CE - 012331000201200079011SENTENCIA20231006111621

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejero Ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá, D.C., veintinueve (29) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)

Radicación: 23001-23-31-000-2012-00079-01 (64.508)

Actor: Patrimonio Autónomo de Remanentes de Telecom y

Teleasociadas en Liquidación Demandado: Nación – Rama Judicial Referencia: Acción de reparación directa

Asunto: Sentencia

Temas: DAÑOS CAUSADOS POR LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / Embargo y pago de unas sumas de dinero por un amparo constitucional / DAÑO – Se acreditó - Acción de repetición contenida en el artículo 2313 del Código Civil – No procede / FALLA EN EL SERVICIO - Se configuró ante la inobservancia de los requisitos generales de la acción de tutela por parte del juez constitucional, aunado a la omisión en la verificación de las condiciones para acceder al plan de pensión anticipada / INDEMNIZACIÓN – Procede el reconocimiento por daño emergente – en relación con el lucro cesante, no hay lugar a acceder a los intereses corrientes y moratorios.

Procede la Sala a resolver los recursos de apelación interpuestos contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Ara uca, a través de la cual accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

Se demanda el resarcimiento de los daños causados por el error judicial en el que habría incurrido la Rama Judicial derivado de las decisiones adoptadas dentro de la

accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

Se demanda el resarcimiento de los daños causados por el error judicial en el que habría incurrido la Rama Judicial derivado de las decisiones adoptadas dentro de la acción de tutela No. 2008-0103, las cuales, posteriormente fueron declaradas nulas por la Corte Constitucional por falta de competencia.

I. SENTENCIA APELADA

1. Corresponde a la sentencia ya identificada, mediante la cual el Tribunal Administrativo de Arauca decidió la demanda de reparación directa presentada el 1° de marzo de 2012 1, por el Patrimonio Autónomo de Remanentes de Telecom y Teleasociadas en liquidación (en adelante PAR de Telecom), en contra de la Nación – Rama Judicial, con el fin de que se decl are su responsabilidad patrimonial por ordenar el amparo de los derechos fundamentales de 10 extrabajadores de Telecom

1 Folios 334 a 335 del cuaderno 1.Radicación: 23001233100020120007901 (64.508)

Actor: Patrimonio Autónomo de Remanentes de

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y haber embargado las cuentas bancarias de esa entidad para pagar las mesadas y demás emolumentos que dejaron de percibir desde su desvinculación2.

La demanda

2. Como supuesto fáctico de las pretensiones , la entidad demandante indicó que mediante Decretos 1603 y 1615 de 2003 y 1773 de 2004, el Gobierno Nacional ordenó la supresión y la liquidación de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones -en adelante Telecom -, para lo cual designó como liquidador a la Fiduciaria La

mediante Decretos 1603 y 1615 de 2003 y 1773 de 2004, el Gobierno Nacional ordenó la supresión y la liquidación de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones -en adelante Telecom -, para lo cual designó como liquidador a la Fiduciaria La Previsora, la cual, una vez efectuado el cierre definitivo de las liquidaciones constituyó un patrimonio autónomo de remanentes mediante la celebración de un contrato de fiducia mercantil -el 30 de diciembre de 2005 -, para atender las obligaciones a su cargo.

3. Señaló que 14 extrabajadores de Telecom3 presentaron acción de tutela contra el PAR de Telecom, por cuanto fueron desvinculados de sus cargos sin que se hubiera levantado el fuero sindical que los amparaba; por tal motivo solicitaron, entre otras, el embargo de sus cuentas bancarias por la suma de dos mil novecientos diecisiete millones ochocientos sesenta y un mil doscientos cuarenta y se is pesos ($2.917’861.246) y el pago de los salarios que dejaron de percibir desde la fecha en que fueron retirados de sus empleos -31 de enero de 2006-. El proceso fue conocido por el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Cereté , el cual, en auto del 2 de diciembre de 2008 , admitió la demanda y se abstuvo de decretar dicha medida cautelar, tras advertir que la misma sería decidida en el fallo respectivo.

