CE - 012333000201200135021SENTENCIA20230301163513

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá D.C., diecisiete (17) de febrero de dos mil veintitrés (2023)

Radicación: 70001-23-33-000-2012-00135-02 (52.836)

Actor: Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional Demandado: Norman León Arango Franco Referencia: Medio de control de repetición

Temas: MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN - presupuestos para su procedencia bajo el régimen de Código Civil / CULPA GRAVE – estándar de conducta de servidores públicos conforme con el Código Civil.

Corresponde a la Sala resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre, a través de la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

La Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional fue condenada en proceso de reparación directa por los perjuicios ocasionados a las víctimas de una masacre cometida por un grupo armado al margen de la ley en el corregimiento de Chengue, municipio de Ovejas, Sucre; hecho que la actora atribuye a la conducta gravemente culposa del demandado, en su calidad de comandante del departamento de policía de Sucre. Por esta razón, la demandante inició un proceso de repetición en contra de Norman León Arango Franco, con el fin de obtener el reembolso de la suma pagada.

I. SENTENCIA IMPUGNADA

de Sucre. Por esta razón, la demandante inició un proceso de repetición en contra de Norman León Arango Franco, con el fin de obtener el reembolso de la suma pagada.

I. SENTENCIA IMPUGNADA

1. Corresponde a la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre, el 18 de septiembre de 2014, mediante la cual se resolvió la demanda presentada el 13 de noviembre de 20121, por la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional contra el coronel Norman Leó n Arango Franco , con el fin de que se le declare patrimonialmente responsable por la conducta gravemente culposa que permitió la perpetración de la masacre de 28 civiles por parte de las denominadas Autodefensas Unidas de Colombia en el corregimiento de Chengue, en el municipio de Ovejas (Sucre), el 17 de enero de 2001. Las pretensiones, hechos y

fundamentos de derecho fueron los siguientes:

1 Folio 7 c. 1.Radicación: 70001-23-33-000-2012-00135-02 (52836)

Actor: Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía

Nacional Demandado: Norman León Arango Franco Referencia: Medio de control de repetición

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Pretensiones

2. Solicita que se obligue al demandado a reembolsar la suma indexada de ochocientos setenta y un millones ciento setenta y un mil doscientos cuarenta y dos pesos con setenta y dos centavos M/Cte. ($871’171.242,72), que tuvo que pagar como consecuencia de la condena impuesta por el Juzgado Segundo

ochocientos setenta y un millones ciento setenta y un mil doscientos cuarenta y dos pesos con setenta y dos centavos M/Cte. ($871’171.242,72), que tuvo que pagar como consecuencia de la condena impuesta por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Sincelejo el 30 de junio de 2009, confirmada por el Tribunal Administrativo de Sucre el 19 de mayo de 2011, en el proceso de reparación directa 70001233100020030007600, promovido por Gl oria Barreto Wilches y otros contra la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional y Armada Nacional.

Hechos

3. Se expuso, en síntesis que, el 17 de enero de 2001, un grupo armado de las denominadas Autodefensas Unidas de Colombia incursionó en el corregimiento de Chengue del municipio de Ovejas (Sucre) y asesinó a 28 personas entre las cuales se hallaban los señore s Videncio Manuel Quintana, Videncio Segundo y Mario

Manuel Quintana Barreto.

4. Como consecuencia, los familiares de las víctimas, señora gloria Barreto Wilches y otros presentaron demanda de reparación directa contra la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional y Armada Nacional, la cual fue resuelta favorablemente a sus pretensiones por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Sincelejo, mediante fallo del 30 de junio de 2009, confirmado por sentencia proferida el 19 de mayo de 2011 por el Tribunal Administrativo de Sucre.

En tales decisiones se encontró acreditada la falla en el servicio de seguridad a cargo de las autoridades, como consecuencia del incumplimiento de las funciones a cargo del coronel Norman León Arango Franco.

En tales decisiones se encontró acreditada la falla en el servicio de seguridad a cargo de las autoridades, como consecuencia del incumplimiento de las funciones a cargo del coronel Norman León Arango Franco.

