CE - 012331000201100482011SENTENCIASENTENCIA20230130094205

Expediente: 05001-23-31-000-2011-00482-01 (50975)

Actor: Alvaro Sergio Rojo Arboleda y otros

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Magistrado Ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS

Bogotá D.C., siete (07) de septiembre de dos mil veintidós (2022)

Radicado número: Demandantes:

Demandados: Referencia: 05001-23-31-000-2011-00482-01 (50975)

Alvaro Sergio Rojo Arboleda y otros Nación—Fiscalía General de la Nación Acción de reparación directa Tema: Responsabilidad por la administración de justicia. Subtema 1: Privación injusta de la libertad —Ley 906 de 2004 Subtema 2: No configura daño antijurídico SENTENCIA DE SEGUNCA INSTANCIA La Subsección resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquía, el 21 de febrero de 2014, en la que negó las súplicas de la demanda.

1. SÍNTESIS DEL. CASO A solicitud de la Fiscalía General de la Nación, el Juzgado 20 Promiscuo Municipal de control de garantías de Caldas, Antioquia, profirió orden de captura contra Alvaro Sergio Rojo Arboleda, en virtud de la denuncia presentada en su contra por Ja víctima de un abuso sexual. El Juzgado 1° Promiscuo Municipal de control de garantías de Caldas, Antioquia, legalizó la captura, formuló imputación por el delito

Ja víctima de un abuso sexual. El Juzgado 1° Promiscuo Municipal de control de garantías de Caldas, Antioquia, legalizó la captura, formuló imputación por el delito de acceso carnal o acto sexual en persona puesta en incapacidad de resistir y le impuso medida de aseguramiento consistente en detención preventiva. Finalmente, el Juzgado Promiscuo del Circuito de Caldas con funciones de conocimiento aceptó la ,solicitud de preclusión incoada por la Fiscalía, por atípicidad de la conducta.

II. ANTECEDENTES 2.1. La demanda El 22 de febrero de 20111, Alvaro Sergio Rojo Arboleda y otros presentaron demanda, en ejercicio de la acción de reparación directa, contra la NaciónFiscalía General de la Nación y la Nación-Rama Judicial con la pretensión de que se les condene al pago de los perjuicios sufridos como consecuencia de la privación injusta de la libertad a la que fue sometido el demandante, a partir del 11 de diciembre del 2008, fecha en que fue capturado por la Policía Nacional, lasta el 5 de febrero de 2009, época en que recuperó su libertad, por decisión de preclusión proferida por el Juzgado Promiscuo Penal del Circuito de Caldas con funciones de conocimiento. 1 Escrito de demanda, f. 41, c. 1Expediente: 05001-23-31-000-2011-00482-01 (50975) Actor: Alvaro Sergio Rojo Arboleda y otros 2.2. Trámite procesal relevante en primera instancia 2.2.1La demanda fue admitida 2, el auto admisorio fue notificado en debida

Actor: Alvaro Sergio Rojo Arboleda y otros 2.2. Trámite procesal relevante en primera instancia 2.2.1La demanda fue admitida 2, el auto admisorio fue notificado en debida forma 3 y la demanda fue contestada 4. La Nación-Rama Judicial señaló que no es preciso endilgarle responsabilidad, puesto que, al riomento de legalizarse la captura, se cumplían todos los requisitos establecidos en el artículo 308 del CPP, para la procedencia de la medida de detención preventiva. Por su parte, la Nación Fiscalía General de la Nación se opuso a las pretensiones de la demanda y adujo que en el sistema penal acusatoria cumple un papel Ede parte, por lo que no le corresponde la expedición de la orden de captura, ni la imposición de medida de aseguramiento, ni la preclusión del proceso, decisiones tomadas por los jueces de control de garantías y de conocimiento que atendieron el proceso. 2.2.2.- Agotada la etapa probatoria, se corrió trasldo a las partes para que alegaran de conclusión 5 . Así lo hicieron la parte actora 6 y las entidades demandadas 7 . 2.3. La sentencia recurrida 2.3.1.- El Tribunal Administrativo de Antioquia dictó, el 21 de febrero de 2014, sentencia de primera instancia en la que negó la súplicas de la demanda, debido a que la parte actora aportó el proceso pena¡ en copia simple, lo que consideró un incumplimiento a los requisitos legales al respecto. Por tanto, el a quo no le reconoció valor probatorio al material documental aportado por la parte actora, y negó las pretensiones según lo preceptuado en el artículo 177 del CPC.

