CE - 012331000201200167011SENTENCIASENTENCIA20230622134749

Radicado: 19-001-23-39-000-2012-00167-01 (60136)

Demandante: Jhon Fredy Andrade Vitonas y otros

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Magistrado Ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS

Bogotá D.C., veintiuno (21) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Radicado número: 19-001-23-39-000-2012-00167-01 (60136)

Demandantes: Jhon Fredy Andrade Vitonas y otros Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación Referencia: Acción de reparación directa.

Tema 1: Privación injusta de la libertad – Ley 600 de 2000. Subtema 1.1. Daño antijurídico. Subtema 1.2. Liquidación de perjuicios

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Subsección resuelve, de conformidad con lo dispuesto en el Acta No. 10 del 25 de abril de 2013 , el recurso de apelación interpuesto por la Nación –Fiscalía General de la Nación contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca el 18 de mayo de 2017, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS

La Fiscalía 01 del Circuito de Puerto Tejada vinculó, mediante indagatoria, a Jhon Fredy Andrade Vitonas a la investigación penal seguida en su contra por los delitos de Rebe lión y Actos de Terrorismo , en consecuencia , libró orden de

La Fiscalía 01 del Circuito de Puerto Tejada vinculó, mediante indagatoria, a Jhon Fredy Andrade Vitonas a la investigación penal seguida en su contra por los delitos de Rebe lión y Actos de Terrorismo , en consecuencia , libró orden de captura en su contra que se hizo efectiva el 16 de noviembre de 2008 ; luego, al definir la situación jurídica , le impuso medida de aseguramiento consistente en detención preventiva, sin embargo, al desatarse recurso de apelación contra la mentada decisión, la superior funcional del entre instructor declaró la nulidad de lo actuado y dispuso la libertad inmediata del sindicado , en atención a que se identificaron una serie de deficiencias probatorias y argumentativas para el dictado de la medida. Posteriormente, la misma Delegada -por segunda ocasión - libró medida de aseguramiento contra el señor Andrade Vitonas, produciéndose su aprehensión el 14 de julio de 2009 , empero, en sede de reposición formulada por la defensa contra dicho mandamiento , resolvió dejarlo sin efectos y ordenó la libertad inmediata del investigado, esta vez por considerar la detención como una cautela excesiva frente a la exigua prueba de cargos. Finalmente , el mérito del sumario fue calificado con preclusión.

En consecuencia, a este contencioso concurrieron el investigado y sus familiares más próximos con el cometido de reclamar la indemnización de los daños sufridos como colofón de las dos (2) privaciones de la libertad parecida s con ocasión a la instrucción del sumario penal seguido en su contra.Radicado: 19-001-23-39-000-2012-00167-01 (60136)

Demandante: Jhon Fredy Andrade Vitonas y otros

instrucción del sumario penal seguido en su contra.Radicado: 19-001-23-39-000-2012-00167-01 (60136)

Demandante: Jhon Fredy Andrade Vitonas y otros

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II. ANTECEDENTES

2.1. La demanda1

El 16 de marzo de 2012 2, Jhon Fredy Andrade Vitonas , así como varios de sus familiares más próximos , presentaron demanda en ejercicio de la acc ión de reparación directa contra la Nación – Fiscalía General de la Nación , con la pretensión de que se la declare administrativamente responsable por “la falla en el servicio […] consistente en la privación injusta de la libertad […] ocurrida en dos ocasiones, la primera entre el 16 de noviembre de 2008 y el 13 de marzo de 2009, y la segunda entre el 13 de julio de 2009 y el 16 de octubre de 2009, a causa del actuar de la institución demandada” 3. En consecuencia, solicitó el reconocimiento y pago de los pe rjuicios morales, materiales, vida en relación, derechos constitucionalmente protegidos, entre otros.4

2.2. Trámite procesal relevante en primera instancia:

La demanda fue admitida mediante auto d el 12 de abril de 2013 5, proveído notificado en debida fo rma6. La demandada Nación – Fiscalía General de la Nación7 presentó escrito de contestación en el que se opuso a las pretensiones. Como razones de defensa, indicó que el señor Jhon Fredy Andrade Vitonas fue vinculado a la actuación a causa de las resultas del informe de inteligencia No. 2042/SIJIN DECAU de 2008 presentado por la Policía Judicial , documento

