CE - 012331000201001106011SENTENCIA20230522204051
Detalles
- Título
- CE - 012331000201001106011SENTENCIA20230522204051
- Autor
- Consejo de Estado
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Administrativo
- Año
- —
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CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Bogotá DC, once (11 ) de mayo de dos mil veintitrés (2023) .
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 08001 -23 -31 -000 -2010 -01106 -01 (1440 -2015)
Demandante: Dirección Distrital de Liquidaciones de Barranquilla Demandado: Inírida Isabel Méndez Linares Temas: Lesividad. Reconocimiento pensional con base en convención colectiva
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA/ LEY 1437 DE 2011
I. ASUNTO
1. La Sala de Subsección A decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante e n contra de la sentencia del 30 de abril de 2014 , proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico , Sala de Descongestión 1, que denegó las pretensiones de la demanda instaurada por la Dirección Distrital de Liquidaciones de Barranquilla en contra de la señora Inírida Isabel Méndez Linares.
II. ANTECEDENTES
2.1. La demanda 2.
2.1.1. Pretensiones.
2. La Dirección Distrital de Liquidaciones de Barranquilla, encargada
II. ANTECEDENTES
2.1. La demanda 2.
2.1.1. Pretensiones.
2. La Dirección Distrital de Liquidaciones de Barranquilla, encargada de administrar el pasivo pensional de la Empresa Distrital de Telecomunicaciones de Barranquilla ESP en liquidación, a través de apoderada, e n ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, en la modalidad de lesividad consagrada en el artículo 85
1 Con ponencia del magistrado Rafael Augusto Borge Mendoza. 2 Expediente digitalizado sistema Samai, índice 12 donde aparece a folio 30 y s.s.Nulidad y r establecimiento del der echo Radicado: 08001 -23 -31 -000 -2010 -01106 -01 (1440 -2015) Dem andante: Dir ección Distrital de Liquidaciones de Barr anquilla
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del Código Contencioso Administrativo (CCA), formuló demanda en contra de la señora Inírida Isabel Méndez Linares, a efectos de obtener la nulidad de la Resolución 119 del 7 de marzo de 2002 proferida por el representante legal de la Empresa Distrital de Telecomunicaciones de Barranquilla, por medio de la cual se le reconoció una pensión de jubilación .
3. Como consecuencia de la anterior declaración y a título de restablecimiento del derecho solicitó «que se restablezca el derecho de la Dirección Distrit al de Liquidaciones de Barranquilla a cesar el
reconoció una pensión de jubilación .
3. Como consecuencia de la anterior declaración y a título de restablecimiento del derecho solicitó «que se restablezca el derecho de la Dirección Distrit al de Liquidaciones de Barranquilla a cesar el pago de la prestación y a subrogarse, por tanto, de la obligación pensional, por haber realizado cotizaciones por este riesgo en el
Instituto de Seguros Sociales».
2.1.2 . Hechos.
4. Señaló como fundamentos fácticos relevantes los siguientes:
5. La señora Inírida Isabel Méndez Linares obtuvo e l reconocimiento de su pensión de jubilación a través de la Resolución No. 119 de 7 de marzo de 2002 proferida por el representante legal de la Empresa Dist rital de Telecomunicaciones de Barranquilla, esto con base en el literal C del artículo 42 de la Convención Colectiva de Trabajo.
6. La Superintendencia de Servicios Públicos ordenó la liquidación de la Empresa Distrital de Telecomunicaciones y su pasivo pensional fue asumido por la Dirección Distrital de Liquidaciones de
Barranquilla .
7. En cumplimiento de lo señalado en el artículo 19 de la Ley 797 de 2003 , la Dirección Distrital de Liquidaciones de Barranquilla revisó tod os los actos administrativos de reconocimiento pensional de los servidores beneficiarios de pensiones por parte de la administración.
