CE - 012331000201200216011SENTENCIA20230224104357
Detalles
- Título
- CE - 012331000201200216011SENTENCIA20230224104357
- Autor
- Consejo de Estado
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Administrativo
- Año
- —
1
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES
Bogotá D.C., catorce (14) de septiembre de dos mil veintidós (2022)
Referencia: REPARACIÓN DIRECTA Radicación: 70001333100920080010701 (65488)
Demandante: SAMIR OSPINO PASTRANA Y OTROS Demandado: NACIÓN — FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y OTRO Tema: Privación injusta de la libertad. Ley 600 de 2000. Se acreditó un daño antijuridico imputable al Estado.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 13 de septiembre de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo ) % . . de Arauca!, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. ; | I. SÍNTESIS DEL CASO x El 13 de marzo de 2006, la Unidad Nacional Antinarcóticos y de Interdicción Marítima de la Fiscalía General de la Nación ordenó la apertura de una investigación previa y decretó la interceptación telefónica de varias personas. Seguidamente, el 11 de febrero de 2008, el referido ente profirió resolución de apertura de instrucción y ordenó la captura con fines de indagatoria de Samir Ospino Pastrana, por ser presunto autor de los delitos de “concierto para delinquir con fines de tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, lavado de activos y contrabando”. |
presunto autor de los delitos de “concierto para delinquir con fines de tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, lavado de activos y contrabando”. | El 21 de febrero de 2008, agentes del CTI de la Fiscalía capturaron al sindicado. Posteriormente, el 18 de marzo de 2008, el Despacho 5 de dicha Unidad impuso medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en contra de Samir 1 En virtud de lo dispuesto en el Acuerdo PCSJA18-11134 del 31 de octubre de 2018 el Tribunal Administrátivo de. Córdoba remitió el expediente al Tribunal Administrativo de Arauca por descongestión. 'Radicado: 23001233100020120021601 (65488) Demandante: Samir Ospino Pastrana y otros Ospino Pastrana por ser presunto autor del delito de concierto para delinquir. El 12 de diciembre de 2008, la Fiscalía acusó al señor Ospino Pastrana por el referido delito. Sin embargo, mediante sentencia del 13 del noviembre de 2009, el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Montería absolvió a Samir Ospino Pastrana por in dubio pro reo. Los demandantes consideran que la privación de la libertad de la que fue objeto Samir Ospino Pastrana fue injusta, puesto que fue absuelto por no existir convicción o certeza, más allá de toda duda razonable, para endiigarle la comisión del delito de concierto para delinquir.
Il. ANTECEDENTES
1. Demanda
existir convicción o certeza, más allá de toda duda razonable, para endiigarle la comisión del delito de concierto para delinquir.
Il. ANTECEDENTES
1. Demanda El 13 de febrero de 2012?, Samir Ospino Pastrana, Nervis de Jesús Mendoza León, en nombre propio y en representación de Samir Andrés, Sebastián Andrés, Yeiner, Daniela Andrea y Yaseni Milena Barrios Mendoza; Luz María, Ayelis, Ever y Germán Antonio Ospino Pastrana; Josefa Antonia León Machado, Jovita del Carmen Pastrana Árgumedo y Luciano Antonio Ospino Morales, mediante apoderado judicial y en ejercicio de la acción de reparación directa, presentaron demanda en contra de la Nación — Fiscalía General de la Nación, la Rama Judicial y el Ministerio de Defensa Nacional — Policía Nacional, por los perjuicios ocasionados por la privación de la libertad de la que fue objeto Samir Ospino Pastrana.
