CE - 012331000201100054011SENTENCIA20230328164400

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejera ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá D.C., diecisiete (17) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

Radicación número: 13001-33-31-000-2011-0005401 (53438)

Actor: MILADYS ESTHER GARCÍA Y OTROS

Demandado: LA NACIÓN -MINISTERIO DE DEFENSA – ARMADA NACIONAL

– HOSPITAL NAVAL DE CARTAGENA

Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA

Tema: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA –FALLA EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO A CONSCRIPTO –no se probó la falla en la atención médica suministrada – CONCILIACIÓN PREJUDICIAL – tránsito a cosa juzgada sobre los convocantes que conciliaron sus pretensiones – RÉGIMEN DE IMPUTACIÓN JURÍDICA DEL DAÑO – régimen objetivo - responsabilidad patrimonial del Estado aplicable a conscriptos – accede a pretensiones por daño especial

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada contra la sentencia del 29 de agosto de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, mediante la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

Mientras prestaba servicio militar obligatorio en la Armada Nacional en el Batallón de Fusileros de Infantería, el joven Raúl Antonio Martínez García fue picado por un

pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

Mientras prestaba servicio militar obligatorio en la Armada Nacional en el Batallón de Fusileros de Infantería, el joven Raúl Antonio Martínez García fue picado por un mosquito sin que se le hubiera prestado la atención médica adecuada. En consecuencia, su estado de salud se agravó hasta que fue ingresado al servicio de cuidados intensivos, donde falleció el día 29 de marzo de 2009. Según la demanda, se incurrió en falla del servicio por error en el diagnóstico, atención tardía y unaRadicación número: 13001-33-31-000-2011-00054-01 (53438) Actor: Miladys Esther García Simanca y otros Demandado: La Nación – Ministerio de Defensa – Hospital Naval de Cartagena

Referencia: Acción De Reparación Directa

2 omisión en retornar al joven a su familia en las mismas condiciones en las que ingresó a prestar el servicio militar.

II. ANTECEDENTES

1. Demanda

Mediante escrito presentado el 28 de enero de 2011 1, la señora Miladys Esther García, Margarita Agustina Simanca Altamar, Andrés Alberto Martínez García, Yurley de Jesús Martínez García y Yolanda Milena Martínez Calvo presentaron demanda, en ejercicio de l a acción de reparación directa, en contra de la NaciónMinisterio de DefensaEjército Nacional – Hospital Naval de Cartagena, para que se le declarara patrimonialmente responsables por los perjuicios que sufrieron como consecuencia del fallecimiento del joven Raúl Antonio Martínez García, ocurrido el 29 de marzo de 2009.

se le declarara patrimonialmente responsables por los perjuicios que sufrieron como consecuencia del fallecimiento del joven Raúl Antonio Martínez García, ocurrido el 29 de marzo de 2009.

En concreto, se solicitó que se condenara a la entidad demandada a reconocerle, por perjuicios morales, 600 salarios mínimos mensuales legales vigentes para la señora Yolanda Milena Mart ínez Calvo (hermana de la víctima); por “perjuicio a la vida de relación y alteración a las condiciones de existencia” 600 salarios mínimos mensuales legales para cada uno de los demandantes; por perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante futuro, para la señora Miladys Esther García Simanca (madre de la víctima), la suma de $78’120.774 y por la pérdida de capacidad laboral que padeció la señora Miladys Esther como consecuencia del estrés postraumático causado por el fallecimiento de su hijo, la suma de $83’328.911.

Los fundamentos fácticos de la demanda son, en síntesis, los siguientes:

Mientras prestaba servicio militar obligatorio y se encontraba en una misión, Raúl Antonio Martínez García fue picado por un mosquito conocido como “el pito”, en su mano derecha, al dormir al lado de un pozo, sin protección, por lo cual acudió al médico del batallón el 23 de febrero de 2009. El soldado le informó a su madre que presentó fiebre y que lo trataron con una pastilla, pero que no habían conseguido el medicamento para evitar las complicaciones por la picadura del mosquito y que a pesar de su estado de salud continuó prestando su servicio. El

que presentó fiebre y que lo trataron con una pastilla, pero que no habían conseguido el medicamento para evitar las complicaciones por la picadura del mosquito y que a pesar de su estado de salud continuó prestando su servicio. El

1 Fls. 29-85 c 1Radicación número: 13001-33-31-000-2011-00054-01 (53438) Actor: Miladys Esther García Simanca y otros Demandado: La Nación – Ministerio de Defensa – Hospital Naval de Cartagena

Referencia: Acción De Reparación Directa

3 tratamiento para su afección se le inició el 4 de marzo, esto es, 19 días después de haber sido picado por el mosquito.

