CE - 012331000201100566011SENTENCIA20231030184905

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Magistrado Ponente: Alberto Montaña Plata

Bogotá D.C., 6 de octubre de 2023

Radicación: 23001-23-31-000-2011-00566-01 (64506)

Actor: PAR Telecom Demandado: Rama Judicial Referencia: Acción de reparación directa

Temas: acción de reparación directa – error judicial –se configura por desconocimiento del presupuesto de la inmediatez en la acción de tutela // Error judicial – Su análisis es procedente cuando una providencia revocada produjo efectos . Intereses legales sobre la suma adeudada – su eventual reconocimiento exige, como mínimo, que se haya elevado una pretensión expresa en ese sentido

Síntesis del caso: se demanda la responsabilidad del Estado por que dentro del trámite de una acción de tutela promovida por ex empleados de Telecom contra el Patrimonio Autónomo de Remanentes de Telecom, se profirió sentencia adversa a este último, se embargaron sus cuentas y el producto del embargo se entregó a la apoderada de los accionantes. La decisión que accedió al amparo fue revocada en segund a instancia

Conoce la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la Sentencia de 28 de marzo de 2019, por medio de la cual el Tribunal Administrativo de Arauca accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda1.

Conoce la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la Sentencia de 28 de marzo de 2019, por medio de la cual el Tribunal Administrativo de Arauca accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda1.

La Sala es competente para proferir esta decisión en segunda instancia, con fundamento en la Ley 270 de 1996 (artículo 73)2.

Contenido: 1. Antecedentes; 2. Consideraciones. 3. Decisión.

1. ANTECEDENTES

Contenido: 1.1 Posición de la parte demandante; 1.2. Posición de la parte demandada; 1.3.

Sentencia de primera instancia; 1.4. Recurso de apelación.

1.1. Posición de la parte demandante

1 La parte resolutiva del fallo dispuso: “PRIMERO. DECLARAR patrimonialmente responsable a la Nación – Rama Judicial por los perjuicios que se le causaron al Patrimonio Autónomo de Remanentes -PARde Telecom y Teleasociadas en Liquidación, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva. SEGUNDO. CONDENAR a la Nación -Rama Judicial a pagarle al Patrimonio Autónomo de Remanentes -PARde Telecom y Teleasociadas en Liquidación, por perjuicios materiales de daño emergente y lu cro cesante, la suma de $6.750.865.867. TERCERO. NEGAR las demás pretensiones de la demanda. CUARTO. DECLARAR que no hay condena en costas (…)”. 2 Artículo 73 de la Ley 270 y Auto proferido por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación

TERCERO. NEGAR las demás pretensiones de la demanda. CUARTO. DECLARAR que no hay condena en costas (…)”. 2 Artículo 73 de la Ley 270 y Auto proferido por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación el 9 de septiembre de 2008, se determinó que de las acciones de reparación directa relacionados con el ejercicio de la administración de justicia conocen en primera instancia los Tribunales Administrativos y en segunda instancia el Consejo de Estado. Expediente No. 2008 00009.Radicación: 23001-23-31-000-2011-00566-01 (64506)

Actor: PAR Telecom Demandado: Rama Judicial Referencia: Acción de reparación directa Decisión: Revocar parcialmente ______________________________________________________________________________________________________________

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1. El 5 de octubre de 2011 3, el Patrimonio Autónomo de Remanentes Telecom y Teleasociadas en Liquidación , en ejercicio de la acción de reparación directa, presentó demanda contra la Nación – Rama Judicial4

en la que solicitó:

“1. Que la Nación – Rama Judicial, sea declarada responsable por los daños sufridos por el demandante fruto de error judicial cometido dentro de la acción de tutela iniciada en el Juzgado Quinto Civil Municipal de Montería por Rafael Antonio Patiño Granados y Otros contra el Patrimonio Autónomo de Remanentes”

2. Síntesis de los perjuicios reclamados:

Perjuicios materiales

-$4.621’627.181 “actualizados desde el 1 de julio de 2009 hasta la fecha de su pago efectivo”. -“Los intereses bancarios corrientes que generaban los anteriores dineros

Perjuicios materiales

-$4.621’627.181 “actualizados desde el 1 de julio de 2009 hasta la fecha de su pago efectivo”. -“Los intereses bancarios corrientes que generaban los anteriores dineros mientras estaban en la cuenta de la convocante, contabilizados desde el 1 de julio de 2009 hasta la fecha de pago definitivo” -“Los intereses de mora ” sobre $4.621’627.181, “calculados desde el 2 de julio de 2009 (día siguiente a la fecha de entrega de lo s dineros embargados) hasta la fecha efectiva de pago total”.

