CE - 012331000201100489011SENTENCIASENTENCIA20230329165823

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Título
CE - 012331000201100489011SENTENCIASENTENCIA20230329165823
Autor
Consejo de Estado
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
—

Expediente: 76001-23-31-000-2011-00489-01 (52652)

Demandantes: Nelson Ortiz Morales y otros

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Magistrado Ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS

Bogotá, D.C., treinta y uno (31) de octubre de dos mil veintidós (2022) Radicado número: 76001-23-31-000-2011-00489-01 (52652)

Demandantes: Nelson Ortiz Morales y otros

Demandada: Nación — Fiscalía General de la Nación — Rama

Judicial — Rama Judicial — Dirección Ejecutiva de Administración Judicial — Departamento Administrativo de Seguridad (D.A.S.) Referencia: Acción de reparación directa

Tema: Responsabilidad del Estado por Administración de Justicia.

Subtema 1: Privación injusta de la libertad. Ley 906 de 2004. Subtema 2: Antijuricidad del daño no acreditada. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en contra de la sentencia dictada el 25 de julio de 2014 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que negó las pretensiones de la demanda. Síntesis del caso Nelson Ortiz Morales fue Gapturado el 22 de junio de 2007, en virtud de la orden expedida el 20 de mayo de 2007 por el Juzgado 13 Penal Municipal de Cali en el trámite de la investigación penal iniciada por la denuncia anónima que daba cuenta de que servidores del Departamento Administrativo de Seguridad (D.A.S.) pedían dinero a los usuarios interesados en programar una cita para la expedición del

trámite de la investigación penal iniciada por la denuncia anónima que daba cuenta de que servidores del Departamento Administrativo de Seguridad (D.A.S.) pedían dinero a los usuarios interesados en programar una cita para la expedición del certificado judicial y realizaban actuaciones irregulares con ese propósito. El Juez Segundo Penal municipal de Cali con funciones de control de garantías, en audiencia realizada el 23 de junio de 2007, declaró la legalidad de la captura del señor Ortiz Morales y le impuso medida de aseguramiento consistente en detención domiciliaria, por probablemente haber cometido los delitos de concierto para delinquir, concusión, falsedad ideológica en documento público, prevaricato por acción, revelación de secreto, abuso de función pública, prevaricato por omisión, cohecho por dar u ofrecer, falsedad personal y falsedad material en documento público, en su condición de Técnico Administrativo 315-11 del DAS, seccional del Valle del Cauca. El Juzgado Trece Penal del Circuito de Cali, el 2 de septiembre de 2009, por solicitud de la Fiscalía, decretó la preclusión de la investigación penal adelantada en contra del señor Ortiz Morales por no existir medios de prueba suficientes para expedir acusación.

II. Antecedentes 2.1. La demanda Nelson Ortiz Morales, Margarita Tascón de Tovar, quien afirmó que actuaba en su condición de suegra del señor Ortiz Morales; Sara Tovar Tascón, Esperanza TovarExpediente: 76001-23-31-000-2011-00489-01 (52652) Demandantes: Nelson Ortiz Morales y otros Tascón, Jesús Antonio Tovar Tascón, Rafael Alfonso Toyar Tascón, Alexander Tovar