consideró un incumplimiento a los requisitos legales al respecto. Por tanto, el a quo no le reconoció valor probatorio al material documental aportado por la parte actora, y negó las pretensiones según lo preceptuado en el artículo 177 del CPC. 2.4. Recurso de apelación La parte actora interpuso recurso de apelación 8 contra la sentencia de primera instancia, en el que manifestó que el tribunal desc 4 noció la jurisprudencia de unificación que permite la valoración de las copias simples y que, en el presente caso, la documentación fue allegada junto con la demanda, dándola a conocer a la parte demandada desde el inicio del proceso, sin que se haya puesto en entredicho su veracidad mediante el ejercicio del derecho de contradicción. Por tanto, solicitó que se revoque la sentencia de primera instancia y se condene a las demandadas al pago de los perjuicios ocasionados a la parte demandante. 2.5. Trámite relevante en segunda instancia 2.5.1.- Esta Corporación admitió el recurso de apelación interpuesto, por haber sido presentado dentro de la oportunidad legal 9 , en auto del 28 de mayo de 2014. 2.5.2.- Durante el término de traslado para alegar de conclusión, el Ministerio Público y la Nación-Rama Judicial guardaron silencio, mientras la Nación-Fiscalía 2 Auto de admisión de la demanda proferido el 28 de junio de 2011: f 70, 0. 1. Constancias de notificación por aviso, f. 73 y 74, c. 1 ' Escritos de contestación de demanda, f. 77 y 84, c. 1. -: E. 118, c. 1. 6 F. 145, o. 1.

' Escritos de contestación de demanda, f. 77 y 84, c. 1. -: E. 118, c. 1. 6 F. 145, o. 1. 7 F. 119 y 150, c.1, 8 Escrito de apelación, f. 178, c. ppal. Auto del 28 de mayo de 2014, f. 203, o. ppal. 24 ,

Expediente: 05001-23-31-000-2011-00482-01 (50975) Actor: Alvaro Sergio Rojo Arboleda y otros General de la Nación y la parte demandante presentaron sus alegatos de conclusión 10 . 2.5.3.- El 16 de diciembré de 2020, la Subsección, en aras de esclarecer puntos oscuros de la contienda, y con fundamento en artículo 169 del CCA., profirió auto para mejor proveer en él que requirió al Juzgado Promiscuo del Circuito de Caldas, Antioquia, para que remita al proceso copia de las audiencias adelantadas con ocasión del proceso penal seguido en Alvaro Sergio Rojo Arboleda, por los delitos de acceso carnal o acto sexual con persona puesta en incapacidad de resistir' l. Esto con el fin de conocer dicho proceso de manera integral, teniendo en cuenta que la calidad del audio del CD aportado con el expediente no permite escuchar su contenido completo. El 17 de mayo de 2021, el Juzgado Penal del Circuito con funciones de conocimiento de Caldas, Antioquia, allegó las pruebas que obraban ya en el expediente 12 .

111111. PROBLEMA JURÍDICO En atención a la metodología empleada por esta Subsección para el análisis de la responsabilidad y, a los motivos de inconformidad expuestos en el recurso de

que obraban ya en el expediente 12 .

111111. PROBLEMA JURÍDICO En atención a la metodología empleada por esta Subsección para el análisis de la responsabilidad y, a los motivos de inconformidad expuestos en el recurso de apelación, le corresponde a la Sala determinar si hay lugar a declarar la responsabilidad patrimonial de las entidades demandadas, por la privación de la libertad a la que fue sometido el demandante, corno consecuencia de su vinculación al proceso penal adelantado por el delito de acceso carnal o acto sexual en persona puesta.en incapacidad de resistir.

Lo anterior, teniendo en cuenta que el Juzgado Promiscuo del Circuito de Caldas, a petición de la Fiscalía, decidió precluir la investigación penal que se adelantaba, en razón a que no existían suficientes pruebas para demostrar la configuración del delito. Para el efecto, la Sala tendrá que establecer i) si las pruebas aportadas al proceso en copia simple pueden ser valoradas, u) si está demostrado el daño alegado en la demanda y iii) si existió algún título legal que justifique la lesión al interés jurídicamente tutelado. Una vez establecida la antijuridicidad del daño, si hay lugar a ello, la Sala procederá a realizar el respectivo estudio de imputación.