3. Como fundamentos de hecho5 relevantes que fundamentaron las

pretensiones, la parte actora afirmó:

4. 1) El 30 de diciembre de 2005, el liquidador de Telecom en Liquidación y Teleasociadas en Liquidación (Fiduciaria la Previsora), celebró un contrato de fiducia mercantil con el Consorcio Remanentes Telecom ( conformado por Fiduagraria S.A. y Fiduciaria Popular S.A.) para la constitución del “Patrimonio Autónomo de Remanentes Telecom y Teleasociadas en Liquidación – PAR”6 (en adelante PAR).

5. 2) En ejercicio de sus funciones el PAR, “…tenía depositados dineros en cuentas bancarias para atender obligaciones a su cargo” , los cuales quedaron afectados con una medida cautelar de embargo, decretado por el Juzgado 5 Civil Municipal de Montería en el trámite de una acción de tutela.

6. 3) Esta última acción fue promovida por 13 personas, que alegaron el pago de salarios dejados de percibir desde su despido injusto de Telecom,

el Juzgado 5 Civil Municipal de Montería en el trámite de una acción de tutela.

6. 3) Esta última acción fue promovida por 13 personas, que alegaron el pago de salarios dejados de percibir desde su despido injusto de Telecom, pues afirmaron que tenían fuero sindical . Con la demanda de tutela,

3 Folio 194 del cuaderno 1. 4 Folio 2 del cuaderno 1. 5 En la forma en que quedaron tras la reforma de la demanda (fl. 188-189 y 200-206). 6 PAR cuya finalidad, según se afirmó en la demanda, era: “…la administración y enajenación de los activos no afectos a la prestación del servicio; la administración, conservación, custodia y transferencia de los archivos; la atención de las obligaciones remanentes y contingentes, así como de los procesos judiciales, arbitrales o reclamaciones en curso al momento de terminación de los procesos liquidatorios”.Radicación: 23001-23-31-000-2011-00566-01 (64506)

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anexaron una liquidación de los supuestos perjui cios, que ascendían a $4.622’517.884, y pidieron que se embargaran las cuentas del PAR por esa cuantía. 7. 4) El Juzgado 5 Civil Municipal de Montería, por sentencia de tutela de 16 de junio de 2009 , accedió al amparo constitucional y a las peticiones y allí ordenó el embargo de las cuentas bancarias del PAR, pues consideró

7. 4) El Juzgado 5 Civil Municipal de Montería, por sentencia de tutela de 16 de junio de 2009 , accedió al amparo constitucional y a las peticiones y allí ordenó el embargo de las cuentas bancarias del PAR, pues consideró que el despido había sido injusto al no haberse levantado de manera previa el fuero sindical. Ordenó la entrega a la apoderada de los accionantes del título judicial 427030000207810 por $4.621’627.181.

8. 5) El 27 de julio de 2009, el Juzgado 3 Civil del Circuito de Montería resolvió el recurso de apelación contra el fallo de tutela de primera instancia y la revocó en todas sus partes, pues no se cumplía con el presupuesto de la inmediatez y subsidiariedad; también ordenó el levantamiento de las medidas cautelares. El 1 de junio de 2010, el Juzgado 5 Civil Municipal de Montería informó que los dineros embargados fuer on entregados a la apoderada de los accionantes. La Corte Constitucional, “por decisión comunicada el 8 de octubre de 2009” no seleccionó el asunto para revisión.

