CE - 012331000201100660011SENTENCIA20230621205620

Radicado: 50001-23-31-000-2011-00660-01 (63618)

Demandantes: Uber Ortiz Zapata y otros

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ

Bogotá D.C., veintiuno (21) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Reparación directa Radicación: 50001-23-31-000-2011-00660-01 (63618)

Demandantes: Uber Ortiz Zapata y otros

Demandados: Fiscalía General de la Nación y Rama Judicial

Tema: Privación de la libertad . Se revoca la decisión de negar las pretensiones de la demanda y, en su lugar, se condena a la Fiscalía y a la Rama Judicial a reparar el daño causado por la privación de la libertad de la víctima directa porque se demostró la ilegalidad de la medida de aseguramiento. Se confirma la decisión de negar la reparación del daño causado por las aflicciones de salud que sufrió la víctima directa, porque esta decisión no fue recurrida.

SENTENCIA

Verificada la inexistencia de irregularidades que invaliden la actuación, la Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia dictada el 6 de diciembre de 2018 por el Tribunal Administrativo de l Meta, que negó las pretensiones de la demanda.

La Sala es competente para proferir esta providencia por tratarse de un recurso de apelación interpuesto en vigencia de la Ley 270 de 1996 contra una sentencia

Meta, que negó las pretensiones de la demanda.

La Sala es competente para proferir esta providencia por tratarse de un recurso de apelación interpuesto en vigencia de la Ley 270 de 1996 contra una sentencia proferida en primera instancia por un tribunal, dentro de un proceso de reparación directa por hechos de la administración de justicia.

El recurso de apelación fue admitido mediante auto del 10 de abril de 20191. Se corrió traslado para alegar de conclusión el 22 de mayo de 20192; la Fiscalía presentó sus alegatos, la Rama Judicial y la parte actora gua rdaron silencio; el Ministerio Público no rindió concepto.

I. ANTECEDENTES

A. Posición de la parte demandante

1.- La demanda que dio origen al proceso fue interpuesta el 18 de noviembre de 2011 por Uber Ortiz Zapata (víctima directa) y su grupo familiar. Se dirigió contra

1 Fl.315, cuaderno principal. 2 Fl.317, cuaderno principal.Radicado: 50001-23-31-000-2011-00660-01 (63618)

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la Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial para obtener la reparación por el daño causado por la privación injusta de la libertad a la que fue sometid o el citado demandante entre el 20 de agosto de 2006 y el 19 de septiembre de 20093, es decir por un término de tres (3) años y un (1) mes. En el proceso penal se le imputaron los delitos de hurto agravado, concierto para delinquir y extorsión.

2.- En la demanda se formularon las siguientes pretensiones:

se le imputaron los delitos de hurto agravado, concierto para delinquir y extorsión.

2.- En la demanda se formularon las siguientes pretensiones:

«(…) a. DECLARACIONES:

Se DECLARE ADMINISTRATIVAMENTE RESPONSABLE a LA NACIÓNFISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN - RAMA JUDICIAL-, de la totalidad de los perjuicios causados a UBER ORTIZ ZAPATA, quien fuera injustamente privado de su libertad, a su compañera permanente DINA MILENA CALDERÓN GUERRERO, a sus hijos: SANTIAGO ORTIZ CALDERON y JACOBO CASTRO CALDERON, a su progenitora: MARIA LILIA ZAPATA RICAURTE, y a la hermana (…): LILIANA MARIA ORTIZ ZAPATA, por error judicial e injusta privación de la libertad, ocurrida esta desde el día 20 (…) de agosto del año 2006, y hasta el día 19 de (…) septiembre del año 2009 (…) fecha en la que recobró su libertad (…) por haberse mantenido subjúdice hasta el día que obtuvo su libertad, es decir, por espacio de más de 37 meses, hasta el día 15 de octubre4 de 2009, fecha en que la Sala Penal del Tribunal Superior de Villavicencio (…) emitió sentencia de segunda instancia absolutoria dando aplicación al principio (…) del indubio pro reo, por cuanto (…) la Fiscalía General de la Nación y la Rama Judi cial, no demostraron su responsabilidad en la comisión de las conductas punibles que le fueron enrostradas a lo largo del proceso penal (…) decisión esta que surtió ejecutoria el día 3 de noviembre de 2009.