5. Concomitante con el proceso de reparación directa, la Fiscalía General de la Nación, a través de la Unidad Especializada en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, dispuso el inicio de una indagación penal contra el Coronel Norman León Arango Franco, con el fin de determinar su responsabilidad por la posible configuración del delito de homicidio agravado, con ocasión de la masacre de Chengue, perpetrada por los miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia el 17 de enero de 2001.

Fundamentos de derecho

6. La entidad demandante fundó la procedencia del medio de control de repetición en el inciso segundo del artículo 90 Constitucional y en los supuestos de culpa personal dispuesta en el artículo 142 del CPACA, en tanto la condena que soportó la entid ad demandante provino del comportamiento negligente y gravemente culposo del coronel Norman León Arango Franco2.

2 Folio 3 c. 1.Radicación: 70001-23-33-000-2012-00135-02 (52836)

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La defensa

7. Mediante apoderado, el demandado Norman León Arango Franco se opuso a las pretensiones de la demanda y alegó como excepciones las que denominó “cobro de lo no debido ”, “falta de prueba del dolo y culpa grave ” e “inexistencia de dolo o

las pretensiones de la demanda y alegó como excepciones las que denominó “cobro de lo no debido ”, “falta de prueba del dolo y culpa grave ” e “inexistencia de dolo o culpa grave”.

8. Como fundamento de la primera excepción, expresó que las autoridades judiciales que declararon la responsabilidad de la Policía Nacional y la Armada Nacional, por los hechos del 17 de enero de 2001, mencionaron a varios agentes públicos de las citadas instituciones, sin que entre ellos se hallara el demandado, razón por la cual no podía endilgársele responsabilidad por conductas ajenas.

9. Como sustento de la segunda excepción, manifestó que , de acuerdo con los mandatos constitucionales, el medio de control de repetición prospera ante la constatación de una conducta dolosa o gravemente culposa de un agente estatal.

Así, precisó que no basta con que la entidad demandante así lo manifieste, pues es necesario que, además, satisfaga la carga de su prueba, la cual no fue cumplida por la Policía Nacional, en tanto los fallos por los cuales se declaró la responsabilidad del órgano policial, ni siquiera mencionan al coronel Arango Franco y tampoco evidencian que hubiera participado de los hechos, pues ni siquiera se le vinculó a dichos procesos; finalmente, resaltó la falta de precisión de los cargos en sede de culpabilidad de que adolece la demanda, pues no es clara en indicar si se trata de dolo, culpa grave o ambos calificativos conductuales.

10. Como justificación de la última excepción, indicó que los hechos del 17 de enero de 2001 dieron lugar al trámite de procesos disciplinario y penal en los cua les se

trata de dolo, culpa grave o ambos calificativos conductuales.

10. Como justificación de la última excepción, indicó que los hechos del 17 de enero de 2001 dieron lugar al trámite de procesos disciplinario y penal en los cua les se estableció la ausencia de dolo o culpa grave del Coronel Arango Franco, tal como lo evidencia: (i) el proveído del 11 de febrero de 2013, por el cual la Fiscalía 73

Delegada ante el Tribunal Superior – Unidad Nacional de Derechos Humanos y DIH, resolvió revocar la imposición de medida de aseguramiento en su favor; (ii) el fallo de única instancia del 12 de diciembre de 2003, por el cual la Procuraduría General de la Nación consideró que la única responsabilidad disciplinaria que existió correspondió a los agentes adscritos a la Armada Nacional y no así a los miembros de la Policía Nacional, pues el órgano civil no tenía control operacional sobre el corregimiento de Chengue; (iii) el proveído del 17 de agosto de 2001, proferido por el Juzgado 166 de In strucción Penal Militar, conforme con el cual la idoneidad para ejecutar cualquier tipo de operativo antisubversivo era de la Armada Nacional y no de la Policía Nacional, pues solo aquella contaba con suficiente capacidad logística; (iv) el proveído del 15 de agosto de 2007, por el cual la Fiscalía Penal Militar 141, delegada ante el Juzgado de Dirección General, en el proceso radicado S-212, dispuso la cesación de la investigación contra el coronel (r) arango franco, por ausencia de dolo en el delito de pr evaricato por omisión; (v) el fallo del

