CE - 012331000201100306011SENTENCIA20230516094721

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Consejera Ponente: MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

Bogotá D.C., ocho (8) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

Radicación número: 47001-23-31-000-2011-00306-01 (55.166)

Actor: ÁNGEL MARÍA GONZÁLEZ VEGA Y OTROS

Demandado: NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA

Temas: PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD – se examina la procedencia de la medida de aseguramiento, a la luz de los criterios de legalidad, razonabilidad y proporcionalidad / INFORME POLICIAL – no constituye indicio ni prueba para estructurar la materialidad del delito endilgado / PERJUICIOS MATERIALES E INMATERIALES – análisis de los cargos presentados por la parte actora / ARANCEL JUDICIAL - la Ley 1394 de 2010 fue derogada por la Ley 1653 de 2013, que posteriormente fue declarada inexequible.

La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por las partes en contra de la sentencia del 4 de marzo de 2015 , por medio de la cual el Tribunal Administrativo del Magdalena accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda , así (trascripción literal, incluidos posibles errores):

PRIMERO. DECLARAR responsable a la NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, de los daños causados al ciudadano ÁNGEL MARÍA GONZÁLEZ VEGA y a sus familiares como consecuencia de la privación de la libertad de

PRIMERO. DECLARAR responsable a la NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, de los daños causados al ciudadano ÁNGEL MARÍA GONZÁLEZ VEGA y a sus familiares como consecuencia de la privación de la libertad de que fue objeto, fruto de la medida de aseguramiento consistente en detención preventiva que se dispuso en su contra y como resultado de la cual permaneció en detención (…) por un total de tres (3) meses y ocho (8) días.

SEGUNDO: CONDENAR a la NACIÓN-FISCALIA GENERAL DE LA NACION a pagar al ciudadano ÁNGEL MARÍA GONZÁLEZ VEGA a título de perjuicios materiales del orden del daño emergente la suma dineraria de OCHO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS M/L ($8.376.550), conforme a lo señalado en la parte considerativa.

TERCERO: CONDENAR a la NACIÓN-FISCALIA GENERAL DE LA NACION a pagar al ciudadano ÁNGEL MARÍA GONZÁLEZ VEGA a título de perjuicios materiales del orden del lucro cesante la suma dineraria de NUEVE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON CATORCE CENTAVOS M/L. ($9.936.759,14), conforme a lo señalado en la parte considerativa.

CUARTO: CONDENAR a la NACIÓN-FISCALÍA GENERAL DE LA NACION, a pagar a favor de los señores ÁNGEL MARÍA GONZÁLEZ VEGA, ELIANARadicación: 47001-23-31-000-2011-00306-01 (55.166)

Actor: Ángel María González Vega y otros

Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación

Actor: Ángel María González Vega y otros Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación Referencia: Acción de reparación directa

2

MARGARITA GONZÁLEZ MOLINA, JHORGEN SANTIAGO GONZÁLEZ

MOLINA, ROSA ISABEL VEGA MEDINA, ÁNGEL MARÍA GONZÁLEZ

MEDINA, YADIRA ISABEL CASTRO VEGA, ÁNGELA MARÍA GONZÁLEZ

VEGA, EMELIA GONZÁLEZ VEGA, MANUEL ENRIQUE GONZÁLEZ VEGA,

ALETIS KATERINE GONZÁLEZ VEGA, JULIO C ÉSAR GONZÁLEZ VEGA, LUIS EMILIO GONZÁLEZ VEGA, ALEXANDRA GONZÁLEZ VEGA, SANDRA MILENA GONZÁLEZ VEGA por concepto de perjuicios morales para cada uno, las sumas dinerarias indicadas a continuación: ÁNGEL MARÍA GONZÁLEZ VEGA (víctima): 50 Salarios mínimos legales mensuales vigentes a 2015 equivalentes a TREINTA Y DOS MILLONES

DOSCIENTOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS PESOS M/L ($32.217.500).

ROSA ISABEL VEGA MEDINA (madre de la víctima): 50 Salarios mínimos legales mensuales vigentes a 2015 equivalentes a TREINTA Y DOS MILLONES

DOSCIENTOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS PESOS M/L ($32.217.500).

