CE - 012331000201200852011SENTENCIA20230606082805

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá D.C., veintitrés (23) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

Radicación: 05001-23-31-000-2012-00852-01 (68.119)

Actor: Nación – Ministerio de Defensa Nacional

Demandado: John Manuel López Giraldo y otro

Referencia: Repetición

Temas: ACCIÓN DE REPETICIÓN - presupuestos para su procedencia bajo el régimen de Código Civil / CULPA GRAVE – Presupuestos / MANEJO DE ARMA DE DOTACIÓN OFICIAL / Se acreditó la culpa grave en la conducta del agente del

Estado.

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en contra de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, a través de la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

Se solicita declarar la responsabilidad los ciudad anos demandados y que se les ordene el correspondiente reembolso de las sumas pagadas por concepto de daños y perjuicios, cuando uno de ellos, desconoció los protocolos institucionales y el uso y cuidado del arma de dotación oficial, y causó la muerte del menor Wilson Arley Cardona Quintero.

I. LA SENTENCIA IMPUGNADA

1. Corresponde a la proferida el 6 de diciembre de 2021 por el Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Quinta de Decisión, mediante la cual se resolvió la demanda presentada el 20 de junio de 2012 por la Nación–Ministerio de Defensa

Administrativo de Antioquia – Sala Quinta de Decisión, mediante la cual se resolvió la demanda presentada el 20 de junio de 2012 por la Nación–Ministerio de Defensa – Policía Nacionalcontra los señores John Manuel López Giraldo y Tulio Enrique Posada Sánchez, con el fin de que se les declare responsables por la condena que tuvo que pagar la Entidad demandante como resultado de un proceso de reparación directa1.

2. Como soporte fáctico de sus pretensiones, señaló que el 18 de febrero de 19972, en el sector del aeropuerto José María Córdo va, falleció el joven Wilson Arley Cardona Quintero como consecuencia de un único disparo de un arma de fuego de dotación oficial, accionada por el exagente John Manuel López Giraldo y que pertenecía a su compañero patrullero Tulio Enrique Posada Sánchez.

1 Sentencia proferida en el marco del proceso de reparación directa, radicado bajo No. 05001-23-31-000-19971597. Actor: José de Jesús Cardona Cifuentes y Otros; demandado: Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional. 2 Se precisa que la sentencia p roferida el 25 de noviembre de 2009 en el marco del proceso de reparación directa, señala que la fecha en que ocurrieron los hechos fue el 8 de febrero de 1997.Radicación: 05001-23-31-000-2012-00852-01 (68.119)

Actor: Ministerio de Defensa Nacional

Demandado: John Manuel López Giraldo y otro

Referencia: Repetición

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3. La Dirección Administrativa de la Policía Nacional, mediante Resolución 0628 del

Actor: Ministerio de Defensa Nacional

Demandado: John Manuel López Giraldo y otro

Referencia: Repetición

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3. La Dirección Administrativa de la Policía Nacional, mediante Resolución 0628 del 17 de junio de 2010, dispuso el pago de la condena contenida en la sentencia del 25 de noviembre de 2009, en favor de la señora Gloria Elvira López García, por la suma de $139’549.498,13.

4. De conformidad con la certificación expedida por la Tesorería General del Ministerio de Defensa, la condena referida fue cancelada a través de consignación a la cuenta de ahorros de Bancolombia perteneciente a la señora Gloria López, apoderada judicial de la parte beneficiaria del pago.

5. Precisó el Ministerio de Defensa Nacional que los accionados actuaron de manera “imprudente en el manejo de las armas de fuego en presencia de un menor de edad”, en tanto su formación profesional como policías “ les permitía haber evitado el accionar su arma de dotación y, en su lugar, haber dado aplicación al protocolo institucional y al mandato constitucional relativo al conocimiento del uso adecuado y cuidado del arma de fuego de dotación oficial”; por tanto, estimó que su conducta negligente, fue determinante respecto del daño antijurídico impu tado al

Estado.

