CE - 012331000201002385011SENTENCIA20230609000000

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejera ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá D.C., dos (2) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Radicación número: 05001-23-31-000-2010-02385-01 (58007)

Actor: INGETIERRAS DE COLOMBIA S.A.

Demandado: NACIÓN MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO

SOSTENIBLE

Referencia: APELACIÓN SENTENCIA -REPARACIÓN DIRECTACCA.

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandan te en contra de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, el 27 de mayo de 2016, mediante la cual se inhibió para proferir un pronunciamiento de fondo sobre las pretensiones y excepciones de las partes.

I. SÍNTESIS DEL CASO La sociedad Ingetierras de Colombia S.A. demandó al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial en ejercicio de la acción de reparación directa con el fin de que se le indemnicen los perjuicios que sufrió por la ejecución de la medida preventiva ambiental de suspensión de la actividad minera, que venía desarrollando en virtud de un contrato de concesión. La sentencia de primera instancia se inhibió para decidir de fondo el asunto, por considerar que hubo indebida escogencia de la acción. En la apelación, la parte demandante acusa la comisión de un error en la valoración realizada por el tribunal, por cuanto estima que el daño se ocasionó por una operación administrativa y por cuanto la medida preventiva fue adoptada a

acción. En la apelación, la parte demandante acusa la comisión de un error en la valoración realizada por el tribunal, por cuanto estima que el daño se ocasionó por una operación administrativa y por cuanto la medida preventiva fue adoptada a través de un acto administ rativo de trámite que no era susceptible de control vía acción de nulidad y restablecimiento del derecho.Radicación: 0500123310002010238501 (58.007)

Actor: Ingetierras de Colombia S.A.

Demandados: Nación – Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible Referencia: Acción de reparación directa -CCA

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II. ANTECEDENTES

1. La demanda

El 10 de diciembre de 2010, la sociedad INGETIERRAS de Colombia S.A., a través de apoderado debidamente constituido (fl. 1 -4, c.1), y en ejercicio de la acción de reparación directa, presentó demanda en contra de la Nación – Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial1 -hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible- (fl. 275 -306, c. 1) con el propósito de que se declare su responsabilidad por los perjuicios que le fueron causados por la “operación administrativa que dio lugar al cierre temporal de una mina de su propiedad” , ubicada en el municipio de Rionegro, Antioquia, durante el periodo comprendido entre el 21 de diciembre de 2007 y el 8 de octubre de 2008 y, en consecuencia, se le indemnicen los perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente y lucro cesante, los cuales estimó en $3.817.400.600.

1.1. Los fundamentos de hecho

materiales en la modalidad de daño emergente y lucro cesante, los cuales estimó en $3.817.400.600.

1.1. Los fundamentos de hecho

Los actores sustentaron sus pretensiones en los fundamentos fácticos que, en síntesis, se expresan a continuación:

Manifiesta la sociedad actora que, el 27 de marzo de 2003, celebró el contrato 5837 (código único HDMK-01) de concesión minera con el Departamento de Antioquia, el cual fue inscrito en el registro minero el 11 de julio del mismo año y el que tenía por objeto l a explotación de una mina de arenas y gravas naturales, ubicada en el municipio de Rionegro, Antioquia.

Con ocasión del anterior negocio jurídico, la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los ríos Negro y Nare -en adelante CORNARE - expidió la li cencia ambiental, a través de la Resolución 112-0020, del 14 de enero de 2005, la cual fue modificada mediante la Resolución 112-5877, del 14 de noviembre de 2007.

1 Mediante la Ley 1444 de 2011 se escindió “ del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial los objetivos y funciones asignados por las normas vigentes a los Despachos del Viceministros de Vivienda y Desarrollo Territorial y al Despacho del Viceministro de Agua y

Saneamiento Básico” -art. 11y se creó el “Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio” -arts. 14 y 17y su respectivo sector administrativo -art. 15-. En tal sentido, la representación de la Nación en este proceso, es ejercida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.Radicación: 0500123310002010238501 (58.007)

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3 El 16 de mayo de 2007, CORNARE ordenó la suspensión de las actividades de minería que venía ejecutando la sociedad demandante, a través del Auto 112 -0637, por considerar que la sociedad INGETIERRAS S.A. cometió varias infracciones ambientales, entre ellas la explotación de materiales en una zona restringida, ubicada en los meandros del Río Negro.