ÁNGEL MARÍA GONZÁLEZ MEDINA (padre de la víctima): 50 Salarios mínimos legales mensuales vigentes a 2015 equivalentes a TREINTA Y DOS

ÁNGEL MARÍA GONZÁLEZ MEDINA (padre de la víctima): 50 Salarios mínimos legales mensuales vigentes a 2015 equivalentes a TREINTA Y DOS

MILLONES DOSCIENTOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS PESOS M/L

($32.217.500). ELIANA MARGARITA GONZÁLEZ MOLINA (hija de la víctima): 50 Salarios mínimos legales mensuales vigentes a 2015 equivalentes a TREIN TA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS PESOS MIL ($32.217.500) JHORGEN SANTIAGO GONZÁLEZ MOLINA (hijo de la víctima): 50 Salarios mínimos legales mensuales vigentes a 2015 equivalentes a TREINTA Y DOS

MILLONES DOSCIENTOS DIECISIETE MIL QUIN IENTOS PESOS M/L

($32.217.500). YADIRA ISABEL CASTRO VEGA (hermana de la víctima): 25 Salarios mínimos legales mensuales vigentes a 2015 equivalentes a DIECISEIS

MILLONES CIENTO OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/L

($16.108.750). ÁNGELA MARÍA GONZÁLEZ VEGA (hermana de la víctima): 25 Salarios mínimos legales mensuales vigentes a 2015 equivalentes a DIECISEIS

MILLONES CIENTO OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/L

($16.108.750). EMELINA GONZÁLEZ VEGA (hermana de la víctima): 25 Salarios mínimos legales mensuales vigentes a 2015 equivalentes a DIECISEIS MILLONES

($16.108.750). EMELINA GONZÁLEZ VEGA (hermana de la víctima): 25 Salarios mínimos legales mensuales vigentes a 2015 equivalentes a DIECISEIS MILLONES

CIENTO OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/L ($16.108.750).

MANUEL ENRIQUE GONZÁLEZ VEGA (hermano de la víctima): 25 Salarios mínimos legales mensuales vigentes a 2015 equivalentes a DIECISEIS

MILLONES CIENTO OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/L

($16.108.750). ALETIS KATERINE GONZÁLEZ VEGA (hermana de la víctima): 25 Salarios mínimos legales mensuales vigentes a 2015 equivalentes a DIECISEIS MILLONES CIENTO OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PES OS M/L ($16.108.750).Radicación: 47001-23-31-000-2011-00306-01 (55.166)

Actor: Ángel María González Vega y otros Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación Referencia: Acción de reparación directa

3

JULIO C ÉSAR GONZÁLEZ VEGA (hermano de la víctima): 25 Salarios mínimos

legales mensuales vigentes a 2015 equivalentes a DIECISEIS MILLONES

CIENTO OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/L ($16.108.750).

ALEXANDER GONZÁLEZ VEGA (hermano de la víctima): 25 Salarios mínimos legales me nsuales vigentes a 2015 equivalentes a DIECISEIS MILLONES

CIENTO OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/L ($16.108.750).

SANDRA MILENA GONZÁLEZ VEGA (hermana de la víctima): 25 Salarios mínimos legales mensuales vigentes a 2015 equivalentes a DIECISEIS

MILLONES CIENTO OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS MIL

($16.108.750).

QUINTO: Fíjese como arancel judicial la suma de SEIS MILLONES

CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN

PESOS CON DIECIOCHO CENTAVOS ($6.487.591,18).

SEXTO: DENEGAR las demás pretensiones de la demanda.

SÉPTIMO: Désele cumplimiento a los dispuesto en los artículos 176 y 177 del

Código Contencioso Administrativo.

I. SÍNTESIS DEL CASO

Se afirma que Ángel María González Vega fue privado injustamente de su libertad, en el marco de un proceso penal por el delito de homicidio, circunstancia que le habría ocasionado perjuicios a él y a sus familiares.

II. ANTECEDENTES

1. La demanda

El 13 de ju lio de 20111, Ángel María González Vega y otros , por conducto de apoderado judicial, presentaron demanda de repa ración directa en contra de la

II. ANTECEDENTES

1. La demanda

El 13 de ju lio de 20111, Ángel María González Vega y otros , por conducto de apoderado judicial, presentaron demanda de repa ración directa en contra de la Fiscalía General de la Nación , con el fin de que se declare su responsabilidad patrimonial como consecuencia de los perjuicios que afrontaron él y sus familiares, derivados de la privación de su libertad.