Como pretensiones de su demanda, el extremo activo solicita condenar a la parte demandada a pagar, por perjuicios morales, la suma de 200 SMLMV a cada uno de los accionantes; por daño a la vida de relación, la suma de 200 SMLMV a cada uno de los demandantes; por daño emergente, la suma de $50.000.000 a Samir Ospino Pastrana, por lucro cesante, la suma de $36.0000.000 a Samir Ospino Pastrana; y como medida no pecuniaria, solicitó “[...] a título de justicia restaurativa, que las entidades demandadas sean condenadas a pedir excusas públicas a mis poderdantes”.
como medida no pecuniaria, solicitó “[...] a título de justicia restaurativa, que las entidades demandadas sean condenadas a pedir excusas públicas a mis poderdantes”. 2 Fl. 1243, 169 y 170,C. 1.Radicado: 23001233100020120021601 (65488) Demandante: Samir Ospino Pastrana y otros En apoyo de las pretensiones, la parte demandante afirma que el 13 de marzo de 2006, la Unidad Nacional Antinarcóticos y de Interdicción Marítima de la Fiscalía General de la Nación ordenó la apertura de una investigación previa y decretó la interceptación telefónica de varias personas. Indica que el 11 de febrero de 2008, el referido ente profirió resolución de apertura de instrucción y ordenó la captura con fines de indagatoria de Samir Ospino Pastrana por ser presunto autor de los delitos de “concierto para delinquir con fines de tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, tráfico, fabricación O porte de estupefacientes, lavado de activos y contrabando”. Sostiene que el 21ide febrero de 2008, agentes de! CTI de la Fiscalía capturaron al procesado. Posteriormente, el 18 de marzo de 2008, el Despacho 5 de dicha Unidad impuso medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en contra de Samir Ospino Pastrana, por ser presunto autor del delito de concierto para delinquir. , Manifestó que el 12 de diciembre de 2008, la Fiscalía acusó al señor Ospino Pastrana por el referido delito. Sin embargo, mediante sentencia del 13 de noviembre de 2009, el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Montería
Manifestó que el 12 de diciembre de 2008, la Fiscalía acusó al señor Ospino Pastrana por el referido delito. Sin embargo, mediante sentencia del 13 de noviembre de 2009, el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Montería absolvió a Samir Ospino Pastrana por ín dubio pro reo. Los demandantes consideran que la privación de la libertad de la que fue objeto Samir Ospino Pastrana fue injusta, puesto que fue absuelto por no existir convicción o certeza, más allá de toda duda razonable, para endilgarle la comisión del delito de concierto para delinquir. Textualmente señalan en la demanda: “f...] el hecho dañino se le atribuye a la información suministrada erróneamente por la (sic) miembros de la Policía Nacional, adscritos a la SIJIN DECOR, lo que provocó que se abriera investigación previa N 74507 y con el tiempo condujo a que se expidieran las providencias de fecha 11 de febrero de 2008, mediante las cuales se privó del injustamente de la libertad al señor SAMIR OSPINO: PASTRANA, se hizo el despliegue noticioso nacional eRadicado: 23001233100020120021601 (65488) Demandante: Samir Ospino Pastrana y otros f internacional que se le dio a su captura, y la prolongada espera que tuvo que padecer mientras se efectuó el juicio, por haber sido puesto a disposición de un - sistema judicial defectuoso y paquidérmico [...]'..
2. Contestación El 19 de diciembre de 2008, el Tribunal Administrativo de Córdoba admitió la demanda y ordenó su notificación a las entidades demandadas y al Ministerio
Público. |
2. Contestación El 19 de diciembre de 2008, el Tribunal Administrativo de Córdoba admitió la demanda y ordenó su notificación a las entidades demandadas y al Ministerio Público. | 2.1. La Rama Judicial — Dirección Ejecutiva de Administración Judicial argumentó que.no generó el daño alegado en por los demandantes, pues fue la Fiscalía General de la Nación quien privó de la libertad al procesado. Formuló como excepción la de “falta de legitimación en la causa por pasiva”. 2.2. La Fiscalía General de la Nación? sostuvo que no ocasionó un daño antijurídico a los accionantes, porque impuso medida de aseguramiento en contra del procesado en cumplimiento de las prerrogativas constitucionales y legales que le habían sido conferidas. 2.3. El Ministerio de Defensa Nacional — Policía Nacional$ argumentó que el hecho lesivo alegado por el extremo activo no le era imputable, pues actuó en cumplimiento de una orden. emitida por una autoridad judicial. Formuló como AS excepciones las que denominó “falta de legitimación en la causa por pasiva”, “cobro de lo no debido” y “falta de causalidad entre la falla del servicio y el daño”. 3.lAlegatos de conclusión en primera instancia E alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente. 3 de agosto de 2017”, se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para 3 Fl. 63 y 64, FL 75287, 5 Fl 914095, SFÍ 106 a 11 7 Fl 442,C.1. 0.1 C. 1. C. 1. 8, C.1. ,Radicado: 23001233100020120021601 (65488)
Demandante: Samir Ospino Pastrana y otros
0.1 C. 1. C. 1. 8, C.1. ,Radicado: 23001233100020120021601 (65488) Demandante: Samir Ospino Pastrana y otros 3.1. Los demandantesé y el Ministerio de Defensa Nacional — Policía Nacional? reiteraron los argumentos expuestos la demanda y en la contestación de la misma, respectivamente. 3.2. La Fiscalía General de la Nación, la Rama Judicial y el Ministerio Público guardaron silencio??.