Pese a existir una orden de suspensión de actividades, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible ordenó también la suspensión de actividades mineras autorizadas a los demandantes, a través de la Resolución 2333 del 21 de diciembre de 2007, modificada por la 2353 de 24 de diciembre del mismo año.

Luego, CORNARE, mediante Auto 112 -0694 del 1 de junio de 2007, revocó la suspensión de actividades que había sido impuesta a la demandante y, en consecuencia, autorizó la continuación de actividades mineras, ello con fundamento en una evaluación técnica y la aprobación del plan de restauración que presentó ante dicha autoridad ambiental y que fue objeto de monitoreo y seguimiento,

consecuencia, autorizó la continuación de actividades mineras, ello con fundamento en una evaluación técnica y la aprobación del plan de restauración que presentó ante dicha autoridad ambiental y que fue objeto de monitoreo y seguimiento, además, por la Dirección de Titulación y Fiscalización Minera del Departamento de Antioquia y la Procuraduría Agraria y Ambiental.

Pese a lo anterior, afirma la parte actora que el Ministerio de Ambiente mantuvo la orden de suspensión de actividades impuesta a INGETIERRAS S.A. y se abstuvo de evaluar de manera técnica y completa la eficacia de las medidas de restauración y sustitución ambiental implementadas en la zona concesionada.

En consecuencia, afirmó que la suspensión de su explotación, además de injustificada, causó grandes perjuicios sociales y económicos a la empresa, dado que la actividad en la mina solo pudo ser reacti vada el 20 de octubre de 2008, a partir de la expedición de la Resolución No. 1758 de 8 de octubre del mismo año, mediante la cual la entidad demandada ordenó el levantamiento de la medida impuesta a la demandante.

La demanda fue admitida mediante auto de primero de marzo de 2011 (fl. 308, c.1) y debidamente notificada a la entidad demandada (fl. 313, c.1) y al Ministerio Público (fl. 308 vto, c.1)Radicación: 0500123310002010238501 (58.007)

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2. Contestación de la demanda.

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2. Contestación de la demanda.

Dentro del término de fijación en lista, el ahora Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible contestó la demanda (fl. fl 332 -345 c.1) oponiéndose a la totalidad de las pretensiones y a la mayoría de los hechos expuestos por la parte actora y propuso como excepciones la indebida escogencia de la acción, caducidad de la acción, inexistencia de operación administrativa y legalidad de las actuaciones de la administración.

Sustentó las excepciones bajo el argumento de que el daño reclamado por los demandantes tuvo por causa la expedición de varios actos administrativos a través de los cuales se impuso una medida de preventiva de protección de carácter ambiental, Resoluciones 2333 y 2353 de diciembre de 20072, actos previos al inicio de un procedimiento ambiental sancionatorio por incumplimiento de lo allí ordenado, los cuales estaban cobijados por la presunción de legalidad.

Sostuvo que la parte actora erró al identificar como la causa del daño una operación administrativa, por cuanto éste no se dio por un conjunto material de actuaciones o hechos tendientes a la ejecución de u na decisión administrativa, sino que tuvo por génesis una decisión de la administración expedida con fundamento en las competencias establecidas en el numeral 16 del artículo 5 de la Ley 99 de 1993, que dio lugar a un acto administrativo (Resolución 1758 de 2008), mediante el cual se ordenó la suspensión de actividades e impuso a la actora condiciones para el

competencias establecidas en el numeral 16 del artículo 5 de la Ley 99 de 1993, que dio lugar a un acto administrativo (Resolución 1758 de 2008), mediante el cual se ordenó la suspensión de actividades e impuso a la actora condiciones para el levantamiento de la medida preventiva impuesta, las cuales fueron incumplidas, lo cual dio lugar a la apertura posterior de una investigación administrativa a través de la Resolución 772 de 14 de mayo de 2008, que terminó con imposición de una sanción a través de la Resolución 2378 del 10 de diciembre de 2009.

Como consecuencia de ello, adujo que la acción que se debió incoar en la demanda era la de nu lidad y restablecimiento del derecho, la cual había caducado en tanto fue presentada ante la jurisdicción después de haberse cumplido el plazo de 4 meses previsto en el numeral 2 del artículo 136 del CCA.