En síntesis, los hechos narrados fueron los siguientes:

El 20 de abril de 2006, la Fiscalía 29 Seccional Delegada ante el Juzgado Promiscuo del Circuito de Plato (Magdalena) impuso medida de aseguramiento consistente en

1 Folios 1 y 2 del cuaderno principal.Radicación: 47001-23-31-000-2011-00306-01 (55.166)

Actor: Ángel María González Vega y otros Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación Referencia: Acción de reparación directa

4

detención preventiva en contra del actor, producto de la investigación que se adelantó por el homicidio de Sandra Muñoz Pérez, ocurrido el 7 de junio de 2005.

El 29 de marzo de 2007, esa misma Fiscalía revocó, de oficio, la decisión del 20 de abril de 2006 y ordenó la libertad inmediata del actor. El 19 de abril de 2009 , la Fiscalía 29 Seccional Delegada ante el Juzgado Promiscuo del Circuito de Plato precluyó la investigación que adelantaba en contra del aquí demandante2.

A juicio de la parte actora, la Fiscalía privó de la libertad a Ángel María González

Fiscalía 29 Seccional Delegada ante el Juzgado Promiscuo del Circuito de Plato precluyó la investigación que adelantaba en contra del aquí demandante2.

A juicio de la parte actora, la Fiscalía privó de la libertad a Ángel María González Vega, sin que obrara material probatorio que demostrara su supuesta responsabilidad penal, motivo por el cual él y sus familiares solicitaron indemnización de perjuicios.

2. Contestación de la demanda

La Fiscalía General de la Nación3 sostuvo que el daño alegado por el demandante no tuvo la connotación de antijurídico, pues la medida de aseguramiento de la que fue objeto se fundamentó en indicios que reunieron los requisitos y parámetros establecidos en el artículo 356 de la Ley 600 de 2000, de ahí que no fue ilegal ni arbitraria.

3. La sentencia de primera instancia

El Tribunal Administrativo del Magdalena, mediante sentencia del 4 de marzo de 20154, declaró patrimonialmente responsable a la Fiscalía General de la Nación, al considerar que Ángel María González Vega fue privado injustamente de su libertad, pues se dictó medida de aseguramiento en su contra, pese a que no se reunían los requisitos establecidos en la ley.

El fundamento de esta decisión será plasmado en la parte considerativa de la presente providencia.

4. Los recursos de apelación

4.1. La Fiscalía General de la Nación solicitó que se revoque la sentencia de primera instancia, porque el aquí demandante sí estaba en el deber de soportar la privación de su libertad, toda vez que la medida de aseguramiento cumplió con los requisitos legales y encontró sustento en pruebas válidamente recogidas5.

instancia, porque el aquí demandante sí estaba en el deber de soportar la privación de su libertad, toda vez que la medida de aseguramiento cumplió con los requisitos legales y encontró sustento en pruebas válidamente recogidas5.

2 Folios 143 a 146 del cuaderno principal. 3 Folios 165 a 170 del cuaderno principal. 4 Folios 286 a 306 del cuaderno del Consejo de Estado. 5 Folios 325 a 337 del cuaderno del Consejo de Estado.Radicación: 47001-23-31-000-2011-00306-01 (55.166)

Actor: Ángel María González Vega y otros Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación Referencia: Acción de reparación directa

5

4.2. La parte actora afirmó estar de acuerdo con el sentido del fallo; sin embargo, dijo que debía revisarse el monto concedido por daño emergente, para aumentarlo; que debía concederse lo solicitado en la demanda por perjuicios morales en favor de Ana Emilia Molina Mejía , y, por daño a la vida de relación, en favor de Ángel María González Vega; por último, pidió “no aplicar lo referente al arancel judicial”6.

Los argumentos puntuales, que sustentan los recursos de apelación, serán plasmados en el acápite de consideraciones de este proveído.

5. El Ministerio Público guardó silencio en el trámite de segunda instancia.

III. CONSIDERACIONES

Como no se advierte la configuración de causal de nulidad alguna que invalide lo actuado, la Sala7 procede a resolver los recursos de apelación interpuestos por las partes contra la sentencia de primera instancia.

III. CONSIDERACIONES

Como no se advierte la configuración de causal de nulidad alguna que invalide lo actuado, la Sala7 procede a resolver los recursos de apelación interpuestos por las partes contra la sentencia de primera instancia.

Adicionalmente, se evidencia el cumplimiento de los presupuestos procesales: competencia, demanda en tiempo y legitimación en la causa.