Demandantes: Nelson Ortiz Morales y otros Tascón, Jesús Antonio Tovar Tascón, Rafael Alfonso Toyar Tascón, Alexander Tovar Tascón y Carlos Humberto Tovar Tascón, quienes anunciaron que acudían a este proceso como cuñados del señor Ortiz Morales; Ruth Tóvar Tascón, quien indicó ser la esposa del señor Ortiz Morales y que actúa en representación de su hija Camila Ortiz Tobar; Ana Bolena Ortiz Morales, quien aseveró que actúa en nombre propio, como hermana del señor Ortiz Morales, yen representación de sus hijas Pamela Pino Ortiz y Vanessa Pino Ortiz; Francia Nelly Ortiz Morales y Myriam Ortiz Morales, que adujeron ser las hermanas de Nelson Ortiz Morales; Angélica María Torres Ortiz, quien puso de presente su condición de sobrina del señor Ortiz Morales; Martha Lilia Ramírez de Morales, quien adujo que era la abuela de Nelson Ortiz Morales; Fanny Morales de Ramírez, Lilia Morales de Tobón y Hernán Morales Ramírez, que acuden como tíos de Nelson Ortiz Morales; Liliana Tobón Morales y Ana María Ramírez Morales, primos de Nelson Ortiz Morales, presentaron demanda, en ejercicio de la acción de reparación directa, en contra de la Nación — Fiscalía General de la Nación — Dirección Ejecutiva de Administración Judicial — Rama Judicial — Departamento Administrativo de Seguridad (D.A.S.), para que se les declare responsables por los daños derivados de la privación de la libertad domiciliaria sufrida por Nelson Ortiz Morales, y de las notas periodísticas publicadas en diferentes medios de comunicación que informaron de la vinculación del setír;k Ortiz Morales a una banda de delincuentes conformada por funcionarios públicos del D.A.S. 1 . 2.2. El trámite procesal relevante de primera instancia

comunicación que informaron de la vinculación del setír;k Ortiz Morales a una banda de delincuentes conformada por funcionarios públicos del D.A.S. 1 . 2.2. El trámite procesal relevante de primera instancia Admitida la demanda 2 , notificado el auto admisorio 3 y corridos los traslados de ley, la parte demandante presentó escrito de reforma a la demanda con el objeto de adjuntar registros civiles de nacimiento de algunos integrantes del colectivo demandante. El Tribunal, el 8 de julio de 2011, aceptó lá referida modificación. El D.A.S. 4 presentó escrito de contestación a la demanda, en el que se opuso a las súplicas de los actores y propuso la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, al estimar que no era responsable dejos hechos expuestos en la demanda. A su vez, el apoderado de la Nación, Fiscalía General de la Nación 5 , consideró que la detención preventiva estuvo ajustada a la ley procesal penal y afirmó que las autoridades judiciales son las responsables del posible daño causado a los demandantes por expedir las decisiones en el pro Ceso penal surtido en contra del señor Ortiz Morales. El apoderado de la Nación, Radia Judicia1, 6 planteó la falta de legitimación en la causa por pasiva y se opuso a las pretensiones de la parte actora al estimar que las actuaciones de los jueces en él proceso penal estuvieron ajustadas a la ley y que la medida de aseguramiento se,impuso con fundamento en pruebas legalmente obtenidas. El Tribunal, con providencia dictada el 5 de diciembre de 2011 7 , ordenó la apertura del periodo probatorio y, en consecuencia, dispuso tener como prueba los

pruebas legalmente obtenidas. El Tribunal, con providencia dictada el 5 de diciembre de 2011 7 , ordenó la apertura del periodo probatorio y, en consecuencia, dispuso tener como prueba los documentos allegados con la demanda y expedir oficio a'l Juzgado Trece Penal del Circuito de Cali para que remitiera copia auténtica del epediente penal adelantado en contra del señor Ortiz Morales, identificado bajo el número 2007-0286. En auto posterior, corrió traslado a las partes para que alegaran de conclusión y al Ministerio Acápite de pretensiones. Demanda. Folios 80 y 81. Cuaderno 1. 2 Auto admisorio de la demanda. Folios 112 y 113. Cuaderno 1. 3 Diligencias de notificación. Folios 113,116, 117 y 120. Cuaderno 1. 4 Contestación a la demanda. Folios 145 a 151. Cuaderno 1. Contestación a la Nación — Fiscalía General de la Nación. Folios 152 a 158. Cuaderno 1. 6 Contestación a la demanda de la Nación — Rama Judicial. Folios 163 a 169. Cuaderno 1. 7 Auto que abrió el periodo probatorio. Folios 176 y 177. Cuaderno 1. 2Expediente: 76001-23-31-000-2011-00489-01 (52652) Demandantes: Nelson Ortiz Morales y otros Público para que emitiera concepto 8 . Así lo hicieron la parte demandante 8 , la Nación, Rama Judicial," y la Nación, D.A.S. 11 . La Nación, Fiscalía General de la Nación, y el Ministerio Público guardaron silencio. El 24 de junio de 2014, el

