CE - 012331000201100280011SENTENCIA20230517173619

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, diecinueve (19) de abril de dos mil veintitrés (2023)

Consejero ponente: FREDDY IBARRA MARTÍNEZ Radicación: 05001-23-31-000-2011-00280-01 (59.178)

Demandante: NORA CECILIA BUSTAMANTE SALAZAR Y OTROS

Demandado: DIRECCIÓN NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES EN

LIQUIDACIÓN

Medio de control: REPARACIÓN DIRECTA

Asunto: APELACIÓN SENTENCIA – DAÑOS EN DILIGENCIA DE

DESALOJO

Síntesis del caso: la parte actora alega como daño la imposibilidad de seguir ejerciendo actos de posesión sobre un bien inmueble respecto del cual se declaró , por vía judicial , la extinción del derecho de dominio y que posteriormente fue objeto de desalojo en virt ud de una orden dada por Dirección Nacional de Estupefacientes con el objeto de logar su recuperación material.

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante (fls. 1296 a 1308 cdno. apelación) contra la sentencia proferida el 31 de enero de 2017 por el Tribunal Administrativo de Antioquia - Sala del Sistema Escrito (fls. 1276 a 1288 cdno. apelación) mediante la cual se dispuso:

“PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva.

SEGUNDO: Sin condena en costas.

cdno. apelación) mediante la cual se dispuso:

“PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva.

SEGUNDO: Sin condena en costas.

TERCERO: En firme esta providencia archívese el proceso .” (fl. 1288 cdno. apelación – negrillas y mayúsculas sostenidas del texto original).Expediente 05001-23-31-000-2011-00280-01 (59.178) Actor: Nora Cecilia Bustamante Salazar y otros Reparación directa Apelación sentencia

2

I. ANTECEDENTES

1. La demanda

El 8 de febrero de 201 1 (fl. 889 cdno. 8), los señores Nora Cecilia Bustamante Salazar, Juan Carlos Ortiz Tovar y Francisco Javier Peláez Echeverry, por intermedio de apoderado judicial promovieron acción de reparación directa consagrada en el artículo 86 del C CA en contra de la Dirección Nacional de Estupefaciente, hoy Sociedad de Activos Especiales ( fls. 850 a 889 cdno. 8), con las siguientes pretensiones:

“3.1. NORA CECILIA BUSTAMANTE SALAZAR: PRIMERA. Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES, que actúa en nombre propio y como vocera del Fondo para la Rehabilitación e Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado, es responsable por los perjuicios materiales y morales ocasionados a la señora NORA CECILIA BUSTAMANTE SALAZAR por la imposibilidad de seguir poseyendo el predio INVERSIONES TABA LTDA., con lo cual se le impidió adquirir dicho

los perjuicios materiales y morales ocasionados a la señora NORA CECILIA BUSTAMANTE SALAZAR por la imposibilidad de seguir poseyendo el predio INVERSIONES TABA LTDA., con lo cual se le impidió adquirir dicho bien inmueble por prescripción, o vender la posesión, o recibir una compensación por dicha circunstancia.

SEGUNDA: Que como consecuencia de lo anterior, se condene a la DIRECCIÓN NACIONAL DE ESTUPEFACIEN TES, que actúa en nombre propio y como vocera del Fondo para la Rehabilitación e Inversión Social y Lucha Contra el Crimen Organizado, a pagar los perjuicios materiales causados a la señora NORA CECILIA BUSTAMANTE SALAZAR causados

(…)1.

TERCERA: Que la D IRECCIÓN NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES, que actúa en nombre propio y como vocera del Fondo para la Rehabilitación e Inversión Social y Lucha Contra el Crimen Organizado, es responsable de los perjuicios morales causados a la señora NORA CECILIA

BUSTAMANTE SALAZAR (…)

3.2. JUAN CARLOS ORTIZ TOVAR.

PRIMERA: Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES, que actúa en nombre propio y como vocera del Fondo para la Rehabilitación e Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado, es responsable por los perju icios materiales y morales ocasionados al señor JUAN CARLOS ORTIZ TOVAR por la expectativa que tenía de seguir poseyendo el predio INVERSIONES TABA LTDA, y de explotarlo económicamente.

SEGUNDA: Que, como consecuencia de lo anterior, se condene a la

ORTIZ TOVAR por la expectativa que tenía de seguir poseyendo el predio INVERSIONES TABA LTDA, y de explotarlo económicamente.

