CE - 012331000201200120011SENTENCIA20231030110605

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D.C., veintiséis (26) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Radicación: 68001-23-31-000-2012-00120-01 (1136-2021)

Demandante: Ana María Ramírez González

Demandado: Positiva Compañía de Seguros S.A.

Temas: Declaratoria de insubsistencia . Cargo de libre nombramiento y remoción. Desviación de poder.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por las partes demandante y demandada contra la sentencia del 16 de julio de 2020 proferida el Tribunal Administrativo de Santander por medio de la cual negó las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda1

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrado en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo y de lo Contencioso Administrativo CCA la señora Ana María Ramírez González por conducto de apoderado, formuló demanda en orden a que se anule la Resolución

1 Folios 1 a 26 cuaderno uno y 678 a 679 cuaderno dos.2

Contencioso Administrativo CCA la señora Ana María Ramírez González por conducto de apoderado, formuló demanda en orden a que se anule la Resolución

1 Folios 1 a 26 cuaderno uno y 678 a 679 cuaderno dos.2

Radicación: 68001-23-31-000-2012-00120-01 (1136-2021) Demandante: Ana María Ramírez González No. 1358 del 16 de agosto de 2011 que declaró insubsistente el nombramiento de la actora en el cargo de gerente de sucursal, grado 06, sucursal Santander de

Positiva Compañía de Seguros.

Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, la accionante solicitó lo siguiente: i) reintegrar a la demandante al cargo que ocupaba o a otro de igual y superior categoría; ii) pagarle los sueldos, primas, subsidios, vacaciones dejadas de disfrutar, prestaciones sociales, bonificaciones y todos los demás emolumentos que hayan podido produc irse desde que fue desvinculada hasta el momento en que sea efectivamente reintegrada; se declare que no ha existido solución de continuid ad para todos los efectos legales y, especialmente, para los relacionados con el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales; iii) se condene por concepto de perjuicios morales en el equivalente a 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes y iv) se ordene a la entidad a dar cumplimiento a la sentencia en los términos de los artículos 176 y 177 del CPACA y a ajustar el valor de la condena acorde al artículo 178 ibidem.

1.1.2. Hechos de la demanda y su adición

Como hechos relevantes, el apoderado de la demandante señaló los siguientes:

valor de la condena acorde al artículo 178 ibidem.

1.1.2. Hechos de la demanda y su adición

Como hechos relevantes, el apoderado de la demandante señaló los siguientes:

1. El 10 de junio de 2009 se expidió la Resolución No. 000249 mediante la cual se designó a la demandante en el cargo gerente de sucursal, grado 06, sucursal

Santander de Positiva Compañía de Seguros.

1. Debido al alto perfil profesional y a su experiencia calificada, la demandante comenzó a destacarse por su excelente gestión, capacidad resolutiva, negociación de controversias y conocimiento de los procedimientos internos de la compañía e incluso fue encargada en varias oportunidades como gerente regional, grado 07 de la gerencia regional oriente. Obtuvo el reconocimiento de la prima técnica mediante la Resolución No. 000659 del 16 de septiembre de 2010 la cual fue reajustada en3

Radicación: 68001-23-31-000-2012-00120-01 (1136-2021) Demandante: Ana María Ramírez González un 50% a través de la Resolución No. 000789 del 10 de diciembre de 2010.

1. El 5 de mayo de 2011 se le solicita por primera vez la renuncia por parte de la gerente (e) nacional de recursos humanos en visita realizad a a las instalaciones de la ciudad de Bucaramanga por directriz del presidente de la compañía, toda vez que se argumentó que era necesario para cumplir con los compromisos políticos que se estaban imponiendo en la región.

1. Dada la sorpresiva noticia la demandante se sintió con quebrantos de salud

que se argumentó que era necesario para cumplir con los compromisos políticos que se estaban imponiendo en la región.

1. Dada la sorpresiva noticia la demandante se sintió con quebrantos de salud y acudió de urgencias a la clínica Foscal donde se enteró de su estado de embarazo el cual informó de manera verbal y escrita a la Gerencia Nacional de Recursos Humanos. De manera verbal se le indica que «pese al estado de embarazo era necesario esperar que decisión toma el presidente de la compañía », según se acredita con la grabación telefónica que sostuvo la demandante con la doctora

Andrea Consuelo López Zorro.