9. 6) La Contraloría General de la República en un Informe de Auditoría de 2010, indicó que se debían emprender las acciones necesarias para la restitución de ese dinero.

10. En el apartado de fundamentos de derecho, la parte actora afirmó:

1. Que hubo una ilegalidad al decretar embargos en el trámite de la acción de tutela, pues tal medida no estaba enlistada dentro de las previstas para hacer cumplir las decisiones de tutela ; 2. Que la entrega anticipada que ,

1. Que hubo una ilegalidad al decretar embargos en el trámite de la acción de tutela, pues tal medida no estaba enlistada dentro de las previstas para hacer cumplir las decisiones de tutela ; 2. Que la entrega anticipada que , de las sumas embargadas al PAR , se les hizo a los accionantes era antijurídica, pues no había culminado en forma definitiva el trámite de la acción; y 3. Que esta última era “abiertamente improcedente”, pues no se observaron los principios de inmediatez y subsidiariedad.

1.2. Posición de la parte demandada

11. La Rama Judicial alegó frente a la demanda y su reforma que las actuaciones de los jueces de tutela “fueron ajustadas en su medida a las normas que regulan el tratamiento de la acción de tutela”, en particular, al Decreto 2591 de 1991, que prevé la posibilidad de que el juez ordene medidas provisionales para proteger un derecho, a la vez que dispone que el cumplimiento del fallo de primera instancia es inmediato (excepción de “Falta de causa para demandar”). Alegó, además, que la entidad absuelta en segunda instancia, tenía la posibilidad de “repetir contra las personasRadicación: 23001-23-31-000-2011-00566-01 (64506)

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que en un principio se vieron beneficiadas, a fin de recuperar lo pagado”7.

1.3. Sentencia de primera instancia

12. El Tribunal Administrativo de Arauca accedió parcialmente a las

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que en un principio se vieron beneficiadas, a fin de recuperar lo pagado”7.

1.3. Sentencia de primera instancia

12. El Tribunal Administrativo de Arauca accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. Consideró que, a partir del contenido de la Sentencia de 27 de junio de 2009, en la que el Juzgado 3 Civil del Circuito de Montería revocó la sentencia acá cuestionada, se ponía en evidencia el error judicial en el que incurrió el Juzgado 5 Civil Municipal de Montería al proferir su decisión de 16 de junio de 2009 porque: 1. no examinó los presupuestos de subsidariedad e inmediatez propios de la acción de tutela; 2. tuvo por ciertas unas acreencias laborales y le dio crédito a las liquidaciones un ilaterales presentados por quienes promovieron la acción de tutela; y 3. utilizó en forma equivocada y apresurada la medida cautelar.

13. Como indemnización de perjuicios, el Tribunal reconoció: 1. el pago de la suma que el PAR Telecóm pagó por orden del Juzgado 5 Civil Municipal ($4.621.627.181), que reconoció indexada a la fecha de su sentencia ($6.553’836.554); el interés legal civil (6% anual) , pero solo por 6 meses, suma que reconoció asimismo actualizada a la fecha del fallo

($197’.029.313)

1.4. Recursos de apelación y trámite relevante en segunda instancia

14. Apelación de la Rama Judicial . Alegó que : 1) “…las actuaciones adelantadas en las instancias respectivas por el juzgado de conocimiento

1.4. Recursos de apelación y trámite relevante en segunda instancia

14. Apelación de la Rama Judicial . Alegó que : 1) “…las actuaciones adelantadas en las instancias respectivas por el juzgado de conocimiento fueron ajustadas en su medida a las normas que regulan el tratamiento de la acción de tutela…” . 2) El Decreto 2591 de 1991, dispone que el recurso de apelación en materia de fallos de tutela se concende en el efecto devolutivo, de modo que el daño no podía considerarase antijurídico en la medida en que esa norma tiva ordenaba el cumplimiento inmediato del fallo de primera instancia, “…imposibilitando al juzgador la posibilidad de suspender sus efectos, y contemplando como única medida en caso de revocatoria, la cesación de los efectos del fallo y la facultad de qu e la entidad absuelta en últimas repita contra las personas que en un principio se vieron beneficiadas”.