Debido a que su estado de salud continuó deteriorándose, el soldado fue hospitalizado en el Hospital Naval de Cartagena para ser tratado y, en vista de su grave deterioro, fue ingresado a la unidad de cuidados intensivos el día 27 de marzo. Al día siguiente, el médico tratante le explicó a la señora Miladys Esther quien acudió a acompañar a su hijo, que el joven Raúl Antonio presentó muerte cerebral y, finalmente, falleció el 29 siguiente como consecuencia de paludismo, conforme a lo consignado en la epicrisis de la historia clínica del paciente y la ficha epidemiológica suscrita por el personal del centro médico.

Según la parte demandante, se evidenció un error de diagnóstico y tratamiento porque no se brindó el antídoto para tratar la picadura, adicional a que inicialmente se determinó en la historia clínica que el soldado padeció leishmaniasis pero, posteriormente, se le diagnosticó paludismo, sin que a la fecha de presentación de

porque no se brindó el antídoto para tratar la picadura, adicional a que inicialmente se determinó en la historia clínica que el soldado padeció leishmaniasis pero, posteriormente, se le diagnosticó paludismo, sin que a la fecha de presentación de la demanda se estableciera claramente la causa de muerte. Lo anterior con el agravante de que la Armada Nacional tenía bajo su cuidado al joven Raúl Antonio mientras prestó servicio militar obligatorio, por lo cual tenía el deber de retornarlo a su familia en las mismas condiciones en las que ingresó a la institución.

2. El trámite de primera instancia

El Tribunal Administrativo de Bolívar, mediante providencia del 29 de marzo de 20112 admitió la demanda.

La Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional3 se opuso a las pretensiones de la demanda. Manifestó que la muerte del joven Martínez García no fue el resultado de una falla en la prestación del servicio, sino un caso fortuito, porque fue un hecho imprevisto e inesperado que no estaba contemplado en la s previsiones ordinarias de la actividad militar. Respecto de la atención médica brindada manifestó que no existió contradicción en el diagnóstico determinado por el personal de salud porque se estableció que en un principio padeció de leishmaniasis, la cual coexistió

2 Fl. 289 c 1 3 Fls. 104-107 c 3Radicación número: 13001-33-31-000-2011-00054-01 (53438) Actor: Miladys Esther García Simanca y otros Demandado: La Nación – Ministerio de Defensa – Hospital Naval de Cartagena

Referencia: Acción De Reparación Directa

4 con la malaria y el paludismo mixto y que, contrario a lo señalado por los

Demandado: La Nación – Ministerio de Defensa – Hospital Naval de Cartagena

Referencia: Acción De Reparación Directa

4 con la malaria y el paludismo mixto y que, contrario a lo señalado por los demandantes, el servicio médico fue oportuno y correcto.

Señaló que no había lugar a reconocer perjuicios morales a favor de la señora Yolanda Milena Martínez Calvo, debido a que ella era hermana paterna del soldado quien no fue reconocido por su padre. Respecto a los perjuicios morales y materiales puso de presente que estos ya fueron objeto de conciliación entre las partes a través de la audiencia que se celebró el día 22 de abril de 2010, acuerdo que se aprobó por el juzgado sexto administrativo de Cartagena. Sobre los perjuicios de daño a la vida relación indicó que no fue ron demostrados, por lo cual también debían ser denegados.

El proceso se abrió a pruebas mediante auto del 15 de diciembre de 2011 4. Con posterioridad, el Tribunal de primera instancia, en auto del 18 de julio de 2014 5, corrió traslado a las partes p ara presentar alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto.