SEGUNDA: Que, como consecuencia de lo anterior, se condene a la DIRECCIÓN NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES, que actúa en nombre propio y como vocera del Fondo para la Rehabilitación e Inversión Social y Lucha Contra el Crimen Organizado a pagar los perjuicios materiales

1 Consistente en las siguientes sumas : $28.000.000.000 equivalente al valor proporcional del predio y el término que faltaba para adquirirlo por prescripción adquisitiva de dominio, $40.000.000 mensuales que corresponden al valor que en promedio recibía por la explotación económica mensual del bien inmueble Inversiones Taba Ltda, multiplicado por los meses que en promedio tarda en la rama judicial un proceso reivindicatorio, o conforme a lo que resulte probado en el proceso y, $50.000.000.oo que equivalen al valor de las mejoras realizadas al bien inmueble.Expediente 05001-23-31-000-2011-00280-01 (59.178) Actor: Nora Cecilia Bustamante Salazar y otros Reparación directa Apelación sentencia

3 causados al señor JUAN CARLOS ORTIZ TOVAR (…)2

TERCERA: Que, como consecuencia de lo anterior, sea condenada la DIRECCIÓN NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES, actúa en nombre propio y como vocera del Fondo para la Rehabilitación e Inversión Social y Lucha Contra el Crimen Organizado, a pagar los perjuicios morales caus ados al

señor JUAN CARLOS ORTIZ TOVAR (…)

y como vocera del Fondo para la Rehabilitación e Inversión Social y Lucha Contra el Crimen Organizado, a pagar los perjuicios morales caus ados al

señor JUAN CARLOS ORTIZ TOVAR (…)

3.3 FRANCISCO PELÁEZ ECHEVERRY

PRIMERA: Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES, que actúa en nombre propio y como vocera del Fondo para la Rehabilitación e Inversión Social y Lucha Contra el Crimen Organi zado, es responsable de los perjuicios materiales ocasionados al señor FRANCISCO PELÁEZ ECHEVERRY durante la diligencia de desalojo.

SEGUNDA: Que, como consecuencia de lo anterior, se condene a la DIRECCIÓN NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES, que actúa en nombre propio y como vocera del Fondo para la Rehabilitación e Inversión Social y Lucha Contra el Crimen Organizado a pagar los perjuicios materiales causados al señor FRANCISCO PELAEZ ECHEVERRY 3 (…).” (fls. 865 a 868 cdno. 8 – mayúsculas sostenidas y negrillas del texto original).

2. Hechos

Como fundamento fáctico la parte actora invocó, en síntesis, lo siguiente:

1. El 10 de abril de 1987, el señor Manuel Guillermo Zuluaga Salazar adquirió mediante escritura pública el inmueble denominado “Inversiones Taba Lim itada”, ubicado en la vereda Llanogrande del municipio de Rionegro (Antioquia), identificado con matrícula inmobiliaria no. 020-0005232 de la Oficina de Registro de Instrumentos

ubicado en la vereda Llanogrande del municipio de Rionegro (Antioquia), identificado con matrícula inmobiliaria no. 020-0005232 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Rionegro (Antioquia) ; posteriormente, el 21 de agosto de 1989 , el bien raíz fue objeto de una diligencia ocupación y comiso por parte de un juzgado de instrucción penal militar y fue dejado a disposición del entonces denominado Consejo Nacional de Estupefacientes.

1. El 27 de noviembre de 1989, a través de la Resolución no. 226, el Consejo Nacional de Estupefacientes ordenó la entrega provisional del bien inmueble al

2 Correspondientes a las siguientes sumas : $1.150.000.000 por el valor proporcional que él p oseía sobre el bien y, la suma de $2.800.000 atinentes a lo que en promedio recibía mensualmente multiplicado por los meses que tarda un proceso reivindicatorio, o conforme a lo que resulte probado dentro del proceso.

3 Consistentes en la cantidad de $50 0.000.000 valor de su establecimiento de comercio, su vivero, o conforme a lo que resulte probando dentro del proceso.Expediente 05001-23-31-000-2011-00280-01 (59.178) Actor: Nora Cecilia Bustamante Salazar y otros Reparación directa Apelación sentencia

4 Fondo Nacional Agrario administrado por el INCORA, orden que se hizo efectiva mediante acta no. 019 del 9 de mayo de 1990.

