CE - 012331000201100135011SENTENCIASENTENCIA20230613000000

Radicado: 18001-23-31-000-2011-00135-01 (59986)

Demandante: Asceneth Plazas Osorio y otros

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Magistrado Ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS

Bogotá, D.C., doce (12) de abril de dos mil veintitrés (2023) Radicado número: 18001-23-31-000-2011-00135-01 (59986)

Demandantes: Asceneth Plazas Osorio y otros.

Demandado: La Nación — Fiscalía General de la Nación; Rama Judicial.

Referencia: Acción de reparación directa.

Tema 1: Responsabilidad del Estado por la administración de justicia. Subtema 1.1. Privación injusta de la libertad. Subtema 1.2. Decreto 2700 de 1991. Subtema 1.3. Daño antijurídico — no configurado. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Subsección resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte accionante contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Caquetá, el 9 de junio de 2017, que negó las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS Asceneth Plazas Osorio fue vinculada a una investigación criminal dentro de la cual la Fiscalía, al decidir su situación jurídica, le impuso medida de aseguramiento consistente en detención domiciliaria por el delito de peculado por apropiación en concurso de hechos punibles. Luego, la autoridad instructora calificó el mérito del sumario con resolución de acusación y, finalmente, el Juzgado Promiscuo del

consistente en detención domiciliaria por el delito de peculado por apropiación en concurso de hechos punibles. Luego, la autoridad instructora calificó el mérito del sumario con resolución de acusación y, finalmente, el Juzgado Promiscuo del Circuito de Belén de los Andaquíes, Caquetá, ordenó la cesación del procedimiento por haber operado la prescripción de la acción penal en relación con los delitos de peculado por apropiación, en concurso homogéneo, por los que fue acusada la señora Plazas Osorio. Los demandantes califican como injusta la privación de la libertad de la que ella fue objeto.

II. ANTECEDENTES 2.1. La demanda El 4 de marzo de 2011 1 , Asceneth Plazas Osorio junto con algunos de sus familiares más cercanos, presentaron demanda en ejercicio de la acción de reparación directa, con la que pretenden que esta jurisdicción profiera sentencia de condena a cargo de la Nación — Fiscalía General de la Nación; Rama Judicial, con ocasión de la privación de la libertad que aquella soportó a consecuencia de la detención preventiva que se le impuso por la Fiscalía Séptima Seccional dentro de la investigación criminal adelantada en su contra por el delito de peculado por apropiación en concurso homogéneo. 1 Folios 1 a 36 C.14.Radicado: 18001-23-31-000-2011-00135-01 (59986) Demandante: Asceneth Plazas Osorio y otros 2.2. Trámite procesal relevante en primera instancia El Tribunal Administrativo del Cagueta mediante auto del 28 de febrero de 2012 2 , admitió la demanda frente a la Fiscalía General de la Nación y, luego, con

2.2. Trámite procesal relevante en primera instancia El Tribunal Administrativo del Cagueta mediante auto del 28 de febrero de 2012 2 , admitió la demanda frente a la Fiscalía General de la Nación y, luego, con providencia del 31 de mayo de 2016 3 , dispuso su admisión en relación con la Rama Judicial, lo que fue notificado a las entidades accionadas 4 . La Fiscalía General de la Nación presentó escrito de contestación con el que, además de oponerse a las pretensiones de los demandantes, argumentó que su actuación se ajustó a las normas legales vigentes para la época de los hechos 5 . La Rama Judicial, a su vez, afirmó que las decisiones expedidas por el juez de conocimiento fueron favorables a los intereses de la señora Asceneth Plazas Osorio y, en todo caso, denotó que la privación de la libertad de que ésta fue objeto obedeció al ejercicio de la facultad exclusiva y excluyente de la Fiscalía General de la Nación, por lo que propuso como excepción la que denominó falta de legitimación en la causa por pasiva 6 . Agotada la etapa probatoria, se corrió traslado a las partes para que presentaran alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto de fondo 7 pero, tanto aquellas como éste guardaron silencio en esa oportunidad procesa 18 . 2.3. La sentencia recurrida El Tribunal Administrativo del Cagueta, en sentencia del 9 de junio de 2017 9 , negó las pretensiones de la demanda. Como sustento de su decisión, argumentó que si bien "la larga duración del proceso penal generó que este terminara en prescripción

