CE - 012331000201200102021SENTENCIA20230616090753

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Bogotá D.C., veinticinco (25) de mayo de dos mil veintitrés (2023).

Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ Radicación: 15001-23-31-000-2012-00102-01 (57.000)

Demandantes: RÓGER HOLVE VIASUS SANDOVAL Y JOSÉ

GUILLERMO TADEO ROA SARMIENTO

Demandado: NACIÓN – RAMA JUDICIAL

Medio de control: REPARACIÓN DIRECTA

Asunto: APELACIÓN DE SENTENCIA – ERROR JUDICIAL

Síntesis del caso: los señores Róger Holver Viasus Sandoval y José Guillermo Tadeo Roa Sarmiento ejercen el medio de control judicial de reparación directa por considerar que se cometió un error judicial en la sentencia de segunda instancia del 11 de noviembre de 2009 dictada por el Tribunal Admini strativo de Boyacá , mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho promovida contra el departamento de Boyacá. La Sala confirma la decisión de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda.

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante (fls. 143 a 151 cdno. apelación) en contra de la sentencia proferida el 1 9 de noviembre de 2015 por el Tribunal Administrativo de Boyacá – Despacho de Descongestión no. 6 – Sala de Decisión no. 11D (fls. 114 a 140 cdno. apelación) mediante la cual se dispuso:

2015 por el Tribunal Administrativo de Boyacá – Despacho de Descongestión no. 6 – Sala de Decisión no. 11D (fls. 114 a 140 cdno. apelación) mediante la cual se dispuso:

“PRIMERO: DECLARAR NO PROBADA la excepción de culpa exclusiva de la víctima, propuesta por la entidad demandada NACIÓN – RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NEGAR las pretensiones de la demanda promovida por los

señores ROGER HOLVE VIASUS SANDOVAL Y JOSÉ GUILLERMO T.

ROA SARMIENTO en contra de la NACIÓN – RAMA JUDICIALCONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIA L, por los argumentos expuestos en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: Sin condena en costas en esta instancia de acuerdo a lo expuesto en las consideraciones anteriores.

CUARTO: En firme esta providencia, devuélvase el expediente que se encuentra en calidad de préstamo al Juzgado Noveno Administrativo de2

Expediente 15001-23-31-000-2012-00102-01 (57.000) Actor: Róger Holve Viasus Sandoval y otro Reparación directa Apelación sentencia

Tunja y archívese el expediente dejándose las constancias y anotaciones de rigor.

QUINTO: ORDENAR a la Secretaría de la Corporación tener en cuenta y

Reparación directa Apelación sentencia

Tunja y archívese el expediente dejándose las constancias y anotaciones de rigor.

QUINTO: ORDENAR a la Secretaría de la Corporación tener en cuenta y dar aplicación al inciso quinto del artículo 354 del C. de P. C. para que en el evento que la sentencia no fuese apelada, se comunique este hecho al Honorable Consejo de Estado – Sección Tercera, donde cursa el proceso radicado No. 15001233100020120010201, para que declare desierto el recurso de apelación contra del auto de pruebas de fecha 22 de mayo de 2013”. (fl. 140 cdno. apelación - negrillas y mayúsculas fijas del original).

I. ANTECEDENTES

1. La demanda

Mediante escrito radicado el 7 de marzo de 2012 (fl. 37 cdno. ppal.) en el Tribunal Administrativo de Boyacá , los señores R óger Holve Viasus Sandoval y José Guillermo Tadeo Roa Sarmiento, por intermedio de apoderado judicial, presentaron demanda en contra de la Nación – Rama Judicial en ejercicio de la acción de reparación directa consagrada en el artículo 86 del C ódigo Contencioso Administrativo (fls. 5 a 36 cdno. ppal.) con las siguientes súplicas:

“1.1 Que la demandada es responsable de todos los perjuicios materiales y morales irrogados a los demandantes, por los errores judiciales y fallas en el servicio público de administración de justicia en que incurrieron, desafortunadamente, el H. Tribunal Administrativo de Boyacá (HTAB), Sala de Decisión No. 4, como juez de segunda instancia de la acción de

en el servicio público de administración de justicia en que incurrieron, desafortunadamente, el H. Tribunal Administrativo de Boyacá (HTAB), Sala de Decisión No. 4, como juez de segunda instancia de la acción de nulidad y resta blecimiento del derecho (en adelante: ANYRD) radicada bajo el No. 15000233110002002-1076, adelantada por el hoy actor Roger Holve Viasus Sandoval como demandante, por intermedio del también hoy actor José Guillermo T. Roa Sarmiento, como su apoderado, errores y fallas cometidos en la sentencia proferida, que convocan a la demandada a responder por todos los daños a ellos irrogados.

1.2 Como consecuencia, se condene a la accionada a pagar a los demandantes, dentro del término previsto en el art. 176 del C.C.A., todos los perjuicios materiales (daño emergente y lucro cesante) y morales irrogados como consecuencia de los errores judiciales o fallas del servicio y los que en lo sucesivo se les cause , teniendo en cuenta y aplicando la actualización monetaria consagrada en el art. 178 del C.C.A., hasta la fecha en que se produzca efectivamente el pago de los perjuicios y, sobre el total, reco nociendo y ordenando pagar los intereses moratorios correspondientes a la tasa más alta permitida por la ley y demás gastos en que han incurrido y sigan incurriendo para proteger judicialmente sus derechos.

1.3 Que se de aplicación a los arts. 176 y 178 del C.C.A. y, se condene a la parte demandada al pago de las costas, incluidas las agencias en derecho, en la forma y términos de que trata el artículo 55 de la Ley 4463

la parte demandada al pago de las costas, incluidas las agencias en derecho, en la forma y términos de que trata el artículo 55 de la Ley 4463

Expediente 15001-23-31-000-2012-00102-01 (57.000) Actor: Róger Holve Viasus Sandoval y otro Reparación directa Apelación sentencia

de 1998, modificatorio del 171 del C.C.A.” (fl. 5 cdno. ppal. – negrillas y subrayado del original).

2. Hechos

Como fundamento fáctico de las pretensiones la parte demandante expuso en el escrito contentivo de la demanda, en síntesis, lo siguiente:

1. La Asamblea Departamental de Boyacá, mediante Ordenanza número 0018 del 2 de agosto de 20011 le otorgó facultades pro tempore al Gobernador de dicho departamento por el término de cuatro (4) meses para realizar un proceso de reestructuración administrativa, facultades que fueron ampliadas a través de la Ordenanza número 0039 del 30 de noviembre de 2001 2, en virtud de las cuales el gobernador expidió el Decreto número 1844 de 21 de diciembre de 2001, a través del cual estableció la planta de personal de la administración departamental y suprimió algunos cargos, entre ellos, el de auxiliar administrativo código 550 grado

15.

1. En cumplimiento del Decreto número 1844 de 21 de diciembre de 2001, el Director de Talento Humano de la Gobernación de Boyacá, por oficio de 27 de diciembre de 2001, le comunicó al demandante Róger Holve Viasus Sandoval la supresión del

de Talento Humano de la Gobernación de Boyacá, por oficio de 27 de diciembre de 2001, le comunicó al demandante Róger Holve Viasus Sandoval la supresión del cargo que este desempeñaba (auxiliar administrativo código 550 grado 15), de manera que este laboró para el departamento de Boyacá desde el 17 de diciembre de 1993 hasta el 31 de diciembre de 2001, en carrera administrativa.

1. El señor R óger Holve Viasus Sandoval demandó la nulidad de los actos administrativos que lo retiraron del servicio ( Decreto 1844 de 21 de diciembre de 2001 y un oficio de 27 de diciembre del mismo año ) con sustento en que su

expedición no observó las normas y procedimientos que regulaban la carrera administrativa para la época, esto es, la Ley 453 de 1998 y los Decretos 1572 y 2504 de 1998, asimismo, solicitó el restablecimiento de sus derechos.

