CE - 012331000201100278011SALVAMENTODEV20230124153650

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, veinte (20) de octubre de dos mil veintidós (2022)

Magistrado ponente: ALBERTO MONTAÑA PLATA Expediente: 08001-23-31-000-2011-00278-01 (47.244)

Demandante: FREDY MOLINA JAIMES Y OTROS

Demandado: FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y OTRO

Medio de control: REPARACIÓN DIRECTA

SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO

Aunque comparto el sentido de la decisión proferida el 28 de octubre de 2022 salvo parcialmente mi voto porque considero que la indemnización del daño debió ser desde el 1° de noviembre de 2003 y no desde el 3 de dicho mes y año.

En efecto, la parte actora en el recurso de apelación solicitó se accediera a todas las pretensiones de la demanda y, una revisión a la misma, da cuenta que aquella solicitó la indemnización por todo el periodo de detención contado desde el día de la captura del señor F redy Molina Jaimes, lo que aconteció el 1° de noviembre de 2003, por ende, sí se demostró que el demandante fue privado de su libertad desde el 1° de noviembre de 2003, la indemnización debió realizarse desde dicha fecha.

De otro lado, debo precisar que considero que: i) el fundamento para declarar la responsabilidad de la entidad accionada es el artículo 65 de la Ley 270 de 1996 en armonía con el artículo 90 de la Constitución Política, ii) la indemnización por

De otro lado, debo precisar que considero que: i) el fundamento para declarar la responsabilidad de la entidad accionada es el artículo 65 de la Ley 270 de 1996 en armonía con el artículo 90 de la Constitución Política, ii) la indemnización por perjuicios morales debe ser mayor pero deb e seguirse la sentencia de unificación del 29 de noviembre de 2021 y, iii) el daño al buen nombre es un perjuicio derivado de la privación de la libertad.

En efecto, respecto del régimen de responsabilidad la Corte Constitucional al declarar la exequibilidad del inciso primero del artículo 65 de la Ley 270 de 1996 precisó y condicionó la decisión en cuanto a que la alusión a la responsabilidad por falla en el servicio no excluye ni podría excluir la aplicación del artículo 90 superior en los casos de la administración de justicia 1, aspecto este que habilita atribuir la

1 Corte Constitucional sentencia C-037 de 1996, MP Vladimiro Naranjo Mesa.2

Expediente 08001-23-31-000-2011-00278-01 (47.244) Reparación directa Salvamento parcial de voto

responsabilidad patrimonial del Estado con otras razones o títulos jurídicos de imputación diferentes a los de los artículos 65, 66, 68 y 69 de la Ley 270 de 1996.

En ese sentido, en el caso objeto de análisis al probarse que hubo un daño antijurídico existe responsabilidad de las accionadas porque las entidades rompieron el principio de igua ldad de las cargas públicas que debe soportar todo ciudadano al generársele a los aquí demandante s un daño anormal, especial y

antijurídico existe responsabilidad de las accionadas porque las entidades rompieron el principio de igua ldad de las cargas públicas que debe soportar todo ciudadano al generársele a los aquí demandante s un daño anormal, especial y grave que deben ser reparado, cuyo fundamento se encuentra en el artículo 90 de la Constitución en armonía con el artículo 65 de la Ley 270 de 1996.

Por otro lado, en la sentencia del 29 de noviembre de 2021 proferida en el expediente 46.681 la Sección Tercera del Consejo de Estado unificó la tasación de perjuicios morales en los casos de privación injusta de la libertad, al respecto, debo indicar que participé en su discusión y aprobación pero me aparté parcialmente por considerar, entre otros aspectos, que la presunción del perjuicio moral no se debía limitar a la víctima directa, su cónyuge, compañero o compañera permanente y parientes en primer grado de consanguin idad sino que también esta debía ser extensiva a otros parientes que incluso pueden sufrir incluso más que la persona que es objeto de privación; de igual forma, no compart í los criterios de tasación de la sentencia que se realizaron para los parientes de la víctima directa; sin embargo, por tratarse de una sentencia de unificación jurisprudencial debe acatarse en cumplimiento del artículo 10 de la Ley 1437 de 2011.

De otra parte, aunque comparto la orden de disculpas públicas que se da en la sentencia por la vulneración del buen nombre, considero que la denominada indemnización de bienes jurídicos especialmente protegidos por la Constitución y los tratados internacionales sobre derechos humanos constituye un recurso argumentativo para explicar y justificar , válida y oportunamente, la necesidad y la

indemnización de bienes jurídicos especialmente protegidos por la Constitución y los tratados internacionales sobre derechos humanos constituye un recurso argumentativo para explicar y justificar , válida y oportunamente, la necesidad y la pertinencia de rebasar o superar los topes de indemnización de los perjuicios ya reconocidos por el daño causado, para el caso, la afectación del buen nombre es un perjuicio derivado de la privación injusta de la libertad.

FREDY IBARRA MARTÍNEZ

Magistrado (firmado electrónicamente)

Constancia. La presente aclaración de voto fue firmada electrónicamente por el magistrado en la plataforma SAMAI, en consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de conformidad con el artículo 2 de la Ley 2213 de 2022.