CE - 012331000201102118011SENTENCIA20231127073257

REPÚBLICA DE COLOMBIA CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B Bogotá DC, veinticuatro (24) de octubre de dos mil veintitrés (2023). Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ Expediente: 70001-23-31-000-2011-02118-01 (64.800) Actor: GUILLERMO ENRIQUE LORA PUCHÉ Y OTROS Demandado: FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y OTRO Acción: REPARACIÓN DIRECTA Asunto: APELACIÓN DE SENTENCIA - PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD - LEY 600 DE 2000 Síntesis del caso: el señor Guillermo Enrique Lora Puché fue privado de la libertad en un proceso penal seguido en su contra por la supuesta comisión del delito de rebelión. En la etapa de juicio fue absuelto en aplicación del principio in dubio pro reo. La Sala revoca la sentencia de primera instancia que declaró probada la excepción de pleito pendiente y negó las pretensiones de la demanda. Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante (fls. 313 a 349 cdno. apelación) en contra de la sentencia proferida el 23 de mayo de 2019 por el Tribunal Administrativo de Sucre mediante la cual se dispuso lo siguiente: “PRIMERO: TÉNGASE como sucesor procesal del Departamento Administrativo de Seguridad DAS a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, por las razones expuestas en esta providencia. SEGUNDO: DECLÁRASE probada la excepción de pleito pendiente, por lo

“PRIMERO: TÉNGASE como sucesor procesal del Departamento Administrativo de Seguridad DAS a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, por las razones expuestas en esta providencia. SEGUNDO: DECLÁRASE probada la excepción de pleito pendiente, por lo dicho en la parte motiva de este proveído. TERCERO: En consecuencia, NIÉGANSE las pretensiones de la demanda. CUARTO: Sin condena en costas.” (fl. 311 cdno. apelación - negrillas y mayúsculas sostenidas del original). I. ANTECEDENTES 1. La demanda Mediante escrito radicado el 29 de agosto de 2011 (fl. 10 cdno. 1), los señores Guillermo Enrique Lora Puché, Ricardo Andrés Lora Hincapié, Libia Liney Puché Fajardo, Liliana Patricia Lora, Édison Alberto Lora Puché, Álvaro Javier Lora Puché, Gustavo Adolfo Lora Puché y Magdalena Rosa Hincapié Hawasly, esta última quienExpediente 70001-23-31-000-2011-02118-01 (64.800) Demandante: Guillermo Enrique Lora Puché y otros Reparación directa Apelación sentencia

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actúa en nombre propio y en representación de su hija menor de edad Estéfani Yulieth Lora Hincapié, por intermedio de apoderado judicial presentaron demanda en ejercicio de la acción de reparación directa consagrada en el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo en contra de la Fiscalía General de la Nación y el Departamento Administrativo de Seguridad (fls. 1 a 10 cdno. 1) con las siguientes súplicas: “Primera: Se declare administrativamente responsable a la Nación Colombiana - Fiscalía General de la Nación y el Departamento Administrativo de Seguridad DAS de los daños, perjuicios materiales y morales causados al señor GUILLERMO ENRIQUE LORA PUCHÉ, en nombre propio y en calidad de víctima, de su compañera permanente y cónyuge MAGDALENA ROSA HINCAPIÉ HAWASLY, en nombre propio y en representación de su menor hija ESTEFANI YULIETH LORA HINCAPIÉ, de RICARDO ANDRÉS LORA HINCAPIÉ, obrando en su propio nombre y en su calidad de hijo de la víctima, su madre LIBIA LINEY PUCHÉ FAJARDO, en nombre propio, de su hermana LILIANA PATRICIA LORA PUCHÉ, en nombre propio, de sus hermanos EDISON ALBERTO LORA PUCHÉ, ÁLVARO JAVIER LORA PUCHÉ y GUSTAVO ADOLFO LORA PUCHÉ, todos obrando en nombres propios, por falla del servicio y por haber privado injustamente de su libertad al defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, y como consecuencia de la investigación que se inició con la denuncia penal presentada por GUSTAVO HOLGUÍN

