CE - 012331000201101703011SENTENCIA20230504145726

CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A Consejera ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de abril de dos mil veintitrés (2023) Radicación número: 05001-23-31-000-2011-01703-01 (60165) Actor: ERIBERTO ANTONIO CARDONA MARÍN Y OTROS Demandado: NACIÓN – MINISTERIO DEL INTERIOR Y OTROS Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA (APELACIÓN SENTENCIA) Temas: RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR DAÑOS CAUSADOS A RECLUSOS / régimen de responsabilidad del Estado cuando las personas se encuentran privadas de su libertad / lesiones causadas a reclusos / RESPONSABILIDAD DEL INPEC CUANDO EL ESTABLECIMIENTO CARCELARIO ES DE CARÁCTER MUNICIPAL / RESPONSABILIDAD DEL MUNICIPIO ENCARGADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA CÁRCEL / RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA DE VIGILANCIA PRIVADA, CONTRATISTA ENCARGADA DE LA SEGURIDAD DEL ESTABLECIMIENTO CARCELARIO. Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida el 25 de mayo de 2017, por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Sistema Escrito, mediante la cual se accedieron parcialmente a las pretensiones de la demanda. I. SÍNTESIS DEL CASO El 28 de enero de 2011, el señor Jorge Eliécer Cardona Garcés se encontraba almorzando en la cárcel municipal de El Carmen de Viboral, cuando otro de los reclusos del establecimiento carcelario cogió un cuchillo de la cocina y lo lesionó en el cuello dejándolo gravemente herido. II. A N T E C E D E N T E S 1.- La demanda Mediante

municipal de El Carmen de Viboral, cuando otro de los reclusos del establecimiento carcelario cogió un cuchillo de la cocina y lo lesionó en el cuello dejándolo gravemente herido. II. A N T E C E D E N T E S 1.- La demanda Mediante demanda presentada el 19 de septiembre de 2011, los señores Eriberto Antonio Cardona Marín, Bernardita del Carmen Salazar Franco, María Luz Marina Garcés Zuluaga, Jorge Eliécer Cardona Garcés, Marta Isabel Cardona Garcés, María Alejandra Cardona Garcés, Nancy Paola Cardona Salazar, Ferney AlexanderRadicación número: 05001-23-31-000-2011-01703-01 (60165) Actor: ERIBERTO ANTONIO CARDONA MARÍN Y OTROS Demandado: NACIÓN – MINISTERIO DEL INTERIOR Y OTROS Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA (APELACIÓN SENTENCIA)

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Garcés Zuluaga, María de los Ángeles Marín de Cardona y María Margarita Zuluaga de Garcés, solicitaron que se declarara patrimonialmente responsable a la Nación – Ministerio del Interior y de Justicia, Rama Judicial, Fiscalía General de la Nación, al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario –INPEC-, al Municipio de El Carmen de Viboral y, por fuero de atracción, a la sociedad Expertos Seguridad Ltda. por los perjuicios de orden moral y material que, afirmaron, les fueron irrogados como consecuencia de las lesiones causadas al señor Jorge Eliécer Cardona Garcés mientras se encontraba recluido en la cárcel municipal de El Carmen de Viboral. En concreto, los demandantes solicitaron que se efectuaran las siguientes declaraciones y condenas: (i) daño moral: 100 SMLMV para la víctima directa, sus padres biológicos y su madre de crianza y 50 SMLMV para los demás demandantes; (ii) daño a la vida en relación: 300 SMLMV para la víctima directa, 200 SMLMV para sus padres y su madre de crianza y 100 SMLMV para los demás demandantes; (iii) daño psicológico: 100 SMLMV para la víctima, sus padres biológicos y su madre de crianza; (iv) daño emergente futuro: los gastos en que debía incurrir el señor Eriberto Cardona Marín por concepto de un tercero profesional en enfermería, la adecuación de la cama y una silla de ruedas de última generación; (v) lucro cesante consolidado: la suma de dos millones seiscientos setenta y ocho mil pesos ($2.678.000); (vi) lucro cesante futuro: la suma de cuatrocientos veinticinco millones ciento treinta y dos mil quinientos pesos ($425’132.500) y el reconocimiento de la pensión de invalidez. Como fundamentos fácticos de la demanda se narró lo siguiente: El señor