La parte actora indicó que el problema jurídico que se debía resolver era si “ la Nación – Ministerio de Defensa – Armada Nacional – Hospital Naval de Cartagena, es ad ministrativamente responsable de la totalidad de los daños y perjuicios causados a la demandante Yolanda Milena Martínez”. Señaló que se probó que la atención clínica había sido deficiente y que por tratarse de la muerte de un joven que estaba prestando el servicio militar obligatorio la entidad estaba llamada a

causados a la demandante Yolanda Milena Martínez”. Señaló que se probó que la atención clínica había sido deficiente y que por tratarse de la muerte de un joven que estaba prestando el servicio militar obligatorio la entidad estaba llamada a responder puesto que no cumplió con el deber de cuidado especial con él, porque no se le brindó toda la atención que requirió su estado de salud. Indicó que se había probado que la señora Yolanda Mi lena Martínez Calvo efectivamente era la hermana del soldado a través no solo del registro civil de nacimiento de los dos, sino conforme a los testimonios rendidos en el proceso.

El Ministerio de Defensa – Armada Nacional6 solicitó denegar las pretensiones de la demanda, comoquiera que el infante de marina Raúl Antonio Martínez García recibió todos los servicios médicos de manera oportuna y adecuada en el Hospital Naval de Cartagena tal y como se corroboró a partir de la historia clínica, pero, por causas ajenas al servicio, falleció. Por lo tanto, la muerte del joven fue un hecho

4 Fl. 268 c 3 5 Fl. 367 c 3 6 Fls 369 – 371 c 3.Radicación número: 13001-33-31-000-2011-00054-01 (53438) Actor: Miladys Esther García Simanca y otros Demandado: La Nación – Ministerio de Defensa – Hospital Naval de Cartagena

Referencia: Acción De Reparación Directa

5 “imprevisto, inesperado y fortuito” el cual no estaba contemplado en las previsiones normales de la prestación del servicio militar, pues la actividad militar contiene peligros y riesgos permanentes, de lo cual no es posible derivar responsabilidad.

5 “imprevisto, inesperado y fortuito” el cual no estaba contemplado en las previsiones normales de la prestación del servicio militar, pues la actividad militar contiene peligros y riesgos permanentes, de lo cual no es posible derivar responsabilidad. Finalmente, reiteró que la señora Yolanda Milena Martínez Calvo no estaba legitimada para actuar en el asunto.

3. La sentencia de primera instancia

Mediante providencia del 29 de agosto de 2014, el Tribunal Administrativo de Bolívar accedió parcialmente las súplicas de la demanda 7. Para llegar a esa conclusión, manifestó que el título de imputación aplicable en el caso era el de falla, debido a que la demanda tuvo por fundamento la errónea prestación del servicio médico al infante de marina Raúl Antonio Martínez García.

Determinó que, a partir del estudio del protocolo de vigilancia en salud de la enfermedad de leishmaniasis del Instituto Nacional de Salud, publicado en la página de internet de la entidad y la guía de atención integral de esa enfermedad publicada por el Ministerio de la Protección Social, que contiene lo atinente al diagnóstico y el tratamiento de esa enfermedad, se demostró la errónea prestación del servicio médico que causó el fallecimiento del joven Raúl Antonio.

Refirió que la atención inicial brindada fue correcta porque no hubo mora en el diagnóstico de la leishmaniasis y previo al inicio del tratamiento, conforme a las guías citadas, se ordenó realizarle evaluación clínica de rutina, por lo cual se solicitó la toma de los exámenes necesarios; sin embargo, consideró que fue insuficiente, en la medida en que no se determinó si la enfermedad era de tipo cutánea, mucosa

la toma de los exámenes necesarios; sin embargo, consideró que fue insuficiente, en la medida en que no se determinó si la enfermedad era de tipo cutánea, mucosa o visceral y tampoco se descartó que la p icadura hubiera provenido del mosquito que produce el paludismo, más cuando se trató de un paciente que provenía de los Montes de María en el Carmen de Bolívar.