4. En sentencia del 18 de diciembre de 2008 , el juez constitucional decidió: i) amparar los derechos fundamentales al trabajo y asociación sindical de 10 de los tutelantes, aduciendo que su despido fue injusto al no haberse levantado

amparar los derechos fundamentales al trabajo y asociación sindical de 10 de los tutelantes, aduciendo que su despido fue injusto al no haberse levantado previamente el fuero sindical que ostentaban; en consecuencia, ordenó liquidar los perjuicios mediante incidente; ii) declarar improcedente la referida acción frente los demás actores debido a que el PAR de Telecom acudió ante el juez para levantar dicha garantía; y, iii) negar la medida de embargo ante la incertidumbre del monto exacto de la obligación. Dicha decisión fue impugnada por el allí accionado.

5. Surtido el trámite incidental, el 6 de febrero de 2009 , el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Cereté libró orden de pago a favor de los accionantes por la suma de mil novecientos cuarenta millones seiscientos veintisiete mil ciento veintidós

2 La actora pretende la declaratoria de responsabilidad de la demandada y la consecuencial condena al pago de la totalidad de los daños y perjuicios cuyos conceptos y cuantías estimaron de la siguiente manera: i) $2.482.298.889, por concepto de daño emergente; y, ii) los intereses bancarios corrientes y de mora causados sobre la anterior cifra, desde el 7 de febrero de 2009 hasta la fecha del pago definitivo, por lucro cesante. 3 Edgar Mosquera Palacio, María Sussan Pérez Quintero, Vidal Mauricio López Duque , Gloria Elena Giraldo Arias, Eduardo Tordecilla Tordecilla, Benjamín Corrales Benítez, Edgardo Mendoza Peralta, Gladys Montes Montiel, Rodrigo Antonio López Villegas, Never Garrido Martínez, Luis Armando Duque Marchena, Remberto

Arias, Eduardo Tordecilla Tordecilla, Benjamín Corrales Benítez, Edgardo Mendoza Peralta, Gladys Montes Montiel, Rodrigo Antonio López Villegas, Never Garrido Martínez, Luis Armando Duque Marchena, Remberto Ballestas Mendoza, Neftalí Zapata Suárez y Eliana González Gómez.Radicación: 23001233100020120007901 (64.508)

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pesos ($1.940’627.122), en tal virtud, decretó el embargo de las cuentas bancarias del PAR de Telecom. El 16 de febrero siguiente, el referido despacho judicial , a petición de los tutelantes, decretó el embargo de los remanentes que reposaban en la cuenta del centro de servicio judicial de Montería.

6. Se afirmó que en la ejecución de esa orden, la unidad judicial entregó a los accionantes una suma superior a la r econocida, esto es, dos mil cuatrocientos ochenta y dos millones doscientos noventa y ocho mil ochocientos ochenta y nueve pesos ($2.482.298.889)4. En el transcurso de las diligencias, el 17 de febrero de 2009, el Juzgado Penal del Circuito de Cereté resolvió la impugnación formulada por el PAR de Telecom, en la que confirmó íntegramente el fallo de primera instancia.

7. Se arguyó que, como la allí accionada había pagado las sumas ordenadas en esa actuación, el 1º de abril siguiente, el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Cereté decretó el levantamiento de la medida cautelar que pesaba sobre sus cuentas

esa actuación, el 1º de abril siguiente, el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Cereté decretó el levantamiento de la medida cautelar que pesaba sobre sus cuentas bancarias. Finalmente, el 24 de septiembre de 2009, la Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional, mediante auto A280A de 2009 declaró la nulidad de toda la actuación por falta de competencia territorial.

8. Sobre esa base, el administrador, vocero y representante del PAR, concluyó que la entidad demandada debía resarcir los perjuicios materiales que le fueron causados, dado que : i) los Juzgados Primero Promiscuos Municipal de Cereté y Penal de ese Circuito tramitaron la acción constitucional sin tener competencia para tal fin; ii) la medida de embargo decretada contravino el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991 que únicamente admite las medidas de arresto y multa para hacer cumplir las decisiones que se profieren en ese tipo de acciones ; y, iii) se entregó el dinero objeto de esa medida, antes de que se hubiese dictado una decisión ejecutoriada sobre su derecho y en un monto superior al ordenado5.