Nación, Rama Judicial," y la Nación, D.A.S. 11 . La Nación, Fiscalía General de la Nación, y el Ministerio Público guardaron silencio. El 24 de junio de 2014, el apoderado del D.A.S., con motivo del proceso de supresión de ese organismo, solicitó que se reconociera a la Fiscalía General de la Nación como su sucesor procesal en este contencioso 12 . 2.3. La sentencia apelada El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por medio de sentencia dictada el 25 de julio de 2014", declaró la falta de legitimación en la causa por pasiva del D.A.S. y reconoció a la Fiscalía General de la Nación como sucesor procesal. Además, negó las pretensiones de la demanda, bajo la consideración de que el juez de control de garantías impuso la medida de aseguramiento en contra del señor Ortiz Morales, con fundamento en pruebas que acreditaban su posible participación en delitos que lesionaban los bienes jurídicos de la administración pública. Precisó que los medios de convicción no brindaban certeza de la responsabilidad penal de los imputados, pero tenían la vocación de exigir su vinculación al proceso penal, según lo dispuesto en el artículo 313 de la Ley 906 de 2004. Concluyó que el demandante era quien tenía la carga de probar que la medida privativa de la libertad se profirió con violación de los procedimientos legales. 2.4. El recurso de apelación La parte demandante interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia 14 , con el argumento de que en este caso corresponde aplicar un régimen objetivo de responsabilidad del Estado. Preciso, además, que el D.A.S.

La parte demandante interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia 14 , con el argumento de que en este caso corresponde aplicar un régimen objetivo de responsabilidad del Estado. Preciso, además, que el D.A.S. está legitimado en la causa pasiva, por tratarse de la autoridad responsable de utilizar los medios de comunicación para que las personas capturadas fueran reconocidas como delincuentes, asunto que no fue considerado en primera instancia. Indicó que la sentencia omitió el análisis integral de las pruebas del expediente que daban cuenta de que: i) el señor Ortiz Morales no cometió los delitos que se le imputaron y, ii) la Fiscalía carecía de elementos probatorios para solicitar la medida de aseguramiento. Por otro lado, adujo el desconocimiento de su derecho a la igualdad, por cuanto en otros procesos con características fácticas similares a este se dictaron fallos condenatorios. Finalmente, expresó que el a quo pasó por alto que la Fiscalía en la etapa de formulación de los cargos expuso la comisión de 20 delitos, pero en el escrito de acusación solo hizo alusión a la comisión de tres conductas punibles. 2.5. El trámite procesal relevante de segunda instancia Esta Corporación, por medio del auto proferido el 6 de agosto de 2014", admitió el recurso de apelación. En providencia posterior, corrió traslado a las partes para que presentaran alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto de fondo". La Nación, Fiscalía General de la Nación, en sus alegaciones 6 Auto que corrió traslado para alegar de conclusión en primera instancia. Folio 229. Cuaderno 1.