8. En el caso de la señora Méndez Linares se advirtió que prestó sus se rvicios a la entidad en calidad de empleada públic a desde el 14 de abril de 1978 al 6 de diciembre de 2001, periodo en el cual estuvo
8. En el caso de la señora Méndez Linares se advirtió que prestó sus se rvicios a la entidad en calidad de empleada públic a desde el 14 de abril de 1978 al 6 de diciembre de 2001, periodo en el cual estuvo afiliad a a los riesgos de invalidez, vejez y muerte al Instituto de Seguros Sociales y al momento del reconocimiento ya se encontraba vigente la Ley 100 de 1993 .Nulidad y r establecimiento del der echo Radicado: 08001 -23 -31 -000 -2010 -01106 -01 (1440 -2015) Dem andante: Dir ección Distrital de Liquidaciones de Barr anquilla
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2.1.3. Normas violadas y concepto de la violación.
9. Como normas vulneradas citó los artículos 1.° , 2 .° y 150, numeral 19, literal e) de la Constitución Política; 416 del Código Sustantivo del Trabajo y 36, inciso 3 .° de la Ley 100 de 1993 y el Decreto 1 068 de 1995.
10. Como concepto de violación se indicó que el acto demandado incurrió en desconocimiento de las normas en que debía fundarse, toda vez que se reconoció una pensión de jubilación sin que la beneficiaria contara con el tiempo de servicio exig ido por las normas aplicables para el otorgamiento de pensiones del sector público del orden territorial.
toda vez que se reconoció una pensión de jubilación sin que la beneficiaria contara con el tiempo de servicio exig ido por las normas aplicables para el otorgamiento de pensiones del sector público del orden territorial.
11. Además , el reconocimiento pensional se efectuó con fundamento en la convención colectiva vigente en la Empresa Distrital de Telecomunicaciones ESP de Barranquilla para los trabajadores oficiales y los empleados públicos y , de acuerdo con lo señalado por el artículo 150, numeral 19 literal e) superior, sus prestaciones sólo pueden fijarse por el Congreso de la República y a tales funcionarios no les es dable suscribir convenciones colectivas de trabajo que consagren prerrogativas prestacionales desconociendo lo establecido por el orden jurídico .
12. Igualmente se desconoce el artículo 151 de la Ley 100 de 1993, que entró en vigor el 30 de junio de 1995 para el sector público del nivel territorial, por lo que se debió afiliar obligatoriamente a todos los funcionarios al sistema general de pensiones, con lo cual la Empresa Distrital de Telecomunicaciones ESP de Barranquilla se liberó de la obligación de pensionar a sus servidores, pues esta debía ser asumida por la Administradora de Pensiones donde se encontraba afiliad a la funcionari a.
13. Según la demanda el acto demandado reconoció la pensión con desconocimiento del inciso 3 .º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y el Decreto 1158 de 1994, el cual establece un IBL diferente al determinado en el acto acusado y factores diferentes a los dispuesto s por el legislador.
y el Decreto 1158 de 1994, el cual establece un IBL diferente al determinado en el acto acusado y factores diferentes a los dispuesto s por el legislador.
14. Finalmente indicó que l a pensión además fue mal concedid a porque la Empresa Distrital de Telecomunicaciones al efectuar las cotizaciones al Instituto de Seguro s Social es , subrogó su obligación pensional.Nulidad y r establecimiento del der echo Radicado: 08001 -23 -31 -000 -2010 -01106 -01 (1440 -2015) Dem andante: Dir ección Distrital de Liquidaciones de Barr anquilla
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2.2. Contestación de la demanda 3.
15. La señora Inírida Isabel Méndez Linares 4, contestó la demanda, para lo cual se opuso a las pretensiones formuladas por la Dirección Distrital de Liquidaciones de Barranquilla .
16. En ese sentido señaló que el a cto administrativo expedido por la entidad no puede declararse nulo toda vez que aten dió las pautas dadas por el estatuto orgánico de la entidad, Decreto 0793 de 1997 , por el cual se clasificaron, por regla general , a los servidores de la entidad como trabajadores oficiales .
17. De acuerdo con lo anterior, el cargo desempeñado como pr ofes ional I l a clasific ó como trabajadora oficial, con lo cual es beneficiaria de la convención colectiva de trabajo y por ello adquirió
entidad como trabajadores oficiales .