Consideró que ello fue determinante por cuanto el estado de salud del joven Raúl Antonio continuó deteriorándose sin recibir el tratamiento correcto, hasta el día 25 de marzo que tuvo que ser ingresado al servicio de urgencias del Hospital Naval, cuando su estado de salud ya estaba comprometido, donde, posteriormente, falleció por malaria. Al respecto indicó que, según la información consultada en internet, la

7 Fls 810 - 831 c ppal.Radicación número: 13001-33-31-000-2011-00054-01 (53438) Actor: Miladys Esther García Simanca y otros Demandado: La Nación – Ministerio de Defensa – Hospital Naval de Cartagena

Referencia: Acción De Reparación Directa

6 incubación de la malaria tiene un proceso de quince días o hasta de seis a doce meses, por lo cual se comprobó que no hubo detección oportuna de la presencia de los parásitos que causan esa enfermedad, lo que llevó a un error en diagnóstico y, por lo mismo, un error en el tratamiento brindado.

Por lo tanto, ordenó el reconocimiento de cincuenta salarios mínimos legales mensuales vigentes a favor de la señora Yolanda Milena Martínez Calvo y la suma de veintinueve millones quinientos setenta mil seiscientos cincuenta y tres pesos a favor de la señora Miladys Esther García, a título de lucro cesante consolidado,

mensuales vigentes a favor de la señora Yolanda Milena Martínez Calvo y la suma de veintinueve millones quinientos setenta mil seiscientos cincuenta y tres pesos a favor de la señora Miladys Esther García, a título de lucro cesante consolidado, correspondiente al período transcurrido entre el fallecimiento de la víctima y la fecha en que hubiera cumplido la edad de veinticinco años.

4. Recurso de apelación

La entidad demandada indicó que no había a lugar a declarar la responsabilidad por la muerte del infante de marina Raúl Antonio Martínez García, puesto que esta ocurrió como consecuencia de un suceso fortuito y no por el incumplimiento de un deber de la entidad de salud, la cual está obligada a la vigilancia y actuación ajustada a los parámetros de cuidado y diligencia debida – obligación de resultadomás no a obtener un resultado derivado del tratamiento médico. Señaló que el joven recibió todos los tratamientos médicos de forma oportuna y adecuada, tal y como lo advirtió la historia clínica, pero, a pesar de ese servicio médico, falleció por una circunstancia impre vista e inesperada. Resaltó que los miembros de las fuerzas armadas estaban rodeados de peligros y riesgos inherentes a su oficio, de manera que si sufrían una lesión o merma en su capacidad recibían una indemnización acorde a la misma y que “si bien es cierto que la Institución Militar debe cumplir con la obligación de resultado de devolver sanos y salvos a sus soldados después de terminado el servicio militar, también es cierto que la actividad misma de la vida bajo banderas es peligrosa y entraña riesgos permanentes”.

Trámite en segunda instancia

la obligación de resultado de devolver sanos y salvos a sus soldados después de terminado el servicio militar, también es cierto que la actividad misma de la vida bajo banderas es peligrosa y entraña riesgos permanentes”.

Trámite en segunda instancia

Una vez fracasada la audiencia de conciliación celebrada el día 10 de diciembre de 20148 y, recibido el proceso en segunda instancia9, mediante providencia del 10 de

8 456 c 1 9 El expediente fue remitido, entonces, a esta Corporación el 12 de diciembre de 2014 mediante oficio No. 0796 con la radicación No 13001 -33-31-004-2011-00054-00. Igualmente, en el actaRadicación número: 13001-33-31-000-2011-00054-01 (53438) Actor: Miladys Esther García Simanca y otros Demandado: La Nación – Ministerio de Defensa – Hospital Naval de Cartagena

Referencia: Acción De Reparación Directa

7 octubre de 2022, se admitió el recurso de apelación interpuesto. El 10 de noviembre siguiente, se corrió traslado a las partes para que alegaran de conclusión y al Ministerio Público para que presentara concepto, si lo consideraba pertinente.