La defensa

9. Notificado en debida forma el auto admisorio 6, la Nación – Rama Judicial se opuso a las pretensiones de la demanda, por considerar que no incurrió en error jurisdiccional alguno, toda vez que actuó conforme al marco legal dispuesto por el Decreto 2591 de 1991 , que lo habilita a ordenar lo procedente para proteger los derechos y no hacer ilusorio el efecto de un eventual fallo a favor de los accionantes, así como a dictar cualquier medida de conservac ión o seguridad encaminada a

Decreto 2591 de 1991 , que lo habilita a ordenar lo procedente para proteger los derechos y no hacer ilusorio el efecto de un eventual fallo a favor de los accionantes, así como a dictar cualquier medida de conservac ión o seguridad encaminada a proteger un derecho o evitar que se produzcan otros daños -artículo 7°-.

4 Si bien en el escrito de demanda se afirmó que la suma entregada correspondió a $2.482.298.889, revisadas las órdenes de pago de depósitos judiciales emitidas por el despacho a favor de los tutelantes, la Sala advierte que aquéllas suman $2.238.927.350 (folios 29 a 45 del cuaderno anexo 4). 5 Folios 314 a 334 del cuaderno 1. 6 La demanda fue admitida por el Tribunal Administrativo de Córdoba mediante auto del 16 de abril de 2012 (folio 336 del cuaderno principal).Radicación: 23001233100020120007901 (64.508)

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10. Resaltó que durante el trámite de la acción tutelar existió una etapa procesal en la que el despacho judicial le dio la oportunidad al aquí accionante pa ra pronunciarse sobre los hechos en que se fundó la acción interpuesta por los antiguos trabajadores de Telecom , igualmente, para que aportara las pruebas necesarias que demostraran la ausencia de desvinculación injustificada de los empleados, lo cual no efectuó, por lo que consideró que resultaba procedente el amparo transitorio de los derechos invocados.

necesarias que demostraran la ausencia de desvinculación injustificada de los empleados, lo cual no efectuó, por lo que consideró que resultaba procedente el amparo transitorio de los derechos invocados.

11. Asimismo, indicó que los fallos de tutela son de inmediato cumplimiento, de ahí que la impugnación que se formule contra dicho proveído debe concederse en el efecto devolutivo, sin que esté permitido suspender los efectos del fallo, aun durante el trámite de revisión eventual. Por tanto, en caso de revocatoria del fallo, el PAR de Telecom tenía la facultad de repetir contra las personas que en un princip io se vieron beneficiadas a efectos de recuperar lo pagado con ocasión de la acción tutelar. En consecuencia, propuso las excepciones de “ falta de causa para demandar” y la innominada7.

12. Luego de surtirse el debate probatorio8, en la oportunidad para alegar, la Rama Judicial reiteró los argumentos esbozados en la contestación de la demanda 9. Por su parte, la accionante señaló que la jurisprudencia constitucional prohíbe al juez de tutela el decreto de embargos y la entrega de d ichos bienes sin contar con una decisión ejecutoriada10.

13. El Ministerio Público guardó silencio.

7 Folios 342 a 355 del cuaderno 1. 8Durante la actuación se decretaron y practicaron las siguientes pruebas: i) los documentos aportados con la demanda, que comprenden: a la escritura pública No. 1426 otorgada en la Notaría Primera del Círculo de Bogotá