La defensa

6. El señor John Manuel López Giraldo propuso la excepción denominada “improcedencia de la acción de repetición ” y se opuso a las pretensiones de la demanda, con fundamento en que el juicio de responsabilidad adelantado en el ámbito penal, disciplinario y contencioso bajo el mismo fundamento fáctico, ya había

“improcedencia de la acción de repetición ” y se opuso a las pretensiones de la demanda, con fundamento en que el juicio de responsabilidad adelantado en el ámbito penal, disciplinario y contencioso bajo el mismo fundamento fáctico, ya había sido decidido y, por tanto, hizo tránsito a cosa juzgada, por lo cual no era posible estudiar la responsabilidad nuevamente en sede de repetición sino únicamente, las consecuencias patrimoniales que de ésta deriven.

7. Además, adujo que su conducta nunca fue calificada como gravemente culposa, lo cual “obedecía a la lógica”, puesto que dicho calificativo fue introducido por el Legislador con la expedición de la Ley 678 de 2001, estatuto no susceptible de aplicación retroactiva y que tampoco encajaba en la descripción contenida en el artículo 5°, relativa al dolo. Por demás, señaló que esta Ley era de obligato rio acatamiento en materia contenciosa; por tanto, resultaba imposible “acudir a la obscura [sic] descripción de la culpa consagrada en nuestro antiquísimo Código Civil

Colombiano”.

8. El señor Tulio Enrique Posada Sánchez 3, representado a través de curador a ad litem, se opuso a la totalidad de las pretensiones por falta de prueba dentro del plenario. De igual forma, precisó que su conducta no era pasible de ser calificada como dolosa o gravemente culposa y tampoco existía prueba del pago realizado por el Mi nisterio de Defensa Nacional, requisitos sin los cuales era improcedente la prosperidad de la acción incoada.

como dolosa o gravemente culposa y tampoco existía prueba del pago realizado por el Mi nisterio de Defensa Nacional, requisitos sin los cuales era improcedente la prosperidad de la acción incoada.

3 Folios 105 a 107, cuaderno 1.Radicación: 05001-23-31-000-2012-00852-01 (68.119)

Actor: Ministerio de Defensa Nacional

Demandado: John Manuel López Giraldo y otro

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9. Aunado a lo anterior, propuso las excepciones denominadas falta de legitimación en la causa por pasiva e inepta demanda, al estimar que la conducta desplegada por Tulio Posada Sánchez “no influyó de manera directa y personal” en la realización del daño y no se allegó constancia del pago de la condena contenida en la sentencia que dio fin al proceso de reparación directa.

La decisión recurrida

10. El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Quinta de Decisión, negó las pretensiones de la demanda al considerar que no se probaron la totalidad de los elementos objetivos requeridos para la procedencia y éxito de la acción de repetición, en específico, lo relativo al pago realizado por parte de la administración.

11. Como sustento de su decisión, precisó que los documentos aportados por la parte actora para efecto de acreditar el pago como requisito de la acción, no eran idóneos para verificar la extinción de la obligación adeudada por la Entidad, en tanto éstos fueron expedidos por la misma y no provenían del beneficiario o acreedor de la condena por la que ahora se repite4.

12. Por lo anterior, concluyó que la Entidad no cumplió con la carga relativa al pago,

éstos fueron expedidos por la misma y no provenían del beneficiario o acreedor de la condena por la que ahora se repite4.

12. Por lo anterior, concluyó que la Entidad no cumplió con la carga relativa al pago, y así, se relevó de analizar el requisito subjetivo de la acción (dolo o culpa grave), dado que suponía la presencia de los presupuestos materiales que estructuran objetivamente la responsabilidad5.

II. EL RECURSO INTERPUESTO

13. El Ministerio de Defensa Nacional precisó que las pruebas allegadas al proceso tendientes a probar el pago realizado a los beneficiarios de la condena contenida en la sentencia del 25 de noviembre de 2009 6, no fueron apreciadas de manera objetiva por el a quo y que, al ser documentos de naturaleza pública, se presumen auténticos y su contenido goza de plena validez; de ahí que, al no haber sido objeto de tacha de falsedad en el trámite de la primera instancia, daban certeza de la realización efectiva del pago.