17. De acuerdo con lo anterior, el cargo desempeñado como pr ofes ional I l a clasific ó como trabajadora oficial, con lo cual es beneficiaria de la convención colectiva de trabajo y por ello adquirió el derecho a devengar una pensión de jubilación reconocida conf orme a la convención colectiva de la entidad , articulo 42 li teral c).
18. Igualmente, todos los documentos aportados por la misma entidad demuestran tal calidad de trabajadora oficial y en ese sentido le son aplicables las previsiones del artículo 5 .° del Decreto 3135 de 1968, por remisión de artículo 41 de la Ley 142 de 1994, además porque laboró hasta el día 16 de diciembre de 2001 cuando estaba vigente la convención colectiva.
19. De otra parte, indicó que, de conformidad con lo certificado por el jefe de la Sección de Nómina de la entidad, se tiene que sí cumplió con el tiempo de servicios requeridos para el reconocimiento pensional , esto es, por 23 años, 8 meses y 2 días, desde el 14 de abril de 1978 y hasta el 16 de diciembre de 2001 y en este ca so la Convención Colectiva , en su artículo 42 exige 20 años de servicios en las normas de las entidades del sector público del orden territorial a la que hace mención el concepto de violación.
20. Además, el acto atacado no desconoce ni el numeral 19 art 150 de la Constitución Política de Colombia ni el artículo 416 del C . S. de T. atendiendo a la condición de trabajadora oficial que ostentó toda vez que a ellos se les permite negociar convenciones colectivas.
de la Constitución Política de Colombia ni el artículo 416 del C . S. de T. atendiendo a la condición de trabajadora oficial que ostentó toda vez que a ellos se les permite negociar convenciones colectivas.
21. Igualmente indicó que no se incurrió en desconocimiento del artículo 151 de la Ley 100 de 1993 pues si bien la Empresa Distrital de Telecomunicaciones de Barranquilla , afilió a la señor a Linares Méndez al Instituto de Seguros Sociales, se tiene que las pensiones
3 Folios 100 y s.s. y 153 y s.s. 4 Portadora de la T. P. No. 71.940 del C. S. de la J.Nulidad y r establecimiento del der echo Radicado: 08001 -23 -31 -000 -2010 -01106 -01 (1440 -2015) Dem andante: Dir ección Distrital de Liquidaciones de Barr anquilla
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extralegales reconocidas tienen el carácter de compartidas de acuerdo con lo establecido por el art ículo 18 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de ese mismo año. Esa misma condición se estableció en el acto demandado, donde se indicó que se trataba de una pensión compartida.
22. Recalcó que con la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 no se extinguieron los derechos y prerrogativas de las convenciones colectivas pues el artículo 11 de la misma norma conservó el derecho
se trataba de una pensión compartida.
22. Recalcó que con la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 no se extinguieron los derechos y prerrogativas de las convenciones colectivas pues el artículo 11 de la misma norma conservó el derecho contenido en la convención ex tralegal.
23. Según lo indicó no existe violación del Decreto 1068 de 1995 por cuanto por disposición del Decreto 433 de 1971 la empresa estaba registrada e inscrita como empleador ante el ISS y cumplía con la afiliación de sus trabajadores a efectos de respetar su s obligaciones pensionales.
24. Tampoco se desconoce el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 ni el Decreto 1158 de 1994 pues si bien estos determinan el monto de las pensiones de origen legal, en cambio la convención es ley para las partes.
25. Finalmente propuso las excepciones de falta de causa para demandar, falta de agotamiento del requisito de procedibilidad y falta de jurisdicción .
2.3. La sentencia apelada 5.
26 . El Tribunal Administrativo del Atlántico , Sala de Descongestión, mediante sentencia del 30 de abril de 2014 denegó las pretensiones de la demanda y se abstuvo de imponer condena en costas.
27 . En primer lugar se refirió a las excepciones propuestas por la accionada, que consideró no probadas, sin incluir esa decisión en la parte resolutiva.
28. Luego , abordó el análisis del caso concreto para lo cual se refirió al Acuerdo 038 de 23 de diciembre de 1996 por el que se adoptó el
parte resolutiva.