(vi) lucro cesante futuro: la suma de cuatrocientos veinticinco millones ciento treinta y dos mil quinientos pesos ($425’132.500) y el reconocimiento de la pensión de invalidez. Como fundamentos fácticos de la demanda se narró lo siguiente: El señor Jorge Eliécer Cardona Garcés fue privado de la libertad por la supuesta comisión de los delitos de acceso carnal violento en concurso con hurto calificado y agravado, en virtud de la orden dispuesta por el Juzgado Segundo Promiscuo del Carmen de Viboral con Función de Control de Garantías el 1 de octubre de 2010. El 28 de enero de 2011, mientras se encontraba almorzando en la cárcel municipal, el señor Jaime Andrey Cadavid Gallego lesionó en el cuello al señor Cardona Garcés con un cuchillo de cocina. Este fue remitido al hospital San Juan de Dios del Carmen de Viboral. La Fiscalía General de la Nación adelantó la investigación correspondiente en contra del señor Cadavid Gallego y lo acusó de tentativa de homicidio. El Juzgado Segundo Penal del Circuito de Rionegro, en sentencia del 19 de octubre de 2011, lo condenó por los hechos sucedidos el 28 de enero de 2011.Radicación número: 05001-23-31-000-2011-01703-01 (60165) Actor: ERIBERTO ANTONIO CARDONA MARÍN Y OTROS Demandado: NACIÓN – MINISTERIO DEL INTERIOR Y OTROS Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA (APELACIÓN SENTENCIA)

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Luego de estar internado varios meses en el hospital San Juan de Dios, el señor Jorge Eliécer fue trasladado al patio de sanidad de la Cárcel de Bellavista, en el municipio de Bello, Antioquia. Específicamente, indicaron que el municipio de El Carmen de Viboral debía ser declarado responsable, toda vez que tenía la obligación de velar, coordinar, inspeccionar e intervenir en la administración de la cárcel municipal. Señalaron que ante el descuido y negligencia de los guardias de seguridad los cuales fueron contratados por esa municipalidad, se ocasionaron las lesiones a la integridad física del señor Cardona Garcés. En cuanto a la sociedad Expertos Seguridad Ltda. le endilgaron responsabilidad por cuanto permitían que los internos «sindicados de infracciones a la ley penal tuvieran acceso a la manipulación de cuchillos». En su criterio, de haber informado a la directora de la cárcel de ese potencial peligro, hubiera sido posible evitar los sucesos del 28 de enero de 2011. En relación con el INPEC manifestaron que le resultaba imputable ante la falta de interés y compromiso en buscar soluciones al traslado solicitado por el estado de salud en el que se encontraba la víctima, dado que señalaron que presentaba desórdenes psiquiátricos. Asimismo, les reprocharon el incumplimiento a los deberes generales de inspección y vigilancia. Le atribuyeron la responsabilidad a la Rama Judicial, a la Fiscalía General de la Nación por cuanto fueron esas autoridades las que participaron en la captura y posterior imposición de medida de aseguramiento en establecimiento carcelario, a pesar de los problemas psiquiátricos que presentaba el señor Cardona Garcés. Por último, indicaron que el Ministerio del Interior y de Justicia debía ser declarado responsable, por no tener establecimientos carcelarios que permitieran la reubicación del señor Jorge Eliécer, ni tampoco tener profesional capacitado para

problemas psiquiátricos que presentaba el señor Cardona Garcés. Por último, indicaron que el Ministerio del Interior y de Justicia debía ser declarado responsable, por no tener establecimientos carcelarios que permitieran la reubicación del señor Jorge Eliécer, ni tampoco tener profesional capacitado para la atención de la enfermedad que padecía.Radicación número: 05001-23-31-000-2011-01703-01 (60165) Actor: ERIBERTO ANTONIO CARDONA MARÍN Y OTROS Demandado: NACIÓN – MINISTERIO DEL INTERIOR Y OTROS Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA (APELACIÓN SENTENCIA)