1. El 17 de mayo de 2011 el doctor Gilberto Quinche, presidente de Positiva Compañía de Seguros S.A. en visita a las instalaciones de la entidad en esa ciudad, manifestó sus congratulaciones a la doctora Ramírez por su estado de embarazo y en su discurso se refirió a la «movilidad política» que se presenta debido a las presiones.

1. Toda esta situación de inestabilidad y estrés laboral generada por la gerente regional, doctora Silvia María Barco, propició que sufriera aborto espontáneo completo el día 7 de junio de 2011 que derivó en un cuadro de alteración emocional el cual requirió tratamiento psicológico.

1. A comienzos del mes de agosto de 2011 en pleno furor de las campañas políticas para la elección de gobernador, miembros de la asamblea departamental, alcalde y concejos municipales, retomó el rumor de la desvinculación del cargo que ocupaba en razón a la urgencia que tenían los directivos de la compañía de cumplir

políticas para la elección de gobernador, miembros de la asamblea departamental, alcalde y concejos municipales, retomó el rumor de la desvinculación del cargo que ocupaba en razón a la urgencia que tenían los directivos de la compañía de cumplir con los compromisos políticos con el partido liberal , y se llegó incluso a comentar4

Radicación: 68001-23-31-000-2012-00120-01 (1136-2021) Demandante: Ana María Ramírez González que en su remplazo se iba a nombrar a la doctora Ingrid Janeth Mejía Chaparro y/o al doctor Luis Alejandro Rivero.

1. El 16 de agosto de 2011 la gerente nacional de recursos humanos visitó las instalaciones de Bucaramanga y le propone una «negociación» a la demandante la cual consistió en que presentara la renuncia del cargo puesto que de no hacerlo sería declarado insubsistente su nombramiento.

1. Como la demandante guardó silencio frente a esa propuesta desbordada, burda y grotesca, fue proferido el día referido en el numeral anterior, el acto administrativo que se demanda.

1. La desvinculación de la demandante se realizó en vigencia de la Ley 996 de 2005 de garantías electorales, y tuvo por propósito atender compromisos políticos en virtud del proceso electoral que se iba a realizar el 30 de octubre de 201 1, concretamente porque ante la imposibilidad de desvincular a la gerente regional quien contaba con el respaldo político del presidente del senado doctor Juan Manuel Corzo Román, se optó por retirarla a ella a fin de cumplir de manera parcial el compromiso adquirido con el senador de la región, esto es, el doctor Miguel de

quien contaba con el respaldo político del presidente del senado doctor Juan Manuel Corzo Román, se optó por retirarla a ella a fin de cumplir de manera parcial el compromiso adquirido con el senador de la región, esto es, el doctor Miguel de Jesús Arenas Prada. Como este último fue destituido se postergó el nombramiento del remplazo de la demandante.

1. Solamente después de que la entidad accionada conoció la solicitud d e conciliación prejudicial ante la Procuraduría General de la Nación se expidió el acto de nombramiento de su remplazo el cual recayó en cabeza del doctor Luis Alejandro Rivero. La demora en efectuar es a designación implicó una desmejora en la prestación del servicio porque se retrasaron los procesos que venía efectuando la doctora Ramírez González, tales como el de certificación de la gestión de calidad, gestión comercial, solución de controversias, entre otros.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación de la demanda y su adición5

Radicación: 68001-23-31-000-2012-00120-01 (1136-2021)

Demandante: Ana María Ramírez González

Se invocan como vulnerados los artículos 1, 5, 6, 8, 13, 15, 16, 28, 29, 83, 90, 92 y 209 de la Constitución Política y los artículos 2, 3, 83, 84 y 85 del CCA.

