CE - 012333000201200074031SENTENCIA20231026151404

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D.C., dieciocho (18) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Radicación: 41001 23 33 000 2012 00074 03 (1767-2021)

Demandante: Mélida Beltrán León y otros

Demandado: E.S.E. Hospital departamental San Antonio de Pitalito (Huila)

Temas: Régimen de cesantías con retroactividad

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA __________________________________________________________________

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra la sentencia proferida el 9 de marzo de 2021 por el Tribunal Administrativo del Huila, por medio de la cual denegó las pretensiones de la demanda, en torno a la aplicación del régimen de retroactividad de cesantías.

1. Antecedentes

1.1. La demanda 1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, las señoras Mélida Beltrán León, Evelia Castro Castro, Emperatriz Calderón Torres, Teresa Claros de Rivas, Ana Felisa Losada Sterling ,

consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, las señoras Mélida Beltrán León, Evelia Castro Castro, Emperatriz Calderón Torres, Teresa Claros de Rivas, Ana Felisa Losada Sterling , Olga Edith Polo Campos, Rosa Madys Scarpetta Rojas y Anargenis Scarpetta Rojas, por intermedio de apoderado, formularon demanda en orden a que se declare la nulidad del Oficio DE -G-371 del 20 de junio de 2012 , expedido por la gerente delegada del Hospital Departamental San Antonio de Pitalito (Huila) por medio del cual se negó la liquidación de las cesantías con el régimen de retroactividad.2

Radicado: 41001 23 33 000 2012 00074 03 (1767-2021)

Demandante: Mélida Beltrán León y otros

Como consecuencia de lo anterior, solicitaron i) reconocer y ordenar el pago definitivo de sus cesantías con el sistema de retroactividad ; ii) indexar las sumas debidas, de acuerdo con la certificación del índice de precios al consumidor que expida el Dane ; iii) disponer el cumplimiento de la sentencia dentro de los treinta días siguientes a su comunicación; y iv) reconocer intereses moratorios a partir de la ejecutoria de la sentencia, sobre las sumas que en ella se ordenen.

1.1.2. Hechos

Como hechos relevantes, el apoderado de los demandantes señaló los siguientes:

(i) Los señores Mélida Beltrán León, Evelia Castro Castro, Emperatriz Calderón Torres, Teresa Claros de Rivas, Ana Felisa Losada Sterling, Olga Edith Polo

Como hechos relevantes, el apoderado de los demandantes señaló los siguientes:

(i) Los señores Mélida Beltrán León, Evelia Castro Castro, Emperatriz Calderón Torres, Teresa Claros de Rivas, Ana Felisa Losada Sterling, Olga Edith Polo Campos, Rosa Madys Scarpetta Rojas y Anargenis Scarpetta Rojas se vincularon laboralmente para prestar sus servicios en la E.S.E. Hospital Departamental San Antonio de Pitalito, así:

a. Mélida Beltrán León, a través de la Resolución 077 del 10 de marzo de 1979 y acta de posesión del 26 de igual mes, pero con efectos legales desde el 3 de febrero de ese año.

b. Evelia Castro Castro, a través de la Resolución 235 del 12 de agosto de 1977 y acta de posesión del 9 de septiembre siguiente, pero con efectos legales desde el 1.º de agosto de ese año.

c. Emperatriz Calderón Torres, a través de la Resolución 311 del 4 de octubre de 1976 y acta de posesión del 18 de febrero de 1977, pero con efectos legales desde el 21 de septiembre de 1976.

d. Teresa Claros de Rivas , a través de la Resolución 113 del 6 de abril de 1978 y acta de posesión del 28 de igual mes, pero con efectos legales desde el 1.º de ese3

Radicado: 41001 23 33 000 2012 00074 03 (1767-2021) Demandante: Mélida Beltrán León y otros mes y año.

e. Ana Felisa Losada Sterling, a través de la Resolución 004 del 8 de enero de 1981

Demandante: Mélida Beltrán León y otros mes y año.

e. Ana Felisa Losada Sterling, a través de la Resolución 004 del 8 de enero de 1981 y acta de posesión del 2 de marzo siguiente, pero con efectos legales desde el 1 de enero de ese año.

f. Olga Edith Polo Campos, a través de la Resolución 180 del 7 de junio de 1976 y acta de posesión del 10 de igual mes, pero con efectos legales desde el 1.º de abril de ese año.

g. Rosa Madys Scarpetta Rojas, a través de la Resolución 010 del 14 de febrero de 1974 y acta de posesión del 30 de enero de ese año, pero con efectos legales desde el 1.º de febrero; y

h. Anargenis Scarpetta Rojas, a través de la Resolución 055 del 17 de noviembre de 1973 y acta de posesión del 21 de diciembre siguiente, pero con efectos legales desde el 1.º de septiembre de ese año.