8Durante la actuación se decretaron y practicaron las siguientes pruebas: i) los documentos aportados con la demanda, que comprenden: a la escritura pública No. 1426 otorgada en la Notaría Primera del Círculo de Bogotá el 16 de abril de 2010; certificado de existencia y representación legal de Fiduagraria S.A. y Fidupopular S.A.; Decreto 1615 de 12 de junio de 2003; Decreto 4781 de 2005; acta de liquidación de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones – Telecom en liquidaci ón; el acta de aclaración al acta de liquidación de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones – Telecom en liquidación de 31 de enero de 2006; el acuerdo consorcial celebrado entre la sociedad Fiduagraria S.A. y la sociedad Fiduciaria Popular S.A. para la invitación pública para constitución del patrimonio autónomo de remanentes Telecom y Teleasociadas en liquidación; el contrato de fiducia mercantil suscrito entre Fiduciaria La Previsora S.A. actuando en su calidad de liquidador de Telecom en liquidación y Teleasociadas en liquidación y el consorcio remanentes Telecom conformado por Fiduagraria S.A. y Fiduciaria Popular S.A. para la constitución del Patrimonio Autónomo de Remanentes Telecom y Teleasociadas en liquidación PAR; el otrosí No. 1 al contrato de constitución del PAR; el otrosí No. 2 al contrato de constitución del PAR; el otrosí No. 3 al contrato de constitución del PAR; el otrosí No. 4 al contrato de constitución del PAR; el otrosí No. 5 al contrato de constitución del PAR; el otrosí No. 6 al con trato de constitución del PAR; el otrosí No. 7 al contrato de constitución del PAR; el otrosí No. 8 al contrato de

constitución del PAR; el otrosí No. 5 al contrato de constitución del PAR; el otrosí No. 6 al con trato de constitución del PAR; el otrosí No. 7 al contrato de constitución del PAR; el otrosí No. 8 al contrato de constitución del PAR; informe de auditoría gubernamental con enfoque integral – modalidad especial para la vigencia 2009; informe de auditoría gubernamental con enfoque integral – modalidad especial para la vigencia 2010; estado del proceso, reparto revisión; providencia del 24 de septiembre de 2009, proferida por la Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional; solicitud de convocatoria a conciliación prejudicial; notificación de la suspensión del cargo; constancia de agotamiento del requisito de conciliación prejudicial expedid el 1 de marzo de 2012 por la Procuraduría 124 Judicial II para asuntos administrativos de Montería (Córdoba); acta de conciliación prejudicial; copia auténtica de la acción de tutela con radicación 2008 -00103 -cuadernos 4 a 9-; ii) comunicación del Banco Popular del 13 de diciembre de 2013 sobre retención del dinero embargado; iii) comunicación del Banco Agrario d el 30 de enero de 2014; y, iv) comunicación de Bancolombia del 19 de diciembre de 2013. Folios 2 a 313, 377 a 388, C.1. 9 Folio 412 del cuaderno 1. 10 Folio 414 y 415 del cuaderno 1.Radicación: 23001233100020120007901 (64.508)

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La decisión

14. Mediante sentencia proferida el 28 de marzo de 2019, el Tribunal Administrativo de Arauca accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda en los siguientes

términos (se transcribe literal)11:

“PRIMERO: DECLARAR patrimonialmente responsable a la Nación – Rama Judicial por los perjuicios que se le causaron al Patrimonio Autónomo de Remanentes – PAR – de Telecom y Teleasociadas en Liquidación, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.

SEGUNDO. CONDENAR a la Nación – Rama Judicial a pagarle al Patrimonio Autónomo de Remanentes – PAR – de Telecom y Teleasociadas en Liquidación, por perjuicios materiales de daño emergente y lucro cesante, la suma de $3.294.891.556.

TERCERO. NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

CUARTO. DECLARAR que no hay condena en costas.

QUINTO. DAR cumplimiento a lo dispuesto en esta sentencia, de conformidad con lo establecido en los artículos 176 y 177 del C.C.A., para lo cual se expedirán las copias correspondientes conforme con las exigencias del artículo 114 del Código General del Proceso y con las constancias requeridas en tales normas jurídicas; y emitir las comunicaciones de rigor.

SEXTO. ORDENAR que por Secretaría del Tribunal Administrativo de Córdoba, se liquiden los gastos del proceso y si lo hubiere, devolver a la parte demandante el saldo respectivo.

en tales normas jurídicas; y emitir las comunicaciones de rigor.