concepto de fondo". La Nación, Fiscalía General de la Nación, en sus alegaciones 6 Auto que corrió traslado para alegar de conclusión en primera instancia. Folio 229. Cuaderno 1. Alegatos de conclusión de la parte demandante. Folios 230 a 253. Cuaderno 1. 10 Alegatos de conclusión de la Nación — Rama Judicial. Folios 301 a 303. Cuaderno 1. 11 Alegatos de conclusión del D.A.S. Folios 304 a 311. Cuaderno 1. 12 Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3 y 18 del Decreto 4057 de 2011, prorrogado por el Decreto 2404 de 2013. Folios 342 a 346. Cuaderno 1. 13 Sentencia de primera instancia. Folios 351 a 396. Cuaderno principal. 14 Recurso de apelación. Folios 397 a 423. Cuaderno principal. 15 Auto admisorio del recurso de apelación. Folios 432 y 433. Cuaderno principal. 16 Auto que corrió traslado para alegar de conclusión. Folio 435. Cuaderno principal. 3Expediente: 76001-23-31-000-2011-00489-01 (52652) Demandantes: Nelson Ortiz Morales y otros conclusivas 17 , reiteró la postura planteada en la primera instancia. A su turno, la parte demandante" insistió en los argumentos expuestos en el recurso de apelación. La Nación, Rama Judicial, y el Ministerio Público guardaron silencio. El magistrado sustanciador, con auto fechado el 14 de enero de 2022 19 , dejó sin efectos la providencia dictada el 19 de abril de 2021 23 , que había ordenado la

El magistrado sustanciador, con auto fechado el 14 de enero de 2022 19 , dejó sin efectos la providencia dictada el 19 de abril de 2021 23 , que había ordenado la acumulación del presente proceso al que estaba radicado con el número 76001-2331-000-2010-00639-01(51658) para que continuaran el:trámite por separado. Ill. Consideraciones La Sala procede a resolver el asunto habida consideración de la competencia que le asiste para ello, dado que la Ley 270 de 1996, al prever la responsabilidad del Estado en los eventos de error jurisdiccional, defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y privación injusta de la libertad, estableció que estos asuntos serían competencia de los Tribunales Administrativos en primera instancia y del Consejo de Estado en segunda instancia, sin consideración a la cuantía 21 . En relación con el ejercicio oportuno de la acción, es menester precisar que es cierto que el accionante manifestó en la demanda su pretensión de obtener la reparación de los perjuicios derivados de dos daños antijurídicos, a saber, la privación de la libertad de Nelson Ortiz Morales y la aparición de este último en medios de comunicación que, al parecer, lo caracterizaron como ,una persona delincuente y corrupta a partir de su vinculación al proceso penal en el que se le impuso la medida restrictiva. Así, a partir de la revisión integral de los ;hechos y argumentos de la demanda es posible concluir que el daño que motivó á la parte actora a activar el aparato jurisdiccional en sede de reparación directa fue la vinculación de Ortiz Morales al proceso penal como posible coautor de delitos en contra de la administración pública, que precluyó por no constar con pruebas suficientes en su

aparato jurisdiccional en sede de reparación directa fue la vinculación de Ortiz Morales al proceso penal como posible coautor de delitos en contra de la administración pública, que precluyó por no constar con pruebas suficientes en su contra, distinto es que de esa circunstancia los demandantes pretendan el reconocimiento de los perjuicios derivados de la privación y de la exposición de su nombre en los medios de comunicación. Precisado lo anterior encuentra la Sala que la acción fue ejercida en oportunidad porque 22 : i) la medida de aseguramiento de detención domiciliaria de Nelson Ortiz Morales culminó con la decisión de preclusión dictada por el Juzgado Trece Penal del Circuito de Cali, en audiencia celebrada el 2 de septiembre de 2009, ii) la parte demandante solicitó audiencia de conciliación prejudicial el 20 de enero de 2011 23 , que resultó fallida por falta de ánimo conciliatorio, 17 Alegatos de conclusión de la Nación — Fiscalía General de la Nación. rOlOS 447 a 452. Cuaderno principal. 18 Alegatos de conclusión de la parte demandante. Folios 453 a 467. Cuaderno principal. 19 Indice 47. Certificado del sistema de gestión judicial de esta Corporación "SAMAI: E4FF2211D6165D6A 094794E235560E01 44C2C85A69ECC2FD 6006EF68F1021384C. 20 índice 33. Certificado del sistema de gestión judicial de esta Corporación "SAMAI: B386F8C51ABC6010

717E8C623A9C6C74 16F6056089D6349A 5B4D9A8B4545B3A9.