b. CONDENAS:

Que como consecuencia de haber declarado administrativamente responsable a

fueron enrostradas a lo largo del proceso penal (…) decisión esta que surtió ejecutoria el día 3 de noviembre de 2009.

b. CONDENAS:

Que como consecuencia de haber declarado administrativamente responsable a la NACIÓN - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN - RAMA JUDICIAL-, se les CONDENE, como reparación del daño ocasionado a pagar a los actores o a quien (…) sus derechos representen, los perjuicios morales, materiales y el d año a la vida en relación, lo que solicito sea pagado de la siguiente manera:

II.- DAÑO SUBJETIVO O PERJUICIO MORAL: Entre el agraviad o UBER ORTIZ ZAPATA, su compañera permanente DINA MILENA CALDERON GUERRERO, sus hijos: SANTIAGO ORTIZ CALDERON y JACOBO CASTRO CALDERON, su progenitora: MARIA LILIA ZAPATA RICAURTE, y su hermana: LILIANA MARIA ORTIZ ZAPATA, siempre existió y aún persisten relaciones de solidaridad, afectividad, convivencia, cercanía, ayuda mutua, hermandad, circunstancias estas que unidas al grado de parentesco, nos permiten inferir el dolor o daño moral que se reclama, producido por su injusta detención o privación efectiva de la libertad, por el término de más de 37 meses (…) cuando finalmente fue absuelto por la administración de justicia, da ño que reclamo así:

Para UBER ORTIZ ZAPATA (…) y DINA MILENA CALDERON GUERRERO, compañera permanente del afectado, el equivalente cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes, para cada uno.

reclamo así:

Para UBER ORTIZ ZAPATA (…) y DINA MILENA CALDERON GUERRERO, compañera permanente del afectado, el equivalente cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes, para cada uno.

3 De conformidad con las fechas señaladas en las pretensiones de la demanda. 4 La sentencia absolutoria es del 15 de septiembre de 2009.Radicado: 50001-23-31-000-2011-00660-01 (63618)

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Para sus hijos: SANTIAGO ORTIZ CALDERON y JACOBO CASTRO CALDERON, el equivalente a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes, para cada uno.

Para MARIA LILIA ZAPATA RICAURTE, progenitora del afectado, el equivalente a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Para LILIANA MARIA ORTIZ ZAPATA, en su ca lidad de hermana del afectado, el equivalente a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

III.- DAÑO A LA VIDA DE RELACIÓN: La suma de cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes para la fecha de la sentencia o del auto que los liquide, para cada uno de los demandantes en este asunto (…)

IV.DAÑO OBJETIVO O PERJUICIOS MATERIALES: Lo calculo en suma superior a los treinta y cinco (35) millones de pesos ($35.000.000,00), que deberán ser pagados en la modalidad de daño emergente y lucro cesante a UBER ORTIZ ZAPATA, o a quien sus derechos represente.

Lo calculo en suma superior a los treinta y cinco (35) millones de pesos ($35.000.000,00), que deberán ser pagados en la modalidad de daño emergente y lucro cesante a UBER ORTIZ ZAPATA, o a quien sus derechos represente.

El daño emergente está representado fundamentalmente por los costos en el pago de honorarios al profesional del derecho (…) HERNAN BARRETO MORENO, quien asumió la defensa penal en etapa del juzgamiento y obtuvo la sentencia absolutoria, por valor de QUINCE MILLONES DE PESOS ($15.000.000), conforme a certificación que en tal sentido anexo.

El (…) lucro cesante está dado por los más de 37 meses que sufrió la detención preventiva intramural, el señor UBER ORTIZ ZAPATA, tiempo durante el cual no pudo ejercer su actividad como trabajador en el área del comercio en los llanos orientales, lo que le reportó pérdidas mensuales por valor del equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente más sus primas, vacaciones, etc, y conllevó a una situación caótica a su núcleo familiar, pues al no percibir (…) ingresos para su manutención y cuidado, éstos padecieron graves perjuicios en el campo familiar, social, etc (…)

Que se condene a la entidad demandada al pago de costas y gastos de este proceso (…)