15. 3) En línea con lo anterior, aseveró que la parte actora tenía la posibilidad de demandar al Juez que prefirió la decisión de la que se predica el error. Al respecto, precisó que ese funcionario había sido

7 Folio 339-352 y 361-362 del cuaderno 1.Radicación: 23001-23-31-000-2011-00566-01 (64506)

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condenado penalmente y, además, condenado al pago a favor de la víctima del delito (PAR Telecom) al pago de $4.621’627.18, de manera que

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condenado penalmente y, además, condenado al pago a favor de la víctima del delito (PAR Telecom) al pago de $4.621’627.18, de manera que el acá demandante , concluyó, “está pidiendo un resarcimiento que ya le fue otorgado dentro del proceso penal (…) por lo que al solicitar otro resarcimiento patrimonial estaríamos frente a un enriquecimiento sin causa”.

16. 4) Por último, indicó que la existencia de criterios entre las sentencia s de tutela de primera y segunda instancia, no implicaba necesariamente la existencia de un error judicial , ya que la decisión revocada era jurídicamente admisible, pues contaba con sustento jurídico y probatorio.

17. Apelación de la parte demandante. Alegó que:

18. 1) En relación con el pago de intereses, la limitación en el tiempo por el cual fueron reconocidos en el fallo de primera instancia (6 meses) , es contraria al ordenamiento jurídico porque: 1. existe una presunción de derecho en el artículo 1617 del Código Civil que no limita temporalmente el derecho a la indemnización ; 2. desconocía el principio de reparación integral y 3. descarga en la víctima la mora de la justicia administrativa.

19. Por Auto de 22 de enero de 2020, se decretaron las pruebas solicitadas por ambas partes en segunda instancia. Sobre su alcance se pronunciará la Sala en la parte considerativa de esta decisión.

2. CONSIDERACIONES

Contenido: 2.1. Presupuestos procesales y decisión a adoptar ; 2.2. Análisis sustantivo 2. 3.

Sala en la parte considerativa de esta decisión.

2. CONSIDERACIONES

Contenido: 2.1. Presupuestos procesales y decisión a adoptar ; 2.2. Análisis sustantivo 2. 3.

Sobre la condena en costas.

2.1. Presupuestos procesales y decisión a adoptar

20. La Sala se pronunciará sobre el fondo del asunto, toda vez que encuentra reunidos los presupuestos para dictar Sentencia, al ser la de reparación directa la acción procedente para buscar la declaratoria de responsabilidad por los daños causados por error judicial; además, porque la acción se promovió de manera oportuna8.

8 Se entiende que la parte demandante solicitó que se la indemnizara por el error judicial contenido en la Sentencia de 16 de junio de 2009, proferida por el Juzgado 5 Civil Municipal de Montería, por medio del cual se accedió a las pretensiones elevadas en una acción de tutela y se ordenó el embargo de cuentas bancarias del PAR. En consecuencia, el plazo de caducidad tiene como referent e la providencia de 27 de julio de 2009, proferida por el Juzgado 3 Civil del Circuito de Montería, que revocó la decisión que se alegó incursa en error judicial, providencia que se le notificó a las partes el mismo día en que fue proferida, por lo que su ejecutoria se dio el 30 de julio de ese año. La caducidad de la acción quedaría completa el 31 de julio de 2011. Con ocasión

de la solicitud de conciliación extrajudicial, la caducidad se suspendió entre el 28 de julio de 2011 y el 5 de octubre de 2011 (por 69 días), de manera que el plazo para promover la acción se extendió hasta el 3 de diciembre de

2011. La demanda fue presentada el 5 de octubre de ese año, por lo que se promovió en tiempo.Radicación: 23001-23-31-000-2011-00566-01 (64506)

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21. En esta sentencia, la Sala revocará parcialmente la decisión apelada en la medida en que: 1) En relación con el recurso de apelación de la parte demandada, existe prueba del daño alegado y de que es imputable a la Rama Judicial a título de error judicial . 2) A propósito de la apelación del PAR Telecom, quien solicita el reconocimiento de intereses legales sobre la suma que se le embargó, la Sala se abstendrá de reconocerlos por que no fueron solicitados en la demanda, motivo por el cual el reconocimiento que de ellos se hizo en el fallo apelado era improcedente y , en este sentido, se revocará la decisión apelada. 3) Por último, la Sala actualizará el valor de la condena.