4. Sentencia de primera instancia Mediante sentencia del 13 de septiembre de 2019!, el Tribunal Administrativo de Arauca!? negó las pretensiones de la demanda, al constatar que la privación de la libertad de la que fue objeto Samir Ospino Pastrana no devino en injusta, toda vez que la medida de aseguramiento y posterior acusación se profirieron con fundamento en: i) el testimonio de Elkin Ariel Quiñonez Ortiz, ii) las interceptaciones de abonados telefónicos, y ili) el material encontrado en la diligencia de allanamiento y registro del inmueble de su propiedad. Además, indicó que la investigación penal cumplió los términos procesales previstos en la legislación penal.
Al efecto sostuvo que: ...] el informe de inteligencia elaborado por la Policía Judicial sirvió como un referente para que la Unidad Nacional contra el Narcotráfico e interdicción Marítima de la Fiscalía General de la Nación ordenara la apertura de la investigación previa, dentro de la cual, se decretaron la práctica de una serie de pruebas, con el fin de establecer sí se estaba en presencia de un delito que ameritara la imposición de la medida de aseguramiento de detención preventiva, lo
investigación previa, dentro de la cual, se decretaron la práctica de una serie de pruebas, con el fin de establecer sí se estaba en presencia de un delito que ameritara la imposición de la medida de aseguramiento de detención preventiva, lo cual efectivamente se produjo en providencia del fecha (sic) 18 de marzo de 200€, al considerarse que existian indicios graves de responsabilidad de SAMIR OSPINO PASTRANA como lo era: i) el testimonio de ELKIN ARIEL QUIÑONEZ ORTIZ; il las interceptaciones a unos teléfonos móviles y fijos; iii) lo encontrado en la diligencia $ Fl, 459 471,0. 1. 9 Fl 443 a 450, C. 1. 19F1, 2, CP. 1 Fl. 3a16, C.P. ¡ 12 En virtud de lo dispuesto en el Acuerdo PCSJA18-11134 del 31 de octubre de 2018 el Tribunal Administrativo de Córdoba remitió el expediente al Tribunal Administrativo de Arauca por descongestión.<a Radicado: 23001233100020 120021601 (65488) Demandante: Samir Ospino Pastrana y otros de registro y allanamiento al inmueble de su propiedad [...] Adicionalmente, es importante señalar que si bien por orden judicial se mantuvo privado de la libertad alSAMIR OSPINO PASRANA por un periodo aproximado de 1 año y 9 meses, también lo es que atendiendo a las especiales condiciones del caso -delitos investigados, número de personas vinculadas, material probatorio a recaudar, entre otros-, la investigación y posterior decisión por parte del Juzgado Penal del Circuito Especializado de Montería se adelantó respetando los términos establecidos en la
investigados, número de personas vinculadas, material probatorio a recaudar, entre otros-, la investigación y posterior decisión por parte del Juzgado Penal del Circuito Especializado de Montería se adelantó respetando los términos establecidos en la Ley denotándose con ello, prontitud para proferir las decisiones judiciales [...]”. 5. [Recurso de apelación El 25 de octubre de 20193, la parte demandante interpuso recurso de apelación, el cual fue concedido el 12 de noviembre de 2019 y admitido el 12 de marzo de 201915, 5.1. La recurrente?S manifestó que la investigación previa del proceso penal incurrió en deficiencias probatorias, pues se confirió valor probatorio a los informes de inteligencia sesgados y tendenciosos, en los que se fundamentó la medida de detención preventiva. Agregó que se demostró la ocurrencia de un “falso positivo judicial”, pues a Samir Ospino Pastrana se le privó injustamente de la libertad. 6.¡Alegatos de conclusión en segunda instancia El 15 de octubre de 20201? se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente. 6.1. La parte demandante, la Fiscalía General de la Nación, la Rama Judicial, y el Ministerio de Defensa Nacional — Policía Nacional reiteraron los argumentos expuestos en el trámite de primera instancia??, FL 20 a 29; C.P. 14 F.31, C.P. 15 FL 35, C.P. 1611 20829, C.P. 17 FL 38, C.P. 10 Fl 43, C. P.Radicado: 23001233100020120021601 (65488)
Demandante: Samir Ospino Pastrana y otros
1611 20829, C.P. 17 FL 38, C.P. 10 Fl 43, C. P.Radicado: 23001233100020120021601 (65488) Demandante: Samir Ospino Pastrana y otros 6.2. El Ministerio Público guardó silencio!?.