radicado S-212, dispuso la cesación de la investigación contra el coronel (r) arango franco, por ausencia de dolo en el delito de pr evaricato por omisión; (v) el fallo del 17 de enero de 2001, proferido por el Juzgado 4 Administrativo del Circuito de Sincelejo, quien resolvió una demanda de reparación directa contra el Estado porRadicación: 70001-23-33-000-2012-00135-02 (52836)

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la masacre del 17 de enero de 2001, con la precisión de que la falla en el servicio como anónima y, por consiguiente, imposible de determinar cualquier cargo personal3.

Los alegatos

11. Vencida la etapa probatoria4, la parte demandada aseguró que no existía mérito probatorio que permita concluir que el señor Arango Franco hubiera desplegado una conducta gravemente culposa, en consideración a que no existe decisión disciplinaria, penal o penal militar alguna que lo hubiera hallado culpable en grado alguno por los acontecimientos ocurridos el 17 de enero 17 de 20015.

12. La parte demandante insistió en la prosperidad de las pretensiones, para lo cual refirió que la conducta omisiva del entonces coronel fue determinante en los hechos que dieron lugar a la condena que tuvo que soportar por la masacre de Chengue, toda vez que el aludido servidor dejó de ejercer las funciones que le competían como comandante del departamento de policía de Sucre y dejó de garantizar la

que dieron lugar a la condena que tuvo que soportar por la masacre de Chengue, toda vez que el aludido servidor dejó de ejercer las funciones que le competían como comandante del departamento de policía de Sucre y dejó de garantizar la seguridad de los habitantes de esa jurisdicción, pese a tener plena conciencia de la amenaza paramilitar que se cernía sobre la población civil conforme se había socializado con antelación en un consejo técnico de seguridad del 23 de noviembre de 2000, en el que participó conjuntamente con los altos mandos de las fuerzas militares; añadió que la reprochabili dad del comportamiento del demandado se fundaba, además, en la falta de despliegue efectivo de actos impeditivos de la masacre, pues conforme con el fallo proferido por la Procuraduría General de la Nación, se evidenciaba que toda la carga de dirección y o peración logística fue dejada por el entonces coronel Arango Franco en quien fuera su subalterno para ese momento, señor Flórez Álvarez, pese a la relevancia que suponía la presencia y tránsito de personal uniformado y armado en zona de orden público6.

13. El Ministerio Público guardó silencio.

3 Folios 114 a 125 c. 1. 4 En audiencia del 19 de febrero de 2014, el a quo, a petición de ambas partes, decretó el traslado de las piezas del proceso penal identificado con el radicado 956 seguido contra Franco Arango, y así también decretó a petición de la parte demandada, el tra slado de los documentales pertenecientes a los procesos disciplinarios 009-55910-01, adelantado contra Rodrigo Alfonso Quiñonez y otros, penal militar identificado con el radicado

petición de la parte demandada, el tra slado de los documentales pertenecientes a los procesos disciplinarios 009-55910-01, adelantado contra Rodrigo Alfonso Quiñonez y otros, penal militar identificado con el radicado 141 de la Dirección General de la Policía Nacional y decretó, de oficio, el traslado de la documental correspondiente al proceso de reparación directa tramitado ante el Juzgado 2 de Sincelejo, identificado con el radicado 700012331000200300007601, que a su vez contiene las copias de los procesos de reparación directa 2002-01195-00, 2003-00086-00 y 2003-00087-00, contentivos de diversas piezas penales como los procesos penales 0412 y S-212, 956 C; así mismo, tuvo como pruebas las allegadas por la accionante, concernientes a la Resolución 1566 de 2011, por la cual la Policía Nacional ordenó el pago de una suma de dinero por una condena judicial, la constancia de orden de pago de la Policía Nacional, la Sentencia del 19 de mayo de 2011, del Tribunal Administrativo de Sucre y su correspondiente edicto y por la parte accionada, relativas al proveído del 11 de febrero de 2013 proferido por la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá en el proceso con radicado 956 y algunas piezas documentales del proceso disciplinario 009 -55910-01 de la Procuraduría General de la Nación (folios 453 a 456 c. 2). 5 Folios 517 a 542 c. 2. 6 Folios 543 a 553 c. 2.Radicación: 70001-23-33-000-2012-00135-02 (52836)