28. Luego , abordó el análisis del caso concreto para lo cual se refirió al Acuerdo 038 de 23 de diciembre de 1996 por el que se adoptó el régimen jurídico de la Empresa Distrital de Telecomunicaciones, el Decreto 0793 de 3 de marzo de 1997 por el cual se aprobó el Estatuto Interno de la Empresa , el acto demandado, el cargo desempeñado, así como a la Convención Colectiva de 23 de octubre de 1997, cuya vigencia sería hasta el 31 de agosto de 1999, y que sería prorrogada
5 Folio 446 y s.s.Nulidad y r establecimiento del der echo Radicado: 08001 -23 -31 -000 -2010 -01106 -01 (1440 -2015) Dem andante: Dir ección Distrital de Liquidaciones de Barr anquilla
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automáticamente por periodos de un año en caso de no denunciarse la convención.
29. A partir de ello estableció que la Empresa Distrital de Telecomunicaciones, a la fecha del reconocimiento de la prestación periódica había suscrito una convención colectiva con el sindicato de la entidad, que se encontraba vigente al momento de la expedici ón del acto demandado, además, sus trabajadores eran oficiales excepto los de dirección , confianza o manejo, de conformidad con lo señalado por el Decreto 3135 de 1968 , artículo 5.°.
del acto demandado, además, sus trabajadores eran oficiales excepto los de dirección , confianza o manejo, de conformidad con lo señalado por el Decreto 3135 de 1968 , artículo 5.°.
30. Luego estableció que en los estatutos correspondientes no se determinaron cuáles cargos eran de dirección y confianza por lo que por la denominación del que desempeñaba la demandante como «p rofesional I », se entendía que era una trabajadora oficial al momento en que se le otorgó la p ensión .
31. Con posterioridad se refirió al artículo 42 de la convención colectiva y estimó que en este caso se acreditó que la demandada prestó sus servicios a la Empresa Distrital de Telecomunicaciones desde el 14 de abril de 1978, por lo que al momento del reconocimiento de la pensión tenía más de 20 años de servicios que exige la convención. Sin embargo , nació el 8 de septiembre de 1957 y no había cumplido los 47 años de edad, lo cual advirtió que no se alegó como cargo de violación , además no podría ordenarse la devolución de las mesadas reconocidas y p agadas antes del cumplimiento de los 47 años por parte de la demandada, de acuerdo con lo señalado en el art ículo 136 del CCA numeral 2 .
32. En relación con la violación del artículo 151 de la Ley 100 de 1993, consideró que no se acreditó que durante la vigencia de la relación laboral entre el demandante y la demandada se hicieron las correspondientes cotizaciones obligatorias a un fondo privado de pensiones o al Instituto de Seguros Sociales, ni tampoco fue vinculado el ISS al proceso, como para concluir que de acuerdo con
relación laboral entre el demandante y la demandada se hicieron las correspondientes cotizaciones obligatorias a un fondo privado de pensiones o al Instituto de Seguros Sociales, ni tampoco fue vinculado el ISS al proceso, como para concluir que de acuerdo con la cláusula 42, literal f ) de la convención, la empresa deba asumir en este momento solo la diferencia pensional. Tampoco se demostró que el ISS asumió el pago de la pensión de la extinta Empresa Distrital de Telecomunicaciones de Barranquilla. Así entonces concluyó que no se demostraron los cargos de violación alegados.Nulidad y r establecimiento del der echo Radicado: 08001 -23 -31 -000 -2010 -01106 -01 (1440 -2015) Dem andante: Dir ección Distrital de Liquidaciones de Barr anquilla
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2.4. Recurso de apelación
33 . La apoderada de la entidad demandante 6 presentó escrito de apelación en el cual manifestó que no estaba de acuerdo con la decisión adoptada por el Tribunal.