2.2. Análisis sustantivo

2.2.1. Apelación de la parte demandada

22. Dado que el objeto de la reparación directa es indemnizar un daño antijurídico, en este caso, a partir del expediente que contiene la acción de tutela a que se refieren los hechos de la demanda, documento que fue

22. Dado que el objeto de la reparación directa es indemnizar un daño antijurídico, en este caso, a partir del expediente que contiene la acción de tutela a que se refieren los hechos de la demanda, documento que fue incorporado al proceso con la demanda y que el Tribunal decretó como prueba, está demostrado que , con ocasión de una acción de tutela promovida por 13 ex trabajadores de Telecom9, por Sentencia de 16 de junio de 2009 el Juzgado 5 Civil Municipal de Montería , y con el fin “…de que el efecto del presente fallo no sea ilusorio” ordenó el embargó de dineros en cuantía “correspondiente a las liquidaciones anexas a la presente acción”10, medida que se materializó por la suma de $4.621’627.181 de propiedad del PAR Telecom; existe asimismo prueba de que las sumas embargadas fueron entregadas a la apoderada judicial de los accionantes el 30 de junio de 2009 11, día en el que el Juzgado tomó expresamente esa determinación12.

9 Rafael Patiño Granados; Ángel Tribiño Álvarez; César Ortiz Gómez; Wayne Duffis Britton, Julio Peñaranda Iguarán; Jaime Aragón Roys; Olga Peralta Deluque; Dolka Maestre Córdoba; Eucadys Kujia Guerra; Julio Vega Ramírez; Crisanto Mendoza Plata; Aura Griego Iguarán y Alidis Gneco Movil. 10 Folio 552 del cuaderno anexo 3. 11 Con la demanda, se acompañó el documento “Comunicación de la orden de pago depósitos judiciales” , expedida por el Juzgado 5 Municipal de Montería el 30 de junio de 2009, en el que se le ordenaba al Banco Agrario

11 Con la demanda, se acompañó el documento “Comunicación de la orden de pago depósitos judiciales” , expedida por el Juzgado 5 Municipal de Montería el 30 de junio de 2009, en el que se le ordenaba al Banco Agrario de Colombia el pago a Stefanie Córdoba Almentero (apoderada de los accionantes) de $4.621’627.181, correspondientes al depósito 427030000207810 (fl. 178 del cuaderno 1); también se acompañó un documento expedido por el Banco Agrario de Colombia, en el que se verifica que esa suma fue entregada a la beneficiaria así: $100.000.000 en efectivo y un abono por $4.521.627.181 a su cuenta de ahorros (fl. 180), que tenía en ese mismo Banco, cuenta de la que se allegó un histórico de movimi entos entre abril y junio de 2009 en el que, en efecto, consta que el 30 de junio se realizó un depósito por esa cantidad. Además, dentro de las pruebas que se decretaron, al proceso se acompañó información expedida por el Banco Popular, que pone en eviden cia que, dando alcances al Oficio 1805 del 17 de junio de 2009, del Juzgado 5 Civil Municipal del Montería, de la cuenta 110062174602 a nombre de “Fiduagraria PA REMANENTE TELECOM SERVICIOS”, el 22 de junio de 2009 se consignó a órdenes de ese juzgado la suma de $4.621’627.181 (cfr. fl. 415-417 y 419) 12 Ese día, el Juzgado se pronunció sobre 2 solicitudes elevadas por las partes: un escrito presentado por el PAR Telecom en el que solicitaba que no se tuvieran en cuenta las liquidaciones aportadas por los accionantes y una