20 índice 33. Certificado del sistema de gestión judicial de esta Corporación "SAMAI: B386F8C51ABC6010 717E8C623A9C6C74 16F6056089D6349A 5B4D9A8B4545B3A9. 21 El artículo 73 de la Ley 270 de 1996, vigente para la fecha de presentadión de la demanda, fue derogado de manera expresa por el artículo 309 del CPACA, este último declarado exéquible por la Corte Constitucional en sentencia C818 de 1° de noviembre de 2011. A partir de la vigencia del CPACA, la competencia en los asuntos referidos en la Ley 270 de 1996, se rige conforme a lo previsto en el numeral 6 del artículo 152 de ese código. 22 Conforme a la jurisprudencia de esta Corporación en los eventos en los que se pretende la indemnización de los perjuicios derivados de la privación injusta de la libertad, el término de vigencia de la acción de dos años previsto en el artículo 136-8 del Código Contencioso Administrativo inicia á partir del día siguiente a la fecha de ejecutoria de la decisión penal absolutoria, de la que cesó el procedimiento o de la que declaró la preclusión de la investigación penal, pues solo a partir de ese momento el sindicado puede inferir la existencia de un daño antijurídico. (Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias de unificación de 15 de agosto de 2018 y 18 de julio de 2019, expedientes 46947 y 44572, respectivamente. En igual sentido, Sección Tercera, auto de 19 de julio de 2010, expediente 37410). " 23 Constancia de la audiencia de conciliación prejudicial. Folio 27. Cuaderno 1.

julio de 2010, expediente 37410). " 23 Constancia de la audiencia de conciliación prejudicial. Folio 27. Cuaderno 1. 4Expediente: 76001-23-31-000-2011-00489-01 (52652) Demandantes: Nelson Ortiz Morales y otros tal y como consta en certificación del 2 de marzo de 2011 y, iii) la demanda fue presentada el 5 de abril de 2011 24 . En relación con la legitimación en la causa, Nelson Ortiz Morales fue la persona que soportó la medida de detención domiciliaria que derivó en el posible daño que pretende sea reparado, por lo que se encuentra legitimado en la causa por activa. Margarita Tascón de Tovar, Sara Tovar Tascón, Esperanza Tovar Tascón, Jesús Antonio Tovar Tascón, Rafael Alfonso Tovar Tascón, Alexander Tovar Tascón y Carlos Humberto Tovar Tascón están legitimados en la causa por activa, al acreditar su condición de suegra y de cuñados de la víctima directa, con los correspondientes registros civiles de nacimiento y de matrimonio 25 . Ruth Tovar Tascón 26 , Cannila Ortiz Tobar 27 , Myriam Morales de Ortiz 28 , Myriam Ortiz Morales 2 g, Ana Bolena Ortiz Moralesx, Pamela Pino Ortiz 31 , Vanessa Pino Ortiz 32 , Martha Lilia Ramírez de Morales 33 , Fanny Morales de Ramírez 34 , Lilia Morales de Tobón 35 , Hernán Morales Ramírez 36 , Liliana Tobón Morales 37 y Ana María Ramírez Morales 38 han probado su condición de esposa, hija, madre, hermanas, sobrinas, abuela, tíos y primas de la

Ramírez 36 , Liliana Tobón Morales 37 y Ana María Ramírez Morales 38 han probado su condición de esposa, hija, madre, hermanas, sobrinas, abuela, tíos y primas de la víctima directa; motivo por el que están legitimados en la causa por activa. Ahora, los testimonios de Marco Tulio Ocampo García, José Gabriel Moreno Arguello, Diego Fernando Pino y Claudia Stella Suarezx coinciden en aseverar que Francia Nelly 24 Demanda. Folio 109. Cuaderno 1. 25 En la copia del registro civil de matrimonio entre Ruth Tovar Tascón y Nelson Ortiz, fechado el 19 de noviembre de 1996, aparece consignado que Margarita Tascón de Tovar es madre de Ruth Tovar Tascón. Folio