1. El señor Manuel Guillermo Zuluag a Salazar desapareció desde el año 1994, de modo que el 23 de noviembre de 1997 se declaró su muerte presunt a mediante

mediante acta no. 019 del 9 de mayo de 1990.

1. El señor Manuel Guillermo Zuluag a Salazar desapareció desde el año 1994, de modo que el 23 de noviembre de 1997 se declaró su muerte presunt a mediante decisión de un juzgado de familia.

1. El 16 de abril de 2004, el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de

Descongestión de Bogo tá DC extinguió el derecho de dominio que tenía el señor Manuel Guillermo Zuluaga Salazar sobre el referid o inmueble y ordenó el “traspaso – y no la tradición” (fl. 852 cdno. 8) en favor del Estado, a través del Fondo para la Inversión, Rehabilitación y lu cha Contra el Crimen Organizado (FRISCO), la sentencia fue confirmada en segunda instancia el 18 de noviembre de 2004 por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá – Sala Penal.

1. En vista de que el predio se encontraba en estado de abandono, desd e el año 1991 la señora Nora Cecilia Bustamante Salazar empezó a ejercer actos de señora y dueña sobre la finca “Inversiones Taba Limitada”, consistentes en el pago de salarios y prestaciones sociales a empleados que laboraban en el lugar, servicios públic os, impuesto predial, adquisición de una póliza todo riesgo, mejoras consistentes en la construcción de establos , construcción de habitaciones para alquilar , realización de obras de mantenimiento y conservación, también ejerció actividades de explotación económica tales como alquiler para eventos sociales y deportivos.

1. En el año 2003, la demandante celebró un contrato de compraventa de derechos

obras de mantenimiento y conservación, también ejerció actividades de explotación económica tales como alquiler para eventos sociales y deportivos.

1. En el año 2003, la demandante celebró un contrato de compraventa de derechos sobre una parte del terreno en favor del señor Juan Carlos Ortiz Tovar quien, a su vez, en el año 2005 suscribió un contrato de arrendamiento con el señor Francisco Peláez Echeverry para el funcionamiento de un vivero dedicado a la venta de plantas y demás elementos relacionados con esa actividad.

1. Posteriormente, la Dirección Nacional de Estupefacientes ejerció un a serie de acciones penales, civiles y policivas para hacerse a la tenencia material del bien, pero estas fueron infructuosas.

1. En tanto lo anterior ocurr ía, el Gobierno Nacional en uso de las facultades extraordinarias conferidas por el artículo 213 de la Constitución Política y en desarrollo del Decreto Legislativo 3929 de 2008 que declaró el estado de conmoción interior, expidió el Decreto 4865 del 12 de diciembre de 2008 a través del cual leExpediente 05001-23-31-000-2011-00280-01 (59.178) Actor: Nora Cecilia Bustamante Salazar y otros Reparación directa Apelación sentencia

5 confirió funciones de policía judicial al Subdirector Jurídi co de la Dirección Nacional de Estupefacientes para ordenar la entrega efectiva de bienes inmuebles que hubieran sido objeto de extinción de dominio.

1. En ese orden de ideas, el 12 de diciembre de 2008 la Dirección Nacional de Estupefacientes, en ejercicio de las facultades de policía asignadas, ordenó hacer

hubieran sido objeto de extinción de dominio.

1. En ese orden de ideas, el 12 de diciembre de 2008 la Dirección Nacional de Estupefacientes, en ejercicio de las facultades de policía asignadas, ordenó hacer efectiva la orden de entrega real y material de la finca “ Inversiones Taba Ltda” en el término de 3 días, acto que debía comunicarse a la señora Nora Cecilia Bustamante Salazar, quien no recibió comunicación alguna.

1. Como consecuencia de ello, el 18 de diciembre de 2008 se practicó la correspondiente diligencia de desalojo por parte de funcionarios de la Dirección Nacional de Estupefacientes en compañía de miembros de la Fuerza Aérea, el Ejército Nacional, la Policía Nacional, el entonces alcalde de Rionegro (Antioquia) y diversos miembros de diferentes medios de comunicación ; el señor Juan Carlos Ortiz, quien se encontraba en el lugar , se opuso a la práctica de la diligencia pero su solicitud no fue ate ndida, tampoco se escucharon las voces de la administradora del lugar, la señora Dora Inés Gallego , quien puso de presente los derechos que ostentaba Nora Cecilia Bustamante Salazar ; días después se instaló una valla publicitaria que anunciaba que el predi o había sido donado por la Presidencia de la República a la Alcaldía de Rionegro para el desarrollo de un parque temático.