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2.- El trámite de primera instancia1 En providencia del 27 de abril de 2012, el Juzgado 22 Administrativo de Medellín inadmitió la demanda, la cual fue subsanada en oportunidad por la parte demandante. El 14 de mayo siguiente, se admitió la demanda y se ordenó notificar a los sujetos que integraban la parte demandada y al Ministerio Público. 2.1. El Ministerio de Justicia y del Derecho propuso la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva porque no realizó ninguna de las acciones y omisiones que produjeron los daños reclamados por la parte demandante. Agregó que el artículo 17 de la Ley 65 de 1993 dispuso que corresponde a los municipios la dirección, organización, administración, sostenimiento y vigilancia de las cárceles, de ahí que los llamados a responder, a su juicio, son el municipio del Carmen de Viboral y la Empresa de Seguridad Expertos Ltda. 2.2. El Ministerio del Interior expuso que no estaba legitimado en la causa por pasiva, dado que no tenía dentro de sus competencias legales la protección de la seguridad de las personas internadas en centros de reclusión. 2.3. La parte demandante adicionó la demanda. Señaló que el 19 de octubre de 2011, el Juzgado Segundo Penal de Rionegro condenó al señor Jaime Andrey Cadavid Gallego por los hechos sucedidos el 28 de enero de 2011. La adición fue admitida mediante auto del 3 de agosto de 2012, por el Juzgado Octavo Administrativo de Medellín. 2.4. El Municipio de El Carmen de Viboral se

opuso a la prosperidad de las pretensiones y, para tal efecto, argumentó que no se logró demostrar la falla en el servicio, porque la entidad municipal «socorrió» al señor Cardona Garcés al momento en que fue lesionado por el otro interno, además porque contrató una empresa de vigilancia privada para la guardia, custodia y seguridad de la cárcel.

1 El Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante auto del 13 de marzo de 2012, ordenó la remisión del expediente a los juzgados administrativos de Medellín, al considerar que la pretensión mayor no superaba los 500 SMLMV; El 24 de junio de 2013, el Juzgado Trece Administrativo de Medellín asumió el conocimiento del proceso, con ocasión a lo previsto por el Acuerdo PSAA13-9932 del 14 de junio de 2013; El 6 de julio de 2012, el Juzgado Octavo Administrativo de Medellín avocó conocimiento del proceso. El expediente fue repartido al Juzgado Segundo Administrativo en Descongestión de Medellín, en virtud de lo dispuesto por el Acuerdo CSJA14-477. Mediante auto del 1 de diciembre de 2014, ese Despacho asumió conocimiento del proceso; en providencia del 11 de se dejó sin efectos la providencia del 1 de diciembre de 2014, se declaró la falta de competencia para conocer del asunto y ordenó la remisión del expediente al Tribunal Administrativo de Antioquia, al considerar que se estaba discutiendo el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia. Mediante auto del 28 de octubre de 2015, el Tribunal de primera instancia avocó conocimiento del proceso y conservó la validez de todo lo actuado, incluidas las pruebas decretadas y practicadas.Radicación número: 05001-23-31-000-2011-01703-01 (60165) Actor: ERIBERTO ANTONIO CARDONA MARÍN Y OTROS Demandado: NACIÓN – MINISTERIO DEL INTERIOR Y OTROS Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA (APELACIÓN SENTENCIA) 5

Agregó que como el centro penitenciario era custodiado por dos hombres para tres reclusos, se estaba cumpliendo por parte de la empresa de vigilancia con todos los rigores para evitar un suceso de las características presentadas. Señaló que ni la empresa de seguridad, ni el ente municipal tenían conocimiento de algún tipo de amenaza en contra del señor Cardona Garcés. 2.5. El INPEC, en primer término, se refirió a la indebida y exagerada tasación de perjuicios realizada por los demandantes. Sostuvo que, en cuanto al daño emergente y el lucro cesante, no acreditó con comprobantes la actividad económica ejercida por el señor Cardona Garcés; en cuanto a los perjuicios morales, pidió que no se reconociera ningún rubro porque la persona que resultó lesionada mientras estuvo recluida en el establecimiento carcelario solo fue visitado por su padre, madre de crianza, madre biológica, y por su hermana Nancy Paola Cardona Salazar, mientras que «los demás demandantes nunca lo fueron a visitar». Adujo que la custodia y vigilancia del señor Cardona Garcés era asumida por el Municipio de El Carmen de Viboral y de la Empresa de Seguridad Privada Expertos Ltda. por cuanto este tenía la calidad de sindicado y aún no había sido condenado. Sostuvo que, de conformidad con los oficios del 9 de febrero, 16 de marzo, 6 de abril, 27 de abril, 4 de mayo y 6 de septiembre de 2010, y del 1 de septiembre, 7 de octubre y 10 de noviembre de 2011, dan cuenta del cumplimiento de la función de inspección y vigilancia de su competencia. Precisó que el expediente no existe documento alguno que acredite que el señor Cardona Garcés desempeñara alguna actividad al interior del establecimiento, como tampoco que tuviera negocios en la calle. Propuso las siguientes excepciones: (i) falta de legitimación en la causa por pasiva, al considerar que a la fecha de