12 Ese día, el Juzgado se pronunció sobre 2 solicitudes elevadas por las partes: un escrito presentado por el PAR Telecom en el que solicitaba que no se tuvieran en cuenta las liquidaciones aportadas por los accionantes y una solicitud elevada por la apoderada de los accionantes, en la que, invocando el fallo de primera instancia favorable a los accionantes y el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, se le entrega del depósito correspondiente a las sumas que h abían sido embargadas. El Juzgado no tuvo en cuenta las objeciones elevadas por la parteRadicación: 23001-23-31-000-2011-00566-01 (64506)

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23. Aunque se demostró que la sentencia en la que se soportó ese pago fue revocada en apelación por el Juzgado 3 Civil del Circuito en decisión de 27 de julio de 2009 , esta Corporación ha reconocido que, ante la posibilidad de que una decisión que no está en firme , sin embargo, surta efectos, los daños que eventualmente cause su cumplimiento, como acá sucedió, deben ser examinados a partir de los presupuestos del error judicial13.

24. Ante la decisión de establecer la existencia de un error judicial, la Rama Judicial replicó: 1. que el daño no era antijurídico, en la medida en que la entrega de las sumas de propiedad del PAR se realizó porque e l Decreto 2591 de 1991, dispone que el recurso de apelación en sentencias de tutela se concende en el efecto devolutivo, de modo que el Juzgado no

que la entrega de las sumas de propiedad del PAR se realizó porque e l Decreto 2591 de 1991, dispone que el recurso de apelación en sentencias de tutela se concende en el efecto devolutivo, de modo que el Juzgado no podía de suspender los efectos del fallo; 2) que la existencia de distintos criterios entre las sentencia de tutela de primera y segunda instancia dentro de la acción de tutela , no implicaba la existencia de un error judicial y 3) que el PAR tenía la posibilidad de demandar al Juez que profirió la decisión de la que se predica el error, funcionario que, por demás, fue condenado penalmente a favor del PAR al pago de $4.621’627.18, por lo que era improcedente buscar, por la vía de la reparación directa, un resarcimiento que ya le había sido otorgado en el marco del proceso penal.

25. Expuesto lo anterior, la Sala se pronunciará frente a los puntos del recurso. 1) Sobre la alegada juridicidad del daño. No es cierto que la parte actora estaba en el deber de soportar lo por el hecho de que el ordenamiento jurídico dispo nga que las sentencias de tutela deben ser cumplidas a pesar de que contra ellas se interpongan recursos.

26. En este caso, l a parte actora alegó que el fallo proferido por el Juzgado 5 Civil Municipal de Montería estaba incurso en errror judicial .

Acreditado que esa decisión configuró un error judicial, en la medida en

demandada por extemporáneas y, en punto a la solicitud de entrega de la suma embargada, consideró: “…atendiendo los criterios básicos y fundamentales de celeridad, efi ciencia y economía procesal, se dispone la

demandada por extemporáneas y, en punto a la solicitud de entrega de la suma embargada, consideró: “…atendiendo los criterios básicos y fundamentales de celeridad, efi ciencia y economía procesal, se dispone la entrega del título judicial solicitado por la apoderada de los accionantes, el levantamiento de la medida cautelar decretada y demás medidas pertinentes y conducentes”. Folio 581-612 del cuaderno anexo 1. 13 En los casos en los que se alega un error judicial provocado por una decisión judicial que no cobra firmeza porque es revocada, (como acá sucedió), esta corporación ha asumido dos posturas en las que, en todo caso, se ha resuelto estudiar de fondo el respectivo asunto. “La primera, señala que, aunque no procede el estudio del error judicial, por falta de un presupuesto, sí debe estudiarse si existió o no una falla en el servicio de administración de justicia. La segunda, argumenta que, el hecho de que hubie ra producido efectos y con ello un daño cierto, constituye razón suficiente para estudiar el error judicial pues exigir la firmeza, por ejemplo, en las sentencias de tutela que se ejecutaron sin cobrar firmeza contraría la finalidad de la disposición” (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 11 de octubre de 2021, 250002326-000-2009-00554-01 [48443]). Expuesto lo anterior, la Ley Estatutaria de Administración de Justicia (270 de 1996) estableció los títulos por los cuales debe responder el Estado ante una acción de uno de sus agentes, por lo que la Sala se sujetará a ello