3. Contestación de la demanda

El 8 de mayo de 2012 contestó la demanda la Dirección Nacional de Estupefacientes en Liquidación co n oposición a las pretensiones 4 (fls. 918 a 982 cdno. 8) con fundamento en los argumentos que se exponen a continuación:

en Liquidación co n oposición a las pretensiones 4 (fls. 918 a 982 cdno. 8) con fundamento en los argumentos que se exponen a continuación:

1. No es posible desconocer que el Estado es propietario del bien inmueble denominado “Inversiones Taba Ltda”, debido a que sobre este se declaró la extinción del dominio mediante sentencia emitida por el Juzgado Primero Penal del Circuito

Especializado de Descongestión de Bogotá DC, y es un error que la parte actora considere que en aquella providencia simplemente se ordenó su “traspaso” y no su tradición, afirmación que tiene por objeto eludir una decisión tomada por la

4 A pesar de que la Dirección Nacional de Estupefacientes también presentó demanda de reconvención (fls. 983 1009 cdno. 8), esta fue rech azada de plano por el Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Tercera de Decisión mediante auto del 4 de febrero de 2013 (fls. 1122 a 1124 cdno. 8).Expediente 05001-23-31-000-2011-00280-01 (59.178) Actor: Nora Cecilia Bustamante Salazar y otros Reparación directa Apelación sentencia

6 administración de justicia, máxime cuando la tradición en favor del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha Contra el Crimen Organizado (FRISCO) se perfeccionó con la inscripción de los fallos judiciales en el folio de matrícula inmobiliaria no. 020 – 5232 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Rionegro (Antioquia), de lo cual da cuenta la anotación no. 12 de fecha 26 de enero de 2005.

inmobiliaria no. 020 – 5232 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Rionegro (Antioquia), de lo cual da cuenta la anotación no. 12 de fecha 26 de enero de 2005.

1. Los demandantes no ostentaban la calidad de poseedores del bien en cuestión, solo reunían la condición de ocupantes irregulares de un bien fiscal que tiene la condición de ser imprescriptible y, por ende, no podía ser adquirido por prescripción adquisitiva de dominio.

1. La Dirección Nacional de Estupefacientes nunca reconoció la posesión de los demandantes sobre el bien raíz pues, ejerció acciones policivas y penales para recuperar la tenencia material del terreno, además, la parte actora siempre supo que el inmueble estaba sometido a un proceso de extinción de dominio , escenario donde debieron controvertir sus derechos, por el contrario, no fue sino hasta después de que se declaró la extinción del dominio que empezaron a ocupar el predio con el propósito de prolongar su entrega.

1. El Estado no está obligado a pagar a los demandantes las supuestas mejoras consistentes en la construcción de establos, habitaciones de alquiler y adecuaciones para escenarios deportivos, se trata de mejoras no necesarias o suntuarias a cuyo reconocimiento no está obligado el propietario según el artículo 967 del Código Civil, ya sea que se trate de poseedore s de buena o mala fe ; tampoco es posible el reconocimiento de mejoras útiles en los términos del artículo 966 del Código Civil , dado que los demandantes en este caso eran poseedores de mala fe.

1. La Dirección Nacional de Estupefacientes no actuó de manera arbitraria o ilegal

reconocimiento de mejoras útiles en los términos del artículo 966 del Código Civil , dado que los demandantes en este caso eran poseedores de mala fe.

1. La Dirección Nacional de Estupefacientes no actuó de manera arbitraria o ilegal cuando ordenó la entrega del inmueble, lo hizo amparada por el Decreto 4685 de l 12 de diciembre de 2008 y en el fallo que declaró la extinción del dominio, además, la señora Nora Cecilia Bustamante sí fue debidamente comunicada de la diligencia de desalojo y estuvo representada por el abogado Ángel Antonio Molina Sterling quien asistió a la misma y manifestó oposici ón, la cual fue rechazada de plano porque las sentencias que extinguieron el dominio tuvieron efecto erga omnes y no admitían oposición alguna.Expediente 05001-23-31-000-2011-00280-01 (59.178) Actor: Nora Cecilia Bustamante Salazar y otros Reparación directa Apelación sentencia