no existe documento alguno que acredite que el señor Cardona Garcés desempeñara alguna actividad al interior del establecimiento, como tampoco que tuviera negocios en la calle. Propuso las siguientes excepciones: (i) falta de legitimación en la causa por pasiva, al considerar que a la fecha de ocurrencia de los hechos no tenía la custodia y vigilancia del establecimiento carcelario del Carmen de Viboral; (ii) culpa exclusiva de la víctima porque no solicitó protección para su vida al director del centro carcelario, a las autoridades de policía, al Ejército o a la Fiscalía. Además, porque por su propio actuar se encontraba detenido en la cárcel municipal; (iii) caso fortuito porque «la muerte del señor Jorge Eliécer no era esperada, ni tampoco previsible por el Instituto»; (iv) inexistencia de la obligación pues no existe causa legal que soporte lo pretendido por los demandantes; (v) ausencia de nexo y relación de causalidad, dado que el hecho generador no fue originado por el INPEC, pues «nunca estuvo bajo la custodia y vigilancia del INPEC», y (vi) excesiva cuantificación de los perjuicios morales y materiales.Radicación número: 05001-23-31-000-2011-01703-01 (60165) Actor: ERIBERTO ANTONIO CARDONA MARÍN Y OTROS Demandado: NACIÓN – MINISTERIO DEL INTERIOR Y OTROS Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA (APELACIÓN SENTENCIA)

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2.6. La Fiscalía General de la Nación solicitó que se declararan probadas las excepciones de falta de legitimación en la causa por pasiva e inexistencia del nexo de causalidad. Al respecto, expuso que no le correspondía imponer las medidas de aseguramiento, pues esto era competencia del juez de garantías. Asimismo, sostuvo que el INPEC tiene la obligación de asumir la custodia y tutela de los reclusos. 2.7. La sociedad Expertos Seguridad Ltda. adujo que ninguno de sus agentes desconoció el deber general de prudencia establecido en el artículo 2341 del Código Civil, ni tampoco por el incumplimiento de sus obligaciones legales o cuasicontractuales. Señaló que no existe solidaridad en cuanto a la obligación de indemnizar con las entidades demandadas. Asimismo, indicó que no cometió material ni jurídicamente el hecho, pues las lesiones padecidas por el recluso fueron cometidas por un tercero. Agregó que de conformidad con el artículo 4, numeral 10 del Decreto 2974 de 1997, la vigilancia que prestan las entidades de vigilancia se enmarca dentro de una órbita disuasiva, la que, en ningún momento «suplanta la fuerza pública» y según lo establecido en los artículos 31 y 35 del Código Penitenciario la vigilancia de los reclusos está a cargo del INPEC. Manifestó que no existe vínculo contractual con los demandantes por lo que «está equivocadamente tratando el asunto como un problema contractual». Expresó que se debe determinar cuál fue la causa eficiente en la producción del daño «la actuación dolosa del agresor y la presunta responsabilidad de las entidades administrativas tendientes a evitar la ocurrencia de la conducta lesiva». Finalmente, pidió que se declarara probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva. 2.7.1. La sociedad Expertos Seguridad Ltda. llamó en garantía a la Compañía

entidades administrativas tendientes a evitar la ocurrencia de la conducta lesiva». Finalmente, pidió que se declarara probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva. 2.7.1. La sociedad Expertos Seguridad Ltda. llamó en garantía a la Compañía de Seguros Colpatria S.A. y a la sociedad Seguros del Estado S.A. Mediante auto del 12 de octubre de 2012, el Juzgado Octavo Administrativo admitió el llamamiento en garantía formulado por la sociedad Expertos Seguridad Ltda. 2.7.1.1 La compañía aseguradora Seguros del Estado S.A. indicó que el riesgo amparado por la póliza 12-02-101000046 estaba limitada al «uso indebido de armas de fuego u otros elementos de vigilancia y seguridad privada, de acuerdo con el Decreto 356 de 1994», de suerte que no se encuentran cubiertas por la póliza los daños causados por personas que no son subordinadas ni representadas de la sociedad asegurada, ni tampoco aquellos daños causados con armas que no fueronRadicación número: 05001-23-31-000-2011-01703-01 (60165) Actor: ERIBERTO ANTONIO CARDONA MARÍN Y OTROS Demandado: NACIÓN – MINISTERIO DEL INTERIOR Y OTROS Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA (APELACIÓN SENTENCIA)