CARDONA, con fecha del 6 de enero del año 2007 ante el GAULA DE SUCRE (DAS); recibido por los detectives GERMÁN STEVE CIFUENTES y MILLER CONDE ORTEGÓN, por el presunto delito de extorsión y otros, investigación que se adelantó en contra de GUILLERMO ENRIQUE LORA PUCHÉ, correspondiéndole la investigación a la Fiscalía Segunda Especializada de Sincelejo con el radicado número 70.268, quien les (sic) profirió resolución de acusación por el delito de rebelión, siendo absuelto por el Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de Corozal - Sucre, con el radicado número 2008-00306-00, en sentencia de primera instancia, quedando debidamente ejecutoriada el día 30 de septiembre del año 2009. Segunda. Condenar, en consecuencia, a la Nación Colombiana - la Fiscalía General de la Nación y el Departamento Administrativo de Seguridad, como reparación del daño ocasionado, a pagar a los actores, o a quien represente legalmente sus derechos, los perjuicios de orden material y moral, subjetivos y objetivos, actuales y futuros, los cuales se estiman como mínimo en la suma de 1041 salarios mínimos legales mensuales a mis poderdantes o conforme a lo que resulte probado dentro del proceso, o en su defecto, en forma genérica: A pagar a título de perjuicios materiales: 1. A GUILLERMO ENRIQUE LORA PUCHÉ, y nombre propio y en calidad de víctima, de su compañera permanente y cónyuge MAGDALENA ROSA HINCAPIÉ, en nombre propio y en representación de su menor hija

ESTEFANI YULIETH LORA HINCAPIÉ, de RICARDO ANDRÉS LORA HINCAPIÉ, en su propio nombre en su calidad de hijo de la víctima, de su madre LIBIA LINEY PUCHÉ FAJARDO, en nombre propio, de su hermana LILIANA PATRICIA LORA PUCHÉ en nombre propio, de sus hermanos EDISON ALBERTO LORA PUCHÉ, ÁLVARO JAVIER LORA PUCHÉ Y GUSTAVO ADOLFO LORA PUCHÉ, todos obrando en nombres propios A. La cantidad de $10.000.000 por concepto de los salarios dejados de devengar como trabajador, obrero y moto taxista, ya que no pudo seguirExpediente 70001-23-31-000-2011-02118-01 (64.800) Demandante: Guillermo Enrique Lora Puché y otros Reparación directa Apelación sentencia

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trabajando en sus oficios y pérdidas en vender sus bienes muebles, para pagar pasajes, alimentación y estos de sus familiares al trasladarse desde el lugar de su residencia en la ciudad de Montería - Córdoba, hasta la ciudad de Sincelejo - Sucre en el tiempo que estuvo en la Cárcel Nacional La Vega de Sincelejo - Sucre y la alimentación, estudios, medicinas y el sostenimiento de su familia a los que les debe alimentos por ley. B. La cantidad de $10.000.000 por la defensa jurídica y técnica, indagatoria, apelaciones, audiencias preparatorias y públicas que fueron cancelados a los abogados, por concepto de la defensa de GUILLERMO ENRIQUE LORA PUCHÉ, a consecuencia de las sindicaciones que se hicieron en su contra, la cual conoció la Fiscalía General de la Nación, la Fiscalía Segunda Especializada de Sincelejo con el radicado número 70.268, quien profirió resolución de acusación por el delito de rebelión, siendo absuelto por el Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de Corozal - Sucre, con el radicado número 2008-00306-00, en sentencia de primera instancia, quedando debidamente ejecutoriada el día 30 de septiembre del año 2009. A pagar a título de daños morales: 2. A GUILLERMO ENRIQUE LORA PUCHÉ, en nombre propio y en calidad de víctima, de su compañera permanente y cónyuge MAGDALENA ROSA HINCAPIÉ, en nombre propio en representación de su menor hija ESTEFANI YULIETH LORA HINCAPIÉ, de RICARDO ANDRÉS