7 6) Propuso como excepciones las siguientes: (i) “falta de legitimación en la causa por activa”, porque los accionantes nunca han ostentado la calidad de poseedores ; (ii) “inexistencia de la obligación y cobro de lo no debido” , por cuanto el ente estatal no ha impedido que los demandantes adquieran el predio por prescripción adquisitiva de dominio ya que, el inmueble en cuestión, es un bien fiscal imprescriptible ; (iii) “cosa juzgada”, en vista de que la discusión sobre la propiedad y la tradición del terreno es una aspecto que fue zanjado con la decisión judicial que ordenó la extinción del

juzgada”, en vista de que la discusión sobre la propiedad y la tradición del terreno es una aspecto que fue zanjado con la decisión judicial que ordenó la extinción del dominio; (iv) “indebida esc ogencia de la acción”, por razón de que si se considera que la fuente del daño fue la Resolución no. 1643 del 12 de diciembre de 2008 que ordenó la entrega material del predio, su legalidad debió atacarse mediante la acción de nulidad y restablecimiento de l derecho y, (v) “caducidad de la acción de reparación directa”, debido a que el desalojo se produjo el 18 de diciembre de 2008 y los demandantes debían presentar la demanda antes del 19 de diciembre de 20105.

4. La sentencia impugnada

El 31 de enero d e 2017, el Tribunal Administrativo de Antioquia - Sala del Sistema Escrito negó las pretensiones de la demanda (fls. 1276 a 1288 cdno. apelación) sobre la base de estimar lo siguiente:

1. En relación con las excepciones: (i) no existe “cosa juzgada”, porque no se cumplen los presupuestos exigidos en el artículo 303 del Código General de Proceso para su declaración; (ii) no se configura la excepción de “ indebida escogencia de la acción”, por razón de que los perjuicios que reclaman los demandantes no los derivan de la ilegalidad de la Resolución no. 1643 del 12 de diciembre de 2008 por medio de la cual se ordenó la entrega material del predio “Inversiones Taba Ltda ”, sino de un hecho u operación administrativa que tuvo lugar en la diligencia de entrega practicada el 18 de diciembre de 2008 y , (iii) no hay “caducidad de la acción”

sino de un hecho u operación administrativa que tuvo lugar en la diligencia de entrega practicada el 18 de diciembre de 2008 y , (iii) no hay “caducidad de la acción” pues, los hechos constitutivos del daño tuvieron ocurrencia el 18 de diciembre de 2008 y , pese a que el término para presentar la demanda expiraba el 19 de diciembre de 2010, este se s uspendió con la presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial desde el 15 de diciembre de 2010 hasta el 7 de febrero de

5 A través de auto del 13 de abril de 2015, el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Descongestión accedió a la solicitud de sucesión procesal presentada por la Sociedad de Activos Especiales SAS - SAE en reemplazo de la Dirección Nacional de Estupefacientes (fls. 1238 y 1239 cdno. 9).Expediente 05001-23-31-000-2011-00280-01 (59.178) Actor: Nora Cecilia Bustamante Salazar y otros Reparación directa Apelación sentencia

8 2011, por tanto, como la demanda se presentó el 8 de febrero de 2011, lo fue en tiempo.

1. Existen en el proceso pruebas de las cuales se deriva que la señora Nora Cecilia Bustamante Salazar fue la compañera permanente del señor Manuel Guillermo Zuluaga Salazar, con quien tenía un hijo en común de nombre Juan Guillermo Zuluaga Bustamante, en representación de quien en su momen to dio inicio a un proceso de jurisdicción voluntaria para que se declarara la muerte presunta del señor

Manuel Guillermo Zuluaga Salazar.

Zuluaga Bustamante, en representación de quien en su momen to dio inicio a un proceso de jurisdicción voluntaria para que se declarara la muerte presunta del señor Manuel Guillermo Zuluaga Salazar.

1. En ese orden de ideas, dicha demandante no era ajena a las actuaciones que dieron lugar al proceso de extinción de l dominio y la afectación del inmueble “Inversiones Taba Ltda ”, de ahí que se descart e la existencia de buena fe de la posesión a la que alude la demandante quien, además, habría desconocido los derechos sucesorales de su hijo.