[48443]). Expuesto lo anterior, la Ley Estatutaria de Administración de Justicia (270 de 1996) estableció los títulos por los cuales debe responder el Estado ante una acción de uno de sus agentes, por lo que la Sala se sujetará a ello y estudiará si, en la decisión judicial cuestionada por la parte demandante, se incurrió en error judicial. Respecto de la falta d e firmeza de la decisión, la Sala comparte lo ya expuesto por esta Corporación, esto es, que la interpretación de esa disposición no puede ser aquella en la que la ausencia de la firmeza formal impida el estudio cuando una decisión se ha ejecutado, ha producido efectos y ha causado un daño cierto.Radicación: 23001-23-31-000-2011-00566-01 (64506)

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que la acción de tutela era improcedente (como se verá más adelante cuando la Sala se pronuncie de fondo sobre el error judicial ) no podría sostenerse que el daño que ese fallo le acarreó a la parte actora, tenía que soportarlo porque la normativa que desarrolló la acción de tutela hubiera previsto que la orden de tutela tiene un cumplimiento inmediato14.

27. El supuesto de responsabilidad legalmente previsto por el ordenamiento es el error judicial y por este supuesto está llamado a responder el Estado , incluso, en los eventos en los que , a pesar de ser revocada con posterioridad, la decisión haya producido efectos. La Rama Judicial no puede , entonces, pretender exonerarse de res ponsabilidad

responder el Estado , incluso, en los eventos en los que , a pesar de ser revocada con posterioridad, la decisión haya producido efectos. La Rama Judicial no puede , entonces, pretender exonerarse de res ponsabilidad aduciendo que el Decreto 2591 de 1991 de la acción de tutela le imponía al juez el cumplimiento de la decisión cuestionada . La posibilidad de que decisiones que no están en firme puedan ser ejecutadas, presupone o parte del entendido de que se trata de decisiones ajustadas al ordenamiento; las que no lo sean y , sin embargo, exista la posibilidad de que , por la forma o efecto en el que se concede el recurso, se ejecuten, en perjuicio de alguna de las partes, pueden dar lugar a indemnizaciones si empre que se compruebe la existencia de un error judicial y de los demás presupuestos de la responsabilidad del Estado . No es cierto, en conclusión, que el demandante tenía que soportar el daño, o que la Rama Judicial estaba relevada de repararlo, por el hecho de que el Juez no tenía opción distinta que la de hacer cumplir sus determinaciones.

28. 2) En relación con la alegada in existencia de un error judicial , el Tribunal Administrativo de Arauca concluyó que la sentencia de tutela de 16 de junio de 2009 sí incurrió en error, conclusión a la que llegó con soporte en los razonamientos del fallo de tutela de segunda instancia proferido por el Juzgado 3 Civil del Circuito de Montería que revocó la decisión . Así, determinó del mismo modo que aquella autoridad , que el Juzgado 5 Civil Municipal de Montería no verificó el cumplimiento de los presupuestos de subsidiariedad e inmediatez y erró al avalar las liquidaciones de los

determinó del mismo modo que aquella autoridad , que el Juzgado 5 Civil Municipal de Montería no verificó el cumplimiento de los presupuestos de subsidiariedad e inmediatez y erró al avalar las liquidaciones de los supuestos créditos laborales presentadas con la demanda de tutela , que utilizó como referente para la imposición de la medida cautelar.

29. Si bien es cierto que la revocatoria de una decisión judicial no es condición necesaria , mucho menos suficiente para que se configure el supuesto de responsabilidad del Estado por error judicial en relación con la providencia revocada, considera la Sala que, en este caso, al resolver la acción de tutela en primera instancia (decisión que, valga precisarlo, fue la

14 El artículo 31 del Decreto 2591 de 1991 dispone: “Impugnación del fallo. Dentro de los tres días siguientes a su notificación el fallo podrá ser impugnado por el Defensor del Pueblo, el solicitante, la autor idad pública o el representante del órgano correspondiente, sin perjuicio de