IV. CONSIDERACIONES 4.1. Presupuestos procesales 4.1.1. Competencia La Sala es competente para resolver el presente caso iniciado en ejercicio de la acción de reparación directa, en razón a la naturaleza dei asunto. La Ley 270 de 1996 desarrolló la responsabilidad del Estado en los eventos de error jurisdiccional, defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y privación injusta de la libertad, y determinó la competencia, para conocer de tales

1996 desarrolló la responsabilidad del Estado en los eventos de error jurisdiccional, defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y privación injusta de la libertad, y determinó la competencia, para conocer de tales asuntos en primera instancia, en cabeza de los Tribunales Administrativos y, en segunda instancia, en el Consejo de Estado, sin que sea relevante la cuantía. 10 Escritos de alegaciones finales, f. 231, c. ppaL 11 Auto de mejor proveer proferido el 30 de septiembre de 2020, f. 179, C. ppal. 12 Samai, índice 25 deI proceso de la referencia. 3Expediente: 05001-23-31-000-2011-00482-01 (50975) Actor: Alvaro Sergio Rojo Arboleda y otros 4.1.2. Vigencia de la acción En el supuesto que se pretende la indemnización de los perjuicios derivados de la privación injusta de la libertad, la jurisprudencia de la Sección ha sido pacífica al considerar que el conteo del término de caducidad de 2 años para presentar demanda de reparación directa, previsto en el numeral 8 del artículo 136 del CCA, micra a partir del día siguiente al de la ejecutoria de la decisión penal absolutoria, de la que cesó el procedimiento o de la que declaró la preclusión de la investigación penal, dado que solo a partir de ese momento el sindicado puede inferir la existencia de un daño antijurídico. En ese sentido, de acuerdo con la constancia obrante a folio 32 del cuaderno 1, la investigación penal adelantada contra el demandante fue precluida, en audiencia del 5 de febrero de 2009, por tanto, se revocó la medida de aseguramiento

En ese sentido, de acuerdo con la constancia obrante a folio 32 del cuaderno 1, la investigación penal adelantada contra el demandante fue precluida, en audiencia del 5 de febrero de 2009, por tanto, se revocó la medida de aseguramiento privativa de la libertad y se ordenó el archivo del proceso. Como la solicitud de conciliación extrajudicial se presentó el 16 de diciembre de 2010, la audiencia de conciliación se declaró fallida el 16 de febrero de2011 y la demanda fue presentada el 22 de febrero de 2011, la Sala encuentra que no había vencido el término bienal prescrito en el numeral 8 del artículo 136 del OCA para ejercer la acción de reparación directa. 4.1.3. Legitimación para la causa La legitimación en la causa es la "calidad subjetiva reconocida a las partes en relación con el interés sustancial que se discute erí el proceso" 13 . Como tal, consiste en la identidad de las personas que figuran corno sujetos (por activa o por pasiva) de la pretensión procesal, con las personas alas cuales la ley otorga el derecho para postular determinadas pretensiones El demandante Álvaro Sergio Rojo Arboleda se encuentra legitimado en la causa por activa, por ser la persona afectada directamente con la privación de la libertad por la cual se pretende indemnización de perjuicios. '. También, por la parte activa, la Sala constata que ¡as personas sobre las que recae el interés jurídico que se debate en este asunto, traducido en la privación de la libertad padecida por Alvaro Sergio Rojo, son sus hijosJuan Pablo Rojo Gómez y Valentina Rojo Zapata, y su compañera permanente, Alba Yolima Gómez Rivera

