CE - 012331000201101447011SENTENCIASENTENCIA20230306160801

Expediente: 78001-23-31-000-2011-01447-01 (52895)

Demandantes: Faudy Valencia Angulo y otros

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Magistrado Ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS

Bogotá D.C., veintiuno (21) de noviembre de dos mil veintidós (2022)

Radicado número: Demandantes:

Demandada: Referencia: 76001-23-31-000-2011-01447-01 (52895) Faudy Valencia Angulo y otros Nación — Fiscalía General de la Nación — Rama Judicial Acción de reparación directa Tema: Responsabilidad del Estado por daños causados por la administración de justicia Subtema 1: Privación injusta de la libertad. Ley 906 de 2004

Subtema 2: Antijuridicidad del daño no acreditada SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Subsección resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en contra de la sentencia dictada el 20 de junio de 2014 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que negó las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO Faudy Valencia Angulo, en condición de servidor público del Departamento Administrativo de Seguridad —DAS-, fue vinculado al proceso penal iniciado con ocasión de la investigación adelantada por las presuntas conductas irregulares realizadas por funcionarios encargados de la expedición del certificado judicial. El Juez Penal con funciones de control de garantías impuso medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en lugar de residencia, luego de que la Fiscalía

realizadas por funcionarios encargados de la expedición del certificado judicial. El Juez Penal con funciones de control de garantías impuso medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en lugar de residencia, luego de que la Fiscalía formuló imputación en su contra por los delitos de concusión, falsedad ideológica en documento público y falsedad material en documento público. En la epata de acusación la Fiscalía solicitó la preclusión de la investigación, debido a que no contaba con elementos de prueba suficientes para desvirtuar la presunción de inocencia del procesado.

II. ANTECEDENTES 2.1. La demanda

Faudy Valencia Angulo, Rosana Angulo, José Persides Valencia Viveros, Sandra Milena Hurtado Prado, Samuel Felipe Valencia Hurtado, Laureano Valencia Angulo, Edith Valencia Angulo, José Maciste Valencia Angulo, Dagoberto Valencia Angulo y Emiro Valencia Angulo, por medio de apoderado, presentaron demanda en ejercicio de la acción de reparación directa en contra de la Nación —Fiscalía General de la Nación— Rama Judicial —Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y el epartamento Administrativo de Seguridad —DAS-, para que se les declare administrativamente responsables por el daño derivado de la privación de la libertad domiciliaria sufrida por Faudy Valencia Angulo, así como de la presentación ante los medios de comunicación "como un delincuente y un funcionario corrupto". La parte actora fundamentó sus pretensiones en que, con ocasión de la investigación adelantada por la oficina anticorrupción del DepartamentoExpediente: 76001-23-31-000-2011-01447-01 (52895) Demandantes: Faudy Valencia Angulo y otros Administrativo de Seguridad —DAS-, que tenía como, fin descubrir una red de

Demandantes: Faudy Valencia Angulo y otros Administrativo de Seguridad —DAS-, que tenía como, fin descubrir una red de funcionarios que vendían las citas o turnos para que la ciudadanía tramitara el certificado judicial, Faudy Valencia Angulo, funcionario de dicha entidad, fue vinculado al proceso penal acusado de irregularidades por borrar y adulterar anotaciones de antecedentes judiciales, en su condición de servidor encargado del manejo del Sistema de Información SIFDAS. 2.2. El trámite procesal relevante de primera instancia Admitida la demanda presentada el 29 de septiembre de 2011 1 , notificado el auto admisorio 2 y corridos los traslados de ley, la Nación -Fiscalía General de la Nacióncontestó la demanda en el sentido de solicitar negar las pretensiones, con el argumento de que su actuación estuvo ajustada a los preceptos constitucionales que señalan sus obligaciones 3 . Por su parte, la Nación -Rama Judicialpresentó escrito de contestación de la demanda en el que se opuso a las pretensiones por cuanto consideró que la medida de aseguramiento fue 'decretada con base en los elementos materiales probatorios exhibidos por la Fiscalía, evidencia física e información legalmente obtenida, que para esa etapa del proceso permitía inferir que el imputado podía ser autor de las conductas punibles 4 .