El Tribunal Administrativo del Cagueta, en sentencia del 9 de junio de 2017 9 , negó las pretensiones de la demanda. Como sustento de su decisión, argumentó que si bien "la larga duración del proceso penal generó que este terminara en prescripción de la acción penal, y no se lograra establecer en ,sentencia ejecutoriada la responsabilidad de la procesada, permaneciendo incólume su presunción de inocencia" 1 °, esa circunstancia en ningún modo fungía pomo causa suficiente para sustentar en contra del Estado una condena por privación de la libertad, no solo porque la Fiscalía Séptima Seccional al momento de dictar la medida de aseguramiento y expedir la resolución de acusación, se sustentó en los medios de prueba allegados a la instrucción que daban cuenta de las irregularidades en que incurrió Asceneth Plazas Osorio en el manejo de los recursos del Centro de Salud de Valparaíso, sino además, por cuanto la conducta de la demandante fue determinante para que se adelantaran las investigaciones en su contra y sufriera el daño por el que ahora reclama indemnización. 2.4. El recurso de apelación La parte demandante, en el recurso de apelación interpuesto el 7 de julio de 2017 11 , solicitó revocar la sentencia de primera instancia y acceder a las pretensiones de la demanda. Como fundamento de su petición, expuso que: (i) el Tribunal no valoró la totalidad de las pruebas recaudadas en el marco del proceso penal y disciplinario adelantado en contra de Asceneth Plazas Osorio; (ii) las 2 Folios 51 a 53 C.14. 3 Folios 128 a 129 C.14. 4 Folios 68 y 133 C.14.

penal y disciplinario adelantado en contra de Asceneth Plazas Osorio; (ii) las 2 Folios 51 a 53 C.14. 3 Folios 128 a 129 C.14. 4 Folios 68 y 133 C.14. 5 Folios 69 a 82 C.14. 6 Folios 146 a 155 C.14. 7 Folio 192 C.14. 6 Folio 193 C.14. 9 Folios 201 a 221 C. Ppal. 10 Folio 220 C. Ppal. 11 Folios 227 a 238 C. Ppal. 2Radicado: 18001-23-31-000-2011-00135-01 (59986) Demandante: Asceneth Plazas Osorio y otros actuaciones de la investigada en ningún modo provocaron la restricción de su libertad, en tanto aquella fue transparente en el ejercicio de sus funciones; (iii) la medida de aseguramiento de detención domiciliaria a ella impuesta, pese a las pruebas obrantes en el proceso penal, fue injusta, desproporcionada, irregular y arbitraria, "generándole así el daño antijurídico que no tenía el deber de soportar" 12 ; (iv) la cesación del procedimiento por prescripción de la acción penal no ocurrió por la conducta de la acusada o de su defensor, sino por la negligencia en que incurrieron tanto la Fiscalía como el Juez de Conocimiento que conocieron del caso. El Tribunal Administrativo del Caquetá concedió el recurso de apelación, el 10 de agosto de 2017 13 . 2.5. Trámite procesal relevante en segunda instancia Esta Corporación admitió el recurso de apelación, con auto del 25 de septiembre de 2017 14 .

agosto de 2017 13 . 2.5. Trámite procesal relevante en segunda instancia Esta Corporación admitió el recurso de apelación, con auto del 25 de septiembre de 2017 14 . Por auto del 22 de noviembre de 2017 15 , se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para que aquellas alegaran de conclusión y éste rindiera concepto de fondo. Así lo hizo la Nación — Fiscalía General de la Nación —, quien reiteró los argumentos expuestos por el Tribunal en la sentencia de primera instancia". El Ministerio Público, a través del Procurador Primero Delegado ante el Consejo de Estado, Nicolás Yepes Corrales —quien actualmente forma parte de esta Subsección— rindió concepto de fondo 17 , en el que solicitó confirmar el fallo de primer grado. Sostuvo que la privación de la libertad de la demandante no podía calificarse como injusta pues, en primer lugar, la medida de aseguramiento impuesta en su contra se ajustó a los requisitos y condiciones legalmente exigidos y, además, la providencia que culminó la actuación penal tampoco aludía a ninguno de los supuestos que daban lugar a calificar la antijuridicidad del daño en aplicación de un régimen objetivo de responsabilidad. A través de oficio del 28 de enero de 2022 18 , el Consejero de Estado Nicolás Yepes Corrales manifestó que se encontraba incurso en la causal de impedimento contemplada en el artículo 141.12 del Código General del Proceso (CGP), esto es, por haber intervenido en el proceso como agente del Ministerio Público. Esta solicitud de impedimento fue declarada fundada, mediante auto del Despacho del Magistrado sustanciador del 8 de marzo de 2022 19 .

por haber intervenido en el proceso como agente del Ministerio Público. Esta solicitud de impedimento fue declarada fundada, mediante auto del Despacho del Magistrado sustanciador del 8 de marzo de 2022 19 .