34 . Al efecto precisó que el acto administrativo demandado debe declararse ilegal toda vez que reconoció una pensión de jubilación a la demandada en virtud de beneficios convencionales con posterioridad a la Ley 100 de 1993 esto es con base en la convención colectiva suscrita al 23 de octubre de 1997 entre la Empresa Distrital de Telecomunicaciones de Barranquilla y la Asociación Sindical
posterioridad a la Ley 100 de 1993 esto es con base en la convención colectiva suscrita al 23 de octubre de 1997 entre la Empresa Distrital de Telecomunicaciones de Barranquilla y la Asociación Sindical
SINTRA TEL .
35 . Explic ó que la Ley 100 de 1993 entró en vigencia el 30 de junio de 1995 para el sector público en el nivel territorial y trajo como consecuencia una serie de obligaciones para todos los representantes legales de esas entidades , entre ellas , las de afiliar obligatoriamente a todos sus funcionarios al sistema general de pensiones y efectuar las cotizaci ones , lo cual generaba el liberarse de la obligación de pensionar a sus servidores toda vez que esta pensión sería asumida por la administradora de pensiones donde se encontraba afiliado el funcionario .
36. Citó la sentencia C410 de 1997 y señal ó que la s situaci ones que se consolidaron con anterioridad al 30 de junio de 1997 con fundamento en normas municipales o departamentales , a pesar de su ilegalidad , queda ro n amparadas por lo dispuesto en el artículo 146 de 1993 y, p or tanto, como en este caso se trataba de una servidora de la Dirección Distrital de Telecomunicaciones en Liquidación , el acto demandado se encuentra viciado de nulidad al suscribirse en el año 2002.
37. Reiteró que la pensionada no contó con el tiempo de servicio en entidades públicas , exigido por las normas aplicables para el otorgamiento de las pensiones del sector público del orden territorial y por ende se concedió un beneficio económico a un particul ar en menoscabo de los bienes públicos que podrían ser utilizados a favor
entidades públicas , exigido por las normas aplicables para el otorgamiento de las pensiones del sector público del orden territorial y por ende se concedió un beneficio económico a un particul ar en menoscabo de los bienes públicos que podrían ser utilizados a favor de la comunidad .
6 Fol ios 455 y s.s.Nulidad y r establecimiento del der echo Radicado: 08001 -23 -31 -000 -2010 -01106 -01 (1440 -2015) Dem andante: Dir ección Distrital de Liquidaciones de Barr anquilla
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2.5. Alegatos de segunda instancia
38. En esta oportunidad tanto las partes como e l Ministerio Público guardaron silencio como se indica el informe secretarial visible a folio 480 del expediente digitalizado sistema SAMAI .
39. Como no se observa causal que invalide lo actuado, la Sala de Subsección procede a decidir previas las siguientes.
III. CONSIDERACIONES
3. 1. Aclaración previa.
40. Esta Subsección, a través de providencia de 23 de mayo de 2019 , declaró su falta de jurisdicción, anuló la sentencia de primera instancia y envió el expediente a la jurisdicción ordinaria , en atención a que la señora Inírida Isabel Méndez Linares se desempeñaba como trabajadora oficial al momento del reconocimiento pensional . Lo anterior, con fundamento en el artículo 2 .° del Código Procesal del
a que la señora Inírida Isabel Méndez Linares se desempeñaba como trabajadora oficial al momento del reconocimiento pensional . Lo anterior, con fundamento en el artículo 2 .° del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social (en adelante, CPTSS) .
41. El Juzgado 13 Laboral del Circuito de Barranquilla, a través de providencia del 24 de mayo de 2021, propuso conflicto negativo de competencia. Esto con base en que el asunto correspondía a una acción de lesividad perteneciendo su conocimiento a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo , con base en los artículo s 2.° del CPTSS , 97 y 104 del CPACA, 16 del Código General del Proceso , en adelante, CGP .
42. La Corte Constitucional, en cumplimiento del numeral 11 del artículo 241 de la Cons titución Política, modificado por el artículo 14 del Acto Legislativo 02 de 2015 , dirimió el conflicto suscitado a través de proveído de 7 de julio de 2022, para lo cual declaró que corresponde a esta jurisdicción y subsección el conocimiento de l a demanda presentada por la Dirección Distrital de Liquidaciones de Barranquilla en contra de la señora Inírida Isabel Méndez Linares.