1. El objeto de los recursos de apelación y el esquema que se propone para resolver el asunto

De acuerdo con los reparos de la s impugnaciones, a la Sala le corresponde : examinar si la medida de aseguramiento que le fue impuesta a Ángel María González Vega estuvo conforme a derecho (primer cargo); estudiar los reparos de la parte demandante, asociados con la indemnización de los perjuicios -porque, se anticipa, se confirmará la responsabilidad patrimonial de la Fiscalía- (segundo cargo) y analizar lo relacionado con la imposición del arancel judicial (tercer cargo).

2. Caso concreto

2.1. Primer cargo de la apelación: responsabilidad de la Fiscalía General de la Nación

El Tribunal de primera instancia concluyó que se reunían los requisitos para declarar la responsabilidad de la Fiscalía General de la Nación, dado que se demostró el

6 Folios 309 a 316 del cuaderno del Consejo de Estado. 7 Mediante auto del 20 de enero de 2023, la ponente de esta providencia avocó el conocimiento del asunto de la referencia con fines de descongestión, de acuerdo con lo dispuesto por la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado en el Acuerdo No. 303 de 12 de diciembre de 2022.Radicación: 47001-23-31-000-2011-00306-01 (55.166)

de la Sección Tercera del Consejo de Estado en el Acuerdo No. 303 de 12 de diciembre de 2022.Radicación: 47001-23-31-000-2011-00306-01 (55.166)

Actor: Ángel María González Vega y otros Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación Referencia: Acción de reparación directa

6

daño, consistente en la privación de la libertad que afrontó Ángel María González Vega, así como su imputación a la entidad demandada, por cuanto la medida de aseguramiento fue decretada sin que obraran indicios graves sobre su participación en la comisión del homicidio de Sandra Muñoz Pérez.

En su recurso de apelación, la entidad demandada sostuvo que la medida de aseguramiento impuesta al aquí demandante sí se ajustó al ordenamiento y encontró soporte en pruebas válidamente recogidas; además, que su absolución se fundamentó en el principio in dubio pro reo , sin que ello permitiera concluir que la privación de la libertad fue indebida.

De cara a la resolución de est e reparo, la Sala anticipa que la medida de aseguramiento que se le impuso a Ángel María González Vega no estuvo ajustada a derecho8, tal como lo estableció el Tribunal Administrativo del Magdalena, por las razones que pasan a explicarse.

Se parte por señalar que, el 7 de junio de 2005, fue asesinada Sandra Muñoz Pérez, en el municipio de Plato, Magdalena9.

El 10 de junio de 2005, a través del oficio número 181 C.E .P.J.P., el jefe de la comisión especial de policía judicial de Plato le informó al fiscal seccional 29 de ese

en el municipio de Plato, Magdalena9.

El 10 de junio de 2005, a través del oficio número 181 C.E .P.J.P., el jefe de la comisión especial de policía judicial de Plato le informó al fiscal seccional 29 de ese municipio sobre las “diligencias adelantadas”10. En ese documento le comunicó que, el 22 de abril de 2005, se dio captura a un jefe urbano de las AUC, Carlos Mario Macahado, alias “Ricardo” o “El niño”, quien tenía en su poder “un manuscrito con nombres de personas declaradas objetivos militares para esa organización delincuencial [y que en] ese listado figura[ba] el nombre de la occisa”.

En el acápite denominado “labores de vecindario” de dicho informe se consignó que, “según información obtenida por fuente humana ”, la mencionada señora tenía vínculos con las FARC, por lo que se “presum[ía que su] muerte sería perpetrada por grupos de autodefensas al mando de alias el “Chino” quien reemplazaría a alias

8 Estudio que la Sala realiza atendiendo a lo dicho por la Corte Constitucional en la sentencia C-037 de 1996, en la que analizó la constitucionalidad, entre otros, del artículo 68 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia y manifestó que, en los casos de privación injusta de la libertad, no era dable la reparación automática de los perjuicios, sino que el juez debía examinar la actuación que dio lugar a la medida restrictiva para determinar si existían o no méritos para proferir una decisión en ese sentido ( Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia C -037 del 5 de febrero de 1996, M.P:

dio lugar a la medida restrictiva para determinar si existían o no méritos para proferir una decisión en ese sentido ( Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia C -037 del 5 de febrero de 1996, M.P: Vladimiro Naranjo Mesa, exp: PE-008). 9 Según el acta de levantamiento de cadáver y el informe técnico de necropsia médico legal, que obran a folios 1 y 6 del cuaderno 3, respectivamente. 10 Folio 12 del cuaderno 3.Radicación: 47001-23-31-000-2011-00306-01 (55.166)

Actor: Ángel María González Vega y otros Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación Referencia: Acción de reparación directa

7

“Ricardo o el niño” después de su captura [y] responde al nombre de Ángel María González Vega”.