III. PROBLEMAS JURÍDICOS En atención a los presupuestos de la responsabilidad patrimonial pública, que, en nuestro caso, deben inferirse del artículo 90 de la Constitución Política, yen función de los reproches que los recurrentes formulan a la sentencia de primera instancia, la Sala encuentra necesario dar respuesta a los siguientes problemas jurídicos en forma sucesiva, aunque condicionada a la contestación afirmativa que el

cuestionamiento precedente reciba: 12 Folio 227 C. Ppal. 13 Folio 240 C. Ppal. 14 Folio 245 C. Ppal. 15 Folio 248 C. Ppal. 16 Folios 250 a 269 C. Ppal. 12 Folios 270 a 286 C. Ppal. 18 Folio 290 C. Ppal. 18 Actuación registrada en el índice número 23 del Sistema de Gestión Judicial SAMAI. 3Radicado: 18001-23-31-000-2011-00135-01 (59986) Demandante: Asceneth Plazas Osorio y otros 3.1. ¿El daño que padecieron los actores como consecuencia de la privación de la libertad que soportó Asceneth Plazas Osorio puede predicarse antijurídico? Si la respuesta al anterior interrogante es de signo afirmativo, procederá a la solución de este otro: 3.2. ¿El daño antijurídico que sufrieron los demandantes a causa de la privación de la libertad padecida por la señora Plazas Osorio, es imputable a la Nación por causa

solución de este otro: 3.2. ¿El daño antijurídico que sufrieron los demandantes a causa de la privación de la libertad padecida por la señora Plazas Osorio, es imputable a la Nación por causa de acción u omisión de la Fiscalía General de la Nación?

IV. HECHOS PROBADOS, RELEVANTES PARA LA RESOLUCIÓN DE LOS PROBLEMAS ENUNCIADOS Conforme con las pruebas oportunamente aportadas al proceso 2 °, que son de naturaleza documental, se encuentran acreditadas las siguientes circunstancias

fácticas relevantes:

1. La Fiscalía Séptima Seccional de Delitos contra la Administración Pública de Florencia, Caquetá, mediante providencia del 5 de julio de 2000, decretó la apertura de la instrucción en contra de Asceneth Plazas Osorio por el delito de peculado por apropiación y ordenó su vinculación mediante diligencia de indagatoria 21 .

2. La señora Asceneth Plazas Osorio, el día 24 de agosto de 2000, rindió indagatoria ante la Fiscalía Séptima Especializada de Florencia 22 .

3. La Fiscalía Séptima Seccional de Florencia, por resolución expedida el 11 de septiembre de 2000, decidió la situación jurídica de Asceneth Plazas Osorio y le impuso medida de aseguramiento consistente en detención domiciliaria por el delito de peculado por apropiación en concurso de hechos punibles. En esa misma providencia, se ordenó al médico Director del Centro de Salud de Valparaíso, Caquetá, suspender en el ejercicio del cargo a la señora Plazas Osorio, para hacer efectiva la medida detentiva 23 .

providencia, se ordenó al médico Director del Centro de Salud de Valparaíso, Caquetá, suspender en el ejercicio del cargo a la señora Plazas Osorio, para hacer efectiva la medida detentiva 23 .

4. El Director del Centro de Salud de Valparaíso, mediante resolución número 914 del 18 de septiembre de 2000, suspendió en el ejercicio del cargo de asistente administrativo a Asceneth Plazas Osorio 24 .