LORA HINCAPIÉ, obrando en su propio nombre y en su calidad de hijo de la víctima, de su madre LIBIA LINEY PUCHÉ FAJARDO, en nombre propio, de su hermana LILIANA PATRICIA LORA PUCHÉ, en nombre propio, de sus hermanos EDISON ALBERTO, ÁLVARO JAVIER LORA PUCHÉ, GUSTAVO ADOLFO LORA PUCHÉ todos obrando en nombres propios, los estimo en 1000 salarios mínimos legales mensuales vigentes a razón de $496.900 equivale a $496,900 a mis poderdantes quienes sufrieron traumas psicológicos y fueron afectados por la forma violenta de los operativos como de las entidades del Estado para la captura del ciudadano GUILLERMO ENRIQUE LORA PUCHÉ (…).” (fls. 1 a 3 cdno. 1 - mayúsculas sostenidas y negrillas del original). 2. Hechos Como fundamento fáctico de las pretensiones la parte actora expuso en el escrito contentivo de la demanda, en síntesis, lo siguiente: 1) El 25 de octubre de 2007, la Fiscalía Tercera Especializada de Sincelejo (Sucre) vinculó al señor Guillermo Enrique Lora Puché a una investigación penal por los delitos de rebelión y concierto para delinquir, en consecuencia, ordenó su captura la cual se materializó el 28 de octubre de 2007. 2) El 6 de noviembre de 2007, se resolvió su situación jurídica con medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario y, el 30 de mayo de 2008, se calificó el mérito del sumario con resolución de acusación por la conducta punible de rebelión.Expediente 70001-23-31-000-2011-02118-01 (64.800) Demandante: Guillermo Enrique Lora Puché y otros Reparación directa Apelación sentencia

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1. El 14 de septiembre de 2009, el Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de Corozal (Sucre) lo absolvió del punible endilgado en aplicación del principio in dubio pro reo. 4) La privación injusta de la libertad a la que estuvo sometido por el delito de rebelión les ocasionó a todos los actores perjuicios materiales y morales, los cuales deben ser indemnizados (fls. 1 a 10 cdno. 1). 3. Contestación de las entidades demandadas Por auto del 3 de octubre de 2011, el Tribunal Administrativo de Sucre admitió la demanda (fls. 133 a 134 cdno. 1) y ordenó la notificación personal de los representantes legales de las entidades accionadas. 1) Mediante escrito radicado el 1° de diciembre de 2011, el Departamento Administrativo de Seguridad se opuso a las pretensiones de la demanda por considerar que sus actuaciones se ajustaron al ordenamiento jurídico, por ende, solicitó declarar su falta de legitimación en la causa por pasiva (fls. 140 a 149 cdno. 1). 2) A través de memorial presentado el 28 de febrero de 2012, la Fiscalía General de la Nación se opuso igualmente a las súplicas de los actores y sostuvo que no le asiste responsabilidad patrimonial extracontractual, toda vez que la medida de aseguramiento decretada en contra del señor Guillermo Enrique Lora Puché tuvo como fundamento unos indicios graves que pesaban en su contra (fls. 157 a 170 cdno. 1). 4. Sentencia de primera instancia El Tribunal Administrativo de Sucre,

en sentencia del 23 de mayo de 2019 (fls. 302 a 311 cdno. apelación) decidió, por una parte, tener como sucesor procesal del Departamento Administrativo de Seguridad a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y, por otro lado, declarar probada la excepción de pleito pendiente y negó las pretensiones de la demanda. Al respecto, sostuvo que el objeto y causa del proceso de la referencia son los mismos del expediente de reparación directa número 70001-23-31-000-2011-02063-00 (62.840), así como también, que existe identidad jurídica de partes;Expediente 70001-23-31-000-2011-02118-01 (64.800) Demandante: Guillermo Enrique Lora Puché y otros Reparación directa Apelación sentencia