libertad padecida por Alvaro Sergio Rojo, son sus hijosJuan Pablo Rojo Gómez y Valentina Rojo Zapata, y su compañera permanente, Alba Yolima Gómez Rivera cuyas relaciones de parentesco y afectividad con el privado de la libertad están debidamente acreditadas con los respectivos registros civiles de nacimiento 14 , y con los testimonios rendidos ante el Tribunal, en los que se menciona que la demandante era reconocida como la esposa del privado de la libertad 15 , por lo que se concluye que las personas mencionadas en precedencia se encuentran legitimadas en la causa. Así mismo, acudieron al proceso Vanessa Gómez Rivéra y María Camila Arango Gómez como hijas de la compañera permanente; y Ana de Jesús Arboleda Caro, 13 Corte Constitucional, sentencia 0965 del 21 de octubre de 2003: 14 Registro civil de nacimiento de Juan Pablo Rojo Gómez y Valentina Rojo Zapata, que da cuenta de su relación de parentesco como hijos del privado de la libertad, f. 67, c. 1. 15 Declaraciones rendidas ante el Tribunal Administrativo de Antioquia, 12 de junio de 2012, f. 107 alll,c. 1, 4Expediente: 05001-23-31-000-2011-00482-01(50975) Actor: Alvaro Sergio Rojo Arboleda y otros Álvaro de Jesús Rojo Meneses y Juan David Rojo Arboleda como padres y hermanos del privado dela libertad. Sin embargo, como no se aportó al proceso registro civil de nacimiento de Alvaro Sergio Rojo Arboleda, no es posible determinar su relación de parentesco con quienes acudieron como sus padres y hermanos, por lo que la Sala declarará la' falta de legitimación en la causa por pasiva. También se

registro civil de nacimiento de Alvaro Sergio Rojo Arboleda, no es posible determinar su relación de parentesco con quienes acudieron como sus padres y hermanos, por lo que la Sala declarará la' falta de legitimación en la causa por pasiva. También se hará tal declaración frente á Vanessa Gómez Rivera y María Camila Arango Gómez, quienes se presentaron como hijas de la compañera permanente de Alvaro Rojo. Sobre la legitimación en la causa por pasiva, la Sala observa que el daño que se invoca en la demanda proviene de actuaciones y decisiones que corresponden a la Fiscalía General de la Nación y a la Rama Judicial, como entidades encargadas de adelantar el proceso penal contra el demandante, de manera que la Nación, como persona jurídica representada por estas, se encuentra legitimada como parte demandada en este asunto. 4.2. Hechos probados Al presente proceso fueron arrimados un CD en formato de audio y las actas de las audiencias surtidas en el proceso penal adelantado con el Código Unico de Investigación (CUl) No. 05266-60-00203-2008-04848 en contra de Alvaro Sergio Rojo Arboleda por el delito de acceso o acto sexual con persona en incapacidad de resistir 16 , que reposa en el Juzgado Promiscuo del Circuito de Caldas, Antioquia, con función de conocimiento. Sobre la valoración de este tipo de documentos la Sala Plena de la Sección Tercera en sentencia de 28 de agosto de 2013 estableció que cuando las reproducciones no autenticadas han obrado en el expediente a lo largo de todo el proceso sin que las partes las hubieran tachado de falsas, pueden ser apreciadas para determinar si son idóneas para demostrar los hechos materia de litigio.

reproducciones no autenticadas han obrado en el expediente a lo largo de todo el proceso sin que las partes las hubieran tachado de falsas, pueden ser apreciadas para determinar si son idóneas para demostrar los hechos materia de litigio. Así, la Sección Tercera estableció que no valorar los documentos en copia simple desconoce el principio constitucional de prevalencia de lo sustancial sobre lo formal y el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia, lo que iría en contra de las nuevas tendencias del derecho procesal 17 . Por lo anterior, la Sala reconoce el valor probatorio de las providencias penales que fueron aportadas al proceso en copia simple por la parte demandante y que, además fueron posteriormente aportadas al proceso, a petición de la Sala, y que obran en archivo digital en el sistema SAMAI. El material de prueba referido da cuenta de los siguientes hechos: 4.2.1. El 11 de noviembre de 2008, la menor Leidy Jhoana Gómez Uribe denunció ante la Fiscalía haber sido víctima de un abuso sexual, atribuyéndole el delito a Alvaro Sergio Rojo Arboleda y Hugo de Jesús Córdoba Zapata. 4.2.2. El 9 de diciembre de 2008, el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Caldas, Antioquia emitió orden de captura contra los señalados. Alvaro Sergio Rojo Arboleda fue capturado el 11 de diciembre de 2008, por miembros de la Policía, quienes lo pusieron a disposición de la Fiscalía General de la 16 Folio 18, C . l. 17 Consejo de Estado Sección Tercera, sentencia de¡ 28 de agosto de 2013, expediente: 25022, CP. Enrique Gil Botero