La parte actora solicitó modificar la sentencia de primera instancia, en el sentido de reconocer todos los perjuicios solicitados en la demanda, comoquiera que no se adaptó a los parámetros fijados por la jurisprudencia de esta Corporación, puesto que no son suficientes para el daño irrogado a los demandantes . En ese sentido, indicó que la demandada, “teniendo la posición de garante respecto del Infante de Marina Raúl Antonio Martínez García, no lo devolvieron al seno de su hogar en las

que no son suficientes para el daño irrogado a los demandantes . En ese sentido, indicó que la demandada, “teniendo la posición de garante respecto del Infante de Marina Raúl Antonio Martínez García, no lo devolvieron al seno de su hogar en las mismas condiciones en las que ingresó”.

III. CONSIDERACIONES

1. Competencia

El artículo 624 del CGP –que modificó el artículo 40 de la Ley 153 de 1887 – establece que los recursos interpuestos se regirán por la ley vigente al momento de su presentación y la competencia se definirá de acuerdo con las reglas vigentes al momento de formulación de la demanda.

La Sala es competente, dado que el proceso tiene vocación de doble instancia ante esta Corporación, en los términos del artículo 3 de la Ley 1395 de 2010, que modificó el numeral 2 del artículo 20 del C.P.C., toda vez que para l a fecha de presentación de la demanda -28 de enero de 2011la cuantía se establecía por la sumatoria de las pretensiones.

Teniendo en cuenta lo anterior, para que un proceso de reparación directa iniciado en el año 2011 tuviera apelación ante el Consejo de Estado, la cuantía debía ser

individual de reparto se anotó como demandante, a la señora Yurleis de Jesús Martínez Gracia. Inicialmente, en proveído del 9 de abril de 2015 se admitió el recurso de apelación. Posteriormente, mediante proveído del 20 de agosto de 2015, se corrió traslado a las partes para que alegaran de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto de fondo. Mediante apoderado judicial,

mediante proveído del 20 de agosto de 2015, se corrió traslado a las partes para que alegaran de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto de fondo. Mediante apoderado judicial, la demandante, Yolanda Milena Martínez Calvo, solicitó la protección de su derecho fundamental de petición que consideró vulnerado por el Tribunal Administrativo de Bolívar y la Secretaría d e ese Tribunal por no haber tramitado el recurso de apelación presentado por ella, el 30 de octubre de 2014, contra la sentencia del 29 de agosto de 2014. En decisión del 20 de agosto de 2015, la Sección Cuarta del Consejo de Estado resolvió el asunto ampa rando el derecho al debido proceso. En consecuencia, en proveído del 26 de octubre de 2018, se ordenó remitir el expediente de la referencia a la Secretaría de la Sección para que diera cumplimiento a la solicitud realizada por esa dependencia. Por lo tant o, conforme al proveído del 18 de agosto de 2022, el Despacho dejó sin efectos todo lo actuado dentro del proceso de la referencia a partir de auto del 9 de abril de 2015.Radicación número: 13001-33-31-000-2011-00054-01 (53438) Actor: Miladys Esther García Simanca y otros Demandado: La Nación – Ministerio de Defensa – Hospital Naval de Cartagena

Referencia: Acción De Reparación Directa

8 equivalente o superior a $267’800.000 10 y dado que, en el caso concreto, la suma de pretensiones fue de $2.089’609.685, la Sala tiene competencia funcional para conocer del mismo.

2. Ejercicio oportuno de la acción

de pretensiones fue de $2.089’609.685, la Sala tiene competencia funcional para conocer del mismo.

2. Ejercicio oportuno de la acción

Para casos como el analizado, la norma de caducidad aplicable es la contenida en el numeral 8 del artículo 136 del C.C.A., modificado por el artículo 44 de la Ley 446 de 1998, según la cual la acción de reparación directa “caducará al vencimiento del plazo de (2) años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajos públicos o por cualquier otra causa”.

En este caso, la acción de reparación directa, radicada el 28 de enero de 2011, fue presentada de forma oportuna, ya que el fallecimiento del infante de marina Raúl Antonio Martínez García ocurrió el 29 de marzo de 2009, según consta en el registro civil de defunción No.0670383411.