Vencida la etapa probatoria, se corrió traslado a las partes para que alegaran de conclusión 5 . Así lo hicieron la parte actora y las entidades demandadas 6 . 2.3. La sentencia recurrida El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por medio de sentencia dictada el 20 de junio de 2014, negó las pretensiones de la demanda bajo la consideración de

2.3. La sentencia recurrida El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por medio de sentencia dictada el 20 de junio de 2014, negó las pretensiones de la demanda bajo la consideración de que la detención preventiva que le fue impuesta a Faudy Valencia Angulo no fue injusta, pues fue decretada de conformidad con la ley y con fundamento en las pruebas que si bien no ofrecían certeza plena sobre la responsabilidad del imputado, sí hacía imperiosa su vinculación al proceso, debido a que vislumbraban su posible participación en las conductas delictivas que se investigaban. Además, estableció que ni el Departamento Administrativo de Seguridad, en sus labores de policía judicial, ni la Fiscalía General de la Nación, como ente acusador, tenían incidencia sobre la decisión de imposición de medida'de aseguramiento, la cual recae solamente en los jueces de la República. Finalmente, señaló que la imposición de la medida restrictiva de la libertad era procedente, pues además de cumplir con los requisitos legales para el efecto, existían los elementos materiales probatorios que permitían inferir razonablemente la posible participación de Valencia Angulo en las conductas delictivas investigadas. Así mismo, hizo énfasis en el análisis de necesidad que llevó al juez penal a 'concluir que las prácticas delictivas investigadas denotaban un peligro para la Comunidad por tratarse de delitos contra la administración pública y, en todo 'caso, concedió detención domiciliaria en garantía de los derechos de los procesados. 1 Auto admisorio de la demanda, 6 de octubre de 2011, f. 141, C. 1. 2 Diligencias de notificación, f. 145 a 147, C. 1.

domiciliaria en garantía de los derechos de los procesados. 1 Auto admisorio de la demanda, 6 de octubre de 2011, f. 141, C. 1. 2 Diligencias de notificación, f. 145 a 147, C. 1. 3 Escrito de contestación de la demanda, Fiscalía General de la Nación, f. 148, c. 1. 4 Escrito de contestación de la demanda, Rama Judicial, f. 156, c. 1. 5 Auto de traslado, 2 de agosto de 2013, f. 196, c. 1. 6 Alegatos en primera instancia, f. 197, 208, 303, c. 1. 2Expediente: 76001-23-31-000-2011-01447-01 (52895) Demandantes: Faudy Valencia Angulo y otros 2.4. El recurso de apelación La parte demandante interpuso recurso de apelación 7 en contra de la decisión de primera instancia, con la pretensión de que se revoque y, en su lugar, se acceda a las súplicas de la demanda. Argumentó que en el acta de preclusión quedó claro que el material probatorio con el que contaba la Fiscalía no era suficiente para formular imputación, lo que demuestra la falla en el servicio en la que incurrieron las entidades demandadas al adelantar la investigación e imponer una medida restrictiva de la libertad sin fundamento. Manifestó su inconformidad con la afirmación que realizó el a quo frente a la procedencia de la medida privativa de la libertad, puesto que "las anotaciones o procedimientos que fueron hechas por el señor Valencia Angulo en el sistema DAS no aparecen hechas de manera dolosa", sino que obedecían a la obsolescencia de los equipos que se utilizaban

la libertad, puesto que "las anotaciones o procedimientos que fueron hechas por el señor Valencia Angulo en el sistema DAS no aparecen hechas de manera dolosa", sino que obedecían a la obsolescencia de los equipos que se utilizaban en la entidad, lo cual fue reportado a sus superiores, pero fue interpretado por los investigadores como asociado a una conducta delictiva. Señaló que el a quo desconoció la sentencia de unificación del 17 de octubre de 2013 del Consejo de Estado al anteponer una norma estatutaria, como es el artículo 68 de la Ley 270 de 1996, a una norma de carácter constitucional como es el artículo 90. Por último, el recurrente mencionó que el tribunal omitió la valoración de todas las pruebas que señalan la falla del servicio alegada y, además, manifestó su extrañeza frente a la decisión que no atendió las providencias que por los mismos hechos fueron proferidas por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca el 31 de marzo de 2014 con radicado 2011-01195-00 y el 28 de abril de 2014, con radicado 201101340-00, que se accedieron a las pretensiones. 2.5. El trámite relevante de segunda instancia Esta Corporación, por medio de auto 16 de diciembre de 2014 8 admitió el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante. En providencia posterior, corrió traslado a las partes para que presentaran alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto de fondo 8 . La Nación, Fiscalía General de la Nación aseveró que para proferir acusación no se requiere contar con plena prueba de responsabilidad penal y, que en el presente caso, no se configuraron los