4 Al respecto precisó que: “…Es claro que para acreditar el pago no basta con que la entidad demandante aporte documentos emanados de sus propias dependencias, sin en ellos no consta la manifestación expresa del acreedor o beneficiario de haberlo recibido a entera satisfacción, requisito indispensable que brinda certeza -se insisteacerca de la extinción de la obligación”. 5 Visible a índice 2 del aplicativo Samai. 6 Señaló como tales: “i) Resolución de pago número 0628 del 17 de junio de 2010 expedido por la Dirección Administrativa y Financiera de la Policía Nacional, ii) Certificado de pago expedida el 27 de marzo de 2020 por

6 Señaló como tales: “i) Resolución de pago número 0628 del 17 de junio de 2010 expedido por la Dirección Administrativa y Financiera de la Policía Nacional, ii) Certificado de pago expedida el 27 de marzo de 2020 por Tesorería General de la Policía Nacional, donde certifica que los dineros fueron cancelados por la suma de ($ 139.549.498.13) mediante consignación realizada a la Doctora GLORIA ELVIRA LOPEZ GARCIA identificada con numero de cedula 41.500.236 su número de cuenta 17407750136 perteneciente a la entidad financiera Bancolombia S.A, quien contaba con poder especial para recibir dichos dineros quien actuó como apoderada judicial de los demandantes tal y como consta en la resolución de pago número 0628 y en cada uno de los soportes de pago generados por la entidad, iii) Orden de pago presupuestal del SIFF número 1791 compromiso número 1639 de fecha 18/06/2010 se hizo registro de la obligación donde transferencias donde consta que los dineros se transfirieron a la cuenta de ahorros número 17407750136 de la entidad financiera Bancolombia y por la cual se dio cumplimiento a la sentencia de una sentencia actor José de Jesús Cardona Cifuentes radicado 086 s-10”.Radicación: 05001-23-31-000-2012-00852-01 (68.119)

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Demandado: John Manuel López Giraldo y otro

Referencia: Repetición

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14. En lo referente al requisito subjetivo de la acción presentada, estimó que, en el marco del proceso de reparación directa el fallador “dejó clara la indudable responsabilidad de los uniformados en ejercicio de sus funciones, al destacar que

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14. En lo referente al requisito subjetivo de la acción presentada, estimó que, en el marco del proceso de reparación directa el fallador “dejó clara la indudable responsabilidad de los uniformados en ejercicio de sus funciones, al destacar que fueron imprudentes en el manejo de las armas a ellos asignadas para cumplir con las labores propias del servicio”; ello, con sustento en las investigaciones penal y disciplinaria, incorporadas y valoradas dentro del mismo proceso contencioso.

15. Con fundamento en lo anterior, señaló que la conducta de los ciudadanos demandados “debe ser valorada de conformidad con la presunción de responsabilidad a título de dolo que se encuentra consagrada en el numeral 1° del artículo 6° de la Ley 678 de 2001”7.

16. El recurso de apelación fue admitido por esta Corporación a través de proveído del 21 de abril de 20228 y su término de ejecutoria corrió en silencio de las partes.

17. En escrito de 12 de mayo de 2022 9, el Ministerio Público solicitó revocar la sentencia recurrida y, en su lugar, acceder a las pretensiones de la demanda, toda vez que la acreditación del pago derivado de la condena impuesta a la Entidad actora, se realizó de manera suficiente y acorde con los parámetros establecidos por la jurisprudencia. Además, sostuvo que la conducta desplegada p or los ex agentes debía ser calificada como gravemente culposa, de conformidad con lo que acreditan los medios de prueba allegados al proceso10.

III. CONSIDERACIONES

18. Sin que se observe causal de nulidad o vicio que impida dictar sentencia,

acreditan los medios de prueba allegados al proceso10.

III. CONSIDERACIONES

18. Sin que se observe causal de nulidad o vicio que impida dictar sentencia, procede la Sala a resolver el recurso de apelación formulado.

Objeto del recurso

19. El punto argumentativo de la apelación se centra en controvertir la decisión del Tribunal respecto de la inexistencia de la prueba que acredit a el pago de la condena impuesta a la Entidad recurrente, por la que ahora se repite.