V.- PAGO DE INTERESES LA NACIÓN - MINISTERIO DE JUSTICIA - FISCALÍA GENERAL DE LA

NACIÓN, DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, TESORERÍA NACIONAL, o entidad obligada al pago, cancelará intereses por la totalidad del capital o suma

NACIÓN, DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, TESORERÍA NACIONAL, o entidad obligada al pago, cancelará intereses por la totalidad del capital o suma ordenada como pago de los perjuicios ocasionados (…) a cada uno de los actores o a quienes representen sus derechos al momento de la providencia, por los primeros seis (6) meses intereses comerciales, a partir de la ejecutoria de la providencia, pasado este tiempo intereses moratorios (…)»

3.- A partir de lo afirmado en la demanda y de las piezas del proceso penal allegadas por la parte actora, se extrae que:

3.1.- La investigación penal t uvo su origen en la denuncia que presentó Alcira Díaz de Gutiérrez el 4 de diciembre de 2004 ante la Sala de Denuncias de la SIJIN del Departamento de Policía del Meta. Según la denunciante, su hermano la llamó y le informó que miembros de las AUC ingresaron a un predio deRadicado: 50001-23-31-000-2011-00660-01 (63618)

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propiedad de su hijo y hurtaron 16 semovientes y maquinaria agrícola que se llevaron en un camión . Posteriormente, la denunciante amplió su denuncia en varias ocasiones y afirmó que dos hombres la citaron en el municipio de Puerto López para negociar la restitución de parte de los semovientes a cambio de que retirara la denuncia ; que en otra oportunidad le exigieron que firmara un documento para cederle el predio de su hijo a las AUC, como pago de una deuda

López para negociar la restitución de parte de los semovientes a cambio de que retirara la denuncia ; que en otra oportunidad le exigieron que firmara un documento para cederle el predio de su hijo a las AUC, como pago de una deuda que este tenía con el grupo armado por quinientos millones de pesos ($500.000.000) y que, pese a que la obligaron a firmar el documento, nunca le restituyeron los semovientes. De acuerdo con la denunciante, se reunió con un señor que se presentó como «Uber», quien estaba acompañado por otro señor conocido como alias «Antonio» que era paramilitar.

3.2.- El 15 de diciembre de 2004 la Fiscalía Sexta Delegada ante los Jueces Penales Municipales de Villavicencio profirió resolución de apertura de investigación para determinar e identificar a los autores o partícipes del delito de hurto.

3.3.- El 11 de mayo de 2005 la Fiscalía Novena Especializada Delegada ante los Juzgados Penales del Circuito Especializados de Villavicencio profirió resolución de apertura de instrucción contra el demandante Uber Ortiz Zapata por los delitos de concierto para delinquir, hurto y amenazas , y ordenó vincularlo al proceso mediante indagatoria.

3.4.- Mediante resolución del 31 de agosto de 2005 la Fiscalía Novena Especializada Delegada ante los Juzgados Penales del Circuito Especializados de Villavicencio declaró persona ausente al demandante Uber Ortiz Zapata y le imputó los delitos de concierto para delinquir y hurto calificado.

3.5.- Mediante resolución del 31 de enero de 2006 la Fiscalía dictó medida de

de Villavicencio declaró persona ausente al demandante Uber Ortiz Zapata y le imputó los delitos de concierto para delinquir y hurto calificado.

3.5.- Mediante resolución del 31 de enero de 2006 la Fiscalía dictó medida de aseguramiento de detención preventiva contra el demandante Uber Ortiz Zapata, a quien le imputó la comisión de los delitos de hurto agravado, extorsión y concierto para delinquir, y libró orden de captura en su contra.

3.6.- El 20 de agost o de 2006 funcionarios de la Policía capturaron al demandante Uber Ortiz Zapata.

3.7.- El 28 de marzo de 2007 la Fiscalía acusó al demandante Uber Ortiz Zapata de los delitos de concierto para delinquir en concurso con los delitos de extorsión y hurto agravado.