Público para que rindiera concepto de fondo 8 . La Nación, Fiscalía General de la Nación aseveró que para proferir acusación no se requiere contar con plena prueba de responsabilidad penal y, que en el presente caso, no se configuraron los elementos de la responsabilidad 18 . La parte demandante, en sus alegaciones conclusivas, reiteró los argumentos expuestos en el recurso de apelación y en la demandan. La Nación -Rama Judicial y el Ministerio Público guardaron silencio. Ill. PROBLEMA JURÍDICO En atención a los argumentos de inconformidad señalados en el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, constitutivos del marco de juzgamiento de la segunda instancia, la Sala resolverá los siguientes problemas jurídicos: ¿La medida de aseguramiento de detención domiciliaria impuesta a Faudy Valencia Angulo, en el trámite de la investigación penal iniciada por la comisión de delitos contra la administración pública, imputado en su condición de funcionario del DAS, seccional Cali, constituye un daño antijurídico por contrariar los principios de legalidad, proporcionalidad, razonabilidad y necesidad? 7 Recurso de apelación, f. 345, c. ppal. 8 Auto admisodo del recurso de apelación, f. 490, c. ppal. Auto de traslado para alegar de conclusión, f. 493, C. ppal. 10 Alegatos de conclusión de la Nación —Fiscalía General de la Nación, f. 508 a 514, c. ppal. 11 Alegatos de conclusión parte actora, f. 515 a 524, c. ppal. 3Expediente: 76001-23-31-000-2011-01447-01 (52895)

11 Alegatos de conclusión parte actora, f. 515 a 524, c. ppal. 3Expediente: 76001-23-31-000-2011-01447-01 (52895) Demandantes: Faudy Valencia Angulo y otros En el evento de que la respuesta al anterior problema jurídico sea afirmativa, la Subsección establecerá: ¿El daño antijurídico derivado de la imposición de la medida de detención domiciliaria en contra Faudy Valenpia Angulo resulta imputable al Departamento Administrativo de Seguridad —DAS-, a la Nación, Rama Judicial, y/o a la Fiscalía General de la Nación por su acción u omisión? Finalmente, en caso de que se configuren los dos presupuestos necesarios para que surja la responsabilidad estatal, se estudiará la prugba atinente a los perjuicios, de conformidad con la jurisprudencia de esta Corporación.

IV. HECHOS PROBADOS RELEVANTES PARA LA RESOLUCIÓN DE LOS PROBLEMAS JURÍDICOS ENUNCIADOS El material de prueba aportado al expediente da cuenta de los siguientes hechos: 4.1. El 23 de junio de 2007, el Juzgado Segundo Penal Municipal con funciones de control de garantías de Cali realizó audiencias de legalización de captura, formulación de la imputación y solicitud de medida de aseguramiento para 17 funcionarios de la seccional del Valle del Cauca del Departamento Administrativo de Seguridad —DAS-, que fueron detenidos en virtud de la orden de captura proferida por el Juzgado Trece Penal Municipal de Cali con funciones de control de garantías, el 20 de mayo de 2007 12 . Faudy Valencia Angulo fue capturado el 22 de junio de 2007, según consta en el acta de derechos del capturado obrante a folio