20. Así las cosas, el análisis de la Sala se circunscribirá a verificar si las pruebas allegadas dan cuenta de la cancelación efectiva del pago contenido en la sentencia que dio fin al proceso de reparación directa (con radicado 1997 -1597) y, por ende, si acreditan el cumplimiento de dicho requisito de tal forma que sea procedente analizar la culpabilidad de la conducta desplegada por los ciudadanos demandados,

7 “Artículo 6°. Culpa Grave. La conducta del agente del Estado es gravemente culposa cuando el daño es consecuencia de una infracción directa a la Constitución o a la ley o de una inexcusable omisión o extralimitación en el ejercicio de las funciones. Se presume que la conducta es gravemente culposa por las siguientes causas:

1. Violación manifiesta e inexcusable de las normas de derecho. (…)” 8 Visible a índice 4 del aplicativo Samai. 9 Visible a índice 15 del aplicativo Samai. 10 Al respecto, precisó que la aplicación de la Ley 678 de 2001 no es aplicable al caso concreto en atención a la fecha en que ocurrieron los hec hos que dieron origen a la condena -8 de febrero de 1997 -, por lo que la

10 Al respecto, precisó que la aplicación de la Ley 678 de 2001 no es aplicable al caso concreto en atención a la fecha en que ocurrieron los hec hos que dieron origen a la condena -8 de febrero de 1997 -, por lo que la normatividad vigente en tal época corresponde al Código Civil, específicamente lo dispuesto en el artículo 63 del estatuto.Radicación: 05001-23-31-000-2012-00852-01 (68.119)

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Demandado: John Manuel López Giraldo y otro

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5 para efecto de determinar si las pretensiones de la demandante están llamadas a prosperar.

21. Se precisa que, en atención a la forma en que se plantean los fundamentos de hechos y las pretensiones en el lib elo introductorio, la Sala analizará la posible calificación de la conducta adelantada por los ciudadanos demandados a título de culpa grave, dado que se hizo énfasis en que la conducta había sido negligente.

22. Al lado de lo anterior, se asumirá el estudio de las cuestiones relativas a la condición de agente o exagente estatal de los ciudadanos demandados, puesto que son un presupuesto esencial de la acción de repetición, conforme se desprende del artículo 86 del Código Contencioso Administrativo y de la jurisprudencia de reiterada de esta Corporación11.

Del pago efectivo de la obligación

23. En cuanto a la acreditación del pago, la jurisprudencia de esta Corporación12 ha señalado que no existe en el ordenamiento jurídico una disposición legal que establezca para su prueba un requisito ad solemnitatem o ad probationem, motivo porque se cuenta, en principio, con plena libertad probatoria para acreditar su

señalado que no existe en el ordenamiento jurídico una disposición legal que establezca para su prueba un requisito ad solemnitatem o ad probationem, motivo porque se cuenta, en principio, con plena libertad probatoria para acreditar su efectivo cumplimiento. Por ello, frente a la prueba del pago, será cada juez quien establezca, con fundamento en la sana crítica y la lógica de lo razonable, si de los medios de prueba que obran en el expediente se desprende la demostración de la extinción de la obligación principal.

24. Las órdenes de pago suscritas por el ordenador del gasto, o el secretario, o el director o el jefe de presupuesto de la Entidad Pública, son documentos de carácter público y vinculantes, que contienen y reflejan la propia manifestación de la voluntad de la entidad condenada, en el sentido de hacer constar el cumplimiento de la condena13. Así, en tanto los documentos públicos hacen fe de su otorgamiento, de su fecha y de las declaraciones que en ellos haga el funcionario de los autoriza 14, resulta incuestionable la capacidad probatoria que de ellos emana, sin perjuicio de la tacha de falsedad que en su contra pueda elevar la parte contra quien se aducen.