3. La legitimación en la causa

Para resolver este punto, se debe poner de presente que el 22 de abril de 2010 se celebró audiencia de conciliación ante la Procuraduría 21 Judicial para asuntos administrativos ante el Tribunal Administrativo de Bolívar en la cual los convocantes fueron la señora Miladys Esther García Simancas, Margarita Agustina Simancas Altamar, Andrés Alberto Martínez García, Yurley de Jesús Martínez García y Yolanda Milena Martínez Calvo, quienes solicitaron el reconocimiento de la Nación – Ministerio de Defensa – Armada Nacional -Hospital Naval, de los daños y perjuicios causados por la muerte del joven Raúl Antonio Martínez García “ocurrida

Yolanda Milena Martínez Calvo, quienes solicitaron el reconocimiento de la Nación – Ministerio de Defensa – Armada Nacional -Hospital Naval, de los daños y perjuicios causados por la muerte del joven Raúl Antonio Martínez García “ocurrida el 29 de marzo de 2009, en el Hospital Naval de Cartagena luego de que la picadura de un mosquito le generara una enfermedad que mal diagnosticada lo llevó a la muerte”.

10 Para el año 2011, el salario mínimo mensual legal vigente es $535.600 11 Fl 79 c 1Radicación número: 13001-33-31-000-2011-00054-01 (53438) Actor: Miladys Esther García Simanca y otros Demandado: La Nación – Ministerio de Defensa – Hospital Naval de Cartagena

Referencia: Acción De Reparación Directa

9 En el acta de la audiencia se indicó que el comité de conciliación de la entidad había propuesto fórmula conciliatoria “atendiendo la teoría jurídica del depósito”, en la que se ofreció por perjuicios morales a favor de la madre la suma equivalente en pesos a setenta salarios mínimos mensuales legales vigentes, para cada uno de los hermanos – Yurley de Jesús y Andrés Alberto Martínez García, la suma equivalente en pesos a treinta y cinco salarios mínimos mensuales legales vigentes y para la señora Margarita Agustina Simancas la suma equivalente en pesos a treinta y cinco salarios mínimos mensuales legales vigentes.

En el plano de perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, la suma de ocho millones ciento sesenta mil novecientos cincuenta y ocho pesos para la madre del infante de marina. Se manifestó que no se presentó fórmula para la señora

En el plano de perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, la suma de ocho millones ciento sesenta mil novecientos cincuenta y ocho pesos para la madre del infante de marina. Se manifestó que no se presentó fórmula para la señora Yolanda Martínez Calvo porque consideró que no estaba legitimada para solicitar la indemnización. El apoderado de la convocante declaró estar de acuerdo parcialmente con la fórmula propuesta, en el sentido de que acudiría a la jurisdicción para deprecar la totalidad de los perjuicios de la señora Yolanda y el resto de los solicitados por los otros convocantes.

El Ministerio Público consideró estar de acuerdo con la fórmula, debido a que la eventual acción a presentar no estaba caducada, está soportado en las pruebas y con el mismo no se vulneró el patrimonio público ni el ordenamiento jurídico; por lo tanto, se envió la documentación y el acta al Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Cartagena de Indias para que se pronunciara sobre su aprobación y respecto a lo cual, en proveído del 8 de julio de 2010 consideró:

Se verifican igualmente las condiciones a tener en cuenta para el acuerdo suscrito por las partes – acuerdo parcial, en cuanto excluye a uno de los sujetos convocantes p ero total, en cuanto cobija la totalidad de las pretensiones, el objeto y la causa de la controversia para los demás convocantes (…) teniendo en cuenta que la conciliación es total, entre los sujetos convocantes y la entidad convocada – salvo frente a la convocante señora Yolanda Martínez Calvo, según arriba se expuso (…) se l e impartirá

convocantes (…) teniendo en cuenta que la conciliación es total, entre los sujetos convocantes y la entidad convocada – salvo frente a la convocante señora Yolanda Martínez Calvo, según arriba se expuso (…) se l e impartirá aprobación al acuerdo alcanzado (…) como consecuencia de lo anterior, se declara terminado el litigio entre las partes de la conciliación, salvo en cuanto a la reclamación de la convocante YOLANDA MILENA MARTÍNEZ CALVO, no cobijada por el acuerdo.