(ii) En el momento de su vinculación laboral, las normas que regían sobre la liquidación y pago de las cesantías eran la Ley 6ª de 1945, el Decreto 2755 de 1966, la Ley 65 de 1946 y el Decreto 1160 de 1947.

(iii) Aun a pesar de la claridad de tales disposiciones, para efectos de la liquidación y pago de las cesantías, la entidad demandada efectuó aportes, como una provisión de orden legal, los cuales consignó en el Fondo Nacional del Ahorro.

(iv) Con la entrada en vigencia de la Ley 432 de 1998, se permitió al personal vinculado en el sector territorial afiliarse al Fondo Nacional del Ahorro, tal como lo

de orden legal, los cuales consignó en el Fondo Nacional del Ahorro.

(iv) Con la entrada en vigencia de la Ley 432 de 1998, se permitió al personal vinculado en el sector territorial afiliarse al Fondo Nacional del Ahorro, tal como lo hacían los del nivel nacional; por lo tanto, la entidad accionada continuó situando los aportes de cesantías a dicho fondo, pero sin que l as demandantes hubieran facultado a su empleador a transferir tales recursos en el aludido administrador, pues nunca suscribieron formulario de afiliación ni manifestaron acogerse a ese4

Radicado: 41001 23 33 000 2012 00074 03 (1767-2021) Demandante: Mélida Beltrán León y otros sistema de liquidación.

(v) Las accionantes tampoco exteriorizaron su interés de acogerse al sistema de liquidación anual establecido en el artículo 13 de la Ley 344 de 1996, en concordancia con el artículo 5 de la Ley 432 de 1998 y la Ley 50 de 1990.

(vi) Aún a pesar de que l as demandante s no se acogieron al sistema anual de cesantías, la liquidación del auxilio no se efectuó con base en el sistema de retroactividad que les correspondía.

(vii) Con la entrada en vigencia de la Ley 60 de 1993 , el Estado creó el Fondo del Pasivo Prestacional del Sector Salud como una cuenta especial del Ministerio de Salud, con el fin de atender las cesantías netas acumuladas y la deuda prestacional del sector público, según lo que les corresponde a las instituciones prestadoras de servicios de salud del orden oficial, determinar las cesantías acumuladas al 31 de

Salud, con el fin de atender las cesantías netas acumuladas y la deuda prestacional del sector público, según lo que les corresponde a las instituciones prestadoras de servicios de salud del orden oficial, determinar las cesantías acumuladas al 31 de diciembre de 1993 y asumir el costo adicional generado por retroactividad, y, a partir de esa fecha empezó un nuevo sistema de liquidación y consignación de cesantías, según lo establecen los artículos 33 de la Ley 60 de 1993 y 242 de la Ley 100 de 1993, así como el Decreto 530 de 1994 y el artículo 61 de la Ley 715 de 2001.

(viii) A pesar de las disposiciones anteriores, la parte demandada no presupuestó ni reconoció las cesantías teniendo en cuenta el derecho a la retroactividad que le correspondía a las demandantes; por lo tanto, a estas les asiste el derecho de que la prestación sea reliquidada con base en todo el tiempo laborado y con el salario promedio del último año de servicios.