Al desarrollar el concepto de violación, el apoderado de la actora expuso lo siguiente:

1. La Ley 9 96 de 2005 estableció el régimen de prohibiciones y restricciones aplicables a todos los servidores públicos en los diferentes períodos electorales y,

siguiente:

1. La Ley 9 96 de 2005 estableció el régimen de prohibiciones y restricciones aplicables a todos los servidores públicos en los diferentes períodos electorales y, sucede, que para la época en la que se produjo el acto administrativo objeto de la litis, el país se encontraba en época preelectoral y pese a que Positiva Compañía de Seguros S.A. es una empresa del orden nacional adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, tiene representación en cinco regionales y la componen 32 sucursales de las cuales dependen aproximadamente 60 cargos directos e indirectos, en cuya forma de provisión pese a los cuidadosos procesos de selección no prevalece el mérito porque el político de turno impone su cuota.

1. La gerencia sucursal Santander tiene injerencia en 83 municipios lo que implica una nómina aproximada de 60 trabajadores, más los proveedores de servicios en el área de salud ocupacional, y por ello , se estaría hablando de alrededor de 100 a 120 personas, aunado a que la gerencia sucursal tiene en su base de datos cerca de 14.000 empresas afiliada a las que se le suman sus trabajadores.

1. Por lo anterior, es fácil para un político del orden municipal, departamental o incluso nacional contar «con ese aval» para llevar a cabo su labor de proselitismo político. Con ese panorama, sumado al escenario político en el departamento de Santander, entre el partido liberal y convergencia ciudadana, se hacía necesario e indispensable tener el control en esa región del país de las entidades del orden nacional.6

Radicación: 68001-23-31-000-2012-00120-01 (1136-2021)

indispensable tener el control en esa región del país de las entidades del orden nacional.6

Radicación: 68001-23-31-000-2012-00120-01 (1136-2021) Demandante: Ana María Ramírez González iv) El cargo que ocupaba la demandante, no se proveyó una vez se realizó la desvinculación ni durante el período en el que regía la ley de garantías ni con posterioridad, con lo cual se comprueba que ese retiro no tuvo por propósito el buen servicio y sí, por el contrario, fue una decisión improvisada que afectó la continuidad de procesos.

1. La desviación de poder en que incurre la decisión acusada se revela en las dos visitas realizadas por el representante de la gerencia de recursos humanos del nivel nacional a la sede de la sucursal Santander, la primera para presionar a la demandante a que presentara la renuncia la cual resultó fall ida en virtud del aviso que esta dio sobre su estado de embarazo y, la segunda, una vez el presidente de la Compañía y el «gamonal político» se enteraron del aborto que sufrió , momento en el cual acudieron ipso f acto nuevamente a presionarla de manera abrupta y grosera para que presentara la renuncia so pena de emitir el acto administrativo de insubsistencia.

1. El acto administrativo acusado carece de motivación porque no aparece en la hoja de vida de la demandante rastro alguno de las razones que tuvo el presidente de Positiva Compañía de Seguros S.A, para proceder a tomar la decisión, y no tiene explicación alguna, que a la fecha de presentación de la solicitud de conciliación y luego para la de radicación de la demanda no se haya nombrado al remplazo de la

de Positiva Compañía de Seguros S.A, para proceder a tomar la decisión, y no tiene explicación alguna, que a la fecha de presentación de la solicitud de conciliación y luego para la de radicación de la demanda no se haya nombrado al remplazo de la demandante, por lo cual se deduce que la entidad estuvo cerca de cuatro meses sin direccionamiento, ni manejo, ni coordinación, lo que constituye una clara desmejora en el servicio.

1. Acorde al list ado de empresas retiradas de la Administradora de Riesgos Laborales Positiva, Compañía de Seguros, S.A., sucursal Santander, desde el mes de agosto de 2011 al mes de mayo de 2012 y con la copia del mapa estratégico 2011-2014, se demuestra que una vez desvinculada la demandante del cargo que ocupaba, la entidad en lugar de buscar el avance y cumplimiento de sus metas estratégicas, incumplió los objetivos trazados y presentó un retroceso en su gestión, motivo por el cual se comprueba que el acto de retiro desmejoró el servicio e incurre7

Radicación: 68001-23-31-000-2012-00120-01 (1136-2021) Demandante: Ana María Ramírez González en falsa motivación y desviación de poder.