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igualmente, señaló que el 30 de septiembre de 2016 en el referido expediente se profirió sentencia de primera instancia mediante la cual se desestimaron las peticiones de la demanda por haberse configurado la culpa de la víctima, providencia que para la fecha aún no cobraba ejecutoria por estar pendiente la resolución del recurso de apelación formulado en contra de la misma (fls. 302 a 311 cdno. apelación). 5. Recurso de apelación La parte actora (fls. 313 a 349 cdno. apelación) solicitó que se revoque la sentencia de primera instancia con apoyo en el siguiente razonamiento: 1) Hay lugar a declarar la responsabilidad patrimonial extracontractual de la parte demandada por la privación injusta de la libertad que soportó el señor Guillermo Enrique Lora Puché con base en el régimen objetivo, puesto que la presunción de inocencia no fue desvirtuada. 2) No es procedente declarar probada la excepción de pleito pendiente porque no existe identidad jurídica de partes entre el expediente de reparación directa con radicado número 70001-23-31-000-2011-02063-00 (62.840) y el proceso de la referencia. 6. Actuación surtida en segunda instancia 1) En providencia del 16 de octubre de 2019 (fl. 355 cdno. apelación), se admitió el recurso de apelación formulado por la parte actora y el 29 de noviembre de 2019 se corrió traslado a las partes por el término común de diez (10) días para que presentaran los alegatos de conclusión y, por el mismo lapso, al Ministerio Público para que emitiera concepto (fl. 357 cdno. apelación). En el término previsto la Fiscalía General de la Nación solicitó confirmar la sentencia de primera instancia (fls. 358 a 361 cdno. apelación); mientras que la parte actora y el Ministerio

Ministerio Público para que emitiera concepto (fl. 357 cdno. apelación). En el término previsto la Fiscalía General de la Nación solicitó confirmar la sentencia de primera instancia (fls. 358 a 361 cdno. apelación); mientras que la parte actora y el Ministerio Público guardaron silencio. 2) Mediante auto del 2 de mayo de 2023 la Sala ofició a la Secretaría de la Sección Tercera del Consejo de Estado para que con destino al expediente de la referencia remitiera copias de la demanda, así como también de las sentencias de primera y segunda instancias proferidas en el marco del proceso de reparación directa númeroExpediente 70001-23-31-000-2011-02118-01 (64.800) Demandante: Guillermo Enrique Lora Puché y otros Reparación directa Apelación sentencia

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70001-23-31-000-2011-02063-00 (62.840) para efectos de determinar si se configuró o no una situación de cosa juzgada (índice 11 SAMAI), finalmente, estos documentos fueron allegados al expediente de la referencia y fueron trasladados a las partes, sin pronunciamiento alguno de estas. II. CONSIDERACIONES DE LA SALA Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el asunto sometido a consideración con el siguiente derrotero: 1) objeto de la controversia, competencia del ad quem y anuncio de la decisión, 2) análisis de la impugnación, 3) conclusión y, 4) condena en costas. 1. Objeto de la controversia, competencia del ad quem y anuncio de la decisión La controversia planteada propone determinar i) si se configuró o no una situación de cosa juzgada y, ii) si la restricción de la libertad personal que soportó el señor Guillermo Enrique Lora Puché constituyó una privación injusta pasible de comprometer la responsabilidad patrimonial extracontractual de la parte demandada y, si como consecuencia de ello, si hay lugar a reparar los perjuicios reclamados por los actores. Sobre este punto, debe advertirse que en el asunto de la referencia únicamente interpuso recurso de apelación la parte demandante. De acuerdo con lo anterior se tiene que se trata de una situación de apelante único, de manera que la impugnación se entiende interpuesta en lo desfavorable al apelante y no es posible enmendar o resolver lo que no fue objeto del recurso. Por lo anterior, la Sala en esta providencia adoptará las siguientes determinaciones: 1) Declarará probada la existencia de cosa juzgada frente a los actores Guillermo Enrique Lora Puché, Ricardo Andrés Lora Hincapié, Libia Liney Puché Fajardo, Liliana Patricia