5. El día 20 de septiembre de 2000, Asceneth Plazas Osorio suscribió ante el despacho de la Fiscalía Séptima Seccional de Florencia diligencia de compromiso bajo caución prendaria previa al disfrute de la detención domiciliaria, acto en el cual la autoridad instructora advirtió a la indagada que la medida impuesta empezaría a regir a partir de ese momento 25 . 20 Con relación a la prueba trasladada que obra en el expediente, la Sala seguirá el criterio jurisprudencial que habilita su valoración y apreciación sin que haya lugar a la exigencia de formalidad adicional, siempre que se cumpla lo exigido en el articulo 185 del C.P.C., esto es, que el proceso del que se trasladan se hubieren practicado a petición de la parte contra quien se aducen o, con su audiencia, por cuanto de esta manera se protege el derecho de contradicción y publicidad de la prueba que ha sido conocida y pudo ser controvertida por aquellas. Al respecto, véanse, por ejemplo, Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencias del 19 de junio de 2020, exp. 56358 y 5 de junio de 2020, exp. 45540. 21 La providencia que ordenó la apertura de la instrucción obra a folio 7 C.12.

de 2020, exp. 56358 y 5 de junio de 2020, exp. 45540. 21 La providencia que ordenó la apertura de la instrucción obra a folio 7 C.12. 22 El acta de la diligencia de indagatoria rendida por la señora Asceneth Plazas obra a folios 19 a 23 C.12. 23 La resolución que definió la situación jurídica de la investigada es visible a folios 34 a 45 C.12. 24 La resolución que dispuso la suspensión de la investigada obra a folios 59 a 60 C.12. 25 El acta de la diligencia de compromiso de detención domiciliaria bajo caución prendaria es visible a folio 62 C.12. 4Radicado: 18001-23-31-000-2011-00135-01 (59986)

Demandante: Asceneth Plazas Osorio y otros

6. La Fiscalía Séptima de Florencia, a través de decisión del 31 de octubre de 2000, declaró cerrada la investigación adelantada en contra de la señora Plazas Osorio 26 .

7. El 3 de enero de 2001, la Fiscalía Séptima Seccional de Florencia calificó el mérito del sumario y profirió resolución de acusación en contra de Asceneth Plazas Osorio por el delito de peculado en concurso de hechos punibles contemplados en el artículo 26 del Código Penal, decisión en la cual se ordenó que la sindicada continuara con detención domiciliaria 27 .

8. Luego de que el Juzgado Único Promiscuo del Circuito de Belén de los Andaquíes, Cagueta, avocará conocimiento de la causa, mediante auto interlocutorio del 6 de septiembre de 2001, concedió a la procesada el beneficio de

Andaquíes, Cagueta, avocará conocimiento de la causa, mediante auto interlocutorio del 6 de septiembre de 2001, concedió a la procesada el beneficio de libertad provisional por haber ocurrido el supuesto previsto en el artículo 365.5 del Código de Procedimiento Penal 28 .

9. El 24 de septiembre de 2001, la señora Plazas Osorio suscribió ante el Juzgado Único Promiscuo del Circuito de Belén de los Andaquíes diligencia de compromiso para garantizar el beneficio de la libertad provisional que le fuera concedido 29 .

10. El Juzgado Promiscuo del Circuito de Belén de los Andaquíes, por decisión de fecha 14 de enero de 2009, ordenó la cesación del procedimiento por haber operado el fenómeno de la prescripción de la acción penal respecto del delito de peculado por apropiación en concurso homogéneo por los cuales fue acusada Asceneth Osorio 39 .

11. En suma, se encuentra acreditado que Asceneth Osorio Plazas permaneció bajo privación de la libertad como consecuencia de la ejecución de la medida de aseguramiento de detención domiciliaria impuesta en su contra, desde el 20 de septiembre de 2000 hasta el 24 de septiembre de 2001.

V. CONSIDERACIONES 5.1. Sobre los presupuestos de la sentencia de mérito 5.1.1. La Sala procede a resolver los problemas atinentes al fondo de la /itis habida consideración de la competencia que le asiste para ello en atención a lo preceptuado por el artículo 73 de la Ley 270 de 1996 y a la naturaleza del asunto 31 , así como al oportuno ejercicio que de la acción hizo la parte demandante, ya que