16. Cuaderno 1. En las copias de los registros civiles de nacimiento de Sara Tovar Tascón, con indicativo serial 4031198 y fecha de inscripción el 26 de febrero de 1996 ante la Notaría Quinta de Cali; de Jesús Antonio Tobar Tascón, con fecha de registro el 5 de enero de 1973 ante la Notaría Primera de Cali; de Carlos Humberto Tobar Tascón, con fecha de registro el 13 de mayo de 1964 ante la Notaría Segunda de Cali; de Rafael Tobar Tascón, con indicativo serial 5040010 y fecha de inscripción el 12 de diciembre de 1980 ante la Notaría Primera de Cali; y de Alexander Tobar Tacón, con fecha de inscripción el 21 de noviembre de 1971 ante la Notaría Tercera de Cali; y en la copia de la partida de nacimiento de Esperanza Tovar Tascón número 451, con fecha del 30 de enero de 1955, aparece constancia de que la madre de las referidas personas se llama Margarita

Tercera de Cali; y en la copia de la partida de nacimiento de Esperanza Tovar Tascón número 451, con fecha del 30 de enero de 1955, aparece constancia de que la madre de las referidas personas se llama Margarita Tascón. Folios 8, 17, 18, 19, 20 y 21. Cuaderno 1. 28 Con la copia del registro civil de matrimonio entre Ruth Tovar Tascón y Nelson Ortiz, fechado el 19 de noviembre de 1996, se acredita su condición de esposa de la víctima directa. Folio 16, Cuaderno 1. 27 Con la copia registro civil de nacimiento de Camila Ortiz Tovar, con indicativo serial 26266225 y fecha de inscripción el 25 de junio de 1997 ante la Notaría 17 de Cali, se acredita que es hija de Ruth Tovar Tascón y de Nelson Ortiz Tovar. Folio 12. Cuaderno 1. 28 En la copia del registro civil de matrimonio entre Ruth Tovar Tascón y Nelson Ortiz, fechado el 19 de noviembre de 1996, aparece consignado que Myriam Morales de Ortiz es madre de Nelson Ortiz Morales. Folio

16. Cuaderno 1. Situación confirmada con la copia del acta de nacimiento de Nelson Ortiz Morales registrado con fecha el 13 de septiembre de 1963 ante la Notaría Primera de Tuluá. Folio 123. Cuaderno 1. 28 Con la copia del registro civil de nacimiento de Myriam Ortiz Morales, con fecha de inscripción el 30 de marzo de 1968 ante la Notaría Tercera de Cali, se acredita que su mamá es Myriam Morales. Folio 127. Cuaderno 1.

28 Con la copia del registro civil de nacimiento de Myriam Ortiz Morales, con fecha de inscripción el 30 de marzo de 1968 ante la Notaría Tercera de Cali, se acredita que su mamá es Myriam Morales. Folio 127. Cuaderno 1. 38 En la copia del registro civil de nacimiento de Ana Bolena Ortiz Morales, fechado el 8 de julio de 1971, aparece consignado que es hija de Myriam Morales. Folio 13. Cuaderno 1. 31 En las copias auténticas de los registros civiles de nacimiento de Pamela Pino Ortiz, con indicativo serial 20328488 y fecha de inscripción el 5 de octubre de 1993 ante la Notaría Tercera de Cali, y de Vanessa Pino Ortiz, con indicativo serial 22510558 y fecha de inscripción el 3 de octubre de 1995 ante la Notaría Tercera de Cali, aparece referenciado que son hijas de Ana Bolena Ortiz. Folios 124 y 125. Cuaderno 1. 32 'bid. 33 En la copia del certificado de matrimonio entre Luciano Ortiz y Myriam Morales Ramírez, con fecha del 16 de febrero de 1958 ante la parroquia San Pedro Apostol, aparece registrado que la madre de la señora Morales Ramírez se llama Martha Lilia Ramirez. Folio 130. Cuaderno 1. 34 En la copia del registro civil de nacimiento de Ana María Ramírez Morales, con fecha del 7 de abril de 1962, queda establecido que la madre de Fanny Morales es Martha Ramírez. Folio 14. Cuaderno 1. En la copia del registro civil de nacimiento de Lilia Morales de Tobón, con fecha del 23 de septiembre de 1944, aparece referenciado que su madre es Martha Lilia Ramírez. Folio 11. Cuaderno 1.