Ill. CONSIDERACIONES
1. Competencia El Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del 31 de mayo de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley 270 de 1996.
2. Acción procedente La acción de reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo, según lo dispone el artículo 86% del Código Contencioso Administrativo.
En este caso la acción procedente es la de reparación directa, porque se reclama la reparación de un daño proveniente de unos hechos imputables a la administración de justicia y al Ministerio de Defensa Nacional — Policía Nacional.
3. Vigencia de la acción Con el propósito de otorgar seguridad jurídica, de evitar la parálisis del tráfico jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando a la 19 Fl, 43, C.P. 20 Artículo 86. Acción de reparación directa. La persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño cuando la causa sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquiera otra
reparación del daño cuando la causa sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquiera otra causa. Las entidades públicas deberán promover la misma acción cuando resulten condenadas O hubieren conciliado por una actuación administrativa originada en culpa grave o dolo de un servidor o ex servidor público que no estuvo vinculado al proceso respectivo, o cuando resulten perjudicadas por fa actuación de un particular o de otra entidad pública.”Radicado: 23001233100020120021601 (65488) Demandante: Samir Ospino Pastrana y otros protección del interés general”!, estableció unos plazos para poder ejercer oportunamente cada uno de los medios de control judicial. Estos plazos resultan ser razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la solicitud judicial, implica la extinción del derecho de accionar, asi como la consolidación de las situaciones que se encontraban pendientes de solución. El establecimiento de dichas oportunidades legales pretende, además, la racionalización de la utilización del aparato judicial, lograr mayor eficiencia procesal, controlar la libertad del ejercicio del derecho de acción?, ofrecer estabilidad del derecho de manera que las situaciones controversiales que requieran solución por los órganos judiciales adquieran firmeza, estabilidad y con ello seguridad, - sclidificando y concretando el concepto de derechos adquiridos. Este fenómeno procesal, de carácter bifronte, en tanto se entiende como límite y garantía a la vez, se constituye en un valioso instrumento que busca la salvaguarda
- sclidificando y concretando el concepto de derechos adquiridos.