11 Esta Corporación ha manifestado de uniforme manera que es responsable patrimonialmente frente al Estado, quien: (i) ostente la condición de servidor o ex servidor estatal; (ii) haya desplegado una conducta dolosa o gravemente culposa; (iii) que hubiere dado lugar a una sentencia judicial condenatoria, conciliación o cualquier otra forma de terminación de un conflicto y (iv) respecto de la cual se hubiera surtido el correspondiente pago como indemnización.

gravemente culposa; (iii) que hubiere dado lugar a una sentencia judicial condenatoria, conciliación o cualquier otra forma de terminación de un conflicto y (iv) respecto de la cual se hubiera surtido el correspondiente pago como indemnización. 12 Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, M.P. Enrique Gil Botero. 9 de septiembre de 2013. Exp. 25.361 13 Se precisó que esta clase de documentos, en la medida en que fueron emanados por funcionarios de la entidad pública, ostentan la calidad de documentos públicos, en los términos del artículo 251 del Código de Procedimiento Civil, al señalar que: “documento público es el otorgado por el funcionario público en ejercicio de su cargo o con su intervención”. Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, M.P. Enrique Gil Botero. 9 de septiembre de 2013. Exp. 25.361 14 Sobre el particular, la Corte Suprema de Justicia ha puntualizado: “Precisamente, debe recordarse que de conformidad con el artículo 264 del C. de P. C., los documentos públicos, sean estos escrituras públicas u otros instrumentos provenientes de funciona rios del Estado en ejercicio de sus funciones, como certificaciones o actuaciones judiciales o administrativas, gozan de valor probatorio con fuerza suficiente para dar certeza en cuanto al hecho de haber sido otorgados, su fecha, el lugar donde se celebra ron o elaboraron, quiénes intervinieron en el acto, su contenido y las declaraciones que en ellos haga el funcionario que los autoriza. ” Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil y Agraria, sentencia de 5 de diciembre de 2005, exp. 19950170, M.P. Edgardo Villamil Portilla.Radicación: 05001-23-31-000-2012-00852-01 (68.119)

Actor: Ministerio de Defensa Nacional

Demandado: John Manuel López Giraldo y otro

Referencia: Repetición

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25. Sobre el particular, se destacan los siguientes documentos que reposan en

el expediente:

1. Resolución 0628 del 17 de junio de 2010, expedida por la Policía Nacional, mediante la cual se dio cumplimiento a la sentencia proferida el 25 de noviembre de 2009 en el marco de la acción de reparación directacon radicado 1997-1597-, en favor de la parte demandante y se dispuso el pago de $139’549.498,13, el cual se haría efectivo mediante consignación a la cuenta de ahorros de Bancolombia de su apoderada judicial, la señora

Gloria Elvira López García15.

1. Comprobante de egreso 150007600, expedido el 25 de junio de 2010, por la Dirección Administrativa y Financiera de la Policía Nacional, en la cual se indica el pago realizado a la apoderada mencionada, por la suma indicada16.

1. Certificación expedida por la Tesorería General de la Policía Nacional, en la cual se indica que le fue consignado, a la señora Gloria Elvira López García, el valor equivalente a $139’549.498,13, correspondiente al pago de la sentencia, según lo dispuesto en la Resolución 00628 del 17 de junio de 2010, cancelada a su respectiva cuenta de ahorros de Bancolombia17.

1. Obligación y orden de pago 1791 del 18 de junio de 2010, en la cual

2010, cancelada a su respectiva cuenta de ahorros de Bancolombia17.

1. Obligación y orden de pago 1791 del 18 de junio de 2010, en la cual se indicó que, con base en el compromiso 1639 del 18 de junio de 2010, se hizo el registro de la obligación contenida en la Resolución 00628 del 17 de junio de 2010, por el mismo valor referido en los numerales precedentes.

Documento suscrito por el Director Administrativo y Financiero de la Entidad, el Jefe del área financiera y el Jefe del Grupo Central de Cuentas18.

26. Los documentos referidos demuestran que la entidad demandante programó y efectuó el pago de una suma de dinero, la cual corresponde en su integridad a la señalada en la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, el 25 de noviembre de 2009. Con base en ello, e n tanto los documentos referidos estuvieron a merced de la parte demandada y no fueron objetados ni tachados de falsos, ahora, valorados judicialmente, acreditan el segundo de los requisitos objetivos referidos en los párrafos anteriores.

27. Por lo anterior , en tanto prosperan los argumentos precisados por la entidad demandante en el escrito de apelación respecto de la acreditación del pago de la condena por la que ahora se repite , se revocará la decisión de primera instancia .