1. La referida demanda de nulidad y restablecimiento del derecho fue conocida por el Juzgado Noveno Administrativo del Circuito Judicial de Tunja quien , mediante

1 Sancionada el 2 de agosto de 2001 y promulgada el 7 de noviembre de 2001. 2 Sancionada el 30 de noviembre de 2001 y promulgada el 12 de diciembre de 2001.4

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sentencia proferida el 12 de junio de 2008 , negó las pretensiones de la demanda,

Actor: Róger Holve Viasus Sandoval y otro Reparación directa Apelación sentencia

sentencia proferida el 12 de junio de 2008 , negó las pretensiones de la demanda, dicha decisión fue confirmada por el Tribunal Administrativo de Boyacá el 11 de noviembre de 2009 y en la cual se incurrió en los siguientes yerros:

a) Se c onsideró que el oficio de 27 de diciembre de 2001 “fue expedido por el funcionario competente y conforme a las presiones del artículo 44 del Decreto 1568 de 05-08-1998” (fl. 9 cdno. ppal.) , hecho “que no es cierto” (fl. 10 ibidem) porque quien lo suscribió fue el Director de Talento Humano de la Gobernación de Boyacá y no el nominador que era el Gobernador, además, según el artículo 44 del Decreto 1568 de 1998 el Director de Talento Humano solo tiene facultades informativas y no nominadoras, en consecuencia, el Tribunal Administrativo de Boyacá erró por no declarar la nulidad del oficio demandado, debido a que este no solo comunicó, sino que, decidió la desvinculación del demandante , aspecto q ue evidencia que fue falsamente motivado, pues, el Decreto 1844 de 2001 en ninguno de sus apartes citó el nombre del aquí actor y en la nueva planta quedaron 88 cargos de auxiliar administrativo código 550.

b) Se inhibió para decidir sobre la legalidad del Decreto 1844 de 2001 con sustento en que como se trataba de un acto general, impersonal y abstracto no resultaba procedente demandar su nulidad , de modo que no analizó las causales de nulidad

en que como se trataba de un acto general, impersonal y abstracto no resultaba procedente demandar su nulidad , de modo que no analizó las causales de nulidad invocadas contra el referido decreto, cuando había lugar a su estudio.

c) No valoró el estudio técnico que s oportó la reestructuración administrativa y que llevó a su desvinculación, de manera que incurrió en una abierta desigualdad en la aplicación de la ley porque en los procesos donde se discutió la legalidad de los despidos efectuados con ocasión de la reforma administrativa llevada a cabo en el año 2003 sí se valoró de manera adecuada el estudio técnico, además, no se valoraron correctamente las pruebas aportadas en el proceso y se limitó a transcribir los artículos 41 de la Ley 443 de 1998 y 148 y 153 del Decreto 1572 de 1998 para concluir, sin motivación alguna, que “los estudios técnicos (…) constituyen el fundamento de los actos demandados y no vician en manera alguna los actos ” (fl. 12 cdno. ppal. ), en la decisión no se examinó exhaustivamente si dichos estudios técnicos reunían los requisitos exigidos por la ley , para de ese modo determinar la legalidad del proceso de reestructuración y su despido, de haberse analizado de manera adecuada el resultado hubiera sido diferente.5

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d) No tuvo en cuenta que el estudio técnico presentado como soporte para la reestructuración no fue realizado por profesionales debidamente acreditados como

Reparación directa Apelación sentencia

d) No tuvo en cuenta que el estudio técnico presentado como soporte para la reestructuración no fue realizado por profesionales debidamente acreditados como lo exigen los artículos 41 y 150 de la Ley 443 de 1998 para su existencia y validez, pues, fue elaborado por un “economista especialista en finanzas privadas y no por un o unos profesionales en administración pública” (fl. 17 cdno. ppal.) , dicha circunstancia configura la ilegalidad de la restructuración administrativa “por ausencia legal y real ” (ibidem) del estudio técnico , d el despido y de los actos demandados.