SEXTO. ORDENAR que por Secretaría del Tribunal Administrativo de Córdoba, se liquiden los gastos del proceso y si lo hubiere, devolver a la parte demandante el saldo respectivo.

SÉPTIMO. ORDENAR que en firme en el Tribunal Administrativo de Córdoba la presente providencia, se archive el expediente, previos los registros que correspondan.

OCTAVO. ORDENAR que previas las anotaciones de rigor, por Secretaría del Tribunal Administrativo de Arauca:

(i) Se remita copia de esta providencia por correo – Electrónico si aparece registrado o postal – a las partes y al Ministerio Público con carácter de mera información.

(ii) Se devuelva el expediente al Tribunal Administrativo de Córdoba, para que prosigan los trámites procesales que correspondan, incluido el de notificación de la sentencia.

NOVENO. EXHORTAR al Consejo Superior de la Judicatura, conforme lo expuesto en el numeral 5.3. de la parte motiva”.

11 Folios 3 a 12 del cuaderno del Consejo de Estado.Radicación: 23001233100020120007901 (64.508)

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15. Para arribar a esta decisión, el Tribunal manifestó que la Rama Judicial, a través de los Juzgados Primero Promiscuo Municipal de Cereté y Penal de ese Circuito incurrió en un error jurisdiccional, toda vez que ordenó el embargo de las cuentas

15. Para arribar a esta decisión, el Tribunal manifestó que la Rama Judicial, a través de los Juzgados Primero Promiscuo Municipal de Cereté y Penal de ese Circuito incurrió en un error jurisdiccional, toda vez que ordenó el embargo de las cuentas bancarias y remanentes del PAR de Telecom y entregó esos recursos a los tutelantes, a pesar de no tener competencia para adelantar la acción constitucional respectiva, en tanto que, como lo precisó la Corte Constitucional en auto 280A de 2009 -mediante el cual declaró la nulidad de la actuación en sede de revisión-, ni el domicilio de los accionantes, ni los efectos de la terminación del contrato laboral se produjeron en el municipio de Cereté.

16. En consecuencia, el a quo condenó a la Nación - Rama Judicial al pago de los perjuicios materiales causados por concepto de daño emergente, en el monto correspondiente al dinero embargado y efectivamente entregado a los tutelantes - $2.238’927.350-; a su vez, negó el reconocimiento el embargo realizado por valor de $ 243’641.542, en tanto que el mismo fue puesto a disposición de la aquí demandante por parte del Juzgado Promiscuo Municipal de Cereté.

17. Seguidamente, advirtió que no e ra dable otorgar intereses comerciales y moratorios, por cuanto no se demostró que la suma retenida produjera algún tipo de renta o que por la ejecución de la medida se le hubieran frustrado negocios o utilidades adicionales al demandante; sin embargo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1617 y 2232 del Código Civil reconoció, a título de lucro cesante,

renta o que por la ejecución de la medida se le hubieran frustrado negocios o utilidades adicionales al demandante; sin embargo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1617 y 2232 del Código Civil reconoció, a título de lucro cesante, intereses civiles por un período de 6 meses -$95’249.335-, respecto de la suma que el PAR de Telecom se vio conminado a pagar.

18. Finalmente, exhortó al Consejo Superior de la Judicatura para que adopte medidas enfocadas a impedir actuaciones arbitrarias, ilegales y delictivas de los servidores públicos judiciales12.

II. LOS RECURSOS INTERPUESTOS

Sustentación de los recursos de apelación

19. En su apelación, la Rama Judicial cuestionó la valoración probatoria realizada por el a quo, pues partió de afirmar que durante la acción de tutela , la entidad demandante tuvo la oportunidad de demostrar que la desvinculación de los trabajadores de la extinta Telecom estuvo justificada o, en su defecto, que

12 Folios 3 a 12 del cuaderno principal. Es del caso precisar que, en virtud de lo dispuesto al Acuerdo No. PSAA18 -11134 del 31 de octubre de 2018 expedido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, el Tribunal Administrativo de Córdoba remitió el expediente al Tribunal Administrativo de Arauca por descongestión.Radicación: 23001233100020120007901 (64.508)

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indemnizó los perjuicios a ellos ocasio nados; lo cual no ocurrió, por manera que

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indemnizó los perjuicios a ellos ocasio nados; lo cual no ocurrió, por manera que resultaba procedente el amparo transitorio de sus derechos.