garantías, el 20 de mayo de 2007 12 . Faudy Valencia Angulo fue capturado el 22 de junio de 2007, según consta en el acta de derechos del capturado obrante a folio 20 del cuaderno 1. Sin embargo, en la referida audiencia de legalización el juez de control de garantías declaró la ilegalidad del procedimiento concediéndole la libertad inmediata por no presentarse la orden de captura emitida en su contra, debido a que se le traspapeló al funcionario de la Fiscalía. 4.2. En audiencia del 26 de julio de 2007, la Fiscalía General de la Nación formuló imputación en contra de Valencia Angulo, quien se encontraba presente en la audiencia", por los delitos de concusión, falsedad ideológica en documento público y falsedad material en documento público", en la modalidad concursal. El juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en el lugar de residencia, que consideró procedente de acuerdo con lo previsto en el artículo 308 de la Ley 906 de 2004. A continuación, la transcripción de los apartes más relevantes de la audiencia de imposición de medida de aseguramiento: Conforme a lo presentado por la Fiscalía en esta audiencia, tenemos que, en razón a hechos irregulares que se estaban presentando en el Departamento Administrativo de Seguridad -DAS-, ,seccional Valle, en esta capital se comenzó a hacer un trabajo de investigación cuyo resultado arrojó el presunto compromiso de los imputados, con la comisión de los siguientes delitos: concierto para delinquir, concusión, falsedad ideológica en documento público, prevaricato por acción, prevaricato por omisión,

arrojó el presunto compromiso de los imputados, con la comisión de los siguientes delitos: concierto para delinquir, concusión, falsedad ideológica en documento público, prevaricato por acción, prevaricato por omisión, revelación de secreto, abuso de función pública, cohecho por da u ofrecer, falsedad personal y falsedad material en documento público. Como prueba de tal compromiso tenemos que la Fiscalía cuenta con un sinnúmero de llamadas telefónicas vía celular, que fueron interceptadas y de donde se sustrae la información necesaria y las evidencias que han servido en esta audiencia para que la fiscalía comprometa su situación jurídica (5:55) (...). 12 Acta de audiencia de legalización de captura, 23 de junio de 2007, f. 16 e19, C. 1. 13 Folio 21 del c. 1. 14 Acta de audiencia de formulación de imputación e imposición de medida de aseguramiento, 26 de julio de 2007, f. 21, c. 1. 4Expediente: 76001-23-31-000-2011-01447-01 (52895) Demandantes: Faudy Valencia Angulo y otros Esta instancia requiere de elementos a través de los cuales se pueda inferir razonablemente la participación consciente de los imputados en el ilícito y, no de pruebas de responsabilidad, requisito que a consideración del despacho se cumple, aunque los planteamientos de los abogados apuntan a la inexistencia de pruebas de responsabilidad de sus representados (6:49) (...) sin desvirtuar la inferencia razonable a la que en este evento se puede llegar con las pruebas aportadas o elementos aportados por la Fiscalía. (...) (7:42) Juega un papel trascendental y determinante no solo

(6:49) (...) sin desvirtuar la inferencia razonable a la que en este evento se puede llegar con las pruebas aportadas o elementos aportados por la Fiscalía. (...) (7:42) Juega un papel trascendental y determinante no solo los tipos penales endilgados, sino las circunstancias y el modus operandi en el que se desarrolló el hecho narrado por la Fiscalía, aunado a la determinación o el bien jurídico afectado hay que tener en cuenta que esta clase de situaciones, cuandoquiera que se atenta contra la administración pública exige de la justicia un tratamiento apropiado oportuno ejemplas necesario y ponderado pero sobre todo justo, y como se ha podido advertir, lo justo, en el caso de estas personas, además de necesario, es la imposición de una medida de aseguramiento consistente en privación de la libertad, por reunirse los presupuestos del artículo 308 de CPP. La inferencia razonable (8:23) de la autoría o participación de los imputados en el presunto hecho que se presente como punible, este requisito conforme a los actos - urgentes o actuaciones preliminares agotados por los investigadores que auxilian la tarea de la Fiscalía permiten inferir en el comportamiento y la voluntad de los imputados la participación de unos hechos que a la postre afectan no solo la honorabilidad constitucional de una entidad del Estado, sino a la comunidad, por cuanto las actividades que se dice en esta audiencia desarrollaban estas personas generan un impacto social negativo a establecer, por ejemplo, un valor agregado a un trámite judicial, como la expedición del pasado judicial, la actualización de antecedentes judiciales, entre otras cosas. Luego entonces esta audiencia no puede desconocer la inferencia razonable, porque para ello tenemos