Policía, quienes lo pusieron a disposición de la Fiscalía General de la 16 Folio 18, C . l. 17 Consejo de Estado Sección Tercera, sentencia de¡ 28 de agosto de 2013, expediente: 25022, CP. Enrique Gil Botero 5Expediente: 05001-23-31-000-2011-00482-01 (50975)

Actor: Alvaro Sergio Rojo Arboleda y otros

Nación. Seguidamente, en audiencia del 12 de diciembre de 2008, el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Caldas, Antioquia, con función de control de garantías legalizó la captura, formuló imputación por él,punible de acceso carnal o acto sexual en persona puesta en incapacidad de resistir, e impuso una medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario. Como fundamento de la decisión, el juzgado mencionó que Ia.captura era procedente, y se realizó con sujeción a las disposiciones legales y eh un tiempo razonable. En cuanto a la medida impuesta, en la audiencia se expu'so que existían suficientes elementos de prueba que señalaron a Álvaro Sergio Rojo como posible autor del ¡lícito investigado. 4.2.3. El 5 de febrero de 2009, el Juzgado Promiscuo del Circuito de Caldas, Antioquia, con función de conocimiento, a solicitud de la Fiscalía, precluyó la investigación penal, por atipicidad del hecho invstigado. La solicitud de preclusián incoada por la Fiscalía tuvo como fundamento que los medios probatorios recaudados evidenciaron las contradicciones entre las versiones rendidas por la víctima, así como la inexistencia de alguna sustancia en el cuerpo

preclusián incoada por la Fiscalía tuvo como fundamento que los medios probatorios recaudados evidenciaron las contradicciones entre las versiones rendidas por la víctima, así como la inexistencia de alguna sustancia en el cuerpo de la víctima que tuviera la potencialidad de ponerla enincapacidad de resistir. 4.3. Análisis de la Sala El artículo 90 de la Constitución Política dispone que el Estado responderá patrirnonia¡mente por los daños antijurídicos causados, por la acción u omisión de las autoridades públicas. En función de este precepto que funge como cláusula general de responsabilidad patrimonial pública en nuestro ordenamiento jurídico, son dos los elementos estructurales de la responsabilidad estatal: el daño antijurídico, que obra como elemento central en esa e'structura, y la imputación a la entidad pública por causa de los actos u omisiones de, las autoridades. La responsabilidad del Estado por causa de la administración de justicia tuvo desarrollo legal en la Ley 270 de 1996 cuyo artículo 65 desglosó los factores por los que puede ser imputado el daño antijurídico causado con ocasión de la prestación de ese servicio, estableciendo que estos, son: el error jurisdiccional (artículo 66) —cuando exista una decisión judicial que, en firme, causa un daño antijurídico al administrado por ser contraria a la realidd procesal (error fáctico) o al ordenamiento jurídico (error normativo)-; el defectúoso funcionamiento de la administración de justicia (artículo 69) —por hechos de la administración de justicia que no derivan de una providencia judicialy la priv'ación injusta de la libertad (artículo 68) —cuando, como consecuencia de una médida de aseguramiento, se

administración de justicia (artículo 69) —por hechos de la administración de justicia que no derivan de una providencia judicialy la priv'ación injusta de la libertad (artículo 68) —cuando, como consecuencia de una médida de aseguramiento, se priva injustamente a una persona del derecho a la libertad Ahora bien, en relación con el factor de imputación c6iTespondiente a la privación injusta de la libertad, y en particular, con la interpretación que ha de recibir el adverbio "injustamente" que incorpora el artículo 68 de la Ley 270 de 1996 para que obre en armonía con el artículo 90 de la Constitución, la Corte Constitucional, con ocasión del control de constitucionalidad que soce éste hizo, denotó que él hace referencia a: "una actuación abiertamente desproporcionada y violatoria de los procedimientos legales, de forma tal que se torne evidente que la privación de la libertad no ha sido ni apropiada, ni razonada ni conforme a derecho, sino abiertamente arbitraria. Si ello no fuese así , entonces se estaría permitiendo que en todos los casos en que una pa (sana fuese privada de su lB Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SecciórTercera, Sentencia ri° 70001-2331-000-2009-00100-01, de 10 de agosto de 2016 6Expediente: 05001-23-31-000-2011-00482-01 (50975) Actor: Alvaro Sergio Rojo Arboleda y otros libertad y considerase en forma subjetiva, aún de mala fe, que su detención es injusta, procedería en forma automática la reparación de los perjuicios, con grave lesión para el patrimonio del Estado, que es el común de todos los asociados".

