI. 10 Índice 15 Ibidem. 11 El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, as í como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se conceda el extraordinario de revisión. 12 «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.»Nulidad y r establecimiento del der echo Radicado : 76001233100020100110002 (4138 -2022) .

perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.»Nulidad y r establecimiento del der echo Radicado : 76001233100020100110002 (4138 -2022) .

Dem andante: EMCALI .

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3.2. Problema Jurídico.

28 . Corresponde a la Sala de Subsección establecer si ¿ hay lugar a declarar la nulidad de la Resolución 3107 del 3 de septiembre del 1996 , por medio de la cual EMCALI reconoció y ordenó el pago de una pensión convencional a favor de la señora Anaes Ordoñez Yusti , con fundamento en una Convención Colectiva de Trabajo ?

3.3. Marco normativo y jurisprudencial aplicable al caso.

3.3.1. La naturaleza jurídica de EMCALI

29 . Para efectos de resolver la presente controversia, resulta imperativo hacer un recuento de la normativa que ha determinado la naturaleza jurídica de las Empresas Públicas de Cali -EMCALI -.

30. El Concejo municipal de Cali expidió el Acuerdo 50 de 1961 a través del cual se constituyeron las Empresas Municipales de Cali como un establecimiento público del orden descentralizado, con personería jurídica y patrimonio propio, con el fin de que asumiera «la dirección, organización, administración, ensanches, conservación y mantenimiento de las Empresas e instalaciones de

como un establecimiento público del orden descentralizado, con personería jurídica y patrimonio propio, con el fin de que asumiera «la dirección, organización, administración, ensanches, conservación y mantenimiento de las Empresas e instalaciones de propiedad del Municipio de Cali que constituyen el Acueducto Municipal, el Alcantarillado Municipal, la Empresa de Energía Eléctrica Municipal, la Empresa Telefónica Municipal, las Plazas de Me rcado y de Ferias, y el Matadero Municipal».

31. Más adelante se expidió la Ley 142 de 1994, y en esta se determinó que aquellas empresas que prestan servicios públicos debían constituirse en sociedades por acciones. Sin embargo, precisó que las entidades descentralizadas, bien sea del orden nacional o d el orden territorial cuyos propietarios no desearan que su capital estuviera representado en acciones, debían adoptar la forma de empresas industriales y comerciales del Estado.

32. Es así como el Concejo Municipal de Cali expidió el Acuerdo 014 del 31 de diciembre de 1996, mediante el cual EMCALI se transformó en una empresa industrial y comercial del Estado, del orden municipal (artículo 4.º), a partir del 1 de enero de 1997.Nulidad y r establecimiento del der echo Radicado : 76001233100020100110002 (4138 -2022) .

Dem andante: EMCALI .

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33. A partir del anterior recuento, se advierte que los trabajadores

Bogotá D.C. – Colombia 8 3.3.2. La naturaleza de los empleados de EMCALI

33. A partir del anterior recuento, se advierte que los trabajadores de EMCALI tuvieron el régimen que les aplica a los empleados de los establecimientos públicos hasta el 31 de diciembre de 1996 , y, a partir del 1.° de enero de 1997, su tratamiento corresponde al de quienes prestan sus servicios en empresas industriales y comerciales del Estado, por lo a continuación se analizan las disposiciones que se refieren a la calidad de estos servidores.

34. En ese sentido, se observa que en el Decreto Ley 3135 de 1968 13 se fijaron los criterios para determinar quiénes son servidores públicos y quienes trabajadores oficiales al servicio del

Estado, en los siguientes términos:

«[…] Artículo 5º. - Empleados Públicos y Trabajadores Oficiales. Las personas que prestan sus servicios en los Ministerios; Departamentos Administrativos, Superintendencias y Establecimientos Públicos son empleados públicos ; sin embargo, los trabajadores de la construcción y sostenimiento d e obras públicas son trabaj adores oficiales.

Las personas que prestan sus servicios en las empresas industriales y comerciales del Estado son trabajadores oficiales ; sin embargo, los estatutos de dichas empresas precisarán qué actividades de dirección o confianza deban ser desempeñadas por personas que tengan la calidad de empleados públicos».

35. Como se puede advertir, hasta el 31 de diciembre de 1996, quienes prestaban sus servicios a favor de las Empresas Municipales de EMCALI, por regla general, tenían la calidad de empleados públicos por tratarse de servidores vinculados a un

35. Como se puede advertir, hasta el 31 de diciembre de 1996, quienes prestaban sus servicios a favor de las Empresas Municipales de EMCALI, por regla general, tenían la calidad de empleados públicos por tratarse de servidores vinculados a un establecimiento público.