(ix) La relación laboral de las accionantes culminó producto de la aceptación de las renuncias, a través de los siguientes actos administrativos:

a. Mélida Beltrán León, mediante la Resolución 008 del 11 de enero de 2011, a partir del 1.º de marzo de 2011.5

Radicado: 41001 23 33 000 2012 00074 03 (1767-2021)

Demandante: Mélida Beltrán León y otros

b. Evelia Castro Castro, mediante la Resolución 0415 del 26 de diciembre de 2011, a partir del 1.º de enero de 2012.

c. Emperatriz Calderón Torres, mediante la Resolución 0133 del 25 de abril de 2011,

b. Evelia Castro Castro, mediante la Resolución 0415 del 26 de diciembre de 2011, a partir del 1.º de enero de 2012.

c. Emperatriz Calderón Torres, mediante la Resolución 0133 del 25 de abril de 2011, a partir del 1.º de julio de 2011.

d. Teresa Claros de Rivas, mediante la Resolución 037 del 1 .º de febrero de 2010, a partir del 1.º de abril de 2010.

e. Ana Felisa Losada Sterling, mediante la Resolución 0410 del 20 de diciembre de 2011, a partir del 1.º de febrero de 2012.

f. Olga Edith Polo Campos, mediante la Resolución 0346 del 18 de octubre de 2011, a partir del 1.º de enero de 2012.

g. Rosa Madys Scarpetta Rojas, mediante la Resolución 097 del 29 de febrero de 2012, a partir del 1.º de marzo de 2012; y

h. Anargenis Scarpetta Rojas, mediante la Resolución 090 del 14 de marzo de 2011, a partir del «01 de 2011» (sic).

(x) Al momento de liquidar las cesantías tampoco se les reconoci ó su derecho teniendo en cuenta el último salario percibido por cada una de ellas.

(xi) A través de petición del 8 de junio de 2012, le solicitaron a la entidad demandada la reliquidación de las cesantías con retroactividad, para que se hicieran las gestiones presupuestales tendientes a ordenar la prestación con dicho sistema, pretensión que fue negada a través del oficio que se cuestiona en este proceso.

(xii) El fundamento de la parte accionada para negar el derecho consiste en que

gestiones presupuestales tendientes a ordenar la prestación con dicho sistema, pretensión que fue negada a través del oficio que se cuestiona en este proceso.

(xii) El fundamento de la parte accionada para negar el derecho consiste en que desde el momento en que se produjo la vinculación laboral, el régimen que se utilizó fue el anual, con base en lo establecido en el Decreto 3118 de 1968, sin que se6

Radicado: 41001 23 33 000 2012 00074 03 (1767-2021) Demandante: Mélida Beltrán León y otros hubiera formulado inconformidad frente a las liquidaciones que se hacían al Fondo Nacional del Ahorro, máxime cuando, en esa época, tales liquidaciones, así como las pertenecientes al Sistema Nacional de Salud, se regían por disposiciones legales del orden nacional. Sin embargo, no se comparten tales argumentos, toda vez que la fecha en que se materializó el nombramiento y posesión de cada una de las demandantes, regía la Ley 6.ª de 1945 y complementarias, en materia de liquidación de cesantías con retroact ividad y, se insiste, nunca manifestaron su intención de afiliarse el Fondo Nacional del Ahorro, en los términos previstos en el artículo 5 de la Ley 432 de 1998, en concordancia con el 13 de la Ley 344 de 1996.

(xiii) La liquidación definitiva de cesantías realizada a favor de cada demandante difiere de la que procedería con el sistema de retroactividad y hasta la fecha no ha sido posible que la administración pague la diferencia que surge como consecuencia del cálculo ajustado al régimen que les es propio.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

sido posible que la administración pague la diferencia que surge como consecuencia del cálculo ajustado al régimen que les es propio.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

Como tales, se señalaron los artículos 1, 2, 6, 13, 25, 53, 90, 121, 125 y 209 de la Constitución Política; 17 de la Ley 6.ª de 1945; 5 de la Ley 432 de 1998; 13 de la Ley 344 de 1996 y Decretos 1160 de 1947 y 2755 de 1966.

Al desarrollar el concepto de violación, el apoderado de las demandantes expuso los siguientes argumentos:

(i) El trabajo es un derecho y una obligación social, a mparado por el Estado, quien garantiza la igualda d de oportunidades, la estabilidad en el empleo y la irrenunciabilidad de los beneficios m ínimos establecidos en normas laborales ; además, el E stado es responsable por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción y omisión de las autoridades públicas, cuando estas ejerzan funciones distintas de las que le atribuyen la Constitución o la ley.7

Radicado: 41001 23 33 000 2012 00074 03 (1767-2021)