Actor: Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía

Nacional

Demandado: Norman León Arango Franco

6 Folios 543 a 553 c. 2.Radicación: 70001-23-33-000-2012-00135-02 (52836)

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La decisión recurrida

14. Al dictar sentencia, el Tribunal Administrativo de Sucre accedió a las pretensiones de la demanda, así (se transcribe literalmente):

“PRIMERO: DECLÁRASE no probadas las EXCEPCIONES DENOMINADAS (sic) el ACCIONANTE CUMPLIÓ EL FALLO DE REPARACIÓN DIRECTA SIN TENER EN CUENTA A LOS OTROS ACCIONADOS, COBRO DE LO NO DEBIDO, NO SE PROBÓ EL DOLO O LA CULPA GRAVE DEL ACCIONADO EN LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA e INEXISTENCIA DEL DOLO O LA CUL PA GRAVE DEL

ACCIONADO.

SEGUNDO: DECLÁRASE civil y patrimonialmente responsable al ex servidor público de la POLICÍA NACIONAL Coronel (R) NORMAN LEÓN ARANGO FRANCO por la condena impuesta a la entidad demandada dentro de la acción de reparación directa, e xpediente No. 70001233100020030007600, Actor: Gloria Barreto Wilches y otros, contra a NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA NACIONAL, que cursó en el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Sincelejo de fecha 30 de junio de 2009, y en segunda in stancia en el TRIBUNAL

ADMINISTRATIVO DE SUCRE Sala Cuarta de Decisión Magistrado

en el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Sincelejo de fecha 30 de junio de 2009, y en segunda in stancia en el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SUCRE Sala Cuarta de Decisión Magistrado Ponente HÉCTOR ENRIQUE REY MORENO, providencia de fecha 19 de mayo de 2011.

TERCERO: Como consecuencia de lo anterior, CONDÉNESE al demandado Coronel (R) NORMAN LEÓN ARANGO FRANCO y a favor de la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA NACIONAL al pago de la suma de

NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS CINCO

MIL OCHENTA Y SEIS PESOS CON TREINTA Y DOS CENTAVOS

($983.705.086,32)

CUARTO: CONDÉNESE al demandado Coronel (R) NORMAN LEÓN ARANGO FRANCO, a que sobre las sumas adeudadas le pagué a la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA NACIONAL el reajusta de su valor, conforme al índice de precios al consumidor, con la aplicación de la fórmula referenciada en la parte motiva de este fallo.

QUINTO: CONDÉNESE al demandado Coronel (R) NORMAN LEÓN ARANGO FRANCO al pago de las costas causadas al interior del presente proceso, a favor de la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA NACIONAL. En firme el fallo, por Secre taría, REALÍCESE la liquidación correspondiente.

SEXTO: En firme la sentencia, HÁGANSE las comunicaciones del caso para su cumplimiento; DEVUÉLVASE a la demandante el excedente, si lo hubiere,

correspondiente.

SEXTO: En firme la sentencia, HÁGANSE las comunicaciones del caso para su cumplimiento; DEVUÉLVASE a la demandante el excedente, si lo hubiere, de las sumas consignadas para gastos del proceso, CANCÉLESE su radicación, ARCHÍVESE el expediente, previa anotación en el Sistema Informático e Administración Judicial Siglo XXI y para su cumplimiento, y EXPÍDASE copia con destino a las partes, con las precisiones del artículoRadicación: 70001-23-33-000-2012-00135-02 (52836)

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114 del C.G.P. Las copias destinadas a las partes serán entregadas a los apoderados judiciales que han venido actuando”7.