1.2. Contestación de la demanda

A través de apoderada la entidad accionada, Positiva Compañía de Seguros S.A. presentó escrito de contestación de la demanda en el cual se opone a la prosperidad de las pretensiones en los siguientes términos:2

1. La declaratoria de insubsistencia tuvo por origen estrictamente el ejercicio de la facultad de libre nombramiento y remoción , y, en consecuencia, la entidad

de las pretensiones en los siguientes términos:2

1. La declaratoria de insubsistencia tuvo por origen estrictamente el ejercicio de la facultad de libre nombramiento y remoción , y, en consecuencia, la entidad demandada no tiene por costumbre expedir esas decisiones por requerimientos políticos sino por méritos propios. Es tan cierto lo anterior, que , a nivel del país, la institución cuenta con 72 funcionarios de libre nombramiento y remoción y muchos de ellos tienen más de cuatro años en ejercicio del cargo.

1. La Ley 996 de 2005 que reglamenta el proceso electoral para elegir presidente de la República no es aplicable al caso en estudio , y en cuanto a la prohibición para los servidores públicos concretamente la establecida en el parágrafo del artículo 38, cuando se trata de elecciones de entes territoriales, estas se dirigen a los gobernadores, alcaldes municipales y/o distritales, secreta rios, gerentes y directores de entidades descentralizadas del orden municipal, departamental o distrital en aras de evitar el uso político de los cargos durante el proceso electoral.

1. Las grabaciones que se adelantaron sin el consentimiento de las funcionarias de Positiva Compañía de Seguros S.A., es decir de las doctoras Andrea Zorro (que no aparece en el CD entregado con el traslado de la demanda) y Silvia María Barco Soto son violatorias del derecho a la intimidad y , por ello, no pueden tenerse en cuenta.

2 Folios 695 a 7218

Radicación: 68001-23-31-000-2012-00120-01 (1136-2021) Demandante: Ana María Ramírez González iv) No se presenta la invocada desviación de poder con la designación del doctor

Radicación: 68001-23-31-000-2012-00120-01 (1136-2021) Demandante: Ana María Ramírez González iv) No se presenta la invocada desviación de poder con la designación del doctor Luis Alejandro Rivero Osorio en remplazo de la demandante toda vez que acreditó el cumplimiento de los requisitos para ocupar el cargo dado que ostenta los títulos de administrador de empresas, especialista en gerencia de servicios de salud, especialista en alta gerencia y cursó, además, el diplomado en Sistemas de Gestión de la Calidad y Saneamiento Básico.

1. El nombramiento de la demandante en encargo por treinta días en condición de gerente regional no obedeci ó a su reconocimiento por su perfil profesional y capacidad de trabajo sino por necesidades del servicio, por cuanto era necesario que fungiera el representante legal de la Compañía para las sucursales de Norte de Santander, Casanare y Arauca y la única funcionaria de libre nombramiento y remoción que podía ser nombrada era la demandante en razón a su ubicación geográfica.

1. En ningún momento el presidente de Positiva Compañía de Seguros S.A. se refirió en su discurso acerca de la «movilidad política» que se presenta en ese tipo de cargos, y la grabación que se aporta con la demanda, además de ilegal por violar el debido proceso, se refiere solamente a la diligencia de notificación del acto de insubsistencia que hizo la gerente regional oriente doctora Silvia María Barco Soto, sin que jamás esta funcionaria haya aseverado que la decisión s e fraguó por movimientos políticos o intereses ajenos al buen servicio.

1. Con las afirmaciones efectuadas por el apoderado de la demandante, que

sin que jamás esta funcionaria haya aseverado que la decisión s e fraguó por movimientos políticos o intereses ajenos al buen servicio.