Por lo anterior, la Sala en esta providencia adoptará las siguientes determinaciones: 1) Declarará probada la existencia de cosa juzgada frente a los actores Guillermo Enrique Lora Puché, Ricardo Andrés Lora Hincapié, Libia Liney Puché Fajardo, Liliana Patricia Lora, Álvaro Javier Lora Puché, Gustavo Adolfo Lora Puché y Magdalena Rosa Hincapié Hawasly, esta última quien actúa en nombre propio y en representación de su hija menor de edad Estéfani Yulieth Lora Hincapié, en relación con las pretensiones de la demanda dirigidas en contra de la Fiscalía General de la Nación.Expediente 70001-23-31-000-2011-02118-01 (64.800) Demandante: Guillermo Enrique Lora Puché y otros Reparación directa Apelación sentencia

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1. Decidirá el fondo del asunto frente al actor Édison Alberto Lora Puché en cuanto a las pretensiones de la demanda dirigidas en contra de la Fiscalía General de la Nación, así como también se resolverá el fondo del asunto frente a la totalidad de los actores en lo que tiene que ver con las súplicas de la demanda dirigidas en contra del Departamento Administrativo de Seguridad, porque se encuentran reunidos los presupuestos para fallar, entre ellos, la oportunidad en la presentación de la demanda. En efecto, la sentencia absolutoria se profirió el 14 de septiembre de 2009 por el Juzgado Segundo Promiscuo de Corozal (Sucre) la cual quedó debidamente ejecutoriada (constancia, fl. 106 cdno. 1), mientras que la solicitud de conciliación prejudicial se presentó el 26 de abril de 2011 y se declaró fallida el 21 de junio de 2011 (fl. 119 cdno. 1), la demanda se interpuso el 29 de agosto de 2011 (fl. 10 cdno. 1) y, por ende, se concluye que fue radicada dentro del término previsto por el artículo 136 numeral 8 del CCA1. 3) Revocará la decisión de primera instancia, en ese sentido i) se declarará probada parcialmente la existencia de cosa juzgada y, ii) se accederá a declarar la responsabilidad patrimonial extracontractual de la Fiscalía General de la Nación, sin embargo, se negará la indemnización de perjuicios solicitada porque el demandante no acreditó la existencia del perjuicio reclamado. 2. Análisis de la impugnación En los términos en que ha sido planteada la controversia, la sentencia apelada será modificada por las razones que se exponen a continuación. 2.1 La cosa juzgada 1) El artículo 175 del Código Contencioso Administrativo dispone que la sentencia proferida en un proceso de reparación directa produce cosa

la controversia, la sentencia apelada será modificada por las razones que se exponen a continuación. 2.1 La cosa juzgada 1) El artículo 175 del Código Contencioso Administrativo dispone que la sentencia proferida en un proceso de reparación directa produce cosa juzgada frente a otro proceso que tenga el mismo objeto y causa, siempre y cuando haya identidad jurídica de partes. 2) Para efectos de determinar si se presentó una situación constitutiva de cosa juzgada en el expediente de la referencia es pertinente poner de presente las