trámite judicial, como la expedición del pasado judicial, la actualización de antecedentes judiciales, entre otras cosas. Luego entonces esta audiencia no puede desconocer la inferencia razonable, porque para ello tenemos que todos los imputados (..) eran miembros activos del DAS y como tal, tenían acceso a la información judicial o a la base de datos que almacenaba la entidad. Esto sumado a las ya referidas interceptaciones, constituye el elemento material probatorio a través del cual, el juez de control de garantías accede a la inferencia razonable que exige el artículo 308 antes mencionado (. ..). Resulta necesaria la medida en el caso de los aquí imputados para evitar la obstrucción a la justicia (10:50) (...). Debemos decir que no estamos hablando de ciudadanos del común, sino de personas que en algún momento de su vida resolvieron aceptar ser parte de una institución seria y respetable y aceptando velar no solo por su guarda sino que en la sociedad la misma fuese vista con orgullo y respeto desempeñando con honestidad su rol de funcionarios públicos, sin embargo conforme lo expuesto por la fiscalía, al parecer estas personas no ha seguido a cabalidad este cometido y valiéndose de sus actividades laborales al interior del DAS el despacho encuentra que se trata de personas lo suficientemente gallardas y capaces de alterar el orden jurídico social existente y desviar le deber ser de las cosas, dado que las conductas aquí endilgadas representan un tipo penal preponderante que bien hace la legislación en sancionar con pena de prisión. Todo para indicar que las actividades irregulares a que se ha hecho referencia por parte de la Fiscalía tienen un entrelace con • los aquí imputados donde todos persiguen un objetivo personal contrario a la ley,

prisión. Todo para indicar que las actividades irregulares a que se ha hecho referencia por parte de la Fiscalía tienen un entrelace con • los aquí imputados donde todos persiguen un objetivo personal contrario a la ley, trabajando al parecer mancomunadamente para ello, luego entonces considera el despacho que los imputados deben permanecer en vigilancia 5Expediente: 78001-23-31-000-2011-01447-01 (52895) Demandantes: Faudy Valencia Angulo y otros constante. (13:06) Es que no es lo mismo hablar de una persona que decide, por la razón que sea incurrir en una acción penalmente reprochable a estar de cara a un sinnúmero de personas con calidad de servidores públicos y acceso a un banco de datos reservado para el resto de la comunidad, que de manera libre y voluntaria deciden sumarse para obtener los provechos económicos presuntamente enunciados por la Fiscalía. Así pues, la conclusión a la que llega este servidor' es la existencia real de mérito para imponer en contra de los imputados medida de aseguramiento consistente en detención preventiva (15:40). 4.3. El 12 de octubre de 2007, el Juzgado 13 Penal del Circuito con funciones de conocimiento ofició al centro de servicios para solicitar la, asignación de la actuación adelantada contra Faudy Valencia Angulo y requirió a .1a Fiscalía para unificar el escrito de acusación 15 . 4.4. El 14 de diciembre de 2007, Faudy Valencia Angulo recuperó la libertad, una vez el Juzgado Catorce Penal del Circuito de : Cali con funciones de conocimiento revocó la decisión del 20 de noviembre dé 2007 debido a que habían trascurrido 90 días sin haber dado inicio a las audiencias de juicio oral, según los