Demandante: Mélida Beltrán León y otros

(ii) Con el acto administrativo demandado se vulneró a las demandantes el derecho protegido por el artículo 53 constitucional, que garantiza «el trabajo en condiciones dignas y justas».1

(iii) La gerente del hospital demandado, al asumir la función de dirigir la institución aceptó la obligación que le asistía de acatar los principios y deberes que le imponen

dignas y justas».1

(iii) La gerente del hospital demandado, al asumir la función de dirigir la institución aceptó la obligación que le asistía de acatar los principios y deberes que le imponen la C onstitución y, para este caso, respetar los derechos de los trabajadores, de manera que cuando omite reconocer las prestaciones legales en forma completa, vulnera sus derechos adquiridos, como ocurrió con las demandantes, a quienes no les ha pagado sus cesantías con base en el último salario y en forma retroactiva.

(iv) La Ley 6.ª de 1945 establece el derecho al pago de las cesantías a razón de un mes de sueldo por jornal por cada año de servicios y el Decreto 2567 de 1946 estableció que tal liquidación se debe realizar con el último sueldo devengado por el empleado. Adem ás, los Decretos 1160 de 1947 y 2755 de 1966 regularon lo relativo al pago de las cesantías al momento de la terminación del contrato de trabajo y los anticipos o liquidaciones parciales, respectivamente. Por su parte, la Ley 244 de 1995 estableció el derecho al pago de las cesantías definitivas para los empleados que se retiren de la administración pública o los retiros parciales para aquellos que continúen en la administración.

(v) El artículo 13 de la Ley 344 de 1996, reglamentado por el Decreto 1582 de 1998 y el artículo 2 del Decreto 1252 de 2000, previeron que, a partir de su publicación, las personas que se vinculen a los órganos y entidades del Estado estarían amparadas por el régimen de liquidación anual de sus cesantías, lo que quiere decir que dicha normativa no aplica a l as demandantes quienes ingresaron a prestar el

las personas que se vinculen a los órganos y entidades del Estado estarían amparadas por el régimen de liquidación anual de sus cesantías, lo que quiere decir que dicha normativa no aplica a l as demandantes quienes ingresaron a prestar el servicio a la administración con mucho tiempo de antelación.

(vi) Adicionalmente, el artículo 5 de la Ley 432 de 1998 estableció que a partir de su vigencia, se debían afiliar al Fondo Nacional del Ahorro los servidores públicos

1 Se precisa que el artículo que garan tiza tal derecho es el 25 constitucional, por ello se incluyen comillas.8

Radicado: 41001 23 33 000 2012 00074 03 (1767-2021) Demandante: Mélida Beltrán León y otros de la Rama Ejecutiva del orden nacional, y que podrían afiliarse a él los demás servidores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios; por lo tanto, la vinculación de las demandantes en dicho fondo, debía ser facultativa y voluntaria , pero eso no se tuvo en cuenta por la administración y con ello se les vulneraron sus derechos laborales.

1.2. Contestación de la demanda

La E.S.E. Hospital Departamental San Antonio de Pitalito, actuando por intermedio de apoderad o, contestó la demanda 2 y se opuso a la prosperidad de sus pretensiones. Para tal efecto, se sustentó en los siguientes argumentos:

(i) La ESE demandada nació a la vida jurídica el 1.º de junio de 1995 y recibió a sus empleados a paz y salvo por todo concepto prestacional; por lo tanto, no está obligada a ningún reconocimiento concerniente a la reliquidación de las cesantías

empleados a paz y salvo por todo concepto prestacional; por lo tanto, no está obligada a ningún reconocimiento concerniente a la reliquidación de las cesantías con retroactividad que se reclaman en el libelo.

(ii) En virtud de lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley 10 de 1990 a todas las entidades públicas y privadas del sector salud les está prohibido asumir directamente las prestaciones asistenciales y económicas que estén cubiertas por los fondos de cesantías, las entidades de previsión o de seguridad social correspondientes. Adicionalmente, el artículo 33 de la Ley 60 de 1993 creó el Fondo Nacional para el pago del pasivo prestacional de los servidores del sector salud , el cual garantizaría el pasivo prest acional por concepto de cesantías, entre otras prestaciones, «causadas hasta el fin de la vigencia presupuestal de 1993» lo cual fue establecido, igualmente, por el artículo 242 de la Ley 100 de 1993.