2 En ejercicio de las competencias establecidas en el numeral 16 del artículo 5 de la Ley 99 de 1993 “16) Ejercer discrecional y selectivamente, cuando las circunstancias lo ameriten, sobre los asuntos asignados a las Corporaciones Autónomas Re gionales, la evaluación y control preventivo, actual o posterior, de los efectos de deterioro ambiental que puedan presentarse por la ejecución de actividades o proyectos de desarrollo, así como por la exploración, explotación, transporte, beneficio y utilización de los recursos naturales renovables y no renovables y ordenar la suspensión de los trabajos o actividades cuando a ello hubiese lugar;”Radicación: 0500123310002010238501 (58.007)

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3. Trámite de primera instancia

Mediante providencia del 16 de agosto de 2011 se abrió a pruebas el proceso (fl. 349 -350 c.1) y por auto del 25 mayo de 2012 se dio traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para rendir concepto (fl.814 c.2).

4. Fallo de primera instancia

El Tribunal Administrativo de Antioquia profirió sentencia el 27 de mayo de 2016, en la cual se inhibió para proferir decisión de fondo, por ineptitud de la demanda por indebida escogencia de la acción y se abstuvo de proferir condena en costas (fl. 959 -970, c. ppal.).

Consideró que la causa del daño reclamado no era una operación administrativa como adujo la parte actora, sino que correspondía a un acto administrativo proferido por el Ministerio de Ambiente, a través del cual se ordenó la suspensión de una actividad de explotación minera ejercida por un particular en virtud de un contrato de concesión minera, esto es, se produjo por una manifestación unilateral de voluntad del Estado que modificó las condiciones en las que se encontraba un particular. Sostuvo que el mate rial probatorio allegado al proceso no permitía determinar la existencia de actuaciones encaminadas a materializar la decisión adoptada por la entidad demandada, ni mucho menos la evidencia de excesos o el desconocimiento de la decisión adoptada mediante el acto administrativo.

En consecuencia, expuso que de conformidad con la Sentencia C -293 de 2002,

adoptada por la entidad demandada, ni mucho menos la evidencia de excesos o el desconocimiento de la decisión adoptada mediante el acto administrativo.

En consecuencia, expuso que de conformidad con la Sentencia C -293 de 2002, expedida por la Corte Constitucional, la decisión de suspender la explotación minera no necesitaba de otros actos de trámite (previos ni posteriores) para pr oducir sus efectos, dado que dicho acto administrativo constituía una decisión autónoma e independiente respecto del procedimiento sancionatorio ambiental que se inició con posterioridad a la adopción de la medida preventiva. Por consiguiente, afirmó que la medida preventiva de suspensión fue una decisión definitiva que no tuvo carácter sancionatorio y que se encontraba amparada por la presunción de legalidad, razón por la cual sólo era susceptible de control jurisdiccional a través de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, la cual se encontraba caducada.Radicación: 0500123310002010238501 (58.007)

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6 Por último, sostuvo que el daño reclamado por la sociedad actora no podía ser calificado como antijurídico ni podía ser atribuido al Estado, por cuanto el material probatorio allegado al proc eso daba cuenta de que la orden de suspensión se produjo por el desarrollo irregular de las actividades de explotación minera ejecutadas por la demandante.

4. El recurso de apelación

Inconforme con lo decidido, la parte actora interpuso recurso de apelación en contra

produjo por el desarrollo irregular de las actividades de explotación minera ejecutadas por la demandante.

4. El recurso de apelación

Inconforme con lo decidido, la parte actora interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia. Pidió que esta sea revocada y, en su lugar, se proceda al estudio de fondo del asunto accediendo a las pretensiones de la demanda (fl. 971980, c. ppal.).

Sostuvo que el tribunal incurrió en un error al pr oferir un fallo inhibitorio con fundamento en una indebida escogencia de la acción, pues el acto que dio origen a la suspensión de la explotación minera no era un acto administrativo definitivo, sino que correspondía a uno de trámite, por cuanto después de su expedición se profirió otro que sí tenía carácter definitivo y por el cual se levantó la medida preventiva (Resolución 1758 de 8 de octubre de 2008).

En ese orden de ideas, afirmó que, de conformidad con la jurisprudencia del Consejo de Estado “los actos de trámite, incluyendo en esta categoría los actos a través de los cuales se decretan medidas cautelares no son susceptibles de ser demandados de manera autónoma dado que no tienen el carácter de acto definitivo que haga concluir la actuación administ rativa.” (fl. 972, c. ppal) y por tal razón, el asunto debía ser estudiado a través de la acción de reparación directa y en tal sentido, no se configuró una indebida escogencia de la acción.

