CE - 012331000201200061011ACLARACIONDEV20230419144444

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, seis (6) de febrero de dos mil veintitrés (2023).

Magistrado ponente: MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ Expediente: 19001-23-31-000-2012-00061-01 (54.523)

Demandante: DIEGO JOSÉ PALTA ILLERA Y OTROS

Demandado: FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y OTRO

Medio de control: REPARACIÓN DIRECTA

ACLARACIÓN DE VOTO

Aunque comparto la decisión de fondo proferida el 6 de febrero de 202 3 aclaro mi voto porque considero que: i) el fundamento para declarar la responsabilidad de la entidad accionada es el artículo 65 de la Ley 270 de 1996 en armonía con el artículo 90 de la Constitución Política, ii) la culpa de la víctima puede ser pre procesal pero debe seguirse la sentencia SU 363 de la Corte Constitucional, iii) la indemnización por perjuicios morales debe ser mayor , pero, debe seguirse la sentencia de unificación del 29 de noviembre de 2021, iv) el daño al buen nombre es un perjuicio derivado de la privación de la libertad y, v) la convivencia entre compañeros permanentes no se acredita por la sola existencia de hijos en común.

En efecto, respecto del régimen de responsabilidad la Corte Constitucional al declarar la exequibilidad del inciso primero del artículo 65 de la Ley 270 de 1996 precisó y condicionó la decisión en cuanto a que la alusión a la responsabilidad por

En efecto, respecto del régimen de responsabilidad la Corte Constitucional al declarar la exequibilidad del inciso primero del artículo 65 de la Ley 270 de 1996 precisó y condicionó la decisión en cuanto a que la alusión a la responsabilidad por falla en el servicio no excluye ni podría excluir la aplicación del artículo 90 superior en los casos de la administración de justicia 1, aspecto este que habilita atribuir la responsabilidad patrimonial del Estado con otras razones o títulos de imputación jurídica diferentes a los de los artículos 65, 66, 68 y 69 de la Ley 270 de 1996.

En ese sentido , en el caso objeto de análisis al probarse que hubo un daño antijurídico existe responsabilidad de la accionada porque la entidad rompieron el principio de igualdad de las cargas públicas que debe soportar todo ciudadan o al generársele a los aquí demandantes un daño anormal, especial y grave que debe

1 Corte Constitucional sentencia C-037 de 1996, MP Vladimiro Naranjo Mesa.2

Expediente 19001-23-31-000-2012-00061-01 (54.523) Reparación directa Aclaración de voto

ser reparado, cuyo fundamento se encuentra en el artículo 90 de la Constitución en armonía con el artículo 65 de la Ley 270 de 1996.

Por su parte, en lo que se refiere a la culpa de la víctima, aunque considero que esta puede ser pre procesal debe seguirse la sentencia SU 363 de 2021 de la Corte Constitucional en cumplimiento del artículo 10 de la Ley 1437 de 2011 , por ser de unificación jurisprudencial.

esta puede ser pre procesal debe seguirse la sentencia SU 363 de 2021 de la Corte Constitucional en cumplimiento del artículo 10 de la Ley 1437 de 2011 , por ser de unificación jurisprudencial.

De igual forma, en cuanto a la sentencia del 29 de noviembre de 2021 proferida en el expediente 46.681 por la cual la Sección Tercera del Consejo de Estado unificó la tasación de perjuicios morales en los casos de privación injusta de la libertad, debo indicar que participé en su discusión y aprobación pero me aparté parcialmente por consi derar, entre otros aspectos, que la presunción del perjuicio moral no se debía limitar a la víctima directa, su cónyuge, compañero o compañera permanente y parientes en primer grado de consanguinidad sino que también esta debía ser extensiva a otros parien tes que incluso pueden sufrir incluso más que la persona que es objeto de privación; de igual forma, no compart í los criterios de tasación de la sentencia que se realizaron para los parientes de la víctima directa; sin embargo, por tratarse de una sentencia de unificación jurisprudencial debe acatarse en cumplimiento del artículo 10 de la Ley 1437 de 2011.

De otro lado, aunque comparto la orden de disculpas públicas que se da en la sentencia por la vulneración del buen nombre, considero que la denominada indemnización de bienes jurídicos especialmente protegidos por la Constitución y los tratados internacionales so bre derechos humanos constituye un recurso argumentativo para explicar y justificar, válida y oportunamente, la necesidad y la pertinencia de rebasar o superar los topes de indemnización de los perjuicios ya reconocidos por el daño causado, para el caso, l a afectación del buen nombre es

argumentativo para explicar y justificar, válida y oportunamente, la necesidad y la pertinencia de rebasar o superar los topes de indemnización de los perjuicios ya reconocidos por el daño causado, para el caso, l a afectación del buen nombre es un perjuicio derivado de la privación injusta de la libertad.

Finalmente, considero que la existencia de hijos en común no prueba, por ese solo hecho, que los señores Martha Clelia Benavidez Ordoñez y Tulio Enrique Mosquera Guevara son compañeros permanentes entre sí; en el proceso esta circunstancia se encuentra demostrada con las demás pruebas allegadas a este cuales dan cuenta dan cuenta que los demandantes existía una comunidad de vida permanente3

Expediente 19001-23-31-000-2012-00061-01 (54.523) Reparación directa Aclaración de voto

y singular, esto es, de carácter sentimental y vivencial correspondiente a la de compañeros permanentes.

FREDY IBARRA MARTÍNEZ

Magistrado (firmado electrónicamente)

Constancia. La presente aclaración de voto fue firmada electrónicamente por el magistrado en la plataforma SAMAI, en consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de conformidad con el artículo 2 de la Ley 2213 de 2022.