43. De acuerdo con lo anterior, se de jará sin efecto la providencia de 23 de mayo de 2019 , donde anuló la sentencia de primera instancia y asumirá el análisis del recurso de apelación interpuesto por la apoderada de la Dirección Distrital de Liquidaciones de Barranquilla.Nulidad y r establecimiento del der echo
23 de mayo de 2019 , donde anuló la sentencia de primera instancia y asumirá el análisis del recurso de apelación interpuesto por la apoderada de la Dirección Distrital de Liquidaciones de Barranquilla.Nulidad y r establecimiento del der echo Radicado: 08001 -23 -31 -000 -2010 -01106 -01 (1440 -2015) Dem andante: Dir ección Distrital de Liquidaciones de Barr anquilla
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3. 2. Competencia
44 . Esta Subsección es competente para conocer del asunto de la referencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 29 7 de l Decreto 01 de 1984 .
45. Además, la acción de lesividad procede en todos los casos en que la Nación o las entidades públicas acuden como demandantes ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en la búsqueda de la nulidad de sus propios actos 8 sin perjuicio de la naturaleza del vínculo que ostentó el demandado con esta, y en la acción del epígrafe es la misma administración qui en demanda s u propio acto , por lo que su control de legalidad corresponde a esta jurisdicción.
46. De conformidad con el artículo 357 9 del Código de Procedimiento Civil, hoy 328 del Código General del Proceso, la competencia del juez de segunda instancia está circunscrita a los argumentos expuestos por la apelante. No obstante, en caso de que ambas partes
Civil, hoy 328 del Código General del Proceso, la competencia del juez de segunda instancia está circunscrita a los argumentos expuestos por la apelante. No obstante, en caso de que ambas partes hayan apelado la sentencia, el superior resolverá sin limitaciones.
47 . En el asunto objeto de estudio la entidad demandante es apelante únic a, por lo que la competencia de la Sala de Subsección se encuentra limitada a lo expuesto en el recurso formulado .
3.3. Problema jurídico.
48 . Le corresponde a la Sala de Subsección establecer: ¿Si a la acciona da le asiste o no el derecho al reconocimiento y pago de una pensión de jubilación con fundamento en la convención colectiva de trabajo suscrita en 1997, entre la Empresa Distrital de Telec omunicaciones de Barranquilla ESP y la Asociación Sindical
7 «ARTÍCULO 129. Modificado por el art. 2, Decreto Nacional 597 de 1988, Modificado por el art. 38, Ley 446 de 1998. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaci ones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se conceda el extraordinario de revisión. […]». 8 Proveído de 1.° d e octubre de 2020, radicado 25000 -23 -42 -000 -2018 -0020501(1833 -20) con ponencia del Consejero Dr. William Hernández Gómez.
revisión. […]». 8 Proveído de 1.° d e octubre de 2020, radicado 25000 -23 -42 -000 -2018 -0020501(1833 -20) con ponencia del Consejero Dr. William Hernández Gómez. 9 « La apelación se entiende interpuesta en lo desfavorable al apelante, y por lo tanto el superior no podrá enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso, salvo que en razón de la reforma fuere indispensable hacer modificaciones sobre puntos íntimamente relacionados con aquélla. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado o la que no apeló hubiere adherido al rec urso, el superior resolverá sin limitaciones. […] »Nulidad y r establecimiento del der echo Radicado: 08001 -23 -31 -000 -2010 -01106 -01 (1440 -2015) Dem andante: Dir ección Distrital de Liquidaciones de Barr anquilla
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SINTRATEL, al desempeñarse como trabajadora oficial de la referida entidad?
49 . Para ese efecto, se analizará el marco normativo y jurisprudencial , la naturaleza jurídica de la Empresa Distrital de Telecomunicaciones de Barranquilla ESP y su régimen de personal , las pruebas allegadas y por último se resolverá el caso concreto para verificar si le asiste razón a la apelante.
3. 4. Marco normativo y jurisprudencial aplicable al caso
las pruebas allegadas y por último se resolverá el caso concreto para verificar si le asiste razón a la apelante.