1 El presente asunto tiene prelación conforme a lo acordado por la Sala Plena de la Sección Tercera de esta Corporación en el acta número 10 del 25 de abril de 2013, que decidió que los expedientes que están para fallo en relación con daños causados por privaciones injustas de la libertad pueden decidirse por las Subsecciones, sin sujeción al turno.Expediente 70001-23-31-000-2011-02118-01 (64.800) Demandante: Guillermo Enrique Lora Puché y otros Reparación directa Apelación sentencia 8

actuaciones llevadas a cabo en el marco del proceso de reparación directa número 70001-23-31-000-2011-02063-00 (62.840), así: a) El 22 de julio de 2011, el señor Guillermo Enrique Lora Puché, quien actuó en representación de sus hijos menores de edad Ricardo Andrés Lora Hincapié y Estéfani Yulieth Hincapié, así como también los señores Magdalena Rosa Hincapié, Édinson Lora Medrano, Libia Liney Puché Fajardo, José Fernando Lora Puché, Álvaro Javier Lora Puché, Ana Isabel Lora Puché, Liliana Patricia Lora Puché, Gustavo Adolfo Lora Puché y Pedro Luis Serpa Puché, por intermedio de apoderado judicial presentaron demanda en ejercicio de la acción de reparación directa en contra de la Nación - Ministerio de Defensa - Armada Nacional y la Fiscalía General de la Nación con el objeto de que se declarara su responsabilidad patrimonial extracontractual por la privación injusta de la libertad que soportó el primero de los mencionados en el trámite de un proceso penal con radicación número 2008-00306-00, iniciado por el delito de rebelión y que finalizó con sentencia absolutoria dictada el 14 de septiembre de 2009 por el Juzgado Segundo Promiscuo de Corozal (Sucre) (índice 13 SAMAI)2. b) El 30 de septiembre de 2016, el Tribunal Administrativo de Sucre negó las pretensiones de la demanda por considerar que se configuró la culpa exclusiva de la víctima, decisión que fue confirmada el 14 de

diciembre de 2022 por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado por estimar que la detención del señor Guillermo Enrique Lora Puché estuvo ajustada al ordenamiento jurídico (índice 13 SAMAI), providencia que quedó debidamente ejecutoriada según se advierte en la página electrónica de la Rama Judicial. 3) En virtud del anterior recuento fáctico y probatorio, hay lugar a declarar probada la configuración de la cosa juzgada frente a los actores Guillermo Enrique Lora 2 Como pretensiones de esa demanda se transcribe lo siguiente: “1. La Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Armada Nacional – Fiscalía General de la Nación son administrativamente responsables de los perjuicios morales causados a (…) GUILLERMO ENRIQUE LORA PUCHÉ (víctima) obrando en nombre propio y en representación de sus menores hijos: RICARDO ANDRÉS LORA HINCAPIÉ Y ESTEFANY YULIETH LORA HINCAPIÉ (hijos menores de la víctima), MAGDALENA ROSA HINCAPIÉ HAWALY (compañera de la víctima), EDINSON LORA MEDRANO (padre de la víctima), LIBIA LINEY PUCHÉ FAJARDO (madre de la víctima), JOSÉ FERNANDO LORA PUCHÉ, ÁLVARO JAVIER LORA PUCHÉ, ANA ISABEL LORA PUCHÉ, LILIANA PATRICIA LORA PUCHÉ, GUSTAVO ADOLFO LORA PUCHÉ Y PEDRO LUIS SERPA PUCHÉ (hermanos de la víctima) (…) fue sindicado

injustamente del delito de rebelión perteneciendo al frente 35 de la FARC y posteriormente detenido. 2. Condenar, en consecuencia, a la Nación – ministerio de Defensa Nacional – Armada Nacional – Fiscalía General de la Nación (…) como reparación del daño ocasionado a pagar a los actores, o a quien representen legalmente sus derechos, los perjuicios de orden moral objetivados y subjetivados, actuales y futuros (…).” (fls. 3 a 6 índice SAMAI 13 - negrillas del texto original).Expediente 70001-23-31-000-2011-02118-01 (64.800) Demandante: Guillermo Enrique Lora Puché y otros Reparación directa Apelación sentencia