Este fenómeno procesal, de carácter bifronte, en tanto se entiende como límite y garantía a la vez, se constituye en un valioso instrumento que busca la salvaguarda y estabilidad de las relaciones jurídicas, en la medida en que su ocurrencia impide que estas puedan ser discutidas indefinidamente. La caducidad, en la primera de sus manifestaciones, es un mecanismo de certidumbre y seguridad jurídica, pues con su advenimiento de pleno derecho y mediante su reconocimiento judicial obligatorio cuando el operador la halle 21 Corte Constitucional. Sentencia C-394 de 2002: “La caducidad es una institución jurídico procesal a través de la cual, el legisftador, en uso de su potestad de configuración normativa, limita en el tiempo el derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdicción con el fin de obtener pronta y cumplida justicia. Su fundamento se halla en la necesidad por parte del conglomerado social de obtener seguridad jurídica, para evitar la paralización del tráfico jurídico. En esta medida, la caducidad no concede derechos subjetivos, sino que por el contrario apunta a la protección de un interés general. Como claramente se explicó en la sentencia C-832 de 2001 a que se ha hecho reiterada referencia, esta es una figura de orden público lo que explica su carácter irrenunciable, y la posibilidad de ser declarada de oficio por parte del juez, cuando se verifique su ocurrencia”. 2 Consejo de Estado. Sentencia del 23 de febrero de 2006. Exp. 6871-05 ...el derecho al acceso a la administración de justicia no es absoluto, pues puede ser condicionado legalmente a que la
2 Consejo de Estado. Sentencia del 23 de febrero de 2006. Exp. 6871-05 ...el derecho al acceso a la administración de justicia no es absoluto, pues puede ser condicionado legalmente a que la promoción de la demanda sea oportuna y las acciones se inicien dentro de los plazos que señala el legistador (...). El término de caducidad, tiene entonces como uno de sus objetivos racionalizar el ejercicio del derecho de acción, y si bien limita o condiciona el acceso a la justicia, es una restricción necesaría para la estabilidad del derecho, lo que impone al interesado el empleo oportuno de las acciones, so pena de que las situaciones adquieran la firmeza necesaria a la seguridad jurídica, para solidificar el concepto de derechos adquiridos.”Radicado: 23001233100020120021601 (65488) Demandante: Samir Ospino Pastrana y otros configurada, se consolidan los derechos de los actores jurídicos que discuten alguna situación; sin embargo, en el anverso, la caducidad se entiende también como una limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción, resultando como una sanción ¡pso ¡ure?% que opera por la falta de actividad oportuna en la puesta en marcha del aparato judicial para hacer algún reclamo o requerir algún reconocimiento o protección de la justicia?, cuya consecuencia, por demandar más allá del tiempo concedido por la ley procesal, significa la pérdida de la facultad potestativa de accionar. El artículo 136 del Código Contencioso Administrativo señala que la acción de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación
El artículo 136 del Código Contencioso Administrativo señala que la acción de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa. Asimismo, la Sección Tercera de esta Corporación ha indicado, de manera reiterada, que cuando el daño alegado proviene de la privación injusta de la libertad de una persona, el término de caducidad empieza a contabilizarse a partir del día siguiente de la ejecutoria de la providencia que precluye la investigación, de la sentencia absolutoria o desde el momento en que quede en libertad el procesado, lo último que ocurra, puesto que a partir de ese momento se hace evidente el carácter injusto de la limitación del derecho a la libertad”. 2 Consejo de Estado, Sentencia del 30 de enero de 2013: “Para garantizar la seguridad jurídica de los sujetos procesales, el legislador instituyó la figura de la caducidad como una sanción en los eventos en que determinadas acciones judiciales no se ejercen en un término específico. Las partes tienen la carga procesal de impulsar el litigio dentro del plazo fijado por la ley y de no hacerto en tiempo, perderán la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo su derecho. Es así como el fenómeno procesal de la caducidad opera ¡pso ¡jure o de pleno derecho, es decir que no admite renuncia, y el juez debe deciararla de oficio cuando verifique la conducta inactiva del sujeto procesal llamado a interponer determinada acción judicial”.