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suministrados ni hacen parte de los equipos de vigilancia. Propuso las siguientes excepciones: (i) caso fortuito – inexistencia de culpa de Expertos Seguridad Ltda.; (ii) inexistencia de hecho antijurídico o de nexo causal ante Expertos Seguridad Ltda.; (iii) indebida cuantificación e inexistencia de prueba de los perjuicios reclamados; (iv) inexistencia de siniestro o de cobertura en la póliza 12-02-101000046, por los hechos del 28 de enero de 2011; (v) exclusiones del contrato de seguro, póliza 12-02-101000046; (vi) la póliza de Seguros del Estado S.A. no corresponde a la garantía del contrato 082 de 2010 ni se adicionó ese riesgo a la póliza; (vii) coexistencia de seguros; (viii) límites y responsabilidad deducible. 2.7.1.2. Seguros Colpatria S.A. solicitó que se negaran las pretensiones de la demanda. Para tal efecto, formuló las siguientes excepciones: (i) ausencia de responsabilidad; (ii) inexistencia de hecho u omisión imputable a Expertos Seguridad Ltda.; (iii) culpa exclusiva de un tercero; (iv) reducción de la indemnización; (v) falta de legitimación en la causa por activa; (vi) inexistencia del perjuicio; (vii) indebida y excesiva tasación de perjuicios; (viii) ausencia de cobertura de la póliza; (ix) exclusión de los perjuicios morales, perjuicios fisiológicos o de vida de relación; (x) límite asegurado; (xi) deducible, y, (xii) coexistencia de contratos de seguro. 2.8. El 25 de febrero de 2013, el Juzgado Octavo Administrativo de Medellín abrió el proceso a pruebas. 2.9. El Consejo Superior de la Judicatura pidió que se declarara probada

coexistencia de contratos de seguro. 2.8. El 25 de febrero de 2013, el Juzgado Octavo Administrativo de Medellín abrió el proceso a pruebas. 2.9. El Consejo Superior de la Judicatura pidió que se declarara probada la falta de legitimación en la causa por pasiva, puesto que los daños sufridos por el señor Jorge Eliécer Cardona Garcés son imputables al INPEC y no a ellos, ya que no tienen injerencia sobre los centros carcelarios y penitenciarios del país. Agregó que en el presente asunto no se configuraron los presupuestos necesarios para imputar responsabilidad a la Rama Judicial. 2.10. El 11 de abril de 2016, se corrió traslado para alegar de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto. 2.11. El Municipio de El Carmen de Viboral reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda. 2.12. La parte demandante manifestó que las lesiones sufridas por el señor Jorge Eliécer Cardona Garcés lo afectaron de por vida, por la falta de prudencia, negligencia y omisión de la parte demandada. Agregó que la valoración que realizó la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia determinó el 2 de mayo de 2014 la pérdida de capacidad laboral en 46.76%. Expresó que quedó demostradoRadicación número: 05001-23-31-000-2011-01703-01 (60165) Actor: ERIBERTO ANTONIO CARDONA MARÍN Y OTROS Demandado: NACIÓN – MINISTERIO DEL INTERIOR Y OTROS Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA (APELACIÓN SENTENCIA)