3.8.- Mediante sentencia del 31 de octubre de 2007 el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Villavicencio condenó al demandante Uber Ortiz Zapata como coautor del delito de extorsión, en concurso con los delitos de concierto para delinquir y hurto agravado.Radicado: 50001-23-31-000-2011-00660-01 (63618)

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3.9.- El demandante impugnó el fallo condenatorio y el 15 de septiembre de 2009 el Tribunal Superior de Villavicencio revocó la sentencia de primera instancia en aplicaci ón del principio in dubio pro reo , y ordenó la libertad inmediata del demandante Uber Ortiz Zapata , porque: i) respecto del delito de hurto, no existía prueba que dem ostrara directa o indirectamente que Ortiz

instancia en aplicaci ón del principio in dubio pro reo , y ordenó la libertad inmediata del demandante Uber Ortiz Zapata , porque: i) respecto del delito de hurto, no existía prueba que dem ostrara directa o indirectamente que Ortiz Zapata estuviera en la finca o que hubiese participado en la sustracción de los semovientes; ii) en cuanto al delito de extorsión , existía duda sobre la responsabilidad del acusad o y del tipo penal que pudo haberse configurado porque no estaba probado que el demanda nte hubi ese constreñido a la denunciante para obtener un provecho ilícito para sí o para un tercero, ni que hubiese obtenido el provecho perseguido ; y iii) en relación con el delito de concierto para delinquir tampoco se obtuvo prueba que permitiera establecer que el demandante perteneciera a las AUC, pues el solo hecho de estar presente en la reunión a la que fue citada la denunciante con alias Antonio , que era desmovilizado de las AUC, no era prueba suficiente para inferir que el demandante formara parte del grupo armado.

4.- De acuerdo con lo afirmado por la parte actora , en el proceso penal se surtieron las siguientes actuaciones relevantes: (i) el demandante fue declarado como persona ausente en el proceso penal el 31 de agosto de 2005 ; (ii) la Fiscalía le impuso medida de aseguramiento y libró orden de captura en su contra el 31 de enero de 2006; (iii) el demandante fue capturado el 20 de agosto de 2006; (iv) el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Villavicencio profirió sentencia condenatoria el 31 de octubre de 2007; (v) el Tribunal Superior de Villavicencio revocó la sentencia de primera instancia en aplicación del

2006; (iv) el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Villavicencio profirió sentencia condenatoria el 31 de octubre de 2007; (v) el Tribunal Superior de Villavicencio revocó la sentencia de primera instancia en aplicación del principio in dubio pro reo el 15 de septiembre de 2009; y, (vi) la víctima directa recuperó su libertad el 19 de septiembre de 2009.

5.- Según la parte actora, el demandante Uber Ortiz Zapata fue privad o injustamente de la libertad porque la Fiscalía dictó la medida de aseguramiento sin contar con pruebas suficientes y la Rama Judicial profirió sentencia condenatoria con fundamento en un análisis probatorio equivocado , que fue controvertido en la sentencia de segunda instancia ; por lo tanto, nunca se desvirtuó su presunción de inocencia.

6.- En relación con los perjuicios la parte actora indicó que:

6.1.- Como consecuencia de su detención, el demandante Uber Ortiz Zapata dejó de percibir ingresos por la actividad de comerciante que desempeñaba antes de la misma.

6.2.- La víctima directa incurrió en gastos para su defensa en el proceso penal.

6.3.- La víctima directa sufrió graves daños en su salud debido a que padecía de diabetes y su condición se deterioró considerablemente durante su detención ,Radicado: 50001-23-31-000-2011-00660-01 (63618)

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pues la enfermedad se agudizó debido a la mala alimentación recibida en los establecimientos carcelarios donde estuvo recluido.

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pues la enfermedad se agudizó debido a la mala alimentación recibida en los establecimientos carcelarios donde estuvo recluido.

6.4.- La víctima directa y sus familiares sufrieron perjuicios morales porque la detención de la víctima directa «les causó gran aflicción y sufrimiento, el cual aún les genera tristeza y congoja», pues siempre han sido una familia muy unida.

6.5.- La víctima directa y sus familiares sufrieron daño a la vida en relación porque el demandante Uber Ortiz «no pudo continuar con su trabajo cotidiano para conseguir la manutención y cuidado de su núcleo familiar, a sus padres y hermanos (…)». Adicionalmente, fueron «privados de gozar del entorno social, familiar y laboral» , lo que les generó «consecuencias personales y familiares» porque su de tención causó que fuera visto por sus vecinos y amigos como un delincuente y sus familiares no pudieron contar con él «en los eventos de trascendencia familiar».