15. Para arribar a tal conclusión, el a quo consideró que para la época de ocurrencia de los hechos, era de conocimiento público la presencia de miembros de grupos armados ilegales de diversa índole en la región de los Montes de María, conforme lo evidenciaba la situación pública de alteración de orden público; además, era de dominio institucional que grupos de paramilitares estaban ejecutando operaciones en la jurisdicción de San Onofre como lo evidenciaban los informes de inteligencia que surgían de los órganos estatales y las confrontaciones con fuerzas guerrilleras y afectaciones a la población civil concretadas en homicidios colectivos en zonas aledañas a ese municipio, como la ocurrida el 14 de abril de 2000, en la vereda Hato Nuevo del municipio del Carmen de Bolívar.

y afectaciones a la población civil concretadas en homicidios colectivos en zonas aledañas a ese municipio, como la ocurrida el 14 de abril de 2000, en la vereda Hato Nuevo del municipio del Carmen de Bolívar.

16. La información sobre las difíciles condiciones de seguridad de la región, dijo el Tribunal, eran de pleno dominio del señor Arango Franco pues su condición de comandante del departamento de policía de Sucre, era indicativo de suficiente experiencia y trayectoria para su comprensión y reacción, como se evidenciaba con el comité técnico de seguridad del cual fue participe meses antes de la masacre de Chengue, en el cual se comprometió a registrar la finca “ El Palmar” de donde se tenía información de inteligen cia que indicaba la presencia y concentración de personal paramilitar, cuestión que luego fue plenamente corroborada por las declaraciones de Elkin Antonio Valdiris Tirado, de quien se acreditó participó de los hechos que enlutaron el corregimiento de Chengue, el 17 de enero de 2001.

17. Expresó que el alto mando policial, aun con la plena consciencia de las circunstancias y siendo alertado oportunamente del tránsito personal uniformado y armado en camiones por el municipio de San Onofre, la noche del 16 de en ero de 2001, debió haber hecho uso de todas sus facultades en calidad de representante de la autoridad policial en el departamento. En este sentido, debió coordinar todo el personal a su mando en las diferentes estaciones y subestaciones de policía que conformaban el departamento de policía que comandaba, amén de requerir el apoyo institucional del nivel nacional o de otros departamentos de policía vecinos a fin de conjurar la grave amenaza, bien a través de la persecución o la búsqueda efectiva

conformaban el departamento de policía que comandaba, amén de requerir el apoyo institucional del nivel nacional o de otros departamentos de policía vecinos a fin de conjurar la grave amenaza, bien a través de la persecución o la búsqueda efectiva de los ileg ales, sin que hubiera lugar a argumentos exculpatorios como los esgrimidos por la defensa del policial que señalaban una falta de disponibilidad de pie de fuerza por la disposición que se había hecho de los agentes disponibles para cubrir las festividades del 20 de enero que se celebraban para la época, pues la gravedad de las circunstancias forzaban el despliegue de actos urgentes e impostergables que no podían consultar ponderación alguna, circunstancias que en su análisis conjunto, no dejaban duda de qu e el comportamiento del señor Arango Franco fue gravemente culposo e incidental en la masacre de Chengue, en los términos del artículo 6 de la Ley 678 de 2001, sin indicar respecto la causal configurada.

7 Folio 606 y 607 c. principal.Radicación: 70001-23-33-000-2012-00135-02 (52836)

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18. Aclaró que el hecho de que los procesos disciplinarios y penales no se hubieran agotado con decisiones desfavorables contra el señor Arango Franco no constituía argumento suficiente y mucho menos automático de exoneración de responsabilidad personal de que trata el medio de control de repetición , pues los fundamentos que sustentan el enjuiciamiento en esos procesos, aun cuando surjan

argumento suficiente y mucho menos automático de exoneración de responsabilidad personal de que trata el medio de control de repetición , pues los fundamentos que sustentan el enjuiciamiento en esos procesos, aun cuando surjan de un mismo contexto fáctico, son ajenos a las razones que consulta la responsabilidad civil patrimonial pretendida en este proceso, por lo que cada campo es independiente del otro y, por tanto, sus decisiones son autónomas.