La Fiscalía comisionó al CTI para que adelantara labores de inteligencia tendientes a esclarecer los hechos mencionados. Un investigador criminalístico presentó, el 18 de junio de 2005 , el informe número 20011, con destino a la Fiscalía 29 Seccional de Plato. En ese documento se consignó la misma información (que Sandra Muñoz Pérez apareció en una lista “manuscrita de personas que supuestamente iba a asesinar” Carlos Mario Macahado, alias “ Ricardo” o “ El niño” y que se tuvo conocimiento de que “esta [última] persona fue reemplazada [en las AUC] por (…) Ángel María González Vega”). Se precisó que esa información se obtuvo de personas que se negaron a aportar sus nombres, por “temor a represalias”.

Ángel María González Vega”). Se precisó que esa información se obtuvo de personas que se negaron a aportar sus nombres, por “temor a represalias”.

La Fiscalía 29 Seccional Delegada ante el Juzgado Promiscuo del Circuito de Plato, a través de providencia del 13 de julio de 2005, ordenó la apertura de instrucción; a su vez, dispuso la vinculación, mediante indagatoria, de Ángel María González Vega y que se librara la respectiva orden de captura en su contra, con el fin de lograr su comparecencia12.

El 20 de abril de 2006, la Fiscalía 29 Seccional Delegada ante el Juzgado Promiscuo del Circuito de Plato le impuso medida de aseguramiento al aquí deman dante, consistente en detención preventiva, por el delito de homicidio.

El 26 de diciembre de 2006 se hizo efectiva la captura del ahora demandante 13 y el 7 marzo de 2007 rindió indagatoria14, diligencia en la que aceptó que perteneció al bloque norte de las AUC, pero que se había desmo vilizado; aseguró que no tuvo nada que ver con el homicidio de Sandra Muñoz Pérez y que el bloque del que hizo parte nunca operó en Plato, Magdalena.

La providencia que impuso la medida de aseguramiento fue revocada, de oficio, por la misma Fiscalía el 29 de marzo de 2007 15 y se ordenó la libertad inmediata del actor, oportunidad en la que advirtió que tomó los informes policivos como único fundamento para la imposición de la medida que privó de la libertad al demandante, sin tener en cuenta que estos eran, únicamente, “ criterios orientadores de la

11 Folio 22 del cuaderno 3.

fundamento para la imposición de la medida que privó de la libertad al demandante, sin tener en cuenta que estos eran, únicamente, “ criterios orientadores de la

11 Folio 22 del cuaderno 3. 12 Folios 34 y 35 del cuaderno 3. 13 Según acta de derechos del capturado, que obra a folios 78 y 79 del cuaderno 3. 14 Folio 93 y 96 del cuaderno 3. 15 Folios 107 a 109 del cuaderno 3.Radicación: 47001-23-31-000-2011-00306-01 (55.166)

Actor: Ángel María González Vega y otros Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación Referencia: Acción de reparación directa

8

investigación” y que no podían “ sustituir aquellos medios probatorios que exige la ley”16. El demandante recobró su libertad el 4 de abril de 200717.

El 19 de abril de 2009, la Fiscalía 29 Seccional Delegada ante el Juzgado Promiscuo del Circuito de Plato precluyó la investigación que adelantaba en contra de Ángel María González Vega, ante la ausencia pruebas en su contra18.

De acuerdo con lo hasta aquí analizado, la Sala advierte que la medida que adoptó la Fiscalía, que afectó la libertad del demandante , tuvo como único sustento el oficio número 181 C.E.P.J.P. del 10 de junio de 2005, suscrito por el jefe de la comisión especial de policía judicial de Plato , y el informe número 200 del 18 de junio de 2005, elaborado por un investigador criminalístico del CTI; y que esos documentos no fueron respaldados con otros medios de prueba.

comisión especial de policía judicial de Plato , y el informe número 200 del 18 de junio de 2005, elaborado por un investigador criminalístico del CTI; y que esos documentos no fueron respaldados con otros medios de prueba.