1. Con las afirmaciones efectuadas por el apoderado de la demandante, que vale la pena anotar es su cónyuge, se está intentando demeritar y enlodar el funcionamiento de Positiva Compañía de Seguros S.A. y con todas esas «maquinaciones, está tocando también a su poderdante, que al ostentar el cargo de Gerente Sucursal, pudo considerar ejercer de esa forma, todo ese presunto poder político que dice ostenta dicha cargo».3

3 Folios 695 a 721 y 772 a 779 cuaderno dos.9

Radicación: 68001-23-31-000-2012-00120-01 (1136-2021) Demandante: Ana María Ramírez González 1.3. La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo de Santander mediante sentencia del 16 de julio de 2020 denegó las pretensiones de la demanda y se abstuvo de condenar en costas con fundamento en las siguientes consideraciones:

1. Tanto la demandante como el doctor Luis Alejandro Rivero Osorio que fue designado en su remplazo, cumplen los requisitos exigidos para el desempeño del cargo gerente sucursal, grado 06 de Positiva Compañía de Seguros S.A., sin que se haya desvirtuado por la demandante que con ese nombramiento se desmejor ó el servicio.

1. Tampoco se acreditó en el expediente la supuesta solicitud de renuncia por cuanto los testimonios solamente se refieren a «rumores» o «comentarios» que se escuchaban al interior de la Compañía sin que ninguno refiera el conocimiento

1. Tampoco se acreditó en el expediente la supuesta solicitud de renuncia por cuanto los testimonios solamente se refieren a «rumores» o «comentarios» que se escuchaban al interior de la Compañía sin que ninguno refiera el conocimiento directo de la situación.

1. Además, la solicitud de renuncia que acostumbra a realizar la administración es un acto de cortesía para no hacer uso de la facultad discrecional de la que se encuentra investido el nominador y resulta procedente respecto de empleados que no gozan de fuero de estabilidad.

1. La desviación de poder por razones de índole político no se probó por la demandante y , en virtud de la naturaleza del cargo, el acto administrativo no requería motivación alguna.

1. Respecto del presunto acoso laboral que asegura la demandante haber sufrido a manera de presión para obligarla a presentar la renuncia, se aprecia que ninguna situación de esa índole fue acreditada dado que las diferencias entre la gerente sucursal y la gerente regional que narran los testigos se debían a temas laborales y no personales, es decir a los propios de la gestión realizada por cada10

Radicación: 68001-23-31-000-2012-00120-01 (1136-2021) Demandante: Ana María Ramírez González una de ellas, sin que hubieran presenciado o tenido conocimiento de hechos diferentes.

1. La demandante no interpuso denuncia o queja por acoso laboral en los términos del artículo 11, numeral 1º de la Ley 1010 de 2006 que establece garantías contra actitudes retalatorias.

1. Respecto del aborto que sufrió , atribuido al estrés laboral generado de las

términos del artículo 11, numeral 1º de la Ley 1010 de 2006 que establece garantías contra actitudes retalatorias.

1. Respecto del aborto que sufrió , atribuido al estrés laboral generado de las relaciones tensas a raíz de la petición de renuncia que se le formuló, se desconocen las causas que realmente produjeron esa pérdida, toda vez que la historia clínica aportada a la litis no hace referencia a la ocurrencia de ese suceso sino a una lesión en el dedo del pie y a una intervención quirúrgica por un tumor auditivo derecho.4

1.4. El recurso de apelación

1.4.1. De la parte accionante:

El apoderado de la accionante interpuso recurso de apelación contra la referida sentencia con base en los siguientes argumentos:5

1. No se dejaron consignadas en el acto administrativo o en la hoja de vida de la demandante las razones del retiro, decisión que no tiene justificación desde la óptica del mejoramiento del servicio habida consideración de las altas calidades y cualidades representadas en que durante su trayectoria profesional no fue sancionada por incurrir en faltas contra la ética o por violación del estatuto disciplinario.

1. Como la demandante no fue persuadida para que renunciara se profirió el acto administrativo que la declaró insubsistente el que obedeció a intereses políticos

4 Folios 909 a 918 cuaderno dos. 5 Folios 227 a 233.11

Radicación: 68001-23-31-000-2012-00120-01 (1136-2021)

Demandante: Ana María Ramírez González

4 Folios 909 a 918 cuaderno dos. 5 Folios 227 a 233.11

Radicación: 68001-23-31-000-2012-00120-01 (1136-2021) Demandante: Ana María Ramírez González teniendo en cuenta la época electoral para la elección de cargos de elección popular de las entidades territoriales.