20. Agregó que, contrario a lo manifestado por el a quo , no se configura ron los supuestos esenciales para declarar su responsabilidad patrimonial, puesto que actuó en estricta aplicación de las normas que regulan el trámite de la acción constitucional, razón por la cual no resultaba procedente concluir sobre un anormal funcionamiento de la administración de justicia.

21. Destacó que el Decreto 2591 de 1991, en su artículo 7°, habilita al juez para que adopte las medidas necesarias para proteger un derecho o evitar que se produzcan otros daños y, en el artículo 35, establece que la revisión del fallo de tutela se concede en el efecto devolutivo, impidiendo al juzgador suspender sus efectos; de allí que ante la revocatoria del amparo, la demandante únicamente podía solicitar la restitución del detrimento patrimonial sufrido frente a las personas que en principio fueron beneficiadas con la decisión censurada.

22. Así, reprochó el hecho de que el PAR de Telecom no impetrara las acciones pertinentes contra l os sujetos que fueron amparad os por los fallos de tutela censurados y, en su lugar, solicitara a esa entidad el resarcimiento de unos perjuicios que aparentemente le fueron causados, con ocasión del legítimo ejercicio y correcta aplicación de la administración de justicia , en el que se amparó, de

censurados y, en su lugar, solicitara a esa entidad el resarcimiento de unos perjuicios que aparentemente le fueron causados, con ocasión del legítimo ejercicio y correcta aplicación de la administración de justicia , en el que se amparó, de manera transitoria, los derechos fundamentales de los peticionarios13.

23. A su turno, la parte actora, cuestionó la decisión del a quo en lo que respecta a la orden de reconocer intereses civiles por un período de 6 meses, pues, a su juicio, el Tribunal desconoció que en virtud d el principio de reparación integral y de la presunción de derecho establecida en el numeral 2º del artículo 1617 del Código Civil, el acreedor de una indemnización por una suma de dinero está relevado de probar perjuicio s para que le sean reconocidos los intereses de mora causados sobre el capital debido . Por tal motivo, solicitó que se accediera al pago de los intereses corrientes y moratorios causados sobre el capital hasta que se produzca su pago definitivo14.

13 Folios 16 y 17 del cuaderno principal. 14 Esto se plasmó en el citado recurso: “ (…) la presunción del tiempo de resiliencia de la víctima frente a la ocurrencia del daño es una presunción jurisprudencias, que en el presente caso se enfrenta a una presunción de derecho establecida por el legislador en el numeral 2° del artículo 1617 del Código Civil, pues tal como está configurada la última, ella exonera al acreedor de demostrar la ocurrencia de cualquier perjuicio frente al despojo de una suma de dinero; mientras que la presunción jurisprudencial exige demostrar perjuicios por un tiempo superior al de 6 meses (…) por tal motivo se encuentra que el legislador libró de la carga de la prueba a todo

de una suma de dinero; mientras que la presunción jurisprudencial exige demostrar perjuicios por un tiempo superior al de 6 meses (…) por tal motivo se encuentra que el legislador libró de la carga de la prueba a todo acreedor de una suma de dinero, cuando éste solo pida los intereses de mora sobre el retardo en el pago de dicha suma. Es decir, en el presente caso el PAR Telecom no tenía que demostrar perjuicio alguno para que se le reconociera intereses de mora sobre el capital sustraído, además sin limitante de tiempo alguno consagrado en la ley para liquidar dichos intereses. (…) a la propuesta del principio de reparación inte gral (…) ignorar la cantidad de tiempo transcurrido entre la ocurrencia del daño y su efectiva reparación, es desconocer una de las virtudes del derecho de daños, ya que no hay una efectiva retribución de la víctima con la presunción jurisprudencial asumida en la sentencia apelada,Radicación: 23001233100020120007901 (64.508)

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24. En el término para alegar de conclusión en la segunda instancia, la demandante reiteró en su integridad los argumentos esgrimidos en el recurso de alzada 15, mientras que la Rama Judicial presentó, de forma extemporánea, el escrito de alegación16.