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Puché, Ricardo Andrés Lora Hincapié, Libia Liney Puché Fajardo, Liliana Patricia Lora, Álvaro Javier Lora Puché, Gustavo Adolfo Lora Puché, Magdalena Rosa Hincapié Hawasly y Estéfani Yulieth Hincapié en relación con las súplicas de la demanda dirigidas en contra de la Fiscalía General de la Nación, toda vez que entre el proceso de reparación directa número 70001-23-31-000-2011-02063 (62.840) y el expediente de la referencia hay identidad de objeto, causa y de partes, pues, en ambos asuntos los mencionados demandantes solicitaron que se declarare la responsabilidad patrimonial extracontractual de dicha entidad por la privación injusta de la libertad que soportó el señor Guillermo Enrique Lora Puché en el marco de un proceso penal con radicación número 2008-00306-00 iniciado en su contra por el delito de rebelión y que finalizó con la sentencia absolutoria del 14 de septiembre de 2009 expedida por el Juzgado Segundo Promiscuo de Corozal (Sucre)3. 4) No ocurre lo mismo frente al aquí demandante Edison Alberto Lora Puché -quien compareció al presente proceso en condición de hermano de la víctima directani respecto de la demandada Departamento Administrativo de Seguridad, pues, ni dicho demandante y accionada hicieron parte del extremo activo y pasivo del expediente de reparación directa número 70001-23-31-000-2011-02063 (62.840). 5) Así las cosas, se procederá a analizar el fondo del asunto frente al demandante Édison Alberto Lora Puché en lo que tiene que ver con las pretensiones de la demanda dirigidas en contra de la Fiscalía General de la Nación, así como también la responsabilidad patrimonial extracontractual del Departamento Administrativo de Seguridad en relación con la totalidad de los actores. 2.2 La privación

Alberto Lora Puché en lo que tiene que ver con las pretensiones de la demanda dirigidas en contra de la Fiscalía General de la Nación, así como también la responsabilidad patrimonial extracontractual del Departamento Administrativo de Seguridad en relación con la totalidad de los actores. 2.2 La privación injusta de la libertad En atención a lo expuesto por la Corte Constitucional en las sentencias C-037 de 1996 y SU-072 de 20184, la metodología adecuada para abordar el estudio de responsabilidad patrimonial extracontractual del Estado en los casos de privación injusta de la libertad debe hacerse de la siguiente manera: i) en primer lugar, se identifica la existencia del daño, esto es, debe estar probada la privación de la libertad de la que en este caso se derivan los perjuicios reclamados por los actores; ii) en segundo término, se analiza la legalidad de la medida de privación de la libertad desde una óptica subjetiva, esto es, se estudia si esta se ajustó o no a los 3 La Sala advierte que el apoderado judicial que formuló la demanda de reparación directa número 70001-23-31-000-2011-02063 (62.840) no es el mismo abogado que presentó la del presente proceso. 4 Corte Constitucional, sentencia SU-072 de 2018, MP José Fernando Reyes Cuartas.Expediente 70001-23-31-000-2011-02118-01 (64.800) Demandante: Guillermo Enrique Lora Puché y otros Reparación directa Apelación sentencia