libertad y considerase en forma subjetiva, aún de mala fe, que su detención es injusta, procedería en forma automática la reparación de los perjuicios, con grave lesión para el patrimonio del Estado, que es el común de todos los asociados". Con ello introdujo la Corte un 'plus" en el texto del artículo 68 en comento, que debe ser observado como parte integrante del mismo. Explicó bien esta interpretación la misma Corte, en la sentencia SU 072 de 2018, en la que señaló que "la libertad, como el resto de los derechos, salvo la dignidad humana, no es absoluto, pues, justamente en cumplimiento de varias de las premisas que limitan los derechos, cuales son, el disfrute de los derechos por parte de los demás individuos y la búsqueda del bienestar general es admisible que en ciertos eventos, por supuesto excepcionalísimos, esta prerrogativa se vea limitada". Tal excepcionalidad tiene su raigambre en la fundamentalidad propia del derecho a la libertad, en cuanto medio y expresión, a un mismo tiempo, de la dignidad humana, que es el valor axial sobre el que se erige nuestro ordenamiento jurídico, y allí reside la intención que motivó la intervención del constituyente, en la libertad de configuración legislativa, de forma que delimitó el desarrollo legal de toda medida preventiva y privativa de la libertad en función de la égida de los principios de necesidad y de proporcionalidad. Pues bien, ha sido la propia Corte Constitucional el órgano que ha decantado el sentido del referido principio de necesidad en este contexto normativo. Lo hizo en la sentencia SU 072 de 2018, para decir que sólo resulta legítimo el uso de las medidas preventivas cuando éstas "sean estrictamente indispensables y

sentido del referido principio de necesidad en este contexto normativo. Lo hizo en la sentencia SU 072 de 2018, para decir que sólo resulta legítimo el uso de las medidas preventivas cuando éstas "sean estrictamente indispensables y requeridas para la obtención de fines de naturaleza constitucionaf', fines que, según la Constitución, consisten en asegurar la comparecencia del procesado, la preservación de la prueba y la protección de la comunidad, especialmente de las víctimas. El principio de necesidad, entonces, "asegura que el medio empleado resulta indispensable para alcanzar el objetivo propuesto". Lo propio hizo con referencia al principio de proporcionalidad, al indicar que éste, en un principio, está orientado :a determinar que los beneficios de adoptar las medidas sean superiores o razonablemente equivalentes a las restricciones que ellas imponen al afe'ctado." Entonces, la Subsección juzgará la juridicidad o antijuridicidad de la medida que le fue impuesta a Álvaro Sergio Rojo Arboleda, como corresponde, no solo en función de su debida legalidad, sino con estricta sujeción a estos dos principios, sin pasar por alto que la Corte Constitucional, en la última sentencia en cita, desestimó la corrección del criterio que hasta cierto tiempo atrás movió a esta Corporación a juzgar necesariamente con prescindencia de criterios subjetivos la juridicidad de las detenciones preventivas decretadas en procesos penales que culminan con absolución o decisión equivalente por (i) que el hecho no existió, (II) el sindicado no lo cometió, (iii) la conducta no constituía hecho punible, o (iv) porque no se desvirtuó la presunción de inocencia —principio in dubio pro reo-.