25. El Ministerio Público solicitó confirmar la decisión apelada, tras afirmar que se probó el error judicial en el que incurrió la demandada, por cuanto los Juzgados Primero Promiscuos Municipal de Cereté y Penal de ese Circuito, además de

25. El Ministerio Público solicitó confirmar la decisión apelada, tras afirmar que se probó el error judicial en el que incurrió la demandada, por cuanto los Juzgados Primero Promiscuos Municipal de Cereté y Penal de ese Circuito, además de atribuirse irregularmente competencia para conocer de la acción de tutela, desconocieron los principios de inmediatez y subsidiariedad . Asimismo, el primero de aquellos decretó el embargo de las cuentas del PAR de Telecom sin justificar esa medida que, en principio, resulta improcedente en esa clase de asuntos17.

26. En auto del 17 de julio del 2023, la Sala ordenó oficiar al Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Cereté para que informara si se surtió alguna actuación después de la nulidad decretada por la Corte Constitucional en el Auto 280-A del 24 de septiembre de 200918. En acatamiento del anterior oficio, el 2 de agosto siguiente remitió el enlace de acceso al expediente digital, el cual, valga aclarar, no da cuenta de ninguna actuación realizada con posterioridad a la declaratoria de nulidad19, por tal razón, el 8 de agosto de 2023 se requirió nuevamente al referido juzgado para que ampliara la información requerida ; sin embargo , esa entidad no emitió pronunciamiento alguno al respecto20.

III. C O N S I D E R A C I O N E S

27. Surtido el trámite procesal sin que se observe causal de nulidad o vicio que impida dictar sentencia, procede la Sala a resolver los recursos interpuestos.

Problema jurídico

28. El ámbito de los recursos de apelación se circunscribe a analizar: i) la existencia

impida dictar sentencia, procede la Sala a resolver los recursos interpuestos.

Problema jurídico

28. El ámbito de los recursos de apelación se circunscribe a analizar: i) la existencia del daño alegado, ante la disponibilidad de la acción de repetición contra los terceros

pues no lleva a la víctima al punto más cercano al de no -ocurrencia del daño, sólo lo acerca a 6 meses hasta ese momento de tiempo, siendo todo lo anotado una posición contraria a derecho (…) Por tal motivo, se solicita al Honorable Consejo de Estado abandone la posición jurisprudencial adoptada en la sentencia apelada, para así reformar el numeral segundo de su parte resolutiva reconociendo en su lugar los intereses corrientes y de mora so licitados hasta la fecha efectiva del pago definitivo ”. Folios 18 a 22 del cuaderno principal.

15 Folios 39 a 43 del cuaderno principal. 16 El término común de diez (10) días concedido a las partes para alegar de conclusión corrió desde el 17 hasta el 30 de octubre de 2019, y la Nación – Rama Judicial presentó los alegatos de conclusión obrantes a folios 46 y 47 del cuaderno principal, el 1 de noviembre siguiente. 17 Folios 48 a 62 del cuaderno principal. 18 Índices 51 y 52 SAMAI. 19 Índice 53 SAMAI. 20 Índices 54 y 55 SAMAI.Radicación: 23001233100020120007901 (64.508)

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beneficiarios de los pagos , ii) la configuración de una falla del servicio de la administración de justicia y, iii) la acreditación del hecho de la víctima, dado que se abstuvo de acreditar los elementos que condujeran a controvertir las decisiones que ampararon los derechos fundamentales de varios extrabajadores de la extinta TELECOM y sus teleasociadas.

Solo en caso de confirmarse la responsabilidad definida por el a quo, se analizará si resulta o no procedente el reconocimiento de intereses de mora y corrientes sobre la suma pagada en cumplimiento de