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parámetros dados por el ordenamiento constitucional y legal para decretar la restricción de la libertad, tanto en sus motivos de derecho como de hecho; iii) en tercer orden, y solo en el caso de no probarse la existencia de una responsabilidad por el régimen subjetivo, esta se analiza por un régimen objetivo (daño especial); iv) en cuarto lugar, en el evento de que se considere que hay sustento para declarar la responsabilidad estatal, ya fuere en un régimen subjetivo o uno objetivo, se procederá a verificar a qué entidad debe imputarse el daño antijurídico; v) aparte de lo anterior, en todos los casos, debe realizarse el análisis de la culpa de la víctima como causal excluyente de responsabilidad; vi) finalmente, en caso de condena, se procede a liquidar los perjuicios. 2.2.1 Existencia del daño La Sala encuentra que el señor Guillermo Enrique Lora Puché fue privado de su libertad personal en establecimiento carcelario desde el 28 de octubre de 20075 hasta el 15 de noviembre de 20096 por el delito de rebelión. 2.2.2 Examen del caso concreto 1) Con la finalidad de estudiar la existencia de la privación injusta de la libertad, la Sala encuentra que en el expediente se acreditan los siguientes hechos relevantes para la definición de la controversia objeto de estudio: a) El 7 de febrero de 2007, el Departamento Administrativo de Seguridad - Subdirección Antisecuestro Gaula Sucre remitió a la Fiscalía Seccional de Sincelejo (Sucre) una denuncia instaurada por el señor Jorge Gustavo Holguín en la que manifestó que un miembro de las FARC, a través de una llamada telefónica, le exigió el pago de cien millones de pesos ($100.000.000) (fls. 11 a 13 cdno. 1). b) El 7 de febrero de 2007, la Fiscalía Tercera

manifestó que un miembro de las FARC, a través de una llamada telefónica, le exigió el pago de cien millones de pesos ($100.000.000) (fls. 11 a 13 cdno. 1). b) El 7 de febrero de 2007, la Fiscalía Tercera Delegada ante el Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de Sincelejo (Sucre) abrió investigación previa y comisionó al Departamento Administrativo de Seguridad - Subdirección Antisecuestro Gaula Sucre para que recaudara los elementos materiales 5 De conformidad con el informe de captura y el acta de derechos del capturado expedidos por funcionarios del Departamento Administrativo de Seguridad - Subdirección Antisecuestro Gaula Sucre, el 28 de octubre de 2007, el señor Guillermo Enrique Lora Puché fue capturado en virtud de una orden de detención proferida por la Fiscalía Tercera Delegada ante el Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de Sincelejo (Sucre) (fls. 28 a 32 cdno. 1). 6 Según certificado expedido el 23 de mayo de 2011 por el el director del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Sincelejo (Sucre), el señor Guillermo Enrique Lora Puché fue dejado en libertad 15 de noviembre de 2009 (fl. 129 cdno. 1).Expediente 70001-23-31-000-2011-02118-01 (64.800) Demandante: Guillermo Enrique Lora Puché y otros Reparación directa Apelación sentencia

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probatorios que permitieran determinar las circunstancias de modo, tiempo y lugar del hecho denunciado (fls. 14 a 15 cdno. 1). c) El 25 de octubre de 2007, el ente investigador vinculó mediante diligencia de indagatoria al señor Guillermo Enrique Lora Puché por haber cometido supuestamente los delitos de rebelión, concierto para delinquir y extorsión, en consecuencia, ordenó su captura (fls. 17 a 23 cdno. 1). d) El 28 de octubre de 2007, el Departamento Administrativo de Seguridad - Subdirección Antisecuestro Gaula Sucre aprehendió al señor Guillermo Enrique Lora Puché en virtud de la orden judicial (fls. 28 a 32 cdno. 1). e) El 6 de noviembre de 2007, se resolvió la situación jurídica del señor Guillermo Enrique Lora Puché con medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario por el delito de rebelión. Como argumentos de la decisión se expuso lo siguiente: “El 5 de febrero del presente año a través del conmutador de la empresa COMCEL, se había recibido una llamada de parte de una persona que dijo llamarse alias ‘Jader’, integrante del 35 Frente de las FARC, el cual manifestó que quería hablar con el señor Jorge Holguín, quien se desempeña como jefe de seguridad de dicha empresa, en la aludida conversación el desconocido le manifestó que había que negociar la seguridad de esa empresa relacionada con las antenas, ingenieros y personal de mantenimiento, por lo que le exigió la suma de cien millones de pesos, de lo contrario procederían a volar las torres o a secuestrar al personal que realiza mantenimiento (…). (…) encontramos en el plenario pruebas de tecnología de punta que consisten en varias grabaciones o audios, mensajes de textos, que fueron obtenidas mediante autos