(iii) Para efecto de reglamentar las anteriores disposiciones, el Gobierno nacional expidió el Decreto 530 de 1994, en cuyo artículo 19 determinó que para el pago de tales pasivos prestacionales se debían suscribir contratos en los que se señalara la

2 Folios 382 a 396.9

Radicado: 41001 23 33 000 2012 00074 03 (1767-2021) Demandante: Mélida Beltrán León y otros responsabilidad financiera del fondo del pasivo y las entidades territoriales que participaran en el pago de la deuda de la institución o instituciones correspondientes. Además, el Ministerio de Salud, a través de la Circular del 26 de agosto de 1996, fijó unos criterios para facilitar la afiliación de los trabajadores

participaran en el pago de la deuda de la institución o instituciones correspondientes. Además, el Ministerio de Salud, a través de la Circular del 26 de agosto de 1996, fijó unos criterios para facilitar la afiliación de los trabajadores beneficiarios del fondo del pasivo prestacional del sector salud, reiteró que desde la entrada en vigencia de la Ley 10 de 1990, las entidades del sector salud no están facultadas para asumir directamente el pago de las cesantías y que, conforme a las normas del caso, el régimen de retroactividad solo se aplica a los empleados oficiales del sector salud, que estuvieren vinculados al 23 de diciembre de 1993 o a las entidades de carácter territorial y a los trabajadores oficiales con contrato vigente antes del 10 de enero de 1991.

(iv) Por su parte, el artículo 62 de la Ley 715 de 2001 decidió aplicar el procedimiento establecido en la Ley 60 de 1993, e impuso en la Nación y las entidades territoriales la responsabilidad financiera acerca del pago prestacional, según lo normado en el artículo 33 de esta última disposición; p ero en momento alguno radic ó en las institu ciones hospitalarias, concurrentemente, ninguna responsabilidad sobre el pago del pasivo prestacional de estas, tal como lo concluyó el Consejo de Estado en sentencia del 21 de octubre de 2010, radicación 11001 25 000 2005 0012500 (5242-05).

(v) Por todo lo anterior, debe prosperar la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva.

1.3. La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo del Huila, mediante sentencia proferida el 9 de marzo de 2021,3 denegó las pretensiones de la demanda , con base en los siguientes

causa por pasiva.

1.3. La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo del Huila, mediante sentencia proferida el 9 de marzo de 2021,3 denegó las pretensiones de la demanda , con base en los siguientes argumentos:

3 Expediente digital.10

Radicado: 41001 23 33 000 2012 00074 03 (1767-2021)

Demandante: Mélida Beltrán León y otros

(i) A las demandantes no les asiste el derecho a la reliquidación de sus cesantías con base en el régimen de retroactividad, pues durante su vinculación laboral siempre permanecieron afiliad as al Fondo Nacional del Ahorro, al cual , desde su creación, debían afiliarse todos los servidores públicos nacionales . Además, sus cesantías fueron consignadas al FNA de manera ininterrumpida, por lo que conocían su vinculación al aludido fondo , por lo que debían atener se a las reglas y disposiciones que rigen a sus afiliados.4

(ii) En aplicación de tal criterio interpretativo, no se advierte que el acto demandado hubiera vulnerado la normativa que rige la situación particular de las demandantes lo que impide acceder a las pretensiones de la demanda.

1.4. El recurso de apelación

Las demandantes, actuando por conducto de apoderad o, interpusieron recurso de apelación,5 el cual se sustentó así:

(i) La decisión adversa a las pretensiones de la demanda obedeció a que la s demandantes estaban afiliad as al Fondo Nacional del Ahorro; sin embargo, se reitera que est as en ningún momento facultaron a su empleador a realizar dicha

(i) La decisión adversa a las pretensiones de la demanda obedeció a que la s demandantes estaban afiliad as al Fondo Nacional del Ahorro; sin embargo, se reitera que est as en ningún momento facultaron a su empleador a realizar dicha afiliación y no se acogieron al régimen anual, producto de lo dispuesto en la Ley 344 de 1996.

(ii) Aun a pesar de que el tribunal se refirió a sentencias del Consejo de Estado para sustentar su tesis, existen otras providencias de dicha Corporación en las que se ha sostenido que se debe mantener el régimen de retroactividad, de manera que no es aceptable que el tribunal se hubiera inclinado por dicha postura, cuando ello desconoce el principio de favorabilidad.