También puso de presente que la conceptualización de operación administrativa usada por el tribunal para fundamentar su decisión como un simple acción de

sentido, no se configuró una indebida escogencia de la acción.

También puso de presente que la conceptualización de operación administrativa usada por el tribunal para fundamentar su decisión como un simple acción de ejecutar un acto administrativo, no era la única concepción válida respecto de tal figura, razón por la cual sostuvo que no era aceptable el argumento expuesto por el tribunal que se refería a la inviabilidad de la declaratoria de responsabilidad del Estado “como consecuencia de la expedición de un acto administrativo junto con la ejecución material del mi smo”, pues de conformidad con la doctrina 3 , las

3 Citó un aparte de la obra Derecho Administrativo Colombiano, del doctrinante colombiano Libardo Rodríguez, de 2001).Radicación: 0500123310002010238501 (58.007)

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7 operaciones administrativas se han definido como fenómenos jurídicos consistentes en la reunión de una decisión de la administración, junto con su ejecución práctica que en sí constituyen una sola actuación, la cual en el caso concreto tuvo una duración de 10 meses.

Manifestó que aceptar el criterio adoptado por el Tribunal, implica una denegación de acceso a la justicia, por cuanto “cualquier camino que escoja para la protección de sus derechos, terminará teniendo un resultado negativo”.

A partir de lo anterior, sostuvo que la tesis jurisprudencial aplicable al caso en concreto era aquella reiterada por el Consejo de Estado desde 1963 y por la Corte Constitucional en sede de tutela, conforme a la cual los ac tos administrativos de

A partir de lo anterior, sostuvo que la tesis jurisprudencial aplicable al caso en concreto era aquella reiterada por el Consejo de Estado desde 1963 y por la Corte Constitucional en sede de tutela, conforme a la cual los ac tos administrativos de trámite, como lo son las medidas cautelares, no son susceptibles de control jurisdiccional, mediante acción de nulidad y restablecimiento del derecho y, por tanto, la acción procedente para el caso en concreto era la de reparación directa.

Puso de presente que los actos de trámite sólo podían ser objeto de demanda cuando ponían fin a la actuación de la administración o cuando hacían imposible proseguir el procedimiento, condiciones que no se predican de la medida de suspensión impuesta a la sociedad demandante.

Finalmente, señaló que de llegarse a considerar que hubo un error en la calificación jurídica del título de imputación, lo cierto es que el caso encajaba dentro del marco general de la responsabilidad del Estado previsto en el artículo 90 de la Constitución Política y en desarrollo del principio iura novit curia, la indebida calificación del título de imputación en nada impedía el reconocimiento de la indemnización solicitada, pues dentro del caso del asunto se encontraba acreditada una verdadera falla en el servicio, en tanto la orden de suspensión de explotación fue injustificada.

5. La actuación en segunda instancia

Por auto del 3 de agosto de 2018, esta Corporación admitió el recurso de apelación (fl.985, c. ppal.) y mediante providencia del 1 de diciembre del mismo año, se corrió traslado a las partes por el término de 10 días para que presentaran sus alegaciones

(fl.985, c. ppal.) y mediante providencia del 1 de diciembre del mismo año, se corrió traslado a las partes por el término de 10 días para que presentaran sus alegaciones finales, y vencido dicho término, se dio traslado al Ministerio Público para que rindiera su concepto (fl.987, c. ppal.).Radicación: 0500123310002010238501 (58.007)

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8 Durante el traslado solo se pronunció la parte actora (fl.988 -994, c. ppal), quien reiteró los argumentos expuestos en el recurso de apelación.

III. CONSIDERACIONES

Verificada la inexistencia de nulidades y el cumplimiento de los presupuestos procesales 4 para proferir fallo de segunda instancia, esto es, que la Sala es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto por las partes en contra de la sentencia de primera instancia, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo, en adelante C.C.A.56, procede a resolver los recursos de apelación presentados por las partes en los siguientes términos7.

6. Problemas jurídicos a resolver

Con base en los hechos probados y el recurso de apelación interpuesto por la parte ejecutada, la Sala deberá establecer si dentro del presente asunto ¿Es procedente la acción de reparación directa para conocer de fondo la responsabilidad por los daños causados con ocasión de las medidas preventivas ambientales impuestas por el Minist erio de Ambiente, en ejercicio de las competencias previstas en el

la acción de reparación directa para conocer de fondo la responsabilidad por los daños causados con ocasión de las medidas preventivas ambientales impuestas por el Minist erio de Ambiente, en ejercicio de las competencias previstas en el numeral 168 del artículo 5 de la Ley 99 de 1993?