En consecuencia, la Sala continuará con la verificación de la siguiente exigencia para definir la prosperidad de la acción que dio origen al proceso de la referencia.

15 Folios 25 al 28, cuaderno 1. 16 Folio 58, cuaderno 1. 17 Folio 75, ibidem.

para definir la prosperidad de la acción que dio origen al proceso de la referencia.

15 Folios 25 al 28, cuaderno 1. 16 Folio 58, cuaderno 1. 17 Folio 75, ibidem. 18 Visible a índice 2 del aplicativo Samai. Archivo 4.Radicación: 05001-23-31-000-2012-00852-01 (68.119)

Actor: Ministerio de Defensa Nacional

Demandado: John Manuel López Giraldo y otro

Referencia: Repetición

7 De la condición de agente o ex agente del Estado

28. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 123 Constitucional, son servidores públicos los miembros de las corporaciones públicas, los empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios, quienes están al servicio del Estado y de la comunidad y ejercen sus funciones en la forma prevista por la Constitución, la ley y el reglamento.

29. En el trámite de primera instancia, el Tribunal Administrativo de Antioquia ofició a la Dirección de Talento Humano de la Policía Nacional – Seccional Antioquia, con el fin de que allegara los siguientes documentos, incorporados en debida forma al

proceso19:

1. Copia auténtica del extracto de hoja de vida del señor Tulio Enrique Posada Sánchez, en la que consta su ingreso a la institución el 12 de septiembre de 1996, bajo el cargo de “ nivel ejecutivo” ; así como la copia de la Resolución de Nombramiento 04656 del 12 de septiembre de 1996 y su respectiva acta de posesión.

1. Copia auténtica del extracto de hoja de vida del señor Jo hn Manuel López

Nombramiento 04656 del 12 de septiembre de 1996 y su respectiva acta de posesión.

1. Copia auténtica del extracto de hoja de vida del señor Jo hn Manuel López Giraldo, en la que consta su ingreso a la institución el 12 de septiembre de 1996, bajo el cargo de “ nivel ejecutivo”; así como la copia de la Resolución de Nombramiento 04656 del 12 de septiembre de 1996 y su respectiva acta de posesión.

30. A partir de estas piezas procesales, se infiere la condición de agentes estatales de los señores Tulio Enrique Posada Sánchez y John Manuel López Giraldo, quienes ejercían sus funciones para la fecha de los hechos motivo de investigación, con lo cual, se tiene por acreditado el tercer requisito objetivo propio de la acción de repetición.

De la existencia de una conducta gravemente culposa de los agentes estatales

31. La evaluación y determinación de la existencia de dolo o culpa grave hace parte del objeto de la acción de repetición, y se funda en un análisis comparativo de una conducta concreta frente a un estándar o modelo de conducta que está dispuesto en la Ley.

32. En el sub examine, la conducta que se describe en la demanda corresponde a la desplegada el 8 de febrero de 1997, por los agentes John Manuel López Giraldo y Tulio Enrique Posada Sánchez cuando, prestando servicio, el primero de ellos disparó el arma de dotación oficial perteneciente al señor Posada Sánchez, causándole la muerte a Wilson Arley Cardona Quintero. Por lo tanto, el estándar de conducta con el cual se debe evaluar el actuar de los demandados es el contenido

disparó el arma de dotación oficial perteneciente al señor Posada Sánchez, causándole la muerte a Wilson Arley Cardona Quintero. Por lo tanto, el estándar de conducta con el cual se debe evaluar el actuar de los demandados es el contenido

19 Visible a índice 2 del aplicativo Samai de esta Corporación y a índice 94 del aplicativo Sam ai del Tribunal a quo.Radicación: 05001-23-31-000-2012-00852-01 (68.119)

Actor: Ministerio de Defensa Nacional

Demandado: John Manuel López Giraldo y otro

Referencia: Repetición

8 en las normas del Código Civil, ya que si bien la demanda fue instaurada el 20 de junio de 201220, cuando la Ley 678 de 2001 ya se encontraba vigente, las nociones de dolo y culpa grave previstas como modelo de conducta en esta Ley no estaban vigentes para la época de los hechos.