4 Para llegar a dicha conclusión se basaron en providencias del Consejo de Estado, de las cuales se cita su fecha, pero no se hace una cita de las consideraciones o interpretación jurídica que en ellas se adoptó ni se precisan datos determinantes para lograr su plena identificación. 5 Folios 386 a 399.11

Radicado: 41001 23 33 000 2012 00074 03 (1767-2021)

Demandante: Mélida Beltrán León y otros

(iii) En este caso era imperativo aplicar el Decreto 3118 de 1968, que era el vigente para el momento en que se prod ujo la vinculación laboral de la s demandantes, e inaplicar el artículo 30 de la Ley 10 de 1990, pues esta solo cobijaba a los empleados del sector salud que se v incularan con posterioridad a esa norma; además, se debían tener en cuenta las previsiones de la Ley 344 de 1996.

del sector salud que se v incularan con posterioridad a esa norma; además, se debían tener en cuenta las previsiones de la Ley 344 de 1996.

(iv) La Ley 60 de 1993 creó el Fondo Nacional del P asivo Prestacional del Sector Salud, al que le correspondía asumir el valor de las cesantías causadas a 31 de diciembre de 1993 . Si bien la Ley 100 de 1993 creó las Empresas Sociales del Estado, en su artículo 242, decidió que dicho fondo cubriría las cesantías netas acumuladas y que el costo adicional generado por concepto de la retroactividad de cesantías sería asumido por el fondo del pasivo prestacional y las entidades territoriales, pero que no podía reconocerse ni pactarse para los nuevos servidores del sector salud la retroactividad de las cesantías. Además, textualmente, impuso en las entidades del sector salud la obligación de seguir presupuestando y pagando las cesantías a que estaban obligadas.

(v) En las anteriores circunstancias y en aplicación de los reiterados pronunciamientos del Consejo de Estado que amparan el régimen de retroactividad de cesantías de los empleados del sector salud de quienes fueron afiliados al Fondo Nacional del Ahorro pero que no concedieron una autorización expresa para ello, se debe acoger tal postura y acceder a las pretensiones de la demanda, máxime cuando las accionantes se vincularon con antelación a la entrada en vigencia de la Ley 344 de 1996 y no manifestaron su interés de cambiar de régimen.

1.5. Pronunciamiento de la contraparte en segunda instancia

La entidad demandada no hiz o ninguna manifestación durante el término de ejecutoria del auto que admitió la demanda.6

1.5. Pronunciamiento de la contraparte en segunda instancia

La entidad demandada no hiz o ninguna manifestación durante el término de ejecutoria del auto que admitió la demanda.6

1.6. El Ministerio Público

6 Folio 648.12

Radicado: 41001 23 33 000 2012 00074 03 (1767-2021)

Demandante: Mélida Beltrán León y otros

El agente del Ministerio Público no rindió concepto.7

La Sala decide, previas las siguientes

2. Consideraciones

2.1. El problema jurídico

Se circunscribe a establecer si las demandantes pueden ser beneficiari as de la liquidación de cesantías con el sistema de retroactividad, previsto en la Ley 6 .ª de 1945.

2.2. Marco normativo

La Ley 6.ª de 1945 «por la cual se dictan algunas disposiciones sobre convenciones de trabajo, asociaciones profesionales, conflictos colectivos y jurisdicción especial de trabajo », en el a rtículo 12, literal f), estableció, a favor de los trabajadores oficiales, el derecho al auxilio de cesantías a razón de un mes de sueldo por cada año de servicio y, proporcionalmente, por fracciones de año, y el artículo 17, literal a), ibidem, consagró que ese auxilio se reconocería a todos los empleados y obreros nacionales de carácter permanente.

El Decreto 1160 de 1947 «sobre auxilio de cesantías», en su artículo 6, señaló que para liquidar las cesantías se toma como base el último sueldo o jornal, salvo que hubiera sufrido modificaciones en los 3 últimos meses, caso en el cual se toma el

para liquidar las cesantías se toma como base el último sueldo o jornal, salvo que hubiera sufrido modificaciones en los 3 últimos meses, caso en el cual se toma el promedio de lo devengado en los últimos 12 meses o en todo e l tiempo servido, si fuere menor a ese lapso.