vez el Juzgado Catorce Penal del Circuito de : Cali con funciones de conocimiento revocó la decisión del 20 de noviembre dé 2007 debido a que habían trascurrido 90 días sin haber dado inicio a las audiencias de juicio oral, según los dispuesto en el numeral 5 del artículo 317 del CPP". En el acta quedó constancia de que Faudy Valencia Angulo "compareció por encontrarse en detención domiciliaria". 4.5. El 22 de febrero de 2008, el Juez 13 Penal del Circuito con funciones de conocimiento de Cali celebró audiencia de formulación de acusación en contra de los 18 imputados, entre ellos, Faudy Valencia Angulo, a quien acusó del delito de falsedad material en documento público 17 . La Fiscalía,sustentó la imputación de cargos realizada en contra de Valencia Angulo en que, de acuerdo a las órdenes enviadas a la Policía Judicial emitidas por la Fiscalía 100 Unidad de Delitos contra la Administración Pública para la búsqueda selectiva en las bases de datos del Sistema de información del Departamento Administrativo' de Seguridad SIFDAS, se encontró que varios funcionarios, entre ellos Faudy Valencia Angulo, se dedicaron a modificar los registros de personas que tenían anotaciones en sus antecedentes judiciales con el propósito de ocultar información que se encontraba registrada en el sistema de información para lograr la expedición del certificado judicial, salir o ingresar al país sin problema o solamente borrar las anotaciones para que estas personas figuraran como si nunca hubieran tenido . antecedentes. Según la información encontrada los funcionarios "presuntamente colaboran a internos de la Cárcel de Villa Hermosa de la ciudad de Cali para que puedan conseguir su libertad de manera irregular'. Encontró que los registros habían lido modificados por Faudy

información encontrada los funcionarios "presuntamente colaboran a internos de la Cárcel de Villa Hermosa de la ciudad de Cali para que puedan conseguir su libertad de manera irregular'. Encontró que los registros habían lido modificados por Faudy Valencia Angulo, como funcionario encargado del SIFDAS, pues aparecen las consultas y modificaciones realizadas desde la dirección IP de su computador, para luego expedir el certificado judicial de personas que, al revisar sus anotaciones, tenían antecedentes judiciales". 4.6. El 2 de septiembre de 2009, el Juzgado Trece Penal del Circuito de Cali, a petición de la Fiscalía, decretó la preclusión de la investigación y, en consecuencia, declaró la extinción la acción penal y revocó la medida cautelar impuesta en contra de los procesados. La anterior decisión quedó en firme el mismo día de la audiencia, 16 Acta de audiencia, 12 de octubre de 2007, f. 22 a 24, C. 1. 16 Acta de audiencia, 14 de diciembre de 2007, f. 185, c. 3. Boleta de libertad del 14 de diciembre de 2007, f. 187, c 3. 17 Acta de audiencia de formulación de acusación, f. 88, c. 4, 18 Ver escrito de acusación, f. 33 a 38, c. 1. 6Expediente: 76001-23-31-000-2011-01447-01 (52895) Demandantes: Faudy Valencia Angulo y otros por cuanto no se interpusieron recursos 19 . La solicitud de preclusión elevada por la Fiscalía tuvo como fundamento la falta de elementos materiales de prueba que permitan desvirtuar la presunción de inocencia de los procesados 2 °.

por cuanto no se interpusieron recursos 19 . La solicitud de preclusión elevada por la Fiscalía tuvo como fundamento la falta de elementos materiales de prueba que permitan desvirtuar la presunción de inocencia de los procesados 2 °. 4.7. El 04 de agosto de 2011, el jefe de la oficina de control disciplinario del DAS ordenó el archivo definitivo de la actuación disciplinaria adelantada en contra de Faudy Valencia Angulo y otros 16 funcionarios del DAS 21 . En cuanto a las irregularidades en el manejo del Sistema de Información SIFDAS, en las que estuvo involucrado el procesado, el funcionario indicó que al remitirse al informe de policía judicial es posible detectar la presencia de situaciones anormales en el manejo de la base de datos, sin embargo, según las versiones del Director Seccional del DAS Valle del Cauca y otros funcionarios involucrados en los hechos, "la clave de acceso al sistema del DAS denominado SIFDAS, estaba siendo manipulado en forma descontrolada" (.. .) "apreciando un grado de desorganización en la mencionada actividad, por las situaciones administrativas de los funcionarios, en procura de cubrir los periodos de vacaciones o traslados (...) aspecto que pudo coadyuvar al incremento en las consultas y modificaciones del sistema (..)". Por tanto, el ente administrativo confirmó la existencia de dudas frente a las modificaciones hechas al sistema.