En la copia del registro civil de nacimiento de Lilia Morales de Tobón, con fecha del 23 de septiembre de 1944, aparece referenciado que su madre es Martha Lilia Ramírez. Folio 11. Cuaderno 1. 36 En la copia del registro civil de nacimiento de Hernán Morales Ramírez, con fecha del 9 de julio de 1969 ante la Registraduria Municipal de Ansermanuevo (Valle del Cauca), aparece referenciado que su madre es Martha Lilia Ramírez. Folio 22. Cuaderno 1 37 En la copia del registro civil de nacimiento de Liliana Tobón Morales, con fecha del 25 de octubre de 1968 ante la Registraduría Municipal de Ansermanuevo (Valle del Cauca), aparece referenciado que su madre es Lilia Morales de Tobón. Folio 10. Cuaderno 1. 38 En la copia del registro civil de nécimiento de Ana María Ramírez Morales, con fecha del 7 de abril de 1962, queda establecido que su madre es Fanny Morales y su abuela es Martha Lilia Ramírez. Folio 14. Cuaderno 1. 39 Testimonios recepcionados en el proceso. Folios 399 a 409. Cuaderno 1. 5Expediente: 76001-23-31-000-2011-00489-01 (52652) Demandantes: Nelson Ortiz Morales y otros Ortiz Morales es la hermana de Nelson Ortiz Morales, y el registro civil de nacimiento de Angélica María Torres Ortiz da cuenta que ella es hija de Francia Nelly Ortiz Morales 4 °, así que está acreditada la legitimación en 'la causa por activa de las señoras Ortiz Morales y Torres Ortiz. La Nación, Fiscalía General de la Nación, representada por el Fiscal General o su delegado, en cuanto fue el órgano que solicitó la medida privativa de la libertad, y la

señoras Ortiz Morales y Torres Ortiz. La Nación, Fiscalía General de la Nación, representada por el Fiscal General o su delegado, en cuanto fue el órgano que solicitó la medida privativa de la libertad, y la Nación, Rama Judicial, representada por el Director Ejecutivo de Administración Judicial, al ser el organismo que decretó la detención por medio del juez de control de garantías, están legitimados en la causa por pasiva. También se encuentra legitimada en la causa por pasiva la Nación, Fiscalía General de la Nación, como sucesora procesal del D.A.S. 41 , en caso de que el análisis conlleve a la declaración de responsabilidad de este órgano, pues, aun cuando en primera instancia se declaró de oficio su falta de legitimación, lo cierto es que en el recurso de alzada la parte actora insistió en la responsabilidad de todos los brganismos demandados y, en concreto del D.A.S., por haber dado curso a la misión de trabajo genitora de la investigación penal. 3.1. Problemas jurídicos En atención a los argumentos de inconformidad expuestos en el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, constitutivos del marco de juzgamiento de la segunda instancia, la Sala resolverá los siguientes problemas jurídicos: ¿La medida de aseguramiento de detención domiciliaria impuesta a Nelson Ortiz Morales por el Juez Segundo Penal Municipal de Cali con funciones de control de garantías, en la audiencia concentrada celebrada el 23 de junio de 2007, en el trámite de la investigación penal iniciada por la comisión de delitos contra la administración pública imputados en su condición de Técnico Administrativo 315-11 del DAS, seccional del Valle del Cauca, constituye un daño antijurídico por contrariar