1. En ese sentido, la alegad a posesión a la que refiere Nora Cecilia Bustamante Salazar fue solo la prolongación de los derechos que consideraba tenía con ocasión de sus vínculos familiares con el propietario registrado, pero, que fueron definidos en el proceso de extinción de domini o, escenario en el cual debía reclamar su supuesta condición de tercera de buena fe exenta de culpa.

1. El bien en discusión pasó al dominio del Estado por virtud de una orden judicial, cuestión diferente es que durante algún tiempo no se hubiere hecho efectiva la entrega material por parte de sus ocupantes y que la demandada hubiere iniciado una serie de trámites infructuosos para recuperarlo, hasta tanto se expidió el Decreto 4865 de 2008 que le concedió facultades de policía administrativa al Subdirector Jurídico de la Dirección Nacional de Estupefacientes , con sustento en lo cual se expidió la Resolución no. 1643 del 12 de diciembre de 2008 que no fue demandada en su momento y que ordenó el desalojo del inmueble en caso de no accederse a la entrega voluntaria.

expidió la Resolución no. 1643 del 12 de diciembre de 2008 que no fue demandada en su momento y que ordenó el desalojo del inmueble en caso de no accederse a la entrega voluntaria.

1. Por otra parte, no se probó que la demandante no fuera citada a la diligencia de desalojo y no se advierte abuso o comportamiento arbitrario que hubiere causado daños antijurídicos a los demandantes, además, si bien la señora Nora Cecilia Bustamante Salazar no estuvo presente en dicha diligencia, sí fue representada por su abogado Ángel Antonio Molina quien realizó oposición a la misma, al igual que losExpediente 05001-23-31-000-2011-00280-01 (59.178) Actor: Nora Cecilia Bustamante Salazar y otros Reparación directa Apelación sentencia

9 señores Juan Carlos Ortiz Tovar y Francisco Peláez a quienes se les permitió el retiro voluntario de los bienes que se encontraban en el terreno y pudieron ejercer la defensa de sus derechos, cuestión diferente es que se hubieren rechazado de plano sus solicitudes, personas quienes también eran conocedoras del proceso de extinción de dominio y que no fueron sorprendidas con la diligencia de desalojo.

1. Adicionalmente, como cada uno de los demandantes conocía del riesgo de las inversiones realizadas en el predio por motivo de la existencia de un proceso penal por extinción de dominio, estos lo asumieron voluntariamente, de manera que el daño es predicable de la culpa exclusiva de las víctimas.

5. El recurso de apelación

En escrito del 20 de febrero de 2017, el apoderado de los demandantes solicitó que

daño es predicable de la culpa exclusiva de las víctimas.

5. El recurso de apelación

En escrito del 20 de febrero de 2017, el apoderado de los demandantes solicitó que se revoque la sentencia apelada y se acceda las pretensiones de la demanda (fls. 1296 a 1308 cdno. apelación), en apoyo de lo cual invocó lo siguiente:

1. La demanda es clara en señalar que los daños que se persigue se derivan del comportamiento de la Dirección Nacional de Estupefaciente por el desalojo ar bitrario de un bien inmueble sobre el cual ejercían posesión pacífica y continua desde el año 1991, ya que la entidad demandada no cumplió con sus deberes de administración y tenencia del predio descritos en el Ley 793 de 2002.

1. Los demandantes Nora Ceci lia Bustamante y Juan Carlos Ortiz Tovar sí eran poseedores del terreno del cual fueron desalojados, porque lo tuvieron físicamente y lo explotaron económicamente por el término de 15 años lo cual se comprueba con el pago de impuestos, servicios públicos y contratos laborales para el mantenimiento del inmueble, parte del cual fue alquilado por Juan Carlos Ortiz Tovar a Francisco Peláez Echeverry, situaciones que debieron ser valoradas por la demandada antes de proceder al desalojo, máxime cuando se trató de una posesión de buena fe conforme al artículo 768 del Código Civil.