el sindicado no lo cometió, (iii) la conducta no constituía hecho punible, o (iv) porque no se desvirtuó la presunción de inocencia —principio in dubio pro reo-. La Corte dijo, para mejor comprensión del asunto, que "(...) una interpretación adecuada del artículo 68 de la Ley 270 de 1996, sustento normativo de la responsabilidad del Estado en estos casos, impone considerar, independientemente dé! título de atribución que se elija, si la decisión adoptada por el funcionario judicial penal se enmarca en los presupuestos de razonabilidad, proporcionalidad y legalidad", adjetivos estos que definen la actuación judicial, no el titulo de imputación. 7Expediente: 05001-23-31-000-2011-00482-01 (50975) Actor: Álvaro Sergio Rojo Arboleda y otros El daño, entendido como el menoscabo a un interésI jurídico tutelado, la parte actora lo hizo consistir en la privación de la libertad de Alvaro Sergio Rojo Arboleda, lo que esta Subsección encuentra acreditado con el archivo de la audiencia del 12 de diciembre de 2008, en la que el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Caldas, Antioquia, legalizó la captura e impuso medida de aseguramiento contra las dos personas que fueron .capturadas, el día 11 de diciembre de 2008, señalados como autores del delito de acceso carnal o acto sexual abusivo con incapaz de resistir. Así mismo, obra el archivo de la audiencia del 5 de febrero de 2009, en la que el Juzgado Promiscuo del Circuito de Caldas, Antioquia, con función de conocimiento, precluyó la investigación penal y ordenó la libertad de los procesados.

del 5 de febrero de 2009, en la que el Juzgado Promiscuo del Circuito de Caldas, Antioquia, con función de conocimiento, precluyó la investigación penal y ordenó la libertad de los procesados. Así, en el presente asunto, se encuentra demostrad que Álvaro Sergio Rojo Arboleda estuvo privado de su libertad desde el 11 de diciembre de 2008, cuando fue capturado, hasta el el 5 de febrero de 2009, cuando se ordenó su libertad en sentencia de preclusión dictada por el Juzgado Pronisuo Caldas, Antioquia. Por tanto, se encuentra acreditado que Álvaro Sergio Rojo Arboleda sufrió un menoscabo en su libertad personal por causa de la decisión cautelar adoptada por el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Caldas, Antioquia 19 , esto es, en un derecho fundamental reconocido en el artículo 28 'constitucional 20 , detrimento este que, a su vez, trae consigo padecimientos morales a los seres queridos más cercanos a quién resultó privad o 21 de su libre locomoción. En consecuencia, honró la carga de demostrar que sufrió materialmerte un daño, es decir, un menoscabo a un interés jurídicamente relevante en cabeza suya y de los demás actores. Ahora bien, para que el daño tenga carácter antijurídico, además de recaer sobre un interés tutelado por el derecho, es necesarió, verificar que no exista un título legal conforme al ordenamiento constitucionaly que justifique o que lo legitime 22 . Como se ha dicho, la antijuridicidad del daño puede ser un atributo transferido por la ahtijuridicidad de la conducta del agente que lo causá. Y, cuando de la privación

legitime 22 . Como se ha dicho, la antijuridicidad del daño puede ser un atributo transferido por la ahtijuridicidad de la conducta del agente que lo causá. Y, cuando de la privación de la libertad se trata, ello ocurre cuandoquiera que 1a autoridad que la impuso obró al margen de la normativa que determina lá competencia, los requisitos formales y procedimentales, los motivos, la necesidad o el estándar de la prueba que debe prestar fundamento a la medida restrictiva de la libertad 23 . De ahí que se torne imperiosa la ponderación de las circunstancias que rodearon su imposición, a efectos de establecer si se observó la normativa rectora del asunto, y si existía o no mérito para proferir decisiones en tal sentido. Para la época de los hechos, el artículo 297 de la Ley 906 de 2004 establecía que para la captura se requeriría orden escrita proferidál por un juez de control de 19 Información contenida en la copia del audio de la audiencia del 12 de diciembre de 2008. 20 consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 14 de abril de 2010, expediente 18960, y sentencia de unificación del 28 de agosto de 2013, expediente 25022. 21 consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia de unificación del 28 de agosto de 2014, expediente 36149. 22 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 29 de octubre de 2018, expediente 46932. 23 Ibid. 8Expediente: 05001-23-31-000-2011-00482-01 (50975)

Actor: Alvaro Sergio Rojo Arboleda y otros

expediente 46932. 23 Ibid. 8Expediente: 05001-23-31-000-2011-00482-01 (50975) Actor: Alvaro Sergio Rojo Arboleda y otros garantías con las formalidades legales y por motivo previamente definido por la ley. Para este efecto, el Fiscal que dirige la investigación debe solicitarla al juez correspondiente, presentando los elementos materiales probatorios, evidencia física o l