consideración de la competencia que le asiste para ello en atención a lo preceptuado por el artículo 73 de la Ley 270 de 1996 y a la naturaleza del asunto 31 , así como al oportuno ejercicio que de la acción hizo la parte demandante, ya que la providencia de fecha 14 de enero de 2009 por medio de la cual el Juzgado Promiscuo del Circuito de Belén de los Andaquíes, Cagueta, ordenó la cesación del procedimiento iniciado en contra de Asceneth Plazas Osorio por haber operado la prescripción de la acción penal respecto de los delitos de peculado por apropiación en concurso homogéneo 32 , quedó ejecutoriada el 20 de febrero de ese mismo año 33 . 26 La providencia que declaró cerrada la investigación obra a folio 111 C.12. 27 La resolución de acusación obra a folios 147 a 167 C.12, 28 El auto que concedió a la procesada el beneficio de la libertad provisional es visible a folios 184 a 186 C12. 29 El acta de la diligencia de compromiso obra a folio 188 C.12. 3C La decisión que ordenó la cesación del procedimiento adelantado contra la demandante obra a folios 112 a 115 C.9. 31 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo Auto del 9 de septiembre de 2008, rad. núm. 11001-03-26-000-2008-0009-00 (34985). 32 Folios 112 a 115 C.9. 33 Conforme se desprende de la constancia secretarial expedida por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Belén de los Andaquíes, visible a folio 122 C.9.Radicado: 18001-23-31-000-2011-00135-01 (59986)

33 Conforme se desprende de la constancia secretarial expedida por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Belén de los Andaquíes, visible a folio 122 C.9.Radicado: 18001-23-31-000-2011-00135-01 (59986) Demandante: Asceneth Plazas Osorio y otros Por lo tanto, el término de caducidad corría desde el 21 de febrero de 2009 hasta el 21 de febrero de 2011, pero este se suspendió el 16 de diciembre de 2010 34 con la presentación de la solicitud de conciliación extrajudicia1 35 , cuando aún restaban 2 meses y 5 días para que feneciera dicho plazo legal. Comoquiera que la constancia en la que se declaró agotado el requisito de procedibilidad fue expedida por la Procuraduría 25 Judicial II para Asuntos Administrativos de Florencia el 25 de febrero de 2011 36 , se impone concluir que, la demanda presentada el 4 de marzo de esa anualidad 37 , fue oportuna. 5.1.2. Dicha decisión tendrá tal alcance respecto de los siguientes demandantes que la Sala encuentra legitimados en la causa por activa: Asceneth Plazas Osorio, como sujeto pasivo de la privación de la libertad; Angélica Osorio de Plazas, quien demuestra ser su madre"; Amparo Plaza Osorio 39 y Duván Plazas Osorio 4 °, acreditados como sus hermanos. María Antonia Yepes de Rodríguez y José Arvirain Plazas Osorio, no demostraron su condición de prima y hermano de la víctima directa con la que, respectivamente, invocaron acudir al proceso. Sin embargo, los testimonios rendidos en este contencioso de reparación por Shirley

Arvirain Plazas Osorio, no demostraron su condición de prima y hermano de la víctima directa con la que, respectivamente, invocaron acudir al proceso. Sin embargo, los testimonios rendidos en este contencioso de reparación por Shirley Cabrera López y Olivia Muñoz 41 —cuyo relato espontáneo y natural merece credibilidad, pues dan cuenta de las razones de la cjencia de su dicho y de la inexistencia de parentesco con los demandantes—, indican que María Antonia y José Arvirain dependían económicamente de Asceneth Plazas, por lo que se les reconocerá legitimación en la causa por activa como terceros damnificados 42 . Y en lo que atañe al extremo pasivo de la /itis, la Nación se encuentra legitimada en la causa y en su representación debía venir a este proceso el Fiscal General de la Nación o su delegado, mas no la Dirección Ejecutiva de administración Judicial, pues no intervino en la privación de la libertad que soportó la demandante. Por el contrario, fue un órgano perteneciente a la estructura de la Fiscalía General de la Nación quien tramitó la instrucción criminal, profirió medida de aseguramiento de detención domiciliaria y resolución de acusación contra la señora Asceneth Plazas 43 . 34 "Decreto 1716 de 2009. Artículo 3 ° . Suspensión del término de caducidad de la acción. La presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial ante los agentes del Ministerio Público suspende el término de prescripción o de caducidad, según el caso, hasta: a) Que se logre el acuerdo conciliatorio, b) Se expidan las constancias a