1. En ese sentido, de forma contraria a como lo consideró la primera instancia, la causa política de la decisión no fue solamente un rumor dado que el declarante Jorge Enrique Murcia Cubides indica que «[p]osterior a eso hubo una reunión aquí con el Presidente de la compañía, además de felicitar a la doctora Ana María por la labor que se llevaba en la sucursal y en la regional, nos sorprendió que él explicó en la reunión que entendiéramos la solicitud de renuncia que se le había hecho a la doctora Ana María era un tema político» (sic).

1. Hubo una desmejora en la prestación del servicio, porque se dejó vacante el cargo cuatro meses, lo cual significa que no hubo planeación de la entidad dado que se radicaron las competencias en cabeza del gerente regional.

1. Se nombró en remplazo de la demandante a una persona con el cumplimiento mínimo de requisitos y aunque el Tribunal señaló que quien le sucedió también «se encontraba plenamente capacitado para ejercerlo », dejó de lado examinar que la declaratoria de insubsistencia ocultó fines distintos al buen servicio dado que el doctor Luis Alejandro Rivero Osorio no tenía requisitos adicionales.

1. La demandada sufrió el retiro de varias empresas afiliadas, así se evidenció con las piezas documentales aportadas y con el testimonio rendido por el señor

dado que el doctor Luis Alejandro Rivero Osorio no tenía requisitos adicionales.

1. La demandada sufrió el retiro de varias empresas afiliadas, así se evidenció con las piezas documentales aportadas y con el testimonio rendido por el señor Mervin José Castrillo Valle al señalar que «el resultado de la gestión en el último año no fue el mi smo al año inmediatamente anterior dado que en ese tiempo se retiraron muchas empresas finalizando año, entre septiembre y diciembre, y nos tocó buscar estrategias para tratar de que no se retiraran, siendo algunas infructuosas. Las empresas no tenían por qué conocer el motivo de retiro de la Dra.

Ana María, de la baja en la gestión», con lo cual se denota que el servicio nunca mejoró con la desvinculación de la demandante y, por ello, la decisión acusada se alejó totalmente del buen servicio.

1. Incluso la demandante fue presionada para que renunciara pese a que por12

Radicación: 68001-23-31-000-2012-00120-01 (1136-2021) Demandante: Ana María Ramírez González su condición de embarazada gozaba de la estabilidad laboral reforzada y, por tanto, una vez la entidad demandada se dio por enterada de que el estado de embarazo se había interrumpido por causas de salud provocadas por el nivel de estrés a que estuvo sometida por la entidad empleadora, no dudo en declarar insubsistente su nombramiento, lo cual se acredita con la prueba testimonial obrante a los folios 822 y 825 vuelto.

1. Debe tenerse en cuenta que a los folios 384 a 395 se encuentra la historia clínica relacionada con el aborto sufr ido por la actora , luego no es cierto lo

y 825 vuelto.

1. Debe tenerse en cuenta que a los folios 384 a 395 se encuentra la historia clínica relacionada con el aborto sufr ido por la actora , luego no es cierto lo manifestado por el Tribunal al indicar que «respecto a la situación de aborto completo padecida por la demandante, que atribuye al estrés laboral generado con ocasión de las relaciones tensas a raíz de la petición de la renuncia a su cargo, se tiene que, se desconocen las causas que produjeron la p érdida, toda vez que la historia clínica aportada a la Litis, no hace referencia a dicha situación, sino a una lesión en un dedo del pie y a una intervención quirúrgica por un tumor auditivo derecho» 6

1.4.2. De la parte accionada:

La parte demandada indica que procede la revocatoria de la sentencia apelada en el numeral segundo, para en su lugar, se proceda al pago de las costas procesales incluidas las agencias en derecho con fundamento en las siguientes razones:

1. La entidad demandada para ejercer su defensa en los estrados judiciales requirió la contratación de un profesional del derecho con el correspondiente pago de los honorarios por servicios profesionales.