admite renuncia, y el juez debe deciararla de oficio cuando verifique la conducta inactiva del sujeto procesal llamado a interponer determinada acción judicial”. 24 Corte Constitucional. Sentencia C-574 de 1998: ... [sji el actor deja transcurrir los plazos fijados por la ley en forma objetiva, sin presentar la demanda, el mencionado derecho fenece inexorablemente, sín que pueda alegarse excusa alguna para revivirlos. Dichos plazos constituyen entonces, una garantía para la seguridad jurídica y el interés general. Y es que la caducidad representa el límite dentro del cual el ciudadano debe reclamar del Estado determinado derecho, por ende, la actitud negligente de quien estuvo legitimado en la causa no puede ser objeto de protección, pues es un hecho cierto que quien, «dentro de las oportunidades procesales fijadas por la ley ejerce sus derechos, no se verá expuesto a perderlos por la ocurrencia del fenómeno indicado”. 25 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 14 de febrero de 2002, Rad.: 13.622; Sentencia del 18 de julio de 2017, Rad.: 49.898; Sentencia del 23 de octubre de 2017, Rad.: 48.130;10
Radicado: 23001233100020120021601 (65488) Demandante: Samir Ospino Pastrana y otros En el caso sub examine se estima que el derecho de accionar se ejerció en tiempo, dentro del término de dos (2) años para el vencimiento de la acción, teniendo en cuenta: ¡) que el proveído del 13 de noviembre de 200928, mediante el cual se absolvió a Samir Ospino Pastrana, quedó ejecutoriado el 31 de diciembre.de 2009,
cuenta: ¡) que el proveído del 13 de noviembre de 200928, mediante el cual se absolvió a Samir Ospino Pastrana, quedó ejecutoriado el 31 de diciembre.de 2009, según da cuenta la certificación del 5 de enero de 20107, suscrita por el Secretario del Juzgado Penal del Circuito Especializado de Montería), li) que los demandantes presentaron solicitud de conciliación extrajudicial el 15 de noviembre de 20112, la cual se declaró fallida el 13 de febrero de 2012?; y ¡¡i) que la demanda se presentó el 13 de febrero de 2012%.
4. Legitimación en la causa
41. Samir Ospino Pastrana (víctima), Samir Andrés Ospino Mendoza (hijo),
Sebastián Andrés Ospino Mendoza (hijo), Yeiner Ospino Mendoza (hijo), Daniela Andrea Ospino Mendoza (hija), Luz Maria Ospino Pastrana (hermana), Ayelis Ospino Pastrana (hermana), Ever Ospino Pastrana (hermano), Germán Antonio Ospino Pastrana (hermano), Jovita del Carmen Pastrana Argumedo (madre) y Luciano Antonio Ospino Morales (padre), están legitimados en la causa por activa, ya que el primero fue el sujeto pasivo del proceso penal que se tramitó con el número de radicado 23001-31-07-001-2009-00006, según da cuenta copia auténtica de la sentencia absolutoria proferida en dicha causa penal%?, y los demás conforman su núcleo familiar, tal como lo establecen las copias auténticas de sus egistros civiles de nacimiento3,
auténtica de la sentencia absolutoria proferida en dicha causa penal%?, y los demás conforman su núcleo familiar, tal como lo establecen las copias auténticas de sus egistros civiles de nacimiento3, Sentencia del 10 de noviembre de 2017, Rad.: 49.206; Sentencia del 23 de noviembre de 2017, Rad.: 54.716. 26 Fl. 213 a238,C. 1. 2 Fl, 309, C. 1. 2 Fl. 60. C. 1. 29 FI. 61, C. 1. 90 FL 43, Cc. 1 310.3,4y5. % Fl. 212a239,C. 1. 33 Fl, 48 a53 55359 C.2.11
Radicado: 23001233100020120021601 (65488) Demandante: Samir Ospino Pastrana y otros Asimismo, Nervis de Jesús Mendoza León está legitimada en la causa por activa como compañera permanente de Samir Ospino Pastrana, pues se acreditó tal condición al ser valorado el testimonio rendido en el presente proceso por Yeismi Javier Hernández Vargas, quien adujo que Nervis de Jesús Mendoza León era la compañera permanente de la víctima.