solicitud de conciliación extrajudicial ante los agentes del Ministerio Público suspende el término de prescripción o de caducidad, según el caso, hasta: a) Que se logre el acuerdo conciliatorio, b) Se expidan las constancias a que se refiere el artículo 2° de la Ley 640 de 2001, o c) Se venza el término de tres (3) meses contados a partir de la presentación de la solicitud; lo que ocurra primero. (. ..)". 35 La fecha de presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial se observa en la certificación expedida el 25 de febrero de 2011 por la Procuraduría 25 Judicial II para Asuntos Administrativos de Florencia, obrante a folios 11 a 13 C.14. 36 !bid. 37 Folios 1 a 36 C.14. 38 Conforme con la copia auténtica del registro civil de nacimiento con indicativo serial 51400201, obrante a folio 49 C.14., se observa que Asceneth Plazas Osorio es hija de Angélica Osorio de Plazas. 39 La copia auténtica del registro civil de nacimiento con indicativo serial 50107490, visible a folio 44 C.14., acredita que Amparo Plaza Osorio es hija de Angélica Osorio de Plazas y, por tanto, hermana de Asceneth Plazas Osorio. Se denota que el primer apellido de esta demandante figura .en el mencionado documento como "Plaza". 40 La copia auténtica del registro civil de nacimiento número 6217013, visible a folio 47 C.14., demuestra que Duván Plazas Osorio es hijo de Angélica Osorio y, por tanto, hermano de ,Asceneth Plazas Osorio. 41 Folios 42 a 44 C.8.

Duván Plazas Osorio es hijo de Angélica Osorio y, por tanto, hermano de ,Asceneth Plazas Osorio. 41 Folios 42 a 44 C.8. 42 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 29 de noviembre de 2021, exp. 46681. 43 La Fiscalla General de la Nación "representa a la Nación en aquellos : asuntos contencioso administrativos que se susciten con ocasión de sus actuaciones u omisiones". Al respecto: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera —en pleno—. Auto del 25 de septiembre de 2013, exp. 20420. 6Radicado: 18001-23-31-000-2011-00135-01 (59986) Demandante: Asceneth Plazas Osorio y otros 5.2. En relación con el primer problema jurídico formulado De conformidad con el artículo 90 de la Constitución Política de Colombia", quien pretenda indemnización de los perjuicios por la responsabilidad patrimonial del Estado deberá demostrar: (i) la existencia de un daño antijurídico y (ii) su imputación al Estado por la acción u omisión de las autoridades públicas. En el presente asunto, se encuentra acreditado que, con la privación de la libertad, como la que soportó Asceneth Plazas Osorio en virtud de la ejecución de la medida de aseguramiento de detención domiciliaria que le fuere impuesta dentro del proceso penal adelantado en su contra por la Fiscalía General de la Nación, se produjo un detrimento a su libertad personal, esto es, en la órbita de un derecho fundamental reconocido en el artículo 28 constitucional". En consecuencia, honró

proceso penal adelantado en su contra por la Fiscalía General de la Nación, se produjo un detrimento a su libertad personal, esto es, en la órbita de un derecho fundamental reconocido en el artículo 28 constitucional". En consecuencia, honró la carga de demostrar que sufrió materialmente daño, es decir, menoscabo en un interés jurídicamente relevante en cabeza suya, y por rebote, de los demás actores. Determinar, entonces, si esa lesión resultó antijurídica es, básicamente, establecer si en el caso la autoridad obró al amparo de un título jurídico que la justifique o legitime, puesto que el ordenamiento constitucional confiere de manera excepcional y por vía cautelar o preventiva, una permisión para la privación de la libertad en el marco del proceso penal, sin que aún se haya demostrado la culpabilidad del incriminado, en los casos y según las formas establecidas por las leyes preexistentes. Ello, sin pasar por alto que la Corte Constitucional, en sentencia SU 072 de 2018, denotó la corrección del criterio que hasta cierto tiempo atrás movió a esta Corporación a juzgar necesariamente con prescindencia de criterios subjetivos la juridicidad de las detenciones preventivas decretadas en procesos penales que culminan con absolución o decisión equivalente por (i) que el hecho no existió, (ii) el sindicado no lo cometió, (iii) la conducta no constituía hecho punible, o (iv) porque no se desvirtuó la presunción de inocencia —principio in dubio pro reo-. Dijo, para mejor comprensión del asunto, que "(. ..) una interpretación adecuada del artículo 68 de la Ley 270 de 1996, sustento normativo de la responsabilidad del Estado en