e) Dejó de analizar los fundamentos del recurso de apelación , porque n o se pronunció sobre “la ilegalidad del proceso de reestructuración administrativa, para lo cual depreció o anuló el derecho y garantía constitucional que tienen los trabajadores (…) a participar en las decisiones que los afecte” (fl. 19 cdno. ppal.); de igual forma, tampoco aplicó los preceptos constitucionales que consagran los derechos de los trabajadores y que fueron inobservados por los actos administrativos que implementaron la reforma administrativa, pues, los precedentes constitucionales “ratifican que la participación es de doble vía: es un derecho para los trabajadores y es un deber para los empleadores y las au toridades” (fl. 20 cdno. ppal.) y, para el caso, el departamento de Boyacá no garantizó a sus trabajadores y al sindicato dicho derecho de participación en el proceso de reestructuración, de manera que el incumplimiento de este derecho le imponía al tribunal “concluir que todo el proceso

caso, el departamento de Boyacá no garantizó a sus trabajadores y al sindicato dicho derecho de participación en el proceso de reestructuración, de manera que el incumplimiento de este derecho le imponía al tribunal “concluir que todo el proceso resultaba inconstitucional y que, por ende, el despido del aquí actor también” (fl. 20 ibidem).

f) Como en este caso concreto se inaplicó lo preceptuado en el artículo 66 del CCA, se cercenó todo efecto jurídico tanto a la convención colectiva de trabajo celebrada entre el departamento de Boyacá y Sintragobernaciones como a su depósito, estos actos (convención y depósito) por estar vigentes debían surtir sus efectos constitucionales y legales, no obstante, el tribunal los desconoció y con ello también los Convenios Internacionales del Trabajo.

g) Convalidó la legalidad del despido sin tener en cuenta la evidente inconstitucionalidad del proceso de reestructuración administrativa que, como segunda instancia, estaba obligado a declarar a ún de oficio, debido a que el6

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Gobernador de Boyacá , para la fecha del 30 de noviembre de 2001 , no tenía competencia para expedir el Decreto 1679 , por cuanto este se sustentó en la Ordenanza 0018 de 2 de a gosto de 2001, la cual fue sancionada el mismo día y promulgada el 7 de noviembre del mismo año, proceso que evidenciaba por parte del Gobernador y de la Asamblea Departamental de Boyacá la violación del numeral

promulgada el 7 de noviembre del mismo año, proceso que evidenciaba por parte del Gobernador y de la Asamblea Departamental de Boyacá la violación del numeral 7 y del inciso tercero del numeral 12 del artículo 300 de la Constitución Política leído en concordancia con el artículo 261 del Decreto 1222 de 1986 , toda vez que el Gobernador no podía materializar el proceso de reestructuración hasta tanto la ordenanza cobrara vigencia, es decir, 30 días después de su publicación en el Diario Oficial como lo establece el artículo 83 del Código de Régimen Político y Municipal, término que no se había cumplido para la fecha de expedición del referido Decreto 1679 de 2001.

Lo anterior permite concluir que las ordenanzas que dieron origen al proceso de reestructuración no se encontraban vigentes, de modo que todos los actos proferidos con fundamento en ellas, incluido el demandado , son nulos por incompetencia absoluta de quien los expidió.

1. El señor José Guillermo Tadeo Roa Sarmiento (apoderado judicial del señor Róger Holve Viasus Sandoval en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho) se encuentra legitimado para accionar en el proceso de reparación directa, debido a que por los errores ju diciales en que incurrieron los jueces vio perdido su trabajo profesional de varios años y en el cual había pactado como cuota litis “el 50% de las condenas que se obtuvieran, incluido el reintegro” (fl. 31 cdno. ppal.).

3. Contestación de la demanda

Por auto del 6 de marzo de 2013, el Tribunal Administrativo de Boyacá admitió la demanda y ordenó la notificación personal de l Director Ejecutivo de Administración

3. Contestación de la demanda

Por auto del 6 de marzo de 2013, el Tribunal Administrativo de Boyacá admitió la demanda y ordenó la notificación personal de l Director Ejecutivo de Administración Judicial (fls. 66 a 67 cdno. ppal.).