trámite de la investigación penal iniciada por la comisión de delitos contra la administración pública imputados en su condición de Técnico Administrativo 315-11 del DAS, seccional del Valle del Cauca, constituye un daño antijurídico por contrariar los principios de legalidad, proporcionalidad, razonabilidad y necesidad? En el evento de que la respuesta al anterior problema jurídico sea afirmativa, la Subsección establecerá: ¿El daño antijurídico derivado de la imposición de la medida de detención domiciliaria en contra Nelson Ortiz Morales resulta imputable a la Nación, Rama Judicial, o la atribución ha de hacerse por causa de la acción u omisión de la Fiscalía General de la Nación, o por la acción u omisión atribuible a los dos organismos? Finalmente, en caso de que se configuren los dos presupuestos necesarios para que surja la responsabilidad estatal, se estudiará la prueba atinente a los perjuicios de conformidad con la jurisprudencia de esta Corporación. 3.2. Hechos probados relevantes para la resolución de los problemas jurídicos enunciados La Sala precisa que las grabaciones de las audiencias realizadas en el proceso penal adelantado en contra del señor Ortiz Morales y las copias de los documentos simples que respaldan los hechos que se relacionan a continuación, estuvieron a 4 ° Copia del registro civil de nacimiento de Angélica María Torres Ortiz, con indicativo serial 4282895 y fecha de inscripción el 7 de abril de 1980 ante la Notaria Tercera de Cali. Folio 126. Cuaderno 1. 41 Dado que el juez de primera instancia lo vinculó al proceso y lo tuvo como sucesora procesal del D.A.S. 6Expediente: 76001-23-31-000-2011-00489-01 (52652)

41 Dado que el juez de primera instancia lo vinculó al proceso y lo tuvo como sucesora procesal del D.A.S. 6Expediente: 76001-23-31-000-2011-00489-01 (52652) Demandantes: Nelson Ortiz Morales y otros disposición de las partes en este contencioso y no fueron tachadas de falsedad, motivo por el cual constituyen medios de prueba válidos". 3.2.1. El grupo anticorrupción del DAS, en atención a una denuncia anónima presentada por correo electrónico dirigido a la Vicepresidencia de la República, que informaba sobre irregularidades en el trámite de expedición de certificados judiciales cometidas por servidores públicos de la seccional del Valle del Cauca del D.A.S., elaboró misión de trabajo fechada el 15 de agosto de 2006 para recaudar información sobre los hechos denunciados. En cumplimiento de esa misión, los investigadores asignados identificaron comportamientos irregulares al interior del D.A.S., seccional Valle del Cauca, relacionados con la asignación de citas para la expedición del certificado judicial, con el sistema de información conocido como "SIPDAS" y con la expedición de certificaciones falsas de antecedentes judiciales. En la misión de trabajo, los investigadores recaudaron las planillas de control de citas para la expedición de certificado judicial solicitadas por la red telefónica (PBX) del D.A.S., suscritas por los servidores que debían diligenciar el documento". 3.2.2. Los encargados de la misión de trabajo al interior del D.A.S. solicitaron al juez de control de garantías autorización para interceptar las líneas telefónicas habilitadas por la entidad para la asignación de citas de expedición de certificados

3.2.2. Los encargados de la misión de trabajo al interior del D.A.S. solicitaron al juez de control de garantías autorización para interceptar las líneas telefónicas habilitadas por la entidad para la asignación de citas de expedición de certificados judiciales, y los abonados . celulares de uso personal de los servidores del D.A.S., seccional Valle del Cauca, que tenían a su cargo el recibo de llamadas y la expedición del certificado". El juez de control de garantías declaró la legalidad de la interceptación de comunicaciones". 3.2.3. El Juzgado Trece Penal Municipal de Cali con funciones de

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