B. Posición de las entidades demandadas

7.- La Fiscalía General de la Nación se opuso a las pretensiones de la demanda y propuso las excepciones de culpa determinante de un tercero e inexistencia del daño antijurídico. En su contestación señaló que: (i) su actuación se ajustó a la Constitución y a la ley, y por ello no se configuró ninguna «falla en el servicio» de administración de justicia; (ii) la medida de aseguramiento se impuso porque existían indicios graves en contra del demandante Ortiz Zapata , basados en las declaraciones y la denuncia de la señora Alcira Díaz, soportadas en informes de

administración de justicia; (ii) la medida de aseguramiento se impuso porque existían indicios graves en contra del demandante Ortiz Zapata , basados en las declaraciones y la denuncia de la señora Alcira Díaz, soportadas en informes de Policía Judicial y otras pruebas, que dieron el grado de convicción necesario para ello; (iii) el régimen objetivo de responsabilidad no era aplicable porque la víctima directa estaba obigada a soportar la medida de aseguramiento como compensación de la vi da en comunidad; (iv) las personas que declararon en contra del demandante Ortiz Zapata determinaron la conducta de la entidad y este no las cuestionó, lo que constituía un indicio de aceptación del dicho en su contra y podía intepretarse como la no utiliz ación de los recursos de los que disponía para su defensa; y (v) los perjuicios morales reclamados eran excesivos y los perjuicios materiales y por el daño a la vida de relación no estaban probados.

8.- La Rama Judicial se opuso a las pretensiones de la demanda . Como argumentos de defensa expuso que: (i) su actuación se limitó a proferir la decisión que en derecho correspondía , la decisión que privó de la libertad a la víctima directa fue legal, ajustada a derecho y basada en pruebas y el hecho de que fuera diferente a la decisión de segunda instancia no implicaba que fuese una decisión ilegal, sino que fue tomada con un criterio jurídico diferente ; (ii) la privación de la libertad de una persona que luego es absuelta no configura un daño antijurídico si mediaban indicios de responsabilidad , pues la investigación del delito es una carga que todos los ciudadanos deben soportar, y (iii) la medidaRadicado: 50001-23-31-000-2011-00660-01 (63618)

daño antijurídico si mediaban indicios de responsabilidad , pues la investigación del delito es una carga que todos los ciudadanos deben soportar, y (iii) la medidaRadicado: 50001-23-31-000-2011-00660-01 (63618)

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de aseguramiento fue dictada por el ente investigador y el proceso culminó con sentencia absolutoria; por ello, el daño no le era imputable a la Rama Judicial , pues no existió nexo causal entre la actuación del juez y el daño alegado.

C. Sentencia recurrida

9.- En la sentencia del 6 de diciembre de 2018, el Tribunal Administrativo del Meta negó las pretensiones de la demanda porque encontró probado el hecho exclusivo de la víctima. Al respecto señaló que: (i) la conducta desplegada por la víctima directa dio lugar a la investigación penal en su contra por la cual se le privó de la libertad. Las pruebas acreditaban que el demandante Uber Ortiz estuvo presente en el lugar en el que citaron a la denunciante y le exigió que desistiera de la querella que presentó por el hurto de los semovientes ; además, estaba acompañado de una persona que era reconocida como miembro de las AUC; ello permitía deducir que la actuación de la víctima directa tuvo plena incidencia en la vinculación a la investigación penal y en la imposición de la medida de seguramiento. El actuar del demandant e Uber Ortiz al hacer exigencias a la denunciante y hacerse pasar por miembro de las AUC, dieron lugar a su vinculación al proceso penal y a su captura; y (ii) el comportamiento del demandante Uber Ortiz desconoció los parámetros de cuidado y diligencia

exigencias a la denunciante y hacerse pasar por miembro de las AUC, dieron lugar a su vinculación al proceso penal y a su captura; y (ii) el comportamiento del demandante Uber Ortiz desconoció los parámetros de cuidado y diligencia que una persona «poco prudente» hubiese empleado en sus propios negocios, por lo tanto, se configuró la culpa grave y exclusiva de la víctima.