Mediante escrito radicado el 2 de mayo de 2013, la Nación – Rama Judicial se opuso a las pretensiones de la demanda (fls. 7 4 a 80 cdno. ppal.) con sustento en los argumentos que se resumen a continuación:7

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1. Las decisiones tanto del Juzgado Noveno Administrativo del Circuito Judicial de Tunja como del Tribunal Administrativo de Boyacá fueron proferidas de conformidad con la Constitución y la ley, es decir , estuvieron ajustadas a derecho , de manera que, por no existir ningún error judicial, no procede ninguna indemnización.

1. Las pruebas allegadas a este proceso no acreditan el daño personal y antijurídico alegado por el demandante Róger Holve Viasus Sandoval y mucho menos el de su apoderado José Guillermo Tadeo Roa Sarmiento quien, solo tenía meras expectativas frente al resulta do del mencionado proceso de nulidad y restablecimiento.

1. Propuso las excepciones de i) “falta de causa para demandar”, toda vez que las actuaciones j udiciales demandadas se ciñeron al ordenamiento legal vigente y aplicable a ese caso en concreto; ii) “culpa exclusiva de la víctima” , pues, el ahora

actuaciones j udiciales demandadas se ciñeron al ordenamiento legal vigente y aplicable a ese caso en concreto; ii) “culpa exclusiva de la víctima” , pues, el ahora demandante en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho pudo “hacer uso de los mecanismos y recursos que la ley otorga para hacer valer sus derechos dentro del proceso” (fl. 78 cdno. ppal.) y, iii) “la innominada”.

4. La sentencia impugnada

El Tribunal Administrativo de Boyacá – Despacho de Descongestión no. 6 – Sala de Decisión no. 11D en providencia del 19 de noviembre de 2015 negó las súplicas de la demanda (fls. 114 a 1 40 cdno. apelación) con base en los siguientes razonamientos:

1. Frente a las excepciones propuestas por la entidad demandada señaló que i) las razones expuestas para sustentar la excepción de “falta de causa para demandar” no constitu yeron medios exceptivos sino argumentos de defensa encaminados a desvirtuar las pretensiones invocadas por la parte actora y, ii) la excepción de “culpa exclusiva de la víctima” no prospera, porque el ahora demandante en el trámite del proceso nulidad y restablecimiento del derecho hizo uso de los mecanismos y recursos que la ley otorga a los usuarios de la administración de justicia para hacer valer sus derechos.

1. Respecto de los errores judiciales alegados estimó lo siguiente:8

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a) Como para la época de la mencionada reestructuración administrativa el Director de Talento Humano del departamento de Boyacá hacía las veces de Jefe de Personal del ente territorial, c omo bien lo sustentó la sentencia acusada, le correspondía informar el Decreto 184 4 de 2001 a través de la respectiva comunicación a cada uno de los titulares de los cargos extintos, circunstancia por la cual no ha y lugar a endilgar error alguno a la inter pretación que , de manera coherente y consistente del sistema jurídico vigente, aplicó el Tribunal Administrativo de Boyacá.

b) El tribunal no se inhibió para pronunciarse de fondo sobre las causales de nulidad invocadas contra el Decreto 1844 de 2001, p or el contrario, de la lectura de la sentencia acusada se adv ierte que resolvió cada uno de los cargos de nulidad formulados contra el citado decreto, para de ese modo confirmar la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda.

c) El análisis del estudio técnico que hizo el tribunal se basó en las normas que regulaban la materia y aplicables al caso, de modo que, contrario a lo afirmado por la parte actora, la decisión cuestionada fue debidamente motivada y clara en señalar que este cumplió con los parámetros legales exigidos para revestirlo de legalidad, aspecto que evidencia la inexistencia del yerro invocado.

d) Frente al invocado derecho de participación de los trabajadores en las decisiones

que este cumplió con los parámetros legales exigidos para revestirlo de legalidad, aspecto que evidencia la inexistencia del yerro invocado.