36. Ahora bien, tal como quedó consignado en la misma normativa, por regla general, las personas que prestan sus servicios en las empresas industriales y comerciales del Estado tienen la calidad de trabajadores oficiales, salvo que desempeñen actividades de dirección o confianza.

37 . Una vez mutó la naturaleza de EMCALI se expidió la Resolución GG -7447 de 24 de noviembre de 1997 «por medio del cual se clasifican los servidores públicos de las Empresas Municipales de Cali».

13 «Por el cual se prevé la integración de la seguridad social entre el sector público y el privado y se regula el régimen prestacional de los empleados públicos y trabajadores oficiales.»Nulidad y r establecimiento del der echo Radicado : 76001233100020100110002 (4138 -2022) .

Dem andante: EMCALI .

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38 . Posteriormente, el Concejo de Cali a través del Acuerdo 34 de 15 de enero de 1999 adoptó el estatuto orgánico para la Empresa Industrial y Comercial de Cali EMCALI E.I.C.E. y en el artículo 16 señaló el régimen legal de los trabajadores de la entidad , pero este

15 de enero de 1999 adoptó el estatuto orgánico para la Empresa Industrial y Comercial de Cali EMCALI E.I.C.E. y en el artículo 16 señaló el régimen legal de los trabajadores de la entidad , pero este fue declarado nulo a través de la sentencia del 25 de marzo de 2004 14.

39 . Es pertinente poner de presente que a través de la Resolución 90 del 28 de diciembre de 1999, la Junta Directiva de EMCALI adoptó la estructura orgánica de la empresa.

40. Así las cosas, hasta el 31 de diciembre de 1996, los trabajadores de EMCALI tenían la calidad de empleados públicos por regla general. Por el contrario, a partir del 1 .° de enero de 1997, con la transformación de su naturaleza jurídica a la de empresa industrial y comercial del Estado del orden municipal, la regla general de vinculación laboral pasó a ser de trabajadores oficiales y excepcionalmente de empleados públicos de conformidad con lo que se estableciera en sus estatutos, siempre que ello atendi era las previsiones legales que rigen la materia.

3.3.3. Competencia para la fijación del régimen pensional

41. La Constitución Política de 1991, dispone, en su artículo 150, numeral 19, literal e), que corresponde al Congreso de la República expedir las normas generales a las que se sujeta el Gobierno Nacional para definir los requisitos y condiciones del reconocim iento de la pensión de jubilación de los empleados públicos, tema sobre el cual se pronunció la Corte Constitucional en sentencia C -510 de 14 de julio de 1999 15 al señalar:

reconocim iento de la pensión de jubilación de los empleados públicos, tema sobre el cual se pronunció la Corte Constitucional en sentencia C -510 de 14 de julio de 1999 15 al señalar:

«El Constituyente de 1991, entonces, conservó el concepto que venía desde la reforma constitucional de 1968, en relación con la necesidad de la existencia de una competencia compartida entre el legislador y el ej ecutivo en la regulación de determinadas materias, una de ellas la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos , entre otros servidores del Estado, en donde la función del primero se debe limitar a establecer unos marcos generales, unos lineamientos que le circunscriban al segundo la forma como éste ha de desarrollar su actividad reguladora para los asuntos

14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Secció n Segunda, sentencia del 25 de marzo de 2004, expediente 3436 -2002, magistrado ponente: Nicolás Pájaro Peñaranda. 15 M. P. doctor Alfredo Beltrán Sierra.Nulidad y r establecimiento del der echo Radicado : 76001233100020100110002 (4138 -2022) .

Dem andante: EMCALI .

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 10 específicamente señalados por la propia Constitución» . (Negrilla de la Sala).

42. De acuerdo con lo anterior se tiene que es ilegal cualquier disposición al respecto, establecida en: (i) normas de carácter local

10 específicamente señalados por la propia Constitución» . (Negrilla de la Sala).

42. De acuerdo con lo anterior se tiene que es ilegal cualquier disposición al respecto, establecida en: (i) normas de carácter local como ordenanzas, acuerdos municipales, resoluciones o acuerdos de establecimientos públicos, nacionales o departamentales, que regulen la materia; o, (ii) convenciones colectivas suscritas por los sindicatos de empleados públicos que establezcan disposiciones relativas a este tema.

43. Al respecto la Ley 4ª de 1992, dispuso en sus artículos 10 y 12, que el régimen prestacional de los servidores públicos de las entidades territoriales será el fijado por el Gobierno Nacional, y que cualquier régimen salarial o prestacional que se establezc a contraviniendo las disposiciones contenidas en la citada ley, o en los decretos que dicte el Gobierno Nacional, carecerán de efecto y no serán fuente de derechos adquiridos.