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que los familiares del señor Cardona Garcés resultaron muy afectados por los daños causados, de conformidad con las pruebas testimoniales practicadas. 2.13. El Consejo Superior de la Judicatura insistió en los argumentos de defensa que propuso cuando contestó la demanda. 2.14. La sociedad Expertos Seguridad Ltda. señaló que para dar cumplimiento al contrato 082 de 2010, tenía un guarda de seguridad las 24 horas en la cárcel municipal, durante los 8 meses de la vigencia del contrato, en turnos de 8 a 12 horas, acompañado de un guarda adicional desde las 6 am hasta las 6 pm, incluyendo domingos y festivos. Señaló que su obligación era de medio y no de resultado, que consistía en controlar el acceso al establecimiento, verificar de manera óptica o visual la parte perimetral, entre otras. Según expuso, la prestación de los servicios de vigilancia se prestaba en las siguientes zonas de la cárcel «la portería, las zonas comunes que hacían a través de una vigilancia visual a través de un vidrio y de las cámaras que se encontraban instaladas en la sede de la cárcel». Concluyó que la causa eficiente del daño se concretó en la posibilidad que tenían los reclusos de manejar utensilios de cocina, entre ellos un cuchillo para preparar los alimentos, por la «condescendencia de la administración municipal». 2.15. El INPEC indicó que no se logró probar la relación entre los hechos y la eventual responsabilidad de esa Institución. Insistió en que no ejercía funciones de custodia y vigilancia en la cárcel del Carmen de Viboral, y que las funciones de inspección y vigilancia son de carácter general, toda vez que de manera específica fueron asignadas por la Ley a las autoridades territoriales. 3.- La sentencia de primera instancia Mediante sentencia del 25 de mayo de 2017, el Tribunal Administrativo de Antioquia accedió parcialmente a las pretensiones de la

son de carácter general, toda vez que de manera específica fueron asignadas por la Ley a las autoridades territoriales. 3.- La sentencia de primera instancia Mediante sentencia del 25 de mayo de 2017, el Tribunal Administrativo de Antioquia accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. En primer lugar, declaró la falta de legitimación en la causa por pasiva del Ministerio del Interior, del Ministerio de Justicia y del Derecho y de la Fiscalía General de la Nación. De otra parte, consideró que el Municipio de El Carmen de Viboral era el llamado a responder por la totalidad de la condena declarada, toda vez que el centro carcelario donde ocurrieron los hechos era de carácter municipal de mínima seguridad, y los recursos para el mantenimiento del personal de custodios y la manutención provenían exclusivamente del presupuesto municipal. Señaló que el suministro de la alimentación estaba a cargo del ente municipal, por lo que era posible imputarle responsabilidad a título de falla del servicio, pues incumplió los deberes de cuidado y vigilancia de los internos y de control de los objetos al interior del establecimiento,Radicación número: 05001-23-31-000-2011-01703-01 (60165) Actor: ERIBERTO ANTONIO CARDONA MARÍN Y OTROS Demandado: NACIÓN – MINISTERIO DEL INTERIOR Y OTROS Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA (APELACIÓN SENTENCIA)

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ya que no implementó medidas de seguridad que permitieran garantizar que el uso de estos implementos de cocina no representaran un peligro para la comunidad carcelaria. En relación con la sociedad Expertos Seguridad Ltda. consideró que no era posible atribuirle responsabilidad por lo «intempestivo del ataque perpetrado por el otro interno del penal a la víctima», además, porque la agresión tuvo ocurrencia en un panorama que era cotidiano y suscitado por la administración, sumado al hecho de que el arma empleada estaba dentro de las instalaciones por expresa autorización de la Administración Municipal y no por un descuido de los guardas de seguridad. Finalmente, sostuvo que el Municipio de El Carmen de Viboral no aplicó ningún correctivo a esa sociedad, lo que denota el cumplimiento por parte de esta de las obligaciones del contrato de prestación de servicios. En cuanto al INPEC, expuso que el interno Jorge Eliécer estaba a cargo del ente territorial y no de esa entidad, porque el día en que fue lesionado no se había proferido la sentencia condenatoria. Adicionalmente, respecto del traslado del interno lesionado, con el fin de que se le garantizaran mejores condiciones para el tratamiento de su salud, sostuvo que cuando se realizó la solicitud no existía concepto médico que acreditara la enfermedad psiquiátrica, de ahí que la negativa del INPEC no fue contraria a la ley, de conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Código Penitenciario y Carcelario, teniendo en consideración que, en todo caso, la causa eficiente del daño antijurídico no fue esa, pues el recluso no fue lesionado por presentar un desequilibrio mental. Finalmente, en relación con la Rama Judicial, sostuvo que el Juez