d) Frente al invocado derecho de participación de los trabajadores en las decisiones que los afecte, se tiene que i) en el proceso se probó la participación de los funcionarios públicos en el proceso de reestructuración administrativa; ii) según la jurisprudencia de esta Corporación, la omisión en la conformación de la comisión de personal no puede generar la nulidad d e los actos administrativos mediante los cuales se implemente un proceso de reestructuración y, en consecuencia, tampoco del acto que suprime los cargos y, iii) la reestructuración administrativa del departamento de Boyacá se efectuó en cumplimiento de la Ley 617 de 2000, debido a la imperiosa necesidad de ajustar las finanzas públicas en prevalencia del interés general sobre el interés particular de los servidores públicos que ten ían que ser desvinculados de la nómina del ente departamental; por lo anterior, concluyó que la sentencia controvertida da cuenta de que el Tribunal Administrativo de Boyacá , luego de analizar el cargo señalado respecto del fuero circunstancial y la convención9

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colectiva suscrita entre el departamento de Boyacá y sus servidores, estableció que además de que no se acreditó la condición de aforado del ahora demandante tampoco se probó su participación “siquiera en la comisión negociadora a que hace

colectiva suscrita entre el departamento de Boyacá y sus servidores, estableció que además de que no se acreditó la condición de aforado del ahora demandante tampoco se probó su participación “siquiera en la comisión negociadora a que hace referencia el recurso de alzada” (fl. 139 vlto. cdno. apelación), es decir, que no existió el error judicial alegado frente a este aspecto.

e) Como la convención colectiva y su depósito ante el Ministerio de Trabajo no constituyen propiamente actos administrativos , la inaplicación del artículo 66 del CCA por parte del tribunal en la decisión demandada no constituye un error judicial.

f) En el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho no se alegó la supuesta violación por parte del Gobernador y de la Asamblea Departamental de Boyacá del artículo 300 de la Constitución Política en concordancia con el artículo 261 del Decreto 1222 de 1986, en consecuencia, como dicho cargo no fue motivo de censura, mal podía ahora el actor tratar de derivar de ahí el beneficio de la condena que pretende, toda vez que este medio de control no es una tercera instancia judicial que pueda utilizarse para revivir un proceso ya concluido legalmente.

5. El recurso de apelación

El 11 de diciembre de 2015, la parte actora interpuso recurso de apelación (fls. 143 a 151 cdno. apelación) con el siguiente razonamiento:

1. La simple utilización del “plural profesionales” (fl. 143 cdno. apelación) por el legislador en los artículos 150 del Decreto 1572 de 1998 y 41 de la Ley 443 de 1998

1. La simple utilización del “plural profesionales” (fl. 143 cdno. apelación) por el legislador en los artículos 150 del Decreto 1572 de 1998 y 41 de la Ley 443 de 1998 ha debido llevar al juez y mag istrados que profirieron las decisiones acusadas del error judicial demandado a “concluir categórica y certeramente que un solo profesional (economista con especialización en finanzas privadas) no estaba habilitado para estructurar y realizar el estudio té cnico, error que es innegable por ser protuberante” (fl. 143 ibidem), por cuanto el hecho de que el estudio técnico se hubiese realizado por un solo profesional (ya referido) y no por profesionales en administración pública evidenciaba que este no se ajustó al ordenamiento jurídico y configura el error judicial alegado, tal como lo precisó la Corte Constitucional en sentencia T-137 de 13 de marzo de 2014.10

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1. El depósito de una convención colectiva ante el Ministerio del Trabajo tiene “la naturaleza y todos los elementos para ser considerado como un verdadero y real acto de la administración o, mejor, un acto administrativo” (fl. 145 cdno. apelación), por lo tanto, es evidente el error judicial demandado.