Como razones de defensa, indicó que el señor Jhon Fredy Andrade Vitonas fue vinculado a la actuación a causa de las resultas del informe de inteligencia No. 2042/SIJIN DECAU de 2008 presentado por la Policía Judicial , documento elaborado con base en las declaraciones presentadas por varios reinsertados de las FARC -EP en las que se señalaba al actor de pertenecer a la citada organización al margen de la ley, motivo por el cual, arguyó que apremiaba la instrucción de las pesquisas, pues era necesario esclarecer los hechos delictivos, sin perjuicio de que estas terminaran con la pre clusión en lo que a él concernía , por lo que de nin guna manera fue irregular el proceder, máxime que el sindicado se encontraba en la obligación de soportar el daño padecido.

Surtido el traslado de la demanda, el Tribunal, a través de proveído del 29 de enero de 2014 8, decretó las pruebas solicitadas po r las partes 9, subetapa que, luego de ser concluida , dio mérito para que se corriera traslado a las partes para alegar de conclusión y al delegado del Ministerio Público para que rindiera concepto10, oportunidad aprovechada por los sujetos procesales con reiteración de sus posiciones11.

2.3. La sentencia recurrida

El Tribunal Administrativo del Cauca profirió sentencia de primera instancia el 18 de mayo de 201712, mediante la que declaró administrativamente responsable a la

1 Escrito inicial de folios 1 a 50 C.1. 2 Según fecha del acta individual de reparto de folio 98 C.1. 3 Sumario identificado con el radicado No. 8579.

1 Escrito inicial de folios 1 a 50 C.1. 2 Según fecha del acta individual de reparto de folio 98 C.1. 3 Sumario identificado con el radicado No. 8579. 4 Pretensiones vistas a folios 4 a 9 C.1. 5 Auto de folios 120 a 121 C.1. 6 Folios 128 a 130 C.1. 7 Folios 132 a 137 C.1. 8 Auto de folio 185 a 187 C.1. 9 Decretó la documental aportada con la demanda así como la oficiada solicitada ante la Fiscalía 01 Especializada de Puerto Tejada; denegó la documental oficiada ante la Defensoría del Pueblo del Cauca y varia de la testimonial por corre sponder a la atestación de los mismos demandantes. Decisión que no fue recurrida por las partes. 10 Auto de folio 195 C.1. 11 Escritos visibles a folios 197 a 203 C.1. y 204 a 212 íd. 12 Folios 243 a 258 C. Apelación.Radicado: 19-001-23-39-000-2012-00167-01 (60136)

Demandante: Jhon Fredy Andrade Vitonas y otros

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Nación – Fiscalía General de la Na ción por la privación injusta de la libertad padecida en dos (2) ocasiones por Jhon Fredy Andrade Vitonas , y en consecuencia, ordenó el pago de $15’106.586 por lucro cesante, y 70 salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno de los siguientes demandantes: el afectado principal, sus padres (María Teresa Vitonas Opocue y Luis Alberto Andrade Arias), su compañera permanente (Clara Consuelo Medina)

mínimos legales mensuales vigentes para cada uno de los siguientes demandantes: el afectado principal, sus padres (María Teresa Vitonas Opocue y Luis Alberto Andrade Arias), su compañera permanente (Clara Consuelo Medina) y su hijo (Yhon Jaider Andrade Medina); declaró la falta de legitimación en la causa por activa de Ye ini Geraldine Medina, por no allegar prueba alguna del parentesco invocado, y, denegó las demás súplicas . Para arribar a la antedicha decisión, el Tribunal se decantó por el régimen objetivo, de ahí que –a su juiciofue suficiente con la demostración de l a detención padecida por lapso de siete (7) meses y tres (3) días y el desenlace de las pesquisas con preclusión.