Los informes de policía mencionados, por sí solos, no tenían valor probatorio, en la medida en que no fueron objeto de contradicción y que fueron producto de aseveraciones de terceros que ni siquiera fueron identificados; circunstancias que impedían tenerlos como única prueba para cimentar -siquieraun indicio grave de responsabilidad en contra del sindicado. Así lo ha dicho esta Corporación en reiterada jurisprudencia19.

Resalta la Sala que la Fiscalía 29 Seccional Delegada ante el Juzgado Promiscuo del Circuito de Plato , en la decisión que impuso medida de aseguramiento , ni

16 Se transcribe, a continuación, el sustento de la decisión del 29 de marzo de 2007 (incluso con posibles errores): “Ahora bien tenemos que existe una medida de aseguramiento impuesta sobre el sindicado, tenemos que esta se tomó con base en los informes policivo, los cuales como lo han dicho en numerables fallos las altas Cortes, que nos ilustran en el sentido que los in formes policivos son criterios orientadores de la investigación, sirven para encaminar la misma, es un faro que el instructor debe seguir para tratar de corroborar lo dicho en el informe (…) pero si solo nos encontramos con el mero informe por [ilegible] (…) bajo ningún punto de vista puede sustituir aquellos medios probatorios que exige la ley, por lo que ante esto (…) se revocará la medida de aseguramiento ya que ella se tomó solo con base en los meros informes policivos (…)”.

que exige la ley, por lo que ante esto (…) se revocará la medida de aseguramiento ya que ella se tomó solo con base en los meros informes policivos (…)”. 17 Según el documento denomi nado “orden de libertad ”, expedido por el INPEC – Establecimiento de preclusión especial, justicia y paz de tierra alta Córdoba, que obra a folio 142 del cuaderno principal. 18 Folio 143 a 146 del cuaderno principal. 19 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia del 8 de septiembre de 2015 (expediente 39.419) : “… En ningún caso los informes de la Policía Judicial y las versiones suministradas por informantes tendrán valor probatorio … lo consignado en esos documentos debe ser corroborado posteriormente dentro del proceso, con elementos de convicción que puedan ser controvertidos por el investigado, pues, de otra manera, el derecho de defensa, componente básico de la garantía fundamental al debido proceso , se tornaría en la más cruel de las utopías, pues bastaría tener en cuenta el contenido del informe para acusar e incluso condenar a la persona que allí se señale como autora o partícipe de un delito, cuando lo que garantiza el artículo 29 de la Constitución Política, es que el procesado tiene el derecho de presentar pruebas y de controvertir las que se alleguen en su contra, como presupuesto dialéctico a la pretensión estatal de desvirtuar su inocencia”.Radicación: 47001-23-31-000-2011-00306-01 (55.166)

Actor: Ángel María González Vega y otros Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación Referencia: Acción de reparación directa

9

siquiera mencionó cuáles eran los indicios graves de responsabilidad endilgados al

Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación Referencia: Acción de reparación directa

9

siquiera mencionó cuáles eran los indicios graves de responsabilidad endilgados al sindicado y que como fundamento de esa determinación se dijo que “fuentes humanas” indeterminadas aseguraron que el ah ora demandante habría reemplazado a un jefe urbano de las AUC, que supuestamente tenía amenazada a Sandra Muñoz Pérez y que, por esa razón, se le “atribu[ía]” ese homicidio20. Esa misma Fiscalía, meses después, advirtió que había una irregularidad en esa decisión y la revocó, oportunidad en la que puso de presente que se sustentó única y exclusivamente en informes de policía, que carecían de valor probatorio y que no había pruebas que relacionaran al aquí demandante con el homicidio de Sandra Muñoz Pérez.

A partir de lo anterior, cabe concluir que la medida de aseguramiento impuesta a Ángel María González Vega no se ajustó a las previsiones contenidas en el artículo 356 de la Ley 600 de 2000 21 -norma vigente para la época de los hechos -, porque no se contaba con indicios graves de responsabilidad en su contra. Desde esa perspectiva, resulta razonable afirmar que la medida de aseguramiento no atendió al principio de legalidad , por cuanto desconoció los parámetros fijados por el legislador para la adopción de este tipo de determinaciones.