1. La presente acción de reparación directa no es una tercera instancia del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, como erradamente lo señaló el a quo, lo que se cuestiona es que el juez de segunda instancia en el proceso de nulidad y

1. La presente acción de reparación directa no es una tercera instancia del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, como erradamente lo señaló el a quo, lo que se cuestiona es que el juez de segunda instancia en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, pese a que tenía plenas facultades para “declarar la inconstitucionalidad del proceso de reestructuración administrativa realizado por el Departamento de Boyacá a través de entre otros actor (sic), el Decreto 1844 de 2001 y el oficio de 21-12-2001, pues claro era que para el 30-11-2001, fecha en la que el Gobernador expidió el Decreto 1679 de 2001 no tenía competencia para expedirlo”

(fl. 146 cdno. apelación), pues, las ordenanzas que le había n otorgado facultades pro tempore no habían entrado en vigencia.

1. La primera instancia no “comprendió rectamente el constitucional derecho de participación y el programa de readaptación laboral que exige la ley” (fl. 147 cdno. apelación), toda vez que trató los pedimentos de un ciudadano al cual no se le garantizó el derecho constitucional a participar en el proceso que lo despidió como “un simple descontento subjetivo y como una intervención no vinculante, sin ninguna trascendencia en l a legitimidad del Estado y de las instituciones” , error que l a condujo a concluir que “si se omite, esto es que si el empleador no garantiza ese constitucional derecho, dicha omisión no puede generar la nulidad de los actos administrativos” (fl. 147 cdno. apelación).

1. No se tuvo en cuenta que el código del cargo desempeñado por el aquí actor era

constitucional derecho, dicha omisión no puede generar la nulidad de los actos administrativos” (fl. 147 cdno. apelación).

1. No se tuvo en cuenta que el código del cargo desempeñado por el aquí actor era el 550, aspecto sustancial y trascendental dado que tiene que ver con las funciones a desempeñar, mientras que el grado (15) refiere simplemente a la remuneración asignada, es decir , que si el cargo de auxiliar administrativo código 550 no desapareció de la planta de personal porque permanecieron 88 cargos, es claro que “el Decreto 1844 no fue el acto de despido sino el acto que suprimió algunos cargos (…) el acto del despido fue el oficio de 27 -12-2001, acto del cual ilegal e inconstitucional el Juez de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho se inhibió, sentencia confirmada en su integridad por el Tri bunal” (fl. 147 cdno.11

Expediente 15001-23-31-000-2012-00102-01 (57.000) Actor: Róger Holve Viasus Sandoval y otro Reparación directa Apelación sentencia

apelación), por ende, el error judicial alegado se encuentra probado, máxime si se considera que de conformidad con la jurisprudencia constitucional3 “respecto de los oficios no opera la inhibición (…) por ser los actos administrativos de contenido particular y concreto” (fl. 148 cdno. apelación) , de modo que, en aplicación del principio de la confianza legítima, el actor solo estaba obligado a demandar el acto mediante el cual la entidad le notificó el despido.

6. Actuación surtida en segunda instancia

principio de la confianza legítima, el actor solo estaba obligado a demandar el acto mediante el cual la entidad le notificó el despido.

6. Actuación surtida en segunda instancia

Por auto del 3 de junio de 2016 (fl. 156 cdno. apelación) se admitió el recurso de apelación y el 8 de noviembre del mismo año (fl. 158 cdno. apelación) se corrió traslado a las partes para que presentaran alegatos de conclusión por el término común de diez (10) días y, por el mismo lapso, al Ministerio Público para que emitiera concepto.

En dicha oportunidad procesal la parte demandante manifestó reiterar los argumentos expuestos en la demanda y en el recurso de apelación (fls. 159 a 163 cdno. apelación) , mientras que la Nación – Rama Judicial y el Ministerio Público guardaron silencio (fl. 164 cdno. apelación).

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad que invalide lo actuado , procede la Sala a resolver el asunto sometido a consideración con el siguiente derrotero: 1) síntesis de la controversia y anuncio de la decisión, 2) análisis de la responsabilidad patrimonial extracontractual del Estado, 3) conclusión y, 4) condena en costas.

1. Síntesis de la controversia y anuncio de la decisión

Presentada la demanda de manera oportuna 4, corresponde a la Sala determinar si en el presente caso la Nación – Rama Judicial es patrimonial y

1. Síntesis