2.4. El recurso13

La Nación – Fiscalía General de la Nación 14 recurrió la sentencia dictada por el Tribunal con el cometido que en esta instancia se procediera a su revocación, y en su lugar, se negaran las súplicas de la demanda. Los motivos de inconformidad fueron los siguientes:

(i) Afirmó que la actuación a su cargo se llevó a cabo en estricto acatamiento de los cometidos funcionales de investigación e instrucción penal (art. 250 C.N.), y en ese sentido, acreditó las exigencias previstas en el Artículo 356 de la Ley 600 de 2000 para dictar la medida de aseguramiento en contra de Jhon Fredy Andrade Vitonas (valiéndose para ello del informe de inteligencia y las declaraciones de varios desmovilizados que lo señalaban como miembro del grupo subversivo FARC-EP). (ii) Precisó que la privación de la libertad padecida no se constituyó como un

declaraciones de varios desmovilizados que lo señalaban como miembro del grupo subversivo FARC-EP). (ii) Precisó que la privación de la libertad padecida no se constituyó como un daño antijurídico, comoquiera la preclusión de las pesquisas se sustentó en la duda probatoria que le asistía a la Fiscalía para calificar el sumario , más no porque la investigación se haya surtido irregular o irrazonadamente, de modo tal que al aquí accionante le correspondía el deber de acreditar que el actuar del ente instructor fue ilegal, injusto o desproporcionado, hecho que no se esclareció en el presente asunto. (iii) No existió falla en el servicio toda vez que la Fiscalía, en cada subetapa de la actuación penal, actuó conforme a las exigencias y grados de convencimiento exigidos en la ley adjetiva vigente . Tan fue así que inició la investigación con base en la información legalmente obtenida que lo sindicaba de pertenecer a un grupo armado ilegal, indagaciones que dieron mérito para su aprehensión física y posterior definición de la situación jurídica, empero, al momento de calificar el mérito del sumario , la misma Fiscalía concluyó que el acervo probatorio era insuficiente para formular acusación, comoquiera que no permitía demostrar más allá de toda duda la culpabilidad y antijuridicidad del actuar ilícito endilgado , colofón que de ninguna manera denota una falla en la instrucción, sino , por el contrario, que no cabía la posibilidad de proseguir con el curso del sumario punible.

13 La parte actora también formuló recurso de apelación, sin embargo, fue declarado desierto por el tribunal

no cabía la posibilidad de proseguir con el curso del sumario punible.

13 La parte actora también formuló recurso de apelación, sin embargo, fue declarado desierto por el tribunal luego de que no compareciera a la audiencia de conciliación /folios 270 a 275 291 C. Apelación/ 14 Recurso de folios 262 a 268 C. Apelación.Radicado: 19-001-23-39-000-2012-00167-01 (60136)

Demandante: Jhon Fredy Andrade Vitonas y otros

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2.5. Conciliación

Según lo prescrito en el Artículo 70 de la Ley 1395 de 2010 , el Tribunal convocó a audiencia de conciliación 15, la cual fue evacuada el 29 de agosto de 2017 16, y hubo de declararse fallida.

2.6. Trámite relevante en segunda instancia

Admitida la apelación el 1 de noviembre de 2017 17, esta Corporación corrió traslado a los extremos procesales y al representante del Ministerio Público para alegar de conclusión en segunda instancia y emitir concepto, respectivamente 18, oportunidad en la que intervinieron todos sujetos, incluido el Ministerio Público 19. La Fiscalía General de la Nación 20 y la demandante21 reiteraron los argumentos expuestos en el curso de la actuación; por su parte , la Procuraduría Primera delegada ante esta Corporación presentó el concepto No. 20/2018 del 13 de febrero de 2018 22, mediante el cual recomendó que la sentencia de primera instancia fuera confirmada , comoquiera que el órgano demandado profirió dos (2)

delegada ante esta Corporación presentó el concepto No. 20/2018 del 13 de febrero de 2018 22, mediante el cual recomendó que la sentencia de primera instancia fuera confirmada , comoquiera que el órgano demandado profirió dos (2) medidas de aseguramiento contra el señor Andrade Vitonas sin haber realizado el correspondiente análisis de necesidad exigido en el artículo 355 de la Ley 600 de 2000, falencia que ocasionó que la privación de la libertad padecida fuera injusta y conllevara una clara falla del servicio , toda vez que se dictaron órdenes judiciales sin contar con la debida valoración probatoria y fundamentación argumentativa.

Se precisa que el doctor Nicolás Yepes Corrales f ungió como Procurador Judicial delegado ante esta Corporación, por lo que en dicha calidad, fue quien presentó el concepto en el sub examine, motivo por el cual, mediante escrito del 20 de agosto de 202123 formuló su respectiva manifestación de impedimento , que fue declarado fundado a través de auto del 14 de enero de 2022 24, de ahí que el proyecto respectivo fuera discutido y aprobado por Sala dual.