1. El inmueble no era de uso público ni fiscal, los demandantes ejercieron posesión sobre un bien perteneciente a un particular durante más de 13 años , “en gracia de discusión, se podría d ecir que se pudo haber ejercido posesión sobre un bien fiscal

1. El inmueble no era de uso público ni fiscal, los demandantes ejercieron posesión sobre un bien perteneciente a un particular durante más de 13 años , “en gracia de discusión, se podría d ecir que se pudo haber ejercido posesión sobre un bien fiscal durante cuatro años, entre 2004 y 2008 ” (fl. 1299 cdno. apelación), además, pese a que el artículo 63 de la Constitución Política dispone que los bienes públicos yExpediente 05001-23-31-000-2011-00280-01 (59.178) Actor: Nora Cecilia Bustamante Salazar y otros Reparación directa Apelación sentencia

10 fiscales son inalienables, inembargables e imprescriptibles, la Corte Constitucional ha favorecido los derechos de ocupación o posesión sobre un bien de uso público o fiscal cuando se ha vulnerado el principio de confianza legítima, cuando el Estado ha permitido que se ejecuten los act os de ocupación como una situación que la entidad estatal ha permitido y contribuyó a crear (T-314 de 2012).

1. Por otra parte, la Corte Suprema de Justicia ha expresado que existen ocasiones en las cuales no es viable aplicar la restricción de usucapió n respecto de bienes fiscales por tratarse de un derecho legítimamente adquirido, especialmente cuando se cumplió con el requisito temporal para usucapir dentro de la vigencia de l artículo 407 del Código de Procedimiento Civil (antes numeral 4 artículo 413 ), pero , con anterioridad al día en que la entidad de derecho público adquirió la propiedad.

1. Los demandantes desconocía n del proceso de extinción de dominio , no fueron informados del mismo y ninguna autoridad hizo presencia en el inmueble sino hasta

anterioridad al día en que la entidad de derecho público adquirió la propiedad.

1. Los demandantes desconocía n del proceso de extinción de dominio , no fueron informados del mismo y ninguna autoridad hizo presencia en el inmueble sino hasta el a ño 2008 , adicionalmente, la Dirección Nacional de Estupefacientes no cumplió sus deberes de administración y si bien trató de entregar el inmueble al INCODER , esta entidad no lo aceptó, sin que la entidad demandante haya reaccionado a tal negativa.

1. La sentencia del 16 de abril de 2004 expedida por el Ju zgado Primero Penal del

Circuito Especializado de Descongestión de Bogotá DC , que declaró la extinción del dominio, solo ordenó el traspaso y no la tradición en favor del Estado, aspecto que era indispensabl e para adquirir la propiedad del bien, de otra forma no se explica cómo la demandada presentó denuncia penal en contra de Nora Cecilia Bustamante por el delito de invasión de tierras y edificaciones, la cual fue archivada porque se consideró que la extinci ón de dominio ocurrió con posterioridad a que los demandantes entrara en posesión del bien.

1. Finalmente, los perjuicios materiales reclamados por los demandantes están demostrados con el dictamen practicado para el efecto durante el trámite del proceso, al igual que los morales dada la angustia sufrida por estos.

6. Actuación surtida en segunda instancia

Por auto del 30 de mayo de 2017 se admitió el recurso de apelación (fl. 1312 cdno.

proceso, al igual que los morales dada la angustia sufrida por estos.

6. Actuación surtida en segunda instancia

Por auto del 30 de mayo de 2017 se admitió el recurso de apelación (fl. 1312 cdno. apelación), posteriormente, el 23 de junio de 2017 (fl. 1315 cdno apelación) se corrióExpediente 05001-23-31-000-2011-00280-01 (59.178) Actor: Nora Cecilia Bustamante Salazar y otros Reparación directa Apelación sentencia

11 traslado a las partes para alegar de conclusión por el término común de diez (10) días y, por el mismo lapso al Ministerio Público para que emitiera concepto.

En el término otorgado, la Sociedad de Activos Especiales – SAE reiteró lo manifestado en la contestación de la demanda (fls. 1328 a 1330 cdno. apelación) y la parte demandante insistió en lo expresado en el recurso de apelación (fls. 1331 a 1347 cdno. apelación).

El Ministerio Público rindió concepto a través de la Procuradurí a Quinta Delegada ante el Consejo de Estado en el cual concluyó que, si bien se produjo un daño para los actores con la diligencia de desalojo del predio que venían ocupando y explotando, no se demostró que ese procedimiento fuera antijurídico, pue s, respondió a decisiones judiciales y a la normativa legal y reglamentaria que imponía la efectividad de las decisiones de extinción de dominio de bienes, contrario al proceder de los demandantes que pretendieron seguir beneficiándose de un bien que

respondió a decisiones judiciales y a la normativa legal y reglamentaria que imponía la efectividad de las decisiones de extinción de dominio de bienes, contra