V. CONSIDERACIONES La Sala procede a resolver el asunto habida consideración de la competencia que le asiste para ello, dado que la Ley 270 de 1996, al prever la responsabilidad del Estado en los eventos de error jurisdiccional, defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y privación injusta de la libertad estableció que estos

asiste para ello, dado que la Ley 270 de 1996, al prever la responsabilidad del Estado en los eventos de error jurisdiccional, defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y privación injusta de la libertad estableció que estos asuntos serían competencia de los Tribunales Administrativos en primera instancia y del Consejo de Estado en segunda instancia, sin consideración a la cuantía 22 . A su vez, el ejercicio oportuno de la acción se encuentra acreditado 23 , porque: i) la medida de aseguramiento de detención domiciliaria impuesta en contra de Faudy Valencia Angulo culminó con la decisión de preclusión dictada por el Juzgado Trece Penal del Circuito de Cali, en audiencia celebrada el 2 de septiembre de 2009, ii) la parte demandante solicitó audiencia de conciliación prejudicial el 15 de junio de 2011 24 , que resultó fallida por falta de ánimo conciliatorio, tal como consta en la certificación del procurador fechada el 24 de agosto de 2011 y, iii) la demanda fue presentada el 29 de septiembre de 2011 25 . En relación con la legitimación para la causa por activa, está acreditado en el expediente que Faudy Valencia Angulo fue la persona que soportó la medida de detención preventiva que derivó el daño que pretende le sea reparado, por lo que 19 Acta de audiencia, 2 de septiembre de 2009, f. 84 a 88, c. 1 20 Escrito de solicitud de preclusión, f. 74 y 75, c. 1. 21 Auto de terminación de procedimiento o archivo, f. 98 a 101, c. 1. 22 El artículo 73 de la Ley 270 de 1996, vigente para la fecha de presentación de la demanda, fue derogado de

21 Auto de terminación de procedimiento o archivo, f. 98 a 101, c. 1. 22 El artículo 73 de la Ley 270 de 1996, vigente para la fecha de presentación de la demanda, fue derogado de manera expresa por el articulo 309 del CPACA, este último declarado exequible por la Corte Constitucional en sentencia C818 de 1° de noviembre de 2011. A partir de la vigencia del CPACA, la competencia en los asuntos referidos en la Ley 270 de 1996, se rige conforme a lo previsto en el numeral 6 del artículo 152 de ese código. 23 Conforme a la jurisprudencia de esta Corporación en los eventos en los que se pretende la indemnización de los perjuicios derivados de la privación injusta de la libertad, el término de caducidad de dos años previsto en el artículo 136-8 del Código Contencioso Administrativo inicia a partir del día siguiente a la fecha de ejecutoria de la decisión penal absolutoria, de la que cesó el procedimiento o de la que declaró la preclusion de la investigación penal, pues solo a partir de ese momento el sindicado puede inferir la existencia de un daño antijurídico. (Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias de unificación de 15 de agosto de 2018 y 18 de julio de 2019, expedientes 46947 y 44572, respectivamente. En igual sentido, Sección Tercera, auto de 19 de julio de 2010, expediente 37410). 24 Constancia de la audiencia de conciliación prejudicial, f. 4, c. 1. 25 Escrito de demanda, f. 133, c. 1. 7Expediente: 76001-23-31-000-2011-01447-01 (52895)

Demandantes: Faudy Valencia Angulo y otros

25 Escrito de demanda, f. 133, c. 1. 7Expediente: 76001-23-31-000-2011-01447-01 (52895) Demandantes: Faudy Valencia Angulo y otros se encuentra legitimado. En cuanto a los demandantes Rosana Angulo, José Persides Valencia Viveros, Sandra Milena Hurtado Prado, Samuel Felipe Valencia Hurtado, Laureano Valencia Angulo, Edith Valencia Angulo, José Maciste Valencia Angulo, Dagoberto Valencia Angulo y José Emiro Valencia Angulo, las relaciones de parentesco como padres, hijo, esposa y hermanos del afectado con la privación están debidamente acreditadas con los respectivos registros civiles de nacimiento y matrimonio 26 . Sobre la legitimación en la causa por pasiva, la Sala observa que el daño que se invoca en la demanda proviene de actuaciones que corresponden al Departamento Administrativo de Seguridad —DAS-, como órgano encargado de adelantar la investigación conjunta; la Fiscalía General