Segundo Penal Municipal de El Carmen de Viboral con funciones de Control de Garantías, al adoptar la medida de aseguramiento en contra del señor Jorge Eliécer Cardona Garcés no incurrió en un error jurisdiccional, pues en esa audiencia no se puso de presente la existencia de problemas psicológicos y/o psiquiátricos que supuestamente lo aquejaban. Esa situación solo fue puesta en conocimiento de la justicia penal, cuando la Procuradora Provincial de Rionegro así lo informó, teniendo en cuenta, además, que la Rama Judicial dispuso que se definiera sobre el traslado del interno, el cual no fue posible porque no se contaba con el establecimiento en el que se garantizara la atención siquiátrica. Condenó por perjuicios morales las siguientes sumas: Jorge Eliécer Cardona Garcés, María Luz Marina Garcés Zuluaga, Eriberto Antonio Cardona Marín y Bernardita del Carmen Salazar Franco 80 SMLMV para cada uno, y para Marta Isabel Cardona Garcés, María Alejandra Cardona Garcés, Nancy Paola Cardona Salazar, Ferney Alexander Garcés Zuluaga, María de los Ángeles Marín Castaño y María Margarita Marín Zuluaga 40 SMLMV para cada uno.Radicación número: 05001-23-31-000-2011-01703-01 (60165) Actor: ERIBERTO ANTONIO CARDONA MARÍN Y OTROS Demandado: NACIÓN – MINISTERIO DEL INTERIOR Y OTROS Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA (APELACIÓN SENTENCIA)

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Por daño a la salud, reconoció 100 SMLMV a favor del lesionado, en consideración a que, como consecuencia del traumatismo raquimedular, tuvo que usar una sonda vesical permanente al no controlar los esfínteres, así como desplazarse con apoyo de bastón, con episodios de parálisis facial. Negó el reconocimiento del daño emergente futuro consistente en la silla de ruedas de última generación, la adecuación de la cama, y la manutención de las necesidades fisiológicas, pues no cumplió con la carga de acreditar cuáles eran las atenciones médicas requeridas y teniendo en cuenta que al momento de la valoración por la Junta Regional de Calificación de Invalidez, «solo tenía paresia en el miembro inferior izquierda y se desplazaba con ayuda de bastón» de ahí que la misma fuera de carácter temporal. Respecto del lucro cesante, tuvo en cuenta el salario mínimo vigente al momento de proferir la sentencia, al cual adicionó el 25% por concepto de prestaciones sociales, y de ese porcentaje sustrajo el 46.76% (porcentaje de pérdida de la capacidad laboral). Por lo que condenó al municipio al pago de $84.414.340. 4.- El recurso de apelación 4.1. De manera oportuna2, la parte demandante expresó su inconformidad con el fallo de primera instancia. Sostuvo que de conformidad con el artículo 17 del Código Penitenciario y Carcelario el INPEC debe ejercer la inspección y vigilancia de las cárceles de las entidades territoriales. En cuanto a la sociedad Expertos Seguridad Ltda. indicó que

ellos tenían la carga de la prueba de demostrar que solicitaban el cambio en la manipulación de alimentos, la cocción y la utilización de cuchillos, tenedores, entre otros instrumentos. Asimismo, señaló que no se allegaron fotografías o algún medio de prueba que «tenían para guardar los utensilios de cocina» lo que, a su juicio, denota la negligencia y poca actitud por parte del personal de vigilancia. Finalmente, pidió que se analizara «con sumo cuidado el reconocimiento de los perjuicios materiales en todo su esplendor», pues la víctima del ataque quedó con problemas en su movilidad y secuelas que le impiden desenvolverse por sí mismo. 4.2. El municipio de El Carmen de Viboral solicitó que se revocara la sentencia de primera instancia. Al respecto manifestó que el señor Cardona Garcés era una persona que requería tratamiento psiquiátrico, en un pabellón diferente y no dentro de las instalaciones de una cárcel de mínima seguridad, de ahí que mediante oficio 2 El recurso fue presentado y sustentado el 17 de abril de 2017, esto es, dentro del término otorgado para tal fin, habida cuenta de que aquel fenecía ese mismo día y año.Radicación número: 05001-23-31-000-2011-01703-01 (60165) Actor: ERIBERTO ANTONIO CARDONA MARÍN Y OTROS Demandado: NACIÓN – MINISTERIO DEL INTERIOR Y OTROS Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA (APELACIÓN SENTENCIA)

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2062 del 10 de mayo de 2011, solicitó al INPEC el traslado del interno. Señaló que el deber de vigilancia general del INPEC implicaba que hicieran actos de presencia, vigilancia, revisión y control con el fin de verificar la situación de la cárcel, pues por su experiencia era posible que advirtieran anomalías y se sugiriera la adopción de medidas con el manejo de los reclusos. Adujo que al señor Cardona Garcés se le trataba en las mismas condiciones de seguridad que a los demás