19. Finalmente, precisó que, en los hechos que dieron lugar a la condena por la que se repite, existió coparticipación de otros estamentos militares, como la Armada Nacional; no obstante, en consideración a que Arango Franco contaba con toda la capacidad logís tica, armamentística y de coordinación para evitar la masacre ocurrida, razón por la cual era procedente acceder a las pretensiones en la totalidad del monto reclamado por la demandante, indexado.

20. En tanto resultaron prósperas las pretensiones, decidió c ondenar a la parte demandada a cargar con las costas procesales, conforme con los designios de los artículos 365 y 366 del CGP8.

II. EL RECURSO INTERPUESTO

Sustentación del recurso de apelación

21. La parte demandada se alzó contra la sentencia de primera instancia y solicitó su revocatoria, al señalarla de incurrir en los siguientes yerros:

(i) un defecto sustantivo, al haber aplicado disposiciones normativas que no se hallaban vigentes para la época de los hechos, toda vez que las disposiciones de la Ley 678 de 2001, sólo eran aplicables a partir de su vigencia, sin posibilidad de efectos retroactivos por virtud del principio de legalidad;

hallaban vigentes para la época de los hechos, toda vez que las disposiciones de la Ley 678 de 2001, sólo eran aplicables a partir de su vigencia, sin posibilidad de efectos retroactivos por virtud del principio de legalidad;

(ii) un defecto fáctico, al haber valorado erradamente el material probatorio recaudado, pues ningún medio de convicción demuestra la supuesta culpa grave del entonces coronel Arango Franco, en tanto no hay evidencia que señale que la conducta precisa, exacta y concreta del citado funcionario público fuera la causa determinante de la masacre que se perpetró en Chengue, máxime cuando el mismo fallo admite que el resultado dañoso “ se debió no sólo a la conducta imputable al accionado”; y,

(iii) no existe ninguna relación entre el excoronel Arango Franco y la co ndena impuesta al órgano demandante por la cual ahora repite en su contra, toda vez que ningún medio probatorio, ni siquiera el fallo condenatorio contra la accionante, se refiere al citado ciudadano, por lo que queda desprovisto cualquier tipo de

8 Folios 603 a 307 c. 2.Radicación: 70001-23-33-000-2012-00135-02 (52836)

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señalamiento que su comportamiento fue el factor determinador de la carga patrimonial que se declaró judicialmente9.

Alegatos de segunda instancia

22. La parte demandada insistió en los cargos señalados en el recurso de apelación y se sirvió complementar aquel relacionado con la falta de prueba de la relación del

patrimonial que se declaró judicialmente9.

Alegatos de segunda instancia

22. La parte demandada insistió en los cargos señalados en el recurso de apelación y se sirvió complementar aquel relacionado con la falta de prueba de la relación del supuesto comportamiento gravemente culposo del señor Arango Franco y la condena impuesta a la Policía Nacional. Según dijo, el mismo fallo proferido por el Juzgado 4 Administrativo de Sincelejo que condenó a la entidad demandante era claro en señalar que la decisión no se fundaba en una imputación directa y precisa respecto de un funcionario, sino anónima y subjetiva, afirmación que siguió incólume en las consideraciones relacionadas con la Policía Nacional y sus agentes que rindió el Tribunal Administrativo de Sucre para confirmar la decisión condenatoria, por lo que no había prueba alguna que evidenciara que fue el comportamiento del demandado el que dio lugar a la condena por la cual se repite, como además, señaló, lo corroboran los asertos de la Fiscalía 74 delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá, en proveído del 11 de febrero de 2013, por la que se revocó la medida de aseguramiento dictada contra Arango Franco; el fallo proferido por la Procuraduría General de la Nación por el cual se determinó que la falta disciplinaria relacionada con la masacre recayó en los miembros de la Armada Nacional; la comunicación del 21 de junio de 2012 que remite el coordinador de la Justicia Penal Militar en la que indica que los policiales no desplegaron conducta penalmente reprochable y; el proveído del 15 de agosto de 2007, por el cual la Fiscalía 141