4 Tales como la legitimación en causa de las partes, en razón de que se acreditó en el proceso que fue el entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial quien asumió competencia a prevención en virtud de las competencias especiales establecidas en la Ley 99 de 1993 y mantuvo la medida preventiva de suspensión de la explotación Minera adoptada por CORNARE y la sociedad Ingetierras de Colombia S.A., quien fue el sujeto pasivo de dicha decisión de conformidad con las resoluciones aportadas con la demanda (fl. 6 a 29 del c. 1) 5 Lo es así mismo en razón de la cuantía, considerando que la mayor de las pretensiones asciende a $3.817.400.600 por concepto de perjuicios materiales y que para la época de presentación de la demanda -10 de diciembre de 2010- (fl.306,c.1), eran susceptibles de acceder a la segunda instancia ante esta Corporación los procesos promovidos en ejercicio de reparación directa cuya cuantía excediera los 500 salarios mínimos legales mensuales ($257.500.000) 6 Dado que en el presente asunto la demanda se presentó (el 10 de diciembre de 2010) antes del vencimiento de los dos años siguientes a la fecha en que se levantó la suspensión de la medida preventiva de explotación minera. 7 Advirtiendo que el ejercicio oportuno del medio de control será objeto de examen posterior una vez

vencimiento de los dos años siguientes a la fecha en que se levantó la suspensión de la medida preventiva de explotación minera. 7 Advirtiendo que el ejercicio oportuno del medio de control será objeto de examen posterior una vez se determine si existió o no una indebida escogencia de la acción: Lo anterior, en consideración al que el término para intentar la acción ante la jurisdicc ión se establece en consideración a la acción misma, esto es, difiere si se trata de nulidad y restablecimiento del derecho (4) meses, reparación directa (2 años) entre otras. 8 ARTÍCULO 5o. Funciones del Ministerio. Corresponde al Ministerio del Medio Ambiente:16) Ejercer discrecional y selectivamente, cuando las circunstancias lo ameriten, sobre los asuntos asignados a las Corporaciones Autónomas Regionales, la evaluación y control preventivo, actual o posterior, de los efectos de deterioro ambiental que puedan presentarse por la ejecución de actividades o proyectos de desarrollo, así como por la exploración, explotación, transporte, beneficio y utilización de los recursos naturales renovables y no renovables y ordenar la suspensión de los trabajos o actividades cuando a ello hubiese lugar.Radicación: 0500123310002010238501 (58.007)

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Para resolver el anterior interrogante la Sala, de conformidad con el recurso de apelación, deberá determinar ¿Si la causa del daño fue una operación administrativa o un acto administrativo? Y en caso de que se determine que es un acto administrativo se examinará ¿si éste es definitivo y susceptible de control

apelación, deberá determinar ¿Si la causa del daño fue una operación administrativa o un acto administrativo? Y en caso de que se determine que es un acto administrativo se examinará ¿si éste es definitivo y susceptible de control mediante acción de nulidad y restablecimiento del derecho o si por el contrario, es de trámite y por tal motivo sus consecuencias sólo pueden ser conocidas por la jurisdicción a través de la acción de reparación directa.

7. De la procedencia o improcedencia de la acción de reparación directa para conocer del presente asunto

De conformidad con el escrito de demanda, la sociedad Ingetierras de Colombia S.A. interpuso la acción de reparación directa con el fin de obtener la declaratoria de responsabilidad de la Nación – Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial “ con ocasión de la operación administrativa que dio lugar al cierre temporal de la mina de su propiedad ubicada en el Municipio de Rionegro ” (fl. 275 c.1).

El tribunal de primera instancia se declaró inhibido para conocer de fondo la demanda por considerar que la parte actora incurrió en una indebida escogencia de la acción, al encontrar demostrado que la causa del daño fue un acto administrativo y que por ta l motivo la acción procedente era la de nulidad y restablecimiento del derecho. Decisión respecto de la cual la parte actora solicita, en sede de apelación, que sea revocada por considerar que el tribunal incurrió en un error, en primer lugar por cuanto el daño tuvo por causa una operación administrativa y en segundo lugar, por cuanto la medida preventiva ordenada por el Ministerio no podía ser calificada como un acto administrativo definitivo, sino a lo sumo como uno de trámite, el cual de conformidad con la jurisprudencia del Consejo de Estado no era susceptible de

por cuanto la medida preventiva ordenada por el Ministerio no podía ser calificada como un acto administrativo definitivo, sino a lo sumo como uno de trámite, el cual de conformidad con la jurisprudencia del Consejo de Estado no era susceptible de control jurisdiccional vía acción de nulidad y restablecimiento del derecho.