10.- Adicionalmente, el tribunal consideró que el daño que el demandante imputaba a las demandadas por el deterioro de su salud durante su detención por la alimentación suministrada no era imputable a las demandadas sino al INPEC, entidad encargada de vigilar y custodiar a los recluidos ; y que, en todo caso, el deterioro de su salud tampoco estaba demostrado . En el dictamen realizado por Medicina Legal se señaló que, cuando la víctima directa ingresó al centro penitenciario , no refirió antecedentes de diabetes y que no había información sobre si le formularon dietas especiales que debían ser suministradas en el establecimiento carcelario.

D. Recurso de apelación

11.- La parte demandante solicita que se revoque en su integridad la sentencia recurrida y se acceda a las pretensiones de la demanda. Sus reparos son los siguientes:

11.1.- No se configuró la culpa exclusiva de la víctima porque: (i) no está probado que la actuación del demandante Uber Ortiz Zapata fue la causa de su vinculación al proceso penal. Este proceso tuvo origen en la denuncia de Alcira Díaz, quien por un vecino se enteró que le habían hurtado un ganado, mencionóRadicado: 50001-23-31-000-2011-00660-01 (63618)

vinculación al proceso penal. Este proceso tuvo origen en la denuncia de Alcira Díaz, quien por un vecino se enteró que le habían hurtado un ganado, mencionóRadicado: 50001-23-31-000-2011-00660-01 (63618)

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al señor Ortíz Zapata, pero en el proceso penal nunca se determinó si este era la misma persona mencionada por los testigos; (ii) en su indagatoria y durante todo el proceso penal, el demandante Uber Ortiz Zapata se mostró ajeno a los hechos que le imputó la Fiscalía y demostró que era desplazado por las AUC porque fue víctima de extorsiones y se negó a pagar la vacuna. Dicha certificación no fue tachada por el ente acusador; (iii) del análisis probatorio hecho por el juez penal de segunda instancia se puede inferir que no está probada la culpa exclusiva de la víctima, pues concluyó que no se probó ni la comisión de los delitos imputados, ni su grado de participación o responsabilidad en los mismos. No hubo culpa de la víctima, sino una actuación insuficiente del ente acusador , que no logró evacuar las pruebas idóneas que le per mitieran concluir con certeza la participación del demandante Ortiz Zapata en los delitos imputados.

11.2.- El tribunal valoró inadecuadamente las pruebas. La Fiscalía nunca logró demostrar que el demandante Ortiz Zapata fuera miembro de las AUC ni que hubiese participado en la comisión de los delitos que le imputaron. La omisión del ente acusador al identificar plenamente al demandante Uber Ortiz como autor o partícipe de los delitos imputados , dejó la duda de si esta era o no la misma

hubiese participado en la comisión de los delitos que le imputaron. La omisión del ente acusador al identificar plenamente al demandante Uber Ortiz como autor o partícipe de los delitos imputados , dejó la duda de si esta era o no la misma persona y ello llev ó a la sentencia absolutoria. La sentencia penal de segunda instancia demuestra que no existía prueba alguna que permitiera al juzgador concluir con grado de certeza que el demandante hubiese cometido los delitos imputados.

11.3.- El régimen de responsabilidad aplicable al caso era el objetivo del daño especial porque el demandante Uber Ortiz fue absuelt o por aplicación del principio in dubio pro reo , evento en el que la jurisprudencia del Consejo de Estado ha considerado que hay re sponsabilidad por daño especial por la detención injusta porque hubo un rompimiento del principio de igualdad ante las cargas públicas.

II. CONSIDERACIONES

E. Asuntos procesales

12.- La Sala se pronunciará de fondo porque están reunidos los presupuestos procesales para fallar y la demanda fue presentada dentro del término de dos años previsto en el artículo 136 del C.C.A. : (i) la providencia absolutoria quedó ejecutoriada el 3 de noviembre de 2009 5; (ii) el término de caducidad se suspendió entre el 16 de septiembre de 2011, cuando se interpuso la solicitud de conciliación, y el 17 de noviembre de 2011 , cuando dicha conciliación se

5 Según constancia de ejecutoria que obra en el folio 82 anexo 4.Radicado: 50001-23-31-000-2011-00660-01 (63618)

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5 Según constancia de ejecutoria que obra en el folio 82 anexo 4.Radicado: 50001-23-31-000-2011-00660-01 (63618)

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declaró fallida 6 y (iii) la demanda se interpuso , oportunamente, el 18 de noviembre de 20117.