33. De acuerdo con el artículo 63 del Código Civil, la “culpa grave, negligencia grave, culpa lata, es la que consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aun las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios”. Así, se ha entendido que reviste el carácter de culpa grave aquel comportamiento grosero, negligente, despreocupado o temerario.

34. Dada la evidente naturaleza privada del precepto civil, pues el cuidado de los “negocios” no es propiamente asunto de resorte estatal, cuando se pretende valorar la conducta de un sujeto cualificado como lo son los agentes estatales, es pertinente confrontarla con los mandatos que la Constitución, la ley, los reglamentos y los

la conducta de un sujeto cualificado como lo son los agentes estatales, es pertinente confrontarla con los mandatos que la Constitución, la ley, los reglamentos y los manuales le imponían al respectivo agente o exagente, a fin de establecer su apego al estándar de conducta que le era exigido por las normas 21

35. Así, a la hora de definir si un agente estatal obró con culpa grave, debe tenerse en cuenta como factor para su configuración si su conducta implicó la “omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones” a que se refiere el artículo 6 constitucional, así como la falta “a los postulados de la buena fe” que establece el artículo 83 superior, o la “ infracción manifiesta de un precepto constitucional en detrimento de alguna persona”, indicada en el artículo 91 constitucional, y con estos, entre otros, el incumplimiento de las funciones que la ley especial o el reglamento le encargue al respectivo agente, tal como lo prevé el artículo 123 superior22.

36. Precisado lo anterior, a partir de los medios de convencimiento válidamente recaudados en este proceso, se permite colegir lo siguiente:

37. En el presente asunto, la parte actora allegó junto con el escrito de demanda, la copia del informativo disciplinario 039 del 10 de febrero de 1997, seguido contra los exagentes John Manuel López Giraldo y Tulio Enrique Posada Sánchez23. Este documento fue debidamente decretado e incorporado al expediente, por lo que se valorará sin restricción, dado que los accionados tuvieron la oportunidad de conocer

20 Visible a folio 8 del cuaderno 1.

documento fue debidamente decretado e incorporado al expediente, por lo que se valorará sin restricción, dado que los accionados tuvieron la oportunidad de conocer

20 Visible a folio 8 del cuaderno 1. 21 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia de 27 de noviembre de 2006. Exp. 16.171: “Así frente a estos conceptos, el Consejo de Estado dijo que para determinar la existencia de la culpa grave o del dolo, el juez no se debe limitar a las definiciones contenidas en el Código Civil, sino que debe tener en cuenta las características particulares del caso que deben armonizarse con lo previsto en los artículos 6º y 91 de la Constitución Política sobre la responsabilidad de los servidores públicos, como también la asignación de funciones contempladas en los reglamentos o manuales respectivos. Es igualmente necesario tener en cuenta otros conceptos como son los de buena y mala fe, que están contenidos en la Constitución Política y en la ley, a propósito de algunas instituciones como, por ejemplo, contratos, bienes y familia”. 22 “Los servidores públicos están al servicio del Estado y de la comunidad; ejercerán sus funciones en la forma prevista por la Constitución, la ley y el reglamento”. 23 Folios 29 a 57, cuaderno 1.Radicación: 05001-23-31-000-2012-00852-01 (68.119)

Actor: Ministerio de Defensa Nacional

Demandado: John Manuel López Giraldo y otro

Referencia: Repetición

9 el contenido y contaron con la oportunidad procesal para que formularan algún reparo24.

Asimismo, se tendrán en cuenta las declaraciones juramentadas que se recibieron en dicho proceso y que fueron incorporadas el sub lite, pues fueron practicadas con

9 el contenido y contaron con la oportunidad procesal para que formularan algún reparo24.

Asimismo, se tendrán en cuenta las declaraciones juramentadas que se recibieron en dicho proceso y que fueron incorporadas el sub lite, pues fueron practicadas con la audiencia de la parte contra la que se aducen 25, de ahí que cumple n con los requisitos exigidos para tal fin.

38. Sobre los hechos motivo de investigación, obra el informe del 8 de febrero de 1997, remitido al comandante de