Tampoco fue razonable ni proporcional , puesto que, al margen de la gravedad del delito que se investigaba , lo concreto es que la fiscalía carecía de elementos probatorios o indicios que involucraran a Ángel María González Vega con el

Tampoco fue razonable ni proporcional , puesto que, al margen de la gravedad del delito que se investigaba , lo concreto es que la fiscalía carecía de elementos probatorios o indicios que involucraran a Ángel María González Vega con el homicidio de Sandra Muñoz Pérez.

No sobra decir que nada impedía a la autoridad judicial adelantar la investigación, sin restringir la libertad del demandante, hasta que se cumplieran las condiciones

20 A continuación, se transcribe el fundamento de la imposición de la medida de aseguramiento (de forma textual, incluidos posibles errores): “Como puede apreciarse, la joven SANDRA MUNOZ fue asesinada en esta ciudad el día 7 de junio, cuando realizaba labores propias de su cargo, como promotora de salud en el barrio JUAN XXII, siendo interceptada por dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta, cuando la hoy occisa se encontraba con una compañera de nombre MELIZA MERCEDES RAMIREZ, teniéndose información que la víctima se encontraba relacionada en un a lista que le fue hallada al sujeto CARLOS MARIO MACAHADO AMOROCHO, persona ésta que se encuentra privada de la libertad por una Fiscalía de derechos humanos, por los delitos de Concierto para delinquir, terrorismo, homicidio, paramilitarismo, desplazamie nto forzado, y que realizaba su actividad delictiva en esta región, que luego al ser capturado lo reemplazó ÁNGEL MARÍA GONZÁLEZ VEGA, a quién se identifica plenamente y se le atribuyen hechos de sangre ocurridos en esta jurisdicción, al estar al frente o mando en esta zona de esa organización al margen de la ley,

GONZÁLEZ VEGA, a quién se identifica plenamente y se le atribuyen hechos de sangre ocurridos en esta jurisdicción, al estar al frente o mando en esta zona de esa organización al margen de la ley, siendo incluso descrito como una persona delgada, con varios tatuajes en el cuerpo y utiliza varios collares en el cuello (…). Por consiguiente, dadas las circunstancias procede definir la situaci ón jurídica de este procesado con medida de aseguramiento, conforme al artículo 356 y 357 del CPP”. 21 A cuyo tenor: “Solamente se tendrá como medida de aseguramiento para los imputables la detención preventiva. Se impondrá cuando aparezcan por lo menos dos indicios graves de responsabilidad con base en las pruebas legalmente producidas dentro del proceso ” (se destaca).Radicación: 47001-23-31-000-2011-00306-01 (55.166)

Actor: Ángel María González Vega y otros Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación Referencia: Acción de reparación directa

10

para emitir decisión en tal sentido, lo cual no ocurrió, motivo por el cual hay lugar a concluir que la medida de aseguramiento no atendió al criterio de necesidad.

Por todo lo expuesto, no prospera el recurso de apelación de la Fiscalía, pues se probó que el daño alegado en la demanda sí le resulta imputable, a título de falla del servicio.

2.2. Segundo cargo de la apelación: indemnización de perjuicios

En este caso conviene precisar que la entidad pública no funge como apelante único, razón por la cual no le asiste competencia a la Sala para revisar de forma

del servicio.

2.2. Segundo cargo de la apelación: indemnización de perjuicios

En este caso conviene precisar que la entidad pública no funge como apelante único, razón por la cual no le asiste competencia a la Sala para revisar de forma íntegra la condena ordenada por el Tribunal Administrativo, a efectos de confirmarla, disminuirla y/o revocarla.

La Sala Plena de esta Sección22 unificó su criterio en relación con “ la competencia del juez de segunda instancia frente al recurso de quien actúa como apelante único”, y este no es el caso, pues apelaron ambas partes, cada una con argumentos concretos en contra de la decisión adoptada en primera instancia, que limitan la competencia de la Sala para pronunciarse en este asunto, en virtud del principio de congruencia.

Por lo anterior, se precisa que, en este acápite, la Subsección se pronunciará sobre aquellos puntos que fueron atacados en el recurso de apelación que presentó la parte actora, luego, lo que no fue objeto de apelación quedó fijado con la decisión de primera instancia.

2.2.1. El Tribunal Administrativo le reconoció una indemnización de perjuicios morales a los actores23 -en la forma expuesta al inicio de esta providencia -, con excepción