1. Existe un procedimiento administrativo interno que genera gasto presupuestal por parte de Positiva Compañía de Seguros S.A. el cual se lleva a cabo desde la misma notificación de la demanda y con la suscripción del

6 Negrilla del texto del recurso de apelación. Folios 929 a 931 del cuaderno dos.13

Radicación: 68001-23-31-000-2012-00120-01 (1136-2021)

Demandante: Ana María Ramírez González

Radicación: 68001-23-31-000-2012-00120-01 (1136-2021) Demandante: Ana María Ramírez González correspondiente poder para la representación judicial, la realización de la reunión de los profesionales para celebrar el Comité de Conciliación y la verificación de la vigilancia por parte del supervisor del contrato de representación legal.

1. La no condena en costas contribuye al detrimento patrimonial de la demandada en su condición de sociedad de economía mixta.7

1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia

1.5.1 De la parte demandante:

En el escrito de alegatos de conclusión se expresan las siguientes conclusiones:

1. La demandante , cumpl ía a cabalidad con las funciones encomendadas, acorde a lo señalado en el Manual de Funciones por competencias laborales y el de Requisitos específicos para los diferentes empleos públicos de Positiva Compañía de Seguros S.A., Resolución No. 194 de 2009 y Acuerdo de Gestión.

1. Se presentó una petición directa de renuncia que no fue aceptada por la demandante.

1. Sufrió un aborto que se atribuye al estrés laboral generado con ocasión a la petición de renuncia.

1. No se observa anotación en la hoja de vida de la demandante, relacionada con la existencia de alguna motivación que justificara la declaratoria de insubsistencia.

1. El cargo de gerente sucursal estuvo vacante durante cuatro meses y fue provisto con una persona que apenas cumplía los requisitos mínimos.

7 Folios 925 a 927 cuaderno dos14

Radicación: 68001-23-31-000-2012-00120-01 (1136-2021)

provisto con una persona que apenas cumplía los requisitos mínimos.

7 Folios 925 a 927 cuaderno dos14

Radicación: 68001-23-31-000-2012-00120-01 (1136-2021)

Demandante: Ana María Ramírez González

1. Posterior a la declaratoria de insubsistencia del nombramiento de la demandante la entidad accionada sufrió el retiro de varias empresas afiliadas.

1.5.2. De la parte demandada

En el escrito de alegatos de conclusión se expresan las siguientes conclusiones:

1. La Resolución No.1358 del 16 de agosto de 2011 se expidió acorde a las facultades discrecionales de la entidad nominadora, en atención a que el cargo que ocupaba la demandante es de libre nombramiento y remoción y podía ser declarado insubsistente sin necesidad de motivación alguna.

1. Las renuncias protocolarias son válidas toda vez que la entidad nominadora, está facultada para continuar o no con la prestación del servicio de un empleado de libre nombramiento y remoción.

1. No se demostró que existiera desmejora en la prestación del servicio debido a que el cargo no estuvo vacante puesto que fue asumido por la gerencia regional.

1. De haber sido cierto que, existieron móviles políticos en la expedición del acto administrativo no se hubiese esperado cuatro meses para nombrar su remplazo.

Además, la persona designada reunía las competencias para ejercer la función dada su formación profesional y amplia experiencia.

1. Acorde a las pruebas testimoniales recaudadas la demandante no logró probar la desviación de poder.8

1.6. El Ministerio Público

su formación profesional y amplia experiencia.

1. Acorde a las pruebas testimoniales recaudadas la demandante no logró probar la desviación de poder.8

1.6. El Ministerio Público

8 Memoriales visibles en la plataforma SAMAI del Consejo de Estado índices 13 y 1615

Radicación: 68001-23-31-000-2012-00120-01 (1136-2021) Demandante: Ana María Ramírez González El agente del Ministerio Público no rindió concepto.

La Sala decide, previas las siguientes

2. Consideraciones

2.1. El problema jurídico

El problema jurídico se contrae a determinar; en primer lugar, los argumentos de la demandante los cuales se sustentan en que el acto administrativo que la declaró insubsisten