III. PROBLEMA JURÍDICO

3.1. De acuerdo con el Artículo 320 del Código General del Proceso (CGP) 25, aplicable de manera supletoria al procedimiento contencioso administrativo conforme el artículo 267 del CCA, dispone que “el recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante, para que el superior revoque o reforme la decisión”, de ahí que el Canon 328 íd. prevé que la competencia funcional de l juez

superior examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante, para que el superior revoque o reforme la decisión”, de ahí que el Canon 328 íd. prevé que la competencia funcional de l juez de segunda instancia será “[…] solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley” . Así, es apenas lógico comprender que el margen de

15 Auto de folio 276 y 277 C. Apelación. 16 Acta de folio 291 C. Apelación. 17 Folio. 305, C. Apelación. 18 Folio. 308, C. Apelación. 19 Constancia de folio 913 C. Apelación. 20 Folios 314 a 325 C. Apelación 21 Folios 342 a 348 C. Apelación. Allegó también varios documentos contentivos de reportajes periodísti cos que fueron tenidos como prueba en esta instancia a través de auto del 9 de abril de 2018 /Folios 353 a 563 y 378 íd. / 22 Folios 364 a 3377 C. Apelación 23 Folio 386 ibídem. 24 Según índice SAMAI 36. 25 Normatividad aplicable al caso concreto debido a qu e la interposición del recurso de apelación sub examine se realizó el 12 de junio de 2017, y de acuerdo con lo señalado en el auto proferido por la Sala Plena de esta

Corporación, el 25 de junio de 2014, expediente 2012 -00395-01 (IJ), la Ley 1564 de 2012 ( CGP) empezó a regir, en la jurisdicción de lo contencioso administrativo, a partir del 1º de enero de 2014.Radicado: 19-001-23-39-000-2012-00167-01 (60136)

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apreciación del jue z de la apelación se encuentra limitado por los argumentos expuestos por el recurrente en contra de la decisión que se hubiera adoptado en primera instancia, y que resultó desfavorable o perjudicial a sus derechos o interés26.

Ahora bien, recuerda la Sal a que, de acuerdo con la jurisprudencia unificada de esta Sección, el juzgador tiene la potestad de “ pronunciarse oficiosamente sobre todas aquellas cuestiones que sean necesarias para proferir una decisión de mérito, tales como la caducidad, la falta de l egitimación en la causa y la indebida escogencia de la acción, aunque no hubieran sido propuestos por el apelante como fundamentos de su inconformidad con la providencia censurada”27.

3.2. En el sub examine el recurso de alzada fue interpuesto únicament e por la Fiscalía General de la Nación, en este sentido, la Sala precisa que, como juez de segunda instancia, su competencia funcional se circunscribe a resolver solo los aspectos indicados en la alzada y, por lo tanto, le corresponde dar respuesta al siguiente interrogante:

3.2.1. ¿Son constitutiva de daño antijurídico, a cargo de la Fiscalía General de

aspectos indicados en la alzada y, por lo tanto, le corresponde dar respuesta al siguiente interrogante:

3.2.1. ¿Son constitutiva de daño antijurídico, a cargo de la Fiscalía General de la Nación, las dos privaciones de la libertad padecidas por Jhon Fredy Andrade Vitonas , con ocasión a la instrucción del sumario penal No. 8579 seguido en su contra por los delitos de Rebelión y Actos de Terrorismo, pese a que la actuación concluyó por preclusión de la investigación?

Si el daño se revela antijurídico, la Subsección deberá establecer si los perjuicios reconocidos a los actores están acordes con la jurisprudencia unificada por esta Corporación sobre la materia.