De hecho, Yeismi Javier Hernández Vargas, quien tenía una relación comercial con la víctima, manifestó el 28 de enero de 2014, ante el Tribunal Administrativo de Córdoba, lo siguiente: Y...] PREGUNTADO. díganos el declarante cuántos hijos tenía a su cargo y bajo su responsabilidad en el hogar el señor Samir Ospino Pastrana con la señora Nervis de Jesús Mendoza León, y sí tales hijos eran menores
tenía a su cargo y bajo su responsabilidad en el hogar el señor Samir Ospino Pastrana con la señora Nervis de Jesús Mendoza León, y sí tales hijos eran menores de edad en ese entonces. CONTESTÓ. Tenía cinco todos menores de edad y la pequeñita en ese entonces tenía cinco días de nacida [...] PREGUNTADO. Teniendo en cuenta su respuesta anterior en la que usted manifiesta que de manera brusca los señores de la SIJIN buscaron por toda la casa delante de los niños, indíquele al Despacho porque le consta esa afirmación si en su declaración inicial manifestó que fue por los medios televisivos que usted se enteró de los hechos CONTESTADO. Porque usted me pregunta de su captura de ello me entero por los medios de comunicación, pero lo de su casa yo me entero porque voy a visitar (sic) ya eso fue más adelante, eso no fue en el momento de su captura, donde la compañera me comenta todo lo que había pasado.”. 4.2 Yaseni Milena Barrios Mendoza no se encuentra legitimada en la causa por activa, pues la declaración extra juicio rendida por la víctima?! para acreditar dicha calidad no tiene valor probatorio”, y tampoco se allegó prueba alguna' que . 34 Fl 378 y 379,C. 1. 35 FL. 378 y 379, C. 1. 38 Fl 53, C. 2. Samir Ospino Pastrana declaró: “[...] existen 4 hijos[...] de igual existe una extra matrimonial de nombre Yaseni Milena Barrios Mendoza, quienes dependen económicamente de mis ingresos salariales [...]" 37 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 26 de agosto de 2019, Rad.: 44373. Esta Sala ha indicado que: “(...) en cuanto a la legitimación en la causa por activa de Maria Libia Ruiz Berrio,
ingresos salariales [...]" 37 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 26 de agosto de 2019, Rad.: 44373. Esta Sala ha indicado que: “(...) en cuanto a la legitimación en la causa por activa de Maria Libia Ruiz Berrio, la Sala observa que tampoco está legitimada para actuar, pues no se encuentra acreditado que ella era la compañera permanente de Jhon Jairo Espinoza Álvarez, ya que para acreditar esta condición aportó dos (2) declaraciones extra juicio de fecha 3 de octubre de 2003 rendidas por Francisco Javier Hernández y María Nhora García Reyes en la Notaría Segunda de Medellín. Dichas declaraciones no surtieron el trámite previsto para la ratificación, tal y como lo disponen los artículos 229, 298 y 299 del Código de Procedimiento Civil [hoy artículo 222 del C.G.P], motivo por el cual,12
Radicado: 23001233100020120021601 (65488) Demandante: Samir Ospino Pastrana y otros permitiera establecer la calidad de tercera perjudicada en el proceso, ni interés en las resultas del mismo. 43 Josefa Antonia León Machado no se encuentra legitimada en la causa por activa, pues a partir de su registro civil de nacimiento? no es posible acreditar que tenga un vínculo familiar con Samir Ospino Pastrana o con su compañera permanente, Nervis de Jesús Mendoza León, así como tampoco allegó prueba alguna que permitiera establecer la calidad de tercera perjudicada en el proceso, ni interés en las resultas del mismo. 4.4. La Nación está legitimada en la causa por pasiva y se encuentra debidamente representada por el Ministerio de Defensa Nacional — Policía Nacional, la Fiscalía
interés en las resultas del mismo. 4.4. La Nación está legitimada en la causa por pasiva y se encuentra debidamente representada por el Ministerio de Defensa Nacional — Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial, de conformidad con los criterios señalados por la jurisprudencia de esta Sección, puesto que agentes de la primera fueron | quienes informaron a la Fiscalía de la organización que se dedicaba al tráfico de estupefacientes, la segunda impuso medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en contra de Samir Ospino Pastrana, y la tercera lo absolvió en el proceso penal.
5. Problemas jurídicos Corresponde a la Sala determinar. ¡i) si las actuaciones de la Fiscalia General de la Nación en punto de la captura cumplieron con los presupuestos legales, o si estas generaron un daño antijurídico que el Estado deba indemnizar, ¡i) si el Estado cumplió los términos procesal
Estás viendo una vista previa
Lee el documento completo con Ariel
Este es un fragmento de uno de los más de 1.2 millones de documentos de la biblioteca de Ariel. Crea tu cuenta para leerlo completo, descargarlo y consultarlo con Ariel, que siempre te lleva a la fuente exacta: Ariel NO alucina.