7 Folio 648.13

Radicado: 41001 23 33 000 2012 00074 03 (1767-2021) Demandante: Mélida Beltrán León y otros Ahora bien, el Decreto 3118 de 1968 creó el Fondo Nacional de Ahorro, y dentro de los objetivos que estableció para la administración de sus recursos, fijó los siguientes: «pagar oportunamente el auxilio de cesantía a empleados públicos y trabajadores oficiales»8, y «proteger dicho auxilio contra depreciación monetaria»9; con tales finalidades, el artículo 3 ibidem determinó que las cesantías de los empleados públicos y trabajadores oficiales al servicio de los Ministerios, Departamentos Administrativos, Superintendencias, Establecimientos Públicos y Empresas Industriales y Comerciales del Estado debían ser liquidadas y entregadas al Fondo; asimismo, en su artículo 22 ordenó a la Caja Nacional de Previsión Social realizar, con corte a 31 de diciembre de 1968, la liquidación de cesantías de los empleados públicos y trabajadores oficiales afiliados a ella.

Con lo previsto en los artículos 27, 28 y 33 ibidem empezó el llamado «desmonte del régimen de retroactividad de cesantías», pues se dispuso la liquidación anual de esta prestación para los empleados y trabajadores de las entidades aludidas

Con lo previsto en los artículos 27, 28 y 33 ibidem empezó el llamado «desmonte del régimen de retroactividad de cesantías», pues se dispuso la liquidación anual de esta prestación para los empleados y trabajadores de las entidades aludidas previamente, y la liquidación definitiva por la porción de tiempo laborada durante el año del retiro, así como el reconocimiento de interes es anuales del 9%, a ser liquidados el 31 de diciembre de cada año, sobre el saldo que figure a favor de cada empleado.

El Decreto 432 de 1998 «por el cual se reorganiza el Fondo Nacional de Ahorro, se transforma su naturaleza jurídica y se dictan otras disposiciones », mantuvo el objetivo de administrar, de manera eficiente, las cesantías 10, y, dentro de sus funciones, las de recaudo y pago de ese auxilio a los afiliados, al igual que la protección contra la pérdida de su valor adquisitivo 11. Además, en los artículos 6 y 7 ibidem, fijó un monto por concepto de intereses, con el propósito de evitar la pérdida del poder adquisitivo del auxilio de cesantías depositado, y un porcentaje a título de intereses sobre las cesantías.

8 Artículo 2 literal a) del Decreto 3118 de 1968. 9 Artículo 2 literal b) del Decreto 3118 de 1968. 10 Artículo 2 del Decreto 432 de 1998. 11 Artículo 3, literales a), b) y c) del Decreto 432 de 1998.14

Radicado: 41001 23 33 000 2012 00074 03 (1767-2021)

Demandante: Mélida Beltrán León y otros

Radicado: 41001 23 33 000 2012 00074 03 (1767-2021) Demandante: Mélida Beltrán León y otros Ahora bien, la Ley 344 de 1996 «por la cual se dictan normas tendientes a la racionalización del gasto público, se conceden unas facultades extraordinarias y se expiden otras disposiciones», dio un paso adicional encaminado a generalizar el sistema de liquidación anual del auxilio de ce santías para los servidores públicos,

al consagrar, en su artículo 13, lo siguiente:

Artículo 13.- Sin perjuicio de los derechos convencionales, y lo estipulado en la Ley 91 de 1989, a partir de la publicación de la presente Ley , las personas que se vinculen a los Órganos y Entidades del Estado tendrán el siguiente régimen de cesantías:

a) El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantías por la anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio de la que deba efectuarse en fecha diferente por la terminación de la relación laboral;

b) Les serán aplicables las demás normas legales vigentes sobre cesantías, correspondientes al órgano o entidad al cual se vinculen que no sean contrarias a lo dispuesto en el literal a) del presente artículo; (negrilla de la Sala).

La norma vigente a la fecha de expedición de la ley previamente citada, que estableció el régimen anual de cesantías, era la Ley 50 de 1990, en cuyo artículo 99 consagró:

Artículo 99.- El nuevo régimen especial de auxilio de cesantía, tendrá las siguientes características:

1. El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantía, por la