F. Exposición del litigio, síntesis de la controversia y decisiones a adoptar

13.- A partir del acta de derechos del capturado 8, la boleta de libertad expedida por el Juzgado 47 Penal del Circuito de Villavicencio 9, la orden de libertad del INPEC Bogotá10 y la sentencia del 15 de septiembre de 2009 en la que Tribunal Superior de Villavicencio absolvió al demandante Ortiz Zapata y ordenó su libertad inmediata, está probado que el demandante Uber Ortiz Zapata estuvo privado de la libertad entre el 20 de agosto de 200611 y el 20 de septiembre de 200912, es decir, por tres años (3) y un (1) mes en prisión intramural. Sin embargo, debido a que en las pretensiones de la demanda la parte actora limitó el daño al tiempo de detención comprendido entre el 20 de agosto de 2006 y el 19 de septiembre de 2009, la Sala solo reconocerá lo pedido.

14.- También está demostrado que mediante providencia del 15 de septiembre de 2009 el Tribunal Superior de Villavicencio absolvió al demandante Uber Ortiz Zapata en aplicación del principio in dubio pro reo , por ausencia de pruebas suficientes que acreditaran con certeza su responsabilidad por los delitos de hurto agravado, extorsión y concierto para delinquir.

Zapata en aplicación del principio in dubio pro reo , por ausencia de pruebas suficientes que acreditaran con certeza su responsabilidad por los delitos de hurto agravado, extorsión y concierto para delinquir.

15.- En esta providencia, la Sala:

15.1.- Revocará la decisión de negar las pretensiones y, en su lugar, condenará a la Fiscalía General de la Nación y a la Rama Judicial a reparar el daño causado por la privación de la libertad del demandante Uber Ortiz Zapata porque la medida de aseguramiento no cumplió los requisitos legales, puesto que (i) no existían dos indicios grave s de responsabilidad penal en contra del demandante Ortiz Zapata y (ii) la medida de aseguramiento no se justificó.

15.2.- Confirmará la decisión de negar la reparación del daño causado por las aflicciones de salud que sufrió la víctima directa por su detención debido a que esta decisión no fue recurrida por la parte demandante, quien era la que tenía interés procesal para hacerlo y, en todo caso, no formuló ninguna pretensión por este concepto en la demanda.

6 Según constancia expedida por la Procuraduría 49 Judicial Administrativa de Villavicencio, obrante a fl. 62, C.1. 7 Fl. 47, reverso, C.1. 8 Fl.176, anexo 1. 9 Fl.5 anverso y reverso, anexo 7. 10 Fl. 4, anexo 7. 11 Conforme con el acta de derechos del capturado, fl.176 anexo 1. 12 Según consta en el sello que aparece en la boleta de libertad y la orden de libertad expedida por el INPEC,

10 Fl. 4, anexo 7. 11 Conforme con el acta de derechos del capturado, fl.176 anexo 1. 12 Según consta en el sello que aparece en la boleta de libertad y la orden de libertad expedida por el INPEC, fls.4 y 5, anexo 7.Radicado: 50001-23-31-000-2011-00660-01 (63618)

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15.3.- En relación con los perjuicios, la Sala:

a.- Reconocerá la reparación de los perjuicios morales de acuerdo con las reglas jurisprudenciales.

b.- Negará la reparación del lucro cesante y del daño emergente porque no se acreditaron.

c.- Ordenará reparar el perjuicio a la honra y buen nombre que sufrió la víctima directa a través de una medida no pecuniaria, como quiera que esta procede de oficio.

G. Plan de exposición

16.- La Sala seguirá la metodología adoptada en la sentencia de esta Subsección del 4 de junio del 2019 para decidir los procesos de privación de la libertad13. En consecuencia, se referirá a: (i) la ilegalidad de la medida de aseguramiento; (ii) las entidades imputadas; (iii) el análisis de la culpa de la víctima y (iv) la determinación de los perjuicios y la reparación.

H. La ilegalidad de la medida de aseguramiento

17.- En vigencia de la Ley 600 de 2000, norma bajo la c