IV. CONSIDERACIONES

4.1. Sobre los presupuestos de la sentencia de mérito

4.1.1. La Sala procede al resolver los problemas atinentes al fondo de la litis habida consideración de la competencia que le asiste para ello en atención a lo preceptuado por el artículo 73 de la Ley 270 y a la naturaleza del asunto 28, así como al o portuno ejercicio que del medio de control hizo la parte demandante, ya que presentó su demanda el 16 de marzo de 201229, esto es, dentro de los dos (2) años posteriores 30 al día siguiente a la ejecutoria de la providencia con la que se declaró la preclusión de la investigación seguida contra Jhon Fredy Andrade Vitonas, lo que sucedió a partir del 9 de junio de 2010 31-32. Lo anterior, aunado al

26 Se recuerda que, de acuerdo con la jurisprudencia unificada de esta Sección, el juzgador tiene la potestad

Vitonas, lo que sucedió a partir del 9 de junio de 2010 31-32. Lo anterior, aunado al

26 Se recuerda que, de acuerdo con la jurisprudencia unificada de esta Sección, el juzgador tiene la potestad de “ pronunciarse oficiosamente sobre to das aquellas cuestiones que sean necesarias para proferir una decisión de mérito, tales como la caducidad, la falta de legitimación en la causa y la indebida escogencia de la acción, aunque no hubieran sido propuestos por el apelante como fundamentos de su inconformidad con la providencia censurada” CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, sentencia del 9 de febrero de 2012, expediente 20104 y sentencia de unificación del 6 de abril de 2018, exp. 46005. 27 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, sentencia del 9 de fe brero de 2012, expediente 20104 y sentencia de unificación del 6 de abril de 2018, exp. 46005. 28 CONSEJO DE ESTADO, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto del 9 de septiembre de 2008, rad. núm. 11001-03-26-000-2008-0009-00(34985). 29 Según fecha del acta individual de reparto de folio 98 C.1. 30 Artículo 136.8 del CCA. 31Art. 187 de la Ley 600 de 2000. folios 248 a 267 C. 2 de pruebas. Cfr. 4.2.3.16 y 4.2.3.17. 32 Sentencia del 16 de diciembre de 2020. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C , expediente 46576: “[P]ara el caso en concreto fueron varias las personas vinculadas al proceso penal y la resolución que

32 Sentencia del 16 de diciembre de 2020. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C , expediente 46576: “[P]ara el caso en concreto fueron varias las personas vinculadas al proceso penal y la resolución que precluyó la investigación en beneficio del aquí accionante fue objeto de apelación en lo atinente a la responsabilidad de otros sindi cados. Sin embargo, dicho recurso no atacó la decisión que resultó a favor del señor (…), lo que es pertinente para decidir la caducidad de la acción de reparación directa a cargo de la Sala. (…) [L]a Sala encuentra que si bien la preclusión de la investig ación en beneficio del señor (…), se decretóRadicado: 19-001-23-39-000-2012-00167-01 (60136)

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hecho de que la parte interesada agotó el requisito de procedibilidad ante la Procuraduría 39 Judicial para asuntos administrativos de Popayán33.

4.1.2. Dicha decisión tendrá tal alcance respecto de los siguientes demandantes que la Sala encuentra legitimados en causa por activa: JHON FREDY ANDRADE VITONAS34, como víctima directa de la privación de la libertad; sus padres LUIS ALBERTO ANDRADE ARIAS y MARÍA TERESA VITONAS OPOCUE 35; su compañera permanente CLARA CONSUELO MEDINA UL 36; y su hijo JHON JAIDER ANDRADE MEDINA37. Frente a la legitimación en la causa por activa de Yeini Geraldine Medina, la Sala no hará análisis alguno y mantendrá la decisión de primera instancia, en razón a que la demandada es apelante único.

JAIDER ANDRADE MEDINA37. Frente a la legitimación en la causa por activa de Yeini Geraldine Medina, la Sala no hará análisis alguno y mantendrá la decisión de primera instancia, en razón a que la demandada es apelante único.

Y en lo que atañe al extremo pasivo de la litis, la Sala encuentra legitimada en causa a la NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN38, comoquiera que a dicho órgano se le atribuyeron los daños derivados de la expedición de la medida de aseguramiento en contra de Jhon Fredy Andrade Vitonas, razón por la cual, se avala la concurrencia de dicho ente, a través de su representante legal, el Fiscal General de la Nación o su delegado.

4.2. Sobre la declaración de responsabilidad deprecada

4.2.1. El artículo 90 de la Constitución P olítica de Colombia establece que el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos causados por la acción u omisión de las autoridades públicas. Así, para que se configure la responsabilidad patrimonial del Estado, deben concurrir dos (2) presupuestos: (i) un daño antijurídico y (ii) su imputación al Estado por la acción u omisión de autoridades públicas.