Delegada ante el Juzgado de la Dirección General hace cesar el procedimiento en

Militar en la que indica que los policiales no desplegaron conducta penalmente reprochable y; el proveído del 15 de agosto de 2007, por el cual la Fiscalía 141 Delegada ante el Juzgado de la Dirección General hace cesar el procedimiento en favor de Arango Franco porque ejecutó la s actuaciones que se esperaban, en las condiciones que se hallaba10.

23. La parte demandante solicitó que se confirmara la sentencia de instancia, toda vez que, en su sentir, los elementos objetivos y subjetivos de el medio de control de repetición se hallaban acreditados, en los términos que razonó el tribunal11.

24. El Ministerio Público solicitó la confirmación de la sentencia apelada, por considerar que, además de hallarse comprobada la condición de ex agente estatal, una condena contra la accionante y el correspondiente pago, se encontraba acreditado que la erogaci ón provino del actuar gravemente culposo del entonces coronel Arango Franco, pues, aun cuando ostentaba la condición de comandante del departamento de policía de Sucre no ejecutó las acciones que se requerían para hacer valer la posición de garante de la p osición civil que tenía y, de este modo, evitar o, por lo menos, hacer todo lo posible porque la masacre de Chengue no hubiera ocurrido12.

III. CONSIDERACIONES

9 Folios 642 a 651 c. 2. 10 Folios 702 a 738 c. 2. 11 Folios 740 a 751 c. 2. 12 Folios 758 a 767 c. 2.Radicación: 70001-23-33-000-2012-00135-02 (52836)

Actor: Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía

Nacional

Demandado: Norman León Arango Franco

12 Folios 758 a 767 c. 2.Radicación: 70001-23-33-000-2012-00135-02 (52836)

Actor: Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía

Nacional Demandado: Norman León Arango Franco Referencia: Medio de control de repetición

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25. Sin que se observe causal de nulidad o vicio que impida dictar sentencia, procede la Sala a resolver el recurso de apelación.

El objeto del recurso

26. El punto central de la apelación formulada por el demandado se circunscribe a controvertir la decisión del Tribunal, dado que habría incurrido en los siguientes yerros: (i) recurrió a las normas de la Ley 678 de 2001, cuando era un marco normativo que no se hallaba vigente para la época de los hechos; (ii) erró en la valoración probatoria, al estimar que el comportamiento del entonces coronel Arango Franco para la época de los hechos se adecuó en la noción de culpa grave del Código Civil, pese a que no existía mérito probatorio para esa conclusión y, finalmente, (iii) falló al considerar que la condena que soportó la Policía Nacional provino del comportamiento del citado ciudadano, en tanto no hay evide ncia de tal condición.

27. Así las cosas, el análisis de la Sala se circunscribirá a verificar tales aspectos, a fin de desatar los argumentos de alzada que buscan la revocatoria del fallo de instancia. La Sala precisa que no asumirá el estudio de las cuestiones objetivas relativas a la condición de agente o ex agente estatal del demandado, a la existencia de una condena y a su pago efectivo, porque aun cuando son

instancia. La Sala precisa que no asumirá el estudio de las cuestiones objetivas relativas a la condición de agente o ex agente estatal del demandado, a la existencia de una condena y a su pago efectivo, porque aun cuando son presupuestos esenciales del medio de control de repetición, conforme se desprende del artículo 142 de la Ley 1437 de 2011 y de la jurisprudencia reiterada de esta Corporación 13, el fallador de instancia ya los analizó y frente a sus conclusiones la parte demandada no efectuó cuestionamiento alguno en el apelación, de manera que son puntos del li tigio que quedaron saldados con la decisión proferida.

Del marco jurídico aplicable

28. En este caso, los hechos que se invocan como fundamento