3. 4. Marco normativo y jurisprudencial aplicable al caso
- Naturaleza jurídica de la Empresa Distrital de Telecomunicaciones de Barranquilla ESP y su régimen de personal
50. En primer lugar, es necesario indicar que l a Empresa Distrital de Telecomunicaciones de Barranquilla E.S.P. fue creada mediante el Decreto 108 del 11 de marzo 1953 y fue reorganizada mediante los Decretos 434 del 7 de octubre 1953 y 366 de dicie mbre 16 de 1957 10.
51. Luego, el Concejo Municipal de Barranquilla, a través del Acuerdo 003 de 1967 11, constituyó a la Empresa Municipal de Teléfonos de Barranquilla, como un establecimiento público autónomo.
52. Ahora bien, a efectos de determinar la naturaleza de los cargos de la entidad, es n ecesario recordar que el Decreto Ley 3135 del 26 de diciembre de 1968 12 de manera general, estableció los criterios para determinar quiénes son servidores públicos y quiénes
trabajadores oficiales, al señalar:
«[…] A rtículo 5º. - Empleados Públicos y Trabajadores Oficiales. Las personas que prestan sus servicios en los Ministerios; Departamentos Administrativos, Superintendencias y Establecimientos Públicos son empleados públicos; sin embargo, los trabajadores de la construcción y sostenimiento de obra s públicas son trabajadores oficiales.
En los estatutos de los Establecimientos Públicos se precisará qué actividades pueden ser desempeñadas por personas vinculadas mediante contrato de trabajo .13
de obra s públicas son trabajadores oficiales.
En los estatutos de los Establecimientos Públicos se precisará qué actividades pueden ser desempeñadas por personas vinculadas mediante contrato de trabajo .13
10 Como se indica en el Acuerdo 003 de 1967 dictado por el Concejo Municipal de Barranquilla. https://dirliquidaciones.gov.co/wpcontent/uploads/2021/11/ACUERDO_03_DE_1967.pdf 11 Ibidem. 12 “P or el cual se prevé la integr ación de la seguridad social entre el sector público y el privado y se regula el régimen prestacional de los empleados públicos y trabajadores oficiales”. 13Texto subrayado de clarado inexequible Sentencia C -484 de 1995, Corte Constitucional .Nulidad y r establecimiento del der echo Radicado: 08001 -23 -31 -000 -2010 -01106 -01 (1440 -2015) Dem andante: Dir ección Distrital de Liquidaciones de Barr anquilla
11
w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: ( 601 ) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia
Las personas que prestan sus servicios en las Empresas Industriales y Comerciales del Estado son trabajadores oficiales; sin embargo, los estatutos de dichas empresas precisarán qué actividades de dirección o confianza deban ser desempeñadas por personas que tengan la calidad de empleados públicos. […]» ,14
53. El Decreto 1848 de 4 de noviembre de 1969, en el artículo 2 .° determinó que los empleados públicos son las personas que prestan
empleados públicos. […]» ,14
53. El Decreto 1848 de 4 de noviembre de 1969, en el artículo 2 .° determinó que los empleados públicos son las personas que prestan sus servicios en los ministerios, departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos públicos y unidades administrativas especiales; mientras que en el artículo 3 .° definió que los trabajadores oficiales, son quienes laboran en las entidades referidas en el inciso primero del artículo 1 .° de ese mismo decreto 15, en la construcción y sostenimiento de las obras públicas.
54. Es pertinente señalar que la Corte Constitucional mediante sentencia C -484 de 1995, declaró inexequibles las citadas expresiones del Decreto Ley 3135 de 1968 «En los estatutos de los establecimientos públicos se precisará qué actividades pueden ser desempeñadas por personas vinculadas mediante contrato de trabajo » y «sin embargo, los estatutos de dichas empresas precisarán qué actividades de dirección o confianza deban ser desempeñadas por personas que tengan la calidad de empl eados públicos ».
55. Lo anterior , al considerar q ue la autonomía de las entidades descentralizadas no permite definir en sus estatutos las actividades que puede
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