mejor comprensión del asunto, que "(. ..) una interpretación adecuada del artículo 68 de la Ley 270 de 1996, sustento normativo de la responsabilidad del Estado en estos casos, impone considerar, independientemente del título de atribución que se elija, si la decisión adoptada por el funcionario judicial penal se enmarca en los presupuestos de razonabilidad, proporcionalidad y legalidad", adjetivos estos que definen la actuación judicial, no el título de imputación. Así las cosas, procede la Sala a verificar si, en este caso, el daño derivado de la privación de la libertad resulta o no antijurídico, a la luz del artículo 90 de la Constitución Política, pues en estos eventos no basta probar la restricción de la libertad y posterior ausencia de condena. Para la época de los hechos que fundamentan la demanda, la norma procesal penal vigente era el Decreto 2700 de 1991. El artículo 397 de esa normatividad, prescribía que la detención preventiva procedía cuando el delito atribuido al imputado tuviera prevista pena de prisión cuyo mínimo fuera o excediera de dos (2) años". De cara a este requisito, se tiene que a la señora Asceneth Plazas Osorio le fue impuesta 44 "Artículo 90. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. 45 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 14 de abril de 2010, exp. 18960, fundamentos jurídicos

2.1, 2.2 y 2.3; y sentencia de unificación del 28 de agosto de 2013, exp. 25022, fundamento jurídico 5.1. 46 "La detención preventiva procede en los siguientes casos: II 1. Para todos los delitos de competencia de jueces regionales. II 2. Cuando el delito que se atribuya al imputado tenga prevista pena de prisión cuyo mínimo sea o exceda de dos años (...)". 7Radicado: 18001-23-31-000-2011-00135-01 (59986) Demandante: Asceneth Plazas Osorio y otros medida de aseguramiento privativa de la libertad, incluso en su lugar de domicilio, por el punible de peculado por apropiación, delito para el cual el artículo 133 del Decreto Ley 100 de 1980 comportaba una pena de prisión de seis (6) a quince (15) años, la que, según el inciso segundo de dicha norma, se disminuiría de la mitad (1/2) a las tres cuartas (3/4) si lo apropiado no superaba un valor de cincuenta (50) SMLMV 47 . Por tanto, la restricción del derecho a la libertad física impuesta por el ente instructor al momento de definir la situación jurídica de la entonces indagada, aún en aplicación del supuesto contemplado en segundo inciso del referido artículo, resultaba legalmente procedente. El Código Procesal Penal vigente en aquella época, en su artículo 388, ordenaba que tanto la detención preventiva como la domiciliaria —como medidas de aseguramiento—, debían aplicarse cuando contra el sindicado resultare por lo menos un (1) indicio grave de responsabilidad". Al punto, se observa que, en el asunto bajo examen, para el momento en que se

aseguramiento—, debían aplicarse cuando contra el sindicado resultare por lo menos un (1) indicio grave de responsabilidad". Al punto, se observa que, en el asunto bajo examen, para el momento en que se resolvió la situación jurídica de Asceneth Plazas Osorio, se habían recaudado en el trámite de la investigación que dio lugar a la privación de su libertad personal, entre otros, los siguientes elementos de prueba": Acta de visita especial practicada al En la que Hernando Pérez Camacho, Centro de Salud de Valparaíso por la jefe de presupuesto de dicho centro de Personería Municipal de ese municipio. salud, puso de presente que los ingresos por recuperación remitidos del Centro de Salud del municipio de Solita, Caquetá, a Asceneth Plazas Osorio, en su calidad de técnico administrativo, no se registraron en caja ni en bancos. Además, aclaró que los ingresos que se obtenían en Valparaíso como provenientes del Centro de Salud de Solita, se consignaban en el Banco de Bogotá o en el Banco Agrario. Declaración rendida por el señor En la cual dijo que encontró un desfase Hernando Pérez Camacho. en relación con el valor a consignar de la cuota de recuperación o efectivo que ingresaba a caja y que, a quien le correspondía efectuar diariamente las consignaciones era a la técnico administrativa del Centro de Salud de Valparaíso Asceneth Plazas Osorio, 47 "Modificado por el artículo 19 de la Ley 190 de 1995. El servidor público que se apropie en provecho suyo o de un tercero de bienes del