4.2.2. La Ley 600 de 2000 , vigente en el momento de los hechos, establecía que la medida de aseguramiento de detención preventiva proced ía cuando existieran dos (2) indicios graves de responsabilidad, con base en pruebas legalmente producidas en el proceso, y el delito imputado fuera castigado con pena de prisión mínima de cuatro (4) años o fuera mencionado en el artículo 357.2 de la Ley 6 00 de 200039.

producidas en el proceso, y el delito imputado fuera castigado con pena de prisión mínima de cuatro (4) años o fuera mencionado en el artículo 357.2 de la Ley 6 00 de 200039.

mediante Resolución (…), proferida por la Fiscalía (…), la cual no fue objeto de cuestionamiento en sede de apelación en ese específico aspecto, los efectos ejecutorios de ese fallo quedaron suspendidos hasta qu e se resolvió tal recurso -así no atacara esa parte de la decisión -, bajo el entendido de que en nuestro sistema penal no existen ejecutorias parciales de las decisiones, pues debe conservarse la unanimidad de ejecución de las providencias, de suerte que l a mencionada resolución cobro ejecutoria cuando se decidió la segunda instancia”. También ver CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Penal, auto del 3 de junio de 2009, exp. 31912. Reiterado en auto del 10 de julio de 2013, exp. 33973. 33 Constancia No. 044 del 20 de febrero de 2012 /fl. 94 C.1./ en la que se consta que presentó solicitud el 24 de noviembre de 2011. 34 Cédula de ciudadanía de folio 58 C.1. y copia de la actuación penal seguida en su contra que milita en los cuadernos de pruebas 1 y 2. 35 Según registro Civil de Nacimiento con serial n° 11143592, y copia de sus documentos de identidad, vistos a folios 57, 60 y 61 C.1. 36 Según obra en la manifestación del estado civil efectuada en indagatoria por Jhon Fredy Andrade Vitonas en la que indicó que Clara Consuelo Medina Ul era su compañera y que con ella tenía dos hijos: Jhon Jaider y

36 Según obra en la manifestación del estado civil efectuada en indagatoria por Jhon Fredy Andrade Vitonas en la que indicó que Clara Consuelo Medina Ul era su compañera y que con ella tenía dos hijos: Jhon Jaider y Jheini Geraldín; así como en la reseña de la captura y formato de arraigo y el reconocimiento de su hijo consanguíneo en común así como la de crianza, documentos en los que se constata que Clara Consuelo Medina Ul era con quien sostenía tal v ínculo para el momento de los hechos. Ver folios 47 y 48 vuelto, 174 C.1. de pruebas. Copia del documento de identidad de folio 59 C.1. 37 Según registro civil de nacimiento con serial n° 1067521100 de folio 56 C.1. 38 La Sala observa que el hecho reputado como generador del daño, parte del dictado de las órdenes de captura y medidas de aseguramiento de detención preventiva gestadas por la Fiscalía 01 Seccional de Puerto Tejada. 39 “Artículo 356. Solamente se tendrá como medida de aseguramiento para los imputables la detención preventiva. ||Se impondrá cuando aparezcan por lo menos dos indicios graves de responsabilidad con base enRadicado: 19-001-23-39-000-2012-00167-01 (60136)

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Con todo, la estricta coherencia que debe ser observada con la comprensión que se ha hecho del daño antijurídico como aquel quebranto que el titular del patrimonio lesionado no está obligado a soportar 40, lleva a entender que, en algunas ocasi ones, el daño causado con plena observancia de la ley y de la

se ha hecho del daño antijurídico como aquel quebranto que el titular del patrimonio lesionado no está obligado a soportar 40, lleva a entender que, en algunas ocasi ones, el daño causado con plena observancia de la ley y de la principialística rectora de la actuación del órgano demandado puede, sin embargo, resultar intrínsecamente injusto. Esa la razón por la que el juicio relativo a la juridicidad del daño no se ago ta con la verificación de la observancia del actuar conforme a derecho positivo de la autoridad que causó el daño, verificación que siempre viene necesaria para preservar el sentido correctivo y propedéutico que cumple el juicio de responsabilidad estatal aquiliana y, por el contrario, debe extenderse al análisis de su conformidad con la justicia. Así lo reclama un correcto entendimiento del artículo 90 de la Constitución Política de Colombia.