44. En línea con lo señalado se tiene que es de reserva legal todo lo relacionado con el régimen salarial y prestacional de los servidores públicos, por lo que la competencia para fijarlo reside en forma exclusiva e indelegable en el Gobierno Nacional atendiendo el marco general dispuesto por el Congreso, por lo que no es posible que una corporación territorial, o un organismo descentralizado por servicios en el mismo orden, pueda arrogarse tal competencia, ya que tal situación atentaría de manera flagrante contra el princ ipio de legalidad.

3.3.4. La pensión convencional de trabajadores oficiales y empleados públicos

45. Respecto de la posibilidad de que los empleados públicos se

contra el princ ipio de legalidad.

3.3.4. La pensión convencional de trabajadores oficiales y empleados públicos

45. Respecto de la posibilidad de que los empleados públicos se beneficien de las convenciones colectivas, esta Sala ha señalado:

«En relación con este aspecto, el Convenio 151 de l a Organización Internacional del Trabaj o, prevé:

«[…] Artículo 1

1. El presente Convenio deberá aplicarse a todas las personas empleadas por la administración pública, en la medida en que no les sean aplicables disposiciones más favorables de otros convenios internacionales del trabaj o.

[…] Artículo 7 Deberán adoptarse, de ser necesario, medidas adecuadas a las condiciones nacionales para estimular y fomentar el plenoNulidad y r establecimiento del der echo Radicado : 76001233100020100110002 (4138 -2022) .

Dem andante: EMCALI .

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 11 desarrollo y utilización de procedimientos de negociación entr e las autoridades públicas competentes y las organizaciones de empleados públicos acerca de las condiciones de empleo, o d e cualesquiera otros métodos que permitan a los representantes de los em pleados públicos participar en la determinación de dichas condiciones. […].»

Por su parte, el Convenio 154 de la misma Organización, se refiere al fomento de la negociación colectiva, y se dirige a que sea posible entre todos los empleadores y a todas las categorías

condiciones. […].»

Por su parte, el Convenio 154 de la misma Organización, se refiere al fomento de la negociación colectiva, y se dirige a que sea posible entre todos los empleadores y a todas las categorías de trabaj adores a las cuales se aplica dicho Convenio.

De acuerdo con lo anterior, el artículo 55 de la Constitución Política, garantiza el ej ercicio del derecho a la negociació n colectiva, limitado únicamente por las excepciones que defina la ley.

A su vez, el artículo 416 del Código Sustantivo del Trabajo contiene la limitación de las funciones de los sindicatos de empleados públicos, en los siguientes términos:

«[…] LIMITACIÓN DE LAS FUNCIONES. Los sindicatos de empleados públicos no pueden presentar pliegos de peticiones ni celebrar convenciones colectivas, pero los sindicatos de los demás trabaj adores oficiales tienen todas las atribuciones de los otros sindica tos de trabaj adores, y sus pliegos de peticiones se tramitarán en los mismos términos que los demás, aún cuando no puedan declarar o hacer huelga. […] ».

Lo anterior tiene fundamento precisamente en la vinculación legal y reglamentaria de los empleados públicos, la cual restringe la posibilidad de afectar la facultad de las autoridades de fijar unilateralmente las condiciones del empleo.

Es importante señalar que la Corte Constitucional mediante sentencia C -377 de 1998, al examinar la exequibilidad de la Ley 411 de 1997 que aprobó el Convenio 151 antes citado, consideró ajustada a la Constitución Política la diferenciación entre trabajador es oficiales y empleados públicos, en lo relacionado

411 de 1997 que aprobó el Convenio 151 antes citado, consideró ajustada a la Constitución Política la diferenciación entre trabajador es oficiales y empleados públicos, en lo relacionado con el ejercicio del derecho de negociación colectiva, para conceder a los primeros el goce pleno del derecho, y restringirlo para los segundos, bajo el argumento de que no se puede afectar la facultad d e las autoridades (Congreso, presidente en el plano nacional, asambleas, concej os, gobernadores y a los alcaldes en los distintos órdenes territoriales ), de fijar autónomamente las condiciones del empleo.

La mencionada Ley 411 de 1997, a su turno, fue reglamentada por el Decreto 160 del 5 de febrero de 2014 en el cual se reguló «el procedimiento para la negociación exclusivamente de las condiciones de empleo, entre las entidades y autoridades públicas competentes y las organizaciones sindicales de empleados públicos», aplicable a los todos organismos excepto:

«[…] a) Los empleados públicos que desempeñen empleos d e alto nivel político, jerárquico o directivo, cuyas funciones comporten atribuciones de gobierno, r