Sobre el particular, se advierte que recientemente esta Subsección estudió el problema jurídico puesto a considera ción en el presente asunto en un proceso similar9, en el que concluyó que la acción de reparación directa no era el cauce procesal adecuado para obtener la indemnización de los perjuicios que se le habría

9 Sentencia de 31 de marzo de 2023, expediente radicado No. 47001 -23-33-001-2013-00245-01 (58343). C.P. José Roberto Sáchica Méndez.Radicación: 0500123310002010238501 (58.007)

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10 causado a la demandante, en razón a que el daño ten ía por causa un acto administrativo a través del cual la autoridad ambiental imponía una medida preventiva tendiente a impedir la realización de actividades de amenaza al medio ambiente; decisión que además se encontraba cobijada por una presunción de legalidad y, por tanto, debió demandarse a través de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho.

Bajo esta óptica la Sala procederá a examinar de conformidad con los hechos probados y la jurisprudencia la causa del daño cuya reparación se solicita a efectos

restablecimiento del derecho.

Bajo esta óptica la Sala procederá a examinar de conformidad con los hechos probados y la jurisprudencia la causa del daño cuya reparación se solicita a efectos de determinar si el daño se configuró a partir de una operación administrativa o a partir de un acto administrativo.

Observa la Sala que de conformidad con el oficio E201100081303 del 18 de octubre de 2011, remitido por la Gobernación de Antioquia, se acreditó en el proceso que el 23 de marzo de 2003 dicha entidad celebró un contrato de concesión minera con la sociedad Ingetierras de Colombia S.A., identificado con el No. 5837, el cual tuvo por objeto “(…) la realización por parte de EL CONCESIONAR IO de un proyecto de exploración técnica y explotación económica, de una mina de MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (…)” (fl. 406 -499 c.2.)10.

La Corporación Autónoma Regional de las cuencas de los Ríos Rio Negro y Nare – CORNARE otorgó licencia ambiental al ante rior contrato a través de la Resolución No. 112 -0020 del 14 de enero de 2005. Dicha entidad ambiental recibió varias quejas en contra de la sociedad Ingetierras de Colombia S.A. por contaminación por vertimientos, explotación en zona prohibida, explotación a profundidades superiores a las autorizadas, las cuales fueron remitidas en copia al Ministerio de Ambiente (fl. 815 c.2)11.

En atención a las mencionadas quejas CORNARE a través de la Auto 112.0637 del 18 de mayo de 2007 (fl. 907 -914), dio apertura a un proceso “sancionatorio de

815 c.2)11.

En atención a las mencionadas quejas CORNARE a través de la Auto 112.0637 del 18 de mayo de 2007 (fl. 907 -914), dio apertura a un proceso “sancionatorio de carácter ambiental”, formuló pliego de cargos en contra de Ingetierras de Colombia S.A. y ordenó la suspensión de la actividad de explotación minera hasta tanto esta presentara un Plan de Recuperación de meandros y de las áreas de Aislamiento del

10 Contrato identificado por la Agencia Nacional de Minería como H5387005 y código de Re gistro Minero HDMK-01, de conformidad con la certificación radicado 2013-413-015356 expedida el 25 de julio de 2012 (fl 859 – 862 del c.2). 11 Dicha licencia fue modificada por CORNARE mediante la Resolución 112 -5877 del 14 de noviembre de 2007 (fl.865-869 c.2).Radicación: 0500123310002010238501 (58.007)

Actor: Ingetierras de Colombia S.A.

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11 Río negro, medida que fue levantada mediante Auto No. 112 -0694 del 1 de junio de 2007, bajo la condición de implementar el plan de recuperación propuesto por la sociedad querellada y el otorgamiento de una póliza de cumplimiento (fl. 815 c.2).

También se encuentra demostrado que el 18 de diciembre de 2007 se realizó una visita de inspección a la zona de explotación de la concesión minera por parte de CORNARE y del entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial,

También se encuentra demostrado que el 18 de diciembre de 2007 se realizó una visita de inspección a la zona d