Esa injusticia, cuando de una privación de la libertad persona l por causa de detención preventiva dispuesta con ocasión de una investigación penal se trata, como bien lo advirtió la Corte Constitucional en la Sentencia C -037 de 1996, no puede determinarse linealmente a partir del resultado absolutorio o equivalente, del proceso penal. Tampoco emerge de forma automática por descarte de la antijuridicidad que reposa en la causación del daño 41. Debe surgir, una inadecuada relación entre los fines que se pretendían satisfacer con la medida 4243, y los elementos de juicio inv ocados por el operador jurídico con sustento en los medios materiales probatorios recabados, de modo tal que se reduzca a una apariencia de la responsabilidad del implicado en el asunto (razonabilidad).

43, y los elementos de juicio inv ocados por el operador jurídico con sustento en los medios materiales probatorios recabados, de modo tal que se reduzca a una apariencia de la responsabilidad del implicado en el asunto (razonabilidad). Además, la medida de aseguramiento no puede equivaler o superar el monto de pena previsto para el delito44.

las pruebas legalmente producidas dentro del proceso. || No procederá la medida de aseguramiento cuando la prueba sea indicativa de que el imputado pudo haber actuado en cualquiera de las causales de ausencia de responsabilidad. || Artículo 357. La medida de aseguramiento procede en los siguientes eventos: || 1. Cuando el delito tenga prevista pena de prisión cuyo mínimo sea o exceda de cuatro (4) años. […]”. 40 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, sentencia del 28 de mayo de 1992, exp. 6771. 41 «[E]l juez administrativo, al esclarecer si la privación de la l ibertad se apartó del criterio de corrección jurídica exigida, debe efectuar valoraciones que superan el simple juicio de causalidad y ello por cuanto una interpretación adecuada del artículo 68 de la Ley 270 de 1996, sustento normativo de la responsabilid ad del Estado en estos casos, impone considerar, independientemente del título de atribución que se elija, si la decisión adoptada por el funcionario judicial penal se enmarca en los presupuestos de razonabilidad, proporcionalidad y legalidad. […]”. CORTE CONSTITUCIONAL, sentencia SU-072 de 2018. 42 “Esta Corte estima que en el principio de presunción de inocencia subyace el propósito de las garantías judiciales, al afirmar la idea de que una persona es inocente hasta que su culpabilidad sea demostrada. De l o

42 “Esta Corte estima que en el principio de presunción de inocencia subyace el propósito de las garantías judiciales, al afirmar la idea de que una persona es inocente hasta que su culpabilidad sea demostrada. De l o dispuesto en el artículo 8.2 de la Convención se deriva la obligación estatal de no restringir la libertad del detenido más allá de los límites estrictamente necesarios para asegurar que no impedirá el desarrollo eficiente de las investigaciones y que no eludirá la acción de la justicia, pues la prisión preventiva es una medida cautelar, no punitiva”. CORTE IHD, Caso Suárez Rosero, sentencia de 12 de noviembre de 1997, serie C Nº 35, párr. 77. 43 “Las medidas cautelares se establecen en tanto sean indispen sables para los objetivos propuestos. La prisión preventiva no es una excepción a esta regla. Como consecuencia del principio de excepcionalidad, sólo procederá la prisión preventiva cuando sea el único medio que permita asegurar los fines del proceso porque se pueda demostrar que las medidas menos lesivas resultarían infructuosas a esos fines. Por eso, siempre se debe procurar su sustitución por una de menor gravedad cuando las circunstancias así lo permitan. […] 105. Otra condición del carácter cautelar d e la prisión preventiva es que está llamada a regir sólo durante el lapso estrictamente necesario para garantizar el fin procesal propuesto (provisionalidad) ”. COMISIÓN IDH. Informe 86/09, Caso 12.553, Fondo, José, Jorge y Dante Peirano Basso, Uruguay, 6 d e agosto de 2009, párr. 100 y 102 y 105. 44 “La prisión preventiva se halla limitada, asimismo, por el principio de proporcionalidad, en virtud del cual

agosto de 2009, párr. 100 y 102 y 105. 44