Contra la anterior decisión, la parte convocante no presentó recurso alguno y quedó en firme en esos mismos términos, motivo por el cual, para esta Sala resulta claro que operó el fenómeno jurídico de la cosa juzgada frente a las pretensiones reclamadas por la señora Miladys Esther García, Margarita Agustina SimancasRadicación número: 13001-33-31-000-2011-00054-01 (53438) Actor: Miladys Esther García Simanca y otros Demandado: La Nación – Ministerio de Defensa – Hospital Naval de Cartagena

Referencia: Acción De Reparación Directa

10 Altamar, Andrés Alberto Martínez García y Yurley de Jesús Martínez García y, por lo tanto, no hay a lugar al estudio de estas. Las partes llegaron a un acuerdo total frente a las pretensiones de todos los convocantes, excepto para la señora Yolanda Martínez Calvo. Así quedó establecido por el juez, sin que su decisión hubiera sido objeto de reproche alguno.

La jurisprudencia de esta Corporación12 se ha referido frente a la naturaleza de ese mecanismo de terminación de los procesos, su validez y los alcances de la

objeto de reproche alguno.

La jurisprudencia de esta Corporación12 se ha referido frente a la naturaleza de ese mecanismo de terminación de los procesos, su validez y los alcances de la aprobación del acuerdo conciliatorio en los siguientes términos:

En tanto que la jurisprudencia de la Sección Tercera la “decisión frente a la aprobación de la conciliación está íntimamente relacionada con la terminación del proceso; si se trata de una conciliación judicial y ésta es aprobada, el auto que así lo decide pondrá fin al proceso; si en el auto no se aprueba la conciliación esa providencia decide sobre la no terminación del proceso, dado que la no aprobación impide la finalización del mismo”. A dicha posición se agrega por la jurisprudencia que de la “misma manera que la transacción, la conciliación es un negocio jurídico e n el que las partes terminan extrajudicial o judicialmente un litigio pendiente o precaven un litigio eventual. La validez y eficacia de ese negocio jurídico en asuntos administrativos, está condicionada a la homologación por parte del juez quien debe ejercer un control previo de la conciliación con miras a verificar que se hayan presentado las pruebas que justifiquen la misma, que no sea violatoria de la ley o que no resulte lesiva para el patrimonio público en la medida en que la ley establece como requis ito de validez y eficacia de la conciliación en asuntos administrativos la previa aprobación u homologación por parte del juez, hasta tanto no se produzca esa aprobación la conciliación no produce ningún efecto y por consiguiente las partes pueden desistir o retractarse del acuerdo logrado, no pudiendo por tanto el juez que la controla impartirle aprobación u homologarla cuando media

juez, hasta tanto no se produzca esa aprobación la conciliación no produce ningún efecto y por consiguiente las partes pueden desistir o retractarse del acuerdo logrado, no pudiendo por tanto el juez que la controla impartirle aprobación u homologarla cuando media manifestación expresa o tácita de las partes o una ellas en sentido contrario”.

Finalmente, la Sección Tercera considera en su jurisprudencia que “el sólo acuerdo de voluntades de las partes o el reconocimiento libre y espontáneo que alguna de ellas manifieste en torno de las razones de hecho y de derecho que contra ella se presenten, si bien es necesario no resulta suficiente para que la conciliación sea aprobada en materia Contencioso Administrativa, puesto exige el legislador que, al estar de por medio los intereses y el patrimonio público, el acuerdo conciliatorio deba estar soportado de tal forma que en el momento en el cual se aborde su estudio, al juez no le quepan dudas acerca de la procedencia, la legalidad y el beneficio –respecto del patrimonio público – del mencionado acuerdo conciliatorio. Así las cosas, cualquier afirmación –por más estructurada y detallada que este sea– por medio de la cual se reconozca un derecho como parte del objeto del acuerdo conciliatorio y que genere la afectación del patrimonio público, debe estar debidamente acreditada mediante el material probatorio idóneo que produzca en el juez la convicc ión de que hay lugar a tal reconocimiento”

12 Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección C. Sentencia del 14 de marzo de 2016. Rad

No. 52001233100020080049101 (46153) M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.Radicación número: 13001-33-31-000-2011-00054-01 (53438)

Actor: Miladys Esther García Simanca y otros Demand